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De abonados y propósitos

La idea de poner al ciudadano en el centro de la transición energética, desde su lanzamiento en el invierno del 2018, en el paquete “Energía limpia para todos los Europeos” de la Comisión Europea, ha supuesto un paso enorme para el consumidor eléctrico. Aun así, todavía la realidad está muy lejos de implementar esta idea en todas sus vertientes y, de manera generalizada, el ciudadano sigue recibiendo trato de consumidor y, lamentablemente, a menudo de abonado. Mientras tanto, están finalizando las negociaciones políticas de la COP 27, de momento sin los avances que necesitamos.

¿Win win?                                                                   

Os lo explico con un par de ejemplos para ilustrar la situación y para que veáis de qué estamos hablando. Seguidamente argumentaré porque no corresponde esta situación con los objetivos del vigente marco legal europeo, el famoso paquete de invierno, para terminar de demostrar que hacerlo bien no sólo es perfectamente viable económicamente, sino un win win para todos. Veréis que realmente es un sinsentido no erradicar esta fijación cultural del abonado en la transición energética.

Compensación simplificada

En el autoconsumo con compensación simplificada el ciudadano en España, en la práctica, sólo puede hacer de autoconsumidor, y no de prosumidor. ¿Cuál es la diferencia? El prosumidor tendría una vertiente de productor, más allá de su propio consumo. Podría vender sus excedentes. Para que pueda hacerlo con la normativa vigente en España tiene que nombrar un representante de mercado y participar de la misma manera que si fuera una central eléctrica. Esto no es lo que entiendo yo por empoderar al ciudadano, es simplemente permitirle convertirse en productor profesional.

Power for the ciudadano

Empoderarlo sería permitirle hacer sin perder su esencia de consumidor, dejarle compensar de manera simplificada con su comercializadora, recibiendo incluso una remuneración en metálico si fuera capaz de consumir menos de lo que generara. Con ello romperíamos la barrera mágica del flujo unidireccional de los beneficios en la transición energética.

Los winners son…

¿A que es muy raro pasar de un modelo de abonado que paga la factura entera a otro en el que un ciudadano puede obtener un rendimiento dinerario de su esfuerzo en mitigar la crisis climática en su calidad de consumidor? Puede que desde la percepción de los demás sujetos del sistema fuera poca cosa lo que pueda obtener el ciudadano como rendimiento, pero aun así la arquitectura de nuestro sistema eléctrico no debería evitarlo estructuralmente. Podría, por lo menos, facilitar la posibilidad de hacerlo y ya decidirá el ciudadano si le conviene una compensación simplificada que le permitiría tener algún mes una factura negativa, es decir, a cobrar, y mantener con su comercializadora un micro PPA de energía renovable.

Comunidades de Energías Renovables

En autoconsumo compartido funcionaría igual de bien, aunque aquí debería permitirse primero el coeficiente dinámico de reparto, porque sin ello no sólo le prohibimos ganar algo, sino obligamos a perder dinero al querido abonado. Una vez solventado, miramos que pasa si los ciudadanos quieren emanciparse más y constituir juntos un nuevo sujeto del sistema eléctrico: la Comunidad de Energías Renovables (CER). De entrada se solucionarían los problemas con la compensación simplificada y el reparto dinámico, porque según la definición de la CER podrían libremente compartir su energía entre. La CER, además, estaría habilitada para vender excedentes y pasar los beneficios económicos a sus miembros, como dice literalmente en su artículo 6, apartado 1, letra j, la Ley del Sector Eléctrico (LSE).

Sin ánimo de lucro

Pasa algo curioso: por mucho que la LSE diga que la finalidad primordial de la CER puede ser proporcionar beneficios económicos a sus socios o miembros en vez de obtener ganancias financieras, hay quien opina que esto significa que deberían ser organizaciones sin ánimo de lucro. Vamos, me suena a tratar al ciudadano como abonado. A nadie en la transición energética se le prescribe un orden en sus ingresos, ¿pero a las CER sí? Imaginémonos que las CER vayan a tener ganancias financieras, ¿será un despropósito? ¿Los ciudadanos no pueden obtener ganancias financieras con una CER?

Aun así, sin la finalidad primordialmente de ganancia financiera, con el objetivo de proporcionar beneficios económicos, queda claro que no existe ninguna obligación de no tener ánimo de lucro. Puede que los ciudadanos que constituyan una CER decidan que no lo quieren, pero no son necesarias las interpretaciones restrictivas para insistir en el mantra de que el ciudadano no puede llevarse nada de la transición energética.

Con ánimo de lucro

Entre los más de 1.900 socios de REScoop, la Federación Europea de cooperativas, que cuenta con más de 1.250.000 ciudadanos activos, sólo alrededor de un 3% son cooperativas sin ánimo de lucro. Las demás son con ánimo de lucro y me parece fenomenal. Está muy bien compartir las cosas, sobre todo los beneficios y ganancias financieras, pero no tenemos que olvidar que todo suma y los excedentes de energía renovable que se vende también será beneficiosos para sus compradores: win/win de nuevo.

Contestación social

Las CER pueden ser una buena respuesta a la contestación social, sobre todo una vez que tenemos claro que son perfectamente capaces de repartir beneficios económicos. El incentivo financiero es un gran vector de cambio y puede influir mucho en la perspectiva de los ciudadanos reacios a la transición energética por el impacto en su entorno directo. Un verdadero empoderamiento de los ciudadanos fuera de las CER, a través, por ejemplo de los que hacen autoconsumo, compartido o no, pero por su cuenta, con mayores posibilidades de monetizar su energía, en mi opinión también podría mitigar mucho la contestación social.

Todos necesitamos propósitos

Mitigar la crisis climática requiere un esfuerzo mucho más allá de lo que puede conseguirse con autoconsumo, con o sin CER, no tengo ninguna duda sobre ello. Necesitamos hacer un esfuerzo muy intenso para crear toda la capacidad de generación que podamos, ahora más que nunca. La próxima década será decisiva. En este contexto veo un lugar estrella para la empresa con propósito que, en el fondo, no es tan diferente de la CER. Según Rebecca Henderson, una de las 24 profesoras universitarias en Harvard, docente en el Harvard Business School MBA program, en su libro Reinventando el Capitalismo en un mundo en conflicto, las empresas con propósito están en auge. Estas empresas no tienen como propósito primordial obtener ganancias financieras, sino pasar beneficios medioambientales, sociales, económicos, etcétera a sus stakeholders. ¿Dónde hemos oído esto antes?

