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Debates en torno de la ley de matrimonio igualitaria griega: ¿Es Grecia el paraíso homosexual que pensamos que es?

Por Konstantinos Argyriou

Vengo de un país que, por más que se suela idealizar por ser el origen de la filosofía, la democracia y la homosexualidad, sorprende por su actual mentalidad retrógrada en muchos temas sociales. Y esto tiene todo el sentido del mundo: ¿cómo sostener una historia que pese tanto?

Grecia ha votado este jueves 16 de febrero el matrimonio igualitario. Solo unos diecinueve años después de que lo hiciera el Estado español; solo unos veintitrés después de los Países Bajos. Para sorpresa de mucha gente, fue el partido de centro-derecha que está en el gobierno desde 2019, Nueva Democracia, el que creó esta propuesta de ley.

Y desde noviembre del año pasado, no se ha parado de hablar del tema en los medios de comunicación, en redes sociales, y también en la calle: muchas encuestas que han circulado señalan una gran división social, así como una percepción más positiva de la aprobación del matrimonio que de la adopción –la nueva ley no estipula temas de reproducción asistida.

A nivel de debate público, aparte de la típica polarización que hemos evidenciado también en otros países occidentales a la hora de aprobar leyes equivalentes, existe el agravante de una cultura LGTBIfóbica particularmente “griega” que está muy extendida. “La sociedad griega no está preparada”, “los niños necesitan influencias parentales tanto masculinas como femeninas”, o “estas cosas que vienen de fuera no pueden aplicarse aquí” son frases que se han esparcido masivamente en estos últimos meses.

En 2018, la sociedad griega evidenció el asesinato, en plena luz de día, del activista y drag queen Zak Kostopoulos/Zackie Oh!, por dos empresarios. Las personas que evidenciaron la escena, que no fueron pocas, no intervinieron para salvar a Zak de las palizas mortales, sino que incluso cuestionaron los sucesos, que si no se hubieran quedado grabados, habrían conducido a la impunidad directa de los agresores (el juicio sigue aún).

Igualmente, existen muchas parejas y familias diversas que en los últimos años han recibido tanto más visibilidad, como más sentimientos de repugnancia en la esfera pública por su mera existencia. La labor de organizaciones como Políjromo Sjolío (Escuela de Colores) o Iperífani Gonís (Orgullo Parental) ha sido fundamental, puesto que han trabajado codo con codo con las legisladoras responsables, y han personificado las luchas por un tratamiento equitativo por parte de la ley y la transformación de las actitudes sociales al respecto.

Mucha gente ve en esta ley una apuesta personal del Primer Ministro, Kyriakos Mitsotakis. En su afán e intento deliberado de mover el partido gobernante más hacia el centro y el progreso social, Mitsotakis ha plantado cara, según esas voces, a la iglesia ortodoxa. Los clérigos representan gran parte del voto de Nueva Democracia, pero en este movimiento hacia un partido más laico (y por ende, más secular), se sienten apartados. Recuerdo que Grecia no es todavía un Estado propiamente secular, como la grandísima mayoría de los países europeos. Con la nueva ley, se convierte en el decimosexto país de la Unión Europea (antes que Italia) y el primer país cristiano ortodoxo en conseguir dicho avance legislativo.

Hay curas que incluso han señalizado a aquellos miembros del partido que votarían a favor, para tacharlos de traidores y dejar de darles apoyo político. Incluso se han redirigido a los tres partidos minoritarios de extrema derecha como respuesta. Esos tres partidos, Elinikí Lysi, Niki y Spartiates, con gran influencia en las periferias de Macedonia y Tracia, se han aprovechado de la situación para reforzar la inseguridad de cierta ciudadanía heteronormativa al odio y la intolerancia y ganar más votos.

El Partido Comunista, KKE, decidió seguir por la misma línea, puesto que le pareció que la igualdad en el matrimonio daría paso a la explotación de cuerpos femeninos al servicio de la reproducción asistida –aunque se ha explicitado en varias ocasiones que éste no es el caso. Recibió, por ello, el repudio de aquellos grupos LGTBIQ que lo habían apoyado en el pasado.

Aparte de los alrededor de 106 miembros parlamentarios de Nueva Democracia (de los 158 que tiene actualmente), los partidos que han apoyado la iniciativa han sido Syriza, un grupo parlamentario separado de él llamado Nueva Izquierda, el Partido Socialista (PASOK, aunque fue también el más dividido, con un 33% de los miembros absteniéndose), y Plefsi Eleftherías.

Fuera de la discusión parlamentaria, sorprende la necesidad de la Asociación Helénica de Psiquiatría, entre otros grupos profesionales de salud, de sacar una comunicación, hace unas semanas, declarando que la homosexualidad ya no figura como enfermedad mental. Y sorprende, porque por un lado, la Asociación Americana de Psiquiatría sacó la homosexualidad del DSM en 1973; y por otro, porque la propuesta de ley no estaba relacionada con la autodeterminación de la orientación sexual, sino con el derecho a casarse.

Mucha gente en Twitter subió imágenes exóticas de Santorini y representaciones de ánforas, con comentarios como “el país del Mamma mía por fin es abierto”, o “Grecia vuelve a ser consistente con su historia”. Esta caricaturización de lo votado es interesante, como lo ha sido un comentario que recibí en mi Instagram de un contacto, que fue así: “¡Qué bien, ahora ya podrás volver a tu país y casarte!”. Que lo progresista no te quite lo xenófobo.

Y ahí reside el problema: que sostenga aquí que Grecia es un país profundamente homófobo, por no ofrecer justicia para la muerte de Zak, no ignora el asesinato de Samuel a gritos de maricón en 2021, ni lo intenta competir en brutalidad (¿quién da las mejores palizas mortales en medio de la calle, un griego homófobo o un español?). Que pensemos que un partido conservador nos haya hecho el favor de ir en contra de sus principios para abrirse hacia el colectivo, no quita que el matrimonio sea una institución conservadora. Igualmente, que nos hagan el favor de recordarnos que la homosexualidad no es una enfermedad mental no borra del mapa que se sigan promoviendo políticas y actitudes profesionales impertinentes.

Queda por ver cuánto va a tardar la reacción violenta de aquellos sectores de la sociedad que no solo se han sentido incómodos con esta nueva medida legal, sino que querrán manifestar su odio de forma abierta.

by User kokkinoi antireporters (κόκκινοι αντι-ρεπόρτερ) of Athens Indymedia. (creative commons)

 

De aquellos polvos, estos lodos. O de cómo el odio a las personas LGBTIQ+ se ha convertido en abanderamiento político del gobierno ruso

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial y Daria Kornilova*

 

Es de dominio público que el gobierno liderado por Vladimir Putin no bebe los vientos por lo que a las mariquitas se refiere, pero no siempre fue así en la madre patria rusia. El porqué de los giros de los acontecimientos históricos, o los polvos de este lodo, son el kit de la cuestión para entender qué se cuece en Rusia y cómo afecta a las personas LGBTIQ+ el caldo de esa olla.

Las primeras sanciones a la homosexualidad que se registran en el país son en el siglo XVII. Los zares buscaron diferentes formas de reprimir y vetar la disidencia sexo-genérica a partir de esta fecha. El primero de ellos, Alejo I de Rusia, quemaba en la hoguera a las mujeres que tenían relaciones con mujeres y ejecutaba a los hombres que hacían lo mismo entre ellos, no quedaban exentas las mujeres que simplemente aparentaban ser “masculinas”. Esta represión parece estar conectada con los intentos de “modernizar” el estado, puesto que anteriormente existía cierta aceptación de la homosexualidad, sobre todo entre algunos sectores de la población.

En el siglo XIX, durante el gobierno del zar Nicolás I fue aprobado el artículo 995 por el que se sancionaba la sodomía con la expulsión a Siberia entre 4 a 5 años. Las relaciones homosexuales fueron relegadas a la clandestinidad, marcadas por la visión de la Iglesia Ortodoxa que las consideraba como algo inmoral y pecaminoso.

Con el derrocamiento del zarismo por la Revolución Rusa, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia eliminó en 1917 la legislación que sancionaba las relaciones entre personas del mismo sexo y la disidencia de género.

Lo anterior, sin embargo, no vendría acompañado de una mayor aceptación social sino de cierta ambivalencia en todos los ámbitos. A finales de la década de los 20 la homosexualidad fue mayoritariamente entendida como una enfermedad mental y, pocos años después, en 1934, el gobierno de la Unión Soviética reinstauraría la legislación punitiva de la sodomía bajo el mandato de Stalin. Las sanciones consistirían en hasta 5 años de trabajos forzados (artículo 121).

