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Las energías renovables, un valor seguro para Asturias

Una de las características de la economía asturiana es la relevancia de sus sectores energético e industrial en términos de empleo, de contribución al Valor Añadido Bruto de la región y número de empresas. Ambos sectores emplean a casi 48.000 personas en más de 3.500 empresas que  concentran su actividad en tres subsectores principales: un 30% de industria extractiva, energía, agua y residuos; un 42% de metalurgia, siderurgia y fabricación de productos metálicos y un 10% de alimentación, bebida y tabaco.

El carbón ha sido protagonista en la producción de energía y un elemento fundamental para el desarrollo y prosperidad de la región como consecuencia de la disponibilidad local de este combustible, la actividad de las centrales térmicas y la aplicación siderúrgica del coque.

El cierre de las explotaciones mineras no competitivas el pasado 31 de diciembre y el anuncio de clausura de las centrales termoeléctricas, ha imprimido un nuevo golpe a una región que muestra otras fragilidades. Asturias ha sido la última Comunidad Autónoma en recuperar su PIB previo a la crisis. Demográficamente tiene una población muy envejecida que lleva casi una década decreciendo. Y desde un punto de vista territorial existen muchas desigualdades de equipamiento, servicios y actividad económica entre el triángulo industrial y área central metropolitana respecto a otras comarcas de carácter más rural.

La reconversión de las cuencas mineras y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo son urgentes, no hay mucho margen para el error. Hoy más que nunca una transición energética justa tiene que representar una oportunidad sólida para la industria asturiana y generar alternativas económicas creíbles. Y en este contexto las energías renovables son un valor seguro.

En 2018 trabajaron 5.300 personas de forma directa en el sector de las energías renovables en Asturias, según el último informe de ISTAS presentado el 10 de julio. Por tecnologías, se estiman unos 1.800 empleos en fotovoltaica, 1.400 en la energía eólica offshore y terrestre, 1.200 en biomasa, 200 en biogás, 400 en solar termoeléctrica y 300 en energía solar térmica.

El nuevo informe de ISTAS “El potencial de las energías renovables y su industria asociada en Asturias”

El potencial de crecimiento del sector renovable en Asturias se basa en dos estrategias, el mayor aprovechamiento de sus recursos renovables y, en segundo lugar, en sacar partido a su fuerte sector industrial como soporte para la fabricación de estructuras, equipos y componentes en el mercado nacional y global de las tecnologías renovables.

Entre las medidas más apropiadas para el desarrollo renovable se proponen (por tecnología):

  • Lanzar un plan de repotenciación de eólica terrestre que aproveche las zonas de mayor recurso y minimice el impacto ambiental. El 20% de los parques eólicos asturianos cumplirá más de 15 años en 2020 y el 75% de los aerogeneradores tienen menos de 2MW de potencia.
  • Apoyo público a la generación distribuida y al autoconsumo fotovoltaico (y no sólo a las instalaciones aisladas) que compensen el mayor plazo de amortización de las inversiones por una menor disponibilidad de recuso solar.
  • Promover el uso térmico de biomasa en el ámbito rural, en detrimento de poblaciones urbanas donde puede haber un impacto negativo en la calidad del aire.
  • Planificar la política forestal para el aprovechamiento de la biomasa residual y fomentar el uso de la biomasa y el biogás en la industria agroalimentaria.
  • Activar la recogida de residuos ganaderos, su valorización energética y la inyección a red para solucionar un problema ambiental relevante dado el tamaño de la cabaña ganadera asturiana.
  • Ampliar los proyectos de aprovechamiento geotérmico del agua de pozos mineros clausurados para redes de calor urbanas. El potencial energético del agua de mina de Hunosa es el equivalente al consumido en calefacción por 21.900 viviendas y 87.600 habitantes.
  • En energías marinas, se debe procurar mantener o expandir la actividad actual en base a la participación en proyectos internacionales. Los encargos de energía offshore son una fuente muy importante de empleo para diversificar la actividad de los astilleros y puertos asturianos. En el medio plazo el desarrollo y comercialización de estructuras flotantes de eólica offshore, permitirá poder hablar de proyectos de eólica marina adecuados a las características de la plataforma continental de la costa española.
  • Procurar que los nuevos proyectos de energía termosolar para 2030 en España -en el PNIEC se prevén 5.000 MW adicionales- se provean en base a la cadena de suministro industrial asturiana, capaz de construir al completo una central termosolar, y que ya proporcionó las estructuras para una parte importante de las centrales construidas en el resto de España (cuya máxima actividad fue en 2011-2013).

Para lograr maximizar las oportunidades de crecimiento del sector renovable será crucial la adopción de un Plan Regional de Energías Renovables -con un análisis de empleo adhoc- que explore y explote todos los recursos y capacidades locales; la celebración de subastas de renovables específicas por tecnologías y por nodos, y la implementación de una buena política industrial que deje los mayores beneficios para la industria autóctona.

Mariano Sanz, Joan Herrera y Begoña María-Tomé en la presentación pública del informe el pasado 10 de julio en el IDAE

Otras de las medidas importantes es la de fomentar las comunidades energéticas en el ámbito urbano e industrial.

