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Las nuevas subastas de renovables

La semana pasada, en medio de este caluroso agosto, como si de los últimos coletazos de las lágrimas de San Lorenzo se tratase, el gobierno ha lanzado su segunda convocatoria de subastas para la instalación de nuevas plantas de generación renovable en nuestro país.

Parece previsible que dicha premura haya venido dada por los precios infames de la electricidad que estamos sufriendo los consumidores, necesitando de alguna medida que mostrase la perseverancia del legislador por hacer algo por evitar el infernal tormento. A lo mejor también es porque, simplemente, no quieren que tengamos vacaciones los que nos dedicamos a la energía y, persistentemente, salen normas de este estilo en agosto o en navidades.

Fuera como fuese, la considero una medida que va en la buena dirección. Parece aprender de errores pasados, y singulariza la posibilidad de que, por un lado, no todas las instalaciones tienen que ser iguales ni producir los mismos retornos, y por otro, no todos los sujetos pueden competir en igualdad de condiciones ni todos los participantes tienen que ser el mismo tipo de figurantes. La propuesta establece un nuevo cupo de 3.300 MW de potencia instalada, separando 600 MW para instalaciones fotovoltaicas y eólicas a los que llama de disponibilidad acelerada, 700 MW destinados a fotovoltaica (que entrarán a un ritmo más cadencioso), 1.500 MW destinados eólica y 300 MW destinados a fotovoltaica para instalaciones de generación distribuida con carácter local.

Al margen de lo singular del plazo exprés que se da a las instalaciones aceleradas, que seguramente nos traiga “tardes de gloria” a los abogados de la energía en el futuro, me gustaría hacer alguna reflexión en positivo sobre el cupo de 300 MW para instalaciones de menor dimensión que se fomentan en esta propuesta. Las mismas, como singularidades principales, deberán estar conectadas a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 kV, contar con una potencia instalada igual o inferior a 5 MW, contar en -al menos- el 25% de su capital con cuatro titulares con el domicilio fiscal en un radio de 25 kms a la redonda, no realizar divisiones artificiales que supongan una planta gigantesca partida en trocitos y su potencia límite no excederá del resultado de multiplicar la población censada de dicho entorno territorial por 0,5.

Estoy seguro de que habrá unos cuentos opinólogos que van a tildar de ocurrencia esta singularización tan particular de esta tipología de plantas. Cuántas veces habré oído eso de: “ya no os basta con las renovables, además queréis decidir a quién deben de pertenecer”. Pues claro que sí, debe de haber una discriminación positiva para este tipo de proyectos, ese es el camino. Los ciudadanos no van a poder competir con grandes centrales de generación, pero eso no les puede expulsar de un nuevo modelo distribuido del que tienen que formar parte.

Esta propuesta del legislador ha de ser el primer impulso a las nuevas comunidades ciudadanas de energía que nos ha traído la legislación comunitaria. Eso que ahora vemos como sorprendente, existe desde hace años en otros países europeos como Alemania, Portugal o Grecia. Nuevos sujetos generalmente alrededor de pequeños ayuntamientos, de cooperativas, de comunidades de regantes, de parques industriales, van a ser capaces de aunar esfuerzos para poder producir electricidad que ellos mismos podrán consumir o vender de forma colectiva.

Seguramente alguien entienda que 300 MW sobre un total de 3.300 MW es una insignificancia, pero el camino se demuestra andando y es necesario que se den los primeros pasos en esta dirección para que todas las decenas de miles de posibles nuevos operadores sean conscientes de la eficacia de esa actuación. No solo abarata el precio de sus consumos, sino que hace más eficiente la generación cerca de los puntos de consumo. Y lo que es más importante, les hace participar de forma más activa de un sector opaco, que como estamos viendo estas últimas semanas, aprovecha cualquier ocasión para exprimir al máximo una teta que en algún momento no podrá dar más leche, temerosos de cambios regulatorios relevantes en lo que afecta a la fijación de los precios y a la participación social de los ciudadanos en la energía.

Espero que la norma se ajuste un poco en el período de información pública, pues quizás la emergencia con la que ha visto la luz, la haga meritoria de alguna revisión, pero fuera como fuese, en lo referente a lo comentado, merece mi debido reconocimiento.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

Autoconsumo solar para la “Next Generation”

El autoconsumo solar esté de moda en España. Atrás quedó la época de los hermanos Nadal y su nefasto “impuesto al sol”, así como todos los impedimentos arbitrarios y malintencionados que impusieron al autoconsumo. El año pasado se conectaron 40.000 instalaciones solares en tejados, más que el acumulado histórico. Este 2021 no será menos y España alcanzará, con total seguridad, las 100.000 instalaciones acumuladas. Tampoco hay duda de que en los próximos años se alcanzará el millón de tejados solares en España (¿será en 2025? ¿en 2030?).

Teniendo en cuenta los niveles de radiación solar que tenemos en España y en un contexto de electricidad cara, no interponer una placa solar entre el sol y el tejado es un derroche energético y económico que no tiene sentido alguno. Los números salen (más aún con las bonificaciones municipales al IBI) y el compromiso ambiental de los españoles es cada vez mayor.

No obstante, dada la herencia del impuesto al sol, España ha perdido un precioso tiempo y está aún muy lejos del resto de países del entorno. Alemania ya superó a finales del año pasado los 2.000.000 millones de tejados solares, 20 veces más que España, con una población que no llega al doble de la española (y con menos sol). Ello justifica una intervención pública en España, que no sólo se limite a eliminar las trabas más perjudiciales para el autoconsumo solar, sino que también contribuya a acelerar la implantación mediante ayudas económicas de impulso directo a los techos solares.

