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Nuestra venganza será ser felices

Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial

“Perder el norte” es desorientarse, carecer de razón y buen juicio, incluso tentar a nuestra cordura. Como una estrella polar, el norte es la guía, el modelo con el que compararse, el espejo en el que mirarse y el deseo continuo que construir. El lugar racional. Así, los modelos ideales de bienestar son los de aquellos países más al norte del mundo, cuanta más nieve más sociedad ideal. Cuanto más blanco, más deseable. Y el norte, como modelo del mundo, también lo acaba siendo de nuestro activismo. Pero ¿qué significa perder el sur?

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Letra S es una organización civil mexicana sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y de quienes viven con VIH, a través, entre otras actividades, de la elaboración y difusión de información sobre temas relacionados con la Salud, Sexualidad y la Sociedad. Su último informe de Muertes violentas de personas LGBT+ en México (2021), reportó 78 muertes violentas, de las cuales 55 eran mujeres trans.

México, en concreto, es el segundo país del mundo donde se registran los números más altos de asesinatos a la población trans, según los últimos datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (de la Asociación Transrespect Versus Transphobia, Wordlwide), que analiza los datos registrados a nivel mundial desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. Encabeza la lista Brasil con 125, y se encuentra en tercer lugar Estados Unidos con 53. Este «ranking» tiene matices si pensamos en aquellos países donde incluso no existen registros.

Paola Buenrostro fue asesinada en Ciudad de México el 30 de septiembre de 2016 en el contexto de su ejercicio como trabajadora sexual, cuando un cliente le disparó en su coche tras descubrir que era una mujer trans. Los hechos fueron escuchados y presenciados por su compañera Kenya Cuevas, a quien también apuntó con el arma que quedó encasquillada. El sujeto fue detenido minutos después de los hechos, con el arma y el cadáver de Paola en su vehículo, pero fue puesto en libertad dos días después con el argumento de una supuesta ausencia de personas que hubieran atestiguado los hechos. A esto se le sucedió la negativa de la entrega del cuerpo de Paola a Kenia, tras rechazar su familia sanguínea la reclamación del mismo.

Estas serían las primeras de una multitud de irregularidades por parte de las diferentes instituciones y de la Fiscalía, pero también supondrían el comienzo de una lucha por la justicia que vio su inicio en la redirección de la marcha del coche fúnebre de Paola al lugar de su asesinato y el homenaje de sus compañeras en el mismo lugar en el que le fue arrebatada la vida. En palabras de Kenya Cuevas en el Comunicado del 4o aniversario del transfeminicidio de Paola:

«Desde aquel día 30 de septiembre de 2016 las mujeres trans comenzamos a existir y ahora lo que nos queda por delante es recuperar nuestros derechos y ocupar el lugar que nos corresponde. Conquistar nuestra feminidad para luego destruirla si así lo deseamos, reinventarnos en ella y romper los esquemas de dominación machista y los estereotipos. Ahora, lo que nos queda por delante es consumar nuestra venganza y ser felices».

A partir del transfeminicidio de Paola, Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes fundó el 2 de abril de 2018 la Casa de las Muñecas Tiresias, una asociación civil resultado del activismo y la lucha política, que tiene como objetivo el apoyo integral a las mujeres trans en México. Ante las necesidades de las mujeres (que se vieron exacerbadas por la situación derivada del Covid-19), en enero de 2020 inauguraron la Casa Hogar Paola Buenrostro, primer Centro de acogida dirigido en exclusiva a las mujeres trans en situación de sinhogarismo en America Latina. El 14 de febrero de 2022 pudo abrirse un segundo albergue. Casa Hogar Catherine Danielle Márquez se sitúa en Morelos, el estado mexicano que reportó más crímenes por LGBTIQ+fobia el pasado año.

Desde el asesinato de Paola, Kenia Cuevas fue trasladando todas las irregularidades del caso a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que tras su estudio emitió una Recomendación (02/2019) por la «falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio» al considerarse que la Procuraduría General de Justicia había violado los derechos de Paola por el trato en masculino, la ausencia de comprensión del asesinato en el marco de la transfobia, la puesta en libertad del presunto asesino habiendo presentado evidencias y la ausencia de protección y reparación hacia Kenya como testigo de los hechos.