Hay historiadoras que indican que el artículo 121 fue usado políticamente para sancionar a opositores al régimen y que, del mismo modo, en este período se inició cierta propaganda por parte del gobierno para asociar la homosexualidad con el fascismo y la pederastia.

Según el estudio de Dan Healey (Homosexual Desire in Revolutionary Russia, 2001) existieron en torno a 25.688 condenas a hombres por el artículo 121 entre 1934 y 1993, aunque las entidades LGBTIQ+ indican que el número pudo llegar hasta las 60.000.

La agencia de noticias Reuters indicaba en 1993 los datos de una encuesta realizada en 1989. Según esta, las personas homosexuales eran el grupo más odiado en la sociedad rusa y el 30% de las personas encuestadas consideraban que las personas homosexuales debían ser liquidadas.

 

El gobierno de Putin.

En 1993, periodo postcomunista bajo el mandato de Boris Yeltsin, la homosexualidad fue legalizada y en 1999 eliminada como enfermedad de la lista de “desórdenes mentales”. A partir de entonces surgieron algunas publicaciones y organizaciones LGBTIQ+ como Triángulo, sin embargo, muchas de ellas desaparecieron por falta de financiación ante un contexto que no dejó de ser represivo.

Vladimir Putin, actual presidente, alcanzó el poder en 1999. En los años 2000, en una sociedad que rechazaba la disidencia sexogenérica, siguieron surgiendo resistencias activistas por parte del colectivo. El proyecto gayrussia.ru fue fundado en 2005 por Nikolai Alekseev. Desde esta iniciativa se propuso la marcha del Orgullo de 2006 en Moscú. Las personas activistas decidieron realizar la misma a pesar de no contar con autorización. Esta finalizó con unas 70 personas detenidas después de que grupos ortodoxos y nacionalistas rusos radicales se opusieran a la marcha con golpes y amenazas.

En 2007 la marcha del orgullo en Moscú fue, del mismo modo, prohibida por el alcalde de la ciudad quien la definió como un “acto satánico”. A pesar de no contar con la autorización, al igual que el año anterior, el grupo de activistas marchó en la ciudad y de nuevo se enfrentaron a la violencia de grupos opositores y a una nula protección por parte de la policía, inclusive varios de los activistas fueron detenidos.

Las marchas del orgullo en Moscú fueron igualmente prohibidas en 2008, 2009, 2010 y 2011.

Desde 2010, la disidencia sexo-genérica se identifica con la inmoralidad occidental e ideologías políticas opuestas al gobierno ruso. La LGBTIQ+fobia se ha construído como una estrategia de diferenciación y de oposición a occidente, para reafirmar los “valores tradicionales”. El gobierno ruso lo expresa sin tapujos en sus declaraciones y posiciones políticas. Así, en 2014 se opuso a una resolución de la Organización de Naciones Unidas en contra de la LGBTIQ+fobia. El mismo año, Rusia celebraba el Congreso Mundial de las Familias, donde reunieron a grupos explícitamente LGBTIQ+fóbicos de múltiples nacionalidades.

Previamente, en 2002 se presentó una propuesta de ley en la Duma para criminalizar la homosexualidad, alentada por la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien en varias ocasiones ha pedido que se realice un referéndum para prohibir la homosexualidad en el país. Por suerte, esta propuesta no alcanzó la mayoría necesaria para hacerse efectiva.

Hay cierta dificultad para determinar la opinión de la ciudadanía acerca de las personas LGBTIQ+ en Rusia, puesto que existe un fuerte desconocimiento debido a la utilización política de la disidencia sexo-genérica y la tabuización de todo lo relacionado. Así lo demuestra el experimento que hicieron varios jóvenes en las calles de Moscú con el que entrevistaban a personas en la vía pública preguntándoles sobre su opinión acerca de la heterosexualidad. La mayoría tuvo reacciones de repulsa y rechazo ante la concepción errónea de que este concepto se trataba de personas que mantenían relaciones con personas del mismo sexo.

A pesar del desconocimiento y la desinformación, hay estudios que apuntan a que puede encontrarse entre las más hostiles del mundo. La encuesta de 2007, reflejada en Cross-national Differences in Attitudes towards Homosexuality, mostraba que el 68% de la ciudadanía rusa consideraba que la homosexualidad era algo malo. En la encuesta The global divide on homosexuality reflejaba en 2013 que el 74 % de la ciudadanía rusa consideraba que las personas homosexuales no debían ser aceptadas por la sociedad, lo que indica un aumento en la visión negativa que podría venir dado por las legislaciones anti LGBTIQ+ y el auge de los discursos LGBTIQ+fóbicos que trajeron consigo.

 

La situación del colectivo LGBTIQ+ después de las “leyes contra la propaganda y la pedofilia”.

Estas legislaciones comenzaron a aprobarse en algunos estados desde 2006. En total, diez regiones ya habían prohibido la «propaganda de la homosexualidad» (algunas de ellas también incluían la «propaganda de la bisexualidad y transexualidad») antes de que en 2013 se incluyera una medida en toda la Federación rusa.

La ley federal conocida como contra la propaganda homosexual y pedofilia recibe el nombre oficial de ley «para el propósito de proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales» y fue aprobada por unanimidad por la Duma el 11 de junio de 2013, con la abstención de un único miembro.

Esta ley modifica la ley de protección de la infancia del país y el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa, prohibiendo lo que denomina como distribución de «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» entre menores. Esto incluye los materiales que «suscitan el interés», «formen predisposiciones sexuales no tradicionales» con «ideas distorsionadas sobre el mismo valor social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales». Prohíbe, del mismo modo, la adopción por parejas del mismo sexo, hecho que se acabó trasladando también a la adopción internacional.

Desde su aprobación son numerosos los casos en los que se han reportado detenciones por inclumplimiento de esta ley, sobre todo en aquellas acciones de activistas LGBTIQ+ que han producido arrestos y multas que se han conocido de manera más mediática y que han ido entre los 4.000 y 100.000 rublos. Las personas extranjeras pueden ser retenidas en calabozo hasta 15 días para luego ser deportadas, o bien, multadas con hasta 5.000 rublos y luego deportadas.

El informe License to Harm. Violence and Harassment against LGBT People and Activists in Russia (2014) de Human Rights Watch da cuenta de las amenazas, el control, espionaje, secuestros, humillación y violencia que vive el colectivo, además de las detenciones. Las denuncias de los organismos internacionales, sin embargo, no están consiguiendo un cambio en la política y sociedad del país, a pesar de que una de ellas se trata de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la violación por parte de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no reconocer de manera legal a las parejas del mismo sexo.

También la infancia está sufriendo graves consecuencias, no pudiendo contar con información acerca de la diversidad y siendo parte de una imposición ideológica de odio desde la más temprana edad. El documental Dyeti 404 (Niños 404), pone de relieve el impacto que esta Ley ha tenido en la infancia LGBTIQ+, siguiendo la vida de un grupo de adolescentes del colectivo después de la aprobación de esta legislación.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es el impacto que ha generado en la opinión pública en contra de la disidencia sexo-genérica, combinando deliberadamente los conceptos de orientación sexual y pedofilia. Según un estudio de opinión pública realizado el mismo año de la aprobación legislativa, el 90% de la ciudadanía rusa apoyaba esta ley. Así, desde su aprobación se han organizado grupos contra la comunidad LGBTIQ+, destacando Okupai – Pedofilyai que se dedica a la “caza” de homosexuales (que nombran como pedófilos), a partir de perfiles falsos en internet. Este grupo de ideas abiertamente fascistas ha sido ampliamente denunciado por activistas, quedando sin ningún tipo de investigación policial ni judicial.

La LGBTIQ+fobia se observa del mismo modo en las instituciones y en los espacios de atención a la ciudadanía. Un estudio de 2014 reflejado en The State of Psychiatry in Russia, indicaba que el 62,5 % de 450 psiquiatras entrevistados en Rostov consideraban la homosexualidad como una enfermedad y el 75% estaba de acuerdo en que era un comportamiento inmoral.

 

Más lodo que nunca.

El 1 de abril de 2017 el periodico Novaya Gazeta publicó el artículo sobre el secuestro de alrededor de 100 hombres en la República de Chechenia (parte de Rusia) por motivos de su orientacion sexual. Un hombre llamado Maksim Lapunov fue liberado debido a que no pertenecía a la etnia chechena, y se comunicó con el periódico para contar lo que le había sucedido en el territorio de la República de Chechenia.

