Por Daniel Cortez Abreu (@doctokind)

Recientemente la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid publicó en su página web el nuevo procedimiento para la solicitud del “Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE)” que ahora elimina la posibilidad de que los hospitales madrileños puedan directamente aprobar y garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes. De esta manera se pierde una vía importantísima para garantizar el tratamiento sanitario a las personas con VIH, que ahora deben pasar por un procedimiento centralizado en el que se exigen ciertos requisitos, en la mejor de las situaciones, retrasaría el acceso al tratamiento antirretroviral (TAR) durante meses, lo que constituye un grave peligro para las personas que vivimos con VIH.

Esta medida aparece luego de que, durante varios meses, compañeres de las ONG y redes de apoyo psicosocial, relacionadas a la respuesta comunitaria del VIH y del sida, se estén enfrentado a las dramáticas situaciones de personas inmigrantes con VIH a quienes se les ha negado la entrada al sistema de salud madrileño o a quienes, ya una vez dentro del sistema, han sido excluidas de la prestación del servicio, sin poder si quiera retirar su TAR, un elemento fundamental para poder preservar nuestra calidad de vida y bienestar. Una medida como esta no solo consideraría que todas las personas en vías de regularización o sin residencia legal tienen las mismas necesidades –hecho alejado de la compleja realidad social que vivimos – sino que establece otro obstáculo institucional para la garantía de los derechos fundamentales y aumenta la inequidad social.

A un par de semanas del 1 de diciembre, el día mundial del sida, esta escandalosa situación no hace más que empeorar y los casos de personas inmigrantes con VIH a los que se les niega o excluye de la atención sanitaria madrileña aumenta y se acumula, a pesar de que la infección sea de declaración obligatoria y por tanto necesite una atención sanitaria especializada y urgente, tal como reconocen organismos supranacionales e internacionales como ONUSIDA, la OMS y la Unión Europea. Pero más allá de la grave vulneración que supone para los derechos fundamentales, la ausencia o la interrupción del TAR significa una verdadera tragedia para las personas que vivimos con VIH. Es sinónimo de poner en peligro nuestra relativa calidad de vida, el control virológico alcanzado, el nuestro bienestar físico y social, haciéndonos también más vulnerables a nivel psicológico, social, económico y laboral. Así, este protocolo deja a un lado a muchos cuerpos que no pueden soportar, ni esperar, que el aparato burocrático estatal decida aprobar quienes y cuando precisan de atención sanitaria.

Sin embargo, esto no surge de la nada, ni aparece a última hora: también es consecuencia del aumento de los discursos de odio hacia la otredad como valor negativo en el terreno político. Se ha restado importancia a las consecuencias de legitimar o dar espacio a narrativas que buscan la eliminación de quienes han sido catalogades como enemigos. En otras muchas situaciones se alude a la equidistancia como si no fuese una decisión y posición política que no hace sino legitimar estos discursos. Hace cuatro años, cuando recibí mi diagnóstico, la discusión política parecía ser diferente, aunque empezaba a notarse el peso de los agentes y las narrativas de la ultraderecha. Cuando estos discursos cobraron mayor relevancia en el debate político, con todo lo que podían suponer, se ignoraban sus consecuencias, porque parecía – y aún parece – que lo simbólico es algo abstracto e inerte que no se traduce en la realidad material y social, como ahora justamente pasa en este tipo de políticas de salud pública que se convierte en medidas que específicamente afectan a quienes somos considerados un peligro para la integridad de la nación como proyecto político.

Es necesario recordar que estas medidas son una expresión del racismo y la xenofobia institucional, y por lo tanto estructural, así como de una Ley de extranjería mantiene y promueve la precariedad, la discriminación y la vulnerabilidad social a cientos de miles de personas.

Es incluso una falacia aceptar que este nuevo procedimiento afecta solamente a las personas inmigrantes sin residencia legal, puesto que también excluye a aquellas personas con un estatus migratorio regular, como en el caso de los estudiantes con estancias de estudios de larga duración, cuyos seguros privados no cubren el acceso al tratamiento antirretroviral en el país, que específicamente en el Reino de España es exclusivamente distribuido a través de la red hospitalaria pública. El personal médico tampoco puede recetar la medicación para ser adquirida o comprada en las farmacias comunitaria – esas a las que vamos cuando queremos comprar un medicamento como el paracetamol –, por lo que deja sin opciones incluso a quienes supuestamente podrían tener los recursos para acceder al mismo. No obstante, tampoco es una opción viable: el coste de los esquemas antirretrovirales de última generación supera las cifras de unos cuantos miles de euros y para muchas es un gasto imposible de asumir. Nuestra adherencia crónica al tratamiento – el grado de cumplimiento – es fundamental para garantizar la supresión de la replicación del virus en sangre y otros líquidos biológicos, mejorando la calidad de vida asociada a la salud, y sobre todo, permitiendo llegar a niveles de indetectabilidad, situación en la que no es posible la transmisión del virus durante las prácticas sexuales – incluso cuando no se utilizan otros métodos de prevención como el condón – y reduciendo también la posibilidad de transmisión del VIH de la gestante al feto y al compartir material para inyección intravenosa. Así vemos que la garantía del acceso al TAR, no solo tiene beneficios individuales, sino también colectivos: es una estrategia de prevención que permite disminuir la transmisión del virus dentro de una población.

La situación que se nos presenta es realmente grave, tiene consecuencias nefastas no solo para la salud y la integridad individual, sino también para el bienestar colectivo. Es una clara consecuencia de los discursos políticos que siempre han buscado borrar, eliminar o matar al “otro”. Es un atentado contra los esfuerzos y la historia de los movimientos sociales, contra la memoria de aquellas personas que han dado incluso su vida por hacer posible que muchas sigamos vivas ahora.

Parece que a las autoridades – y muchas personas fuera de los órganos de poder – se les olvida la dimensión social del virus, que incluso aparece explicita en sus siglas: la “H” en VIH es de humana, como decía mi querido Lucas “Fauno” Gutiérrez, activista argentino. Pero nos abocaremos a rescatar nuestra humanidad con el fuerte sentimiento comunitario que tanto nos caracteriza, y en el que plenamente confío, para salir vivas y juntas de nuevo.