Por Tamara Gámez Ramos, de @AltramuzEditorial
América Latina engloba una región muy amplia y diversa de países ubicados tanto en el norte de América, como en centro América y Caribe y el sur del continente. Esto conforma una realidad muy variada en todos los sentidos, también en la situación de las personas LGBTIQ+, los derechos garantizados para el colectivo y la visión social que determina unas experiencias de vida concretas en cada país.
En esta diversidad entre países encontramos realidades especialmente opuestas entre aquellos firmantes de la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género que, por ende, eliminaron las prohibiciones a la disidencia sexo genérica en sus códigos civiles, y aquellos países en los que las relaciones homosexuales siguen siendo prohibidas con sanciones en su legislación, penas que incluyen desde los 2 años en prisión y la cadena perpetua.
En concreto, son 8 los países de la región que aún penalizan la homosexualidad: Guyana, Granada, Jamaica, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, Barbados, Dominica, San Vicente y Granadinas.
Todos ellos se encuentran en el Caribe (exceptuando La Guyana, en América del Sur). Y en 5 de los 8 la homosexualidad entre hombres es la única penalizada (Guyana, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía). Esto no siempre corresponde a una ausencia de punitivismo social hacia las mujeres sino a una falta explícita de visibilidad, puesto que estas leyes pertenecen a un período en el que la existencia del lesbianismo ni siquiera era considerada.
Cabe destacar que la legislación punitiva y la persecución a la disidencia sexo-genérica se inician con la colonización, trayendo consigo la persecución y castigo de la sodomía, con la instauración incluso de tribunales de la inquisición que penaban con la muerte a los supuestos sodomitas, y la aprobación de leyes que sancionaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchas de estas legislaciones son las que perduran hoy día en los países que continúan sancionando la homosexualidad.
Este es el caso de Jamaica, donde la Ley de Delitos contra la Persona, de la época colonial británica (1864), sanciona las relaciones entre hombres hasta con 10 años de prisión, además de la imposición de trabajos forzados. Se trata del artículo 76 que prohíbe expresamente «el abominable crimen de la sodomía». El artículo 77, por su parte, condena el «intento de sodomía» hasta con 7 años de prisión, y el artículo 79 prohíbe «cualquier acto de escándalo público» entre hombres, en público o en privado, con condenas de hasta dos años de cárcel, con o sin trabajos forzados. El «escándalo público» no es un concepto definido en el código penal del país, pero ha sido interpretado como cualquier indicio de homosexualidad entre adultos varones.
Estas regulaciones se defienden como parte de los valores cristianos del país. Sin embargo, como señala la única organización de derechos LGBTIQ+ en Jamaica, J-FLAG (Foro Jamaiquino de Lesbianas, Pansexuales y Gays), el país no cuenta con legislación respecto a otras realidades sancionables en la Biblia como el adulterio, el cual, al contrario, es elogiado como una muestra de masculinidad en el caso de los hombres.
Todo este imaginario se visibiliza y refuerza a través de la cultura. En este sentido, el reggae y el dancehall, por ejemplo, dan cuenta de algunos artistas y letras que incitan al odio y al asesinato de personas homosexuales. Cantantes jamaicanos internacionalmente conocidos como Sizzla, Capleton o Buju Banton cuentan con canciones explícitas de LGBTIQ+fobia. Este último fue arrestado por formar, supuestamente, parte de un grupo de 12 hombres que entraron en una casa y apalearon a 6 chicos por ser homosexuales.
La incidencia del movimiento LGBTIQ+ ha conseguido que algunos de los conciertos de estos artistas sean cancelados, y varias de estas canciones fueran eliminadas del repertorio, incluso de la discografía y de las listas de reproducción, como es el caso de la canción Boom Bye Bye de Buju Banton retirada de la mayoría de plataformas desde 2019, con letras que invitan a disparar a la cabeza a los homosexuales (o batty bwoy en la jerga jamaicana, nombre despectivo que viene del inglés butt boy o chico del culo).
