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Históricas LTB: Marielle Franco #OrgulloyMemoria

Por Charo Alises (@viborillapicara)

#MujeresBisexuales

Este mes en @1decada10 recordamos a mujeres extraordinarias LTB que hicieron historia #OrgulloyMemoria con la serie #HistóricasLTB

Política, negra, pobre, bisexual, feminista y activista por los derechos humanos. Marielle Franco nació  en una favela de Río de Janeiro el 27 de julio de 1979.  De familia humilde, con once años se puso a trabajar para ayudar en su casa. Se definía como “mujer feminista, negra e hija de favela”. Nunca quiso olvidar sus orígenes y puso la pobreza y la desigualdad en el centro de su lucha política. Esto le costaría la vida.

Se graduó en Ciencias Sociales por la PUC-Río y tenía un máster en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense (UFF). Comenzó su militancia en la defensa de los derechos humanos y contra acciones violentas en la favela tras  la muerte de una amiga, víctima de una bala perdida, durante un tiroteo que involucró a policías y traficantes de drogas en el Complejo de la Marea, barrio donde Marielle nació y vivió

Marielle dio a luz a su primera y única hija en 1998 cuando tenía 19 años. Crió a su hija sin la ayuda del padre y trabajó como maestra de preescolar con un salario mínimo. Lee el resto de la entrada »

Hablando de visibilidad y representatividad TRANS

Apoyo Positivo

 

Cada 31 de marzo, desde 2009, se conmemora a nivel internacional el Día de la Visibilidad Trans, jornada que surge de manos de Rachel Crandall con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre la situación de las personas trans en la sociedad y la negación continuada de derechos a la que están sometidas.

En Apoyo Positivo trabajamos a diario para mejorar las condiciones de vida de las personas trans y sus entornos cercanos, amigues y familias, su acceso en salud y la protección necesaria dentro de los entornos educativos, y aprendemos también a diario a dejar el espacio necesario para que sean ellas las que tracen el camino a la plena inclusión y representatividad. Porque hasta el momento, no sólo existe una vulneración de derechos fundamentales hacia el colectivo trans, sino que además socialmente cuesta todavía comprender las diferentes realidades que forman parte de nuestro paraguas trans, y la invisibilidad de algunas de ellas se muestra aún mayor, debido a los marcos y referentes patriarcales que han reflejado a las personas trans históricamente.

En nuestras acciones alrededor de este día en 2022, hemos querido dar voz a distintas visiones trans de personas creativas que participan en nuestros proyectos de innovación comunitaria, hablando de su transición, de esa visibilidad y de su realidad diaria.

Por un lado, os traemos una entrevista con Afioco y Ondina, directore y actore de NO BINARIO, primer capítulo de LOCURA, la 4ª Temporada de nuestra serie INDETECTABLES (que ya podéis ver en abierto en nuestra web!), para explorar con elles las identidades no binarias y trans masculinas y la visibilidad social, laboral y cultural que tienen en España.

Hablamos mucho de mujeres trans, pero ¿qué ocurre con otras identidades? ¿Hombres trans, personas no binarias,…?

 

Y, ¡como regalo sorpresa!, os traemos un adelanto de la quinta temporada de INDETECTABLES.

VIEJES aborda como temporada los problemas de la diversidad en la etapa adulta, cuando en muchas ocasiones vuelven los armarios, y se acentúa un componente cada vez más común en nuestra sociedad como es la soledad, que se agrava aún más en las personas diversas, LGTBIQ, VIH, etc.

Una entrevista a Laura Frenchkiss y Koko, dos artistas y personas trans de diferentes generaciones que muestran las diferentes caras de la diversidad en una visión intergeneracional.

Queremos dedicar esta pieza a la memoria de Laura Frenchkiss que llenó nuestras vidas, actividades y nuestra CASA Torremolinos de su alegría y energía.
Que el viaje te sea leve.

 

Inmensas gracias Afioco, Ondina, Laura y Koko.

