Pozo ilegal en la cuenca hidrográfica del Segura. ©Greenpeace

En 2006 el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes. Significa que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad.

En 2017, una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que la cifra es el doble y podría haber hasta un millón de pozos ilegales extrayendo 7.000 hectómetros cúbicos al año, una cuarta parte de las actuales reservas hídricas de toda España.

Un millón de agujeros profundos excavados donde a sus dueños les ha dado la real gana, sin contar con estudios serios, permisos estrictos y, lo que es peor, sin las más mínimas medidas de seguridad exigibles para este peligroso tipo de infraestructuras.

Por no saber, como ocurre con todo lo ilegal, ni siquiera sabemos dónde están.

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