En su libro Henderson analiza empresas con propósito como Unilever o Wallmart, muy conocidas fuera de Estados Unidos, pero también estudia una multitud de ejemplos más, habla de su cambio arquitectural, de su licencia para operar y de sus beneficios.

Estas empresas también son consumidoras de electricidad, diría que como todas, y también es cierto que en el sector eléctrico español podemos encontrar muchas empresas con propósito, por no decir que son la mayoría.

Licencia para operar

No se trata de otro trámite administrativo, sino del visto bueno que necesitan las empresas de sus stakeholders y que viene a ser la otra cara de la moneda de la contestación social. Los stakeholders son tanto los ciudadanos y los consumidores, como las administraciones y la sociedad civil local. Esta licencia se obtiene mediante un propósito creíble por genuinidad y, por supuesto, sobre todo por llevarlo a la práctica. Podemos discernir aquellas empresas con propósito sobre el papel de las que lo reflejan en su actuación diaria.

Somos lo que hacemos

Es un lema de Aristóteles, que en nuestra firma hemos tomado prestado desde hace años para mentalizarnos del valor de nuestro propósito en nuestra praxis diaria. Una versión actualizada con humor inglés sería: “the proof of the cake is in eating it”, seguido por “you can’t have the cake and eat it”. Viene a significar en este contexto: la prueba de tener un propósito es consumarlo y no puedes tener un propósito y comértelo con patatas cuando te sea más conveniente.

Tope de gas

He vivido ejemplos de ello desde muy de cerca los últimos meses, con el tope al gas, un esquema de Ayuda de Estado a los participantes del mercado de producción, introducido por el Real Decreto – Ley 10/2022, y aprobado para España por la Comisión Europea en su expediente SA.102454 (2022/N). Este esquema obliga a estos participantes a financiarlo y a pasar su coste parcialmente a los consumidores (PVPC).

No obstante, el esquema deja a las comercializadoras la opción de pasar el coste, del precio más bajo obtenido por ellos, a los consumidores no PVPC, según las condiciones contractuales que tengan firmadas. Aquí está la prueba de comerse el pastel o no. Tenéis que imaginaros dos empresas con propósito y una de ellas trata a la otra como abonado, porque obviamente no todos estos contratos lo dejan tan claro. Puede que sea útil la reflexión de que los contratos siempre reflejan las voluntades de las partes y es curioso suponer que un consumidor, a la firma de un contrato de esta magnitud considera razonable aceptar un concepto indefinido, futurible y regulatoriamente opcional para él.

Más propósito y más beneficio

Hay casos concretos en los que el consumidor además ya ha hecho por su cuenta una cobertura, firmando un PPA financiero, y, por lo tanto, tampoco se beneficia del precio más bajo resultante del OMIE. Insistir en pasarle de todas formas estos costes, igualaría a tratar al consumidor como abonado y es más bien un despropósito. A esto me refiero con lo del pastel, no vale comérselo a la primera oportunidad, cuando no corresponde.

En la conclusión de Henderson, las empresas de sus ejemplos han reestructurado la arquitectura de sus negocios, han asumido costes muy importantes, contraintuitivos, hasta poder ser considerados irracionales sin ver el contexto completo, pero acabando con unas relaciones mucho más resilientes con prácticamente todos sus stakeholders y, consiguiendo unos beneficios más elevados también para sus accionistas.

Obliquity

El silver lining de estos beneficios es su visibilidad y viabilidad a largo plazo. Esto justamente es lo que según el título en inglés del libro de Henderson necesitamos “in a world on fire”. Tener un propósito no es un trade-off a beneficios, sino lo contrario, la mejor manera de obtener beneficios es perseguirlos de manera indirecta. John Kay, visiting professor en la London School of Economics lo llama “Obliquity”.

 

Estoy convencido de que todos los ejemplos que he repasado pueden enfocarse de una manera coherente con los intereses de todos los participantes en el sistema eléctrico, dentro del marco regulatorio europeo vigente, empujando de manera espectacular la transición energética, reforzando a la sociedad civil y el valor empresarial mano en mano y, a largo plazo generando beneficios para todos, primordialmente mitigando la crisis climática.

Por Piet Holtrop – Abogado y Amigo de la Fundación Renovables

El derecho a compartir excedentes de autoconsumo

Hace cinco años, cuando se hablaba de autoconsumo, se hablaba del (nefasto) impuesto al sol. Por suerte, el debate actual en torno al autoconsumo gira sobre la distancia del autoconsumo colectivo de proximidad y se debate sobre si la distancia adecuada es 1, 2 o 5 km (mucho mejor 5 que 1, por cierto). No estamos tan mal. No obstante, hay un elemento adicional que considero clave para el desarrollo del autoconsumo y sobre el que me gustaría poner hoy el foco: el derecho a compartir excedentes.

Antes de nada, hay que recordar la importancia de desarrollar masivamente el autoconsumo colectivo por los numerosos impactos positivos que tiene. Para empezar, el autoconsumo colectivo entra de lleno en el debate campo-ciudad, siendo la herramienta básica para llenar de paneles solares los tejados de las ciudades, de forma que la contribución urbana a la generación renovable sea lo más alta posible. El autoconsumo colectivo permite dimensionar las instalaciones de forma que ocupen todo el tejado posible, ya que lo que no autoconsuma el prosumidor se podrá asignar a consumidores próximos. Por el contrario, sin autoconsumo colectivo, los tejados quedarán a medias, limitados por el consumo del prosumidor. Cuanto más utilicemos los tejados, menos metros cuadrados de terreno necesitaremos emplear para generar energía solar y desplazar al gas ruso. Además, la propiedad de la generación eléctrica se repartirá entre más participantes y, además, con la ventaja de que las instalaciones de autoconsumo generan más empleo por potencia instalada que las plantas sobre terreno. Ojo, con eso no quiero decir que no haya que hacer plantas sobre terreno, sino que, en el reparto entre terreno y tejado, cuanto más tejado, mejor. Pero, para la transición energética necesitamos todo tipo de plantas y cuanto antes, mejor.

El autoconsumo colectivo también juega un rol clave en el debate sobre la redistribución. Gracias a compartir autoconsumo, la energía solar podrá llegar más allá de las viviendas unifamiliares, beneficiando también a personas que vivan en bloques de viviendas.

Sin duda que la ampliación de la distancia debe realizarse para poder compartir más. Mínimo, mínimo, igual que nuestros vecinos. Es necesaria, pero seguramente no suficiente. No sólo hay que compartir con más gente, sino que también es preciso compartir de una manera más sencilla, ágil y generalizable. En otras palabras, hay que aclarar de una vez por todas la forma de repartir la energía en autoconsumos colectivos.