Si como persona trans necesitas asesoramiento o ayuda, siempre puedes contactarnos: diversidad@apoyopositivo.org

 

Derechas y derechos

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

¿Estará dispuesto Casado a derogar el matrimonio igualitario para ser presidente con el apoyo de Vox?

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

En España, centenares de miles de personas LGTBI estamos expectantes a la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la anunciada presentación de una propuesta de Ley en la Asamblea de Madrid, por parte de Vox, para derogar las leyes autonómicas LGTBI y trans.

Vox nunca ha ocultado que una parte fundamental de su proyecto radical es acabar con algunos derechos humanos que hemos conseguido en los últimos años, no solo en el campo de la orientación y la identidad sino también en el campo del género. Por eso, no ha sido una sorpresa el anuncio de la formación radical de ultraderecha, pero sí ha generado preocupación el momento y el lugar anunciado para presentar la propuesta de Ley.

La presidenta de la Comunidad de Madrid nunca ha ocultado sentirse cómoda con muchos de los postulados de la formación radical, y ha hecho continuos guiños a su electorado para conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Escorarse tanto a la ultraderecha, ha hecho que la única opción parlamentaria del gobierno de Díaz Ayuso para sacar adelante las leyes en la Asamblea de Madrid sea el concurso de la formación radical de ultraderecha. Hace unos días se formalizó el pacto para los Presupuestos de la Comunidad para 2022, y justamente después, Vox anunció la presentación de la propuesta de Ley.

La deriva de la gran formación política de centro-derecha española hacia una posición radical de ultraderechas es preocupante. Porque cada vez más, se verá condicionada por la formación radical ultraconservadora, que además necesita diferenciar su discurso político respecto a un PP escorado hacia la ultraderecha, radicalizándolo.

Si la señora Diaz Ayuso acepta el envite, y acepta derogar o modificar las leyes trans y LGTBI, no solo salen perjudicadas las personas LGTBI madrileñas y sus familias, sino las de todo el país. Porque fortalecidos por el éxito, el siguiente objetivo serán las leyes del resto de Comunidades Autónomas, y el premio “gordo”: el matrimonio igualitario.

No podemos olvidar que el PP no solo se opuso al matrimonio igualitario en las Cortes Generales si no que también presentó un recurso de inconstitucionalidad, finalmente rechazado por el Alto Tribunal. Y es que la derecha española nunca se ha sentido cómoda con extender la institución matrimonial a las parejas de dos personas del mismo sexo. Porque enfrenta el espíritu liberal existente en la formación de centro derecha, con el neoconservador que ido ganando posiciones en las últimas décadas.

Cada pacto que firma el PP con Vox, es un eslabón más de la cadena que ata a la formación de centro-derecha al programa radical ultraconservador. Tras gobernar comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-León, Madrid o Murcia, y decenas de ayuntamiento, en las próximas elecciones generales, donde presumiblemente el candidato “popular” sería Pablo Casado, cualquier posibilidad para gobernar en minoría pasará inevitablemente por un pacto con el partido de Santiago Abascal.

Y ya sabemos cual será una de las “piezas” que querrá cobrarse el lobby político ultraconservador radical: el matrimonio igualitario. ¿Será capaz Casado de renunciar a gobernar y facilitar un gobierno de centro-izquierda, por no “sacrificar” el matrimonio igualitario?

Por eso es tan importante el éxito de la movilización del próximo 15 de diciembre en diferentes partes de España contra la anunciada petición de derogación de las leyes madrileñas trans y LGTBI. Solo si el PP asume que ceder y sacrificar derechos de las personas LGTBI y sus familias en el altar de la gobernabilidad con Vox supone la pérdida de una parte importante de su electorado más liberal, podemos asegurar que una posible mayoría de centro-derecha en las próximas Cortes Generales no suponga el fin del matrimonio igualitario.

Porque si no, lo que nos queda es rezar. Para aquellos que tengan fe, naturalmente.

