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Autoconsumo, pilar de la descentralización del sistema

El autoconsumo ha llegado, tras muchas batallas, para quedarse en el sistema energético de nuestro país. Una realidad que ha cambiado los paradigmas establecidos hasta ahora al modificar las reglas y jugadores del tablero energético, un juego en el que, hasta la implantación del Real Decreto 244/2019, solo participaban unos pocos. A partir de ahora asistiremos a una diversificación de los agentes del sector energético: tendremos un gran número de pequeñas “centrales” de generación fotovoltaica que estarán gestionadas digitalmente, de manera individual, o bien de manera compartida por un grupo de personas. Este cambio en las reglas del juego nos llevará a un punto disruptivo: el empoderamiento del consumidor y su posicionamiento central en el nuevo modelo energético del siglo XXI, que tiene en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables sus bases fundamentales.

Sucede además que el coste de producción de energía fotovoltaica ha sufrido una caída del precio de hasta el 80% durante la última década, situándose en 0,027 €/kWh, y seguirá disminuyendo. Si lo comparamos con el precio de generación de energía con combustibles fósiles, no hay discusión, puesto que el rango de coste de estas últimas oscila entre los 0,045 y 0,15 €/kWh, siendo innegable que en el futuro estos costes irán aumentando conforme disminuyan las reservas naturales de petróleo y gas.

Al unificar los puntos de generación con los de consumo, el autoconsumo ha roto por completo con la lógica dominante en el sistema energético actual, sumamente centralizado, en el que la energía se transporta largas distancias entre los puntos de generación y los de consumo, lo que repercute en aproximadamente en un 11% de pérdidas, en 2018 se perdieron 3.147 GWh.

Además de barato y respetuoso con el medio ambiente, el autoconsumo constituye una democratización energética en toda regla, al considerarse como derechos básicos para los ciudadanos la compra, venta, generación y almacenamiento de energía eléctrica, como ya establece la Unión Europea. Esto genera un flujo bidireccional de energía entre los diferentes consumidores y productores de la red, que provoca una diversificación en los agentes del sector energético.

El funcionamiento de un sistema de autoconsumo no es nada complejo, las placas fotovoltaicas transforman los rayos de sol que les llegan en energía eléctrica, que consumiremos en nuestros hogares y oficinas. Gracias a que el precio de la energía que procede de la instalación de autoconsumo es más bajo que el que compramos a la red, conseguimos que la amortización de la inversión se sitúe entre los 6 y los 10 años, a partir de ese momento la energía que consumamos proveniente del autoconsumo nos costará 0 €. Con una instalación de autoconsumo obtenemos un ahorro mensual de entre un 30% y un 60% del precio total de nuestra factura de la luz. Por este motivo, cuanta más energía consumamos procedente de la instalación de autoconsumo antes amortizaremos la inversión y más ahorraremos en la factura de la luz.

Al mismo tiempo, actualmente podemos verter a la red y compensar económicamente los “excedentes energéticos” que tengamos, aunque el precio al cual nos pagan este excedente será menor que el que compramos a nuestra comercializadora. A este sistema se le llama tarifa neta, y como máximo se nos puede compensar la cantidad que hemos consumido de la red. Es decir, como máximo el termino de energía de nuestra factura será 0 €. Por tanto, el “negocio” a nivel individual o grupal no estará en la compensación, sino en el aprovechamiento de la energía que generamos evitando así comprarla a la red. Sin embargo, la venta de energía entre vecinos, a día de hoy, no está regulada.

Para maximizar el consumo de la energía autogenerada tenemos varias opciones. En primer lugar, se puede desplazar nuestro consumo a las horas de generación (las horas de mayor insolación), poniendo o programando los electrodomésticos de mayor consumo como la lavadora o el lavavajillas. Por otro lado, también se puede instalar un sistema de almacenamiento (baterías) dónde acumular la energía generada sobrante para consumirla en las horas nocturnas.

El autoconsumo ha venido para quedarse, pero todavía quedan cosas por limar en la última normativa. El gobierno ha tenido 3 meses para detallar cómo iba a compensar a los autoconsumidores en la factura por la electricidad sobrante que se vertiese a la red. Sin embargo, aún no lo ha hecho, por lo que se le debe alentar a que lo haga cuanto antes. Pero a pesar de este retraso, las organizaciones del sector no creen que esta demora suponga un freno para el desarrollo del autoconsumo. De hecho, UNEF ha estimado que a finales de 2019 se alcancen los 400 MW instalados, frente a los 236 MW que había cuando acabó 2018.

Otro cabo por atar en la regulación, bastante destacable, es la posibilidad del abastecimiento dinámico de varios consumidores de una misma instalación de autoconsumo. A modo explicativo, hoy en día, en una instalación colectiva (aquella que está en un bloque de viviendas), el reparto de energía se lleva a cabo utilizando unos coeficientes fijos, que han sido pactados entre todos, pero que son siempre los mismos, independientemente de las horas del día, los días de la semana o del año. Sin embargo, sería más eficiente hacerlo asignando coeficientes dinámicos a cada participante, minimizando los excedentes a red de forma notable.