La situación ahora es dramática para el autoconsumo colectivo. Si bien el Real Decreto 244/2019 habilita la posibilidad de compartir, en la práctica, la mayoría de las distribuidoras ponen todas las trabas imaginables y retrasan, en el mejor de los casos, e impiden compartir, en el peor y más frecuente. Es preciso pulir algunos detalles, pues si hay certeza normativa, habrá menos espacio para el abuso.

Uno de esos detalles es la figura del gestor de autoconsumo, una entidad que pueda, en nombre del consumidor, realizar el alta o la baja del autoconsumo colectivo, así como modificar los coeficientes de reparto. Otro es el reparto dinámico del autoconsumo colectivo, de forma que se pueda maximizar la asignación de energía a los consumidores. Además, esta última se trata de una medida que ya la CNMC le ha pedido, por ahora sin éxito, al Gobierno. También hay que modificar la normativa fiscal para permitir que los ingresos derivados del autoconsumo no tributen como actividad económica recurrente a efectos de IVA, sino que se pague IRPF (seguramente supondría una mayor contribución, pero mucho menos papeleo).

Pero, además, es preciso ampliar el concepto del autoconsumo colectivo, de forma que se pueda escoger entre compartir un porcentaje de la energía producida o compartir solo los excedentes. Parece banal, pero no lo es. Actualmente el modelo de autoconsumo colectivo contempla que cada participante tenga un porcentaje sobre la energía producida, independientemente de si se trata del dueño del tejado o de un consumidor próximo. Este modelo funciona para comunidades energéticas en las que los consumidores coinvierten, pero no tiene demasiado sentido para un prosumidor que quiera compartir la energía sobrante con un vecino. Acudiendo al símil de los tomates: si yo tengo un huerto, no quiero venderle a mi vecino un 25% de la cosecha, sino un 25% de los tomates que yo no consuma. Si tengo mala cosecha y solo hay tomates para mi propio consumo, no quiero estar obligado a entregarle el 25%. Por el contrario, si me sobran, porque produzco más o porque consumo menos, estaré encantado de darle una cantidad mayor. SI tengo que dar un porcentaje fijo del total al vecino, seguramente optaré por la solución de vender los tomates sobrantes (si los hubiera) en el mercado.

Por tanto, debería modificarse la normativa para regular la posibilidad de compartir los excedentes energéticos con consumidores próximos, de forma que se incentive esta práctica. Si bien un autoconsumidor puede vender a mercado solamente los excedentes, poder vender esos mismos excedentes a consumidores próximos, facilitaría esta posibilidad enormemente y aumentaría el número de instalaciones colectivas, que actualmente no llega ni al 1%. Además, este modelo se podría realizar con la configuración actual del contador, sin necesidad de añadir nuevos dispositivos (y nuevos costes).

En definitiva, si bien celebro enormemente el nuevo rumbo de la política energética, superando el periodo del impuesto al sol y favoreciendo el autoconsumo colectivo, es preciso ahora concretar la regulación para facilitar el reparto de la energía entre clientes próximos en la práctica. Y para ello, es preciso consagrar el derecho a compartir excedentes.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

España necesita una nueva Ley de Autoconsumo

Sí, ya sé que la que tenemos es muy joven. Que la anterior, llamada “Impuesto al Sol” era mucho peor. Pero la actual norma ha heredado los valores microeconómicos de la anterior: Se fomenta el autoconsumo siempre que coincida la generación con el consumo, tanto en el sitio como en el momento que se genera. Y no estamos para seguir respetando esas reglas de juego a unas empresas que fuerzan las reglas de juego para multiplicar sus beneficios en estos momentos de precios desquiciados del gas, de la hidroelectricidad en el sistema marginalista de fijación de precios.

La prioridad ahora debería ser llenar los tejados de España de paneles fotovoltaicos que generen toda la electricidad que sea posible.

La Ley actual está bien pero, básicamente, solo para primeras viviendas. Hay millones de segundas viviendas o casas de campo que ni se plantean poner placas, pues no resulta rentable, aunque la vivienda se use 30-40 fines de semana y 30-40 días en verano. Pues estaría aprovechando una fracción de lo generado unos 120 días y vertiendo a la red lo generado los 250 días restantes (así como lo generado a horas sin consumo los 120 días anteriores). El exceso de consumo se paga a precio caro y el exceso de generación se vende a precio muy barato. No funciona.

Entiendo y comparto la explicación de tal mecanismo, de generar in situ y consumir según se genera, para justificar todos los beneficios de estas instalaciones. En su momento.

Pero ahora, la prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones. Sencillo: El que quiera poner placas en una segunda vivienda, en un polígono industrial, local comercial, casa de campo, donde que sea, que las ponga. Y que pueda asociar a la electricidad que genera en esas instalaciones (donde puede ponen paneles), la electricidad que consume en otras (donde tiene el consumo).

Veamos un ejemplo: Una persona pone 5 kWp en una casa de campo. Con unas 1.800 horas de sol al año, generaría unos 9.000 kWh. Si en esa localidad pasa 120 días y consume 10 kWh diarios, consumiría 1.200 kWh. Si carga allí su vehículo eléctrico 40 veces al año, en un Schucko de 3 kW, durante 12 horas, otros 1.500 kWh. Le quedaría un excedente de unos 6.300 kWh. Que debería poder gastar en su vivienda habitual, donde pasa 245 días, unos 3.000 kWh y carga su vehículo eléctrico, unas 50 veces al año, a 5,5 kW, durante 10 horas otros 3.000 kWh anuales.

La prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones.

Esto no debería ser gratis para estos ciudadanos. Para empezar, deberían invertir en la instalación fotovoltaica. Deberían mantener los contratos con la empresa comercializadora. Pagar los tramos de potencia contratada, un canon por los vertidos a la red y otro por los consumos de la red.

Hace años hubo sistemas parecidos en Massachussets, California y otros lugares: muchos inversores no tenían tejados y muchos con tejados no tenían dinero: Se las ingeniaron para que los primeros invirtieran el los tejados de los segundos y compartieran la electricidad generada… Debe hacerse de manera que no haya subsidio para los usuarios y que compensen, de alguna manera a las comercializadoras. Pero los beneficios para la sociedad podrían ser importantes, pues, posiblemente, habría cientos de miles de voluntarios dispuestos a invertir.  Un cálculo sencillo, aproximado, podría ser el siguiente:

Número de instalaciones = 1 millón
Potencia media = 5 kWp
Potencia total = 5 GWp (Alemania tiene el triple de FV en techo)
Inversión aproximada = 10.000 Millones €

Si se hace en 3 años a razón de 3.300 M€ anuales, si suponemos que el 50% del coste es mano de obra, necesitaríamos unos 80.000 empleos de montaje, que podrían llegar a ser permanentes si el programa se mantiene durante varios años.