Los Fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea (popularmente conocido como “Next Generation”) pueden suponer una buena inyección económica al autoconsumo. No obstante, cabe preguntarse, si ya hemos dicho que el autoconsumo “va solo” en España, especialmente en aquellos perfiles en los que la curva solar coincide con la de consumo, ¿qué necesidad hay de subvencionar esta actividad? Y más aún cuando ya sabemos que existen bonificaciones fiscales y que el mero anuncio de posibles subvenciones suele provocar una paralización inmediata del sector hasta que éstas son convocadas, varios meses después.

En un entorno de normalidad económica, acostumbro a defender la no necesidad de ayudas para el autoconsumo, como actividad que ya es rentable por sí misma. No obstante, en un contexto económico de expansión de la inversión pública y de transformación productiva profunda como el actual, tras la apuesta europea decidida por una salida keynesiana de la crisis de la covid-19, considero muy positivo que el Gobierno haya decidido dedicar 900 M€ (1,2% de las ayudas directas totales en España) al autoconsumo solar y eólico.

Ahora bien, sería bueno enfocar esas ayudas hacia aquellos supuestos en los que existe una mayor necesidad de intervención pública para subsanar algunas de las deficiencias de mercado. En concreto, quiero destacar tres situaciones en las que se justifica especialmente una intervención pública de carácter económico.

El primero de ellos es el empleo de materiales locales, o cuanto menos, europeos. La instalación mayoritaria de componentes asiáticos presenta algunos problemas que pueden generar vulnerabilidades evitables. Primero, un problema de suministro. Ante la escasez de materiales, durante este primer semestre he visto decenas de contratos incumplidos por parte de fabricantes, así como renegociaciones y subidas de precios a pesar de que los contratos ya estaban firmados (y en algunos casos, pagados). Segundo, por una cuestión ambiental y laboral, ya que transportar materiales desde el otro lado del mundo no resulta la manera más ecológica de generar energía verde, y ya que en los últimos meses han salido a la luz varios escándalos en fábricas solares chinas en relación con el empleo de mano de obra forzada de minorías étnicas. Y en tercer lugar, porque producir los materiales en España o en Europa genera empleo y riqueza local.

El segundo es el impulso de la energía solar en aquellos territorios con menor radiación solar, como es el norte de España, o con mayores costes de instalación, como podrían ser Canarias y Baleares. Son casos en los que la energía solar es menos rentable por lo que está justificada esa intervención pública para compensar los menores ingresos o los mayores costes.

Y el tercero es el fomento del autoconsumo solar en aquellos tejados de personas de menor renta, que quizás no dispongan del dinero necesario para la inversión inicial (unos 5.000€) pero sí que deberían poder beneficiarse de esa fuente de energía limpia, local y más barata. En este caso, puede servir tanto una fórmula de ayuda directa como otra de financiación, asumiendo un mayor riesgo que el sector privado para perfiles de consumidores que quizás no superen los ratios de solvencia exigidos por las entidades financieras para otorgar préstamos para este tipo de proyectos.

Además, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no va sólo de inversiones, sino también de reformas normativas que faciliten, en este caso, la transición energética. En materia de autoconsumo la reforma más urgente es la del autoconsumo compartido, y en concreto es preciso aprobar los coeficientes dinámicos de reparto para el autoconsumo compartido (como ya ha hecho Francia) y aclarar los esquemas eléctricos para este tipo de instalaciones, poniendo fin así a las disputas eternas con las compañías distribuidoras a este respecto. De esta forma, se maximizaría el aprovechamiento de la energía solar en los tejados, se podría ocupar cada m2 de tejado disponible y se permitiría que más personas disfruten de la energía solar distribuida.

El futuro del autoconsumo solar está por escribir en España. Ahora que tenemos la hoja casi en blanco, es el momento de fijar un buen esquema que nos permita construir una historia de éxito. Y uno de los protagonistas de esa historia tiene que ser la fabricación local, de forma progresiva, pero decidida y dando seguridad jurídica a las inversiones en fábricas en España. Y es que los Fondos Next Generation no se llaman así porque los pagará la siguiente generación, sino sobre todo, porque deberán servir para transformar las estructuras del país para que la próxima generación disfrute de un país más próspero, verde y justo.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

Necesitamos impulsar el autoconsumo colectivo

Mucho tiempo ha pasado ya desde que las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo son una realidad en España. El desarrollo de la tecnología fotovoltaica y, sobre todo, los bajos costes de generación alcanzados, han hecho de esta tecnología un actor cada vez más importante en la transición energética. El camino no ha sido fácil. Desde los tiempos del famoso “Impuesto al Sol”, un tiempo en el que se nos llamaba a los autoconsumidores depredadores del sector eléctrico, insolidarios y otras lindezas, muchas cosas han cambiado para mejor. Bien es cierto que aún persisten problemas que debemos corregir para que el autoconsumo tenga el desarrollo que debería tener, en un país con un recurso solar tan generoso como el nuestro. Uno de los más importantes es la simplificación de los trámites administrativos, sobre todo para las instalaciones domésticas, que a día de hoy sigue siendo demasiado largo y complejo. Las últimas estimaciones hablan de una media de 45 días y, aunque venimos de plazos de más de seis meses, siguen siendo plazos inasumibles para instalaciones con una complejidad técnica tan baja.

Una de las claves para el impulso del autoconsumo es potenciar el autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, es decir, cuando varios usuarios comparten una misma instalación fotovoltaica y se benefician conjuntamente de la energía producida. Sin duda, una gran idea que permite realizar instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Recordemos que en España la mayoría de la población vive en bloques y que disponemos de una gran cantidad de espacio en las cubiertas de los polígonos industriales.

