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Los invertidos. Verdad, justicia y reparación para gais y transexuales bajo la dictadura franquista.

Geoffroy Huard publica Los invertidos. Verdad, justicia y reparación para gais y transexuales bajo la dictadura franquistacon Icaria.

En 2019, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, se querelló contra el régimen franquista por crímenes de lesa humanidad contra las personas LGBT. Este libro reelabora y amplía el informe que redactó el historiador Geoffroy Huard para acompañar la querella. Muestra, gracias a los archivos de los juzgados de vagos y maleantes y de peligrosidad y rehabilitación social, que «invertidos» y «homosexuales» eran categorías utilizadas por las autoridades franquistas como una especie de cajón de sastre en el que cabía cualquier desviación sexual y sobre todo de género (afeminado, travesti, transexual, prostitutx, etc.). Lo que más se tomaba en cuenta era sobre todo la inversión de género, en especial de personas de las clases populares, quienes fueron las únicas condenadas durante toda la dictadura.

Los invertidos reconstruye ese sesgo clasista, así como la sociabilidad de los homosexuales y transexuales de las clases populares durante el franquismo. Trata de entender por qué huían a grandes capitales como Madrid y Barcelona, qué hacían una vez allí, cómo y de qué vivían, cuáles eran los vínculos con el mundo del espectáculo y cómo luchaban contra las autoridades judiciales y médicas a pesar de la represión. Demuestra, así, que la lucha no empezó en los años setenta con los movimientos de liberación sexual. Existió antes, pero bajo otras formas, hoy casi olvidadas. Este libro se propone, gracias a fuentes novedosas, recuperar esa memoria y homenajear a las personas represaliadas.

Puedes leer el índice y la introducción del libro en este enlace. 

 

Los largos tentáculos de la represión de las disidencias sexuales

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

Candela García fue detenida y encarcelada en Barcelona en los años sesenta por realizar “ademanes de homosexualidad”. Cuando presentó su solicitud para acogerse a los beneficios previstos para las víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobados durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, vio como se la rechazaban, ya que a ella no se le aplicó la Ley de Vagos, vigente en ese momento, sino el artículo de escándalo público previsto en el Código Penal. A pesar de ser detenida y torturada por homosexualidad, a ojos de la legislación actual, no fue víctima del franquismo.

Uno de los errores que hemos cometido desde el activismo LGTBI ha sido no comprender que la represión de las disidencias sexuales (en el pasado y en el presente) tiene un componente sistémico, más allá de tal o cual circunstancia. Y esto viene ocurriendo tanto en las investigaciones históricas sobre la represión durante el franquismo como en las estrategias destinadas a superar muchos de los obstáculos a los que nos enfrentamos.

Cuando estudiamos la represión franquista de las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales, trans e intersex, solemos fijarnos en determinadas leyes, como la de Vagos y Maleantes y su sucesora, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta mirada reduccionista nos ha llevado a no observar otras vías por la que el régimen de la Dictadura perseguía la homosexualidad y la transexualidad, como determinados artículos del Código Penal (como el de escándalo público o la diferencia de edad de consentimiento para relaciones homosexuales y heterosexuales) e incluso las actuaciones de los Tribunales de Honor. Pero aun teniendo en cuenta estas normas, seguiremos sin comprender la dimensión real de la persecución.

Y es que debemos partir del hecho (no privativo de la dictadura franquista) del carácter cisendoheteronormativo del sistema que automáticamente expulsaba a las márgenes todas aquellas realidades y comportamientos que no se ajustan a la norma.

Es decir, que la represión franquista no se puede explicar exclusivamente a través de las leyes sino del complejo proceso legal y social (médico, educativo, laboral, deportivo, etc.) que hacía que las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersex sufrieran la exclusión, la persecución y, por último, la represión, ya fuese física (terapias y mutilaciones), social (sistema educativo, sanitario, laboral, religioso, etc.) o penal (encarcelamiento, destierros, etc.)