Sí, ya sé que esto es el cuento de la lechera. Pero 5 GW de fotovoltaica de techo distribuida nos hubieran salvado de la mitad de esta crisis de precios (la mitad de las horas no hubiera hecho falta la entrada de gas). Facilitará la electrificación de la calefacción por bomba de calor en todas esas viviendas, que hoy queman gasoil o gas natural (ruso) y la penetración de los vehículos eléctricos, que consumirán electricidad solar en lugar del triple de energía fósil en forma de hidrocarburos importados del Golfo Pérsico. Y generando casi 100.000 empleos de calidad permanentes.

Por supuesto, las actuales instalaciones, si lo desean, podrían acogerse a esta nueva legislación: Que generen cuando haya sol y consuman cuando tengan que consumir. Los excesos de generación se vierten a la red y los excesos de consumo, se toman de la red. Una especie de balance neto, pagando un canon por los vertidos y otro por los consumos.

¿Quién pierde y se opondrá? El oligopolio eléctrico. Bueno, pues busquemos la forma de compensarles parcialmente. Pero no parece buen momento para que se quejen.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

La generación distribuida: una oportunidad para el mundo rural

El fuerte descenso de los precios de la industria fotovoltaica ha propiciado que los sistemas fotovoltaicos se hayan convertido en una herramienta importante en el proceso de descarbonización de la generación de energía. En España vivimos un boom de estas instalaciones y las perspectivas de crecimiento son cada vez mayores.

Sin embargo, el crecimiento desordenado de las grandes plantas fotovoltaicas está teniendo una importante respuesta social, que no es una oposición a la energía fotovoltaica en general, sino una oposición a la forma en la que se están desarrollando algunos de estos proyectos.

Si partimos de la base de que todas las actividades humanas tienen impacto en el medio ambiente, no es menos cierto que tal y como se están desarrollando, muchos de estos proyectos no son respetuosos ni con el medio ambiente, ni con el territorio, ni con sus gentes. Personas que sienten que se coloniza su territorio para suministrar energía a otras gentes y otros territorios y que condicionan sus posibilidades de desarrollo sin obtener nada o muy poco a cambio.

Es evidente que el factor de escala juega un papel importante. Cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más terreno ocupa y más impacto medioambiental provoca. La única razón para hacer plantas fotovoltaicas cada vez más grandes es que cuanto mayor es la planta, más elevada es la rentabilidad de la inversión. Ante esta situación muchos ayuntamientos se están oponiendo a la instalación de grandes parques fotovoltaicos en su término municipal.

Si atendemos al carácter distribuido de la tecnología fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas y, en suma, la participación de todos en la producción y consumo de energía deben de ser prioritarios, implicando activamente a los ayuntamientos en la transición energética. Curiosamente, nadie se opone a este tipo de instalaciones.

Además, hay otras soluciones que apenas se han empezado a desarrollar en España. La agrovoltaica es una de ellas, entendida como el uso conjunto e inteligente de la tierra para la agricultura y la generación de electricidad con instalaciones de energía solar fotovoltaica, y que puede contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los agricultores tienen la oportunidad de producir su propia energía y/o desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.

Esta tecnología también podría hacer que los cultivos agrícolas sean más resistentes frente al cambio climático. Los sistemas agrovoltaicos ofrecen protección contra la radiación solar excesiva, el calor, la sequía y el granizo. En veranos muy calurosos y secos, esto puede significar rendimientos de cultivos por encima de lo habitual, además de los beneficios de la generación con energía solar. Mediante esta tecnología podemos generar electricidad renovable sin quitar recursos de tierras de cultivo para la producción de alimentos y, lo que es más importante, con la participación activa de los territorios y sus gentes.

Esta tecnología se está desarrollando en otros países como Japón, Corea, China, EEUU, Francia o Alemania. Unos sistemas cuyo diseño debe tener en cuenta el tipo de cultivo y las condiciones climáticas de cada lugar, lo que exige un esfuerzo extra de investigación para conseguir resultados óptimos.

En España contamos con grandes recursos agrícolas y gran experiencia en tecnologías fotovoltaicas, por lo que deberíamos aprovechar las posibilidades del uso dual de la tierra, añadiendo a su uso tradicional la producción de energía eléctrica. Los sistemas agrovoltaicos pueden ayudar a integrar producción de energía y desarrollo local, con beneficios para todos. Estos sistemas han pasado, a nivel mundial, de 5 MW instalados en 2012 a alrededor de 2.800 MW en 2020.

La urgencia del cambio climático hace que tengamos que aumentar de forma exponencial la potencia fotovoltaica instalada y parece evidente que, al ritmo de instalación actual de sistemas de autoconsumo (en España en 2021 fue de 1.203 MW), las grandes plantas son necesarias. El problema es cómo desarrollarlas de manera que minimicemos su impacto y maximicemos el beneficio sobre los territorios, de forma que sean una oportunidad para el desarrollo local. Así, los tamaños de las plantas deben ser acordes a la realidad del territorio y no sólo a la capacidad de evacuación de la red eléctrica. De la misma forma hay que empezar ocupando terrenos poco valiosos desde un punto de vista agrícola y medioambiental y son los municipios afectados los que deben poder decidir sobre la idoneidad de estos. La elección de los terrenos está condicionada también por la proximidad a los puntos de evacuación de la red eléctrica, creando, además, un problema añadido por el efecto acumulativo de diferentes proyectos en el mismo territorio, con líneas de evacuación que se cruzan entre ellas.

El consumo eléctrico de los municipios pequeños puede ser cubierto utilizando un porcentaje pequeño de su territorio, con sistemas de autoconsumo individuales o con pequeñas plantas fotovoltaicas, creando sus propias comunidades energéticas para su autoabastecimiento de energía.

¿Cuánto territorio municipal se puede ocupar con plantas fotovoltaicas sin comprometer el desarrollo futuro del mismo? ¿Qué impacto tienen estas plantas en el desarrollo económico local? ¿Es razonable ocupar tierras productivas para este fin? ¿Que impacto es admisible sobre la biodiversidad? Todas estas cuestiones deben ser resueltas si queremos que la transición energética sea una transición justa y aceptada por todos.

De igual manera, los ayuntamientos deben potenciar y desarrollar iniciativas que fomenten el autoconsumo, el ahorro y que disminuyan su dependencia energética. Todos somos consumidores de energía y todos debemos responsabilizarnos tanto de su producción como de su consumo.