Resultó que desde febrero de 2017 se estaban produciendo redadas periódicas en Chechenia, durante las cuales las autoridades detenían a hombres “sospechosos” de tener relaciones homosexuales. Posteriormente, los detenidos eran internados en prisiones clandestinas, donde eran torturados, privados de alimentos y agua, con el fin de obtener información sobre las personas LGBTIQ+ que viven en la república. Luego, algunos de los detenidos fueron entregados a familiares con la recomendación de realizar un «asesinato por honor», mientras que el resto fueron ejecutados en los alrededores de la prisión.
Basada en la historia de Maxim Lapin, la BBC filmó el documental «Bienvenido a Chechenia», en el que por primera vez se utilizó la tecnología de cambio de caras para proteger a los participantes del proyecto. El propio Maxim, junto con su familia, se vieron obligados a huir a del país después de que las autoridades rusas se negaran a investigar lo sucedido. Pero incluso mientras está fuera de Rusia, Maxim continúa recibiendo amenazas y no puede sentirse seguro.

A pesar de esta situación en el territorio checheno, en 2019 se registró en Rusia la tasa de aceptación más alta hacia la comunidad LGBTIQ+ en los últimos 14 años. Este estudio elaborado por el Centro Levada mostraba que el 47% de la ciudadanía rusa estaba a favor de que las personas LGBTIQ+ disfrutaran de los mismos derechos. Una de las explicaciones a este resultado, fue la menor exposición mediática de discursos de odio hacia el colectivo en los medios de comunicación en los años previos a la encuesta.

Con diversas motivaciones, entre ellas reavivar las posturas de odio, en 2022 la ley contra la propaganda homosexual se vio ampliada de manera unánime para incluir toda «la negación de los valores familiares» y la promoción de «orientaciones sexuales no tradicionales» a cualquier grupo de edad, incluyendo por primera vez aspectos tránsfobos como la prohibición de acercar materiales que a los menores les genere un “deseo de cambiar su sexo”.

También prohíbe la “demostración” del comportamiento LGBTIQ+ y su apoyo en público como si se considerase un estilo de vida “normal”. Del mismo modo, veta expresamente toda publicidad, libros, materiales y películas que se considere que promueven esta “propaganda”. Las sanciones supondrían multas que oscilan entre 100.000 y 2.000.000 de rublos, es decir, entre 1.350 euros y 26.600 euros.

Hay quienes consideran que este endurecimiento legislativo está vinculado a la ocupación de Ucrania, con la intención de reafirmar los valores tradicionales rusos y oponerse de manera ideológica a todo lo que señalan como “occidental” o “europeo”.

 

El discurso de odio hacia el colectivo LGBTIQ+, un arma más de la invasión de Ucrania.

El 24 de febrero de 2022 se hizo pública la invasión de Rusia a Ucrania después de 8 años ocupando y reclamando por la fuerza parte de su territorio. Desde entonces, los ataques y el despliegue militar comenzaron a ser mayores tanto en crudeza como en extensión en el territorio ucraniano.

Algunos medios como gayru.info denuncian el aumento de la persecución de las personas LGBTIQ+ en las zonas controladas por los separatistas en Donbás desde el inicio de la ocupación. Ya en 2014 fue atacado el club gay Babilon de Donetsk por 10 personas armadas que dispararon cartuchos de fogueo al aire, robaron a quienes estaban dentro y gritaron amenazas e insultos LGBTIQ+fóbicos. En 2015, según el informe Violation of LGBTI Rights in Crimea and Donbass: The Problem of Homophobia in Territories Beyond Ukraine’s Control (2016), el viceministro de Asuntos Políticos de la República Popular de Donetsk había declarado que: «Se está extendiendo una cultura de la homosexualidad… Por eso debemos matar a todo aquel que esté implicado en esto». Este discurso también se ha observado en parte de la ciudadanía del territorio, con la negativa de una buena parte para acoger a personas LGBTIQ+ desplazadas por el conflicto.

Como vemos, las consecuencias de la guerra tienen un impacto diferenciado en las personas LGBTIQ+. En concreto, hay personas LGBTIQ+ que no están pudiendo salir de Ucrania, especialmente las mujeres trans que no han podido cambiar su documentación ante las exigencias del proceso y que ahora se ven atrapadas ante un posible reclutamiento.
En marzo de 2022, Naciones Unidas estimaba que más de 2.000.000 de personas habían tenido que huir de Ucrania. La mayoría de ellas lo han hecho hacia los países fronterizos de Polonia y Hungría, lugares en los que la población LGBTIQ+ se enfrentan a situaciones de discriminación.

Es importante destacar el papel de las entidades LGBTIQ+ y las personas activistas que se están articulando en estos países de acogida para garantizar la seguridad y protección de las personas refugiadas LGBTIQ+ ante gobiernos vulneradores de derechos.

El activismo LGBTIQ+ en Rusia también se enfrenta a una enorme hostilidad, motivo por el que muchas personas han tenido que huir del país y solicitar protección internacional. La Red Rusa LGBT trabaja para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país, siendo la mayor organización LGBTIQ+ de Rusia y la primera de carácter internacional. Estas y otras entidades hacen frente a las vulneraciones que se están viviendo en Rusia, donde los derechos de la comunidad LGBTIQ+ están siendo utilizados como un arma más de la guerra.

 

* Daria Kornilova es activista por los derechos LGBTIQ, refugiada de origen ruso. Co-fundadora del colectivo de personas LGBTIQ+ refugiadas Valores Multicolor, y mediadora intercultural en CEAR. Puedes encontrar más información sobre Daria en Linkedin.

Rara

Por Charo Alises (@viborillapicara)

#CineLGTBI

Película chilena de 2016 dirigida por Pepa San Martín. La cinta está basada en el caso real de la jueza chilena Karen Atala que perdió la custodia de sus hijas en 2003 por tener una relación con una mujer y vivir con ella. La película está contada desde el punto de vista de una de las menores, por eso comienza con un plano secuencia en el que la cámara se coloca detrás de la adolescente protagonista a la que seguimos en su cotidianidad y esto nos ayuda a empatizar con lo que sucede cuando se conoce la orientación sexual de la madre. Solo vemos y escuchamos lo que Sara ve y escucha.

En la vida real, la protagonista de esta historia estaba divorciada y tenía la custodia de sus hijas. Al padre se le concedió un régimen de visitas semanal. Cuando la jueza tiene una relación con otra mujer y comienza a vivir con ella, el padre solicita la custodia de las niñas . Para conseguir su objetivo, el ex de la Atala recurre al tribunal de menores, a la segunda instancia y, finalmente, a la Corte Suprema de Chile. Ëste tribunal le da la razón al padre porque entiende que la decisión de Atala de explicitar su orientación sexual se ha antepuesto a los intereses de sus hijas. Lo que se esgrime es el interés superior de las menores También se argumentó que los efectos de la convivencia de la madre con su nueva pareja podían llevar a las niñas a una eventual confusión de roles sexuales. Para la Corte, las hijas estaban en situación de riesgo y de especial vulnerabilidad ya que su entorno familiar se diferenciaba del de sus compañeras y compañeros de colegio. Esta cuestión se refleja en la cinta cuando un profesor le pregunta a una de las chicas si alguien le ha molestado por la orientación sexual de su madre y le dice a la niña, que ella tiene derecho a vivir en un ambiente normal como el resto de niña y niños del colegio. El argumento de la posible discriminación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo se utiliza para retirar la custodia a las madres lesbianas, a pesar de que las menores manifiesten que están muy bien en casa con su madre. Otra de las cuestiones, relacionadas con lo anterior, es la imposición de silencio y ocultamiento a las madres lesbianas para que no visibilicen su orientación sexual ya que se piensa que así se evita la discriminación de sus hijas e hijos. De hecho, en la cinta la madre de la jueza le dice que no haga pública la relación que tiene con otra mujer para impedir que sus hijas sean discriminadas.

En la vida real, caso terminó con la retirada de custodia de las hijas a la jueza, que. demandó al estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ocho años después la citada Corte le dio la razón a Karen Atala en una sentencia en la que se argumentó que la orientación sexual de la madre no tenía nada que ver con sus habilidades de crianza. Y es que, la capacidad para cuidar y educar es algo que a las personas LGTBI se nos cuestiona argumentando que no somos aptas para formar familias y cuidar y educar a nuestra prole. Además, la Corte Interamericana apunta en su resolución, que los estados no pueden utilizar la orientación sexual de las personas como justificación para discriminar.