Y esta mirada sistémica debemos extenderla al presente. Cuando en los 70 se luchó por la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, nadie parecía darse cuenta que en los 80 sería el artículo de escándalo público el que nos persiguiera. Cuando se luchó, y consiguió, modificar el Código Civil para permitir el matrimonio igualitario de forma que se evitara cualquier aplicación discriminatoria, no nos imaginábamos que, a la hora de registrar conjuntamente a un bebé por parte de las parejas de hecho de mujeres, se les exigiese estar casadas, requisito no exigible a las parejas de hecho integradas por un hombre y una mujer. O que cuando una mujer o una pareja de un hombre y una mujer van al registro civil consular para registrar a un bebé, nadie pregunta si han sido progenitores por gestación por subrogación, cosa que sí se exige a un hombre solo o a una pareja de hombres.

Debemos aceptar que, tanto ayer como hoy, cualquier interpretación de las normas legales y sociales se hará desde una perspectiva cisendoheteronormativa, que nuestra orientación, nuestra identidad o nuestra corporalidad será analizada y valorada dentro de lo correcto/incorrecto, lo deseable/indeseable, y lo beneficioso/perjudicial. Es decir, no se nos enjuiciará por lo que hacemos, sino por lo que somos.

Por eso no deja de sorprender la convicción de aquellas personas LGTBI que sostienen que ellas no han sufrido ninguna discriminación por su orientación, su identidad o su corporalidad.

Pero nada más lejos de mi intención el promover desde el activismo cualquier tipo de victimismo. Como pedía Séneca a Helvia, no deseemos para nosotros el más despreciable de los méritos, el parecer los más desgraciados.

Pero sí asumir el carácter sistémico de la represión y la discriminación, saber que cuando investigamos el pasado, o luchamos contra una norma, ya sea social o legal, nos enfrentamos solo a uno de los muchos tentáculos de la cisendoheteronormatividad, cuya denuncia y superación debe ser el objetivo final de nuestra lucha.

 

¿Estará dispuesto Casado a derogar el matrimonio igualitario para ser presidente con el apoyo de Vox?

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

En España, centenares de miles de personas LGTBI estamos expectantes a la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la anunciada presentación de una propuesta de Ley en la Asamblea de Madrid, por parte de Vox, para derogar las leyes autonómicas LGTBI y trans.

Vox nunca ha ocultado que una parte fundamental de su proyecto radical es acabar con algunos derechos humanos que hemos conseguido en los últimos años, no solo en el campo de la orientación y la identidad sino también en el campo del género. Por eso, no ha sido una sorpresa el anuncio de la formación radical de ultraderecha, pero sí ha generado preocupación el momento y el lugar anunciado para presentar la propuesta de Ley.

La presidenta de la Comunidad de Madrid nunca ha ocultado sentirse cómoda con muchos de los postulados de la formación radical, y ha hecho continuos guiños a su electorado para conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Escorarse tanto a la ultraderecha, ha hecho que la única opción parlamentaria del gobierno de Díaz Ayuso para sacar adelante las leyes en la Asamblea de Madrid sea el concurso de la formación radical de ultraderecha. Hace unos días se formalizó el pacto para los Presupuestos de la Comunidad para 2022, y justamente después, Vox anunció la presentación de la propuesta de Ley.

La deriva de la gran formación política de centro-derecha española hacia una posición radical de ultraderechas es preocupante. Porque cada vez más, se verá condicionada por la formación radical ultraconservadora, que además necesita diferenciar su discurso político respecto a un PP escorado hacia la ultraderecha, radicalizándolo.

Si la señora Diaz Ayuso acepta el envite, y acepta derogar o modificar las leyes trans y LGTBI, no solo salen perjudicadas las personas LGTBI madrileñas y sus familias, sino las de todo el país. Porque fortalecidos por el éxito, el siguiente objetivo serán las leyes del resto de Comunidades Autónomas, y el premio “gordo”: el matrimonio igualitario.

No podemos olvidar que el PP no solo se opuso al matrimonio igualitario en las Cortes Generales si no que también presentó un recurso de inconstitucionalidad, finalmente rechazado por el Alto Tribunal. Y es que la derecha española nunca se ha sentido cómoda con extender la institución matrimonial a las parejas de dos personas del mismo sexo. Porque enfrenta el espíritu liberal existente en la formación de centro derecha, con el neoconservador que ido ganando posiciones en las últimas décadas.

Cada pacto que firma el PP con Vox, es un eslabón más de la cadena que ata a la formación de centro-derecha al programa radical ultraconservador. Tras gobernar comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-León, Madrid o Murcia, y decenas de ayuntamiento, en las próximas elecciones generales, donde presumiblemente el candidato “popular” sería Pablo Casado, cualquier posibilidad para gobernar en minoría pasará inevitablemente por un pacto con el partido de Santiago Abascal.