Hay que exigir también a nuestros responsables políticos leyes y normativas que favorezcan la generación distribuida en sus diferentes formas, simplificando al máximo los trámites administrativos y con políticas activas de incentivos. Los municipios, y en especial los pequeños, tienen pocas capacidades para emprender estas acciones y necesitan ayuda y asesoramiento.

En los sistemas democráticos las soluciones siempre pasan por más planificación, más diálogo, más transparencia, más participación activa de todos y más solidaridad. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer entre todos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

 

Autosuficiencia energética y ciudadanía

Una vez más recibimos alertas sobre el grave problema del cambio climático. Esta vez la señal de alarma viene de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tras la publicación del nuevo informe IPCC (”Cambio climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”) ha apuntado claramente a los responsables: “Los grandes contaminantes son culpables”. Es un informe devastador y que deja poco lugar a la esperanza. La acción decidida no puede aplazarse más, es necesario actuar ya para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, cualquier retraso significa muerte, según ha declarado.

Ya sabíamos que la utilización de combustibles fósiles es insostenible desde el punto de vista medioambiental y de supervivencia, ahora tenemos que añadir el hecho de que la situación geopolítica ha puesto claramente de manifiesto nuestra fuerte dependencia para el abastecimiento de estos combustibles que no tenemos, lo que nos hace ser vulnerables frente a situaciones como la actual; ya estamos notando las consecuencias en el importante incremento del precio de la electricidad.

Aunque la fuerte escalada de este precio en los últimos meses no sólo se debe a la necesidad de importar estos combustibles, sino también al sistema de fijación de precios. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana la Comisión Europea haya anunciado que propondrá que los países miembros establezcan un gravamen a las ganancias obtenidas por las empresas energéticas debido a los recientes aumentos en los precios del gas. También hay que aplaudir la propuesta enviada a la Unión Europea (UE) por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para modificar el sistema de formación de precios de la electricidad, de manera que no se incluya el coste del gas y a la que empiezan a unirse distintos países. Parece claro que tenemos que apostar decididamente por hacer una transición energética basada en las energías renovables. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables para generar electricidad contribuye de manera directa a la descarbonización y, por tanto, a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir la depencia energética.

En el ámbito de la transición ecológica, en el paquete Fit for 55 de la UE se incluye el objetivo de suministrar un 40% del consumo final de energía mediante renovables para el año 2030. De entre las renovables, una de las tecnologías que está penetrando de manera rápida en los últimos años es la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica de España, desde el año 2017 hasta finales de 2021, casi toda la nueva potencia instalada, 15.731 MW, es solar fotovoltaica, 10.360 MW (65%), y 5.111 MW (32 %) eólica; el porcentaje restante corresponde a otras fuentes renovables. Esta potencia se ha instalado tanto en sistemas distribuidos de autoconsumo individual o compartido, aproximadamente un 25%, como centralizados, un 75%. A finales de 2021, la potencia total fotovoltaica era de más de 15.000 MW.

Es importante destacar, dentro de la fotovoltaica, el crecimiento de los sistemas de autoconsumo. En el año 2017 había unos 122 MW instalados mientras que a finales de 2021 ya había más de 2.616. Sólo entre 2020 y 2021 se multiplicó por dos la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo instalada.

¿Este tipo de instalaciones son buenas para el sistema eléctrico? En mi opinión sí. Por muchas razones. Según la propuesta que hace la Fundación Renovables en su informe “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad”, el esquema óptimo de desarrollo de las energías renovables sería el que se muestra en la figura.

Según esta propuesta, en la parte alta de esta pirámide invertida están las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo que son las que más deberían extenderse. Este tipo de instalaciones permiten a la ciudadanía tener sistemas de generación de electricidad en sus propias viviendas o en ubicaciones cercanas; facilitan la gestión de la demanda, minimizan las pérdidas del sistema por la cercanía entre generación y consumo y dan flexibilidad al sistema eléctrico. Además, ayudan de forma clara a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la necesaria y urgente descarbonización y sustitución de los combustibles fósiles.

En este sentido, la Directiva UE 2018/2001, en su Art. 21.2, establece que los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables, de manera individual o mediante agregadores, tengan derecho a generar energía renovable, incluido para su propio consumo, y a almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares. También, según el artículo 21.4, para los autoconsumidores de energías renovables en el mismo edificio.

La Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2021), supuso la modificación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que se había establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. A partir de la publicación de esta Orden el reparto de la energía generada por estas instalaciones puede hacerse mediante el establecimiento ex ante de coeficientes de reparto horarios para cada día del año. Esto supone un avance respecto a los coeficientes fijos, pero sería interesante que se permitiera la posibilidad de un reparto realmente dinámico que tuviera en cuenta los consumos reales de cada miembro de la comunidad energética y se hicieran esos balances de generación-consumo ex post, como ya se apunta en la citada Orden, en la que se indica que es necesario hacer un análisis para esa implantación, ya que es de esperar que el autoconsumo colectivo experimente un importante incremento en los próximos años.

Unido al concepto de autoconsumo (individual o colectivo), que da nombre a estas instalaciones, está el de autoabastecimiento o autosuficiencia energética, con toda la carga de responsabilidad y oportunidad que ofrece a la ciudadanía. Muchas de estas instalaciones, especialmente las que se están haciendo en el sector residencial, están contribuyendo a que las viviendas generen a lo largo del año una energía igual o superior a la consumida, por lo que podrían considerarse viviendas de consumo cero.

También hay que avanzar en la creación de comunidades energéticas que son agrupaciones de consumidores que pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Algunas de las ventajas que supondrá participar en una Comunidad Energética es que proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de energía y otros servicios energéticos o de movilidad, crean oportunidades de inversión, aumentan la aceptación del desarrollo de energías renovables locales, facilitan la integración de renovables en el sistema a través de la gestión de demanda, crean empleo local y fomentan la cohesión y equidad social.

Hay, sin embargo, algunos problemas sin resolver ya que falta un marco normativo con un grado suficiente de desarrollo, los procedimientos administrativos son complejos, no es fácil acceder a financiación por la falta de confianza de los inversores y el riesgo en cuanto a la percepción del inversor. Este tipo de iniciativas es fundamental para avanzar hacia un modelo descentralizado y participativo, por lo que es necesario que se avance y que se difundan todas las experiencias que se están llevando a cabo.