Esta Recomendación fue aceptada, suponiendo, por tanto, el reconocimiento por primera vez de un transfeminicidio por parte del gobierno mexicano, generando, además, un compromiso para adoptar medidas específicas hacia el caso: plan integral de reparación para Kenya, el reconocimiento y la disculpa de lo sucedido, y actuaciones generales de protección para la comunidad LGBTIQ+ (garantías de no repetición, modificaciones en los protocolos y marcos de actuación, así como la creación de un protocolo específico para los transfeminicidios).

El único compromiso cumplido fue el de la disculpa pública por parte de la Fiscalía de México, emitiéndose esta en 2021, en el quinto aniversario del asesinato de Paola y dos años después de la Recomendación.

Tras esta disculpa pública, uno de los diputados del gobierno mexicano presentó la Ley Paola Buenrostro, elaborada con el apoyo de Kenya Cuevas y otras activistas. El objetivo de esta propuesta de ley es el de incluir el delito de transfeminicidio en el artículo 69 del Código penal de la Ciudad de México (penas de cárcel de 35 a 70 años y aspectos determinantes como el tratamiento adecuado del nombre y pronombre de la víctima o entrega del cuerpo a la familia afecta cuando la familia sanguínea rechace su recogida). Esta ley aún no ha sido dictaminada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pero puede ser un nuevo precedente en esta lucha por la justicia, en el objetivo de conseguir la felicidad de las mujeres trans como acto de venganza.

 

Los largos tentáculos de la represión de las disidencias sexuales

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

Candela García fue detenida y encarcelada en Barcelona en los años sesenta por realizar “ademanes de homosexualidad”. Cuando presentó su solicitud para acogerse a los beneficios previstos para las víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobados durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, vio como se la rechazaban, ya que a ella no se le aplicó la Ley de Vagos, vigente en ese momento, sino el artículo de escándalo público previsto en el Código Penal. A pesar de ser detenida y torturada por homosexualidad, a ojos de la legislación actual, no fue víctima del franquismo.

Uno de los errores que hemos cometido desde el activismo LGTBI ha sido no comprender que la represión de las disidencias sexuales (en el pasado y en el presente) tiene un componente sistémico, más allá de tal o cual circunstancia. Y esto viene ocurriendo tanto en las investigaciones históricas sobre la represión durante el franquismo como en las estrategias destinadas a superar muchos de los obstáculos a los que nos enfrentamos.

Cuando estudiamos la represión franquista de las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales, trans e intersex, solemos fijarnos en determinadas leyes, como la de Vagos y Maleantes y su sucesora, la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta mirada reduccionista nos ha llevado a no observar otras vías por la que el régimen de la Dictadura perseguía la homosexualidad y la transexualidad, como determinados artículos del Código Penal (como el de escándalo público o la diferencia de edad de consentimiento para relaciones homosexuales y heterosexuales) e incluso las actuaciones de los Tribunales de Honor. Pero aun teniendo en cuenta estas normas, seguiremos sin comprender la dimensión real de la persecución.

Y es que debemos partir del hecho (no privativo de la dictadura franquista) del carácter cisendoheteronormativo del sistema que automáticamente expulsaba a las márgenes todas aquellas realidades y comportamientos que no se ajustan a la norma.

Es decir, que la represión franquista no se puede explicar exclusivamente a través de las leyes sino del complejo proceso legal y social (médico, educativo, laboral, deportivo, etc.) que hacía que las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersex sufrieran la exclusión, la persecución y, por último, la represión, ya fuese física (terapias y mutilaciones), social (sistema educativo, sanitario, laboral, religioso, etc.) o penal (encarcelamiento, destierros, etc.)

Y esta mirada sistémica debemos extenderla al presente. Cuando en los 70 se luchó por la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, nadie parecía darse cuenta que en los 80 sería el artículo de escándalo público el que nos persiguiera. Cuando se luchó, y consiguió, modificar el Código Civil para permitir el matrimonio igualitario de forma que se evitara cualquier aplicación discriminatoria, no nos imaginábamos que, a la hora de registrar conjuntamente a un bebé por parte de las parejas de hecho de mujeres, se les exigiese estar casadas, requisito no exigible a las parejas de hecho integradas por un hombre y una mujer. O que cuando una mujer o una pareja de un hombre y una mujer van al registro civil consular para registrar a un bebé, nadie pregunta si han sido progenitores por gestación por subrogación, cosa que sí se exige a un hombre solo o a una pareja de hombres.

