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¿De qué va esto de los derechos trans?

Por Aitzole Araneta (@AitzoleAraneta) es sexóloga, técnica de Igualdad, activista trans y consejera estatal de Podemos  

En la imagen, Aitzole Araneta

 

Más allá del debate teórico, el movimiento por los derechos de las personas trans tiene unos consensos claros.

 

Hace dos semanas veía la luz un documento interno, firmado por, entre otros, dos ministros del PSOE, donde se analizaban varios conceptos e ideas: principalmente la de el sexo como un cúmulo de marcadores biológicos que dictan la verdad en términos biomédicos, y el género, constructo social y cultural, y herramienta de análisis más que categoría inherentemente humana. Una cuestión, la de los términos, que merece un extenso artículo sobre lo que realmente contienen esas palabras, y cómo a través de ellas ordenamos nuestras individualidades y sociedades. Un repaso bibliográfico de obras de referencia pone de relieve que ni el sexo es tal, ni el género es cual.

A nivel práctico, el documento cuestionaba que una persona en situación de transexualidad sea quien dice ser, sin necesidad de que un profesional pueda acreditar, de manera externa, la identidad de nadie -algo por otra parte imposible con los medios y tecnologías de los que disponemos- y que supone el derecho de autodeterminación en la gestión de su identidad de todas las personas (no solo las trans, que son las únicas a las que se les exige este requisito por ley). Por otra parte, también se hacía referencia a leyes que regulan la cuestión.

Llegado este punto, es interesante aclarar cuáles son las propuestas y los consensos de una comunidad trans que tiene establecidas sus líneas rojas desde hace mucho tiempo:

La ley vigente es la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas – en su día mal llamada Ley de Identidad de Género– es la que regula el cambio de la mención de sexo en los documentos oficiales como el DNI, y que exige ser mayor de edad, y de nacionalidad española. Es la reforma de esta ley la que se defiende en dicho documento.

Sin embargo, la inmensa mayoría de las organizaciones trans no quieren reformar la ley de “identidad de género” de 2007. No es una de las demandas históricas del movimiento trans. La demanda es derogar esa ley y hacer una Ley Integral Trans completamente nueva. ¿Por qué?

Reformar la Ley de Identidad de Género supone asumir el marco que considera enfermas mentales a las personas trans desde 2007, ya requiere de esa certificación externa que defiende el documento -un diagnóstico en clave psiquiátrica- y dos años de tratamiento hormonal. Ya en la tramitación de esta ley de 2007 hubo alternativas que no fueron valoradas. Se trata de una ley inhumana, inaceptable, y salvaje. Una ley que sigue perpetuando el sufrimiento de la comunidad trans.

Derivada de esta Ley, vendrán también al Estado español querellas (muy legítimas) contra el Estado por esterilización. En la ley de 2007 se establece un proceso médico mínimo de 2 años (que se traduce en hormonación obligatoria en la inmensa mayoria de los casos) cuya consecuencia inmediata es la esterilidad. En Suecia, el Estado ya está indemnizando a las personas trans que denunciaron esta esterilización obligatoria. No todas las personas en situación trans piden tratamiento hormonal.

Y por otra parte, excluir a los menores de ser nombrados en clase por su nombre, y referidos como quienes verdaderamente son, medida que viene siendo avalada por el Tribunal Constitucional desde el 2019.O que considere ciudadanos de segunda a quienes tienen una nacionalidad diferente a la española. Es decir, adoptar las resoluciones que la ONU viene marcando desde el 2011 y los Principios de Yogyakarta.

Por compromiso honesto con la comunidad trans, e higiene política elemental, es estratégico derogar esa ley 2007 de Rectificación Registral de Nombre y Sexo. Y hacer una nueva ley Integral que aborde, no solo el cambio de documentación administrativa, sino también que aborde la vulnerabilidad de la comunidad trans, y que ponga encima de la mesa soluciones en el plano laboral, social, educativo, de acceso a servicios de salud, de representación en medios, en el ámbito del deporte o respecto a las violencias específicas que sufren las personas trans.

Es una cuestión simbólica esencial ante atropellos de este calado: derogar, pedir perdón, y reparar a las personas trans con una ley diferente con otros cimientos nuevos y decentes. Una Ley Integral Trans que aborde lo que hace 13 años quedó en el olvido.

Una Convención en el s. XXI para proteger la diversidad

Por la Secretaría Internacional de Podemos (@podemosinter)

Foto: EFE

Las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales no cuentan con un cuerpo normativo de derechos humanos propio, similar al de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial (CEDR, 1965) o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDEAW, 1979). Pese a que se han dado pasos importantes en esta línea, en pleno siglo XXI aún no contamos con una Convención que prohíba las discriminaciones y violaciones específicas a las que permanecen sujetas las personas LGTBI.

Urge dar un paso adelante, y por eso estamos orgullosos y orgullosas de que se haya aprobado en la Comisión de Exteriores del Congreso —con la única abstención de Unión del Pueblo Navarro, 35 votos a favor y 1 en contra— una de nuestras reivindicaciones clave de la última campaña electoral del 26-J: que España lidere los trabajos para formular y acordar una Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género basada en los Principios de Yogyakarta de 2006. Lee el resto de la entrada »