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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

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Transición energética, ¡la decisión es política!

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Decisión

Estamos ante una opción estratégica de enorme trascendencia para el futuro de nuestra economía, medio ambiente, progreso y el bienestar de la sociedad española en general. Tenemos que conformar nuestro futuro energético y hacerlo de forma urgente ante la ausencia de planificación y política energética en general, sobre todo de la última década o, lo que es peor ante la existencia de una “contrapolítica” nefasta, iniciada ya en la segunda legislatura de Zapatero y perfeccionada con perversa eficiencia (decía Bill McDonaugh que “hay algo peor que un nazi, y es un nazi eficiente”) en las legislaturas de Rajoy con los hermanos Nadal como preclaros agentes.

Una reciente artículo de Javier San Pedro en El País, glosando al nuevo Nobel de Economía, Richard Thaler (quien ha demostrado que somos irracionales como agentes económicos, en contra de lo establecido), concluía con algo que viene a cuento y es que “la política puede ayudarnos a planificar mejor”. Para el Nobel de Economía las decisiones complejas requieren ciertamente el concurso de políticos, expertos y ciudadanos en democracias maduras participativas, aunque reservando un papel primordial a la política como gestora de los riesgos a asumir en estos casos. Política que, como bien se viene mostrando en el caso español, debería hacerse en el Congreso en casos como el de la transición energética y en base a propuestas del Gobierno o, en su ausencia, a iniciativa del Congreso si, como es el caso actual, puede haber una mayoría suficiente en la oposición.

Me meto en estas honduras para exigir que la respuesta al desafío del cambio climático y a la conformación de la necesaria y oportuna transición energética que se pretende instrumentar en una cacareada Ley venga de la política y ya, urgentemente. Y es que, con la habilidad y eficiencia que caracterizan al ministro Álvaro Nadal, se ha puesto en marcha un proceso por el que se hurta a la política, al Congreso y a la ciudadanía la conformación urgente de la transición energética.

En primer lugar, el Gobierno no ha dado unas mínimas referencias en cuanto a su propósito, visión y objetivos en el tiempo de la política energética que pretendería instrumentar con la citada Ley. Lo que sí ha hecho en cambio el Ministro Nadal recientemente es criticar la política y estrategias de descarbonización de la Unión Europea (Hoja de Ruta para una Europa  baja en Carbono, Hoja de Ruta de la Energía para 2050, Paquetes 2020 y 2030 y Unión Energética) contraponiéndolas a las medidas ahora iniciadas por EEUU con Donald Trump para reforzar la carbonización de su economía lo que, según Nadal, colocaría a la UE en desventaja en los mercados. Tal afirmación, además de irresponsable es falsa como bien han demostrado las ventajas competitivas de la UE por haber firmado y cumplido con el protocolo de Kioto.

En segundo lugar, en este contexto de falta de referencias políticas, o más bien equívocas, el Gobierno se tira el pegote de abrir una extensa consulta pública pidiendo aportaciones de colectivos, agentes socioeconómicos, ONGs …que, por supuesto serán, además de bien intencionadas, bien informadas, pero siempre sin saber muy bien para qué. Muchos parecen contentarse con la falsa esperanza de que les servirá para presentar alegaciones cuando se presente el Proyecto de Ley, lo que ya es un indicador de lo baldío del ejercicio.

En tercer lugar, el Gobierno, también humildemente, se ha sometido a atender el dictamen y propuestas en materia de transición energética de un grupo de 14 expertos identificados a propuesta de partidos políticos y agentes socioeconómicos. Aunque siempre sin someter cuál es la política a futuro a la que deben dar respuestas técnicas.

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El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

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La (enorme) hipoteca nuclear

Por Joan Herrera – Abogado

Abro la prensa y veo que el presidente de Endesa tiene hoy semáforo verde en la prensa escrita. El motivo no es otro que la demandada de alcanzar un nuevo pacto energético bajo la premisa de alargar la vida útil de las centrales nucleares existentes. Continúo mi lectura y compruebo cómo en el mismo periódico que le da semáforo verde, en la página impar, hay un anuncio de la misma compañía, mientras que en la página par hay un desarrollo de la noticia en la que Endesa pide ese pacto para la energía, cuya principal propuesta es el alargamiento de las centrales nucleares, bajo la amenaza de que de no ser así aumentará el precio en 10 euros el megavatio-hora.

Curioso país este. El debate energético, aquello de lo que va el cambio de modelo productivo en uno de los países más dependientes del mundo (72% de dependencia energética, más del 80% si añadimos el uranio importado, 20 puntos más que el entorno europeo, que a su vez es el escenario regional más dependiente del planeta) no existe. Pero se introduce para hablar del alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Una propuesta que, de ser realidad, marcará el futuro de muchas generaciones. Si posponemos o no el funcionamiento de las centrales.