La puesta en escena es atenta con los detalles, sin grandes artificios. Destaca por su sencillez y espontaneidad. La cámara fija se detiene en todas las estancias sin enseñar ninguna. La película se apoya en diálogos naturales y un ritmo ágil que hace avanzar la historia.

Pepa San Martín, tras realizar varios cortos, debutó como directora de largometrajes con esta cinta que tuvo muy buena acogida en los festivales internacionales en los que se proyectó. En 2016, Rara ganó el Premio a la Mejor Película Latinoamericana en el Festival de San Sebastián.

Un hogar seguro para la juventud LGBTIQ+ en Albania

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

 

El 20 de enero de 1995, tras la presión internacional del Consejo de Europa y de ILGA Europe (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas), el Parlamento albanés despenalizó las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo.

La Constitución de 1998 amplió la protección de los derechos humanos con una cláusula específica sobre la lucha contra la discriminación, que incluye el género como motivo de no discriminación, y será la Ley de Protección contra la Discriminación, aprobada en 2010, la que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El Código Penal fue modificado en 2013 e incluye la orientación sexual y la identidad de género como circunstancias agravantes en los casos de delitos de odio (artículo 50j).

Legislar a medias, discriminar sin medias tintas.

A pesar de los avances aparentes en relación con la protección de las personas LGBTIQ+, la ley en Albania no permite las uniones entre personas del mismo sexo, y las personas trans que lo desean no pueden acceder al tratamiento hormonal ni cirugías.

A esto se añade que el trato hacia las personas LGBTIQ+ por parte de profesionales de la salud es frecuentemente discriminatorio, según apuntan Informes como Community (Self) Organizing of Transgender Movement in Wester Balkans Region (2021). Las personas trans se enfrentan a menudo a la discriminación o la denegación de la atención sanitaria. El personal médico carece de formación de las identidades trans y, por ello, suelen ser percibidas con sospecha, realidad que se hace aún más compleja para aquellas personas que se han sometido a una cirugía de reasignación de sexo en el extranjero y ahora residen en Albania.

El trato discriminatorio por parte de las instituciones genera que el colectivo LGBTIQ+ tenga un nivel de confianza muy bajo en las mismas. Como resultado, y siguiendo el informe Challenges Faced by the LGBTI Community in Access to the Justice System (2018), de la entidad LGBTIQ+ albanesa Streha, las personas del colectivo se encuentran desinformadas sobre los recursos existentes en el país y no conocen dónde pueden acudir en caso de necesitar ayuda.

Este trato discriminatorio no solo sucede en las instituciones y el sistema sanitario, sino que se trata de una situación generalizada. Según una investigación realizada en 2018, hubo 450 casos de discriminación reportados en un solo año (Informe sobre la situación de la comunidad LGBTI en Albania, Aleanca 2018).

Un estudio del Consejo de Europa en 2021 destacaba que dos tercios de los incidentes de incitación al odio en Albania se dirigían a las personas LGBTIQ+. Así, la encuesta de la entidad LGBTIQ+ Aleanca de este mismo año indicaba que el 79% de las personas encuestadas podría abandonar Albania debido a la discriminación.

Discursos LGBTIQ+fóbicos a viva voz.

Añadidos a la discriminación en los espacios de participación, se encuentran los ataques de odio por parte de grupos religiosos, personajes mediáticos, políticos y ciudadanía general, tanto en la televisión nacional como en redes sociales y el resto de medios de comunicación, que fomentan los estereotipos negativos y prejuicios hacia las personas LGBTIQ+. Estos, a menudo, se acompañan de la idea de que la homosexualidad es una norma social importada de países occidentales. Las entidades LGBTIQ+ indican el fuerte impacto cuando estos mensajes de odio se articulan en las redes sociales, por la inmediatez y la repercusión, lo que va en detrimento de los esfuerzos que las organizaciones hacen de manera cotidiana para sensibilizar a la población.

En junio de 2021, la periodista Blerta Tafani hizo varias declaraciones homófobas en televisión, con afirmaciones como: «Es una gran desgracia [que una persona LGBTIQ+] dé a luz a un niño»; “las personas LGBTI quieren eliminar la palabra madre”; «la vida con dos padres no funciona, la vida con una familia gay se acaba”. Las cuentas de las redes sociales de la activista LGBTIQ+ cofundadora de Aleanca kunder diskriminimit LGBT+» (Alianza contra la discriminación de las personas LGBT+), Xheni Karaj, fueron bloqueadas en su intento de denunciar públicamente estas declaraciones.

En noviembre del mismo año, el fundador de la Coalición para la Familia Tradicional, el pastor Akil Pano, organizó un acto en su iglesia donde la periodista italiana Nausica Della Valle compartió sus experiencias como «ex lesbiana curada» por la Iglesia. Como resultado de este evento, Pano y Della Valle dieron una entrevista en la televisión nacional declarando que la homosexualidad puede ser curada.

Las entidades que trabajan con personas LGBTIQ+ en Albania expresan encontrarse ante un colectivo con mucho estrés y alta incidencia de problemas de salud mental como resultado de la intimidación, las amenazas y discursos de odio generalizados en el país. Esto tiene un impacto añadido en la juventud, en la que observan un mayor aislamiento y una baja autoestima.

La juventud expulsada por la LGBTIQ+fobia.

La juventud LGBTIQ+ es la que enfrenta mayores dificultades. Las entidades cuentan con obstáculos para trabajar con el Ministerio de Educación y no se han producido avances en la inclusión de temas relacionados con los derechos LGBTIQ+ en los planes de estudios. Una investigación de Aleanca kunder diskriminimit LGBT+ con estudiantes de secundaria y personas universitarias LGBTIQ+ indica que el 65% siente inseguridad en la escuela, el 93% ha escuchado insultos LGBTIQ+fóbicos en el Centro Escolar muy a menudo y casi un tercio ha abandonado o cambiado de colegio debido al acoso.

En el mercado laboral, ser joven y LGBTIQ+ ahonda en el desafío de la disidencia sexo genérica para acceder y mantener un empleo. Una encuesta realizada en 2018, indicaba que solo 231 de las 734 personas LGBTIQ+ encuestadas se encontraba trabajando y la mayoría de ellas expresaba temor a ser expuestas, discriminadas y/o despedidas por ser LGBTIQ+, no hablando abiertamente sobre su orientación sexual y/o identidad de género en el entorno laboral (Informe sobre la situación de la comunidad LGBTI en Albania, Aleanca 2018).

Adelajda Alikaj, directora de Streha Center, indica el acceso a la vivienda como una de las principales dificultades que las personas LGBTIQ+ están experimentando en la actualidad. Este impacto corresponde a tres realidades, en primer lugar, la discriminación en el acceso al mercado de la vivienda, especialmente hacia las personas trans, reportando casos de negativa por parte de las personas propietarias a arrendarles por su pertenencia al colectivo LGBTIQ+. En segundo lugar, encontramos la LGBTIQ+fobia, desencadenante de la expulsión del hogar que se ha visto exacerbada a partir de la pandemia de COVID-19 cuando muchas personas LGBTIQ+ tuvieron que permanecer con familias inseguras, expuestas al rechazo y a la violencia. En tercer lugar, la discriminación en ámbitos como el laboral supone una situación de mayor empobrecimiento que limita el acceso a la vivienda; esto se ha visto acrecentado por la situación económica actual y el aumento en los precios de los alquileres.

Adelajda, quien lleva más de tres años en la entidad y es activista por los derechos del colectivo, destaca que “el primer gran problema que enfrentan las personas LGBTI+ en Albania es la marginación y la exclusión social en casi todas las áreas de la vida; el segundo gran problema son los estereotipos negativos de las personas LGBTI+ por parte de la sociedad albanesa en general”. La directora de Streha ha formado parte este año de Defenders´ Days, una de las mayores conferencias del mundo en la que se encuentran cada dos años 200 defensores de los derechos humanos de los cinco continentes. En su experiencia, la lucha por los derechos LGBTIQ+ en el país sigue siendo un asunto casi exclusivo de la disidencia sexo-genérica y las entidades del colectivo, sintiendo una ausencia de apoyos ante situaciones como las agresiones LGBTIQ+fóbicas.