 

¡No sin la H!

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

Las personas con VIH nos queremos vivas

Por Daniel Cortez Abreu (@doctokind)

 

Recientemente la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid publicó en su página web el nuevo procedimiento para la solicitud del “Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE)” que ahora elimina la posibilidad de que los hospitales madrileños puedan directamente aprobar y garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes. De esta manera se pierde una vía importantísima para garantizar el tratamiento sanitario a las personas con VIH, que ahora deben pasar por un procedimiento centralizado en el que se exigen ciertos requisitos, en la mejor de las situaciones, retrasaría el acceso al tratamiento antirretroviral (TAR) durante meses, lo que constituye un grave peligro para las personas que vivimos con VIH.

Esta medida aparece luego de que, durante varios meses, compañeres de las ONG y redes de apoyo psicosocial, relacionadas a la respuesta comunitaria del VIH y del sida, se estén enfrentado a las dramáticas situaciones de personas inmigrantes con VIH a quienes se les ha negado la entrada al sistema de salud madrileño o a quienes, ya una vez dentro del sistema, han sido excluidas de la prestación del servicio, sin poder si quiera retirar su TAR, un elemento fundamental para poder preservar nuestra calidad de vida y bienestar. Una medida como esta no solo consideraría que todas las personas en vías de regularización o sin residencia legal tienen las mismas necesidades –hecho alejado de la compleja realidad social que vivimos – sino que establece otro obstáculo institucional para la garantía de los derechos fundamentales y aumenta la inequidad social.

A un par de semanas del 1 de diciembre, el día mundial del sida, esta escandalosa situación no hace más que empeorar y los casos de personas inmigrantes con VIH a los que se les niega o excluye de la atención sanitaria madrileña aumenta y se acumula, a pesar de que la infección sea de declaración obligatoria y por tanto necesite una atención sanitaria especializada y urgente, tal como reconocen organismos supranacionales e internacionales como ONUSIDA, la OMS y la Unión Europea. Pero más allá de la grave vulneración que supone para los derechos fundamentales, la ausencia o la interrupción del TAR significa una verdadera tragedia para las personas que vivimos con VIH. Es sinónimo de poner en peligro nuestra relativa calidad de vida, el control virológico alcanzado, el nuestro bienestar físico y social, haciéndonos también más vulnerables a nivel psicológico, social, económico y laboral. Así, este protocolo deja a un lado a muchos cuerpos que no pueden soportar, ni esperar, que el aparato burocrático estatal decida aprobar quienes y cuando precisan de atención sanitaria.

Sin embargo, esto no surge de la nada, ni aparece a última hora: también es consecuencia del aumento de los discursos de odio hacia la otredad como valor negativo en el terreno político. Se ha restado importancia a las consecuencias de legitimar o dar espacio a narrativas que buscan la eliminación de quienes han sido catalogades como enemigos. En otras muchas situaciones se alude a la equidistancia como si no fuese una decisión y posición política que no hace sino legitimar estos discursos. Hace cuatro años, cuando recibí mi diagnóstico, la discusión política parecía ser diferente, aunque empezaba a notarse el peso de los agentes y las narrativas de la ultraderecha. Cuando estos discursos cobraron mayor relevancia en el debate político, con todo lo que podían suponer, se ignoraban sus consecuencias, porque parecía – y aún parece – que lo simbólico es algo abstracto e inerte que no se traduce en la realidad material y social, como ahora justamente pasa en este tipo de políticas de salud pública que se convierte en medidas que específicamente afectan a quienes somos considerados un peligro para la integridad de la nación como proyecto político.

Es necesario recordar que estas medidas son una expresión del racismo y la xenofobia institucional, y por lo tanto estructural, así como de una Ley de extranjería mantiene y promueve la precariedad, la discriminación y la vulnerabilidad social a cientos de miles de personas.