Y ya sabemos cual será una de las “piezas” que querrá cobrarse el lobby político ultraconservador radical: el matrimonio igualitario. ¿Será capaz Casado de renunciar a gobernar y facilitar un gobierno de centro-izquierda, por no “sacrificar” el matrimonio igualitario?

Por eso es tan importante el éxito de la movilización del próximo 15 de diciembre en diferentes partes de España contra la anunciada petición de derogación de las leyes madrileñas trans y LGTBI. Solo si el PP asume que ceder y sacrificar derechos de las personas LGTBI y sus familias en el altar de la gobernabilidad con Vox supone la pérdida de una parte importante de su electorado más liberal, podemos asegurar que una posible mayoría de centro-derecha en las próximas Cortes Generales no suponga el fin del matrimonio igualitario.

Porque si no, lo que nos queda es rezar. Para aquellos que tengan fe, naturalmente.

 

Las personas con VIH nos queremos vivas

Por Daniel Cortez Abreu (@doctokind)

 

Recientemente la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid publicó en su página web el nuevo procedimiento para la solicitud del “Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE)” que ahora elimina la posibilidad de que los hospitales madrileños puedan directamente aprobar y garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes. De esta manera se pierde una vía importantísima para garantizar el tratamiento sanitario a las personas con VIH, que ahora deben pasar por un procedimiento centralizado en el que se exigen ciertos requisitos, en la mejor de las situaciones, retrasaría el acceso al tratamiento antirretroviral (TAR) durante meses, lo que constituye un grave peligro para las personas que vivimos con VIH.

Esta medida aparece luego de que, durante varios meses, compañeres de las ONG y redes de apoyo psicosocial, relacionadas a la respuesta comunitaria del VIH y del sida, se estén enfrentado a las dramáticas situaciones de personas inmigrantes con VIH a quienes se les ha negado la entrada al sistema de salud madrileño o a quienes, ya una vez dentro del sistema, han sido excluidas de la prestación del servicio, sin poder si quiera retirar su TAR, un elemento fundamental para poder preservar nuestra calidad de vida y bienestar. Una medida como esta no solo consideraría que todas las personas en vías de regularización o sin residencia legal tienen las mismas necesidades –hecho alejado de la compleja realidad social que vivimos – sino que establece otro obstáculo institucional para la garantía de los derechos fundamentales y aumenta la inequidad social.

A un par de semanas del 1 de diciembre, el día mundial del sida, esta escandalosa situación no hace más que empeorar y los casos de personas inmigrantes con VIH a los que se les niega o excluye de la atención sanitaria madrileña aumenta y se acumula, a pesar de que la infección sea de declaración obligatoria y por tanto necesite una atención sanitaria especializada y urgente, tal como reconocen organismos supranacionales e internacionales como ONUSIDA, la OMS y la Unión Europea. Pero más allá de la grave vulneración que supone para los derechos fundamentales, la ausencia o la interrupción del TAR significa una verdadera tragedia para las personas que vivimos con VIH. Es sinónimo de poner en peligro nuestra relativa calidad de vida, el control virológico alcanzado, el nuestro bienestar físico y social, haciéndonos también más vulnerables a nivel psicológico, social, económico y laboral. Así, este protocolo deja a un lado a muchos cuerpos que no pueden soportar, ni esperar, que el aparato burocrático estatal decida aprobar quienes y cuando precisan de atención sanitaria.

Sin embargo, esto no surge de la nada, ni aparece a última hora: también es consecuencia del aumento de los discursos de odio hacia la otredad como valor negativo en el terreno político. Se ha restado importancia a las consecuencias de legitimar o dar espacio a narrativas que buscan la eliminación de quienes han sido catalogades como enemigos. En otras muchas situaciones se alude a la equidistancia como si no fuese una decisión y posición política que no hace sino legitimar estos discursos. Hace cuatro años, cuando recibí mi diagnóstico, la discusión política parecía ser diferente, aunque empezaba a notarse el peso de los agentes y las narrativas de la ultraderecha. Cuando estos discursos cobraron mayor relevancia en el debate político, con todo lo que podían suponer, se ignoraban sus consecuencias, porque parecía – y aún parece – que lo simbólico es algo abstracto e inerte que no se traduce en la realidad material y social, como ahora justamente pasa en este tipo de políticas de salud pública que se convierte en medidas que específicamente afectan a quienes somos considerados un peligro para la integridad de la nación como proyecto político.