Respecto a las plantas centralizadas, que están en la base de la pirámide invertida, sería importante establecer condiciones que permitan limitar su tamaño, de manera que se desarrollen bajo criterios de economía productiva, favoreciendo el desarrollo económico local de los territorios en los que se hagan. También es necesario que los promotores propongan instalaciones que aporten beneficios sociales y medioambientales en la zona donde se ubiquen, de manera que se consiga un equilibrio entre la energía y el territorio. Y algo muy importante, conseguir una aceptación e inclusión social de su implantación en el territorio, como lo han conseguido los otros tipos de instalaciones fotovoltaicas.

Los acontecimientos de los últimos días nos obligan, todavía más, a repensar temas como el de la soberanía energética. Tenemos fuentes de energías renovables y tecnología; no perdamos la oportunidad de conseguir una transición energética justa basada en renovables y aceptada y apoyada por toda la ciudadanía.

 

Llanos Mora – Vicepresidenta de la Fundación Renovables

¿Problemas de suministro en el sistema energético?

Muchas son las dudas en la opinión pública acerca de los problemas de suministro en el sistema energético. ¿Habrá apagón general o no?

La respuesta es que no es nada probable que haya un apagón general en España por varias razones. Entre ellas, que contamos con una generación de electricidad abundante y muy diversificada (eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica, hidráulica, otras renovables, gas y nuclear) por lo que si falla una fuente como el gas, a causa de las tensiones internacionales, las demás pueden suplirla. Tenemos reservas energéticas suficientes ya que las energías renovables son recursos autóctonos y hay reservas de gas almacenadas para abastecer la demanda nacional durante más de 40 días. También contamos con mecanismos para reducir la demanda eléctrica industrial en caso de sobrecarga del sistema (servicio de interrumpibilidad) y así evitar apagones.

La cuestión probablemente no es si habrá un apagón en España, sino a qué precio pagamos nuestra dependencia del gas y de los combustibles fósiles. Las facturas de la luz están por las nubes justo cuando entra el invierno y las familias necesitan más energía para calentarse. Y la crisis climática está lejos de resolverse. Tenemos que salir de esta crisis energética con más energías renovables y menos combustibles fósiles.

¿Estamos aprendiendo? Si bien a nivel nacional las renovables están creciendo, poco a poco, después de un largo parón, es verdad que no se están planteando nuevas inversiones en plantas de generación de electricidad a partir de gas, carbón, nuclear o fuel oil. Y eso es bueno.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las inversiones que se realizan con dinero público en el extranjero. Entre 2018 y 2020 España destinó al menos 6.500 millones de euros a la industria de los combustibles fósiles, según una investigación de Oil Change International y el Overseas Development Institute. Por contraste, en energías limpias invirtió sólo 120 millones. Unas 50 veces menos.

Y no está sola: en el mismo periodo, la coalición Export Finance for Future (E3F), de la que España es parte junto con Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, dedicaron la friolera de 19.000 millones de euros de las arcas públicas a financiar proyectos de carbón, petróleo y gas en el extranjero. Se trata de inversiones tan disparatadas como los planes de Rusia para sacar gas en el Ártico.

Nos hacemos trampas al solitario.

Gracias a la presión social, veinte países entre los que está España acaban de prometer que dejarán de financiar proyectos ligados a los combustibles fósiles en el extranjero para finales del año que viene. Habrá que estar muy pendientes.

Por Sara Pizzinato – Patrona de Fundación Renovables "

Las nuevas subastas de renovables

La semana pasada, en medio de este caluroso agosto, como si de los últimos coletazos de las lágrimas de San Lorenzo se tratase, el gobierno ha lanzado su segunda convocatoria de subastas para la instalación de nuevas plantas de generación renovable en nuestro país.

Parece previsible que dicha premura haya venido dada por los precios infames de la electricidad que estamos sufriendo los consumidores, necesitando de alguna medida que mostrase la perseverancia del legislador por hacer algo por evitar el infernal tormento. A lo mejor también es porque, simplemente, no quieren que tengamos vacaciones los que nos dedicamos a la energía y, persistentemente, salen normas de este estilo en agosto o en navidades.

Fuera como fuese, la considero una medida que va en la buena dirección. Parece aprender de errores pasados, y singulariza la posibilidad de que, por un lado, no todas las instalaciones tienen que ser iguales ni producir los mismos retornos, y por otro, no todos los sujetos pueden competir en igualdad de condiciones ni todos los participantes tienen que ser el mismo tipo de figurantes. La propuesta establece un nuevo cupo de 3.300 MW de potencia instalada, separando 600 MW para instalaciones fotovoltaicas y eólicas a los que llama de disponibilidad acelerada, 700 MW destinados a fotovoltaica (que entrarán a un ritmo más cadencioso), 1.500 MW destinados eólica y 300 MW destinados a fotovoltaica para instalaciones de generación distribuida con carácter local.

Al margen de lo singular del plazo exprés que se da a las instalaciones aceleradas, que seguramente nos traiga “tardes de gloria” a los abogados de la energía en el futuro, me gustaría hacer alguna reflexión en positivo sobre el cupo de 300 MW para instalaciones de menor dimensión que se fomentan en esta propuesta. Las mismas, como singularidades principales, deberán estar conectadas a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 kV, contar con una potencia instalada igual o inferior a 5 MW, contar en -al menos- el 25% de su capital con cuatro titulares con el domicilio fiscal en un radio de 25 kms a la redonda, no realizar divisiones artificiales que supongan una planta gigantesca partida en trocitos y su potencia límite no excederá del resultado de multiplicar la población censada de dicho entorno territorial por 0,5.

Estoy seguro de que habrá unos cuentos opinólogos que van a tildar de ocurrencia esta singularización tan particular de esta tipología de plantas. Cuántas veces habré oído eso de: “ya no os basta con las renovables, además queréis decidir a quién deben de pertenecer”. Pues claro que sí, debe de haber una discriminación positiva para este tipo de proyectos, ese es el camino. Los ciudadanos no van a poder competir con grandes centrales de generación, pero eso no les puede expulsar de un nuevo modelo distribuido del que tienen que formar parte.

Esta propuesta del legislador ha de ser el primer impulso a las nuevas comunidades ciudadanas de energía que nos ha traído la legislación comunitaria. Eso que ahora vemos como sorprendente, existe desde hace años en otros países europeos como Alemania, Portugal o Grecia. Nuevos sujetos generalmente alrededor de pequeños ayuntamientos, de cooperativas, de comunidades de regantes, de parques industriales, van a ser capaces de aunar esfuerzos para poder producir electricidad que ellos mismos podrán consumir o vender de forma colectiva.

