Las terapias homófobas del Obispado de Alcalá

Por Charo Alises (@viborillapicara)

Foto: Martin Garrido

Hacer más ejercicio y ver menos porno, esas son algunas de las recomendaciones del Obispado de Alcalá para quienes quieren ” dejar atrás su homosexualidad”. Esto podría resultar jocoso si no fuese porque este tipo de terapias, además de innecesarias, pueden ser altamente nocivas.

El Consejo General de la Psicología de España ha manifestado “total acuerdo” con la postura adoptada por la American Psychological Assotiation (APA) en 2009 cuando declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indiquen, insten o hagan creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento. Dicha declaración tiene como base 83 estudios acerca del cambio de orientación sexual que llevan a concluir que no existe ninguna evidencia científica de que una persona homosexual pueda dejar de serlo, más bien por el contrario, los fallidos esfuerzos por conseguirlo suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio

Muchas personas se acercan a este tipo de terapias debido a las fuertes presiones que reciben en su entorno y al rechazo a su orientación sexual. Es mucho más probable que aquellos entornos que consideran la homosexualidad como una enfermedad mental o un pecado, ejerzan un mayor nivel de  presión sobre las personas con una orientación homosexual, pudiendo favorecer la génesis de conflictos internos, tal como la homofobia interiorizada, que coloca a quienes lo sufren en una situación de mayor vulnerabilidad frente a quienes ofrecen soluciones falsas, milagrosas y evidentemente ineficaces. Desde el Consejo General de la Psicología se recomienda intervenir en el sentido de la aceptación de la homosexualidad como forma de eliminar el conflicto interno, de manera que las personas vivan integrando su orientación de una forma asertiva.

La presión  que ejercen  determinadas creencias religiosas puede ocasionar un sentimiento de culpabilidad en las personas LGTBI y conducirlas a vivir su orientación sexual como algo negativo y pecaminoso que deben desterrar de sus vidas, por lo que no es de extrañar , que terminen acudiendo a quienes, amparándose en sus doctrinas, les ofrecen un remedio al mal que supuestamente padecen.

La legislación penal española no prohíbe las terapias que pretenden curar la homosexualidad, sólo si de estas prácticas se derivasen daños psicológicos y/o físicos se podría hablar delitos contra la integridad moral o de lesiones.

En las Comunidades Autónomas donde existen leyes LGTBI sí se prohiben esas terapias y se sancionan con multas cuantiosas, quedando impunes en los lugares de nuestra geografía donde no existe legislación LGTBI. Hay que especificar que estas normas legales tienen carácter  administrativo no penal.

Las terapias ofertadas por el Obispado de Alcalá vulneran lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid que establece como infracciones muy graves la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, y prevé una multa entre 20.001 y 45.000 euros, además de la prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos o entes públicos durante tres años o de acceder a cualquier ayuda pública de la Comunidad.

El Obispado de Alcalá sostiene que ayudan a las personas y que “dicho acompañamiento integral, pastoral y espiritual en ésta como en todas las materias, siempre se hace -desde la fe y la razón, con amor y verdad – a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia Católica”. Sobre esto no hay que olvidar las arengas lanzadas desde los púlpitos contra la diversidad sexual y de género y el impacto negativo que estos discursos pueden tener en las personas LGTBI creyentes y en sus familias. Además hay que añadir que, en no pocas ocasiones, las víctimas que padecen las terapias son menores de edad y, por tanto, especialmente vulnerables, resultando que nos encontramos con una forma  de violencia contra la infancia que es urgente erradicar.

Las graves consecuencias de estas terapias hacen imprescindibles medidas legislativas que prohíban esas abyectas prácticas en nuestro país. Es una cuestión de derechos humanos.

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