De esta manera, en un bloque de, por ejemplo, 4 vecinos que comparten unos paneles fotovoltaicos, si hay dos viviendas que no tienen consumo a unas horas y otras dos que si lo tienen, el total de energía generada lo consumirán entre las dos que la demandan, evitando así que el 50% se vierta a  red, como sucedería en caso de que utilizaran los coeficientes fijos.

Para dar un impulso y fomentar de manera concisa el autoconsumo, como Fundación Renovables hemos exigido, en nuestro último informe, que el actual Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) establezca unos objetivos vinculantes en este sentido. Nuestra propuesta es clara: el autoconsumo debe suponer el 10% del consumo en 2030, 20% en 2040 y 30% en 2050. Entre todos los consumidores, los agentes del mercado y la administración; tenemos un reto ineludible como sociedad, no solo para recuperar el tiempo perdido, sino para poder desarrollar el aprovechamiento de los recursos energéticos a los que tenemos acceso.

Ismael Morales – Departamento de Comunicación de Fundación Renovables

Luis Morales – Responsable de Relaciones institucionales y Comunicación de Fundación Renovables

El autoconsumo nos hará cambiar muchos hábitos, para bien.

Todos tenemos metido en la cabeza algunos hábitos relacionados con el mejor momento para usar algunos equipos en nuestras casas en función de las tarifas empleadas: el lavavajillas, los acumuladores eléctricos y los equipos que consumen mucha energía, mejor por la noche y aprovechamos la tarifa nocturna. Tiene su sentido en el modelo actual. La producción energética que se realiza por la noche, dado que no pueden desconectarse algunas energías como la nuclear, eólica nocturna,.. no tiene una demanda de consumo igual que durante el día. La industria y la actividad en general demanda más por el día. Hay más oferta que demanda por la noche y se abarata el precio para facilitar su consumo. Por eso, por ejemplo, es muy adecuado apostar por el transporte ferroviario electrificado de mercancías por la noche.

Pero esto era y es así cuando producen otros y respondemos a la ley de oferta y demanda. Ahora empieza a ser distinto. Ahora yo paso de ser “solamente” cliente del mercado eléctrico a formar parte del sistema energético. Suena mejor y lo es.

El denominado autoconsumo, que por fin ha sido, no solamente permitido, sino que comienza a ser promovido y apoyado claramente por la administración española, significa un proceso de democratización de la energía. Yo puedo comprar y producir, el proceso es bidireccional. Y puedo producir para mi consumo, para vender o para las dos situaciones. Es similar a si tuviese un huerto en casa, podría usarlo para mi propio consumo, para vender mis productos y las dos cosas a la vez; nadie entendería que estuviese prohibido y que fuese obligatorio comprar solamente en grandes superficies.

La tecnología nos está dando buenas noticias y seguro que seguirá igual. Los paneles fotovoltaicos son cada vez más eficientes y mucho más baratos, los sistemas de acumulación son igualmente mejores y más asequibles, otras formas de reducir energía de forma limpia se están incorporando: geotermia, mini eólica, etc. El futuro nos indica que además podremos producir energía con nuestros coches eléctricos, no solo consumen, sino que producen y recargan electricidad aprovechando el movimiento, son acumuladores energéticos. El mundo cambia, yo ya podré comprar, producir y acumular de forma eficiente y asequible cada vez más. Y por consiguiente, mis hábitos de vida cambiarán.

El precio al que yo pueda “colocar” la energía que genero con mis sistemas de autoconsumo siempre será inferior al precio que pagaré por comprar energía a un suministrador, aunque sea solamente por el coste o el pago por la gestión de la red. Dicho de otra forma, el “negocio” a nivel particular no estará en la venta sino en el aprovechamiento eficaz de la energía que generamos y en al ahorro energético de la no necesitemos. Esto suena además bien para el planeta: eficiencia, ahorro energético y auto producción.

En el plano práctico, varios ejemplos.

Cambiaremos nuestros horarios de poner la lavadora, lavavajillas y similares de la noche a los momentos de máxima insolación, es decir pasaremos a ponerlo o programarlo entre las 12 y las 17 horas. Mejor consumir nuestra energía que comprarla.

En breve, cuando vayamos con nuestro vehículo eléctrico a una gran superficie, un centro público o un parking, podremos lógicamente cargar estos coches usando para ello cargadores que usarán la energía solar (en La Granja de San Ildefonso, por ejemplo, ya se puede hacer), pero también podremos en breve “vender” la energía que hemos generado al conducir en esos mismos cargadores.

Y finalmente, algo que ya está haciendo en Madrid y Barcelona, que es el aprovechar las plazas de aparcamiento de comunidades de vecinos, empresas, hoteles, parking en las hora en las que los propietarios no ocupan sus plazas para cargar los vehículos de carsharing que se mueven por la ciudad.

Se trata de optimizar recursos, coordinar y cooperar. Gracias a la energía, vienen buenos tiempos.

 

Por Miguel Aguado – Director de B Leaf y divulgador ambiental "

Desatando el potencial de la energía comunitaria: las “comunidades de energía renovable”

La transición energética ya está en marcha en España, y queremos que la ciudadanía, las autoridades locales y los colectivos ciudadanos se sitúen a la cabeza para producir y controlar su propia energía renovable, y fomentar la transición hacia un sistema más equitativo, democrático y descentralizado.