Streha, construyendo hogares seguros para la juventud LGBTIQ+.

Streha es la entidad LGBTIQ+ que gestiona el primer y único centro residencial para jóvenes LGBTIQ+ sin hogar en Albania y en la región de los Balcanes. Una organización de base con sede en Tirana que prioriza la vivienda segura y trabaja para empoderar a la comunidad LGBTIQ+ proporcionando apoyo de emergencia, refugio, asistencia legal, asistencia médica y psicológica, ayuda en el empleo y apoyo en la cobertura del alquiler.

El Centro Streha fue seleccionado en 2020 como una de las 17 mejores prácticas de servicios de vivienda en Europa, y la red IRIS, que conecta a más de 200 organizaciones que prestan servicios sociales en la región de los Balcanes Occidentales, seleccionó a Streha en 2021 como caso de estudio por sus buenas prácticas.

Cuando un único amor (one love) es posible. Los cambios que las personas LGBTIQ+ siguen esperando en Jamaica

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

 

América Latina engloba una región muy amplia y diversa de países ubicados tanto en el norte de América, como en centro América y Caribe y el sur del continente. Esto conforma una realidad muy variada en todos los sentidos, también en la situación de las personas LGBTIQ+, los derechos garantizados para el colectivo y la visión social que determina unas experiencias de vida concretas en cada país.

En esta diversidad entre países encontramos realidades especialmente opuestas entre aquellos firmantes de la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género que, por ende, eliminaron las prohibiciones a la disidencia sexo genérica en sus códigos civiles, y aquellos países en los que las relaciones homosexuales siguen siendo prohibidas con sanciones en su legislación, penas que incluyen desde los 2 años en prisión y la cadena perpetua.

En concreto, son 8 los países de la región que aún penalizan la homosexualidad: Guyana, Granada, Jamaica, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, Barbados, Dominica, San Vicente y Granadinas.

Todos ellos se encuentran en el Caribe (exceptuando La Guyana, en América del Sur). Y en 5 de los 8 la homosexualidad entre hombres es la única penalizada (Guyana, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía). Esto no siempre corresponde a una ausencia de punitivismo social hacia las mujeres sino a una falta explícita de visibilidad, puesto que estas leyes pertenecen a un período en el que la existencia del lesbianismo ni siquiera era considerada.

Cabe destacar que la legislación punitiva y la persecución a la disidencia sexo-genérica se inician con la colonización, trayendo consigo la persecución y castigo de la sodomía, con la instauración incluso de tribunales de la inquisición que penaban con la muerte a los supuestos sodomitas, y la aprobación de leyes que sancionaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchas de estas legislaciones son las que perduran hoy día en los países que continúan sancionando la homosexualidad.

Este es el caso de Jamaica, donde la Ley de Delitos contra la Persona, de la época colonial británica (1864), sanciona las relaciones entre hombres hasta con 10 años de prisión, además de la imposición de trabajos forzados. Se trata del artículo 76 que prohíbe expresamente «el abominable crimen de la sodomía». El artículo 77, por su parte, condena el «intento de sodomía» hasta con 7 años de prisión, y el artículo 79 prohíbe «cualquier acto de escándalo público» entre hombres, en público o en privado, con condenas de hasta dos años de cárcel, con o sin trabajos forzados. El «escándalo público» no es un concepto definido en el código penal del país, pero ha sido interpretado como cualquier indicio de homosexualidad entre adultos varones.

Estas regulaciones se defienden como parte de los valores cristianos del país. Sin embargo, como señala la única organización de derechos LGBTIQ+ en Jamaica, J-FLAG (Foro Jamaiquino de Lesbianas, Pansexuales y Gays), el país no cuenta con legislación respecto a otras realidades sancionables en la Biblia como el adulterio, el cual, al contrario, es elogiado como una muestra de masculinidad en el caso de los hombres.

Todo este imaginario se visibiliza y refuerza a través de la cultura. En este sentido, el reggae y el dancehall, por ejemplo, dan cuenta de algunos artistas y letras que incitan al odio y al asesinato de personas homosexuales. Cantantes jamaicanos internacionalmente conocidos como Sizzla, Capleton o Buju Banton cuentan con canciones explícitas de LGBTIQ+fobia. Este último fue arrestado por formar, supuestamente, parte de un grupo de 12 hombres que entraron en una casa y apalearon a 6 chicos por ser homosexuales.

La incidencia del movimiento LGBTIQ+ ha conseguido que algunos de los conciertos de estos artistas sean cancelados, y varias de estas canciones fueran eliminadas del repertorio, incluso de la discografía y de las listas de reproducción, como es el caso de la canción Boom Bye Bye de Buju Banton retirada de la mayoría de plataformas desde 2019, con letras que invitan a disparar a la cabeza a los homosexuales (o batty bwoy en la jerga jamaicana, nombre despectivo que viene del inglés butt boy o chico del culo).

Aunque el lesbianismo no está tipificado como delito en la legislación jamaicana, los hombres homosexuales no son el único objetivo de este tipo de violencia en Jamaica. Amnistía Internacional ha recibido numerosos reportes de actos de violencia contra mujeres lesbianas, incluidas «violaciones correctivas» y otras formas de violencia sexual. Estas, en ocasiones, se producen cuando una mujer es identificada como “masculina”, evidenciando la violencia explícita también hacia la disidencia de género.

Ejemplo de ello, fue el asesinato de Dwayne Jones en 2013. La chica, de 16 años, acudió a una fiesta de baile en Montego Bay. Cuando los asistentes a la fiesta se dieron cuenta de que era una chica trans, le agredieron en masa hasta dejarla sin vida. Dwayne se encontraba en situación de sinhogarismo desde los 12 años, rechazada por su familia debido a su identidad de género.

El asesinato de Dwayne recibió la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, sirviendo de catalizador para el debate sobre la situación del colectivo LGBTIQ+ en Jamaica. El ministro de Justicia en aquel momento, Mark Golding, condenó la brutalidad de los hechos y pidió a la policía que «no escatimara esfuerzos para llevar a los autores ante la justicia». En el Parque de la Emancipación de Kingston tuvo lugar una pequeña protesta pública contra el asesinato. La policía entrevistó a los testigos; sin embargo, no realizaron ninguna detención ni identificaron a ningún posible sospechoso.

Varios organismos internacionales se han pronunciado sobre esta legislación vulneradora de los derechos humanos. En 2005, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución apelando a que Jamaica revocara sus leyes contra la sodomía y combatiera activamente la homofobia. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Jamaica que derogara las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, considerando que las leyes de Jamaica violan el derecho a la intimidad y a la igualdad de protección. El gobierno jamaicano, sin embargo, considera estas intervenciones como una intromisión en la política del país, cuyos valores se encuentran representados en la legislación vigente.

Una encuesta en 2004, indicaba que el 96% de la ciudadanía se oponía a cualquier cambio que pudiera conducir a la legalización de las relaciones homosexuales. En la Encuesta Nacional de 2015 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, elaborada por J-FLAG, apenas existe evolución, solo el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.

La ausencia de estadísticas y la invisibilidad de las personas LGBTIQ+ no facilitan conocer la situación real que se encuentra viviendo el colectivo.

J-FLAG indica que tiene constancia de que 30 hombres fueron asesinados en Jamaica entre 1997 y 2004. Y entre 2009 a 2021 registró más de 600 denuncias de ataques contra personas LGBTIQ+, entre los que se encontraban allanamientos de morada, agresiones físicas y ataques en grupos multitudinarios (turbas).

El papel de los colectivos LGBTIQ+ y las personas activistas es fundamental. J-FLAG se creó en 1998 y desde entonces lucha por reivindicar y garantizar los derechos del colectivo. Ha liderado la celebración del Orgullo en el país desde el 2005, visibilizando y sensibilizando sobre la necesidad de despenalizar la disidencia sexo-genérica.

Su fundador, Brian Williamson, quien se evidenciaba abiertamente como activista LGBTIQ+, fue asesinado en 2004. El periodista Gary Younge para The Guardian recogió el testimonio de Rebecca Schleifer, del Observatorio de los Derechos Humanos, quien al acudir a su cita con Williamson en el domicilio de este, encontró a los agresores festejando el asesinato con insultos y canciones homófobas. A pesar de esto, la policía negó la motivación homófoba del asesinato.

Brian Williamson no ha sido el único activista LGBTIQ+ asesinado en el país. Lenford Steve Harvey, trabajador social involucrado en la lucha contra el VIH-Sida fue asesinado en 2005, concretamente el 1 de diciembre, coincidiendo con el día mundial de la reivindicación de esta causa.