  • El ámbito municipal las Administraciones Públicas deben jugar un papel activo y ejemplarizante en la integración de energías renovables en edificios públicos y en el espacio urbano. Además el desarrollo renovable es imprescindible para dar coherencia a otras de las estrategias del Principado de Asturias, en el campo de la rehabilitación energética, con un entramado empresarial de referencia y una elevada financiación pública, y en el campo de la electromovilidad, con 70 puntos de recarga ya instalados.
  • La incorporación de renovables en los entornos industriales y centros de alta actividad (comerciales y/o de ocio), mediante el autoconsumo compartido, agregadores de demanda y las redes inteligentes, son muy útiles para fomentar la colaboración entre empresas y estrechan lazos con la comunidad. De hecho contribuyen a la puesta en práctica de la economía circular en los polígonos industriales o áreas empresariales, y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos mediante el intercambio y uso compartido de materiales, energía, medios logísticos y de transporte.

Por último, para la cualificación y reempleabilidad de la fuerza trabajadora en el sector de las energías renovables habrá que reforzar la formación ocupacional, profesional y universitaria. La inversión en conocimiento y educación condicionará el futuro de Asturias.

Para más información se puede consultar el informe “El potencial de las energías renovables y su industria asociada en Asturias”, publicado por ISTAS con el apoyo de la Fundación Europea del Clima.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS

Desatando el potencial de la energía comunitaria: las “comunidades de energía renovable”

La transición energética ya está en marcha en España, y queremos que la ciudadanía, las autoridades locales y los colectivos ciudadanos se sitúen a la cabeza para producir y controlar su propia energía renovable, y fomentar la transición hacia un sistema más equitativo, democrático y descentralizado.

Durante décadas, las reglas del mercado han sido diseñadas a la medida de las grandes empresas energéticas, y términos como “autoabastecimiento” y “cooperativa de energía” han estado desubicados en el panorama político. Pero tras haber luchado contra viento y marea para salir a flote, estas iniciativas pioneras basadas en poner la energía en manos de las personas han sido finalmente reconocidas por la legislación europea. El nuevo paradigma ya está aquí: pasamos de ser meros consumidores a participar activamente en el sistema.

Y es que ahora, las comunidades y las personas tenemos el derecho a generar, consumir, gestionar y vender nuestra propia energía. Así lo especifica la nueva normativa europea. Pero ahora viene lo más difícil: empezar a aplicar dichos derechos y, por ello, es crucial que el próximo Gobierno transponga cuanto antes -y en su totalidad- los artículos aprobados en la nueva Directiva de Energía Renovable (REDII). Habrá que volver a revisar y armonizar la legislación existente para ponerla en consonancia con la nueva Directiva. En nuestra opinión, estos deben ser los principales beneficiarios.

Las “comunidades de energía renovable”

España va a tener que definir qué entidades o formas legales específicas pueden ser consideradas como tales ateniéndose siempre a la definición presente en la REDII y, de acuerdo con la misma, habría que tener a bien tres condiciones:

(a) deben estar basadas en una participación abierta y voluntaria, ser autónomas y estar controladas de manera efectiva por los y las participantes ubicados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que desarrollan estas entidades legales;

(b) deben ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluyendo a los ayuntamientos;

(c) se deben evitar los fines lucrativos. Es decir, su principal propósito debe consistir en ofrecer beneficios medioambientales y socioeconómicos a sus co-participantes o a los territorios donde se realicen los proyectos.

Además de tener garantizado su derecho a generar, consumir, gestionar y vender energía renovable, las iniciativas deben poder acceder a unos mercados adecuados, ya sea de forma individual o mediante agregación.

Dentro de la propia comunidad energética, cualquier persona debe tener el derecho a participar sin condiciones discriminatorias, se deben respetar sus derechos como consumidor y se le debe ofrecer toda la información disponible en todo momento, especialmente en el caso de que se desarrolle un sistema de ayudas públicas.

Los hogares

La nueva Directiva ofrece a las personas que viven en inmuebles el derecho a crear colectivamente proyectos de energías renovables. La legislación debería contemplar medidas que se ajusten a las necesidades de las personas (propietarias o inquilinas) que viven en apartamentos, teniendo en cuenta cosas como la falta de acceso a tejado o las instalaciones compartidas por varios hogares. Si tenemos en cuenta que más del 65% de la ciudadanía española vive en apartamentos, el potencial para generar y compartir electricidad entre viviendas es enorme.

En este sentido, Fundación Renovables y Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones de la Alianza por el Autoconsumo, critican que, si bien el nuevo Real Decreto de Autoconsumo permite realizar instalaciones compartida de autoconsumo en bloques de viviendas, el documento hace una apuesta por un reparto estático que impide intercambiar los excedentes de la producción entre las mismas.

Finalmente, están las autoridades locales, entidades que pueden influir significativamente en el desarrollo de una energía de propiedad y gestión comunitarias. No solo tienen a su entera disposición una palanca legal para apoyar nuevos modelos empresariales en torno a la gestión y control comunitario de la energía renovable, si no que además pueden, por derecho, participar como partes interesadas en las comunidades de energía renovable. Huelga decir que como ciudadano de a pie, ver a mi ayuntamiento implicado en un proyecto de estas características me generaría confianza a la par que ganas de participar.

Desde la administración local se pueden crear nuevas herramientas para favorecer los proyectos de energía comunitaria, asignando partidas presupuestarias específicas para ello, así como planes enfocados a la descarbonización que sirvan para apuntalar el florecimiento de este tipo de proyectos.

En el cuaderno “Desatando el potencial de la energía comunitaria renovable” que publicó Amigos de la Tierra, Greenpeace, Energy Cities y RESCoop.eu hace unas semanas, podemos encontrar ejemplos concretos de iniciativas pioneras y diversas buenas prácticas que ya se están dando a lo largo y ancho de Europa. Os invitamos a ampliar vuestro conocimiento sobre “energía comunitaria renovable” en este enlace.