Es incluso una falacia aceptar que este nuevo procedimiento afecta solamente a las personas inmigrantes sin residencia legal, puesto que también excluye a aquellas personas con un estatus migratorio regular, como en el caso de los estudiantes con estancias de estudios de larga duración, cuyos seguros privados no cubren el acceso al tratamiento antirretroviral en el país, que específicamente en el Reino de España es exclusivamente distribuido a través de la red hospitalaria pública. El personal médico tampoco puede recetar la medicación para ser adquirida o comprada en las farmacias comunitaria – esas a las que vamos cuando queremos comprar un medicamento como el paracetamol –, por lo que deja sin opciones incluso a quienes supuestamente podrían tener los recursos para acceder al mismo. No obstante, tampoco es una opción viable: el coste de los esquemas antirretrovirales de última generación supera las cifras de unos cuantos miles de euros y para muchas es un gasto imposible de asumir. Nuestra adherencia crónica al tratamiento – el grado de cumplimiento – es fundamental para garantizar la supresión de la replicación del virus en sangre y otros líquidos biológicos, mejorando la calidad de vida asociada a la salud, y sobre todo, permitiendo llegar a niveles de indetectabilidad, situación en la que no es posible la transmisión del virus durante las prácticas sexuales – incluso cuando no se utilizan otros métodos de prevención como el condón – y reduciendo también la posibilidad de transmisión del VIH de la gestante al feto y al compartir material para inyección intravenosa. Así vemos que la garantía del acceso al TAR, no solo tiene beneficios individuales, sino también colectivos: es una estrategia de prevención que permite disminuir la transmisión del virus dentro de una población.

La situación que se nos presenta es realmente grave, tiene consecuencias nefastas no solo para la salud y la integridad individual, sino también para el bienestar colectivo. Es una clara consecuencia de los discursos políticos que siempre han buscado borrar, eliminar o matar al “otro”. Es un atentado contra los esfuerzos y la historia de los movimientos sociales, contra la memoria de aquellas personas que han dado incluso su vida por hacer posible que muchas sigamos vivas ahora.

Parece que a las autoridades – y muchas personas fuera de los órganos de poder – se les olvida la dimensión social del virus, que incluso aparece explicita en sus siglas: la “H” en VIH es de humana, como decía mi querido Lucas “Fauno” Gutiérrez, activista argentino. Pero nos abocaremos a rescatar nuestra humanidad con el fuerte sentimiento comunitario que tanto nos caracteriza, y en el que plenamente confío, para salir vivas y juntas de nuevo.

 

Derechos Humanos

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

El orden de las cosas

Juan Andrés Teno (@jateno_)

 

Hace ya varios años que se ha abierto una brecha ideológica (conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.) insalvable entre una parte del feminismo español y el movimiento LGTBI.

Tras un periodo convulso en el que se intentó descabalgar a las mujeres lesbianas del movimiento feminista llegaron unos años de armonía en que estos dos motores sociales caminaban al unísono y compartían luchas en las intersecciones por las que pudieran deambular.

El problema surge en la anterior legislatura cuando se estaba trabajando un borrador de ley estatal LGTBI en el Congreso y desde la Comisión de Igualdad del Congreso, presidida por el PSOE, se empezaron a poner trabas primero, zancadillas después y puñales en la espalda como broche final. Su principal objetivo era sacar de la futura norma la regulación de los derechos de las personas trans y con ello impedir su libre autodeterminación.

