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Las turbulencias del recibo de la luz impactan en un bien esencial

Este año post-pandémico no quiere dar ninguna tregua a los precios de la luz que, lejos de bajar, parece que mantendrán su tendencia al alza en el mercado mayorista. Es recurrente que cuando se producen este tipo de subidas prolongadas en el tiempo coincidan con una situación tensa entre el gobierno y las eléctricas; no es la primera vez que ocurre, solo hay que echar la vista atrás y recordar como, por ejemplo, en el año 2013 estas subidas llevaron a la anulación de las subastas CESUR y a una sanción a Iberdrola por manipulación en el precio de la energía eléctrica.

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¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Oportunidades de la transición energética en Asturias

La transición que se está produciendo en el sistema energético europeo además de necesaria es imparable. La Unión Europea se ha propuesto un claro objetivo: la descarbonización total, incluida la economía, para el año 2050. Para lograrlo, entre otras cosas, todos los Estados miembros están obligados a presentar a finales de este año su ‘’Plan Nacional Integrado de Energía y Clima’’.

Como cualquier otro cambio, la descarbonización tendrá impactos tanto en sectores económicos como en regiones geográficas, sobre todo en aquellas más asociadas al carbón, que será el primero de los combustibles en desaparecer de la matriz energética.

En España una de las regiones más ligadas al carbón históricamente es Asturias. Aunque la mayoría de sus minas ya estén cerradas, la mayor parte de la producción de energía eléctrica en esta región es mediante plantas térmicas de carbón. De los 4.400 MW de generación eléctrica instalada en Asturias el 47% procede de este tipo de centrales. En el caso de la energía eléctrica generada la situación es similar: de los alrededor de 10.500 GWh que se consumen al año más de la mitad proviene del carbón.

Esta situación provocará que Asturias se vea afectada por el cambio de modelo energético en mayor medida que otras zonas geográficas de España. Sin embargo, más que como un escollo, esta transformación debe tomarse como una oportunidad que hay que aprovechar antes de que sea tarde. La transición energética encaminada hacia la electrificación y la producción de energía mediante fuentes renovables abre un abanico de posibilidades para la región.

La biomasa para producción de energía eléctrica, bien conocida en la región, tiene una vital importancia en el desarrollo de un modelo energético 100% renovable pudiendo ser uno de los pilares de recuperación de las zonas deterioradas laboral y medioambientalmente por las explotaciones mineras.

Eso sí, hay que tener en cuenta que es una fuente de energía local, ya que si bien el ciclo de su uso es neutro en carbono, deja de serlo si se concentra en los entornos urbanos donde ya se generan el 80% de las emisiones. Se debe consumir donde se genera y nunca sustituir cultivos destinados a la producción agrícola para la producción de biomasa, lo que provocaría sustituir un problema por otro.

Otro de los grandes recursos renovables de Asturias es el viento, lo que supone una gran oportunidad para la energía eólica. Actualmente tiene 472 aerogeneradores repartidos en 18 concejos. El 75% son de menos de 2 MW de potencia y, de éstos, gran parte son de baja potencia y con varios años de antigüedad. Ahora, pasado el tiempo y amortizados tienen una gran capacidad de repotenciación.

Además, según el estudio del IDAE sobre recurso eólico en España “Análisis del recurso. Atlas eólico de España. Estudio Técnico PER 2011-2020” en el que se tiene en cuenta la velocidad del viento, la densidad de potencia, la superficie disponible y el filtrado técnico por las condiciones del terreno, un 11,6% de la superficie de Asturias tendría un recurso eólico favorable.

La derogación del ‘’impuesto al sol’’ y la nueva regulación sobre el autoconsumo abre un escenario de grandes posibilidades para la energía solar fotovoltaica también en Asturias

Por último, la derogación del ‘’impuesto al sol’’ y la nueva regulación sobre el autoconsumo abre un escenario de grandes posibilidades para la energía solar fotovoltaica también en Asturias. El autoconsumo es una herramienta de especial importancia para los entornos urbanos, base de un nuevo modelo energético descentralizado que, además, contribuye a que las ciudades dejen de ser sumideros energéticos.

