Samir Bargachi, director de @KifKif
En torno a las 14 horas de este lunes 27 de junio, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la esperada “Ley Trans”, la cual iniciará el proceso de trámite parlamentario para su definitiva aprobación.
Muy largo ha sido el camino que ha recorrido esta ley, primero como anteproyecto de Ley Trans y finalmente como “Ley para la Igualdad real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI”.
Desde las organizaciones y colectivos LGTBI siempre hemos subrayado que las personas trans necesitaban de una ley propia que reconociera su idiosincrasia, elementos exclusivos que afectan de forma particular a las personas trans, su identidad y cuestiones vinculadas a su sexo-género, a su salud, a su precariedad laboral, a su estigmatización y a lo que significa tener vidas dignas.
Lo que tenemos delante es una ley que, si bien da marco legal a nivel nacional a estas cuestiones previas, pasa de puntillas e incluso no reconoce derechos imprescindibles para el colectivo.
Por ejemplo, el tratamiento descafeinado que se hace de la infancia trans, excluyendo a menores de 12 años, y entre 12 y 14 años mediante procedimiento judicial largo y tedioso. Además, se incluyen procesos de reflexión de tres meses y de reversibilidad de seis. Ya sabemos cómo funcionan los periodos de reflexión; lo hemos visto con leyes como la del aborto: un coladero propagandístico para entidades antiabortistas que no hacen sino que la persona afectada aumente su ansiedad y su sensación de señalamiento y estigmatización. Proteger a la infancia trans es acompañarla desde el ámbito institucional, social y educativo en su proceso y en su decisión, evitando paternalismos innecesarios.
¿Y qué no incluye esta “Ley Trans”? Según el anteproyecto que conocemos, las personas no binarias -ni se mencionan- y las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional estarían fuera del marco.
En relación a las personas trans migrantes, el articulado ordena a las Administraciones Públicas que habiliten procedimientos a través de los cuales, las personas extranjeras sin residencia legal en España que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y nombre en su país de origen, puedan interesar dicha rectificación. En otras palabras, hablamos del hecho de exigir a las personas trans migrantes documentos relacionados con su identidad de género desde el país de origen.
Esto significa que las personas trans migrantes deben demostrar que han iniciado un trámite relativo al cambio de su identidad de género en sus países de origen, una realidad que no se produce en la mayoría de casos por la legislación existente, la cual persigue o no reconoce a este colectivo. Y esto, ¿qué quiere decir? Que en la práctica, el 99 % de las personas trans migrantes en nuestro país no podrán tener reconocida su identidad de género en los documentos oficiales españoles.
¿Cómo van a acreditar que quieren cambiar su género con documentos de sus países si huyeron de allí por ese mismo motivo? Así pues, este requisito no sólo es inaceptable, sino que es una barrera más para estas personas que ya tienen suficientes dificultades en su proceso migratorio o de protección internacional. Debemos asegurarnos que en los trámites y documentos se reconozca su identidad de género en las mismas condiciones que a los nacionales españoles.
Si se aprueba esta ley sin las personas trans migrantes se consolidará lo que se viene gestando desde hace tiempo: el nacimiento de dos comunidades LGTBI desligadas; una de primera clase, con derechos, y otra, la de los márgenes.
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Es por ello por lo que no cabe felicitarse por esta Ley Trans, ni siquiera hacer un ejercicio de autocomplacencia, cuando esta ley deja vidas fuera: las de las personas no binarias y las de las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Las excusas de “es una ley de mínimos”, “se podrá mejorar más adelante”, no tienen cabida cuando se deja fuera a las personas que siempre están en el último escalafón del sistema. Estas personas no pueden esperar más, ahora es su momento. Toca a las administraciones ejercer políticas valientes que nos pongan en el centro con una Ley Trans de la que enorgullecernos y hagan izar la bandera común de la justicia social; en definitiva, una ley trans para todas.
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