Los procesos de negociación fueron deliberadamente retrasados por las filas socialistas y terminó la legislatura sin haber elevado el borrador de ley ante el pleno del Congreso por lo que el proyecto decayó y hubo que empezar de nuevo el proceso en la legislatura actual.
Con el nuevo gobierno las políticas LGTBI cayeron en manos de Unidas Podemos y desde el Ministerio el Ministerio de Igualdad (que tuvo la habilidad de fichar a activistas LGTBI de gran valía profesional) se negoció un nuevo borrador parta otorgar a la población LGTBI los mismos derechos que a la heterosexual y así blindar sus dignidades. Por segunda vez en la historia (tras la aprobación del matrimonio igualitario) las distintas entidades LGTBI del país hicieron frente común. Se redactaron dos proyectos, uno específico para el colectivo trans y el otro para las personas LGB. La parte socialista del gobierno impone y consigue que las dos normas se fundan en una sola. Aun así, el Ministerio de Igualdad no logra que el Consejo de Ministros eleve el texto al poder legislativo, alargándose de nuevo los plazos. Inesperadamente el Presidente del Gobierno hace una remodelación ministerial y cae del ejecutivo Carmen Calvo. Hay que recordar que es ella una de las firmantes de un argumentario interno de PSOE en el que se afirmada que el denominado “derecho a la libre determinación de la identidad sexual” o “derecho a la autodeterminación sexual” carece de racionalidad jurídica.

Seguidamente se hace público que el texto pasará por La Moncloa con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI. Pareciera que la primera batalla estaba ganada, pero esta historia promete ser muy larga y el final es imposible vislumbrarlo en estos momentos.
Paralelamente a todo este proceso administrativo una parte del feminismo patrio (vinculada en mayor o menor medida al partido socialista) emprende una titánica batalla contra esta ley a cuenta de las realidades trans. Niegan la autodeterminación de esta parte de la ciudadanía y lanzan mensajes contaminados del contenido de la futura norma que nada tienen que ver con lo redactado y que discurren espléndidamente dentro de los cauces del populismo y la difusión de bulos (fake news) en publicaciones generalistas y especializadas, además de en las redes sociales. Son las denominadas TERFS (acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist).
Sería curioso averiguar las verdaderas razones por las que una sección de un movimiento ideológico y social de vanguardia y progresista, de repente, y sin previo aviso, airea posiciones en contra de los derechos fundamentales de algunas mujeres, alineándose de este modo con los sectores más reaccionarios del país.

Desde un principio argumentaron que el movimiento LGTBI había sido secuestrado por la denominada Teoría Queer. Ellas, ajenas a la realidad asociativa, no sólo desconocen lo que predica esta corriente político-filosófica, si no que ignoran la permeabilidad de lo queer en el colectivo, que no es precisamente muy importante.

Uno que es observador (o al menos cree serlo) estima que hay una parte de la mujeres feministas de este país, las de más edad, que, tras el avance social que supuso el 15M y las multitudinarias acciones de calle llevadas a cabo por una nueva generación en torno a los derechos de la mujer, veían peligrar su liderazgo y se amarraron a la transfobia en un acto desesperado. De sus bocas han salido todo tipo de afirmaciones y calificativos hacia el colectivo de mujeres trans que harían sonrojar a cualquier demócrata. Se han despachado a gusto. Han hecho daño y han socavado dignidades. Pareciera el rugir insoportable de una fiera salvaje a que, sabiéndose herida de muerte, quiere acabar con todo lo que se mueva a su alrededor.

El problema de esta transfobia revestida de feminismo es que sus ideólogas son mujeres altamente inteligentes, que saben que están lanzado bulos y mentiras para no perder el cetro de las políticas de igualdad. Y esta carnaza la sirven en platos calientes a un conjunto de seguidoras que la digieren sin pensar y la vomitan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Frente a este espectáculo alucinante y surrealista, entidades y activistas LGTBI han respondido con una sola voz y se muestran determinadas a no dar un paso atrás, haciendo suyo un lema, precisamente feminista, si nos tocan a una nos tocan a todas.

En esta algarabía de falsos fuegos artificiales algunas y algunos advertían que esta transfobia escondía algo más, que primero serían las mujeres trans, luego los hombres trans y después alcanzaría gais, lesbianas y bisexuales, en una suerte de movimiento reaccionario que igualaba sus postulados con las ideologías políticas más reaccionarias.

Y parece ser que tenían razón. La primera carta sobre la mesa la ha puesto Doña Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós, mujer con un amplio curriculum e integrante del Consejo de Estado del Reino de España. La señora Valcárcel forma parte de los consejeros electivos que son nombrados por Real Decreto.