Es necesario recordar que estas medidas son una expresión del racismo y la xenofobia institucional, y por lo tanto estructural, así como de una Ley de extranjería mantiene y promueve la precariedad, la discriminación y la vulnerabilidad social a cientos de miles de personas.

Es incluso una falacia aceptar que este nuevo procedimiento afecta solamente a las personas inmigrantes sin residencia legal, puesto que también excluye a aquellas personas con un estatus migratorio regular, como en el caso de los estudiantes con estancias de estudios de larga duración, cuyos seguros privados no cubren el acceso al tratamiento antirretroviral en el país, que específicamente en el Reino de España es exclusivamente distribuido a través de la red hospitalaria pública. El personal médico tampoco puede recetar la medicación para ser adquirida o comprada en las farmacias comunitaria – esas a las que vamos cuando queremos comprar un medicamento como el paracetamol –, por lo que deja sin opciones incluso a quienes supuestamente podrían tener los recursos para acceder al mismo. No obstante, tampoco es una opción viable: el coste de los esquemas antirretrovirales de última generación supera las cifras de unos cuantos miles de euros y para muchas es un gasto imposible de asumir. Nuestra adherencia crónica al tratamiento – el grado de cumplimiento – es fundamental para garantizar la supresión de la replicación del virus en sangre y otros líquidos biológicos, mejorando la calidad de vida asociada a la salud, y sobre todo, permitiendo llegar a niveles de indetectabilidad, situación en la que no es posible la transmisión del virus durante las prácticas sexuales – incluso cuando no se utilizan otros métodos de prevención como el condón – y reduciendo también la posibilidad de transmisión del VIH de la gestante al feto y al compartir material para inyección intravenosa. Así vemos que la garantía del acceso al TAR, no solo tiene beneficios individuales, sino también colectivos: es una estrategia de prevención que permite disminuir la transmisión del virus dentro de una población.

La situación que se nos presenta es realmente grave, tiene consecuencias nefastas no solo para la salud y la integridad individual, sino también para el bienestar colectivo. Es una clara consecuencia de los discursos políticos que siempre han buscado borrar, eliminar o matar al “otro”. Es un atentado contra los esfuerzos y la historia de los movimientos sociales, contra la memoria de aquellas personas que han dado incluso su vida por hacer posible que muchas sigamos vivas ahora.

Parece que a las autoridades – y muchas personas fuera de los órganos de poder – se les olvida la dimensión social del virus, que incluso aparece explicita en sus siglas: la “H” en VIH es de humana, como decía mi querido Lucas “Fauno” Gutiérrez, activista argentino. Pero nos abocaremos a rescatar nuestra humanidad con el fuerte sentimiento comunitario que tanto nos caracteriza, y en el que plenamente confío, para salir vivas y juntas de nuevo.

 

Represión política de gais, lesbianas y trans durante el Franquismo: la memoria necesaria

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

La cinta triunfadora de este año en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que ha recibido el Giraldillo de Oro, Great Freedom, cuenta una historia carcelaria de amor homosexual entre dos presos alemanes y, sobre todo, desvela un hecho histórico insoportable.

Cuando las tropas norteamericanas llegaron a los campos de concentración nazi, mientras a los presos judíos, gitanos, discapacitados y militantes de izquierda fueron liberados, los homosexuales fueron llevados de inmediato a prisiones donde continuaron encarcelados. Es decir, sufrieron en los campos de exterminios con el régimen nazi, y siguieron sufriendo en las prisiones de los regímenes de las Repúblicas Federal Alemana (capitalista) y Democrática Alemana (comunista).

Seguro que muchas personas en nuestro país se sentirán conmovidas por la película y escandalizadas por ese ignominioso trato dispensado por los liberadores del nazismo a gais, lesbianas y trans. ¿Imaginarán que en España se vivió una situación similar durante los larguísimos años oscuros del franquismo?