Héctor de Prado – socio protector de la Fundación Renovables, y responsable del área de clima y energía de la asociación Amigos de la Tierra

¿Cómo (y con quién) instalar autoconsumo solar en mi casa?

Las cuentas del autoconsumo llevan mucho tiempo saliendoles a hogares y empresas pero ahora, además, nos encontramos con el viento de cola que nos proporciona un Ministerio de Transición Ecológica que (como su nombre indica) se lo cree, y que apuesta sin ambages por esta forma de dotarse de energía. Ahora es el momento, pero ¿qué preguntas debo hacerme?

¿Es para mí?

Lo primero que necesitas es espacio soleado disponible ya sea en el tejado o en el suelo. Es obvio, ¿verdad? La instalación habitual de un residencial pueden ser 6 placas que ocuparían una superficie aproximada de 15 metros cuadrados. Lógicamente lo suyo es que la casa o el terreno sean de tu propiedad, sí, porque ser inquilino, como es mi caso, es lo que más puede alejarte del placer del autoconsumo.

¿Lo voy a amortizar?

Todos los modelos apuntan a que en la mayoría de los casos la instalación se amortiza (entre 6 y 8 años) y, además, hay que tener en cuenta que la instalación tiene una garantía de 20 años y puede llegar a una vida útil de hasta 40. El plazo de amortización depende mucho de nuestro gasto en luz, la orientación de nuestro tejado y los precios de la energía. Este tercer factor es externo pero es fácil imaginar que irán al alza en los próximos años. No me quedo a gusto sin añadir un desahogo tan populista como cierto: ¡Todo va al alza en este país menos los sueldos de los currantes medios!

En cualquier caso para hacerte una idea aproximada de cuánto te costaría y de los plazos de amortización algunas empresas han puesto en marcha calculadoras de autoconsumo solar. Esta herramienta, por ejemplo, permite hacer un cálculo aproximado en menos de un minuto y  cuatro sencillos pasos (ubicación, orientación del tejado, gasto en luz y hábitos de consumo). Además, en 48 horas recibes en tu correo un estudio detallado gratuito que te ayuda a tomar la decisión de si por fin ha llegado el momento de sacarle partido al Lorenzo.

¿Cuánto se tarda en instalar?

Si las cuentas te salen, el resto del proceso es sencillo y la instalación puede llevarse a cabo en un periodo de entre 2 y 3 días.

Ya tengo mis flamantes placas solares. ¿Qué mantenimiento necesitan?

Los paneles solares apenas requieren mantenimiento aparte de una limpieza muy, muy de vez en cuando (por ejemplo, cuando pasan meses sin llover) por lo que las herramientas que necesitas son una camiseta antigua de Talleres Martínez o de algún grupo de música por el que te sientas traicionado y un spray con agua (no tiren de productos “Cristalsol” y tampoco del socorrido “Cyllit Bang”). Además, por lo que me cuentan expertos reputados del sector, las placas son mucho más agradecidas que los cristales para limpiarlas y no acaba uno odiándolas como ocurre con las cristaleras.

¿Qué ocurre con la energía que me sobra?

La energía que te sobra va a parar a la red y no te aporta, de momento, beneficio pero tampoco perjuicio. Tómatelo con filosofía porque en España no se contempla, insisto, de momento, implantar sistemas con balance neto aunque sí se ha abierto la puerta a la “facturación neta” como señalaba el director general del IDAE Joan Herrera en una entrevista reciente.

¿Y si vivo en una comunidad de vecinos?

En España más del 60% de las personas vivimos en bloques de viviendas pero por desgracia la normativa parece que sigue sin facilitar el autoconsumo compartido y se queda como un derecho reconocido no desarrollado. Hay que pedir al Legislativo y al Ejecutivo que trabajen en esa dirección. Lo que sí parece más factible a día de hoy es instalar placas solares para las zonas comunes, ascensores, jardines, piscinas… etc. Unos 40 metros cuadrados pueden ser suficientes para cubrir las necesidades energéticas de una comunidad de tamaño medio.

Por último, ¿a quién llamo para instalar placas solares?

Hace unas semanas escribía sobre “el gustazo de pasarse a la energía verde” y aquí voy a utilizar similares argumentos. Las grandes eléctricas de nuestro país han conseguido demorar la llegada del autoconsumo entre 3 y 5 años con la complicidad de los ejecutivos anteriores. ¿De dónde saco esta cifra? Viendo el boom que la fotovoltaica ha tenido en países nada soleados de nuestro entorno estos últimos años no creo que vaya muy desencaminado. Por tanto, aunque ahora estas compañías plaguen el prime time televisivo de familias felices haciendo malabares con placas solares en medio de un frondoso bosque, mi recomendación sería apostar por empresas medianas que llevan años fomentando las renovables como las que aúna el portal  “Reduce tus emisiones” presentado esta semana por Triodos Bank. Y es que ha llegado el momento de plantearse seriamente dar el paso… ¿autoconsumimos con renovables?

Bonus track. ¿Qué ocurre si me divorcio?

En estos casos se recomienda que uno de los cónyuges se quede toda la instalación de autoconsumo pero también se pueden partir peras y repartir tres paneles solares para cada uno.

Por Iván de Otto – consultor en SdeO Comunicación y socio de FR

Tras el impuesto al sol, llega el Impuesto a la libre competencia energética

Si creías que el “impuesto” al sol era el tributo más disparatado del sector energético, te equivocabas. Y no me refiero al hecho de que el “impuesto al sol” no fuera uno, sino dos; ni a que no era un impuesto, sino un cargo; o que no era al sol, sino a cualquier forma de generación renovable.