Durante décadas, las reglas del mercado han sido diseñadas a la medida de las grandes empresas energéticas, y términos como “autoabastecimiento” y “cooperativa de energía” han estado desubicados en el panorama político. Pero tras haber luchado contra viento y marea para salir a flote, estas iniciativas pioneras basadas en poner la energía en manos de las personas han sido finalmente reconocidas por la legislación europea. El nuevo paradigma ya está aquí: pasamos de ser meros consumidores a participar activamente en el sistema.

Y es que ahora, las comunidades y las personas tenemos el derecho a generar, consumir, gestionar y vender nuestra propia energía. Así lo especifica la nueva normativa europea. Pero ahora viene lo más difícil: empezar a aplicar dichos derechos y, por ello, es crucial que el próximo Gobierno transponga cuanto antes -y en su totalidad- los artículos aprobados en la nueva Directiva de Energía Renovable (REDII). Habrá que volver a revisar y armonizar la legislación existente para ponerla en consonancia con la nueva Directiva. En nuestra opinión, estos deben ser los principales beneficiarios.

Las “comunidades de energía renovable”

España va a tener que definir qué entidades o formas legales específicas pueden ser consideradas como tales ateniéndose siempre a la definición presente en la REDII y, de acuerdo con la misma, habría que tener a bien tres condiciones:

(a) deben estar basadas en una participación abierta y voluntaria, ser autónomas y estar controladas de manera efectiva por los y las participantes ubicados en las proximidades de los proyectos de energía renovable que desarrollan estas entidades legales;

(b) deben ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluyendo a los ayuntamientos;

(c) se deben evitar los fines lucrativos. Es decir, su principal propósito debe consistir en ofrecer beneficios medioambientales y socioeconómicos a sus co-participantes o a los territorios donde se realicen los proyectos.

Además de tener garantizado su derecho a generar, consumir, gestionar y vender energía renovable, las iniciativas deben poder acceder a unos mercados adecuados, ya sea de forma individual o mediante agregación.

Dentro de la propia comunidad energética, cualquier persona debe tener el derecho a participar sin condiciones discriminatorias, se deben respetar sus derechos como consumidor y se le debe ofrecer toda la información disponible en todo momento, especialmente en el caso de que se desarrolle un sistema de ayudas públicas.

Los hogares

La nueva Directiva ofrece a las personas que viven en inmuebles el derecho a crear colectivamente proyectos de energías renovables. La legislación debería contemplar medidas que se ajusten a las necesidades de las personas (propietarias o inquilinas) que viven en apartamentos, teniendo en cuenta cosas como la falta de acceso a tejado o las instalaciones compartidas por varios hogares. Si tenemos en cuenta que más del 65% de la ciudadanía española vive en apartamentos, el potencial para generar y compartir electricidad entre viviendas es enorme.

En este sentido, Fundación Renovables y Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones de la Alianza por el Autoconsumo, critican que, si bien el nuevo Real Decreto de Autoconsumo permite realizar instalaciones compartida de autoconsumo en bloques de viviendas, el documento hace una apuesta por un reparto estático que impide intercambiar los excedentes de la producción entre las mismas.

Finalmente, están las autoridades locales, entidades que pueden influir significativamente en el desarrollo de una energía de propiedad y gestión comunitarias. No solo tienen a su entera disposición una palanca legal para apoyar nuevos modelos empresariales en torno a la gestión y control comunitario de la energía renovable, si no que además pueden, por derecho, participar como partes interesadas en las comunidades de energía renovable. Huelga decir que como ciudadano de a pie, ver a mi ayuntamiento implicado en un proyecto de estas características me generaría confianza a la par que ganas de participar.

Desde la administración local se pueden crear nuevas herramientas para favorecer los proyectos de energía comunitaria, asignando partidas presupuestarias específicas para ello, así como planes enfocados a la descarbonización que sirvan para apuntalar el florecimiento de este tipo de proyectos.

En el cuaderno “Desatando el potencial de la energía comunitaria renovable” que publicó Amigos de la Tierra, Greenpeace, Energy Cities y RESCoop.eu hace unas semanas, podemos encontrar ejemplos concretos de iniciativas pioneras y diversas buenas prácticas que ya se están dando a lo largo y ancho de Europa. Os invitamos a ampliar vuestro conocimiento sobre “energía comunitaria renovable” en este enlace.

Héctor de Prado – socio protector de la Fundación Renovables, y responsable del área de clima y energía de la asociación Amigos de la Tierra

¿Cómo (y con quién) instalar autoconsumo solar en mi casa?

Las cuentas del autoconsumo llevan mucho tiempo saliendoles a hogares y empresas pero ahora, además, nos encontramos con el viento de cola que nos proporciona un Ministerio de Transición Ecológica que (como su nombre indica) se lo cree, y que apuesta sin ambages por esta forma de dotarse de energía. Ahora es el momento, pero ¿qué preguntas debo hacerme?

¿Es para mí?

Lo primero que necesitas es espacio soleado disponible ya sea en el tejado o en el suelo. Es obvio, ¿verdad? La instalación habitual de un residencial pueden ser 6 placas que ocuparían una superficie aproximada de 15 metros cuadrados. Lógicamente lo suyo es que la casa o el terreno sean de tu propiedad, sí, porque ser inquilino, como es mi caso, es lo que más puede alejarte del placer del autoconsumo.