En respuesta a la cuestión que muchas veces se plantea sobre que en el norte de España el recurso solar no es suficiente, el claro ejemplo de que esto no es así es que en Alemania la radiación solar media anual es de 3 kWh/m2 y en Asturias es de 4 kWh/m2. Sin embargo, en Alemania hay unos 45.000 MW de potencia instalada de autoconsumo. Alternativas y oportunidades las hay, la cuestión es si se aprovechan y se mira al futuro o se sigue mirando al pasado y luchando por algo que está abocado al fin.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

Lo que nos cuesta el cambio climático

Nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático. Según el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre las pérdidas económicas por fenómenos relacionados con clima extremo en el espacio económico europeo, el cambio climático nos ha costado  889 euros en el periodo 1980-2017 a cada ciudadano español, más de 37.000 millones en total, ¡similar a un rescate bancario! Solo el 12% de las pérdidas están respaldadas por seguros. Y 14.611 personas pierden la vida por ese tipo de fenómenos, aunque otras fuentes dan cifras aún mayores.

El coste no es solo económico. Hay otros muchos impactos del cambio climático que ya estamos sintiendo, que tienen difícil cuantificación económica, y que por el camino que vamos irán cada vez a peor. Veranos cinco semanas más largos, aumento de las noches tropicales, olas de calor más largas e intensas, incremento de la temperatura del agua del Mediterráneo y avance de la desertificación. Estas son algunas de las conclusiones de la Agencia Estatal de Meteorología en su último informe, perfectamente ilustrado por la propia Agencia.

Más de 32 millones de españoles, es decir, el 70% de la población, ya se están viendo afectados por los impactos del cambio climático, según estos datos. Quienes peor salen parados son los habitantes de las zonas costeras y las grandes ciudades, las zonas más vulnerables al cambio climático.

Según los datos científicos de Naciones Unidas, puede que nos queden solo 11 años para evitar que el cambio climático supere un punto de no retorno. Si no reducimos a la mitad las emisiones de CO2 actuales, el peligroso límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura media mundial podría superarse en la próxima década. Por eso somos la última generación que puede hacer frente al desafío para evitar los peores impactos del cambio climático, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad.

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado para bien: luchar contra el cambio climático no solo es una cuestión de supervivencia y justicia, es que además es lo más sensato desde el punto de vista económico.

Hasta ahora, la mayoría de estudios comparaban los costes energéticos en igualdad de condiciones: nueva instalación de renovables frente a nueva instalación de carbón, y en esa comparación ya hace años que el balance de costes y beneficios favorece a las renovables. La dificultad estaba en que instalar nuevas renovables para reemplazar el carbón existente  aún se consideraba más caro que dejar que las centrales funcionen hasta el final de su vida útil, ya que la mayoría de las inversiones de capital no se habían amortizado.

Reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil

Pero el avance de las renovables permite ahora vencer incluso al carbón ya instalado. El último estudio que avala esta tesis se ha publicado en Estados Unidos. En ese país, las energías renovables más desarrolladas (solar y eólica) ya están preparadas para cruzar el “Rubicón económico”, pues según dicho estudio reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil. Esta conclusión viene de una comparación de lo que cuesta producir una unidad de electricidad con cada tecnología a lo largo de su vida útil, en términos de economía convencional, es decir, sin ni siquiera contar los enormes costes ambientales del carbón.

El efecto potencial de abandonar el carbón en EEUU no es trivial. Recordemos que el sector estadounidense del carbón, a pesar de que se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años, aún emite (datos de 2016) tanto CO2 como el total de España, Turquía, Polonia, Reino Unido  y República Checa juntas.

Si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya

Obviamente, la situación política en EEUU no hace esperar que esta nueva lógica  económica se imponga a corto plazo, pero imaginemos lo que pasaría si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya. Y habría que preguntarse cuáles serían los datos aplicados al resto de combustibles fósiles, porque seguramente muy pronto estemos en esa misma situación.

Pero aunque los datos hablan por sí solos, los gobiernos siguen ignorándolos. El Gobierno español tiene que aumentar mucho la ambición: para 2030 deberíamos tener un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable y en 2025 las centrales de carbón y nucleares deberían estar todas cerradas.

Ante la emergencia climática actual, los partidos políticos tienen que poner la salud de las personas y el planeta por encima de los intereses económicos de las compañías eléctricas y las grandes empresas. Es lo que están pidiendo los millones de jóvenes que el pasado 15 de marzo salieron a las calles de todo el mundo reclamando acción climática urgente.