Esta modalidad de autoconsumo tiene varias ventajas:

  • Desde un punto de vista energético, son más que evidentes y se traducen en que la energía autoconsumida, es decir la energía utilizada directamente de la generación fotovoltaica, aumenta, disminuyendo la energía vertida a la red e incrementando, por tanto, la rentabilidad de estas instalaciones.
  • La generalización de estas instalaciones en los edificios permite, además, incrementar la producción de energía eléctrica en las ciudades, generando electricidad cercana al consumo y disminuyendo la dependencia energética de estas.
  • Permite una democratización y descentralización de la producción de energía, enfrentando a los ciudadanos a su responsabilidad en un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Sin embargo, todavía tenemos problemas que resolver antes de que este tipo de autoconsumo tenga el desarrollo deseado. Si dejamos al margen los procedimientos administrativos de los que ya hemos hablado, hay dos barreras importantes para el desarrollo del autoconsumo compartido.

El primero es que para realizar una instalación de autoconsumo colectivo o compartido la distancia entre los puntos de generación y consumo no puede exceder de 500 m. Una distancia totalmente arbitraria y sin ninguna justificación técnica, habida cuenta de que los impuestos por utilización de las redes eléctricas no se aplican en función de la distancia entre generación y consumo. Además, los autoconsumidores pagamos en igualdad de condiciones con los demás productores por el uso de las redes eléctricas.

No hay, por tanto, ninguna justificación para limitar esta distancia. En última instancia, ¿por qué no es posible descontar de la factura eléctrica la generación FV que podríamos tener en una segunda residencia? Si la red eléctrica es la misma y no hay ninguna discriminación a ningún productor eléctrico por la distancia al punto de consumo, ¿por qué debe haber un límite de distancia para el autoconsumo compartido? ¿Y qué más da donde yo tenga los paneles fotovoltaicos? En estos casos, deberíamos pagar por el uso que hagamos de la red. Aquí el problema es que los propietarios de las redes no cobran por este uso, sino que cobran una rentabilidad fija por las inversiones que hicieron, las usemos o no.

Seguramente la solución pasa por una reforma integral del mercado eléctrico para adaptarlo a las nuevas formas de producir y consumir energía, más descentralizadas y con mayor participación de la ciudadanía.

La segunda barrera tiene que ver con la forma de compartir la energía producida. En una instalación de autoconsumo compartido los asociados establecerán los coeficientes horarios de reparto de la energía producida (Real Decreto 244/2019), pero estos coeficientes deben ser fijos. Tampoco tiene mucho sentido que no se puedan establecer coeficientes dinámicos, de forma que los excedentes de un vecino tengan la posibilidad de ser usados por otro antes de ser vertidos a la red.  Imaginemos en un caso extremo, el mes de vacaciones de un vecino. En este caso la mayor parte de la energía que le corresponde es vertida a la red y no puede ser aprovechada por los otros vecinos que comparten la misma instalación. Los coeficientes de reparto fijos van a suponer un freno al desarrollo del autoconsumo compartido, cuando las directivas europeas abren la posibilidad de contratos bilaterales de compra venta de energía entre distintos usuarios. Tenemos todavía un amplio margen de mejora en la legislación actual sobre autoconsumo y si de verdad queremos impulsarlo, estas barreras tendrían que desaparecer cuanto antes.

Por último, me gustaría hacer mención a las normas de edificación. En los edificios ya construidos no es sencillo llevar un conductor eléctrico desde la salida del inversor, normalmente cercano a los módulos fotovoltaicos y por lo tanto en la azotea del edificio, hasta la entrada de la acometida de la red eléctrica, a nivel de calle. Debemos empezar a considerar en la normativa para viviendas de nueva construcción la importancia de una preinstalación para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, en la que además de una buena distribución del espacio en las azoteas, para evitar sombras posteriores en los generadores fotovoltaicos, se prevea la infraestructura necesaria para facilitar la posterior instalación de estos sistemas. Avanzaremos así hacia los edificios de consumo de energía cero, es decir, edificios en los que una parte importante de su consumo energético se genera en el propio edificio mediante fuentes renovables.

El autoconsumo compartido debe jugar un papel importante en la transición energética y es urgente una regulación que permita y facilite su rápido desarrollo.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

10 millones de kits fotovoltaicos para 2030 en España

En numerosos países europeos, como Suiza, Portugal, Francia, Holanda o Bélgica, los ciudadanos tienen derecho a realizar pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, en sus casas, sin necesidad de pedir permiso ni de recurrir a un instalador autorizado. La potencia máxima varía desde los 350 W en Portugal a los 3 kW en Francia y las normas que lo regulan tienen características propias en cada país.

Pero, en España la normativa de autoconsumo es la misma para cualquier instalación menor de  10 Kw; todas requieren una memoria técnica y diferentes trámites, dependiendo de cada ayuntamiento, que saturan a las administraciones y encarecen y obstaculizan su implantación en el país con más sol de Europa.

Proponemos imitar a nuestro vecinos y ajustar la legislación para facilitar, desde todas las administraciones, el   más rápido desarrollo de todas las formas de  autoconsumo que impliquen directamente a la ciudadanía.

Uno de los caminos pasa por facilitar las instalaciones de pequeños kits homologados, de hasta 1.200 W de potencia, con todos los componentes del circuito para ser conectados a una toma de corriente tipo schuko (con toma de tierra) de la casa.

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¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución

Cuando trabajé en proyectos de cooperación en América Latina para la Comisión Europea (CE), siempre decíamos que un proyecto era viable si, una vez se le retiraba la ayuda económica, este continuaba funcionado por sí mismo.

Los Fondos Europeos para la recuperación económica Next Generation UE, tienen un doble objetivo: recuperar la economía, intentando volver a la senda previa del PIB, y transformar el modelo productivo con criterios de sostenibilidad y apostando por un progreso inclusivo. Si solamente apostamos por promover una aportación económica para restablecer el ritmo y la estructura productiva actual, volveremos a cometer los mismos errores  con los diferentes planes de reactivación del año 2008 a 2010, en los que las inversiones se acabaron confundiendo con los gastos.

