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Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. (Pablo Neruda)

Guerra sin cuartel para mantener abiertos los pozos ilegales que secan Doñana

Es la guerra. La guerra del agua, pero guerra a fin de cuentas. Guerra a la lógica, a la sostenibilidad, a la ley y el orden. Guerra a quien trate de cerrar los 562 pozos y 146 balsas ilegales que esquilman el agua de Doñana, cifra que algunas fuentes elevan hasta el millar. Guerra a quien trate de poner freno, cordura, lógica, a una producción masiva de fresas, arándanos y otros frutos rojos que está matando el Espacio Natural de Doñana a cambio de dar trabajo a más de 5.000 personas y generar unos 15 millones de euros en beneficios. Guerra a quien trate de impedir que Doñana, patrimonio de 740 millones de europeos y de sus generaciones futuras, no agonice por culpa de los espurios intereses de unos pocos.

Porque Doñana agoniza. Doñana se muere. Doñana se seca. Y cuando todo esté ya muerto, seco, perdido, esas 5.000 personas de Huelva se quedarán igualmente sin trabajo, sin negocio y sin futuro. Tanto daño para nada. Pero muchos no lo ven así. Son incapaces de mirar más allá de su nómina de final de mes.

Empresarios en pie de guerra

Cientos de vecinos de Lucena del Puerto (Huelva), municipio del entorno de Doñana, impidieron el pasado lunes a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Huelva) ejecutar varias sentencias judiciales y proceder al cierre de 77 pozos ilegales en la zona. Era el segundo intento. Y acabó igual de mal. Al lugar habían acudido diez técnicos acompañados por agentes de la Guardia Civil, los cuales ante la masiva presencia de agricultores en pie de guerra decidieron desistir y no llevar a cabo la actuación prevista.

Los afectados aseguran que serán ellos mismos quienes cierren todos los pozos ilegales en el momento en que les ofrezcan agua superficial abundante y barata; no les importa de dónde ni cómo ni a qué precio (para el erario público) llegará esa agua.

Tampoco son estos regantes los malos de la película. La propia Junta de Andalucía promovió hace 20 años los lesivos cultivos de regadío en Doñana a golpe de subvenciones e incentivos. Mirando para otro lado cuando empezaron a abrirse cientos de pozos ilegales en un espacio natural protegido. Pensando más en los votos que en la legalidad.

Preocupación ecologista

Numerosas organizaciones ecologistas, con WWF, Greenpeace y SEO/BirdLife a la cabeza, han mostrado a través de un comunicado de prensa su firme apoyo a la Guardia Civil y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su labor en defensa de un recurso natural tan valioso como es el agua. Y advierten: “Este bien público no puede seguir siendo expoliado por empresarios agrícolas ilegales”.

Estas organizaciones recuerdan que en un estado de derecho son inadmisibles este tipo de acciones de presión en contra de la legalidad y las amenazas a los funcionarios públicos encargados de cumplir una sentencia en firme.

“Las leyes deben cumplirse y las sentencias deben ejecutarse y un grupo de regantes ilegales no pueden elegir qué sentencias se aplican y cuáles no en función de intereses particulares”, afirman los ecologistas.

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1 comentario · Escribe aquí tu comentario

  1. Dice ser Misael

    Intolerable que se permita seguir el juego a estas ratas que se están cargando un patrimonio natural de Europa entera. Se están riendo de la mismísima Guardia Civil y de una Administración que debería garantizar la ejecución inmediata de este tipo de leyes en paisajes tan delicados. Ahora eso sí como te cojan en la calle bebiendo sin hacer daño a nadie o algo por el estilo te meten un paquete de 700€ sin que les tiemble el pulso y ahí no se opone ni dios a que lo hagan. Después se colgarán lacitos en los desfiles y saldrán muy orgulloso en las fotos de actos públicos cuando la realidad es que no tienen ni la más mínima dignidad para arreglar esta bochornosa situación y están al servicio de esta calaña

    01 julio 2019 | 01:47

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