Y es que, en nuestro país, el triunfo del ejército franquista en 1939, y tras la sistemática eliminación de la oposición política de socialistas, anarquistas y comunistas, supuso que el régimen totalitario fijara su mirada en la otra disidencia, la sexual.

El hecho diferencial del franquismo hacia la homosexualidad respecto a tiempos anteriores, fue su conversión de un pecado en una amenaza política al régimen. Esta transformación alcanza su máxima explicitación en Mauricio Karl, un prolífico escritor e instructor de la academia donde se formaron generaciones de policía de la Dictadura, quien afirmó: “la sodomía tiene una función comunista a través de los siglos pues ambas aberraciones, aun siendo de distinto tipo son contrarias a la familia, a la propiedad privada y al orden tradicional”.

Es decir, la homosexualidad ya no era un vicio que afectaba a la religión, si no un elemento corrosivo en el seno de la nueva España nacida del 18 de julio, que era necesario eliminar.

Este hecho es el que convierte la persecución del régimen franquista de gais, lesbianas y trans en represión política, similar a la sufrida por militantes de partidos y sindicatos, como recoge la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Pero esta realidad, que a nuestros ojos de 2021 está meridianamente clara, no lo estuvo en 1977 para las fuerzas políticas de la Transición y en muchos casos, ni siquiera para las propias personas homosexuales y trans. Por eso, mientras las otras víctimas de la represión política del franquismo fueron liberadas por la Ley de Amnistía, y posteriormente reparadas, homosexuales y trans tuvieron que esperar hasta después de aprobada la Constitución, para ser “liberadas” en 1979, tras la aprobación del Real Decreto que excluyó la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en diciembre de 1978, y apenas reparadas durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.

A todo ello hay que unir dos hechos terribles, insuficientemente investigados.

Por un lado, las víctimas directas de la Ley de Vagos y Maleantes primero y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social después (leyes que por otra parte se aplicaban de forma clasista, afectando principalmente a jóvenes de extracción obrera, de baja cualificación y en muchas ocasiones analfabetas) eran obligadas al destierro. Cualquiera se puede imaginar como podía afectar a una persona joven, de baja cualificación y sin red social ni familiar en una ciudad extraña. En muchos casos terminaban en la prostitución, que en los años 70 venía acompañada con el consumo de heroína y en los 80, del VIH-Sida. Es decir, en muchas ocasiones, ser víctima de las leyes represivas de la homosexualidad suponía una condena a muerte en diferido. Además, el SIDA afectó sobre todo a la población homosexual, lo que hace que, por desgracia, sean pocos los supervivientes que han podido dejar constancia pública de la persecución política que sufrieron.

Pero es que, además (y a diferencia de las víctimas de la persecución por la militancia política, sindical o de derechos humanos), gais, lesbianas y trans no tienen descendientes que se sientan orgullos de sus padres, tíos o abuelos, y que reivindiquen su memoria.

Gais, lesbianas y trans, víctimas políticas del régimen franquista por su orientación sexual y/o su identidad de género, esperan una reparación que apenas llega a cuenta gotas. Y debemos ser las entidades LGTBI las depositarias de esta memoria la que reivindiquemos su sufrimiento y opresión, en estudios, propuestas políticas, y jornadas como la que este 17 y 18 de noviembre de 2021 se celebrarán en el Palacio Marqueses de la Algaba de Sevilla, organizadas por la Oficina de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la asociación Adriano Antinoo.

Por Pablo Morterero, presidente de Adriano Antinoo y coautor de “Lo personal es político. Historia del Movimiento Homosexual en Andalucía”.

 

La visibilidad de las personas intersex también es importante

Por Krisol Pro Derechos Humanos Intersex de Adriano Antinoo

 

Este 26 de octubre volvemos a conmemorar el Día de la Visibilidad Intersex. Para Krisol Pro Derechos Humanos Intersex de la Asociación Adriano Antinoo se trata de una fecha importante, porque si algo agrava la terrible situación por la que han pasado las personas intersex a lo largo de la historia es su invisibilidad, provocada, entre otras cosas, por una mal entendida protección por parte de los profesionales de la salud así como de los familiares.

Las personas intersex suponen alrededor del 1,7% de la población, que en España se traduce en que al menos 800.000 personas presentan una corporalidad con rasgos intersex; o que en un centro educativo de 200 personas, puedan existir alrededor de 3 personas.

