El aeropuerto internacional de Ciudad Real, el primero en España construido con capital privado (510 millones gastados, 1.100 presupuestados), no pudo inaugurarse el pasado lunes como estaba previsto. Tras diez años de obras está listo para empezar a operar, con la terminal impecable, toda la gente contratada, los controladores aéreos en su torre de control mirando pantallas en blanco, la cafetería con los sándwich listos, los servicios de seguridad vigilando, pero sin viajeros, ni aviones, ni permisos. Es un aeropuerto fantasma y la culpa la tienen los pájaros. O al menos la empresa se la echa a ellos. A los pájaros y a los ecologistas.

En realidad el problema no es el proyecto, el problema es el lugar elegido para ubicarlo. Se encuentra en el corazón del Campo de Calatrava, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), espacio protegido por la Unión Europea debido a su importancia para la conservación de un gran número de especies de aves esteparias en peligro de extinción.

Una protección que, contra toda lógica y sensibilidad, no impidió seguir adelante con las obras, pero sí ha justificado la imposición de una larga serie de medidas compensatorias y correctoras que aparecen en la Declaración de Impacto Ambiental decretada en su día por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Al no haberse realizado todas estas compensaciones, sus promotores se han quedado de momento sin la preceptiva licencia de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento. Y sin licencia no hay vuelos, por mucho que ya se hubieran vendido billetes de avión para los primeros viajes sin contar con ella, algo que raya y probablemente traspasa la legalidad.

¿Qué les falta para lograr la licencia? Pues todavía bastantes cosas:

1. En la actualidad no se ha aprobado el Plan de Gestión de la ZEPA (competencia de la Junta).

2. Las medidas agroambientales no se han realizado en su totalidad.

3. Los promotores no han comprado el 30% de la superficie destinada a las medidas agroambientales (faltan 252 hectáreas).

4. No existe un plan de desarrollo rural de la zona afectada.

5. No se ha finalizado la instalación de la red piezométrica que permita controlar tanto la calidad de las aguas subterráneas como las fluctuaciones del acuífero.

6. No se ha reconstruido la chimenea de la fábrica de cerámica, que fue destruida sin motivo por los promotores y en la que se asentaba una importante colonia de una especie de ave amenazada, el cernícalo primilla.

7. No se ha llevado a cabo la insonorización previa en los municipios afectados.

Ya se veían venir de lejos estos problemas. Desde los inicios del proyecto, en 1998, recibió las críticas de las principales organizaciones ecologistas del país (SEO-BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF-Adena) y de la Comisión Europea. Las denuncias se han sucedido sin descanso, a pesar de que contó con el respaldo del Gobierno regional y de todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales de la región. Pero contra viento y marea el proyecto ha seguido adelante. Y sus promotores ven ahora que por las bravas las cosas no siempre salen bien. La política de hechos consumados, el chantaje de inversiones y puestos de trabajo, ya no es suficiente.

De todas formas el mal ya está hecho. Con compensaciones o sin ellas, las avutardas y los sisones se han quedado definitivamente sin uno de sus mejores refugios manchegos. Aeropuertos hay muchos, pero santuarios naturales cada vez nos quedan menos.