Debemos aceptar que, tanto ayer como hoy, cualquier interpretación de las normas legales y sociales se hará desde una perspectiva cisendoheteronormativa, que nuestra orientación, nuestra identidad o nuestra corporalidad será analizada y valorada dentro de lo correcto/incorrecto, lo deseable/indeseable, y lo beneficioso/perjudicial. Es decir, no se nos enjuiciará por lo que hacemos, sino por lo que somos.

Por eso no deja de sorprender la convicción de aquellas personas LGTBI que sostienen que ellas no han sufrido ninguna discriminación por su orientación, su identidad o su corporalidad.

Pero nada más lejos de mi intención el promover desde el activismo cualquier tipo de victimismo. Como pedía Séneca a Helvia, no deseemos para nosotros el más despreciable de los méritos, el parecer los más desgraciados.

Pero sí asumir el carácter sistémico de la represión y la discriminación, saber que cuando investigamos el pasado, o luchamos contra una norma, ya sea social o legal, nos enfrentamos solo a uno de los muchos tentáculos de la cisendoheteronormatividad, cuya denuncia y superación debe ser el objetivo final de nuestra lucha.

 

¿Estará dispuesto Casado a derogar el matrimonio igualitario para ser presidente con el apoyo de Vox?

Pablo Morterero (@pabloMorterero)

 

En España, centenares de miles de personas LGTBI estamos expectantes a la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la anunciada presentación de una propuesta de Ley en la Asamblea de Madrid, por parte de Vox, para derogar las leyes autonómicas LGTBI y trans.

Vox nunca ha ocultado que una parte fundamental de su proyecto radical es acabar con algunos derechos humanos que hemos conseguido en los últimos años, no solo en el campo de la orientación y la identidad sino también en el campo del género. Por eso, no ha sido una sorpresa el anuncio de la formación radical de ultraderecha, pero sí ha generado preocupación el momento y el lugar anunciado para presentar la propuesta de Ley.

La presidenta de la Comunidad de Madrid nunca ha ocultado sentirse cómoda con muchos de los postulados de la formación radical, y ha hecho continuos guiños a su electorado para conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Escorarse tanto a la ultraderecha, ha hecho que la única opción parlamentaria del gobierno de Díaz Ayuso para sacar adelante las leyes en la Asamblea de Madrid sea el concurso de la formación radical de ultraderecha. Hace unos días se formalizó el pacto para los Presupuestos de la Comunidad para 2022, y justamente después, Vox anunció la presentación de la propuesta de Ley.

La deriva de la gran formación política de centro-derecha española hacia una posición radical de ultraderechas es preocupante. Porque cada vez más, se verá condicionada por la formación radical ultraconservadora, que además necesita diferenciar su discurso político respecto a un PP escorado hacia la ultraderecha, radicalizándolo.

Si la señora Diaz Ayuso acepta el envite, y acepta derogar o modificar las leyes trans y LGTBI, no solo salen perjudicadas las personas LGTBI madrileñas y sus familias, sino las de todo el país. Porque fortalecidos por el éxito, el siguiente objetivo serán las leyes del resto de Comunidades Autónomas, y el premio “gordo”: el matrimonio igualitario.

No podemos olvidar que el PP no solo se opuso al matrimonio igualitario en las Cortes Generales si no que también presentó un recurso de inconstitucionalidad, finalmente rechazado por el Alto Tribunal. Y es que la derecha española nunca se ha sentido cómoda con extender la institución matrimonial a las parejas de dos personas del mismo sexo. Porque enfrenta el espíritu liberal existente en la formación de centro derecha, con el neoconservador que ido ganando posiciones en las últimas décadas.

Cada pacto que firma el PP con Vox, es un eslabón más de la cadena que ata a la formación de centro-derecha al programa radical ultraconservador. Tras gobernar comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-León, Madrid o Murcia, y decenas de ayuntamiento, en las próximas elecciones generales, donde presumiblemente el candidato “popular” sería Pablo Casado, cualquier posibilidad para gobernar en minoría pasará inevitablemente por un pacto con el partido de Santiago Abascal.