Este periodo electoral es un momento clave para que los candidatos expliquen sus propuestas concretas y ambiciosas en la lucha contra el cambio climático. ¿A qué esperan? ¿Estarán a la altura del reto que enfrentamos?

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

Cerca del 90% de electricidad renovable en 2030. Es posible y deseable

Todos (políticos, eléctricas, opinión pública) tenemos claro que no se construirá ninguna nueva central convencional (ni nuclear, ni de carbón, ni de gas) en nuestro país en el futuro. Ni siquiera cuando se vayan cerrando paulatinamente las que están operativas en la actualidad, bien porque lleguen a término sus autorizaciones o, como hubiera dicho Clinton: “es la economía, estúpido”. Las nuevas instalaciones renovables producen ya electricidad a menor coste que las nucleares, las térmicas de carbón o los ciclos combinados de gas y es por tanto dudoso que, en gran medida, merezca la pena seguirlas operando cuando pueden progresivamente sustituirse.

Además, las urgencias para la descarbonización deberían conducir a una planificación de instalaciones de generación renovable con los objetivos más ambiciosos posibles para el horizonte de 2030, en donde acercarse al 90% de electricidad renovable es técnica y económicamente posible.

Para ello, tendría que establecerse una senda racional de subastas específicas por tecnologías en la que, a corto plazo, mientras que todavía sigan operativas las centrales convencionales, deberían tener un mayor peso específico las tecnologías no gestionables pero muy baratas, como la fotovoltaica y la eólica. Pero, en paralelo, habría que ir realizando una progresiva transición para que, a partir de 2025, fueran las tecnologías gestionables, como la termosolar con almacenamiento y la biomasa, las adquirieran mayor peso.

La transición hacia una generación eléctrica renovable choca claramente con los intereses de los sectores convencionales que pretenden mantener en el tiempo el mayor respaldo fósil posible. Utilizan argumentos como que “el gas no es tan malo como el carbón” o defienden prolongar sine die la vida de las centrales nucleares por no generar CO2. Sin embargo, eluden mencionar que cada día de funcionamiento se generan nuevos residuos radioactivos cuya gestión no está resuelta todavía, aunque lo que sí es seguro es que su desmantelamiento va a costar mucho más de lo que hemos pagado en el recibo de la luz hasta ahora, poniendo en duda el precio real de la energía nuclear que se nos había vendido como la más barata.

Acelerar la sustitución de la generación convencional por renovable es no solo posible sino deseable, tanto en términos de coste de producción para los consumidores como del impacto que tendría en la economía del país.

Es cierto que los parques eólicos solo generan cuando hay viento y que las instalaciones fotovoltaicas dejan de producir a la puesta de sol, pero también es cierto que hay una gran complementariedad geográfica, estacional y horaria entre las energías hidráulicas, eólicas y solares. Por ello, una apuesta decidida por la instalación de centrales renovables junto con una gestión proactiva de la demanda, operación de los bombeos con el criterio prioritario de reducir el respaldo fósil, contratos de interrumpibilidad como herramienta adicional para dicho objetivo y el uso de las interconexiones, permitirían llevar el respaldo con gas a niveles inferiores al 5% anual en 2030.

Una apuesta decidida por la instalación de centrales renovables junto con una gestión proactiva de la demanda, operación de los bombeos con el criterio prioritario de reducir el respaldo fósil, contratos de interrumpibilidad como herramienta adicional para dicho objetivo y el uso de las interconexiones, permitirían llevar el respaldo con gas a niveles inferiores al 5% anual en 2030

Excepto en Galicia y la cornisa cantábrica, tenemos en España unas 2.500 horas de sol al año que llegan a 3.000 en el sur. La energía solar puede jugar, por tanto, un papel central durante los días soleados, que representan 3/4 partes del año. La eólica y la hidráulica tendrán mayor aportación precisamente en las épocas en las que no hay sol mientras que la biomasa puede jugar un papel de comodín muy flexible durante cualquier época y hora.