¿Lo voy a amortizar?

Todos los modelos apuntan a que en la mayoría de los casos la instalación se amortiza (entre 6 y 8 años) y, además, hay que tener en cuenta que la instalación tiene una garantía de 20 años y puede llegar a una vida útil de hasta 40. El plazo de amortización depende mucho de nuestro gasto en luz, la orientación de nuestro tejado y los precios de la energía. Este tercer factor es externo pero es fácil imaginar que irán al alza en los próximos años. No me quedo a gusto sin añadir un desahogo tan populista como cierto: ¡Todo va al alza en este país menos los sueldos de los currantes medios!

En cualquier caso para hacerte una idea aproximada de cuánto te costaría y de los plazos de amortización algunas empresas han puesto en marcha calculadoras de autoconsumo solar. Esta herramienta, por ejemplo, permite hacer un cálculo aproximado en menos de un minuto y  cuatro sencillos pasos (ubicación, orientación del tejado, gasto en luz y hábitos de consumo). Además, en 48 horas recibes en tu correo un estudio detallado gratuito que te ayuda a tomar la decisión de si por fin ha llegado el momento de sacarle partido al Lorenzo.

¿Cuánto se tarda en instalar?

Si las cuentas te salen, el resto del proceso es sencillo y la instalación puede llevarse a cabo en un periodo de entre 2 y 3 días.

Ya tengo mis flamantes placas solares. ¿Qué mantenimiento necesitan?

Los paneles solares apenas requieren mantenimiento aparte de una limpieza muy, muy de vez en cuando (por ejemplo, cuando pasan meses sin llover) por lo que las herramientas que necesitas son una camiseta antigua de Talleres Martínez o de algún grupo de música por el que te sientas traicionado y un spray con agua (no tiren de productos “Cristalsol” y tampoco del socorrido “Cyllit Bang”). Además, por lo que me cuentan expertos reputados del sector, las placas son mucho más agradecidas que los cristales para limpiarlas y no acaba uno odiándolas como ocurre con las cristaleras.

¿Qué ocurre con la energía que me sobra?

La energía que te sobra va a parar a la red y no te aporta, de momento, beneficio pero tampoco perjuicio. Tómatelo con filosofía porque en España no se contempla, insisto, de momento, implantar sistemas con balance neto aunque sí se ha abierto la puerta a la “facturación neta” como señalaba el director general del IDAE Joan Herrera en una entrevista reciente.

¿Y si vivo en una comunidad de vecinos?

En España más del 60% de las personas vivimos en bloques de viviendas pero por desgracia la normativa parece que sigue sin facilitar el autoconsumo compartido y se queda como un derecho reconocido no desarrollado. Hay que pedir al Legislativo y al Ejecutivo que trabajen en esa dirección. Lo que sí parece más factible a día de hoy es instalar placas solares para las zonas comunes, ascensores, jardines, piscinas… etc. Unos 40 metros cuadrados pueden ser suficientes para cubrir las necesidades energéticas de una comunidad de tamaño medio.

Por último, ¿a quién llamo para instalar placas solares?

Hace unas semanas escribía sobre “el gustazo de pasarse a la energía verde” y aquí voy a utilizar similares argumentos. Las grandes eléctricas de nuestro país han conseguido demorar la llegada del autoconsumo entre 3 y 5 años con la complicidad de los ejecutivos anteriores. ¿De dónde saco esta cifra? Viendo el boom que la fotovoltaica ha tenido en países nada soleados de nuestro entorno estos últimos años no creo que vaya muy desencaminado. Por tanto, aunque ahora estas compañías plaguen el prime time televisivo de familias felices haciendo malabares con placas solares en medio de un frondoso bosque, mi recomendación sería apostar por empresas medianas que llevan años fomentando las renovables como las que aúna el portal  “Reduce tus emisiones” presentado esta semana por Triodos Bank. Y es que ha llegado el momento de plantearse seriamente dar el paso… ¿autoconsumimos con renovables?

Bonus track. ¿Qué ocurre si me divorcio?

En estos casos se recomienda que uno de los cónyuges se quede toda la instalación de autoconsumo pero también se pueden partir peras y repartir tres paneles solares para cada uno.

Por Iván de Otto – consultor en SdeO Comunicación y socio de FR

Tras el impuesto al sol, llega el Impuesto a la libre competencia energética

Si creías que el “impuesto” al sol era el tributo más disparatado del sector energético, te equivocabas. Y no me refiero al hecho de que el “impuesto al sol” no fuera uno, sino dos; ni a que no era un impuesto, sino un cargo; o que no era al sol, sino a cualquier forma de generación renovable.

De lo que quiero hablar hoy es de un absurdo tributario que existe en España, atribuible a la pereza si pensamos bien o a la conveniencia si pensamos mal, que lastra la libre competencia en el sector energético y que sirve para apuntalar la posición dominante de las empresas incumbentes. Hablamos del “Impuesto de Actividades Económicas” (IAE) en su aplicación a las comercializadoras de electricidad y gas.