Si existen tantas personas intersex ¿cómo es posible que la gran mayoría de la población no conozca ni un solo caso en su entorno social, vecinal, familiar o laboral?

Un asfixiante silencio rodea la vida diaria de las personas intersex, que impide que su realidad corporal sea considerada jurídica, clínica y socialmente de forma adecuada.

En España son importante las medidas que hay que implementar para que la atención a la realidad intersex de los sistemas administrativos, médicos, educativos y sociales sea correcta.

Pero sin duda, ello será mucho más difícil si las propias personas intersex y sus familias no asumen el reto de la visibilidad. Como en otros casos, y que ha afectado históricamente a las personas homosexuales, bisexuales y trans, se trata de un proceso complejo, que requiere un gran respeto por parte de todas y de todos.

Pero para Krisol Pro Derechos Humanos Intersex de la Asociación Adriano Antinoo se trata de un proceso esencial para poder avanzar en la defensa de los derechos de las personas intersex a su pleno desarrollo corporal y social, sin mutilaciones genitales, y sin procesos clínicos y administrativos que vulneran sus derechos fundamentales.

Y por ello, es fundamental promover espacios seguros para las personas intersex y sus familiares, grupos de iguales que con el apoyo de las personas aliadas, puedan trabajar en un proceso de empoderamiento que conduzca finalmente a una mayor visibilidad.

Uno de esos espacios es el propio Grupo Krisol, con base en la ciudad de Sevilla pero que se extiende a lo largo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un espacio de personas intersex, familiares y aliados a disposición de toda la comunidad intersex.

 

Para más información en intersex.adrianoantioo@gmail.com

 

Fahrenheit 451 LGTBIQ+

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

La LGTBIfobia en política. Hablamos con Santiago Rivero

Por Francisco Navarro /@imfranxu

 

La política tiene un papel fundamental en los derechos sociales de un país. En los últimos años España ha experimentado un cambio totalmente evolutivo y favorable con respecto al colectivo LGTBIQ+, haciendo historia con momentos como la aprobación de la ley trans.

En 1999, José María Mendiluce Pereiro se convirtió en el primer titular en ostentar un cargo político siendo conocida públicamente su orientación sexual. Mucha gente a día de hoy ya está concienciada sobre la importancia de la diversidad, y los integrantes políticos sobre la visibilización y protección pero, ¿Existe lgtbfobia en la política? Está claro que no es la LGTBIfobia que se ejercía en tiempos anteriores de una manera directa y sin tapujos, pero indirectamente, se siguen escuchando discursos de odio hacia el colectivo por parte de los partidos políticos de este país. Hablamos sobre ello con Santiago Rivero, ex vicepresidente de COGAM y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.

¿Has sufrido homofobia en el congreso o por parte de algun@ de los integrantes?

Si entendemos por homofobia tener que soportar que, por ejemplo, digan públicamente que no podemos casarnos o no podemos adoptar, sí. No he sufrido ningún ataque directo personal por parte de ningún diputado o personal de la cámara. En ese sentido tengo que decir que, al menos de momento, hay bastante educación en ese sentido.

¿Crees que aún hay discursos de odio en el congreso? ¿Crees que los mismos se traducen en las calles de alguna manera?

De hecho más que hace algunos años. Antes de la llegada de VOX a las instituciones veíamos a algún político del PP que de vez en cuando emitía alguna opinión homófoba, y eran incluso desacreditados por el propio partido (aunque no siempre). El problema es que ahora, no solo la ultraderecha ha introducido de nuevo discursos contra el colectivo LGTBI, sino que el PP, en vez de aliarse en este asunto con los partidos que históricamente hemos defendido los derechos del colectivo, salen a defender a VOX, a pesar de las barbaridades que dicen, y achacan incluso las agresiones a la izquierda. Desde luego cuando se están emitiendo ciertos discursos de odio en instituciones, púlpitos o medios de comunicación, parece evidente que eso tiene una traslación a la realidad social a la hora de empoderar a los homófobos que, en ciertos casos, se convierten en agresores.

¿Crees que algunos partidos utilizan las redes sociales para los temas censurados o tachados en el congreso?