Necesitamos encontrar palancas de cambio, dentro de las líneas fijadas por la CE, que permitan aprovechar los recursos disponibles bajo criterios de sostenibilidad y que actúen de forma transversal como catalizadores e impulsores de un nuevo modelo más abierto, participativo y flexible.

Bajo mi punto de vista, una de las líneas de actuación transversal más clara es la apuesta por la electrificación de nuestra economía porque permite una mayor eficiencia en la cobertura de nuestras necesidades, la disponibilidad de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de partículas, que lleva implícita la utilización de la electricidad como fuente de energía, y porque, como vienen señalando las diferentes Directivas Europeas, es el único vector energético en el que la ciudadanía puede actuar de forma activa y bajo criterios de consumo responsable.

Ahora bien, para que la electricidad pueda ser la palanca que permita el cambio del modelo productivo se tienen que cumplir dos exigencias: reducir el precio del kWh, a través de la transición energética a las renovables y  de la reducción de los costes fijos regulados, y, sobre todo, proceder a una transformación del sistema eléctrico, no solo para su modernización y digitalización, sino para mejorar la facilidad de acceso de los nuevos agentes, entre los que nos encontramos todos los consumidores.

Para cumplir el primer requisito ya se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha de subastas competitivas de nueva potencia renovable y con la propuesta de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Estas iniciativas deben tener continuidad reduciendo el resto de las partidas reguladas y eliminando la asimetría de la asignación de los costes fijos, que provoca que el consumidor doméstico asuma una mayor carga económica que el consumidor industrial.

Uno de los elementos fundamentales para poder seguir reduciendo el precio de la electricidad es actuar sobre los costes que las infraestructuras eléctricas introducen dentro de la tarifa, empeño que ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni ningún gobierno han conseguido llevar a cabo a pesar de los repetidos intentos. En 2019 estos costes fueron de 6.891M€, suponiendo un 38% de los costes regulados o un 22% del total de la tarifa. Estas partidas incluidas en la tarifa han sido calculadas a partir de una retribución de las inversiones con un 7,5% de rentabilidad, valor muy por encima del WACC (de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital) que las diferentes compañías tienen a la hora de financiar sus actividades, sobre todo si se considera que la retribución está exenta de riesgo de mercado, operativo o financiero.

Adecuar y modernizar las redes eléctricas a las necesidades presentes y futuras exige  su adaptación a la digitalización para que cumplan el papel de palanca anteriormente demandado. Este proceso necesitará unas inversiones en torno a los 30.000M€, según diferentes estudios.

El problema no radica en si el sector eléctrico tradicional está dispuesto a invertir, porque obviamente lo está, sino si el proceso de inversión se va a llevar a cabo de acuerdo con la necesidad de apertura y acceso a las infraestructuras para que el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, los gestores de carga y las necesarias infraestructuras para la electrificación del transporte se puedan desarrollar, sabiendo que su éxito supone poner en riesgo el negocio de las actividades que el mismo grupo empresarial tiene integradas: la generación y la comercialización.

Por otro lado, las distribuidoras actuales ejercen de Comercializadoras de Referencia y suministran la electricidad a los más de 10 millones de consumidores domésticos que no han querido cambiarse al mercado liberalizado y se mantienen en el regulado con el PVPC y Complementariamente, también tienen a su disposición los puntos en los que existe capacidad de acceso y evacuación de sus propias redes eléctricas, situación que acaba siendo un privilegio para el desarrollo de inversiones en centrales de generación con fuentes renovables y que supone una clara posición de ventaja con respecto a otros inversores.

Por todas estas razones, la Fundación Renovables ha elaborado el informe “Democratizar la energía como proyecto de país. Los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico” basado en un propuesta que pretende que la distribución de electricidad, de forma progresiva y empezando por las redes más cercanas al consumidor, sea controlada por el Estado. A través de esta premisa, se reduciría el coste incluido en la tarifa, al disminuir la retribución por tratarse de un bien público, facilitaría que el cambio del mercado regulado de los consumidores domésticos se realice de forma protegida, se avanzaría hacia un acceso universal a la energía y las políticas energéticas de generación en los puntos de consumo y de gestión de la demanda, encontrarían el apoyo que la digitalización de las redes les deben prestar, sin pensar si esta iniciativa incide o no en la cuenta de resultados del resto de filiales del mismo grupo empresarial.

Por otro lado, en este mismo informe, la Fundación Renovables considera conveniente que la función de Operador del Sistema, que hoy tiene Red Eléctrica de España (REE), empresa con un 80% de inversores privados en el accionariado (mayoritariamente internacionales), pase a ser propiedad del Estado, dotándole de los activos que permitan la gestionabilidad del sistema sin que perturben la fijación normalizada de precios en el mercado mayorista, activos entre los que no se incluye la red de transporte.

La pregunta que contestar sería: ¿de dónde deben salir los recursos económicos para llevar esta iniciativa a buen puerto? La respuesta es obvia si atendemos a las premisas que la CE ha establecido para el destino de los Next Generation EU, al ser una línea de actuación para la transformación del sistema productivo y la apuesta por la transición ecológica y la digitalización. Por la idoneidad y la capacidad de transformación contenida en el propio objeto de su creación, el destino de los fondos debería ser vertebrar un sistema eléctrico flexible, abierto para todos los productores y consumidores y, por lo tanto, actuar para que las infraestructuras eléctricas cumplan su cometido y se modernicen para dar el mejor servicio al menor coste.