Valcárcel Bernardo de Quirón lanzó un órdago hace unos días con un mensaje en una red social en la que negaba que los homosexuales pudieran estar perseguidos en el Afganistán reconquistado por los talibanes, para, seguidamente dejar caer de una manera sibilina y artera un paralelismo entre homosexualidad y pederastia. Es el viejo argumento de la derecha no democrática ahora apropiado por una feminista insigne.

Había sido lanzado el primer cañonazo por parte del feminismo ilustrado contra los hombres gais, tras esparcir bombas de racimo sobre las mujeres trans.

Además de las miles de reacciones en redes sociales ante este salvaje mensaje, del rechazo individual y colectivo de activistas LGTBI y de que la red social le suspendiera la cuenta a esta señora, no se ha producido ninguna reacción de la oficialidad de este país. No hay que olvidar que la mencionada forma parte de la esfera más alta de la administración del estado. Silencio, como en las primera horas de las una tarde de verano en la que sólo se escucha el soporífero canto de la chicharra.

Está meridianamente claro que ese alejamiento entre un feminismo ajado y el movimiento LGTBI se irá agrandando en los próximos meses. En unos días se reanudará el trabajo en la cámara baja y tienen que caldear el ambiente hasta que sea sofocante.

Por fortuna deambulo por espacios en el que mujeres feministas se han alejado de estos histrionismos transexcluyentes y que son no solo el presente si no el futuro de una sociedad que prefiere el amor al odio, la diversidad a la uniformidad y la libertad a las cadenas.
La mayor esperanza de todas aquellas personas que habitamos en las siglas LGTBI es que esta ley salga adelante sin vetos ni censuras, pero el horizonte se muestra turbio, en algunas ocasiones descorazonador.

Enfrente estaremos las mujeres, los hombres y las personas no binarias con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Estamos más que acostumbrados a sufrir ataques verbales y físicos a lo largo de nuestras vidas individuales y colectivas y resultado de ello es una sorprende capacidad de resiliencia. Que no lo olvida nadie, somos el ave fénix de la sociedad y estaremos siempre atentos a establecer el orden de la cosas en un estado democrático.

JUAN ANDRÉS TENO

Periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

Cuenta en Twitter: @jateno_ 

Blog: https://familiasdecolores.wordpress.com/

 

 

 

El cerebro de una TERF

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

Lo que te llaman mientras te matan importa

Por Charo Alises (@viborillapicara)

 

Dice la OSCE ( Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que un delito de odio es toda infracción penal, incluidas infracciones contra las personas y contra la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, idioma, color, religión, edad, discapacidad física o mental, orientación sexual u otros factores similares, reales o supuestos.

Cualquier delito de los contemplados en el Código Penal puede ser considerado un delito de odio si está motivado por un prejuicio.

La consecuencia de calificar una infracción penal como delito de odio es que se producirá un agravamiento de la pena.

La gravedad del delito de odio radica en que no solo afecta a la víctima sino que lanza un mensaje de intolerancia a todo el colectivo al que la víctima pertenece.

Cuando nos encontramos frente a un posible delito de odio, el principal objetivo de la actividad probatoria debe ser acreditar la motivación discriminatoria del hecho punible ya que, solo así, se podrá aplicar al tipo básico la agravante del artículo 22.4 del Código Penal.

Uno de los medios para acreditar la motivación discriminatoria del delito son los llamados indicadores de polarización. Los indicadores de polarización son indicios que señalan que estamos ante un delito de odio:

-Percepción de la víctima.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la sola percepción de la víctima de haber sufrido un delito por motivos discriminatorios, debe llevar a las autoridades a emprender una investigación para confirmar o descartar la naturaleza discriminatoria del delito. Esta percepción no conlleva la automática consideración de los hechos como constitutivos de un delito de odio pero si compele a las autoridades a realizar las diligencias indagatorias que sean necesarias para averiguar el posible móvil discriminatorio del hecho punible.

-Pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo minoritario.
Víctima de un delito por motivos étnicos, raciales, religiosos, de orientación o identidad sexual, discapacidad, etc. También puede ocurrir, que una persona no perteneciente a un colectivo vulnerable sea víctima de un delito de odio, bien por asociación (relación de la víctima con ese colectivo por motivos familiares, profesionales o de otra índole) o por error (víctima percibida como miembro de un colectivo vulnerable sin serlo).

-Expresiones o comentarios al cometer el hecho.
En este caso, se recomienda que sean recogidas con toda su literalidad en las declaraciones de la víctima o testigos y destacadas a ser posible usando letras mayúsculas y en negrita.

-Tatuajes o la ropa
La ropa o los tatuajes del autor de los hechos en muchas ocasiones estarán, por su simbología relacionada con el odio, muy gráficos para acreditar el perfil del autor y la motivación del delito. En este sentido, la policía deberá aportar informes fotográficos incorporados a los atestados que reflejen todos estos datos.

– Propaganda, estandartes, banderas, pancartas etc de carácter ultra.
La propaganda, estandartes, banderas, pancartas y otros objetos de carácter ultra que porte el autor o que puedan ser encontrados en su domicilio, son también indicadores de que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de odio. Todos estos efectos deben ser filmados o fotografiados para su incorporación al atestado. El análisis de estos efectos, requerirá un conocimiento por parte de los investigadores de lo que se denomina la simbología del odio.

– Relación de la persona sospechosa con grupos ultras del fútbol.
En este caso, será necesario cruzar los datos de que dispongan los coordinadores de seguridad de estadios de fútbol en aplicación de la legislación de violencia en el deporte.

– Antecedentes policiales de la persona sospechosa.
Es también un indicador el hecho de que la persona sospechosa haya participado en hechos similares o por sido identificado anteriormente en la asistencia a conciertos de carácter neonazi de música RAC/OI, asistencia a conferencias, reuniones o manifestaciones de carácter ultra caracterizadas por su hostilidad a colectivos minoritarios. En este supuesto, se recomienda solicitar estos datos a los grupos de información de los cuerpos policiales.

– Lugar donde se comete el delito (proximidad centro de culto, bar de ambiente LGBT etc.).

-Relación del sospechoso con grupos o asociaciones caracterizadas por su odio, animadversión u hostilidad contra colectivos de inmigrantes, musulmanes, judíos, homosexuales.

-Fecha de comisión señalada para el colectivo afectado (Día del Orgullo LGTBI), o para el autor de los hechos (día del nacimiento de Hitler).

– La aparente gratuidad de los hechos denunciados.

La aparente gratuidad de los hechos denunciados, particularmente si son violentos y la víctima pertenece a un colectivo minoritario, es el indicador más potente de que nos encontramos frente a un delito de odio. Cuando una agresión o unos daños intencionados no tienen explicación verosímil y la víctima pertenece a un colectivo minoritario por su origen, etnia, religión, orientación o identidad sexual, el color de su piel o sus rasgos físicos, es muy probable que nos encontremos frente a un delito de odio y que la verdadera motivación del delito sea la pertenencia de la víctima o su relación con dicho colectivo.

Ahora bien, la presencia de dichos indicadores no demuestra por si sola la existencia de un delito de odio. Los móviles de odio solo quedarán demostrados tras una investigación rigurosa y exhaustiva cuyo resultado sea ratificado por un órgano judicial.

Si se dan los indicadores de polarización, el hecho debe quedar registrado como un delito de odio y se ha de emprender una investigación más profunda sobre el móvil del delito.

Por tanto, son importantes las expresiones proferidas a la víctima durante una agresión para calificar un hecho como delito de odio. Lo que te llaman mientras te matan importa.

 

«Luta contra a Homofobia. Foto: Guilherme Santos/Sul21» by Brasil de Fato is licensed under CC BY-NC-SA 2.0