Tenemos centrales que todas ellas están a las puertas de cumplir los 40 años (más allá de su vida útil). Centrales que necesitan de una inversión extraordinaria de acuerdo con los estándares establecidos tras el accidente de Fukushima. Dicha tecnología es claramente incompatible con las energías renovables, ya que estas últimas necesitan de tecnologías complementarias que se puedan activar cuando no hay fuentes de origen renovable, y que se puedan apagar cuando la potencia instalada en renovables está a su máxima producción.

De hecho, hoy, el modelo en la fijación del precio en la nuclear es uno de los factores por los que pagamos una de las energías más caras de Europa entre el pequeño consumidor. Jorge Fabra, economista especializado en la materia, ha explicado de forma reiterada como, bajo hipótesis generosas, los costes asociados a la producción en una planta se sitúan en torno a los 22€ el MWh) pero sus ingresos se multiplican por dos y por tres por MWh en función del año.

Mientras tanto, en el mundo se invierte cada vez más en renovables: el 2016 ha habido casi tanta inversión en renovables y ahorro y eficiencia como en extracción de petróleo y gas, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. En el Reino Unido se ha instalado 32 veces la potencia fotovoltaica que España el 2016 (72 veces en 2015). Y en EEUU, que representa el 20% de la inversión global en renovables, un tercio de la inversión se ha producido en autoconsumo. Si el carbón fue la palanca de cambio (de control y contaminación) del siglo XIX y el petróleo la del siglo XXI, hoy las renovables pueden cambiar el modelo productivo. Con un elemento añadido, que la gestión de las renovables puede pasar por una gestión democrática de la energía (y no necesariamente por oligopolios).

Pero España a su rollo. Tenemos un traje eléctrico que nos van grande. Con mucha potencia instalada, ineficiente, antigua, e incompatible en muchos casos con un mix energético en que entren con más fuerza aún las renovables y especialmente el autoconsumo. Pero, a pesar de ello, el autoconsumo continúa parado, debido al veto del gobierno del PP a la proposición de ley unitaria sobre la materia (con la aquiescencia de Ciudadanos). Se anuncia una subasta para renovables porque la Unión Europea obliga, pero se imposibilita que el pequeño inversor pueda entrar en la subasta. Las micro redes no se permiten. Los contadores inteligentes se instalan, pero se deja la gestión de los datos en manos de quien tiene el monopolio natural de la distribución, dificultando una gestión de la demanda eficiente, permitiendo que quien tiene hoy el monopolio de la distribución pase a tener el monopolio del saber.

Pero el debate energético que nos encontramos es el de alargar la vida útil de las centrales, bajo la amenaza que si o es así aún se encarecerá mas el precio de la luz.

Pues bien. Dejemos las cosas claras. Si lo consiguen, si ahora alargan la vida de las centrales no será necesario ni autoconsumo ni renovables. Incluso será inconveniente: ¿cómo tener renovables que no son compatibles con un modelo con fuerte peso de la nuclear? Es más; continuaran haciéndolo todo para que no haya más potencia renovable para poder así sacar provecho de la potencia instalada, y para poder hacer que los ciclos combinados funcionen más horas. Por supuesto que no habrá modelo cambio de modelo productivo. Ni se generará puestos de trabajo. Ni tendremos las figuras del agregador energético que ya proliferan en otros países. Es posible que al cabo de los años Europa obligue. Y para entonces tendremos que cerrar abruptamente la centrales nucleares. Unas centrales más antiguas, más inseguras, pero que hoy por hoy son la gallina de los huevos de oro para sus titulares, y uno de los motivos por los cuales tenemos un sector energético tan reacio a los cambios que se dan en otras latitudes. Pero las cerraremos con la correspondiente indemnización, multiplicando el negocio de unos pocos y añadiendo hipotecas al conjunto de la sociedad y la economía.

Hoy somos, un país rico, muy rico en sol y viento. Pero pobre, muy pobre, en la voluntad política necesaria para protagonizar un cambio de modelo energético.

Ciudadanos y el autoconsumo: Cuando el veto pesa más que el voto

Por Hugo Morán – Exdiputado

ciudadanos

Veinticuatro vetos (si mi información es correcta) ha registrado hasta la fecha el Gobierno contra otras tantas iniciativas del Congreso en lo que llevamos de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la tónica preponderante en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta que la misma se de por concluida. Es evidente, cada vez más, que es mucho mayor la capacidad del Consejo de Ministros para encorsetar la acción del Parlamento, que la de éste para condicionar las decisiones de aquél.