Y ya sabemos cual será una de las “piezas” que querrá cobrarse el lobby político ultraconservador radical: el matrimonio igualitario. ¿Será capaz Casado de renunciar a gobernar y facilitar un gobierno de centro-izquierda, por no “sacrificar” el matrimonio igualitario?

Por eso es tan importante el éxito de la movilización del próximo 15 de diciembre en diferentes partes de España contra la anunciada petición de derogación de las leyes madrileñas trans y LGTBI. Solo si el PP asume que ceder y sacrificar derechos de las personas LGTBI y sus familias en el altar de la gobernabilidad con Vox supone la pérdida de una parte importante de su electorado más liberal, podemos asegurar que una posible mayoría de centro-derecha en las próximas Cortes Generales no suponga el fin del matrimonio igualitario.

Porque si no, lo que nos queda es rezar. Para aquellos que tengan fe, naturalmente.

 

La vuelta al cole y a la LGTBIFOBIA

Juan Andrés Teno (@jateno_)

 

En sólo unos días toda la población escolar iniciará un nuevo curso lectivo. Parece ser que, debido a la situación de evolución positiva de la pandemia, las clases van a retomar la normalidad que se vivía en los centros educativos tras dos años extraños de ausencias y virtualidad. Esto significaría que se acabaría la educación a distancia y el cuerpo a cuerpo será la novedad de septiembre a junio.
Volverán las criaturas, de 3 a 16 años, a poblar las aulas, los pasillos, los patios y las zonas comunes. En mayor o menor medida volverán los contactos físicos, los abrazos, el mirarse a la cara. Y también lo hará la LGTBIfobia.

Unos de los principios docentes en este país en la educación en valores. Los colegios e institutos no son solo proveedores de conocimientos científicos si no de transmisión de comportamientos democráticos que hagan posible que esta sociedad siga evolucionando y que se haga más amable y respetuosa, especialmente hacia las minorías.

Todavía existe una parte de la ciudadanía, y por ello de madres y padres, que siguen afirmando alegremente que “en la escuela se enseña y que en la casa se educa”. Es inoperante que un docente muestre a su alumnado como sumar, hacer una raíz cuadrada o despejar una ecuación si no transmite también conceptos éticos y de convivencia. Hasta sobran las explicaciones, por que si algo han mantenido las distintas normas que los gobiernos han ido dictando en las últimas décadas ha sido el principio básico de la educación en valores.

Por mucho que nos pese seguimos viviendo en un país machista, racista, adultocéntrico y LGTBIfóbico. Sigue molestando que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, que los inmigrantes sin recursos puedan incorporarse a la sociedad, que se escuche la voz de la infancia y la adolescencia y que las personas LGTBI tengan los mismos derechos que sus coetáneos heterosexuales y cis.

Esta violencia que sufren las personas LGTBI y sus familias empieza a ser asfixiante. Frente a un reciente informe europeo que revela que España es el país europeo con mejor aceptación social a gais, lesbianas, bisexuales y personas trans, en este país se ha constatado un importante crecimiento de la violencia hacia este colectivo con agresiones casi diarias, incluyendo el asesinato del joven Samuel. Y eso partiendo del hecho de que solamente se denuncian en torno al 10% de los casos de LGTBIfobia.
Se tendrá que analizar el porqué de este incremento de la violencia. Pero es evidente que se ha dado apariencia de legalidad a la LGTBIfobia al ser sostenida por la tercera fuerza política del país que ha situado a 52 diputados y diputadas en el Congreso. Esta irracionalidad democrática de la extrema derecha siempre ha existido, pero no contaba con un altavoz organizado y amparado por las reglas democráticas. Consecuencia directa es que se confunda un delito de odio con la libertad de expresión o de acción. Además, recientemente, desde la izquierda política, y a través de una parte del feminismo, se ha propagado un discurso tránsfobo, que poco a poco va tiñéndose de homofobia. Ellas son las TEFRS.