En España perdimos la consideración de la electricidad como bien de utilidad en la reforma que se llevó a cabo de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y es el momento idóneo para recuperar esa consideración así como el papel del Estado como inversor en el suministro de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, y que va a ser el elemento vertebrador del modelo energético del futuro.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Un 2020 a la sombra del hidrógeno

Durante este 2020, y más allá de todo lo relacionado con la crisis sanitaria a causa de la Covid 19, hemos observado como diferentes tecnologías de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovable han competido, en el término amplio de la palabra, por captar la atención mediática, las inversiones, la seguridad regulatoria, las estrategias a futuro y, lo más importante, los fondos de recuperación Next Generation de la UE. Más allá de las tecnologías más maduras y baratas, como la eólica y la solar, que han ido batiendo récord mes tras mes; ha asomado la cabeza un actor más allá de la generación, olfateando el rastro del fondo de la UE y de sus negociaciones, que no esperábamos hasta dentro de unos años, el hidrógeno. Eso sí, multicolor, por mucho que el único capaz de reducir las emisiones, dentro de los objetivos adquiridos por España, sea el hidrógeno verde al ser producido con renovables.

Este nuevo vector energético nos ha hecho obviar los hitos de las energías renovables en nuestro país. Si miramos al sistema eléctrico, el pasado lunes 20 de diciembre a las 14:28 horas, según datos de Red Eléctrica de España, la generación eólica alcanzó los 19.588 MW de potencia instantánea con esta tecnología, lo que supone un aumento del 3,76% respecto al anterior máximo de 18.879 MW, registrado hace poco más de un año, el 12 de diciembre de 2019. Esto se traduce en que el 83% de la demanda registrada en el sistema eléctrico peninsular, en ese determinado momento, se ha cubierto con energía de origen renovable. Una cifra nunca vista, a la cual nos tendremos que ir acostumbrando en nuestro camino al sistema eléctrico 100% renovable.

Sin embargo, el 2020 ha sido el año del hidrógeno, una verdadera fiebre, y todo lo no circunscrito a esta incipiente tecnología ha quedado bajo su alargada sombra. El gobierno de España ha realizado, a través de su Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, un envite para liderar su investigación, desarrollo y promoción, queriendo convertirnos en un Hub del Hidrógeno. Esta incluye diversos objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 GW de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado. Toda una hazaña, la cual necesitará inversión. Y mucha, sobre todo por parte de aquellos que tenían prácticamente un pie fuera, como es el caso de las compañías de hidrocarburos.

Por ejemplo, Enagás, con 12 proyectos de hidrógeno a desarrollar en el periodo 2021-2023, podría movilizar unos 1.500 millones de euros de inversión; Repsol también ha movido ficha, prevé realizar inversiones por entre 2.200 y 2.900 millones de euros en el periodo 2021-2026 vinculadas a proyectos de la cadena de valor. No solo las petroleras y gasistas se han unido a la fiebre desmesurada del hidrógeno, bien sea para reconvertir la infraestructura de transporte ya sobredimensionada o por dar un valor sostenible a la marca; también alguna que otra gran compañía eléctrica. Este es el caso de Iberdrola, con la proyección de 800 MW de hidrógeno verde y una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos siete años. Un negocio muy suculento, con todo el camino por hacer, aunque ya se habían empezado a mover por otro lado.

Como reveló un análisis elaborado por la entidad Corporate Europe Observatory (CEO), el lobby del hidrógeno, cuyos principales actores son las empresas de gas fósil, ha declarado un gasto anual de 58,6 millones de euros para intentar influir en la formulación de políticas de Bruselas. Y vaya si lo consiguieron, pero, además, con los fondos de recuperación Next Generation de la UE de por medio, redoblaron esfuerzos. Estamos hablando, para España, de 66.300 millones de euros en préstamos y 59.000 en ayudas (672 500 millones de euros para toda la UE) que se emitirán periódicamente a través de los proyectos que presenten las Comunidades Autónomas, para impulsar nuestra recuperación que debería estar basada en una transición verde, digital y justa. Sin embargo, la industria del gas, ahora en jaque por el abaratamiento del coste de las baterías de almacenamiento, quiere mantener la puerta abierta en este fondo para proyectos de gas. Así, los líderes de la UE recibieron cartas y diferentes reuniones en sus despachos de más de 50 empresarios de la industria (incluidos BP, Enagas, Fluxys, Total, Repsol, Eurogas, Gasnaturally , IOGP y Gas Infraestructure Europe) para respaldar herramientas políticas ambiciosas y pragmáticas que permitirán la ampliación de todas las opciones de descarbonización que serán necesarias para lograr la neutralidad de carbono para 2050, incluidos los gases naturales y renovables. Por esta razón, tanto el hidrógeno azul (gas) como el verde (agua+renovables) han recibido el visto bueno para recibir dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia, señalados como una salida “limpia” de la crisis. Un traspié que nos puede salir muy caro, sobre todo a los consumidores, es decir, a los que siempre pagamos los errores de las políticas energéticas.

Toda esta fiebre por el hidrógeno ha postergado a otras alternativas ya maduras, desarrolladas y rentables, como es el caso del almacenamiento en baterías, las renovables, la electrificación de los diferentes sectores, la gestión de la demanda y la eficiencia energética. Por si estas razones no fueran suficientes, se echa en falta algo muy significativo, como marcan las Directivas Europeas. Nada menos que el papel activo del ciudadano, siendo el centro sobre el que gire el cambio de modelo energético.

¿Dónde queda la ciudadanía en los planes del hidrógeno? La respuesta es tan sencilla como aterradora, en un tercer plano. Esto choca frontalmente con la idea de desarrollar la capacidad de que el ciudadano pueda producir, consumir, compartir, almacenar y vender electricidad generada a partir de energía renovable, y que participen todo tipo de entidades que estén ubicadas cerca de los proyectos de energía o desarrollen actividades relacionadas con sus respectivos proyectos energéticos. Además, según un reciente estudio, el autoconsumo fotovoltaico en azoteas tiene un potencial abrumador que tenemos que empezar a explotar, ya que los cálculos realizados sitúan el potencial en 8.300 TWh al año. Para hacerse una idea de lo que significa esto, es aproximadamente 1,5 veces la demanda mundial de electricidad residencial de 2015. Este debería de ser uno de los focos principales para los proyectos que opten los fondos de la UE por sus características y beneficios, como ya expusimos desde la Fundación Renovables, entre los que destacan: ser sostenibles, viables a corto plazo, replicables, distribuidos, repercute en la pequeña empresa, inclusivo y favorece a la ciudadanía.

