Por Enrique Anarte (@enriqueanarte)

Foto: EFE
Los relatos de las persecuciones, las torturas y los asesinatos, de los cuales el periódico ruso independiente Nóvaya Gazeta afirma tener pruebas incuestionables, son desoladores. La campaña de acoso y caza de hombres gais por parte de las autoridades, según la narración de víctimas y organizaciones locales, se une a un elemento incluso más estremecedor: la posible colaboración de las propias familias de estas personas objeto de la homofobia social e institucional. «No tengo ni la menor duda de que mis propios familiares planeaban asesinarme», contó uno de estos hombres al diario británico The Guardian. Como probablemente sea el caso de otros muchos miembros del colectivo LGTBI checheno, que aparentemente están siendo evacuados gracias al trabajo de grupos locales, su esperanza ahora es el asilo en algún país europeo. Pero esto último no es en ningún caso sencillo, dado que aparentemente las nuevas tecnologías están siendo utilizadas para violar su intimidad y vigilar sus movimientos.
Algunos líderes europeos se han pronunciado en contra de esta barbarie y han exigido a las autoridades rusas y chechenas ponerle fin, entre ellos la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini. En España, país cuya preocupación por la situación por los derechos humanos en el mundo es de sobra conocida (nótese la ironía), sigue faltando en mi humilde opinión una reacción más firme frente a revelaciones de esta índole. Y, junto con ello, sigue en un lugar secundario uno de las cuestiones a mi juicio de mayor importancia: ¿están haciendo España y el resto de capitales europeas todo lo posible para que estas personas perseguidas por su orientación sexual tengan acceso efectivo al derecho al asilo que nuestra legislación les reconoce?
Les adelanto ya que, al menos en el caso de España, la respuesta es no. Primero, por razones políticas: no es ninguna novedad que los solicitantes de asilo están encontrando todo tipo de trabas para solicitar el asilo (y que les sea concedido) en condiciones en las que teóricamente no deberían tener problema alguno. España no solo no está cumpliendo con sus compromisos europeos en materia de refugiados, sino que en los últimos años hemos visto cómo (pese a la inclusión en la Ley de Asilo de 2009 de la orientación sexual entre los motivos de persecución por los que España puede conceder el asilo) la administración del Partido Popular ha intentado negarle este derecho a personas LGTBI, aunque a veces la movilización social y política haya servido para parar los pies a la homofobia y la transfobia que, una vez más, este partido ha demostrado profesar. Yo al menos no tengo razón alguna para esperar un cambio por su parte en esta vergonzosa forma de gobernar.
No obstante, el muro que erige España ante las personas LGTBI que huyen del odio (no se pierdan la entrada que escribió CEAR al respecto en este blog) va más allá. La razón está en la propia ley mencionada anteriormente, aprobada entre otros por el PSOE y el PP. El que hace la ley, hace la trampa. La Ley 12/2009 no permite (cosa que sí ocurría con anterioridad) solicitar el asilo en las embajadas españolas en el extranjero, pese a que sí que abre la posibilidad de «promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a España» para hacer posible la presentación de la solicitud, ya que la legislación exige que esta persona esté pisando suelo español. Al menos era una vía abierta.
O podría llegar a serlo, en caso de que existiese el reglamento que la propia ley exige para regular las condiciones de acceso a este traslado. Pero claro, no ha habido tiempo desde 2009 para aprobarlo. Nótese de nuevo la ironía. En diciembre, el recién estrenado ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prometió que dicho reglamento sería realidad «a principios» de 2017. Seguimos esperándolo. Eso sí, el Grupo Popular en el Senado tumbó una moción de Unidos Podemos (apoyada por el PSOE y ERC) para permitir a los refugiados solicitar protección internacional en embajadas y consulados de España en el extranjero.
La condena internacional al triángulo rusa checheno debe ser firme e inmediata, pero hay muchas más medidas urgentes que deben acompañarla. Los sistemas de asilo europeos deben adaptarse a las realidades que afrontan las personas que huyen de la persecución y la violencia en sus diferentes formas para convertirse en una puerta de entrada al refugio que todo ser humano merece, no en el muro coronado por concertinas de una fortaleza inexpugnable. De lo contrario, estaremos mirando hacia otro lado respecto a esta y todas las demás atrocidades que siguen teniendo lugar en el mundo.
No basta con ondear banderas arcoíris dentro de las murallas que erigimos para, supuestamente, protegernos. Desde allá afuera no se atisba derecho humano, libertad o dignidad alguna. Desde allí solo se distingue la piedra de crueldad con la que intentamos ensordecer el ruido de las bombas, los gritos de terror y las lágrimas de dolor.
Pues una teocracia islamica como Iran o Arabia Saudi..que esperabais!!
19 abril 2017 | 16:01
Cuando la guerra de Irak, muchos homosexuales fueron asesinados, desde una O.N.G del Reino Unido salvaron a muchos y les ayudaron a instalarse en el país y a proporcionarles alojamiento temporal, seria interesante que entre todos los colectivos LGBT de España se pudiera hacer una O.N.G de este estilo y salvar las vidas de personas LGBT en países homófobos como Chechenia o con conflictos bélicos, en los que las personas LGBT se convierten en un colectivo vulnerable.
19 abril 2017 | 23:15
Es una barbaridad pero España, como muchos otros países, no tiene capacidad ni para toserle a Rusia. Es la triste realidad.
20 abril 2017 | 00:42
¿están haciendo España y el resto de capitales europeas todo lo posible para que estas personas perseguidas por su orientación sexual tengan acceso efectivo al derecho al asilo que nuestra legislación les reconoce?
España está como para hacer algo, todavía no se cumple el Artículo 47 de la constitución:
Todos los españoles (colectivo LGTBI incluído) tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Así que mejor nos preocupamos por hacer los deberes en casa, que aún están sin hacer. Lo que digo no será «políticamente correcto», pero es totalmente cierto.
20 abril 2017 | 22:44
Pues muy bien.
20 abril 2017 | 22:56
“No tengo ni la menor duda de que mis propios familiares planeaban asesinarme”
20 abril 2017 | 22:58