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La dignidad humana colectiva de las personas LGTBI

Por Charo Alises (@viborillapicara)

 

En la imagen, a la derecha, Mykola, líder del grupo neonazi pilla-pilla que ha sido condenado a 5 años de cárcel.

La comisión de un delito de odio no solo afecta a la víctima sino que constituye una agresión a la dignidad humana del colectivo al que la víctima pertenece.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 714/1991 de 11 de noviembre, reconoce la dignidad humana colectiva:

El odio y el desprecio a todo un pueblo a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier etnia), resulta incompatible con el respeto a la dignidad humana, que solo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos.

Por lo mismo, el derecho al honor de los miembros de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el sentimiento a su propia dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y se desprecia genéricamente a todo un pueblo o raza cualesquiera que sean.

El artículo 22.4 del Código Penal establece la agravación de la pena cuando se comete  por motivos racistas antisemitas, religiosos o creencias de la víctima, la etnia, la raza o nación a la que pertenezca, su sexo, su orientación sexual, razones de género,  enfermedad que padezca o discapacidad. Esta agravante tiene su fundamento en  las situaciones objetivas de especial vulnerabilidad que presentan  algunos colectivos y que les hace merecedores de una específica protección

La  reciente Sentencia  429/2019 de  10 de diciembre, dictada por el Juzgado Nº 2 de Granollers, reconoce la dignidad humana colectiva de las personas LGTBI. Esta  resolución condena a seis de los miembros de un grupo llamado Pilla-Pilla a penas que oscilan entre los nueve meses y los cinco años y medio  de cárcel, por humillar públicamente a hombres homosexuales, a los que citaban a través de un chat gay para dispensarles un trato vejatorio que grababan en video. La sentencia dictamina:

Se hace preciso constatar la existencia de un plus delictivo por el cual es preciso que la sociedad, en su conjunto, se conmueva ante lo discriminatorio de la situación porque en el delito concurre, además de la situación descrita en la tipicidad, un plus que afecta a la tolerancia, que afecta a la convivencia pacífica, haciendo que la situación fáctica del delito conlleve además una conmoción social sobre el contenido de respeto y de quebranto de la necesaria tolerancia. De esta manera, el hecho no sólo perturba a la víctima, sino también  al conjunto de la sociedad puesto que el hecho, además, pone de manifiesto un problema de convivencia por la discriminación en la que se basa.    

En este caso, por primera vez, se han unido la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Movimiento contra la Intolerancia para ejercer la acusación popular en defensa de la dignidad humana colectiva de las personas LGTBI.

¿El derecho a ofender?

Por Charo Alises (@viborillapicara)

“Dios creó a Adan y Eva, no a Mary y Sue” / Foto: PROMarc-Anthony Macon

La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.

La Constitución Española reconoce el  derecho a la libertad de expresión en su artículo 20.1:

Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

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