La variable que se ha producido ahora respecto a otros vetos anteriores que venían siendo reiteradamente rechazados por la mesa de la Cámara Baja, es que en el caso de la Proposición de Ley de Autoconsumo que había sido impulsada por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular y Foro Asturias, ha sido una de las formaciones firmantes -Ciudadanos- la que se ha descolgado sorprendentemente de su compromiso inicial para colocarse del lado del Gobierno.

En ningún momento compartí el optimismo, y en algún caso euforia, de quienes querían leer en la composición del hemiciclo el relato del desmontaje de todo el entramado legislativo construido a golpe de mayoría absoluta por un Gobierno condenado ahora poco menos que al papel de convidado de piedra, a merced de las hostiles conveniencias parlamentarias de la oposición. No cabe en nuestra Constitución la figura del gobierno cameral.

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El PP propone un pacto de estado limitado para la luz

Por Ángel Calleja

debate sobre reforma eléctrica

Las líneas rojas serían el mantenimiento del sistema de fijación de precios y pago de las deudas acumuladas con las eléctricas

«Tenemos que sacar el modelo energético de la disputa política». Con esta frase, y frente al escepticismo de sus rivales, se descolgó el portavoz sectorial del PP, Guillermo Mariscal, en el debate sobre el futuro del modelo energético español que 20minutos y la Fundación Renovables organizaron el lunes en Madrid para analizar las posibles soluciones ante la escalada del precio de la electricidad que las familias han padecido a lo largo del mes de enero. «Este país necesita un pacto como el que se hizo con las pensiones, una mesa en la que discutamos, sin levantarnos, durante tres o cuatro días», insistió Mariscal, que intercambió opiniones, propuestas y reproches con la diputada socialista Pilar Lucio, el representante de Unidos Podemos Josep Vendrell y el diputado de Ciudadanos Vicente Ten.

La propuesta del parlamentario popular no implica someter a revisión todo el sistema de producción y retribución de la electricidad, que se materializa en la factura con la existencia de dos tipos de costes: los fijos, correspondientes a gastos estructurales que suponen el 60-65% en función del contrato; y los variables, que tienen que ver con el precio de la luz y que representan el 35-40% restante.

Así, la primera línea roja del PP es el criticado método de fijación de precios de mercado, conocido como ‘marginalista’ y que implica pagar toda la electricidad que se negocia en un día al precio que marque la tecnología más cara. Ello provoca que centrales amortizadas hace años y con un coste de producción muy bajo, como las nucleares o las hidroeléctricas, estén «sobrerretribuidas», como denunció Pilar Lucio (PSOE): «El precio que se establece es la punta del iceberg de un sistema que no funciona. Tenemos que aprovechar la situación actual para ir al fondo. Sube el precio porque el funcionamiento del mercado no es justo». La solución, según Josep Vendrell (UP), sería reducir el «oligopolio» actual, excluir a determinadas industrias del sistema de fijación de precios y compensar a las empresas productoras de acuerdo a sus costes operativos más un margen de beneficio «razonable». Mariscal, sin embargo, cerró la puerta a esta vía: «El marginalista es el sistema más eficaz. Tan mal no ha ido cuando el año pasado en estas fechas pagábamos el megavatio hora a 34 euros. Esto [el máximo de 91,9 euros alcanzado el 25 de enero] es coyuntural».

El precio de la luz en enero

Euros por Megavatio/Hora (OMIE)

La segunda cuestión sobre la que los de Génova se niegan a discutir son los alrededor de 10.000 millones de euros anuales que suman el déficit de tarifa (la indemnización que el Estado reconoció a las eléctricas por congelar la tarifa de la luz la pasada década) y las primas o ayudas a las empresas que producen mediante energías renovables. Este «lastre», según lo definió Mariscal, tiene que abonarse de una forma u otra hasta el año 2028. «Es el 1% del PIB. Da igual que se saque del término fijo [lo que abarataría la factura de los usuarios] y que se pase al presupuesto del Estado, porque hay que pagarlo igualmente», justificó.

La necesidad de sufragar esta ‘hipoteca’ derivada de las decisiones de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero es el argumento que los populares esgrimen para mantener el conocido como ‘impuesto al sol’. La eliminación de este peaje al autoconsumo significaría, a juicio del actual Ejecutivo, que el conjunto de los consumidores tendrían que repartirse los costes fijos correspondientes a aquellos clientes que generan su propia energía con paneles solares, pero que no contribuyen al mantenimiento de la red como al resto pese a hacer uso de ella, aunque sea de manera puntual.