Human Rights Watch presentó el informe Not Safe at Home. Violence and Discrimination against LGBT people in Jamaica (2014), que documenta la violencia generalizada contra las personas LGBTIQ+ en el país. Entre otros aspectos, el informe reporta los resultados de 71 entrevistas a personas LGBTIQ+. Del total, más de la mitad (44) había sido víctima de alguna forma de violencia basada en su orientación sexual o identidad de género, únicamente 19 de ellos había denunciado estos hechos a la policía y solo se tomó declaración en la mitad de los casos.

El Informe The developmental cost of homophobia. The Case of Jamaica (2016), con una encuesta basada en 316 personas entrevistadas, indicaba que en los cinco años anteriores a la encuesta, el 32% de las personas entrevistadas había sido amenazada con ser agredida físicamente, mientras que el 12% había sido agredida. El 23,7% había recibido amenazas con violencia sexual, y el 19% había sufrido agresiones sexuales. Solo el 59% había denunciado estos hechos. El 41% que no lo hizo, sentía vergüenza, temor, le restaba importancia a lo sucedido o desconfiaba de la actuación de la policía y de las posibles represalias.

Tanto esta encuesta como las anteriores, deben enmarcarse en un contexto en el que la visibilidad de las personas LGBTIQ+ está fuertemente condicionada, lo que impacta en la exposición a la violencia. En la encuesta anterior, por ejemplo, el 38% no era visible en el trabajo o en la Universidad, y el 42% no había salido del armario con ningún miembro de la familia. Esta cifra se ve aumentada en otros contextos: frente al personal médico (55%), sus superiores de trabajo (60%), las organizaciones religiosas (63%) y el vecindario (68%).

A nivel institucional y legislativo, en 2011 se introdujeron algunos avances. El gobierno jamaicano aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero ello no trajo consigo ninguna garantía de no discriminación al colectivo LGBTIQ+, a pesar de las reclamaciones internacionales y de parte de la ciudadanía jamaicana.

El único acercamiento a este respecto ha sido la creación del Formulario de Evaluación de la Atribución de la Violencia, desarrollado por el Ministerio de Seguridad. En él se menciona específicamente el «delito de odio» como causa de los delitos violentos y se enumera la «orientación sexual e identidad de género» como una de las posibles motivaciones. En estos casos, se exige que la policía lleve a cabo evaluaciones inmediatas para determinar si realmente se ha producido un delito de odio. Sin embargo, este concepto no ha sido definido, lo que genera una articulación confusa en la práctica para corroborar los hechos.

En febrero de 2021, la Comisión Internacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica, estudiando las peticiones de dos personas del colectivo LGBTIQ+ jamaicanas que exponían que, al criminalizar la homosexualidad, el país estaba violando la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe concluyó en la responsabilidad del gobierno de las violaciones de derechos reportadas. Aunque no ha supuesto cambios legislativos, ha reforzado los discursos que apoyan la derogación de la penalización de la homosexualidad, la dificultad para ello es la alianza visible con miembros influyentes y agentes de la política, puesto que la mayoría no quiere exponerse a los grupos y ciudadanía que se opone a la derogación de estas leyes.

Tras más de 20 años de incidencia y activismo de la entidad J-FLAG y de la lucha de las personas del colectivo, en la actualidad se observa una mayor tolerancia y una mayor interacción con la comunidad LGBTIQ+, lo que impacta en la construcción de una ciudadanía más segura y una atención más adecuada en todas las áreas de la vida. En particular, J-FLAG ha conseguido formar a más de 500 personas trabajadoras del área sanitaria, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Salud del país, con el deseo de que este sea uno de los muchos avances que consigan despenalizar al colectivo y garantizar a las personas LGBTIQ+ una vida libre de miedo.

 

Rainbow pride flag flying in the daytime breeze. Original public domain image from Wikimedia Commons

Nuestra venganza será ser felices

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

“Perder el norte” es desorientarse, carecer de razón y buen juicio, incluso tentar a nuestra cordura. Como una estrella polar, el norte es la guía, el modelo con el que compararse, el espejo en el que mirarse y el deseo continuo que construir. El lugar racional. Así, los modelos ideales de bienestar son los de aquellos países más al norte del mundo, cuanta más nieve más sociedad ideal. Cuanto más blanco, más deseable. Y el norte, como modelo del mundo, también lo acaba siendo de nuestro activismo. Pero ¿qué significa perder el sur?

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Letra S es una organización civil mexicana sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y de quienes viven con VIH, a través, entre otras actividades, de la elaboración y difusión de información sobre temas relacionados con la Salud, Sexualidad y la Sociedad. Su último informe de Muertes violentas de personas LGBT+ en México (2021), reportó 78 muertes violentas, de las cuales 55 eran mujeres trans.

México, en concreto, es el segundo país del mundo donde se registran los números más altos de asesinatos a la población trans, según los últimos datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (de la Asociación Transrespect Versus Transphobia, Wordlwide), que analiza los datos registrados a nivel mundial desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Encabeza la lista Brasil con 125, y se encuentra en tercer lugar Estados Unidos con 53. Este «ranking» tiene matices si pensamos en aquellos países donde incluso no existen registros.

Paola Buenrostro fue asesinada en Ciudad de México el 30 de septiembre de 2016 en el contexto de su ejercicio como trabajadora sexual, cuando un cliente le disparó en su coche tras descubrir que era una mujer trans. Los hechos fueron escuchados y presenciados por su compañera Kenya Cuevas, a quien también apuntó con el arma que quedó encasquillada. El sujeto fue detenido minutos después de los hechos, con el arma y el cadáver de Paola en su vehículo, pero fue puesto en libertad dos días después con el argumento de una supuesta ausencia de personas que hubieran atestiguado los hechos. A esto se le sucedió la negativa de la entrega del cuerpo de Paola a Kenia, tras rechazar su familia sanguínea la reclamación del mismo.

Estas serían las primeras de una multitud de irregularidades por parte de las diferentes instituciones y de la Fiscalía, pero también supondrían el comienzo de una lucha por la justicia que vio su inicio en la redirección de la marcha del coche fúnebre de Paola al lugar de su asesinato y el homenaje de sus compañeras en el mismo lugar en el que le fue arrebatada la vida. En palabras de Kenya Cuevas en el Comunicado del 4o aniversario del transfeminicidio de Paola:

«Desde aquel día 30 de septiembre de 2016 las mujeres trans comenzamos a existir y ahora lo que nos queda por delante es recuperar nuestros derechos y ocupar el lugar que nos corresponde. Conquistar nuestra feminidad para luego destruirla si así lo deseamos, reinventarnos en ella y romper los esquemas de dominación machista y los estereotipos. Ahora, lo que nos queda por delante es consumar nuestra venganza y ser felices».

A partir del transfeminicidio de Paola, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes fundó el 2 de abril de 2018 la Casa de las Muñecas Tiresias, una asociación civil resultado del activismo y la lucha política, que tiene como objetivo el apoyo integral a las mujeres trans en México. Ante las necesidades de las mujeres (que se vieron exacerbadas por la situación derivada del Covid-19), en enero de 2020 inauguraron la Casa Hogar Paola Buenrostro, primer Centro de acogida dirigido en exclusiva a las mujeres trans en situación de sinhogarismo en America Latina. El 14 de febrero de 2022 pudo abrirse un segundo albergue. Casa Hogar Catherine Danielle Márquez se sitúa en Morelos, el estado mexicano que reportó más crímenes por LGBTIQ+fobia el pasado año.

Desde el asesinato de Paola, Kenia Cuevas fue trasladando todas las irregularidades del caso a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que tras su estudio emitió una Recomendación (02/2019) por la «falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio» al considerarse que la Procuraduría General de Justicia había violado los derechos de Paola por el trato en masculino, la ausencia de comprensión del asesinato en el marco de la transfobia, la puesta en libertad del presunto asesino habiendo presentado evidencias y la ausencia de protección y reparación hacia Kenya como testigo de los hechos.

Esta Recomendación fue aceptada, suponiendo, por tanto, el reconocimiento por primera vez de un transfeminicidio por parte del gobierno mexicano, generando, además, un compromiso para adoptar medidas específicas hacia el caso: plan integral de reparación para Kenya, el reconocimiento y la disculpa de lo sucedido, y actuaciones generales de protección para la comunidad LGBTIQ+ (garantías de no repetición, modificaciones en los protocolos y marcos de actuación, así como la creación de un protocolo específico para los transfeminicidios).

