Por Ángel Calleja
Las líneas rojas serían el mantenimiento del sistema de fijación de precios y pago de las deudas acumuladas con las eléctricas
«Tenemos que sacar el modelo energético de la disputa política». Con esta frase, y frente al escepticismo de sus rivales, se descolgó el portavoz sectorial del PP, Guillermo Mariscal, en el debate sobre el futuro del modelo energético español que 20minutos y la Fundación Renovables organizaron el lunes en Madrid para analizar las posibles soluciones ante la escalada del precio de la electricidad que las familias han padecido a lo largo del mes de enero. «Este país necesita un pacto como el que se hizo con las pensiones, una mesa en la que discutamos, sin levantarnos, durante tres o cuatro días», insistió Mariscal, que intercambió opiniones, propuestas y reproches con la diputada socialista Pilar Lucio, el representante de Unidos Podemos Josep Vendrell y el diputado de Ciudadanos Vicente Ten.
La propuesta del parlamentario popular no implica someter a revisión todo el sistema de producción y retribución de la electricidad, que se materializa en la factura con la existencia de dos tipos de costes: los fijos, correspondientes a gastos estructurales que suponen el 60-65% en función del contrato; y los variables, que tienen que ver con el precio de la luz y que representan el 35-40% restante.
Así, la primera línea roja del PP es el criticado método de fijación de precios de mercado, conocido como ‘marginalista’ y que implica pagar toda la electricidad que se negocia en un día al precio que marque la tecnología más cara. Ello provoca que centrales amortizadas hace años y con un coste de producción muy bajo, como las nucleares o las hidroeléctricas, estén «sobrerretribuidas», como denunció Pilar Lucio (PSOE): «El precio que se establece es la punta del iceberg de un sistema que no funciona. Tenemos que aprovechar la situación actual para ir al fondo. Sube el precio porque el funcionamiento del mercado no es justo». La solución, según Josep Vendrell (UP), sería reducir el «oligopolio» actual, excluir a determinadas industrias del sistema de fijación de precios y compensar a las empresas productoras de acuerdo a sus costes operativos más un margen de beneficio «razonable». Mariscal, sin embargo, cerró la puerta a esta vía: «El marginalista es el sistema más eficaz. Tan mal no ha ido cuando el año pasado en estas fechas pagábamos el megavatio hora a 34 euros. Esto [el máximo de 91,9 euros alcanzado el 25 de enero] es coyuntural».
Euros por Megavatio/Hora (OMIE)
La segunda cuestión sobre la que los de Génova se niegan a discutir son los alrededor de 10.000 millones de euros anuales que suman el déficit de tarifa (la indemnización que el Estado reconoció a las eléctricas por congelar la tarifa de la luz la pasada década) y las primas o ayudas a las empresas que producen mediante energías renovables. Este «lastre», según lo definió Mariscal, tiene que abonarse de una forma u otra hasta el año 2028. «Es el 1% del PIB. Da igual que se saque del término fijo [lo que abarataría la factura de los usuarios] y que se pase al presupuesto del Estado, porque hay que pagarlo igualmente», justificó.
La necesidad de sufragar esta ‘hipoteca’ derivada de las decisiones de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero es el argumento que los populares esgrimen para mantener el conocido como ‘impuesto al sol’. La eliminación de este peaje al autoconsumo significaría, a juicio del actual Ejecutivo, que el conjunto de los consumidores tendrían que repartirse los costes fijos correspondientes a aquellos clientes que generan su propia energía con paneles solares, pero que no contribuyen al mantenimiento de la red como al resto pese a hacer uso de ella, aunque sea de manera puntual.
La oferta del pacto de Estado de Guillermo Mariscal fue acogida con incredulidad por los portavoces de PSOE y Unidos Podemos, que criticaron que el ministro Álvaro Nadal no hiciese referencia a esta posibilidad durante su comparecencia de la semana pasada sobre la subida de la luz.