Este impuesto fue creado en 1990, cuando sólo existían en el sector eléctrico la generación, la distribución y el transporte. En 1997 la relación con el cliente se desglosa en física (distribuidora) y virtual (comercializadora), pero nadie se acuerda de crear en la normativa de Actividades Económicas un epígrafe específico para esa nueva actividad conocida como “comercialización”. Ante la falta de regulación, se comienza requiriendo a las comercializadoras que paguen el impuesto en el municipio donde tengan oficinas.

No obstante, con la crisis económica, los Ayuntamientos comenzaron a realizar “fiscalidad innovadora” para incrementar la recaudación. Dentro de esa innovación fiscal se incluyó cobrar a los operadores virtuales de energía y telefonía una tasa de ocupación del suelo por el uso de las redes, a pesar de que éstas pertenecen a la distribuidora, consistente en el 1,5% de los ingresos obtenidos por su actividad en el municipio. El Tribunal de Justicia de la UE anuló la aplicación de la tasa en telefonía, mientras que en energía los tribunales nacionales han dado la razón a los Ayuntamientos y el asunto no ha llegado aún a Europa.

Espoleados por esta victoria fiscal (provisional) en materia energética, el siguiente paso de los Ayuntamientos ha sido aplicar un impuesto a la libre competencia. Partiendo de la idea de que se puede cobrar a la comercializadora por usar una línea que ocupa el espacio público, aunque no sea suya, ¿por qué no considerar que, al usar esa red, es como si tuvieran establecimiento permanente en el municipio y que deben pagar también el “Impuesto de Actividades Económicas”?

Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados.

Una vez decidido que las comercializadoras tienen que pagar, y contra el criterio del comité de Expertos del Gobierno central y de la propia CNMC, los técnicos municipales se pusieron a buscar entre los diferentes epígrafes del IAE alguno para aplicar a las comercializadoras, y al no encontrarlo, decidieron tirar de cajón de sastre e inscribir a las comercializadoras en distintos epígrafes genéricos: 619.9 (Comercio mayorista de otros productos), 659.9 (Comercio minorista de otros productos), 663.9 (Comercio al por menor de mercancías sin establecimiento), 999 (otros servicios).

Y aquí está justamente el problema: todos los epígrafes que están utilizando los Ayuntamientos incluyen tipos impositivos que no dependen de la capacidad económica del sujeto, ni de los MWh vendidos, ni están pensados para servicios prestados en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el epígrafe 619 establece un pago fijo de 664,35 EUR, que puede tener sentido para quien tiene un comercio únicamente en ese municipio con una clientela determinada, pero resulta una tropelía si se aplica a una compañía que presta virtualmente servicios por todo el territorio, y que puede tener únicamente un cliente en el municipio. Si consideramos un margen medio de comercialización de 30 €/cliente/año en el sector eléctrico, hablamos de que para poder cubrir el coste del impuesto en un municipio se necesitan 17 clientes (y si se quieren cubrir el resto de costes, muchos más). No hay que olvidar que en España hay 7.373 municipios de menos de 10.000 habitantes, de los 8.124 totales. Para colmo, si se tienen 9.999 clientes en ese municipio, también se paga 664,35 €, igual que la comercializadora que tenga un solo cliente.

Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver toda esta maraña fiscal con las renovables? Por desgracia, mucho. Las comercializadoras tradicionales comercializan energía contaminante (carbón, gas natural, nuclear, fuel) mientras que muchas de las comercializadoras emergentes son 100% renovables. Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y no sólo eso. Los precios altos del pool en España no se explican únicamente por factores externos como el precio de referencia del gas (TTF) o de los derechos de emisiones de CO2 europeos (EUAs), sino sobre todo por una clara falta de competencia, pues el 91% de los clientes aún tienen una de las 5 comercializadoras tradicionales y el 70% desconoce qué suministro tiene contratado. Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados. No para recaudar menos, sino para que cada cual pague en función de lo que vende (MWh) y no de en los municipios distintos a los que vende.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

Por fin luce el sol en España

El 5 de octubre de 2018 ya figura, por méritos propios, en la historia reciente del sector energético español. Tras 1.092 días de vigencia era derogado un ignominioso “impuesto al sol” que nos ha convertido en hazmerreír internacional.

Compartir energía pasaba de ser una opción casi quimérica, por el vacío existente que supuso la anulación por el Supremo de su prohibición, a un concepto integrado directamente en la definición del autoconsumo. Se establecía, por ley, que no se puede gravar la energía que uno produce para sí mismo, lo que en la calle se había venido a denominar “impuesto al sol”. Se simplificaba notablemente el papeleo requerido para ponerse unos paneles en el tejado con el fin de ahorrar unos euros en el recibo de la luz y que en ocasiones suponía gastos y tiempo inasumibles en las instalaciones domésticas. Se contemplaba la compensación directa en la factura de los excedentes que uno pudiera tener cuando sus paneles estuvieran produciendo y el consumo eléctrico de su vivienda no fuera suficiente para asumir la energía proveniente del sol.

Todo ello sin necesidad –como hasta ahora– de convertirse en empresario y pasar a liquidar IVA o a integrar en la declaración de la renta unos ingresos que en muchos casos no llegan a 10 euros al mes. Se eliminaban limitaciones absurdas como que la capacidad máxima de generar energía de los paneles fuera menor que la del contrato de suministro de energía. Se racionalizaban, por último, las sanciones, despejando definitivamente la amenaza que se ceñía sobre los audaces autoproductores que, por el simple hecho de dejar de rellenar un papel, podían verse sometidos a sanciones desproporcionadas de hasta 60 millones de euros confiando, eso sí, en que un juez posteriormente las moderase.