El único compromiso cumplido fue el de la disculpa pública por parte de la Fiscalía de México, emitiéndose esta en 2021, en el quinto aniversario del asesinato de Paola y dos años después de la Recomendación.

Tras esta disculpa pública, uno de los diputados del gobierno mexicano presentó la Ley Paola Buenrostro, elaborada con el apoyo de Kenya Cuevas y otras activistas. El objetivo de esta propuesta de ley es el de incluir el delito de transfeminicidio en el artículo 69 del Código penal de la Ciudad de México (penas de cárcel de 35 a 70 años y aspectos determinantes como el tratamiento adecuado del nombre y pronombre de la víctima o entrega del cuerpo a la familia afecta cuando la familia sanguínea rechace su recogida). Esta ley aún no ha sido dictaminada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pero puede ser un nuevo precedente en esta lucha por la justicia, en el objetivo de conseguir la felicidad de las mujeres trans como acto de venganza.

 

De la formación de la identidad de género y sexual al debate político sobre los derechos trans

Por Nieves Gascón, (@nigasniluznina), la cuentista de nuestro refugio

 

Un día, el pequeño Dragan, cuando vivía todavía en Budapest, se puso un vestido de su hermana Tamara. La niña se rio tanto que estuvo a punto de hacerse pis en las bragas, y le decía insistentemente <¡Qué guapa, qué guapa estás!> . Cuando su padre se enteró, se puso furioso y castigó a su hijo. Le había advertido de que esos juegos eran perversos y de lo inadecuado de esa dudosa inclinación hacia la cual se había dejado arrastrar.

El país de los otros, Leila Slimani (P.303, 2021)

 

Comenzamos en esta ocasión con esta cita de un libro fascinante que nada tiene que ver con nuestra estantería LGTBIQ+, pero que nos abre la puerta para recomendar un precioso álbum ilustrado: La falda morada de Leo, de Irma Borges y Francesco Fragnani, publicado en 2022 por Nube Ocho y ganador de la VII Edición del Premio de Literatura Infantil Narrativa Equality, de la asociación italiana Woman to be.

Esta publicación de gran tamaño, cuadrada y tapa dura con grandes y coloridas ilustraciones, narra la historia de Leo, un niño al que le encanta de entre toda la ropa de su baúl de disfraces, una larga falda morada con la que puede ser cualquier personaje de fantasía. Tanto es así, que decide salir a la calle con la falda, pero tras el comentario de una señora, se da cuenta de que el uso de faldas se identifica sistemáticamente con las niñas.

Gracias a su padre y su madre, descubre que en otras sociedades y culturas, hay hombres que utilizan faldas de forma habitual. También descubre que en la historia hubo mujeres que transgredieron los usos y costumbres, sobre todo las estrictas normas del saber estar, utilizando pantalones. Leo se da cuenta de que puede transgredir con su estupenda falda morada y decide llevarla puesta para ir al colegio, consciente de que rompe con las normas de género.

Con este relato sencillo descubrimos a los niños, niñas y niñes, de a partir de cinco o seis años que existen normas sociales para la identidad de género y de lo que puede suceder cuando no nos ceñimos a ellas, pero también y lo más importante, conocen la libertad y el derecho de decidir sobre la propia imagen e identidad. Este derecho está por encima de los rumores, miradas, comentarios y usos de mira estrecha que no responden actualmente a nada más que al empeño del control social sobre nuestra sexualidad e imagen, cuestión absolutamente personal.

Y de esta publicación pasemos a otra recomendación para adolescentes: Heartstopper, Dos chicos juntos, de Alice Hoseman, publicado por la Editorial Planeta en 2020, comic de Reino Unido y de estilo manga que inspira una serie recientemente estrenada en Netflix. Esta historia de amor romántico adolescente, está obteniendo un gran éxito. Lo realmente significativo es que nos relata una historia de amor entre dos chicos, y que cuenta con personajes no binarios, con los que se pueden identificar todos los chicos, chiques y chicas del mundo. A diferencia de otros argumentos de series norteamericanas de consumo adolescente, esta es más entretenida, adictiva y conmovedora, si me apuran. Marca también esta diferencia, en mi modesta opinión, que es inglesa y escrita por una mujer joven que conoce perfectamente la psicología adolescente. Aunque tengamos ya una serie, no se pierdan el cómic, manga no japonés pero original, en monocromático blanco y negro en su interior, con vistosos vuelos de hojas otoñales, de fácil lectura y muy dinámico en el transcurso de la trama. Además hay cuatro cómics publicados y de la serie sólo hay una primera parte (toca esperar a posibles y posteriores entregas).

Tras esta recomendación, pongámonos más formales y permítanme hacer una tercera sugerencia de lectura para más adultos, adultas y adultes: La batalla trans, de Raúl Solís, editado por Bellaterra en 2022. El verano nos permite mucho tiempo para leer e informarnos. En tono de reflexión necesitamos saber más y mejor sobre el consabido debate de los derechos trans puestos en jaque por el feminismo institucional.

En este sentido, el autor nos cuenta con todo lujo de detalles sobre el conflicto que surge en torno al proyecto de ley del Gobierno para la aprobación de una nueva norma que favorece y reconoce, en gran medida, derechos a las personas trans. Lo sorprendente es que en el ámbito autonómico, estos derechos se han visto anteriormente más reconocidos, que no en su totalidad, y no se generó ningún debate como el actual.

Este ensayo es un obra necesaria y un trabajo riguroso, que pone en jaque a figuras relevantes del feminismo institucional de nuestro escenario político, sobre todo cuestionando aquellos argumentos que las han posicionado de la mano de los líderes del partido más conservador y fascista en el Parlamento, de cuyo nombre no deseo mencionar en esta líneas, para no darle espacio ni relevancia.

Cabe decir que Raúl Solis es valiente y exhaustivo, argumenta cada una de sus reflexiones de forma contrastada y objetiva. No obstante hay algún detalle sobre el que pensar después de esta lectura, e incluso discrepar, pero en general resulta una información referencial para no perder el hilo del debate político en relación a los derechos humanos de las personas trans, más teniendo en cuenta como éstos se ven amenazados por intereses partidistas e institucionales, que nada tienen que ver con la demanda social y el sentir del feminismo más actual (equidistante del institucional). Recordemos que el feminismo se ha transformado desde el 8 de marzo de 2018, ha conectado con todos los grupos sociales y edades, hasta el punto de removernos culturalmente. Esto no es una amenaza, aunque así lo sientan quien lo utilice privativamente, sino supone una transformación más democrática e ideológicamente envolvente. Disfrutemos de este cambio y apoyemos a todas las mujeres, por supuesto a las mujeres trans, porque el activismo feminista ha sido y es la lucha por la igualdad de género, pero sobre todo supone el apoyo a las mujeres en situación de mayor desventaja legal, política, económica y social.

Y no se olviden de disfrutar leyendo en lo que escasamente nos queda de descanso estival.

¡Hasta pronto!

Una ley Trans para todas. El momento es ahora

Samir Bargachi, director de @KifKif

 

En torno a las 14 horas de este lunes 27 de junio, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la esperada “Ley Trans”, la cual iniciará el proceso de trámite parlamentario para su definitiva aprobación.

Muy largo ha sido el camino que ha recorrido esta ley, primero como anteproyecto de Ley Trans y finalmente como “Ley para la Igualdad real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI”.

Desde las organizaciones y colectivos LGTBI siempre hemos subrayado que las personas trans necesitaban de una ley propia que reconociera su idiosincrasia, elementos exclusivos que afectan de forma particular a las personas trans, su identidad y cuestiones vinculadas a su sexo-género, a su salud, a su precariedad laboral, a su estigmatización y a lo que significa tener vidas dignas.

Lo que tenemos delante es una ley que, si bien da marco legal a nivel nacional a estas cuestiones previas, pasa de puntillas e incluso no reconoce derechos imprescindibles para el colectivo.
Por ejemplo, el tratamiento descafeinado que se hace de la infancia trans, excluyendo a menores de 12 años, y entre 12 y 14 años mediante procedimiento judicial largo y tedioso. Además, se incluyen procesos de reflexión de tres meses y de reversibilidad de seis. Ya sabemos cómo funcionan los periodos de reflexión; lo hemos visto con leyes como la del aborto: un coladero propagandístico para entidades antiabortistas que no hacen sino que la persona afectada aumente su ansiedad y su sensación de señalamiento y estigmatización. Proteger a la infancia trans es acompañarla desde el ámbito institucional, social y educativo en su proceso y en su decisión, evitando paternalismos innecesarios.