Los contrarios a las energías renovables critican su variabilidad, así como la no disponibilidad de almacenamiento. FALSO. Las centrales termosolares disponen del sistema de almacenamiento más barato y fiable, los tanques de sales fundidas, en los que puede recogerse la energía solar captada durante el día para generar a partir de la tarde con una pérdida de menos de 1 grado. De esta forma, una gran parte de la electricidad podría producirse durante el día por centrales fotovoltaicas o por paneles en los tejados de viviendas o naves comerciales e industriales, mientras que, a partir de la puesta de sol, serían las centrales termosolares las que generarían la electricidad a precios hoy en día ya comparables a nuevas centrales de ciclos combinados. Con el transcurso de los años, los costes de las centrales termosolares continuarán bajando mientras que los del gas y de las emisiones no pararán de subir. Un mix que contara con 30 GW de fotovoltaica y 20 GW de termosolar en 2030 cubriría un 40 % de la generación eléctrica en nuestro país.

Las centrales termosolares podrían ser una importante pieza de la transición justa. Contribuyen muy eficazmente a la generación de riqueza en el país, ya que más de un 80% de la inversión es de contenido nacional, con niveles de más de 500 personas diarias en el emplazamiento durante el año y medio de construcción de cada central y unos 50 empleos fijos para su operación, es decir, cada central sería una mediana empresa de continuidad garantizada 40 años, además de otro significativo número de empleos indirectos.

20 GW de nuevas centrales termosolares a lo largo de la próxima década generarían cerca de 100.000 empleos al año durante los 10 años que duraría dicho despliegue y 25.000 empleos estables de por vida una vez construidas las centrales. Aunque una buena parte de la actividad tendría lugar lógicamente en las regiones del sur de España, contribuyendo eficazmente a su convergencia económica, buena parte de la fabricación de componentes y de servicios de montajes especializados tendrían su origen en las CC AA del centro y norte del país, con Asturias y el País Vasco como regiones destacadas.

España, además de ser líder mundial en esa tecnología, tiene las mejores condiciones de cualquier otro país europeo para su instalación. Dichos países tendrán que buscar soluciones mucho más costosas y parcialmente contaminantes para asegurar el suministro y la estabilidad de la red. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad histórica?

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Ocho pruebas de que la transición energética mundial va más rápido de lo que piensas

Las noticias sobre cómo avanza el cambio climático, la contaminación o la degradación ambiental son tan continuas como demoledoras. Constantemente nos aplastan con informaciones que muestran las consecuencias de la desastrosa gestión del entorno que nos rodea. Son tantas evidencias, que podemos caer fácilmente en el desánimo y creer que esto ya no tiene arreglo.

Pero no es así. Las soluciones están en marcha, y avanzan cada vez más rápido, aunque difícilmente captan la atención de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tan solo mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos. Hay tantos casos que no es fácil seleccionar, pero sin duda estos ocho ejemplos, de todas las partes del mundo, están entre los más llamativos.

En África, el presidente de Kenia se ha comprometido a completar la transición del país a 100% renovable para 2020. Kenia es uno de los líderes mundiales en energía geotérmica y está invirtiendo en todas las demás renovables.

En Oriente Medio, Arabia Saudita ha firmado con Softbank la financiación del mayor paquete de proyectos solares del mundo: 200 GW, de los que los primeros 7,2 GW van a comenzar a funcionar este año y el resto se irán poniendo en marcha hasta 2030. Israel, por su parte, estará libre de carbón y de motores de combustión interna para 2030.

En Oceanía, los hogares y negocios australianos están instalando energía solar en sus tejados batiendo récords: se instalan 6 paneles solares cada minuto, más de dos millones de hogares ya disponen de energía solar, y en los estados de Queensland, Australia del Sur y Australia Occidental la penetración ya supera el 30%. Mientras, el gobierno de su vecino Nueva Zelanda anunció que no dará más permisos para exploración de petróleo o gas en sus aguas territoriales.

En Asia, las renovables crearon 47.000 nuevos empleos en la India en 2017, alcanzando los 432.000 puestos de trabajo. Vietnam ha anunciado planes para más que triplicar la electricidad que produce con renovables y aumentar en un 26% el uso de energía solar en los hogares para 2030. Las compañías japonesas Fujitsu y Marui Group se han comprometido a suministrarse con energía 100% renovable. Sumitomo Mitsui Trust Bank se ha convertido en el primer banco japonés que restringe la financiación de proyectos de carbón, tanto dentro como fuera de su país.

Mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos

En América, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se ha comprometido a prohibir los combustibles fósiles y a ser el primer país del mundo en descarbonizarse completamente. El año pasado, Costa Rica ha estado 300 días (201 seguidos) usando solo energía renovable para su suministro eléctrico, batiendo su propio récord del año anterior. En EEUU, a pesar de Trump, California ha establecido por ley que el 100% de su electricidad sea renovable para 2045. Y además, el gobernador del estado, Jerry Brown, ha firmado una orden ejecutiva para que California alcance la neutralidad de carbono ese mismo año.