En resumen, la normativa sobre el autoabastecimiento de electricidad daba un giro copernicano, pasando de ser la más restrictiva del mundo a una de las más avanzadas.

Pero la ley aprobada no se quedaba ahí, también abordaba, entre otros aspectos importantes, una eliminación temporal de dos impuestos a las centrales eléctricas que estaban contribuyendo a sobrecargar innecesariamente los recibos de la luz, ampliaba (tímidamente, eso sí) las coberturas sociales para aquellas familias que se ven en serias dificultades para encender la luz o mantener su vivienda a una temperatura digna en invierno, incorporaba medidas de protección al consumidor, como la prohibición de que las eléctricas realicen visitas sin cita previa, las cuales derivaban frecuentemente en engaños según venían denunciando reiteradamente las asociaciones de consumidores; la posibilidad de afinar la contratación de la parte fija del recibo y la obligatoriedad de que las eléctricas nos informen sobre cuál sería el importe de nuestro recibo en la modalidad de facturación con discriminación horaria, esa que permite ahorrar fácilmente más del 10% de la factura sin necesidad de cambiar de hábitos de consumo.

La reforma está incompleta. Hay aspectos esenciales que desarrollar sobre el autoconsumo compartido o sobre la compensación de excedentes

Se trata, al fin y al cabo, de una boya en el mar de la profusa normativa del sector energético que marca, sin lugar a dudas, un cambio de rumbo a los que navegamos en el mismo. La reforma está incompleta. Hay aspectos esenciales que desarrollar sobre el autoconsumo compartido o sobre la compensación de excedentes y otros que modificar en profundidad como el mecanismo de fijación de precios del mercado eléctrico o una ayuda social que extermine definitivamente la pobreza energética de nuestro país, pero el camino emprendido es el correcto.

Queda por ver, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados convalide la norma y, en segundo lugar, que apoye las reformas siguientes que la ministra Ribera ya ha anunciado. Confiemos en que, por una vez, se imponga la racionalidad y se tomen medidas rápidas y eficaces para transformar radicalmente nuestro sistema energético. Nuestros bolsillos, nuestra salud y nuestro planeta bien lo merecen.

Por Jorge Morales  – Director General de Geoatlanter

La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Baleares puede ser pionera en la Transición Energética

El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares acaba de iniciar su tramitación reglamentaria en el Parlament balear. El carácter pionero de esta iniciativa dentro de España despertó ya hace meses el interés en medios internacionales, seguramente en contraposición con el retraso y la desidia del Gobierno Rajoy en presentar su propio proyecto de ley en esta materia, pese a haber ratificado la Unión Europea el Acuerdo de París en octubre de 2016 (y España en enero de 2017).

Se trata de un Proyecto de Ley con objetivos ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, a día de hoy inmensamente dependiente de los combustibles fósiles en todos los sectores.

Así, por ejemplo, la generación de electricidad en las Islas Baleares está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2017, en toda la Comunidad Autónoma sólo había 4 MW instalados de energía eólica y 78 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.

Pretende avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar en el territorio de las Islas Baleares, mediante energías renovables

La movilidad terrestre en Baleares se basa mayoritariamente en el uso del vehículo privado. Así, la ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal, entre otras cosas, porque no se ha hecho hasta ahora una apuesta decidida por el transporte público colectivo ni la intermodalidad.

Los objetivos generales de este Proyecto de Ley balear son la mitigación de las causas del Cambio Climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará, además de impulsar la democratización de la energía y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Para ello, se pretende avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar en el territorio de las Islas Baleares, mediante energías renovables, al menos el 70% de la energía final que se consuma en ese territorio en el 2050. A este respecto, para la penetración de las energías renovables se plantea como objetivos el 35% en 2030 y el 100% en 2050, porcentajes entendidos como proporción de la energía final consumida en el territorio balear.

Baleares

El texto prevé la transformación progresiva de las flotas de vehículos de alquiler (muy numerosos en la cada vez más larga temporada turística en Baleares) desde 2020, cuando un 2% de los vehículos deberán ser eléctricos, hasta alcanzar el 100% de éstos en 2035. La medida irá acompañada de importantes inversiones en infraestructura de puntos de recarga eléctrica.

Además se plantea la prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel a las islas, así como su venta, y en 2035 lo mismo sucederá con los de gasolina y demás derivados del petróleo, de manera que en 2050 el parque móvil esté totalmente descarbonizado. Esta, no obstante, ha sido una de las medidas que más críticas han suscitado en determinados sectores.

Plantea la prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel a las islas, así como su venta, y en 2035 lo mismo sucederá con los de gasolina y demás derivados del petróleo

Todas las medidas previstas en el citado Proyecto de Ley, permitirán, según lo anunciado por el Gobierno balear, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050, con respecto a los niveles de 1990.

En el marco de la recientemente iniciada tramitación parlamentaria de este texto, Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation (ECF) han organizado en el Parlament balear un ciclo de jornadas técnicas y de debate sobre diferentes aspectos de la problemática y de los temas abordados en dicho proyecto de ley, ciclo que terminará el 31 de octubre con una mesa redonda entre los partidos políticos baleares para confrontar sus posturas frente al desafío climático y la necesidad de iniciar la transición hacia la sostenibilidad energética y la velocidad que ha de darse a este proceso.