Seguramente alguien entienda que 300 MW sobre un total de 3.300 MW es una insignificancia, pero el camino se demuestra andando y es necesario que se den los primeros pasos en esta dirección para que todas las decenas de miles de posibles nuevos operadores sean conscientes de la eficacia de esa actuación. No solo abarata el precio de sus consumos, sino que hace más eficiente la generación cerca de los puntos de consumo. Y lo que es más importante, les hace participar de forma más activa de un sector opaco, que como estamos viendo estas últimas semanas, aprovecha cualquier ocasión para exprimir al máximo una teta que en algún momento no podrá dar más leche, temerosos de cambios regulatorios relevantes en lo que afecta a la fijación de los precios y a la participación social de los ciudadanos en la energía.

Espero que la norma se ajuste un poco en el período de información pública, pues quizás la emergencia con la que ha visto la luz, la haga meritoria de alguna revisión, pero fuera como fuese, en lo referente a lo comentado, merece mi debido reconocimiento.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

Autoconsumo solar para la “Next Generation”

El autoconsumo solar esté de moda en España. Atrás quedó la época de los hermanos Nadal y su nefasto “impuesto al sol”, así como todos los impedimentos arbitrarios y malintencionados que impusieron al autoconsumo. El año pasado se conectaron 40.000 instalaciones solares en tejados, más que el acumulado histórico. Este 2021 no será menos y España alcanzará, con total seguridad, las 100.000 instalaciones acumuladas. Tampoco hay duda de que en los próximos años se alcanzará el millón de tejados solares en España (¿será en 2025? ¿en 2030?).

Teniendo en cuenta los niveles de radiación solar que tenemos en España y en un contexto de electricidad cara, no interponer una placa solar entre el sol y el tejado es un derroche energético y económico que no tiene sentido alguno. Los números salen (más aún con las bonificaciones municipales al IBI) y el compromiso ambiental de los españoles es cada vez mayor.

No obstante, dada la herencia del impuesto al sol, España ha perdido un precioso tiempo y está aún muy lejos del resto de países del entorno. Alemania ya superó a finales del año pasado los 2.000.000 millones de tejados solares, 20 veces más que España, con una población que no llega al doble de la española (y con menos sol). Ello justifica una intervención pública en España, que no sólo se limite a eliminar las trabas más perjudiciales para el autoconsumo solar, sino que también contribuya a acelerar la implantación mediante ayudas económicas de impulso directo a los techos solares.

Los Fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea (popularmente conocido como “Next Generation”) pueden suponer una buena inyección económica al autoconsumo. No obstante, cabe preguntarse, si ya hemos dicho que el autoconsumo “va solo” en España, especialmente en aquellos perfiles en los que la curva solar coincide con la de consumo, ¿qué necesidad hay de subvencionar esta actividad? Y más aún cuando ya sabemos que existen bonificaciones fiscales y que el mero anuncio de posibles subvenciones suele provocar una paralización inmediata del sector hasta que éstas son convocadas, varios meses después.

En un entorno de normalidad económica, acostumbro a defender la no necesidad de ayudas para el autoconsumo, como actividad que ya es rentable por sí misma. No obstante, en un contexto económico de expansión de la inversión pública y de transformación productiva profunda como el actual, tras la apuesta europea decidida por una salida keynesiana de la crisis de la covid-19, considero muy positivo que el Gobierno haya decidido dedicar 900 M€ (1,2% de las ayudas directas totales en España) al autoconsumo solar y eólico.

Ahora bien, sería bueno enfocar esas ayudas hacia aquellos supuestos en los que existe una mayor necesidad de intervención pública para subsanar algunas de las deficiencias de mercado. En concreto, quiero destacar tres situaciones en las que se justifica especialmente una intervención pública de carácter económico.

El primero de ellos es el empleo de materiales locales, o cuanto menos, europeos. La instalación mayoritaria de componentes asiáticos presenta algunos problemas que pueden generar vulnerabilidades evitables. Primero, un problema de suministro. Ante la escasez de materiales, durante este primer semestre he visto decenas de contratos incumplidos por parte de fabricantes, así como renegociaciones y subidas de precios a pesar de que los contratos ya estaban firmados (y en algunos casos, pagados). Segundo, por una cuestión ambiental y laboral, ya que transportar materiales desde el otro lado del mundo no resulta la manera más ecológica de generar energía verde, y ya que en los últimos meses han salido a la luz varios escándalos en fábricas solares chinas en relación con el empleo de mano de obra forzada de minorías étnicas. Y en tercer lugar, porque producir los materiales en España o en Europa genera empleo y riqueza local.

El segundo es el impulso de la energía solar en aquellos territorios con menor radiación solar, como es el norte de España, o con mayores costes de instalación, como podrían ser Canarias y Baleares. Son casos en los que la energía solar es menos rentable por lo que está justificada esa intervención pública para compensar los menores ingresos o los mayores costes.

Y el tercero es el fomento del autoconsumo solar en aquellos tejados de personas de menor renta, que quizás no dispongan del dinero necesario para la inversión inicial (unos 5.000€) pero sí que deberían poder beneficiarse de esa fuente de energía limpia, local y más barata. En este caso, puede servir tanto una fórmula de ayuda directa como otra de financiación, asumiendo un mayor riesgo que el sector privado para perfiles de consumidores que quizás no superen los ratios de solvencia exigidos por las entidades financieras para otorgar préstamos para este tipo de proyectos.

Además, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no va sólo de inversiones, sino también de reformas normativas que faciliten, en este caso, la transición energética. En materia de autoconsumo la reforma más urgente es la del autoconsumo compartido, y en concreto es preciso aprobar los coeficientes dinámicos de reparto para el autoconsumo compartido (como ya ha hecho Francia) y aclarar los esquemas eléctricos para este tipo de instalaciones, poniendo fin así a las disputas eternas con las compañías distribuidoras a este respecto. De esta forma, se maximizaría el aprovechamiento de la energía solar en los tejados, se podría ocupar cada m2 de tejado disponible y se permitiría que más personas disfruten de la energía solar distribuida.