De lo que quiero hablar hoy es de un absurdo tributario que existe en España, atribuible a la pereza si pensamos bien o a la conveniencia si pensamos mal, que lastra la libre competencia en el sector energético y que sirve para apuntalar la posición dominante de las empresas incumbentes. Hablamos del “Impuesto de Actividades Económicas” (IAE) en su aplicación a las comercializadoras de electricidad y gas.

Este impuesto fue creado en 1990, cuando sólo existían en el sector eléctrico la generación, la distribución y el transporte. En 1997 la relación con el cliente se desglosa en física (distribuidora) y virtual (comercializadora), pero nadie se acuerda de crear en la normativa de Actividades Económicas un epígrafe específico para esa nueva actividad conocida como “comercialización”. Ante la falta de regulación, se comienza requiriendo a las comercializadoras que paguen el impuesto en el municipio donde tengan oficinas.

No obstante, con la crisis económica, los Ayuntamientos comenzaron a realizar “fiscalidad innovadora” para incrementar la recaudación. Dentro de esa innovación fiscal se incluyó cobrar a los operadores virtuales de energía y telefonía una tasa de ocupación del suelo por el uso de las redes, a pesar de que éstas pertenecen a la distribuidora, consistente en el 1,5% de los ingresos obtenidos por su actividad en el municipio. El Tribunal de Justicia de la UE anuló la aplicación de la tasa en telefonía, mientras que en energía los tribunales nacionales han dado la razón a los Ayuntamientos y el asunto no ha llegado aún a Europa.

Espoleados por esta victoria fiscal (provisional) en materia energética, el siguiente paso de los Ayuntamientos ha sido aplicar un impuesto a la libre competencia. Partiendo de la idea de que se puede cobrar a la comercializadora por usar una línea que ocupa el espacio público, aunque no sea suya, ¿por qué no considerar que, al usar esa red, es como si tuvieran establecimiento permanente en el municipio y que deben pagar también el “Impuesto de Actividades Económicas”?

Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados.

Una vez decidido que las comercializadoras tienen que pagar, y contra el criterio del comité de Expertos del Gobierno central y de la propia CNMC, los técnicos municipales se pusieron a buscar entre los diferentes epígrafes del IAE alguno para aplicar a las comercializadoras, y al no encontrarlo, decidieron tirar de cajón de sastre e inscribir a las comercializadoras en distintos epígrafes genéricos: 619.9 (Comercio mayorista de otros productos), 659.9 (Comercio minorista de otros productos), 663.9 (Comercio al por menor de mercancías sin establecimiento), 999 (otros servicios).

Y aquí está justamente el problema: todos los epígrafes que están utilizando los Ayuntamientos incluyen tipos impositivos que no dependen de la capacidad económica del sujeto, ni de los MWh vendidos, ni están pensados para servicios prestados en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el epígrafe 619 establece un pago fijo de 664,35 EUR, que puede tener sentido para quien tiene un comercio únicamente en ese municipio con una clientela determinada, pero resulta una tropelía si se aplica a una compañía que presta virtualmente servicios por todo el territorio, y que puede tener únicamente un cliente en el municipio. Si consideramos un margen medio de comercialización de 30 €/cliente/año en el sector eléctrico, hablamos de que para poder cubrir el coste del impuesto en un municipio se necesitan 17 clientes (y si se quieren cubrir el resto de costes, muchos más). No hay que olvidar que en España hay 7.373 municipios de menos de 10.000 habitantes, de los 8.124 totales. Para colmo, si se tienen 9.999 clientes en ese municipio, también se paga 664,35 €, igual que la comercializadora que tenga un solo cliente.

Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver toda esta maraña fiscal con las renovables? Por desgracia, mucho. Las comercializadoras tradicionales comercializan energía contaminante (carbón, gas natural, nuclear, fuel) mientras que muchas de las comercializadoras emergentes son 100% renovables. Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y no sólo eso. Los precios altos del pool en España no se explican únicamente por factores externos como el precio de referencia del gas (TTF) o de los derechos de emisiones de CO2 europeos (EUAs), sino sobre todo por una clara falta de competencia, pues el 91% de los clientes aún tienen una de las 5 comercializadoras tradicionales y el 70% desconoce qué suministro tiene contratado. Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados. No para recaudar menos, sino para que cada cual pague en función de lo que vende (MWh) y no de en los municipios distintos a los que vende.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

Por fin luce el sol en España

El 5 de octubre de 2018 ya figura, por méritos propios, en la historia reciente del sector energético español. Tras 1.092 días de vigencia era derogado un ignominioso “impuesto al sol” que nos ha convertido en hazmerreír internacional.

Compartir energía pasaba de ser una opción casi quimérica, por el vacío existente que supuso la anulación por el Supremo de su prohibición, a un concepto integrado directamente en la definición del autoconsumo. Se establecía, por ley, que no se puede gravar la energía que uno produce para sí mismo, lo que en la calle se había venido a denominar “impuesto al sol”. Se simplificaba notablemente el papeleo requerido para ponerse unos paneles en el tejado con el fin de ahorrar unos euros en el recibo de la luz y que en ocasiones suponía gastos y tiempo inasumibles en las instalaciones domésticas. Se contemplaba la compensación directa en la factura de los excedentes que uno pudiera tener cuando sus paneles estuvieran produciendo y el consumo eléctrico de su vivienda no fuera suficiente para asumir la energía proveniente del sol.

