Por José Ignacio Pichardo (@inasiyu), profesor de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid y coautor de Abrazar la Diversidad.
Foto: MaloMalverde (vía Flickr)
En el año 2004, cuando empezábamos el primer estudio sobre homofobia en el sistema educativo, se puso en contacto con nosotras una profesora de Alicante. Uno de sus estudiantes estaba sufriendo acoso homofóbico por una parte de sus compañeros. Al enterarse en su casa, el padre le pegó una paliza y el chico no vio otra salida que suicidarse. Ni el centro escolar ni la familia quisieron visibilizar lo que había ocurrido.
Esta historia nos ha ido acompañando en cada visita a un instituto, en cada charla, en cada estudio, en cada entrevista: ¿cuántos chicos y chicas están sufriendo acoso escolar por homofobia o transfobia en silencio, con miedo a la posible reacción de sus familias, mientras que sus compañeros y el personal del centro no hace nada? ¿Cuántos chicos y chicas se habrán suicidado por este motivo sin que nadie lo haya sabido?
El año 2015 concluyó con la muy triste noticia del suicido de Alan, un chico trans de 17 años de Barcelona que no pudo soportar más los insultos, vejaciones y agresiones físicas que vivía en su instituto. Y sabemos del infierno por el que estaba pasando gracias a que, en medio del duelo y del dolor por su muerte, su familia nos lo ha contado, denunciando lo que muy acertadamente han denominado “un crimen social”. La valentía de su testimonio hace patente que el acoso escolar por homofobia y transfobia sigue presente en nuestros centros educativos.
Las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, ya han denunciado que el acoso escolar por homofobia y transfobia es un problema universal que “implica la violación de los derechos de estudiantes y docentes e impide nuestra capacidad colectiva para obtener una Educación de Calidad para Todos”.
El año 2016 comenzó con el ataque a una mujer transexual en Lavapiés y con el suicidio de Diego, un niño de 11 años de Leganés al que sus compañeros, entre otras agresiones, le llamaban “maricón”. Son constantes las situaciones de exclusión, discriminación y agresiones que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en nuestro país, donde, según el Ministerio del Interior, la orientación sexual y la identidad de género son los principales motivos de los delitos de odio.
En este contexto, no nos queda otra que reclamar un Pacto de Estado para acabar con la lacra de la homofobia y la transfobia. No valen las excusas: estamos hablando del derecho a una vida libre de tratos crueles o degradantes, a la educación o al libre desarrollo de la personalidad. Derechos humanos que están por encima de cualquier consideración cultural o religiosa. No valen los pretextos ideológicos: ninguna religión o partido político mayoritario defiende o justifica el discriminación social o el acoso escolar por ningún motivo. Esta es una lucha transversal, de todos y todas, como la lucha contra la violencia de género o contra el terrorismo. Porque, además, las personas con actitudes claramente homófobas y tránsfobas son una minoría en nuestra sociedad y en nuestros centros escolares. ¿Por qué estamos permitiendo que la ley del odio homófobo y tránsfobo de esa minoría se imponga? Porque la mayoría no quiere ver la trascendencia, alcance y gravedad del problema o, simplemente, prefiere apartar la vista.
Por su capacidad transformadora, y por ser todavía hoy uno de los principales reductos en los que la homófoba y la transfobia sigue campando a sus anchas, los espacios educativos suponen un lugar privilegiado para el cambio social, para avanzar en la construcción de una sociedad que respete y permita ser feliz a todos sus miembros, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades acaba de publicar la guía “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”. Este documento, que comienza presentando diversos datos sobre la incidencia y consecuencias de este tipo de acoso, ofrece una serie de medidas y acciones concretas que tanto el profesorado, como los centros educativos, las familias y el alumnado pueden llevar a cabo no sólo para intervenir ante situaciones de homofobia y transfobia, sino para prevenir que estas lleguen a tener lugar. Se aportan, además, diferentes recursos educativos para trabajar la diversidad sexual, familiar y de identidad de género en todos los niveles educativos. Cierra el documento una revisión de las políticas publicas y los textos legales que sustentan este tipo de actuaciones para concluir con un desafío a nuestros políticos y gobernantes, ya que apenas se hace nada o casi nada desde las administraciones públicas para lograr que los casos de Alan y Diego sean los últimos que tengamos que llorar.