Depende del partido. Hemos visto como a la ultraderecha le han tenido incluso que suspender la cuenta en alguna ocasión. Creo que hay partidos que utilizan bien las redes sociales y que emiten discursos respetuosos defendiendo su ideología y otros que no. No es justo meternos a todos en el mismo saco porque no somos todos iguales. Lo peligroso es que la derecha en España se está viendo arrastrada por la ultraderecha, no solo a los discursos de la ultraderecha, sino también a sus formas broncas y agresivas que no benefician en nada la convivencia social.

¿Crees que la política también está encargada de visibilizar al colectivo LGTBI?

La política, por definición clásica, es el arte para solucionar los conflictos sociales de una forma pacífica. En ese sentido, cada partido decide qué temas poner encima de la mesa para aportar soluciones a esos conflictos sociales. Los socialistas, desde hace mucho, hemos puesto la problemática que sufrimos las personas LGTBI encima de la mesa para aportar soluciones: matrimonio igualitario, ley de identidad de género, leyes autonómicas, la ley LGTBI y trans que se tramitará en breve en el Congreso. Mientras, otros han estado siempre en frente de esta consecución de derechos. Bajo mi punto de vista es una falta de responsabilidad posicionarse en contra de los derechos de las personas.

 

Desfachatez

Viñeta de Teresa Castro (@tcastrocomics)

 

La vuelta al cole y a la LGTBIFOBIA

Juan Andrés Teno (@jateno_)

 

En sólo unos días toda la población escolar iniciará un nuevo curso lectivo. Parece ser que, debido a la situación de evolución positiva de la pandemia, las clases van a retomar la normalidad que se vivía en los centros educativos tras dos años extraños de ausencias y virtualidad. Esto significaría que se acabaría la educación a distancia y el cuerpo a cuerpo será la novedad de septiembre a junio.
Volverán las criaturas, de 3 a 16 años, a poblar las aulas, los pasillos, los patios y las zonas comunes. En mayor o menor medida volverán los contactos físicos, los abrazos, el mirarse a la cara. Y también lo hará la LGTBIfobia.

Unos de los principios docentes en este país en la educación en valores. Los colegios e institutos no son solo proveedores de conocimientos científicos si no de transmisión de comportamientos democráticos que hagan posible que esta sociedad siga evolucionando y que se haga más amable y respetuosa, especialmente hacia las minorías.

Todavía existe una parte de la ciudadanía, y por ello de madres y padres, que siguen afirmando alegremente que “en la escuela se enseña y que en la casa se educa”. Es inoperante que un docente muestre a su alumnado como sumar, hacer una raíz cuadrada o despejar una ecuación si no transmite también conceptos éticos y de convivencia. Hasta sobran las explicaciones, por que si algo han mantenido las distintas normas que los gobiernos han ido dictando en las últimas décadas ha sido el principio básico de la educación en valores.

Por mucho que nos pese seguimos viviendo en un país machista, racista, adultocéntrico y LGTBIfóbico. Sigue molestando que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, que los inmigrantes sin recursos puedan incorporarse a la sociedad, que se escuche la voz de la infancia y la adolescencia y que las personas LGTBI tengan los mismos derechos que sus coetáneos heterosexuales y cis.

Esta violencia que sufren las personas LGTBI y sus familias empieza a ser asfixiante. Frente a un reciente informe europeo que revela que España es el país europeo con mejor aceptación social a gais, lesbianas, bisexuales y personas trans, en este país se ha constatado un importante crecimiento de la violencia hacia este colectivo con agresiones casi diarias, incluyendo el asesinato del joven Samuel. Y eso partiendo del hecho de que solamente se denuncian en torno al 10% de los casos de LGTBIfobia.
Se tendrá que analizar el porqué de este incremento de la violencia. Pero es evidente que se ha dado apariencia de legalidad a la LGTBIfobia al ser sostenida por la tercera fuerza política del país que ha situado a 52 diputados y diputadas en el Congreso. Esta irracionalidad democrática de la extrema derecha siempre ha existido, pero no contaba con un altavoz organizado y amparado por las reglas democráticas. Consecuencia directa es que se confunda un delito de odio con la libertad de expresión o de acción. Además, recientemente, desde la izquierda política, y a través de una parte del feminismo, se ha propagado un discurso tránsfobo, que poco a poco va tiñéndose de homofobia. Ellas son las TEFRS.

