Por Juan Andrés Teno (@jateno_ ), periodista y activista LGTBI especializado en Diversidad Familiar
Foto: EFE
Punto 19: Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española.
Con estas 57 palabras se introduce el pin parental reclamado por VOX en el sistema público educativo andaluz. El almibarado texto que intenta acomodar las conciencias a los preceptos constitucionales es una macabra maniobra de la extrema derecha andaluza que aparece como gran ganadora en una institución democrática. Solamente tiene un significado: el alumnado andaluz sólo recibirá formación en educación sexual si sus padres lo consienten, manteniendo el veto estigmatizador ante la sexualidad que posibilita que nuestras hijas e hijos la primera formación en relación al sexo que tengan la descubran por si mismos en dispositivos móviles y ordenadores a través de la pornografía.
Además, consigue VOX una victoria en su cruzada preconstitucional contra el invento ultraconservador de la ideología de género: intentando limitar la acción educativa de las entidades LGTBI en los centros educativos. Entidades que sólo persiguen la defensa de los derechos humanos de gais, lesbianas, bisexuales y personas trans, que, recordemos, en este país, aún no tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Parece ser que para los promotores de la reconquista nacional aunque seas español, si no eres heterosexual y cisexual, tienes menos derechos. Ya ni merece la pena mencionar si además de ser una persona LGTB eres también migrante.
Este texto forma parte de los 35 puntos que VOX a impuesto al PP y a Ciudadanos para aprobar los presupuestos de la Junta de Andalucía. Un acuerdo político de este tipo no puede situarse por encima de la legalidad vigente como pretende el ejecutivo andaluz.
Porque el punto 19 de este texto de reivindicaciones de la extrema derecha va en contra del artículo 10 de la Constitución Española cuando afirma que:
la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Lo que trabajan entidades LGTBI en las aulas es la defensa de las dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas LGTBI. Porque punto 19 de este texto no respeta del artículo 14 de la Carta Magna cuando nos dice que:
los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Es que el mensaje que llevan las entidades LGTBI a los centros educativos es que las personas LGTBI y sus familias no pueden ser discriminadas por su orientación sexual, su identidad de género o su pertenencia a grupo familiar.
Porque el punto 19 de este acuerdo de las derechas andaluzas va en contra del artículo 27 de la ley fundamental cuando dicta que:
la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades y libertades fundamentales.
Las entidades LGTBI lo que abordan con el alumnado es el pleno desarrollo de la personalidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans. Pero es que, además, este tan demandado pin parental va en contra de la LOMCE que establece que el respeto a la diversidad es uno de los pilares de la educación pública española.
También entra en colisión con el artículo 13 de la Ley LGTB andaluza, en el que se afirma que:
toda persona tiene derecho a una educación basada en los valores de igualdad y diversidad, sin discriminación alguna por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar LGTBI
Con los decretos que desarrollan los contenidos de la Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y con el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación (2016-2021), dictados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
La aprobación de unos presupuestos no puede estar sustentada en un texto que contradice la normativa estatal y autonómica sobre la dignidad de las personas y la educación. Es muy sencillo comprenderlo.
Y no solo es la normativa, es la opinión de la ciudadanía. No puede ser que el mismo día en el que se conocen los últimos datos del Eurobarómetro, donde se dice que el 91% de los españoles defiende que las personas LGTBI tengan los mismos derechos que las heterosexuales, desde la Junta de Andalucía se haga público un documento que va a limitar el conocimiento y la defensa de estos derechos humanos al alumnado debido a la ideología no democrática que puedan tener sus padres o madres.
Muy por encima del derecho de las familias a elegir a educación de sus hijas e hijas e hijos está el derecho de estos a recibir una educación integral. El interés superior del menor, el derecho que tienen a ser escuchados no puede ser pisoteado por una visión adultocentrista del sistema educativo que deja al alumnado como un simple peón al que poder maltratar ideológicamente. Formar al alumnado integralmente es educar. Y en las escuelas andaluzas se educa, no se adoctrina, ya lo haga el profesorado o las personas técnicas de las entidades LGTB.
Es curioso que sólo se pida el veto educativo a las familias en esta materia y no en otras, señal inequívoca que quien lo promueve sólo aspira a inculcar en el alumnado determinadas creencias, solo intenta adoctrinar.
Y este no es un asunto exclusivamente andaluz. Tras imponerse en Murcia, el sur de España ya está contaminado. Y seguirá la reconquista más allá de Despeñaperros hasta que el conjunto del estado sea pisoteado por el caballo aniquilador que monta Abascal.
En mi ya dilatada vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar en algún momento de su vida política con Juanma Moreno Bonilla (actual presidente de la Junta de Andalucía), Elías Bendodo (actual Consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía) y Javier Imbroda (actual Consejero de Educación). Mi recuerdo de ellos pasa necesariamente por su sensatez, coherencia y educación. Me pregunto ahora, con este texto incapacitante en mis manos, en qué momento han mutado estos valores para ponerse al servicio de la vil ideología que VOX vomita en las instituciones donde está presente. No es posible que asegurar un año más la presidencia de Junta de Andalucía pase por encima de los derechos y la dignidad de personas y familias andaluzas. No todo puede valer en política.
Sres. Moreno Bonilla, Bendodo e Imbroda, lo único que hacen las entidades LGTB en los colegios andaluces es trasladar al profesorado y al alumnado que es natural amar a hombres o a mujeres, independientemente de que seas un hombre o una mujer; que la genitalidad no te aboca necesariamente a ser un hombre o una mujer; y que todos los modos de familia son naturales. ¿Es esto materia de opinión?
En estos momentos siento vergüenza de la imagen que Andalucía está proyectando al resto del estado español, siento vergüenza de los máximos responsables políticos educativos andaluces.
Desde mi posición como activista LGTBI quiero que el Presidente, el Consejero de Presidencia y el Consejero de Educación de la Junta de Andalucía sepan que nos tendrán a tener frente a ellos hasta que no anulen esta medida. Dedicaremos a ello todo nuestro trabajo.
Pero, lo más importante, desde mi situación de marido y padre quiero que Juanma, Elías y Javier (también padres) sepan que lucharé hasta que me quede un puñado de fuerza para que nada ni nadie arrebaten los derechos de mi familia, de mi marido de mi hijo y aquí sí que sé que ganaré la partida. Y sé que no estaré solo, que junto a mí ya se están posicionando personas LGTBI y personas heterosexuales, personas con hijas o hijos y personas sin ellos. Porque señores, la dignidad de mi familia y el futuro de mi hijo no es moneda de cambio.