Todo ello sin necesidad –como hasta ahora– de convertirse en empresario y pasar a liquidar IVA o a integrar en la declaración de la renta unos ingresos que en muchos casos no llegan a 10 euros al mes. Se eliminaban limitaciones absurdas como que la capacidad máxima de generar energía de los paneles fuera menor que la del contrato de suministro de energía. Se racionalizaban, por último, las sanciones, despejando definitivamente la amenaza que se ceñía sobre los audaces autoproductores que, por el simple hecho de dejar de rellenar un papel, podían verse sometidos a sanciones desproporcionadas de hasta 60 millones de euros confiando, eso sí, en que un juez posteriormente las moderase.

En resumen, la normativa sobre el autoabastecimiento de electricidad daba un giro copernicano, pasando de ser la más restrictiva del mundo a una de las más avanzadas.

Pero la ley aprobada no se quedaba ahí, también abordaba, entre otros aspectos importantes, una eliminación temporal de dos impuestos a las centrales eléctricas que estaban contribuyendo a sobrecargar innecesariamente los recibos de la luz, ampliaba (tímidamente, eso sí) las coberturas sociales para aquellas familias que se ven en serias dificultades para encender la luz o mantener su vivienda a una temperatura digna en invierno, incorporaba medidas de protección al consumidor, como la prohibición de que las eléctricas realicen visitas sin cita previa, las cuales derivaban frecuentemente en engaños según venían denunciando reiteradamente las asociaciones de consumidores; la posibilidad de afinar la contratación de la parte fija del recibo y la obligatoriedad de que las eléctricas nos informen sobre cuál sería el importe de nuestro recibo en la modalidad de facturación con discriminación horaria, esa que permite ahorrar fácilmente más del 10% de la factura sin necesidad de cambiar de hábitos de consumo.

La reforma está incompleta. Hay aspectos esenciales que desarrollar sobre el autoconsumo compartido o sobre la compensación de excedentes

Se trata, al fin y al cabo, de una boya en el mar de la profusa normativa del sector energético que marca, sin lugar a dudas, un cambio de rumbo a los que navegamos en el mismo. La reforma está incompleta. Hay aspectos esenciales que desarrollar sobre el autoconsumo compartido o sobre la compensación de excedentes y otros que modificar en profundidad como el mecanismo de fijación de precios del mercado eléctrico o una ayuda social que extermine definitivamente la pobreza energética de nuestro país, pero el camino emprendido es el correcto.

Queda por ver, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados convalide la norma y, en segundo lugar, que apoye las reformas siguientes que la ministra Ribera ya ha anunciado. Confiemos en que, por una vez, se imponga la racionalidad y se tomen medidas rápidas y eficaces para transformar radicalmente nuestro sistema energético. Nuestros bolsillos, nuestra salud y nuestro planeta bien lo merecen.

Por Jorge Morales  – Director General de Geoatlanter

Baleares puede ser pionera en la Transición Energética

El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares acaba de iniciar su tramitación reglamentaria en el Parlament balear. El carácter pionero de esta iniciativa dentro de España despertó ya hace meses el interés en medios internacionales, seguramente en contraposición con el retraso y la desidia del Gobierno Rajoy en presentar su propio proyecto de ley en esta materia, pese a haber ratificado la Unión Europea el Acuerdo de París en octubre de 2016 (y España en enero de 2017).

Se trata de un Proyecto de Ley con objetivos ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, a día de hoy inmensamente dependiente de los combustibles fósiles en todos los sectores.

Así, por ejemplo, la generación de electricidad en las Islas Baleares está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2017, en toda la Comunidad Autónoma sólo había 4 MW instalados de energía eólica y 78 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.

Pretende avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar en el territorio de las Islas Baleares, mediante energías renovables

La movilidad terrestre en Baleares se basa mayoritariamente en el uso del vehículo privado. Así, la ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal, entre otras cosas, porque no se ha hecho hasta ahora una apuesta decidida por el transporte público colectivo ni la intermodalidad.

Los objetivos generales de este Proyecto de Ley balear son la mitigación de las causas del Cambio Climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará, además de impulsar la democratización de la energía y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Para ello, se pretende avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar en el territorio de las Islas Baleares, mediante energías renovables, al menos el 70% de la energía final que se consuma en ese territorio en el 2050. A este respecto, para la penetración de las energías renovables se plantea como objetivos el 35% en 2030 y el 100% en 2050, porcentajes entendidos como proporción de la energía final consumida en el territorio balear.

Baleares

El texto prevé la transformación progresiva de las flotas de vehículos de alquiler (muy numerosos en la cada vez más larga temporada turística en Baleares) desde 2020, cuando un 2% de los vehículos deberán ser eléctricos, hasta alcanzar el 100% de éstos en 2035. La medida irá acompañada de importantes inversiones en infraestructura de puntos de recarga eléctrica.

Además se plantea la prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel a las islas, así como su venta, y en 2035 lo mismo sucederá con los de gasolina y demás derivados del petróleo, de manera que en 2050 el parque móvil esté totalmente descarbonizado. Esta, no obstante, ha sido una de las medidas que más críticas han suscitado en determinados sectores.

Plantea la prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel a las islas, así como su venta, y en 2035 lo mismo sucederá con los de gasolina y demás derivados del petróleo

Todas las medidas previstas en el citado Proyecto de Ley, permitirán, según lo anunciado por el Gobierno balear, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050, con respecto a los niveles de 1990.