Sorprende la juventud (aunque las haya de todas las edades) de las personas que ejercen la violencia verbal y física contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Su edad evidencia un sistema educativo que no ha sabido afrontar la educación en diversidad y que no ha podido frenar discursos de odio procedentes de las familias, amigos o cualquier otro escenario de socialización.

Esta violencia social es inevitable que se cuele en las aulas a lo largo del mes de septiembre y durante todo el curso 2021/2020. Y lo es porque inevitablemente se está gestando también en los centros educativos, donde puede permanecer larvada o estallar en episodios de acoso escolar.
Son muchas las voces que, desde hace años, reivindican la enseñanza en los centros de la diversidad afectivo sexual, familiar y de género. Demandas que son ignoradas o que llegan a las aulas con cuentagotas.

No se puede pedir al profesorado que hable de orientaciones e identidades a su alumnado cuando no ha sido formado previamente en estas materias. Por ello se sigue necesitando la participación de entidades y activistas LGTBI para que esta información llegue a las aulas, sobre todo ahora tras dos años de casi total ausencia de las mismas en los centros educativos.

Sucede que la mayoría de las autonomías tiene aprobadas leyes LGTBI que indican que este tipo de materias deben ser abordadas en las aulas, pero también ocurre que, aun existiendo este automandato, las distintas consejerías de educación se lo pasan por el arco del triunfo. Se está comprobando que la normativa LGTBI sólo está siendo utilizada para que los políticos de turno se hagan la foto de rigor con los representantes de las entidades el día de su aprobación, ya que no está siendo implementada en Madrid, Cataluña, Región de Murcia o Andalucía. Y no son los únicos ejemplos, hay más, son casi la totalidad de las autonomías.

Es de recibo reconocer el esfuerzo que se hace desde algunos centros educativos para abordar las cuestiones de diversidad o de centros de formación del profesorado para desarrollar cursos. Pero son tan insuficientes, llegan a un número tan reducido del alumnado que pueden considerarse anecdóticos.
Lo mismo ocurrirá cuando se apruebe, si es que se aprueba, la normativa estatal. Es urgente que las consejerías de educación cumplan con los mandatos parlamentarios, que formen a la totalidad de profesorado, que obliguen a los centros educativos a trasladar estos conocimientos al alumnado y a penalizar a quien no lo haga. Pero, claro, si el consejero o la consejera de turno no acata una ley que le dicta el desarrollo de estas materias, es ilusorio pensar que traslade este mandato a los centros y el profesorado.

Es urgente que desde la Educación Infantil se aborde la diversidad familiar de manera sistemática y que, con el paso de los cursos, se dé información certera y científica sobre diversidad afectivo-sexual e identidad de género. Como esa violencia que está llenando de moratones, heridas y muerte a las personas LGTBI de este país traspase las verjas de los centros educativos los únicos responsables serán los políticos que no cumplen con sus obligaciones.

Y, paralelamente, es importante que todas las universidades formen en estas materias a los futuros docentes, para que una vez asentados en los centros de enseñanza no tengan que esperar su admisión a unos escasos cursos de formación que llegan con escasez y demasiado tarde.

Además, hay que recordarle a las direcciones de los centros que quien dirige sus acciones son las leyes y normas educativas y no la actitud desafiante de padres ultraconservadores o madres TERFS.
De poco sirven los presurosos comunicados de algunas entidades LGTBI exigiendo a los ejecutivos autonómicos la aplicación las leyes LGTBI si luego corren aturdidas a su llamada en los actos publicitarios de presentación de un folletito o un video inocuo con el que lavan la cara ante sus ausentes políticas de diversidad.

La vuelta al cole sigue siendo para una parte de una nuestra infancia y adolescencia un episodio terrorífico del que han podido liberarse durante el periodo vacacional o el inicio de un infierno que les afectará el resto de sus vidas.

Si a partir de la semana que viene un niño, una niña o un niñe, un adolescente o un joven vuelve a su casa, tras la jornada educativa, con lágrimas en los ojos, insultos en su dignidad o moratones en su cuerpo, espero que las consejeras y consejeros de educación de las diferentes autonomías sientan el dolor en sus entrañas, porque ellos son los primeros y últimos responsables de que esto siga sucediendo.

JUAN ANDRÉS TENO

Periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

Cuenta en Twitter: @jateno_ 

Blog: https://familiasdecolores.wordpress.com/

 

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