Aunque el lesbianismo no está tipificado como delito en la legislación jamaicana, los hombres homosexuales no son el único objetivo de este tipo de violencia en Jamaica. Amnistía Internacional ha recibido numerosos reportes de actos de violencia contra mujeres lesbianas, incluidas «violaciones correctivas» y otras formas de violencia sexual. Estas, en ocasiones, se producen cuando una mujer es identificada como “masculina”, evidenciando la violencia explícita también hacia la disidencia de género.
Ejemplo de ello, fue el asesinato de Dwayne Jones en 2013. La chica, de 16 años, acudió a una fiesta de baile en Montego Bay. Cuando los asistentes a la fiesta se dieron cuenta de que era una chica trans, le agredieron en masa hasta dejarla sin vida. Dwayne se encontraba en situación de sinhogarismo desde los 12 años, rechazada por su familia debido a su identidad de género.
El asesinato de Dwayne recibió la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, sirviendo de catalizador para el debate sobre la situación del colectivo LGBTIQ+ en Jamaica. El ministro de Justicia en aquel momento, Mark Golding, condenó la brutalidad de los hechos y pidió a la policía que «no escatimara esfuerzos para llevar a los autores ante la justicia». En el Parque de la Emancipación de Kingston tuvo lugar una pequeña protesta pública contra el asesinato. La policía entrevistó a los testigos; sin embargo, no realizaron ninguna detención ni identificaron a ningún posible sospechoso.
Varios organismos internacionales se han pronunciado sobre esta legislación vulneradora de los derechos humanos. En 2005, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución apelando a que Jamaica revocara sus leyes contra la sodomía y combatiera activamente la homofobia. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Jamaica que derogara las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, considerando que las leyes de Jamaica violan el derecho a la intimidad y a la igualdad de protección. El gobierno jamaicano, sin embargo, considera estas intervenciones como una intromisión en la política del país, cuyos valores se encuentran representados en la legislación vigente.
Una encuesta en 2004, indicaba que el 96% de la ciudadanía se oponía a cualquier cambio que pudiera conducir a la legalización de las relaciones homosexuales. En la Encuesta Nacional de 2015 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, elaborada por J-FLAG, apenas existe evolución, solo el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.
La ausencia de estadísticas y la invisibilidad de las personas LGBTIQ+ no facilitan conocer la situación real que se encuentra viviendo el colectivo.
J-FLAG indica que tiene constancia de que 30 hombres fueron asesinados en Jamaica entre 1997 y 2004. Y entre 2009 a 2021 registró más de 600 denuncias de ataques contra personas LGBTIQ+, entre los que se encontraban allanamientos de morada, agresiones físicas y ataques en grupos multitudinarios (turbas).
El papel de los colectivos LGBTIQ+ y las personas activistas es fundamental. J-FLAG se creó en 1998 y desde entonces lucha por reivindicar y garantizar los derechos del colectivo. Ha liderado la celebración del Orgullo en el país desde el 2005, visibilizando y sensibilizando sobre la necesidad de despenalizar la disidencia sexo-genérica.
Su fundador, Brian Williamson, quien se evidenciaba abiertamente como activista LGBTIQ+, fue asesinado en 2004. El periodista Gary Younge para The Guardian recogió el testimonio de Rebecca Schleifer, del Observatorio de los Derechos Humanos, quien al acudir a su cita con Williamson en el domicilio de este, encontró a los agresores festejando el asesinato con insultos y canciones homófobas. A pesar de esto, la policía negó la motivación homófoba del asesinato.
Brian Williamson no ha sido el único activista LGBTIQ+ asesinado en el país. Lenford Steve Harvey, trabajador social involucrado en la lucha contra el VIH-Sida fue asesinado en 2005, concretamente el 1 de diciembre, coincidiendo con el día mundial de la reivindicación de esta causa.