El futuro del autoconsumo solar está por escribir en España. Ahora que tenemos la hoja casi en blanco, es el momento de fijar un buen esquema que nos permita construir una historia de éxito. Y uno de los protagonistas de esa historia tiene que ser la fabricación local, de forma progresiva, pero decidida y dando seguridad jurídica a las inversiones en fábricas en España. Y es que los Fondos Next Generation no se llaman así porque los pagará la siguiente generación, sino sobre todo, porque deberán servir para transformar las estructuras del país para que la próxima generación disfrute de un país más próspero, verde y justo.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

Necesitamos impulsar el autoconsumo colectivo

Mucho tiempo ha pasado ya desde que las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo son una realidad en España. El desarrollo de la tecnología fotovoltaica y, sobre todo, los bajos costes de generación alcanzados, han hecho de esta tecnología un actor cada vez más importante en la transición energética. El camino no ha sido fácil. Desde los tiempos del famoso “Impuesto al Sol”, un tiempo en el que se nos llamaba a los autoconsumidores depredadores del sector eléctrico, insolidarios y otras lindezas, muchas cosas han cambiado para mejor. Bien es cierto que aún persisten problemas que debemos corregir para que el autoconsumo tenga el desarrollo que debería tener, en un país con un recurso solar tan generoso como el nuestro. Uno de los más importantes es la simplificación de los trámites administrativos, sobre todo para las instalaciones domésticas, que a día de hoy sigue siendo demasiado largo y complejo. Las últimas estimaciones hablan de una media de 45 días y, aunque venimos de plazos de más de seis meses, siguen siendo plazos inasumibles para instalaciones con una complejidad técnica tan baja.

Una de las claves para el impulso del autoconsumo es potenciar el autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, es decir, cuando varios usuarios comparten una misma instalación fotovoltaica y se benefician conjuntamente de la energía producida. Sin duda, una gran idea que permite realizar instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Recordemos que en España la mayoría de la población vive en bloques y que disponemos de una gran cantidad de espacio en las cubiertas de los polígonos industriales.

Esta modalidad de autoconsumo tiene varias ventajas:

  • Desde un punto de vista energético, son más que evidentes y se traducen en que la energía autoconsumida, es decir la energía utilizada directamente de la generación fotovoltaica, aumenta, disminuyendo la energía vertida a la red e incrementando, por tanto, la rentabilidad de estas instalaciones.
  • La generalización de estas instalaciones en los edificios permite, además, incrementar la producción de energía eléctrica en las ciudades, generando electricidad cercana al consumo y disminuyendo la dependencia energética de estas.
  • Permite una democratización y descentralización de la producción de energía, enfrentando a los ciudadanos a su responsabilidad en un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Sin embargo, todavía tenemos problemas que resolver antes de que este tipo de autoconsumo tenga el desarrollo deseado. Si dejamos al margen los procedimientos administrativos de los que ya hemos hablado, hay dos barreras importantes para el desarrollo del autoconsumo compartido.

El primero es que para realizar una instalación de autoconsumo colectivo o compartido la distancia entre los puntos de generación y consumo no puede exceder de 500 m. Una distancia totalmente arbitraria y sin ninguna justificación técnica, habida cuenta de que los impuestos por utilización de las redes eléctricas no se aplican en función de la distancia entre generación y consumo. Además, los autoconsumidores pagamos en igualdad de condiciones con los demás productores por el uso de las redes eléctricas.

No hay, por tanto, ninguna justificación para limitar esta distancia. En última instancia, ¿por qué no es posible descontar de la factura eléctrica la generación FV que podríamos tener en una segunda residencia? Si la red eléctrica es la misma y no hay ninguna discriminación a ningún productor eléctrico por la distancia al punto de consumo, ¿por qué debe haber un límite de distancia para el autoconsumo compartido? ¿Y qué más da donde yo tenga los paneles fotovoltaicos? En estos casos, deberíamos pagar por el uso que hagamos de la red. Aquí el problema es que los propietarios de las redes no cobran por este uso, sino que cobran una rentabilidad fija por las inversiones que hicieron, las usemos o no.

Seguramente la solución pasa por una reforma integral del mercado eléctrico para adaptarlo a las nuevas formas de producir y consumir energía, más descentralizadas y con mayor participación de la ciudadanía.

La segunda barrera tiene que ver con la forma de compartir la energía producida. En una instalación de autoconsumo compartido los asociados establecerán los coeficientes horarios de reparto de la energía producida (Real Decreto 244/2019), pero estos coeficientes deben ser fijos. Tampoco tiene mucho sentido que no se puedan establecer coeficientes dinámicos, de forma que los excedentes de un vecino tengan la posibilidad de ser usados por otro antes de ser vertidos a la red.  Imaginemos en un caso extremo, el mes de vacaciones de un vecino. En este caso la mayor parte de la energía que le corresponde es vertida a la red y no puede ser aprovechada por los otros vecinos que comparten la misma instalación. Los coeficientes de reparto fijos van a suponer un freno al desarrollo del autoconsumo compartido, cuando las directivas europeas abren la posibilidad de contratos bilaterales de compra venta de energía entre distintos usuarios. Tenemos todavía un amplio margen de mejora en la legislación actual sobre autoconsumo y si de verdad queremos impulsarlo, estas barreras tendrían que desaparecer cuanto antes.

Por último, me gustaría hacer mención a las normas de edificación. En los edificios ya construidos no es sencillo llevar un conductor eléctrico desde la salida del inversor, normalmente cercano a los módulos fotovoltaicos y por lo tanto en la azotea del edificio, hasta la entrada de la acometida de la red eléctrica, a nivel de calle. Debemos empezar a considerar en la normativa para viviendas de nueva construcción la importancia de una preinstalación para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, en la que además de una buena distribución del espacio en las azoteas, para evitar sombras posteriores en los generadores fotovoltaicos, se prevea la infraestructura necesaria para facilitar la posterior instalación de estos sistemas. Avanzaremos así hacia los edificios de consumo de energía cero, es decir, edificios en los que una parte importante de su consumo energético se genera en el propio edificio mediante fuentes renovables.

El autoconsumo compartido debe jugar un papel importante en la transición energética y es urgente una regulación que permita y facilite su rápido desarrollo.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

10 millones de kits fotovoltaicos para 2030 en España

En numerosos países europeos, como Suiza, Portugal, Francia, Holanda o Bélgica, los ciudadanos tienen derecho a realizar pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, en sus casas, sin necesidad de pedir permiso ni de recurrir a un instalador autorizado. La potencia máxima varía desde los 350 W en Portugal a los 3 kW en Francia y las normas que lo regulan tienen características propias en cada país.

Pero, en España la normativa de autoconsumo es la misma para cualquier instalación menor de  10 Kw; todas requieren una memoria técnica y diferentes trámites, dependiendo de cada ayuntamiento, que saturan a las administraciones y encarecen y obstaculizan su implantación en el país con más sol de Europa.

Proponemos imitar a nuestro vecinos y ajustar la legislación para facilitar, desde todas las administraciones, el   más rápido desarrollo de todas las formas de  autoconsumo que impliquen directamente a la ciudadanía.

Uno de los caminos pasa por facilitar las instalaciones de pequeños kits homologados, de hasta 1.200 W de potencia, con todos los componentes del circuito para ser conectados a una toma de corriente tipo schuko (con toma de tierra) de la casa.

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