En el marco de la recientemente iniciada tramitación parlamentaria de este texto, Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation (ECF) han organizado en el Parlament balear un ciclo de jornadas técnicas y de debate sobre diferentes aspectos de la problemática y de los temas abordados en dicho proyecto de ley, ciclo que terminará el 31 de octubre con una mesa redonda entre los partidos políticos baleares para confrontar sus posturas frente al desafío climático y la necesidad de iniciar la transición hacia la sostenibilidad energética y la velocidad que ha de darse a este proceso.

El objetivo de Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation es conseguir la aprobación de una ley ampliamente consensuada para poder afrontar eficazmente el desafío del Cambio Climático.

Es decir, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se pretende aprobar en esta legislatura tendrá que ser desarrollada y aplicada sin contratiempos ni sobresaltos, no sólo en la próxima legislatura sino en un marco temporal de varias décadas, para poder hacer frente con éxito a un reto tan importante para toda la sociedad y el medio ambiente como es el del cambio climático. Sin duda, ello sólo será posible si esta ley consigue contar con un amplio consenso social, empresarial y político; dicho de otra forma, si se logra que la inmensa mayoría de la sociedad balear la considere como una ley necesaria y positiva.

Los impactos esperados del Cambio Climático en las próximas décadas en las islas Baleares serán especialmente graves, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la sociedad balear y para todas las fuerzas políticas que la representan.

La gravedad del problema del Cambio Climático nos fuerza a avanzar de forma urgente y decidida en la transición energética hacia un modelo completamente descarbonizado, libre de combustibles fósiles, y 100% renovable. No sólo porque éste sea nuestro compromiso internacional al haber ratificado el Acuerdo de París, sino porque la comunidad internacional se está moviendo muy despacio al respecto y se nos acaba el tiempo, si es que queremos evitar los efectos más catastróficos del Cambio Climático.

Los datos de los científicos no dejan lugar a dudas. Los impactos esperados en las próximas décadas en las islas Baleares serán especialmente graves, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la sociedad balear y para todas las fuerzas políticas que la representan.

En base a las conclusiones de los modelos climáticos, el incremento de la temperatura media en las Islas Baleares a lo largo del siglo XXI será superior al que se registrará globalmente. Debido al aumento esperado de las temperaturas medias, es muy probable que se produzcan fuertes olas de calor y episodios de temperaturas extremas al tiempo que aumentaría el riesgo de que se produzcan situaciones de grave escasez de agua. El aumento del nivel del mar tendrá consecuencias negativas para el litoral, el suministro de agua (por la salinización de acuíferos), el urbanismo, etc. Así, el aumento del nivel del mar conllevará la pérdida irreversible de muchos metros de sus hermosas playas antes de 2050.

De todo ello se deduce que las Islas Baleares van a verse especialmente afectadas por el Cambio Climático y, dado que es un territorio que concentra un alto porcentaje de población, de actividad económica y de sistemas naturales muy sensibles a los cambios ambientales, se puede afirmar, por tanto, que va a ser especialmente vulnerable a sus efectos, desde diversos puntos de vista: salud, medioambiental y económico.

Sin duda alguna, se trata de un contexto extremadamente preocupante para las Islas Baleares, dada su economía tan dependiente del buen estado de sus aguas y sus costas, de la disponibilidad de agua para el suministro, factores básicos, entre otros, para poder seguir manteniendo su liderazgo en el ámbito turístico, su principal industria.

Estamos en un momento clave. Las islas Baleares pueden convertirse en un referente mundial en la lucha contra el Cambio Climático y ser, en unas décadas, 100% renovables. Es sólo cuestión de voluntad política y compromiso ciudadano.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

¿Pero qué está pasando con el recibo de la luz?

Por Soledad Montero – Área de energía de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Soledad Montero

Estos días volvemos a tener en el centro de la actualidad la subida del precio de la luz, y me recuerda a la situación vivida a finales de 2013, cuando la presión mediática caldeó tanto el ambiente que el Gobierno eliminó las subastas CESUR y se implantó la tarifa indexada para el PVPC (precio regulado), es decir, trasladar al usuario doméstico el concepto de funcionamiento del mercado mayorista para que, en teoría, pueda decidir por sí mismo cuando le conviene consumir y adapte su demanda a la mejor oferta.

Si analizamos los últimos acontecimientos nos damos cuenta que estas situaciones parecen ser recurrentes y acaban en algún tipo de reforma legislativa; que esa reestructuración nos conduzca a una solución efectiva del problema, ya se verá, pero que la habrá, eso es seguro. Y esto es una buena noticia, porque el sistema eléctrico necesita una modificación estructural profunda.

Lo primero que hay que aclarar es que estas subidas se producen en el término de energía, que supone algo así como un 34% de lo que pagamos en nuestros recibos. El término de potencia o fijo, como lo conocemos mejor, no se ve afectado, y supone un 40% del recibo. El resto, casi un 27% corresponde a impuestos (IVA, impuesto eléctrico y municipal).

Otra cosa que debemos dejar claro es que frecuentemente se oye que éstas subidas solo afectan a los usuarios con contratos de tarifa regulada PVPC, pero no es así. Nos afecta a todos, lo que ocurre es que si tienes contratada una tarifa de precio no indexado la subida te repercutirá más adelante, cuando la comercializadora actualice los precios, porque ha comprado esta energía que tú estás consumiendo a un precio más elevado y tendrá finalmente que revertirte (de otro modo, la comercializadora vende a pérdidas) a no ser que te esté cobrando un precio fijo tan elevado que le permita absorber estas subidas sin perjuicio económico para ella.