Sorprende la juventud (aunque las haya de todas las edades) de las personas que ejercen la violencia verbal y física contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Su edad evidencia un sistema educativo que no ha sabido afrontar la educación en diversidad y que no ha podido frenar discursos de odio procedentes de las familias, amigos o cualquier otro escenario de socialización.

Esta violencia social es inevitable que se cuele en las aulas a lo largo del mes de septiembre y durante todo el curso 2021/2020. Y lo es porque inevitablemente se está gestando también en los centros educativos, donde puede permanecer larvada o estallar en episodios de acoso escolar.
Son muchas las voces que, desde hace años, reivindican la enseñanza en los centros de la diversidad afectivo sexual, familiar y de género. Demandas que son ignoradas o que llegan a las aulas con cuentagotas.

No se puede pedir al profesorado que hable de orientaciones e identidades a su alumnado cuando no ha sido formado previamente en estas materias. Por ello se sigue necesitando la participación de entidades y activistas LGTBI para que esta información llegue a las aulas, sobre todo ahora tras dos años de casi total ausencia de las mismas en los centros educativos.

Sucede que la mayoría de las autonomías tiene aprobadas leyes LGTBI que indican que este tipo de materias deben ser abordadas en las aulas, pero también ocurre que, aun existiendo este automandato, las distintas consejerías de educación se lo pasan por el arco del triunfo. Se está comprobando que la normativa LGTBI sólo está siendo utilizada para que los políticos de turno se hagan la foto de rigor con los representantes de las entidades el día de su aprobación, ya que no está siendo implementada en Madrid, Cataluña, Región de Murcia o Andalucía. Y no son los únicos ejemplos, hay más, son casi la totalidad de las autonomías.

Es de recibo reconocer el esfuerzo que se hace desde algunos centros educativos para abordar las cuestiones de diversidad o de centros de formación del profesorado para desarrollar cursos. Pero son tan insuficientes, llegan a un número tan reducido del alumnado que pueden considerarse anecdóticos.
Lo mismo ocurrirá cuando se apruebe, si es que se aprueba, la normativa estatal. Es urgente que las consejerías de educación cumplan con los mandatos parlamentarios, que formen a la totalidad de profesorado, que obliguen a los centros educativos a trasladar estos conocimientos al alumnado y a penalizar a quien no lo haga. Pero, claro, si el consejero o la consejera de turno no acata una ley que le dicta el desarrollo de estas materias, es ilusorio pensar que traslade este mandato a los centros y el profesorado.

Es urgente que desde la Educación Infantil se aborde la diversidad familiar de manera sistemática y que, con el paso de los cursos, se dé información certera y científica sobre diversidad afectivo-sexual e identidad de género. Como esa violencia que está llenando de moratones, heridas y muerte a las personas LGTBI de este país traspase las verjas de los centros educativos los únicos responsables serán los políticos que no cumplen con sus obligaciones.

Y, paralelamente, es importante que todas las universidades formen en estas materias a los futuros docentes, para que una vez asentados en los centros de enseñanza no tengan que esperar su admisión a unos escasos cursos de formación que llegan con escasez y demasiado tarde.

Además, hay que recordarle a las direcciones de los centros que quien dirige sus acciones son las leyes y normas educativas y no la actitud desafiante de padres ultraconservadores o madres TERFS.
De poco sirven los presurosos comunicados de algunas entidades LGTBI exigiendo a los ejecutivos autonómicos la aplicación las leyes LGTBI si luego corren aturdidas a su llamada en los actos publicitarios de presentación de un folletito o un video inocuo con el que lavan la cara ante sus ausentes políticas de diversidad.

La vuelta al cole sigue siendo para una parte de una nuestra infancia y adolescencia un episodio terrorífico del que han podido liberarse durante el periodo vacacional o el inicio de un infierno que les afectará el resto de sus vidas.

Si a partir de la semana que viene un niño, una niña o un niñe, un adolescente o un joven vuelve a su casa, tras la jornada educativa, con lágrimas en los ojos, insultos en su dignidad o moratones en su cuerpo, espero que las consejeras y consejeros de educación de las diferentes autonomías sientan el dolor en sus entrañas, porque ellos son los primeros y últimos responsables de que esto siga sucediendo.

