Por Andrea Puggelli (@aikkomad) activista italiano LGBTQI
El Parlamento Italiano no logra legislar sobre el “ofensivo” proyecto de uniones civiles, que según lo previsto consagraran la discriminación entre parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales.
El Partido Demócrata, de centro-izquierda, que gobierna desde 2013, es rehén de su falange católica. El partido no sólo distorsiona el proyecto de ley, transformando las familias LGBT en «formaciones sociales específicas» sino que piensa hacer una ley, a su vez, para enviar a la cárcel aquellos padres LGBT que van al extranjero para practicar la gestación subrogada.
El Gobierno no se pronuncia sobre la cuestión de la igualdad. El Presidente del Gobierno, Renzi no dice nada acerca de «su» antiguo proyecto de unión civil ( parecido a lo que existe en Alemania) y que prometió en la campaña electoral para las primarias de su partido. Y en cambio, el Ministro del Interior (Angelino Alfano) ordena que las transcripciones de los matrimonios entre personas del mismo sexo, contraídos en el extranjero, sean canceladas por los prefectos a pesar de los fallos judiciales a favor.
El Consejo de Estado da la razón al Ministro del Interior. Mientras tanto, resulta que el juicio del Consejo es el producto de un ferviente juez contrario a las personas LGBT y que el presidente del mismo Consejo de Estado es un miembro del Opus Dei.
De hecho, en Italia hay un gobierno que se esfuerza por hacer la vida imposible para las personas LGBT en este país, gracias a su partido minoritario (Nuevo Centro Derecha) que mantiene en jaque Renzi y todo su partido. El Partido Demócrata, ya hemos visto, no es capaz de legislar. No sólo eso, la transformación de las uniones civiles en «formación específica» supone culturalmente una regresión al pasado.
También muchos activistas LGBT han creado todo este proceso arremetiendo contra los que expresaron preocupaciones legítimas sobre el proyecto de ley y todo lo que está ocurriendo dentro del Gobierno y el Consejo de Estado.
En Italia, en este momento hay una intención discriminatoria hacia las personas LGTB por parte del Gobierno y la oposición de la mayor parte del país, para crear una cultura de respeto hacia las personas LGTB, también favorecida por la ruptura existente en el movimiento LGBT italiano mismo.
Tal vez tenemos que esperar a otro fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya en julio condenó a Italia por no proporcionar ningún reglamento sobre las uniones entre personas del mismo sexo y que demostró , de manera polémica, que «el gobierno (italiano) ha ejercido persistentemente su derecho a estar en contra sobre estas afirmaciones (de derechos) hacia los lgtb».
A ver lo que pasará en enero cuando empiece el debate sobre el proyecto de ley de uniones civiles.