El objetivo de Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation es conseguir la aprobación de una ley ampliamente consensuada para poder afrontar eficazmente el desafío del Cambio Climático.

Es decir, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se pretende aprobar en esta legislatura tendrá que ser desarrollada y aplicada sin contratiempos ni sobresaltos, no sólo en la próxima legislatura sino en un marco temporal de varias décadas, para poder hacer frente con éxito a un reto tan importante para toda la sociedad y el medio ambiente como es el del cambio climático. Sin duda, ello sólo será posible si esta ley consigue contar con un amplio consenso social, empresarial y político; dicho de otra forma, si se logra que la inmensa mayoría de la sociedad balear la considere como una ley necesaria y positiva.

Los impactos esperados del Cambio Climático en las próximas décadas en las islas Baleares serán especialmente graves, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la sociedad balear y para todas las fuerzas políticas que la representan.

La gravedad del problema del Cambio Climático nos fuerza a avanzar de forma urgente y decidida en la transición energética hacia un modelo completamente descarbonizado, libre de combustibles fósiles, y 100% renovable. No sólo porque éste sea nuestro compromiso internacional al haber ratificado el Acuerdo de París, sino porque la comunidad internacional se está moviendo muy despacio al respecto y se nos acaba el tiempo, si es que queremos evitar los efectos más catastróficos del Cambio Climático.

Los datos de los científicos no dejan lugar a dudas. Los impactos esperados en las próximas décadas en las islas Baleares serán especialmente graves, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la sociedad balear y para todas las fuerzas políticas que la representan.

En base a las conclusiones de los modelos climáticos, el incremento de la temperatura media en las Islas Baleares a lo largo del siglo XXI será superior al que se registrará globalmente. Debido al aumento esperado de las temperaturas medias, es muy probable que se produzcan fuertes olas de calor y episodios de temperaturas extremas al tiempo que aumentaría el riesgo de que se produzcan situaciones de grave escasez de agua. El aumento del nivel del mar tendrá consecuencias negativas para el litoral, el suministro de agua (por la salinización de acuíferos), el urbanismo, etc. Así, el aumento del nivel del mar conllevará la pérdida irreversible de muchos metros de sus hermosas playas antes de 2050.

De todo ello se deduce que las Islas Baleares van a verse especialmente afectadas por el Cambio Climático y, dado que es un territorio que concentra un alto porcentaje de población, de actividad económica y de sistemas naturales muy sensibles a los cambios ambientales, se puede afirmar, por tanto, que va a ser especialmente vulnerable a sus efectos, desde diversos puntos de vista: salud, medioambiental y económico.

Sin duda alguna, se trata de un contexto extremadamente preocupante para las Islas Baleares, dada su economía tan dependiente del buen estado de sus aguas y sus costas, de la disponibilidad de agua para el suministro, factores básicos, entre otros, para poder seguir manteniendo su liderazgo en el ámbito turístico, su principal industria.

Estamos en un momento clave. Las islas Baleares pueden convertirse en un referente mundial en la lucha contra el Cambio Climático y ser, en unas décadas, 100% renovables. Es sólo cuestión de voluntad política y compromiso ciudadano.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

El impuesto al Sol y la parábola del colibrí

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Una de las primeras actuaciones de la nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha sido anunciar su intención de suprimir el llamado “Impuesto al Sol”. Un impuesto injusto que permite gravar la energía producida y autoconsumida por los propietarios de instalaciones de energías renovables, principalmente fotovoltaicas. Cuando esto ocurra, España dejará de tener la legislación más restrictiva que se conoce para estos sistemas y nos alinearemos con lo acordado por la Unión Europea, que considera que los ciudadanos tenemos derecho a producir, consumir e intercambiar energía sin trabas ni peajes.

Cada vez que se produce el debate sobre el desarrollo del autoconsumo, son algunas las voces que, siguiendo el argumentario de las empresas eléctricas, acusan a los autoconsumidores de depredadores del sistema, insolidarios y de querer ahorrase unas tasas y peajes que otros necesariamente tendrán que asumir, para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. Nos ha sorprendido el artículo de opinión de Jesús Mota publicado en El País el pasado 16/06/18 definiendo a los autoconsumidores como los nuevos gorrones del sistema eléctrico.

Obviamente, no estoy de acuerdo con el punto de vista de este artículo. El planteamiento que allí se hace olvida algunos aspectos fundamentales del autoconsumo que voy a tratar de explicar.

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía. El ahorro y la eficiencia energética deben convertirse en piedras angulares de la transición energética. Debemos pasar de un sistema de gestión de la oferta a un sistema de gestión de la demanda, donde los ciudadanos nos hagamos corresponsables de nuestro consumo energético.

impuesto al sol

El autoconsumo permite empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe de esta transición energética. Cuando un particular decide invertir en una planta de autoconsumo está produciendo beneficios económicos, ambientales y sociales. Económicos, porque, además de activar un sector que crea puestos de trabajo, produce energía limpia que tiene que dejar de producirse por otras fuentes, disminuyendo así la dependencia energética del país; ambientales, porque dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por último, también sociales, ya que permite tomar conciencia de la importancia de un buen uso de la energía.