La oferta del pacto de Estado de Guillermo Mariscal fue acogida con incredulidad por los portavoces de PSOE y Unidos Podemos, que criticaron que el ministro Álvaro Nadal no hiciese referencia a esta posibilidad durante su comparecencia de la semana pasada sobre la subida de la luz.

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Soria y el Banco Mundial: más vale honra sin barcos que barcos sin honra

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Jose Manuel Soria

José Manuel Soria (EFE)

El pasado 18 de abril escribí un artículo en este blog titulado “Soria como Al Capone: no será juzgado por su política energética”, en el que exponía más de 25 razones por las que el ministro Soria debería haber dejado su cargo, por una incompetencia manifiesta en su gestión como máximo responsable en materia energética, que ha conseguido que España siga siendo un país dependiente, ineficiente y que fue capaz de poner en marcha una persecución en contra de las energías renovables, único recurso energético sostenible y abundante que tenemos.

En el artículo, no quise entrar en su nefasto papel como ministro de Industria, ya que bajo su responsabilidad el sector industrial redujo de forma notable su aportación al PIB, sin ser capaz de buscar nuevas líneas de actuación para salvaguardar el necesario peso industrial, a pesar de haberse reducido los costes laborales con la paulatina pérdida de derechos de los trabajadores en España, fruto de la Reforma Laboral aprobada.

Reconozco que la decisión de escribir el articulo estaba motivada por una necesidad de desahogo al ver como un mal ministro y un mal gestor público dejaba el cargo por un error de comunicación, al “olvidarse informar” de que tenía intereses donde decía que no los tenía y que además era en paraísos fiscales.

Han pasado cinco meses y medio desde la dimisión del señor Soria y, personalmente, aunque las consecuencias de sus actos las seguimos sufriendo, pensaba que tardaría mucho tiempo en volver a tener noticias suyas. Bueno, en realidad mi horizonte era abril del 2018, fecha en la que se cumplirían dos años de su cese y esperaba que a partir de ese momento entraría a formar parte, como un ejecutivo de alto nivel de remuneración, en alguna de las empresas a las que siempre les dejó su puerta abierta.

Claramente no he tenido que esperar hasta 2018 porque solo dos minutos después de que Mariano Rajoy no saliera elegido como presidente en segunda convocatoria, se remitía un comunicado por el Ministerio de Economía anunciando que había presentado como candidato por España para ocupar una de las 24 direcciones ejecutivas del Banco Mundial al ex ministro Soria, en un claro gesto de nepotismo político al tratarse de una actuación in famiglia.

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La energía, la economía española y la sociedad insensibilizada

Luis María de la Maza – Profesional del área energética e industrial


 
La energía nunca ha sido de verdad un asunto central entre las preocupaciones de los españoles. Aunque hace muchos años que el mercado de los productos energéticos está (nominalmente) liberalizado, es como si “la gente” tuviera la sensación de que el suministro está absolutamente garantizado y de que sus condiciones dependen fundamentalmente de decisiones gubernamentales; sólo cuando las tarifas o los precios evolucionan al alza, surgen voces de protesta contra ello y contra los actores que dan pie a que se produzcan. Vivimos insensibilizados en materia energética porque el entorno social, mediático y político y los intereses, casi siempre ocultos del mismo, nos conducen a ello.

 

Y, sin embargo, como en cualquier economía desarrollada, la energía es un elemento capital para la competitividad del país y para el progreso y calidad de vida de sus habitantes. En España hablamos de una actividad que mueve directamente alrededor del 2,5% del PIB y que, por nuestra enorme dependencia exterior a través de las importaciones de combustibles fósiles (el 86% de la energía primaria consumida en España es importada, más de 30 puntos por encima de la media europea), se transforma en un brutal problema, mitigado en los últimos meses por la caída en picado (coyuntural) del precio del petróleo.

 

Los lobbies energéticos, eléctricos y de combustibles fósiles y sus puros intereses empresariales están en la base de este problema de nuestra economía. Y junto a ellos, el lobby político que come en su mano y se beneficia de sus decisiones, tanto a nivel de la estructura de los partidos políticos como de sus cargos directivos que echan mano de la puerta giratoria tan pronto como dejan sus cargos y aquélla se les pone a tiro.