No obstante, no solo se deberían destinar a financiar o incentivar proyectos de autoconsumo, sino todo lo que opere sobre la demanda, renunciando a que el sistema se base exclusivamente en la oferta, y permita su gestión inteligente aumentando la capacidad de energía flexible por parte del ciudadano (agregadores de demanda, contadores inteligentes, domótica, desplazamiento de cargas, almacenamiento, carga del vehículo eléctrico, etc.). Así mismo, no podemos olvidar la aceleración hacia la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de GEI (como el 55% de la UE para 2030), que nos permita no superar la barrera de los 1,5ºC de aumento de temperatura media global antes de 2050. Es necesario potenciar la rehabilitación energética de edificios, la generación distribuida, la movilidad sostenible y descarbonización del transporte, aumentar la eficiencia energética del equipamiento, la digitalización, los planes de desarrollo industrial e I+D+i; para todo ello, el fondo supondría un empujón definitivo para avanzar hacia la consecución de una sociedad más justa, equitativa en oportunidades y sostenible mediambientalmente.

Por tanto, el modelo propuesto que sobredimensiona el hidrógeno sólo profundizará en la dependencia de la importación de fuentes de energía de fuera de las fronteras europeas, ya sea gas fósil en el caso de España, además de acarrear una deuda futura que la pagaremos entre todos. En cambio, tenemos la oportunidad de empezar a generar diversas herramientas, medidas y soluciones fundamentales para que la transición energética sea abanderada por los que deben ser los principales beneficiarios de esta, la propia ciudadanía.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

 

El autoconsumo colectivo y las barreras que deben superarse para su amplia implementación. Lecciones de nuestro viaje

Este artículo explicará las oportunidades y barreras del autoconsumo y, con más detalle, el autoconsumo colectivo. Trataremos de contar nuestra experiencia en el sector y cómo creemos que este problema debería abordarse, ya que ha habido una gran cantidad de revisiones con respecto a todas las regulaciones que afectan el autoconsumo, tanto individual como colectivo.

Dado que el asunto ha sido analizado por otros con más experiencia en temas regulatorios, me gustaría destacar lo que hemos aprendido en nuestro camino en el sector y, al menos, ayudar a otros a no cometer los mismos errores.

Si hemos aprendido algo de nuestros esfuerzos en el mercado, desde el comienzo de Pylon Network en los últimos 3 años, es lo siguiente: los consumidores no se preocupan por la tecnología que utilizan; lo que les importa es su experiencia de usuario (su viaje) al usar un servicio o producto. En otras palabras, conveniencia, simplicidad y servicios personalizados con mínimas interacciones.

En la era de la digitalización del sector energético, los servicios digitales que mejoren la experiencia de todo el “ciclo de vida” del autoconsumo colectivo y cubran las necesidades de los consumidores, pueden desempeñar el papel de catalizador que necesitamos para la implementación a gran escala del autocontrol colectivo.

En base a estas lecciones, destacar algunos temas importantes desde el punto de vista legal y técnico.

Obstáculos técnicos y legales en el autoconsumo

Procedimientos para la legalización de instalaciones

En la etapa de permiso y planificación hay varios cuellos de botella y hemos identificado estos dos como los más importantes:

  • Gran parte del proceso de permisos corresponde a la jurisdicción de las comunidades/municipios. Debido a la novedad de los esquemas colectivos de autoconsumo, muchas regulaciones en este nivel están desactualizadas (o aún por modernizarse), lo que ocasiona inconvenientes y/o costes  adicionales para la instalación. Además, el que difieran de un municipio a otro, agrega complejidad al proceso.
  • Por lo tanto, es necesaria la unificación y modernización de los procedimientos de planificación y permisos. Su digitalización tiene, por supuesto, un papel central que desempeñar. Los gobiernos regionales serían la opción más lógica para organizar y asumir la responsabilidad de la operación de un proceso de permisos digitales unificados.

No se puede poner barreras a la legalización porque  la consecuencia será la no legalización de los proyectos.

Compensación de excedentes en autoconsumo colectivo, inyectado a la red

Desde el 1 de marzo, los prosumidores españoles pueden ser compensados por sus comercializadoras por el exceso de electricidad que inyectan en la red.

Las nuevas tarifas tienen el potencial de crear un océano azul en el sector de la comercialización de electricidad con oportunidades para nuevos modelos de negocio, ofertas personalizadas para los consumidores, mayor competencia y mayor compromiso de los consumidores finales con el mercado energético.

Sin embargo, una gran incognita es si los consumidores podrán comprender los beneficios potenciales en un entorno más complejo que el actual y si estos nuevos modelos y servicios serán suficientes para involucrar y recuperar la confianza de los consumidores finales.

Es importante destacar los cambios que provocará  la introducción de las nuevas tarifas al consumidor, que también afectarán al mercado de autoconsumo y, más específicamente, la compensación, y por lo tanto, el retorno financiero de las instalaciones de autoconsumo.

Coeficientes “dinámicos” VS “estáticos”

Está claro que un coeficiente estático de distribución de energía no es la forma óptima de distribuir la energía producida por una instalación colectiva. En Pylon Network, consideramos necesario integrar un sistema dinámico de distribución de energía que permita que la energía producida se distribuya cada hora a todos los participantes del autoconsumo colectivo. De esta manera, logramos autoconsumir la máxima cantidad de energía posible durante cada hora, aumentando el rendimiento financiero de la instalación y los ahorros logrados por los autoconsumidores (ahorros del 50% en el precio de la energía autoconsumida). En otras palabras, una situación de beneficio mutuo para inversores y consumidores. Además, no temenos que olvidarnos  de las comercializadoras de electricidad, que son libres de unirse a este modelo, y dado que son las que financian y administran la producción entre los clientes asociados, estaríamos hablando de una situación de triple ganancia.