Human Rights Watch presentó el informe Not Safe at Home. Violence and Discrimination against LGBT people in Jamaica (2014), que documenta la violencia generalizada contra las personas LGBTIQ+ en el país. Entre otros aspectos, el informe reporta los resultados de 71 entrevistas a personas LGBTIQ+. Del total, más de la mitad (44) había sido víctima de alguna forma de violencia basada en su orientación sexual o identidad de género, únicamente 19 de ellos había denunciado estos hechos a la policía y solo se tomó declaración en la mitad de los casos.
El Informe The developmental cost of homophobia. The Case of Jamaica (2016), con una encuesta basada en 316 personas entrevistadas, indicaba que en los cinco años anteriores a la encuesta, el 32% de las personas entrevistadas había sido amenazada con ser agredida físicamente, mientras que el 12% había sido agredida. El 23,7% había recibido amenazas con violencia sexual, y el 19% había sufrido agresiones sexuales. Solo el 59% había denunciado estos hechos. El 41% que no lo hizo, sentía vergüenza, temor, le restaba importancia a lo sucedido o desconfiaba de la actuación de la policía y de las posibles represalias.
Tanto esta encuesta como las anteriores, deben enmarcarse en un contexto en el que la visibilidad de las personas LGBTIQ+ está fuertemente condicionada, lo que impacta en la exposición a la violencia. En la encuesta anterior, por ejemplo, el 38% no era visible en el trabajo o en la Universidad, y el 42% no había salido del armario con ningún miembro de la familia. Esta cifra se ve aumentada en otros contextos: frente al personal médico (55%), sus superiores de trabajo (60%), las organizaciones religiosas (63%) y el vecindario (68%).
A nivel institucional y legislativo, en 2011 se introdujeron algunos avances. El gobierno jamaicano aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero ello no trajo consigo ninguna garantía de no discriminación al colectivo LGBTIQ+, a pesar de las reclamaciones internacionales y de parte de la ciudadanía jamaicana.
El único acercamiento a este respecto ha sido la creación del Formulario de Evaluación de la Atribución de la Violencia, desarrollado por el Ministerio de Seguridad. En él se menciona específicamente el «delito de odio» como causa de los delitos violentos y se enumera la «orientación sexual e identidad de género» como una de las posibles motivaciones. En estos casos, se exige que la policía lleve a cabo evaluaciones inmediatas para determinar si realmente se ha producido un delito de odio. Sin embargo, este concepto no ha sido definido, lo que genera una articulación confusa en la práctica para corroborar los hechos.
En febrero de 2021, la Comisión Internacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica, estudiando las peticiones de dos personas del colectivo LGBTIQ+ jamaicanas que exponían que, al criminalizar la homosexualidad, el país estaba violando la Convención Americana de Derechos Humanos. El informe concluyó en la responsabilidad del gobierno de las violaciones de derechos reportadas. Aunque no ha supuesto cambios legislativos, ha reforzado los discursos que apoyan la derogación de la penalización de la homosexualidad, la dificultad para ello es la alianza visible con miembros influyentes y agentes de la política, puesto que la mayoría no quiere exponerse a los grupos y ciudadanía que se opone a la derogación de estas leyes.
Tras más de 20 años de incidencia y activismo de la entidad J-FLAG y de la lucha de las personas del colectivo, en la actualidad se observa una mayor tolerancia y una mayor interacción con la comunidad LGBTIQ+, lo que impacta en la construcción de una ciudadanía más segura y una atención más adecuada en todas las áreas de la vida. En particular, J-FLAG ha conseguido formar a más de 500 personas trabajadoras del área sanitaria, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Salud del país, con el deseo de que este sea uno de los muchos avances que consigan despenalizar al colectivo y garantizar a las personas LGBTIQ+ una vida libre de miedo.
Rainbow pride flag flying in the daytime breeze. Original public domain image from Wikimedia Commons