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Los ciudadanos, protagonistas del nuevo modelo energético

Por Luis Mª de la Maza – Socio Protector de la Fundación Renovables

Chico mirando la ciudad

El sistema energético español, empezando por el eléctrico, se mueve lentamente, pero se mueve. La estructura de grandes empresas que lo dominan todo está mostrando sus primeras grietas. Cooperativas energéticas, generación distribuida, autoconsumo, movilidad eléctrica, etc., empiezan a provocar los primeros cambios en las reglas del sistema, en un movimiento imparable en el que los ciudadanos quieren ser los protagonistas del nuevo modelo naciente.

Todavía hoy, España es un país en el que, a pesar de sufrir la peor crisis de la historia, con una demanda energética hundida desde hace varios años, las empresas energéticas acumulan beneficios de miles de millones de euros. Tarifas con una componente fija incrementada (desincentivando la eficiencia) y con otros componentes regulados no sometidos a control o auditorías públicas, llevan al país a una absoluta falta de competitividad y a que muchos ciudadanos, brutalmente impactados por la crisis, no puedan pagarse un mínimo confort energético.

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Derecho al autoconsumo: ¿la posible “línea roja” de la nueva legislatura?

Por Joan Herrera – Abogado

solar-panels-domino publico

La semana pasada tuve la suerte de asistir a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se discutía allí un informe sobre la política solar energética en la Unión Europea y sus estados miembros. En el informe del Instituto Fraunhofer, el Gobierno español no quedaba en muy buen lugar. Tras las peticiones presentadas por los peticionarios, la representante del PP salía en tromba a defender – a pesar de todas las evidencias en su contra- la política de su gobierno, con argumentos que ni el más conservador del Parlamento Europeo se atrevería a esgrimir.  A la salida, y en tono distendido, le pregunté a uno de los peticionarios cual era la perspectiva del sector y me respondió “veamos que pasa el domingo” –en referencia a las elecciones del pasado 26J.

La señal de lo que pasó el domingo, en lo que se refiere a lo energético, la tuvimos el lunes. Pasadas unas horas de las elecciones, tras el impacto del Brexit, pudimos ver como las empresas del IBEX continuaban bajando. ¿Todas las empresas? Todas no. Un grupito de empresas, con un denominador común, marcaban tendencia al alza. Estas empresas, todas ellas pertenecientes a un sector regulado como el eléctrico, marcaban un contrapunto a la tendencia mayoritaria del parqué español. Los inversores respondían bien a la noche electoral y entendían que el resultado permitía prever amplias ganancias. Fernando Ferrando, patrón de la Fundación Renovables lo resumía en un tuit dieciocho horas después de conocer los resultados del 26J:

“Post-elecciones el IBEX ha bajado 1,8% el sector energético regulado sube: Endesa más de un 5%, Iberdrola un 2,8%,  Gas Natural un 2,2%, Red Eléctrica un 3,5%,  ENAGAS un 3%”.

Los inversores, seguramente, sabían lo que hacían el primer lunes después de las elecciones.  En paralelo, el ministro de economía, también tras la campaña anunciaba la subida, a esos más de 12 millones de suministros que siguen acogidos al denominado “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC), y con efectos retroactivos. Una subida de la que ni se habló en las dos campañas electorales.

Setenta y dos horas después de la noche electoral conocíamos que el PP pondrá sobre la mesa  una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen los tres partidos con los que le gustaría formalizar gobierno en la próxima legislatura: PSOE, Ciudadanos y PNV.

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Orgullo renovable

Por Hugo Morán – Exdiputado

andera lgtb

Hay colectivos que atestiguan, desde su propia experiencia, la dificultad que puede entrañar la lucha por el reconocimiento de determinados derechos. El mundo LGTB, al cual quiero rendir oportuno homenaje desde esta ventana que 20minutos brinda a la Fundación Renovables, ha empeñado mucho sacrificio en su larga travesía, arrancando de un estado de criminalización social hasta llegar a una situación de aceptación normalizada, pasando por la ilegalidad y la alegalidad hasta llegar a culminar su legalización plena.

Podríamos detenernos en algunas otras justas causas que han tenido que enfrentar desigual batalla en la reivindicación de derechos de toda índole y no sé si el derecho ciudadano a la energía pudiese ser catalogado dentro de ese apartado de avances sociales, pero no van estas líneas en clave de reclamación.

Verán. Las transiciones de todo tipo tienen lugar vayan o no precedidas, o tan siquiera acompañadas, de la sensibilidad del poder institucional del momento y ello es así debido a una inercia social que es dinámica y, en consecuencia, permanentemente innovadora. Esas transformaciones, que a la postre conocemos como historia, se producen en no pocas ocasiones incluso contra la voluntad de los gobiernos de turno, pero no ha habido Gobierno, por mayor despliegue de poder que pudiese exhibir, que haya sido capaz de detener el curso de los acontecimientos.

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