 

¿Quién gestionará el funcionamiento de la instalación colectiva de autoconsumo?

En primer lugar, no es una tarea fácil ya que requiere flujos de energía complejos e interacciones de múltiples agentes, por lo que no hacerlo de manera eficiente puede ser costoso (o incluso no factible).

Utilizar un software o protocolo estandarizado, o un agente neutro, para gestionar todas estas interacciones es clave. Simplificar y optimizar el cálculo de coeficientes estáticos y dinámicos e incluso readaptar todos estos parámetros en función del alta y la baja de nuevos consumidores (CUPS) asociados a una instalación colectiva es algo muy necesario.

Por ejemplo, en Portugal, las regulaciones permiten que un tercero, el gestor de autoconsumo, asuma la responsabilidad operativa de la instalación, actuando como gerente, y siendo el interlocutor central entre los consumidores, las comercializadoras, el dueño o los dueños de la instalación y las distribuidoras. Esto facilitaría la operación a los clientes y ayudaría a las comercializadoras a realizar la liquidación a sus clientes asociados a una instalación colectiva, además de mejorar la interoperabilidad de intercambio de información entre los Sistema de gestión de clientes por Internet (COMS, por sus siglas en inglés) y las distribuidoras.

Sin embargo, en España, este tema sigue abierto y no se han proporcionado especificaciones.

Gerard Bel Piñero – CEO – Pylon Network

 

Autoconsumo, pilar de la descentralización del sistema

El autoconsumo ha llegado, tras muchas batallas, para quedarse en el sistema energético de nuestro país. Una realidad que ha cambiado los paradigmas establecidos hasta ahora al modificar las reglas y jugadores del tablero energético, un juego en el que, hasta la implantación del Real Decreto 244/2019, solo participaban unos pocos. A partir de ahora asistiremos a una diversificación de los agentes del sector energético: tendremos un gran número de pequeñas “centrales” de generación fotovoltaica que estarán gestionadas digitalmente, de manera individual, o bien de manera compartida por un grupo de personas. Este cambio en las reglas del juego nos llevará a un punto disruptivo: el empoderamiento del consumidor y su posicionamiento central en el nuevo modelo energético del siglo XXI, que tiene en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables sus bases fundamentales.

Sucede además que el coste de producción de energía fotovoltaica ha sufrido una caída del precio de hasta el 80% durante la última década, situándose en 0,027 €/kWh, y seguirá disminuyendo. Si lo comparamos con el precio de generación de energía con combustibles fósiles, no hay discusión, puesto que el rango de coste de estas últimas oscila entre los 0,045 y 0,15 €/kWh, siendo innegable que en el futuro estos costes irán aumentando conforme disminuyan las reservas naturales de petróleo y gas.

Al unificar los puntos de generación con los de consumo, el autoconsumo ha roto por completo con la lógica dominante en el sistema energético actual, sumamente centralizado, en el que la energía se transporta largas distancias entre los puntos de generación y los de consumo, lo que repercute en aproximadamente en un 11% de pérdidas, en 2018 se perdieron 3.147 GWh.

Además de barato y respetuoso con el medio ambiente, el autoconsumo constituye una democratización energética en toda regla, al considerarse como derechos básicos para los ciudadanos la compra, venta, generación y almacenamiento de energía eléctrica, como ya establece la Unión Europea. Esto genera un flujo bidireccional de energía entre los diferentes consumidores y productores de la red, que provoca una diversificación en los agentes del sector energético.

El funcionamiento de un sistema de autoconsumo no es nada complejo, las placas fotovoltaicas transforman los rayos de sol que les llegan en energía eléctrica, que consumiremos en nuestros hogares y oficinas. Gracias a que el precio de la energía que procede de la instalación de autoconsumo es más bajo que el que compramos a la red, conseguimos que la amortización de la inversión se sitúe entre los 6 y los 10 años, a partir de ese momento la energía que consumamos proveniente del autoconsumo nos costará 0 €. Con una instalación de autoconsumo obtenemos un ahorro mensual de entre un 30% y un 60% del precio total de nuestra factura de la luz. Por este motivo, cuanta más energía consumamos procedente de la instalación de autoconsumo antes amortizaremos la inversión y más ahorraremos en la factura de la luz.

Al mismo tiempo, actualmente podemos verter a la red y compensar económicamente los “excedentes energéticos” que tengamos, aunque el precio al cual nos pagan este excedente será menor que el que compramos a nuestra comercializadora. A este sistema se le llama tarifa neta, y como máximo se nos puede compensar la cantidad que hemos consumido de la red. Es decir, como máximo el termino de energía de nuestra factura será 0 €. Por tanto, el “negocio” a nivel individual o grupal no estará en la compensación, sino en el aprovechamiento de la energía que generamos evitando así comprarla a la red. Sin embargo, la venta de energía entre vecinos, a día de hoy, no está regulada.

Para maximizar el consumo de la energía autogenerada tenemos varias opciones. En primer lugar, se puede desplazar nuestro consumo a las horas de generación (las horas de mayor insolación), poniendo o programando los electrodomésticos de mayor consumo como la lavadora o el lavavajillas. Por otro lado, también se puede instalar un sistema de almacenamiento (baterías) dónde acumular la energía generada sobrante para consumirla en las horas nocturnas.

El autoconsumo ha venido para quedarse, pero todavía quedan cosas por limar en la última normativa. El gobierno ha tenido 3 meses para detallar cómo iba a compensar a los autoconsumidores en la factura por la electricidad sobrante que se vertiese a la red. Sin embargo, aún no lo ha hecho, por lo que se le debe alentar a que lo haga cuanto antes. Pero a pesar de este retraso, las organizaciones del sector no creen que esta demora suponga un freno para el desarrollo del autoconsumo. De hecho, UNEF ha estimado que a finales de 2019 se alcancen los 400 MW instalados, frente a los 236 MW que había cuando acabó 2018.

