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Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. (Pablo Neruda)

Un millón de pozos ilegales amenazan la seguridad y el futuro

Pozo ilegal en la cuenca hidrográfica del Segura. ©Greenpeace

En 2006 el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes. Significa que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad.

En 2017, una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que la cifra es el doble y podría haber hasta un millón de pozos ilegales extrayendo 7.000 hectómetros cúbicos al año, una cuarta parte de las actuales reservas hídricas de toda España.

Un millón de agujeros profundos excavados donde a sus dueños les ha dado la real gana, sin contar con estudios serios, permisos estrictos y, lo que es peor, sin las más mínimas medidas de seguridad exigibles para este peligroso tipo de infraestructuras.

Por no saber, como ocurre con todo lo ilegal, ni siquiera sabemos dónde están.

¡Un millón de trampas!

El partido verde EQUO ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer la cifra exacta de pozos ilegales que existe en todo el territorio. Igualmente, le pide al Gobierno medidas para clausurar esos pozos y evitar que sigan proliferando.

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO, considera que

“los pozos ilegales son una realidad de impacto dramático que había pasado casi desapercibida hasta ahora, pero cuyas consecuencias son bien visibles en muchos lugares. Precisamente la UE ha denunciado a España ante el Tribunal europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana, pero son muchos más los lugares afectados”.

La OCDE ha identificado zonas especialmente afectadas por el estrés hídrico debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Además de Doñana estaríans Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de Crevillente (Alicante)  y Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y Murcia).

Greenpeace pide una investigación

Por su parte, Greenpeace ha solicitado al Gobierno que lleve a cabo un investigación para localizar y situar en un mapa los pozos ilegales existentes en todo el país y que proceda lo antes posible a su clausura.

La organización, que lleva más de 10 años denunciando esta situación, ya realizó peticiones de información pública a las distintas confederaciones hidrográficas a comienzos y finales de 2018 sin obtener un dato confirmado, lo que constata la impunidad y desgobierno en torno a una cuestión tan relevante para la seguridad ciudadana y para la protección de un recurso fundamental para la vida: el agua.

“La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que, como desgraciadamente hemos visto estos días, se ha revelado también como una amenaza para la seguridad ciudadana”,

señala Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.

A petición de la organización ecologista, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha informado de que en el periodo 2013-2017 recibió 1.146 denuncias por pozos ilegales detectados y tan solo se cerraron un total de 10, una cifra irrisoria si se compara con las estimaciones disponibles.

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1 comentario · Escribe aquí tu comentario

  1. Dice ser ¿CUÁNTO NOS CUESTAN LOS ECOLOGISTAS A LOS ESPAÑOLES?

    https://www.youtube.com/watch?v=j5e0godUJuI

    06 febrero 2019 | 17:57

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