Así que focalicemos los “puntos calientes” que influyen a la hora de la subida de los precios de la luz. Y aquí son diversos los factores que nos encontramos. Tenemos como figura principal el sistema marginalista de conformación de precios del mercado mayorista, (el precio final lo fija la oferta más cara que entra en el mercado), que no resulta ser el más conveniente debido a las características de nuestro mercado, sin competencia real o efectiva, puesto que son tres las compañías verticalmente integradas que lo controlan, a lo que hay que añadir que nuestro mix energético es demasiado variado, conviviendo tecnologías muy diversas.

Otro factor serían los servicios de ajuste, que gracias a que tenemos un mercado libre, permiten a las empresas generadoras de energía aprovechar el llamado “coste de oportunidad” para marcar el precio de la energía “no programada”, de la misma forma que para los desvíos en los que incurren las comercializadoras inevitablemente, y que permiten que se puedan cobrar hasta 100 veces por encima de su precio. Esta fórmula, si bien en cualquier otro sector no tendría por qué ser criticable, en energía si, por tratarse de un servicio público y una necesidad para el desarrollo de la vida humana. Por tanto, una de las propuestas sería que se pusiera un máximo a este coste de oportunidad y evitar así la especulación con este mecanismo.

Mientras “el milagro” llega, revisa tu potencia y no contrates más que lo que necesitas, comprueba si la tarifa que pagas es adecuada a tu consumo, adopta medidas de ahorro y eficiencia (tu bolsillo y el planeta lo agradecerán) y si puedes, autoconsume

Los impuestos suponen una cuarta parte de lo que pagamos en nuestros recibos. Desde septiembre de 2012 estamos pagando el IVA de lujo, 21%, sobre un bien esencial y necesario para el desarrollo de nuestra salud y economía. Solo en tarifas domésticas (hasta 15 kW de potencia contratada) hay 29 millones de puntos de suministro (29 millones de facturas al mes con “su 21% de IVA”), de modo que a poco que hagamos un cálculo, es difícil que cualquier gobierno se preste a renunciar a estos ingresos. Pero hay que hacerlo, y yo propongo varias opciones, desde reducir el IVA a la cantidad de energía mínima necesaria, de modo que se penaliza a los derrochadores y se incentiva el ahorro y la eficiencia energética (y de paso se deja de penalizar la pobreza energética, porque tiene poco sentido hacer un descuento por bono social de un 25% o un 40% para después aplicar un IVA del 21%), hasta utilizar los niveles de renta de cada usuario de energía para grabarle o bien con un IVA de lujo o con un IVA reducido.

Si el Ministerio no se anima antes, (estoy segura de que lo hará), lo que sí sabemos es que a final de año tienen que presentar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la Unión Europea, así que algo cambiarán, ¿no? Si las medidas servirán para bajar el importe de nuestros recibos, el tiempo lo dirá, pero mientras “el milagro” llega, revisa tu potencia y no contrates más que lo que necesitas, comprueba si la tarifa que pagas es adecuada a tu consumo, adopta medidas de ahorro y eficiencia (tu bolsillo y el planeta lo agradecerán) y si puedes, autoconsume. La mejor energía es la que no se consume y si la que consumes es autoproducida, mucho mejor.

El impuesto al Sol y la parábola del colibrí

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Una de las primeras actuaciones de la nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha sido anunciar su intención de suprimir el llamado “Impuesto al Sol”. Un impuesto injusto que permite gravar la energía producida y autoconsumida por los propietarios de instalaciones de energías renovables, principalmente fotovoltaicas. Cuando esto ocurra, España dejará de tener la legislación más restrictiva que se conoce para estos sistemas y nos alinearemos con lo acordado por la Unión Europea, que considera que los ciudadanos tenemos derecho a producir, consumir e intercambiar energía sin trabas ni peajes.

Cada vez que se produce el debate sobre el desarrollo del autoconsumo, son algunas las voces que, siguiendo el argumentario de las empresas eléctricas, acusan a los autoconsumidores de depredadores del sistema, insolidarios y de querer ahorrase unas tasas y peajes que otros necesariamente tendrán que asumir, para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. Nos ha sorprendido el artículo de opinión de Jesús Mota publicado en El País el pasado 16/06/18 definiendo a los autoconsumidores como los nuevos gorrones del sistema eléctrico.

Obviamente, no estoy de acuerdo con el punto de vista de este artículo. El planteamiento que allí se hace olvida algunos aspectos fundamentales del autoconsumo que voy a tratar de explicar.

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía. El ahorro y la eficiencia energética deben convertirse en piedras angulares de la transición energética. Debemos pasar de un sistema de gestión de la oferta a un sistema de gestión de la demanda, donde los ciudadanos nos hagamos corresponsables de nuestro consumo energético.

impuesto al sol

El autoconsumo permite empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe de esta transición energética. Cuando un particular decide invertir en una planta de autoconsumo está produciendo beneficios económicos, ambientales y sociales. Económicos, porque, además de activar un sector que crea puestos de trabajo, produce energía limpia que tiene que dejar de producirse por otras fuentes, disminuyendo así la dependencia energética del país; ambientales, porque dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por último, también sociales, ya que permite tomar conciencia de la importancia de un buen uso de la energía.

Estas razones hacen que tanto la mayoría de los países, como lo recientemente aprobado por la Unión Europea para la nueva directiva de renovables, definan el autoconsumo como uno de los actores principales del nuevo modelo energético.

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general. Tampoco entendemos por qué no podemos intercambiar la energía producida con otros usuarios y recibir una compensación económica por la misma, en igualdad de condiciones con cualquier otro productor de energía.