JUAN ANDRÉS TENO

Periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

Cuenta en Twitter: @jateno_ 

Blog: https://familiasdecolores.wordpress.com/

 

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El orden de las cosas

Juan Andrés Teno (@jateno_)

 

Hace ya varios años que se ha abierto una brecha ideológica (conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.) insalvable entre una parte del feminismo español y el movimiento LGTBI.

Tras un periodo convulso en el que se intentó descabalgar a las mujeres lesbianas del movimiento feminista llegaron unos años de armonía en que estos dos motores sociales caminaban al unísono y compartían luchas en las intersecciones por las que pudieran deambular.

El problema surge en la anterior legislatura cuando se estaba trabajando un borrador de ley estatal LGTBI en el Congreso y desde la Comisión de Igualdad del Congreso, presidida por el PSOE, se empezaron a poner trabas primero, zancadillas después y puñales en la espalda como broche final. Su principal objetivo era sacar de la futura norma la regulación de los derechos de las personas trans y con ello impedir su libre autodeterminación.

Los procesos de negociación fueron deliberadamente retrasados por las filas socialistas y terminó la legislatura sin haber elevado el borrador de ley ante el pleno del Congreso por lo que el proyecto decayó y hubo que empezar de nuevo el proceso en la legislatura actual.
Con el nuevo gobierno las políticas LGTBI cayeron en manos de Unidas Podemos y desde el Ministerio el Ministerio de Igualdad (que tuvo la habilidad de fichar a activistas LGTBI de gran valía profesional) se negoció un nuevo borrador parta otorgar a la población LGTBI los mismos derechos que a la heterosexual y así blindar sus dignidades. Por segunda vez en la historia (tras la aprobación del matrimonio igualitario) las distintas entidades LGTBI del país hicieron frente común. Se redactaron dos proyectos, uno específico para el colectivo trans y el otro para las personas LGB. La parte socialista del gobierno impone y consigue que las dos normas se fundan en una sola. Aun así, el Ministerio de Igualdad no logra que el Consejo de Ministros eleve el texto al poder legislativo, alargándose de nuevo los plazos. Inesperadamente el Presidente del Gobierno hace una remodelación ministerial y cae del ejecutivo Carmen Calvo. Hay que recordar que es ella una de las firmantes de un argumentario interno de PSOE en el que se afirmada que el denominado “derecho a la libre determinación de la identidad sexual” o “derecho a la autodeterminación sexual” carece de racionalidad jurídica.

Seguidamente se hace público que el texto pasará por La Moncloa con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI. Pareciera que la primera batalla estaba ganada, pero esta historia promete ser muy larga y el final es imposible vislumbrarlo en estos momentos.
Paralelamente a todo este proceso administrativo una parte del feminismo patrio (vinculada en mayor o menor medida al partido socialista) emprende una titánica batalla contra esta ley a cuenta de las realidades trans. Niegan la autodeterminación de esta parte de la ciudadanía y lanzan mensajes contaminados del contenido de la futura norma que nada tienen que ver con lo redactado y que discurren espléndidamente dentro de los cauces del populismo y la difusión de bulos (fake news) en publicaciones generalistas y especializadas, además de en las redes sociales. Son las denominadas TERFS (acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist).
Sería curioso averiguar las verdaderas razones por las que una sección de un movimiento ideológico y social de vanguardia y progresista, de repente, y sin previo aviso, airea posiciones en contra de los derechos fundamentales de algunas mujeres, alineándose de este modo con los sectores más reaccionarios del país.

Desde un principio argumentaron que el movimiento LGTBI había sido secuestrado por la denominada Teoría Queer. Ellas, ajenas a la realidad asociativa, no sólo desconocen lo que predica esta corriente político-filosófica, si no que ignoran la permeabilidad de lo queer en el colectivo, que no es precisamente muy importante.

Uno que es observador (o al menos cree serlo) estima que hay una parte de la mujeres feministas de este país, las de más edad, que, tras el avance social que supuso el 15M y las multitudinarias acciones de calle llevadas a cabo por una nueva generación en torno a los derechos de la mujer, veían peligrar su liderazgo y se amarraron a la transfobia en un acto desesperado. De sus bocas han salido todo tipo de afirmaciones y calificativos hacia el colectivo de mujeres trans que harían sonrojar a cualquier demócrata. Se han despachado a gusto. Han hecho daño y han socavado dignidades. Pareciera el rugir insoportable de una fiera salvaje a que, sabiéndose herida de muerte, quiere acabar con todo lo que se mueva a su alrededor.