En Europa, el dinero huye del carbón. La mayor compañía de seguros de Europa, Allianz, se ha comprometido a dejar de asegurar empresas vinculadas al carbón. La tercera aseguradora del mundo, Generali, deja de asegurar nuevas térmicas de carbón y minas. La segunda mayor compañía de reaseguros del mundo, Swiss Re, ha dejado de asegurar centrales térmicas, minas y empresas expuestas al carbón en más del 30%. El mayor banco de Alemania, Deutsche Bank, dejará de financiar proyectos de carbón, lo mismo que el mayor banco de Dinamarca, Danske Bank, que ha decidido dejar de invertir también en las contaminantes arenas bituminosas. Y no solo el sector financiero privado: Irlanda se ha convertido en el primer país en desinvertir completamente en combustibles fósiles.

Todas las instalaciones de Apple (fábricas, tiendas y centros de datos) se suministran con energía 100% renovable. Facebook se ha comprometido a ser 100% renovable para 2020. Sony se ha comprometido a cubrir todas sus necesidades energéticas con renovables para 2040 (partiendo de solo un 7%) Samsung se ha comprometido a suministrar con energía 100% renovable todas sus operaciones en Europa, EEUU y China para 2020. Y su compromiso lo han seguido otras 11 grandes corporaciones coreanas.

Y también aquí en España hemos visto cómo se ha acordado el fin de la minería del carbón, las compañías eléctricas planean cerrar 9 de las 15 térmicas de carbón del país, y hemos logrado fulminar por ley el infame “impuesto al sol”. En ese contexto, las energías renovables vuelven a renacer, con multitud de proyectos, y la cuota de electricidad renovable ha subido al 40% (en 2017 fue del 33%).

Así que no hay que cambiar de planeta ni esperar un milagro, lo que hay que hacer es acelerar la transición energética y ecológica, que ya está en marcha, para que llegue a ser más rápida que el cambio climático y la destrucción ambiental. Con los datos en la mano, hay razones para la esperanza.

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Ácido clorhídrico e hipoclorito de sodio

Durante las últimas 5, casi 6 semanas hemos podido comentar el nuevo Real Decreto – Ley 15/2018 (RDL15) en múltiples ocasiones, el 9 de octubre durante la “Jornada técnica de UNEF sobre PPA’s”, el mismo día durante la clausura de la “Presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, en la misma semana, el jueves 11 de octubre en la “Jornada sobre autoconsumo en el sector residencial” del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña & Solartys, todas estas en Barcelona, y unas semanas después durante el “Congreso Renovable 2018” de APPA en Madrid, y la última vez durante el “V Foro Solar” de UNEF, también en Madrid.

Seguramente que se ha comentado en más sitios, y no me gustaría  olvidarme de nadie, sólo he mencionado los eventos donde me invitaron como ponente para ventilar mi opinión. En las dos primeras jornadas ya puse sobre la mesa un tema importante sobre los derechos de acceso y conexión, que es la subida de los avales del 10 a 40 euros por MW solicitado. En las siguientes jornadas, sobre todo durante el Congreso de APPA y el Foro de UNEF lo he podido profundizar, tanto durante los debates oficiales, como durante las conversaciones al margen de ello.

reto energético

El título de este artículo recoge la metáfora que utilicé durante varios de estos debates, multiplicar el aval por 4 es como utilizar ácido clorhídrico en vez de hipoclorito de sodio. Popularmente se llaman salfumant o agua fuerte y lejía. Son dos desinfectantes, el primero mucho más fuerte que el segundo. Ambos peligrosos para la salud pública. Muchas veces se pueden utilizar detergentes mucho menos agresivos para conseguir el mismo resultado. La cuestión es limpiar con detalle donde es importante.

Lo de multiplicar por 4 los avales ha sido idea nuestra, del sector, y creo que nos hemos equivocado de detergente. Le puede pasar a todo el mundo. La intención es  eliminar la especulación del sector, porque es un agente infectante. Actúa de dos formas, en primer lugar hay agentes que piden puntos de conexión y acceso únicamente para venderlo, generalmente son agentes ajenos al sector, y luego hay agentes del sector que actúan como marmotas, se llenan la boca con mucho más de lo que son capaces de tragar. Los primeros especulan que podrán ganar un extra con algo que tienen que hacer otros, y los segundos especulan que serán capaces de hacer algo en el futuro, que otros ya son capaces de hacer ahora.