Estas razones hacen que tanto la mayoría de los países, como lo recientemente aprobado por la Unión Europea para la nueva directiva de renovables, definan el autoconsumo como uno de los actores principales del nuevo modelo energético.

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general. Tampoco entendemos por qué no podemos intercambiar la energía producida con otros usuarios y recibir una compensación económica por la misma, en igualdad de condiciones con cualquier otro productor de energía.

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda ¿Alguien en su sano juicio tacharía de gorrones del sistema eléctrico a aquellos que quieran rebajar su factura eléctrica mejorando la eficiencia de los elementos de consumo, mediante iluminación led, comprando electrodomésticos de alto rendimiento o gestionando su consumo para poder disminuir la potencia contratada y la energía consumida? Esto se llama eficiencia energética y bien haríamos en ir bajando nuestras altas necesidades energéticas. Sin embargo, si esto se hace instalando módulos fotovoltaicos, entonces eres un gorrón del sistema. O ¿deberíamos poner también una tasa a los elementos de consumo de alta eficiencia para compensar la insolidaridad que supone un menor consumo respecto a aquellos que aún no han cambiado los elementos más antiguos y que consumen más? ¿Por qué deberíamos pagar una tasa por la energía que no le compramos a la compañía eléctrica?

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda

Conviene recordar que los autoconsumidores pagamos exactamente las mismas tasas y peajes que el resto de los consumidores domésticos de energía eléctrica por la energía que consumimos, ya que tenemos nuestro contrato de suministro exactamente igual a los demás usuarios, con la particularidad de no recibir ninguna compensación si decidimos inyectar la energía sobrante a la red y, por tanto, regalarla al sistema, para que se la venda a nuestros vecinos.

Algunos piensan que esto del autoconsumo es sólo cosa de aquellos que teniendo poder económico quieren además ahorrarse dinero y cargar los costes del sistema a los demás.

Nada más lejos de la realidad, lo que pasa es que los que así piensan parten de una hipótesis errónea: “Los beneficios del sistema eléctrico deben ser garantizados y si disminuye el consumo de energía, otros tendrán que pagar más para que los beneficios del sistema no decaigan”.

Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

La transición energética debe ser ante todo justa y esto implica revisar toda la estructura de nuestro sistema energético y, en particular, la infame estructura actual del recibo eléctrico, así como la fijación de precios de la energía. En esta nueva fijación de precios deberíamos incluir los beneficios económicos, medioambientales y sociales de las mismas, y también los costes asociados a sus respectivos impactos.

Por último, el precio de los sistemas fotovoltaicos hace que una amplia mayoría de la sociedad pueda hacer frente a la inversión necesaria para autoabastecerse al menos de una pequeña parte de la energía que necesita.

Si para dar cabida a las nuevas formas de generación, distribución y uso de la energía, es necesario cambiar las reglas de juego del actual sistema eléctrico, tendremos que hacerlo. Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

impuesto al sol

Desde la Fundación Renovables pensamos que la Transición Energética sólo es posible hacerla actuando conjuntamente sobre toda la estructura energética del país y con la colaboración de todos. La hoja de ruta que proponemos la hemos recogido en nuestro último informe.

Esta Transición Energética va a llevarse a cabo electrificando la demanda y generando con energías renovables. Necesitamos un sistema eléctrico transparente y democrático. No demonicemos a aquellos que han empezado el camino para conseguir este cambio de modelo.

Así, nuestra actitud debería ser como la del colibrí que intentaba apagar el fuego del bosque mientras que el resto de los animales huían y le decían,” ¿acaso crees que puedes tú sólo apagar el incendio?”, a lo que el colibrí contestó, “yo sé que no puedo sólo, pero estoy haciendo mi parte”.

Los autoconsumidores solos no vamos a poder cambiar el sistema energético, pero estamos haciendo nuestra parte. Ojalá, pronto, los demás hagan la suya. Mientras tanto, bienvenidas las iniciativas para acabar con el “Impuesto al Sol. Que así sea.

El pequeño gran poder de los ciudadanos y de las ciudades en el ámbito energético

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

Ciudad sostenible
El futuro empieza a estar en nuestras manos si nos organizamos y empoderamos con energía.

Disponemos de tecnologías energéticas y a precios cada vez más asequibles  en un sistema energético  cada vez más electrificado. En España, según la reciente propuesta de la Fundación Renovables, para el escenario energético español en la próxima década, horizonte 2030, se puede duplicar la electrificación de la energía final consumida que en el caso de los hogares puede ser  del 100%. Podemos reducir nuestro consumo residencial de energía eléctrica y cubrir este menor consumo con electricidad de fuentes renovables implantadas en nuestro entorno cercano y funcionando en régimen de balance neto o autosuficiencia conectada. Disponemos de Instalaciones de renovables, solar fotovoltaica con o sin baterías, que se pueden implantar en nuestro hogar, edificios comunales o en el entorno cercano, barrio, ciudad, municipio y con múltiples variantes en cuanto a la propiedad: privada, compartida, mancomunada, municipal … o sea nuestras, como “prosumidores” o de alguna forma nuestras en común como “prosumidores” cooperativos.

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