Otro cabo por atar en la regulación, bastante destacable, es la posibilidad del abastecimiento dinámico de varios consumidores de una misma instalación de autoconsumo. A modo explicativo, hoy en día, en una instalación colectiva (aquella que está en un bloque de viviendas), el reparto de energía se lleva a cabo utilizando unos coeficientes fijos, que han sido pactados entre todos, pero que son siempre los mismos, independientemente de las horas del día, los días de la semana o del año. Sin embargo, sería más eficiente hacerlo asignando coeficientes dinámicos a cada participante, minimizando los excedentes a red de forma notable.

De esta manera, en un bloque de, por ejemplo, 4 vecinos que comparten unos paneles fotovoltaicos, si hay dos viviendas que no tienen consumo a unas horas y otras dos que si lo tienen, el total de energía generada lo consumirán entre las dos que la demandan, evitando así que el 50% se vierta a  red, como sucedería en caso de que utilizaran los coeficientes fijos.

Para dar un impulso y fomentar de manera concisa el autoconsumo, como Fundación Renovables hemos exigido, en nuestro último informe, que el actual Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) establezca unos objetivos vinculantes en este sentido. Nuestra propuesta es clara: el autoconsumo debe suponer el 10% del consumo en 2030, 20% en 2040 y 30% en 2050. Entre todos los consumidores, los agentes del mercado y la administración; tenemos un reto ineludible como sociedad, no solo para recuperar el tiempo perdido, sino para poder desarrollar el aprovechamiento de los recursos energéticos a los que tenemos acceso.

Ismael Morales – Departamento de Comunicación de Fundación Renovables

Luis Morales – Responsable de Relaciones institucionales y Comunicación de Fundación Renovables

El autoconsumo nos hará cambiar muchos hábitos, para bien.

Todos tenemos metido en la cabeza algunos hábitos relacionados con el mejor momento para usar algunos equipos en nuestras casas en función de las tarifas empleadas: el lavavajillas, los acumuladores eléctricos y los equipos que consumen mucha energía, mejor por la noche y aprovechamos la tarifa nocturna. Tiene su sentido en el modelo actual. La producción energética que se realiza por la noche, dado que no pueden desconectarse algunas energías como la nuclear, eólica nocturna,.. no tiene una demanda de consumo igual que durante el día. La industria y la actividad en general demanda más por el día. Hay más oferta que demanda por la noche y se abarata el precio para facilitar su consumo. Por eso, por ejemplo, es muy adecuado apostar por el transporte ferroviario electrificado de mercancías por la noche.

Pero esto era y es así cuando producen otros y respondemos a la ley de oferta y demanda. Ahora empieza a ser distinto. Ahora yo paso de ser “solamente” cliente del mercado eléctrico a formar parte del sistema energético. Suena mejor y lo es.

El denominado autoconsumo, que por fin ha sido, no solamente permitido, sino que comienza a ser promovido y apoyado claramente por la administración española, significa un proceso de democratización de la energía. Yo puedo comprar y producir, el proceso es bidireccional. Y puedo producir para mi consumo, para vender o para las dos situaciones. Es similar a si tuviese un huerto en casa, podría usarlo para mi propio consumo, para vender mis productos y las dos cosas a la vez; nadie entendería que estuviese prohibido y que fuese obligatorio comprar solamente en grandes superficies.

La tecnología nos está dando buenas noticias y seguro que seguirá igual. Los paneles fotovoltaicos son cada vez más eficientes y mucho más baratos, los sistemas de acumulación son igualmente mejores y más asequibles, otras formas de reducir energía de forma limpia se están incorporando: geotermia, mini eólica, etc. El futuro nos indica que además podremos producir energía con nuestros coches eléctricos, no solo consumen, sino que producen y recargan electricidad aprovechando el movimiento, son acumuladores energéticos. El mundo cambia, yo ya podré comprar, producir y acumular de forma eficiente y asequible cada vez más. Y por consiguiente, mis hábitos de vida cambiarán.

El precio al que yo pueda “colocar” la energía que genero con mis sistemas de autoconsumo siempre será inferior al precio que pagaré por comprar energía a un suministrador, aunque sea solamente por el coste o el pago por la gestión de la red. Dicho de otra forma, el “negocio” a nivel particular no estará en la venta sino en el aprovechamiento eficaz de la energía que generamos y en al ahorro energético de la no necesitemos. Esto suena además bien para el planeta: eficiencia, ahorro energético y auto producción.

En el plano práctico, varios ejemplos.

Cambiaremos nuestros horarios de poner la lavadora, lavavajillas y similares de la noche a los momentos de máxima insolación, es decir pasaremos a ponerlo o programarlo entre las 12 y las 17 horas. Mejor consumir nuestra energía que comprarla.

En breve, cuando vayamos con nuestro vehículo eléctrico a una gran superficie, un centro público o un parking, podremos lógicamente cargar estos coches usando para ello cargadores que usarán la energía solar (en La Granja de San Ildefonso, por ejemplo, ya se puede hacer), pero también podremos en breve “vender” la energía que hemos generado al conducir en esos mismos cargadores.

Y finalmente, algo que ya está haciendo en Madrid y Barcelona, que es el aprovechar las plazas de aparcamiento de comunidades de vecinos, empresas, hoteles, parking en las hora en las que los propietarios no ocupan sus plazas para cargar los vehículos de carsharing que se mueven por la ciudad.

Se trata de optimizar recursos, coordinar y cooperar. Gracias a la energía, vienen buenos tiempos.

 

Por Miguel Aguado – Director de B Leaf y divulgador ambiental "