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda ¿Alguien en su sano juicio tacharía de gorrones del sistema eléctrico a aquellos que quieran rebajar su factura eléctrica mejorando la eficiencia de los elementos de consumo, mediante iluminación led, comprando electrodomésticos de alto rendimiento o gestionando su consumo para poder disminuir la potencia contratada y la energía consumida? Esto se llama eficiencia energética y bien haríamos en ir bajando nuestras altas necesidades energéticas. Sin embargo, si esto se hace instalando módulos fotovoltaicos, entonces eres un gorrón del sistema. O ¿deberíamos poner también una tasa a los elementos de consumo de alta eficiencia para compensar la insolidaridad que supone un menor consumo respecto a aquellos que aún no han cambiado los elementos más antiguos y que consumen más? ¿Por qué deberíamos pagar una tasa por la energía que no le compramos a la compañía eléctrica?

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda

Conviene recordar que los autoconsumidores pagamos exactamente las mismas tasas y peajes que el resto de los consumidores domésticos de energía eléctrica por la energía que consumimos, ya que tenemos nuestro contrato de suministro exactamente igual a los demás usuarios, con la particularidad de no recibir ninguna compensación si decidimos inyectar la energía sobrante a la red y, por tanto, regalarla al sistema, para que se la venda a nuestros vecinos.

Algunos piensan que esto del autoconsumo es sólo cosa de aquellos que teniendo poder económico quieren además ahorrarse dinero y cargar los costes del sistema a los demás.

Nada más lejos de la realidad, lo que pasa es que los que así piensan parten de una hipótesis errónea: “Los beneficios del sistema eléctrico deben ser garantizados y si disminuye el consumo de energía, otros tendrán que pagar más para que los beneficios del sistema no decaigan”.

Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

La transición energética debe ser ante todo justa y esto implica revisar toda la estructura de nuestro sistema energético y, en particular, la infame estructura actual del recibo eléctrico, así como la fijación de precios de la energía. En esta nueva fijación de precios deberíamos incluir los beneficios económicos, medioambientales y sociales de las mismas, y también los costes asociados a sus respectivos impactos.

Por último, el precio de los sistemas fotovoltaicos hace que una amplia mayoría de la sociedad pueda hacer frente a la inversión necesaria para autoabastecerse al menos de una pequeña parte de la energía que necesita.

Si para dar cabida a las nuevas formas de generación, distribución y uso de la energía, es necesario cambiar las reglas de juego del actual sistema eléctrico, tendremos que hacerlo. Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

impuesto al sol

Desde la Fundación Renovables pensamos que la Transición Energética sólo es posible hacerla actuando conjuntamente sobre toda la estructura energética del país y con la colaboración de todos. La hoja de ruta que proponemos la hemos recogido en nuestro último informe.

Esta Transición Energética va a llevarse a cabo electrificando la demanda y generando con energías renovables. Necesitamos un sistema eléctrico transparente y democrático. No demonicemos a aquellos que han empezado el camino para conseguir este cambio de modelo.

Así, nuestra actitud debería ser como la del colibrí que intentaba apagar el fuego del bosque mientras que el resto de los animales huían y le decían,” ¿acaso crees que puedes tú sólo apagar el incendio?”, a lo que el colibrí contestó, “yo sé que no puedo sólo, pero estoy haciendo mi parte”.

Los autoconsumidores solos no vamos a poder cambiar el sistema energético, pero estamos haciendo nuestra parte. Ojalá, pronto, los demás hagan la suya. Mientras tanto, bienvenidas las iniciativas para acabar con el “Impuesto al Sol. Que así sea.

El pequeño gran poder de los ciudadanos y de las ciudades en el ámbito energético

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

Ciudad sostenible
El futuro empieza a estar en nuestras manos si nos organizamos y empoderamos con energía.

Disponemos de tecnologías energéticas y a precios cada vez más asequibles  en un sistema energético  cada vez más electrificado. En España, según la reciente propuesta de la Fundación Renovables, para el escenario energético español en la próxima década, horizonte 2030, se puede duplicar la electrificación de la energía final consumida que en el caso de los hogares puede ser  del 100%. Podemos reducir nuestro consumo residencial de energía eléctrica y cubrir este menor consumo con electricidad de fuentes renovables implantadas en nuestro entorno cercano y funcionando en régimen de balance neto o autosuficiencia conectada. Disponemos de Instalaciones de renovables, solar fotovoltaica con o sin baterías, que se pueden implantar en nuestro hogar, edificios comunales o en el entorno cercano, barrio, ciudad, municipio y con múltiples variantes en cuanto a la propiedad: privada, compartida, mancomunada, municipal … o sea nuestras, como “prosumidores” o de alguna forma nuestras en común como “prosumidores” cooperativos.

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Autoconsumo en España: ¿para cuándo una ley justa?

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

 

Girasol y placa solar

Como todos los años por estas fechas, los ciudadanos que tenemos una instalación fotovoltaica de autoconsumo recibimos una factura de la compañía distribuidora de electricidad por la que nos cobran los peajes de generación del año 2017.

Este peaje que nada tiene que ver con el llamado “impuesto al Sol”, está regulado por el Real Decreto 1544/2011 que el gobierno aprobó a finales del año 2011. Un peaje de acceso a las redes de transporte y distribución que pagan todas las instalaciones de generación eléctrica desde el 1 de enero de 2011 y que tiene un valor de 0,5€/MWh + iva (21%). Por cierto, valor máximo aplicable según la normativa europea.

Este peaje que nada tiene que ver con el llamado “impuesto al Sol”, está regulado por el Real Decreto 1544/2011 que el gobierno aprobó a finales del año 2011.

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