El problema de esta transfobia revestida de feminismo es que sus ideólogas son mujeres altamente inteligentes, que saben que están lanzado bulos y mentiras para no perder el cetro de las políticas de igualdad. Y esta carnaza la sirven en platos calientes a un conjunto de seguidoras que la digieren sin pensar y la vomitan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Frente a este espectáculo alucinante y surrealista, entidades y activistas LGTBI han respondido con una sola voz y se muestran determinadas a no dar un paso atrás, haciendo suyo un lema, precisamente feminista, si nos tocan a una nos tocan a todas.

En esta algarabía de falsos fuegos artificiales algunas y algunos advertían que esta transfobia escondía algo más, que primero serían las mujeres trans, luego los hombres trans y después alcanzaría gais, lesbianas y bisexuales, en una suerte de movimiento reaccionario que igualaba sus postulados con las ideologías políticas más reaccionarias.

Y parece ser que tenían razón. La primera carta sobre la mesa la ha puesto Doña Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós, mujer con un amplio curriculum e integrante del Consejo de Estado del Reino de España. La señora Valcárcel forma parte de los consejeros electivos que son nombrados por Real Decreto.

Valcárcel Bernardo de Quirón lanzó un órdago hace unos días con un mensaje en una red social en la que negaba que los homosexuales pudieran estar perseguidos en el Afganistán reconquistado por los talibanes, para, seguidamente dejar caer de una manera sibilina y artera un paralelismo entre homosexualidad y pederastia. Es el viejo argumento de la derecha no democrática ahora apropiado por una feminista insigne.

Había sido lanzado el primer cañonazo por parte del feminismo ilustrado contra los hombres gais, tras esparcir bombas de racimo sobre las mujeres trans.

Además de las miles de reacciones en redes sociales ante este salvaje mensaje, del rechazo individual y colectivo de activistas LGTBI y de que la red social le suspendiera la cuenta a esta señora, no se ha producido ninguna reacción de la oficialidad de este país. No hay que olvidar que la mencionada forma parte de la esfera más alta de la administración del estado. Silencio, como en las primera horas de las una tarde de verano en la que sólo se escucha el soporífero canto de la chicharra.

Está meridianamente claro que ese alejamiento entre un feminismo ajado y el movimiento LGTBI se irá agrandando en los próximos meses. En unos días se reanudará el trabajo en la cámara baja y tienen que caldear el ambiente hasta que sea sofocante.

Por fortuna deambulo por espacios en el que mujeres feministas se han alejado de estos histrionismos transexcluyentes y que son no solo el presente si no el futuro de una sociedad que prefiere el amor al odio, la diversidad a la uniformidad y la libertad a las cadenas.
La mayor esperanza de todas aquellas personas que habitamos en las siglas LGTBI es que esta ley salga adelante sin vetos ni censuras, pero el horizonte se muestra turbio, en algunas ocasiones descorazonador.

Enfrente estaremos las mujeres, los hombres y las personas no binarias con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Estamos más que acostumbrados a sufrir ataques verbales y físicos a lo largo de nuestras vidas individuales y colectivas y resultado de ello es una sorprende capacidad de resiliencia. Que no lo olvida nadie, somos el ave fénix de la sociedad y estaremos siempre atentos a establecer el orden de la cosas en un estado democrático.

JUAN ANDRÉS TENO

Periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

Cuenta en Twitter: @jateno_ 

Blog: https://familiasdecolores.wordpress.com/

 

 

 

10 medidas de la Ley de Igualdad LGBTI para proteger a los colectivos vulnerables

Por Charo Alises (@viborillapicara)

Foto: Daniel Zanini H

Las personas LGTBI susceptibles de sufrir discriminación múltiple son especialmente vulnerables. La  discriminación múltiple es aquella que se produce cuando, además de discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a un grupo familiar, una persona sufre conjuntamente  discriminación por otros motivos recogidos en la legislación internacional o nacional como pueden ser las personas inmigrantes,  el pueblo gitano,  las personas de la tercera edad, los menores o las personas con  diversidad funcional . Para proteger a los colectivos más vulnerables, la Ley de Igualdad LGTBI establece una serie de medidas que veremos a continuación: Lee el resto de la entrada »

¿Día Internacional de la Familia?

