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¿De qué va esto de los derechos trans?

Por Aitzole Araneta (@AitzoleAraneta) es sexóloga, técnica de Igualdad, activista trans y consejera estatal de Podemos  

En la imagen, Aitzole Araneta

 

Más allá del debate teórico, el movimiento por los derechos de las personas trans tiene unos consensos claros.

 

Hace dos semanas veía la luz un documento interno, firmado por, entre otros, dos ministros del PSOE, donde se analizaban varios conceptos e ideas: principalmente la de el sexo como un cúmulo de marcadores biológicos que dictan la verdad en términos biomédicos, y el género, constructo social y cultural, y herramienta de análisis más que categoría inherentemente humana. Una cuestión, la de los términos, que merece un extenso artículo sobre lo que realmente contienen esas palabras, y cómo a través de ellas ordenamos nuestras individualidades y sociedades. Un repaso bibliográfico de obras de referencia pone de relieve que ni el sexo es tal, ni el género es cual.

A nivel práctico, el documento cuestionaba que una persona en situación de transexualidad sea quien dice ser, sin necesidad de que un profesional pueda acreditar, de manera externa, la identidad de nadie -algo por otra parte imposible con los medios y tecnologías de los que disponemos- y que supone el derecho de autodeterminación en la gestión de su identidad de todas las personas (no solo las trans, que son las únicas a las que se les exige este requisito por ley). Por otra parte, también se hacía referencia a leyes que regulan la cuestión.

Llegado este punto, es interesante aclarar cuáles son las propuestas y los consensos de una comunidad trans que tiene establecidas sus líneas rojas desde hace mucho tiempo:

La ley vigente es la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas – en su día mal llamada Ley de Identidad de Género– es la que regula el cambio de la mención de sexo en los documentos oficiales como el DNI, y que exige ser mayor de edad, y de nacionalidad española. Es la reforma de esta ley la que se defiende en dicho documento.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las organizaciones trans no quieren reformar la ley de “identidad de género” de 2007. No es una de las demandas históricas del movimiento trans. La demanda es derogar esa ley y hacer una Ley Integral Trans completamente nueva. ¿Por qué?

Reformar la Ley de Identidad de Género supone asumir el marco que considera enfermas mentales a las personas trans desde 2007, ya requiere de esa certificación externa que defiende el documento -un diagnóstico en clave psiquiátrica- y dos años de tratamiento hormonal. Ya en la tramitación de esta ley de 2007 hubo alternativas que no fueron valoradas. Se trata de una ley inhumana, inaceptable, y salvaje. Una ley que sigue perpetuando el sufrimiento de la comunidad trans.

Derivada de esta Ley, vendrán también al Estado español querellas (muy legítimas) contra el Estado por esterilización. En la ley de 2007 se establece un proceso médico mínimo de 2 años (que se traduce en hormonación obligatoria en la inmensa mayoria de los casos) cuya consecuencia inmediata es la esterilidad. En Suecia, el Estado ya está indemnizando a las personas trans que denunciaron esta esterilización obligatoria. No todas las personas en situación trans piden tratamiento hormonal.

Y por otra parte, excluir a los menores de ser nombrados en clase por su nombre, y referidos como quienes verdaderamente son, medida que viene siendo avalada por el Tribunal Constitucional desde el 2019.O que considere ciudadanos de segunda a quienes tienen una nacionalidad diferente a la española. Es decir, adoptar las resoluciones que la ONU viene marcando desde el 2011 y los Principios de Yogyakarta.

Por compromiso honesto con la comunidad trans, e higiene política elemental, es estratégico derogar esa ley 2007 de Rectificación Registral de Nombre y Sexo. Y hacer una nueva ley Integral que aborde, no solo el cambio de documentación administrativa, sino también que aborde la vulnerabilidad de la comunidad trans, y que ponga encima de la mesa soluciones en el plano laboral, social, educativo, de acceso a servicios de salud, de representación en medios, en el ámbito del deporte o respecto a las violencias específicas que sufren las personas trans.

Es una cuestión simbólica esencial ante atropellos de este calado: derogar, pedir perdón, y reparar a las personas trans con una ley diferente con otros cimientos nuevos y decentes. Una Ley Integral Trans que aborde lo que hace 13 años quedó en el olvido.

La dignidad humana colectiva de las personas LGTBI

Por Charo Alises (@viborillapicara)

 

En la imagen, a la derecha, Mykola, líder del grupo neonazi pilla-pilla que ha sido condenado a 5 años de cárcel.

La comisión de un delito de odio no solo afecta a la víctima sino que constituye una agresión a la dignidad humana del colectivo al que la víctima pertenece.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 714/1991 de 11 de noviembre, reconoce la dignidad humana colectiva:

El odio y el desprecio a todo un pueblo a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier etnia), resulta incompatible con el respeto a la dignidad humana, que solo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos.

Por lo mismo, el derecho al honor de los miembros de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el sentimiento a su propia dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y se desprecia genéricamente a todo un pueblo o raza cualesquiera que sean.

El artículo 22.4 del Código Penal establece la agravación de la pena cuando se comete  por motivos racistas antisemitas, religiosos o creencias de la víctima, la etnia, la raza o nación a la que pertenezca, su sexo, su orientación sexual, razones de género,  enfermedad que padezca o discapacidad. Esta agravante tiene su fundamento en  las situaciones objetivas de especial vulnerabilidad que presentan  algunos colectivos y que les hace merecedores de una específica protección

La  reciente Sentencia  429/2019 de  10 de diciembre, dictada por el Juzgado Nº 2 de Granollers, reconoce la dignidad humana colectiva de las personas LGTBI. Esta  resolución condena a seis de los miembros de un grupo llamado Pilla-Pilla a penas que oscilan entre los nueve meses y los cinco años y medio  de cárcel, por humillar públicamente a hombres homosexuales, a los que citaban a través de un chat gay para dispensarles un trato vejatorio que grababan en video. La sentencia dictamina:

Se hace preciso constatar la existencia de un plus delictivo por el cual es preciso que la sociedad, en su conjunto, se conmueva ante lo discriminatorio de la situación porque en el delito concurre, además de la situación descrita en la tipicidad, un plus que afecta a la tolerancia, que afecta a la convivencia pacífica, haciendo que la situación fáctica del delito conlleve además una conmoción social sobre el contenido de respeto y de quebranto de la necesaria tolerancia. De esta manera, el hecho no sólo perturba a la víctima, sino también  al conjunto de la sociedad puesto que el hecho, además, pone de manifiesto un problema de convivencia por la discriminación en la que se basa.    

En este caso, por primera vez, se han unido la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y Movimiento contra la Intolerancia para ejercer la acusación popular en defensa de la dignidad humana colectiva de las personas LGTBI.

¿El derecho a ofender?

Por Charo Alises (@viborillapicara)

“Dios creó a Adan y Eva, no a Mary y Sue” / Foto: PROMarc-Anthony Macon

La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política.

La Constitución Española reconoce el  derecho a la libertad de expresión en su artículo 20.1:

Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

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