¿Y qué no incluye esta “Ley Trans”? Según el anteproyecto que conocemos, las personas no binarias -ni se mencionan- y las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional estarían fuera del marco.

En relación a las personas trans migrantes, el articulado ordena a las Administraciones Públicas que habiliten procedimientos a través de los cuales, las personas extranjeras sin residencia legal en España que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y nombre en su país de origen, puedan interesar dicha rectificación. En otras palabras, hablamos del hecho de exigir a las personas trans migrantes documentos relacionados con su identidad de género desde el país de origen.

Esto significa que las personas trans migrantes deben demostrar que han iniciado un trámite relativo al cambio de su identidad de género en sus países de origen, una realidad que no se produce en la mayoría de casos por la legislación existente, la cual persigue o no reconoce a este colectivo. Y esto, ¿qué quiere decir? Que en la práctica, el 99 % de las personas trans migrantes en nuestro país no podrán tener reconocida su identidad de género en los documentos oficiales españoles.

¿Cómo van a acreditar que quieren cambiar su género con documentos de sus países si huyeron de allí por ese mismo motivo? Así pues, este requisito no sólo es inaceptable, sino que es una barrera más para estas personas que ya tienen suficientes dificultades en su proceso migratorio o de protección internacional. Debemos asegurarnos que en los trámites y documentos se reconozca su identidad de género en las mismas condiciones que a los nacionales españoles.

Si se aprueba esta ley sin las personas trans migrantes se consolidará lo que se viene gestando desde hace tiempo: el nacimiento de dos comunidades LGTBI desligadas; una de primera clase, con derechos, y otra, la de los márgenes.

 

Pulsa en la imagen para acceder al vídeo

 

Es por ello por lo que no cabe felicitarse por esta Ley Trans, ni siquiera hacer un ejercicio de autocomplacencia, cuando esta ley deja vidas fuera: las de las personas no binarias y las de las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Las excusas de “es una ley de mínimos”, “se podrá mejorar más adelante”, no tienen cabida cuando se deja fuera a las personas que siempre están en el último escalafón del sistema. Estas personas no pueden esperar más, ahora es su momento. Toca a las administraciones ejercer políticas valientes que nos pongan en el centro con una Ley Trans de la que enorgullecernos y hagan izar la bandera común de la justicia social; en definitiva, una ley trans para todas.

Consulta más sobre este tema en los siguientes enlaces:

Kif Kif

@KifKif_iguales

Los invertidos. Verdad, justicia y reparación para gais y transexuales bajo la dictadura franquista.

Geoffroy Huard publica Los invertidos. Verdad, justicia y reparación para gais y transexuales bajo la dictadura franquistacon Icaria.

En 2019, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau, se querelló contra el régimen franquista por crímenes de lesa humanidad contra las personas LGBT. Este libro reelabora y amplía el informe que redactó el historiador Geoffroy Huard para acompañar la querella. Muestra, gracias a los archivos de los juzgados de vagos y maleantes y de peligrosidad y rehabilitación social, que «invertidos» y «homosexuales» eran categorías utilizadas por las autoridades franquistas como una especie de cajón de sastre en el que cabía cualquier desviación sexual y sobre todo de género (afeminado, travesti, transexual, prostitutx, etc.). Lo que más se tomaba en cuenta era sobre todo la inversión de género, en especial de personas de las clases populares, quienes fueron las únicas condenadas durante toda la dictadura.

Los invertidos reconstruye ese sesgo clasista, así como la sociabilidad de los homosexuales y transexuales de las clases populares durante el franquismo. Trata de entender por qué huían a grandes capitales como Madrid y Barcelona, qué hacían una vez allí, cómo y de qué vivían, cuáles eran los vínculos con el mundo del espectáculo y cómo luchaban contra las autoridades judiciales y médicas a pesar de la represión. Demuestra, así, que la lucha no empezó en los años setenta con los movimientos de liberación sexual. Existió antes, pero bajo otras formas, hoy casi olvidadas. Este libro se propone, gracias a fuentes novedosas, recuperar esa memoria y homenajear a las personas represaliadas.

Puedes leer el índice y la introducción del libro en este enlace. 

 

Los largos tentáculos de la represión de las disidencias sexuales

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

Candela García fue detenida y encarcelada en Barcelona en los años sesenta por realizar “ademanes de homosexualidad”. Cuando presentó su solicitud para acogerse a los beneficios previstos para las víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobados durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, vio como se la rechazaban, ya que a ella no se le aplicó la Ley de Vagos, vigente en ese momento, sino el artículo de escándalo público previsto en el Código Penal. A pesar de ser detenida y torturada por homosexualidad, a ojos de la legislación actual, no fue víctima del franquismo.

Uno de los errores que hemos cometido desde el activismo LGTBI ha sido no comprender que la represión de las disidencias sexuales (en el pasado y en el presente) tiene un componente sistémico, más allá de tal o cual circunstancia. Y esto viene ocurriendo tanto en las investigaciones históricas sobre la represión durante el franquismo como en las estrategias destinadas a superar muchos de los obstáculos a los que nos enfrentamos.

Cuando estudiamos la represión franquista de las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales, trans e intersex, solemos fijarnos en determinadas leyes, como la de Vagos y Maleantes y su sucesora, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta mirada reduccionista nos ha llevado a no observar otras vías por la que el régimen de la Dictadura perseguía la homosexualidad y la transexualidad, como determinados artículos del Código Penal (como el de escándalo público o la diferencia de edad de consentimiento para relaciones homosexuales y heterosexuales) e incluso las actuaciones de los Tribunales de Honor. Pero aun teniendo en cuenta estas normas, seguiremos sin comprender la dimensión real de la persecución.

Y es que debemos partir del hecho (no privativo de la dictadura franquista) del carácter cisendoheteronormativo del sistema que automáticamente expulsaba a las márgenes todas aquellas realidades y comportamientos que no se ajustan a la norma.

Es decir, que la represión franquista no se puede explicar exclusivamente a través de las leyes sino del complejo proceso legal y social (médico, educativo, laboral, deportivo, etc.) que hacía que las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersex sufrieran la exclusión, la persecución y, por último, la represión, ya fuese física (terapias y mutilaciones), social (sistema educativo, sanitario, laboral, religioso, etc.) o penal (encarcelamiento, destierros, etc.)

Y esta mirada sistémica debemos extenderla al presente. Cuando en los 70 se luchó por la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, nadie parecía darse cuenta que en los 80 sería el artículo de escándalo público el que nos persiguiera. Cuando se luchó, y consiguió, modificar el Código Civil para permitir el matrimonio igualitario de forma que se evitara cualquier aplicación discriminatoria, no nos imaginábamos que, a la hora de registrar conjuntamente a un bebé por parte de las parejas de hecho de mujeres, se les exigiese estar casadas, requisito no exigible a las parejas de hecho integradas por un hombre y una mujer. O que cuando una mujer o una pareja de un hombre y una mujer van al registro civil consular para registrar a un bebé, nadie pregunta si han sido progenitores por gestación por subrogación, cosa que sí se exige a un hombre solo o a una pareja de hombres.

Debemos aceptar que, tanto ayer como hoy, cualquier interpretación de las normas legales y sociales se hará desde una perspectiva cisendoheteronormativa, que nuestra orientación, nuestra identidad o nuestra corporalidad será analizada y valorada dentro de lo correcto/incorrecto, lo deseable/indeseable, y lo beneficioso/perjudicial. Es decir, no se nos enjuiciará por lo que hacemos, sino por lo que somos.

Por eso no deja de sorprender la convicción de aquellas personas LGTBI que sostienen que ellas no han sufrido ninguna discriminación por su orientación, su identidad o su corporalidad.

Pero nada más lejos de mi intención el promover desde el activismo cualquier tipo de victimismo. Como pedía Séneca a Helvia, no deseemos para nosotros el más despreciable de los méritos, el parecer los más desgraciados.

Pero sí asumir el carácter sistémico de la represión y la discriminación, saber que cuando investigamos el pasado, o luchamos contra una norma, ya sea social o legal, nos enfrentamos solo a uno de los muchos tentáculos de la cisendoheteronormatividad, cuya denuncia y superación debe ser el objetivo final de nuestra lucha.