Por Juan Andrés Teno (@jateno_), periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

III Encuentros de Familias Homoparentales (2011)/ Foto: FELGTB

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 15 de mayo como Día Internacional de las Familia en un intento de promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a esta estructura clave de la sociedad internacional.

Este año, en 2017, la conmemoración se centra en:

resaltar el papel que juegan las familias, en las políticas orientadas a las familias, en el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación continua para niños y jóvenes.

La celebración también tiene por objetivo, según revela Naciones Unidas,

fomentar el debate acerca de la importancia de «los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible».

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El año de las familias: la esperanza arcoíris

Juan Andrés Teno (@jateno_) , periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar

Foto: Madison Scott-Clary

Hace ahora 12 años que en España se cerró el ciclo democrático con la reforma del Código Civil en materia de matrimonio. Por fin todos los españoles no sólo tenían las mismas obligaciones sino que también podían gozar de los mismos derechos. Los ciudadanos de segunda habían desaparecido.

La gran fiesta de la comunidad LGTBI era que todos los ciudadanos podían, si querían, contraer matrimonio y expresar públicamente su amor a través del registro civil. Pero lo más significativo de aquella apuesta valiente no fue la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres pudieran casarse, lo verdaderamente revolucionario fue que podrían tener hijos en común.  Así nació la esperanza arcoíris, el futuro, la continuidad de la especie a través del amor entre personas del mismo sexo. Lee el resto de la entrada »

Arcoíris legal en #Extremadura: 10 motivos de alegría

Una nueva ley en Extremadura que marca un antes y un después para el colectivo LGBTI, no solo en aquella tierra sino en España. Charo Alises (@viborillapicara), abogada, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga y miembro del grupo de juristas de FELGTB nos escribe hoy sobre esta noticia que es motivo de alegría para nosotras también.

 

¡Enhorabuena Extremadura! El pasado 19 de marzo, el Parlamento extremeño aprobó -por unanimidad de todos los grupos políticos-  la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hay que felicitar especialmente, a los activistas y colectivos LGTBI de esta Comunidad, por su lucha incansable en favor de la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI que viven en esa región. Muchos años de trabajo contra la discriminación que han dado sus frutos con la promulgación de esta ley. La nueva norma garantizará la protección de las personas LGTBI  frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los sectores públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cualquier ámbito de la vida, y en particular en las esferas civil, laborar, social, sanitaria, educativa o cultural. Respecto al contenido de la ley, me gustaría destacar algunos aspectos relevantes: Lee el resto de la entrada »

Adelanto electoral: retraso de derechos LGTBI en Andalucía

A Charo Alises (@viborillapicara), abogada malagueña, doctora no ejerciente y activista en general, le hemos pedido que nos comparta sus impresones sobre cómo cree que afectará el adelanto electoral en Andalucía a los derechos de las personas LGBTI. Tras este acertado análisis nadie negará que la incertidumbre se abre paso a codazos.

Desfile-del-orgullo-gay-Sevilla-2010-

Fotografía de Fabri-Olmedo

Ingobernabilidad, ruptura de pactos, estrategia electoral, cualquiera que sea el motivo para un adelanto de las elecciones, lo cierto es que las consecuencias que éste conlleva suponen una merma para los derechos sociales de la ciudadanía.

Con el Parlamento disuelto y las elecciones convocadas para el 22 de Marzo, en el tintero legislativo andaluz quedan leyes tan importantes como la de atención a personas con discapacidad, la ley de juventud, la de servicios sociales o la ley de renta básica. Todos éstos son instrumentos legales necesarios e imprescindibles en el objetivo de alcanzar mayores cotas de bienestar social para la población andaluza, que en estos momentos sufre una situación de gran vulnerabilidad social. Según datos de la propia Junta de Andalucía, hay un millón de personas usuarias de los servicios sociales en esta Comunidad. Lee el resto de la entrada »