Es importante destacar que la medida se incluyó por escuchar  los comentarios recogidos durante el proceso de consulta pública del borrador para el Real Decreto de acceso y conexión, que se estaba tramitando paralelamente al RDL 15, y que se trata de buscar una solución técnica para conseguir una finalidad sobre la cual no hay debate.

El problema con el remedio de los avales multiplicados es que afecta de forma indiscriminada a todos. Un aval tiene un coste y, de esta forma, de una manera lineal, estaríamos incrementando el coste total de los 50 ó 70 mil megavatios en potencia renovable que tenemos que instalar en la próxima década, y aún muchos más si miramos el objetivo de tener nuestra electricidad 100% renovable en el año 2050. Por esta razón creo que debemos esforzarnos un poco como sector, y hacer sugerencias más sofisticadas para limpiar la especulación, y evitarla en el futuro.

Lo que se podría proponer es un sistema matizado, que además garantizaría los principios del acceso libre y sin obstáculos administrativos, económicos o financieros a un mercado en régimen de libre competencia, como lo prescriben las directivas Europeas vigentes, y las futuras, del paquete de invierno.

En primer lugar, avanzaría el test de idoneidad que actualmente ya existe para el responsable de obtener la autorización administrativa para la instalación de producción de electricidad por la que se pide el acceso y punto de conexión. No es coherente poder pedir este punto si de entrada no sabes hacer otra cosa con ello que venderlo. Sería suficiente una declaración responsable, con posibilidad para la administración pública de revisar de oficio, pedir documentación y subsanación. La Ley del Sector Eléctrico conoce un régimen sancionador que se podría aplicar en caso de declaraciones falsas o fraudulentas. Un aval más elevado no rehúye este tipo de especulador, lo hace la verificación de capacidad técnica, económica y financiera. De este modo estamos poniendo condiciones iguales para todos al acceder a este mercado, a la vez agilizando este acceso. Podría incluso hacerse un registro de agentes habilitados, para simplificarlo aún más, de este modo sería suficiente hacer referencia al registro para cada petición, sin perjuicio de que debe ser posible la declaración responsable sin estar dado de alta todavía en este registro, y sin perjuicio de que la primera declaración responsable debería dar lugar a una inscripción de oficio en tal registro.

Con esta primera medida, los agentes podrían tener acceso al sistema para aportar su granito para conseguir los objetivos para evitar el cambio climático, sin que se vean bloqueados por grandes volúmenes de avales que tendrían que presentar, que podrían actuar como una barrera financiera.

En segundo lugar, en la actualidad ya hay plazos para ejecutar, y el nuevo RDL15 introduce algunos más. Es aquí donde veo oportuno introducir avales, y lo haría según incumplimientos de estos plazos, y según el motivo del incumplimiento. Si el motivo del incumplimiento es imputable a la Administración Pública se le debe prorrogar el plazo al interesado, sin más. Si el motivo es imputable al interesado, pero no es voluntario, debería ser un aval de 10 euros por MW, que podría ir incrementándose en función de la perduración del incumplimiento del plazo. Un ejemplo de un motivo que es imputable al interesado, pero que no es voluntario, es el retraso de un suministro de un proveedor que no cumple con su plazo de entrega. Si fuera el incumplimiento de un plazo por voluntad del interesado, es decir sin justificación objetiva ni subjetiva más allá de que nos hemos despistado con el plazo, sería por ejemplo esta misma entrega que no se habría pedido a tiempo. Para esta última categoría impondría un aval empezando con 40 euros el MW, también aumentando según perduración.

Con esta segunda medida, nos habríamos asegurado la inclusión de un mecanismo de aceleración de la transición energética, sin perder de vista las garantías necesarias para los agentes que tienen que realizarla operacionalmente.

Estas ideas se han ido macerando como fruto de muchas conversaciones con agentes muy variados del sector. Seguiré trabajando durante estas semanas para aportar concreción a estas ideas, y las iré compartiendo con todos estos agentes y personas. Espero que entre todos podamos enriquecer el debate público con estas ideas, e incluso quizá ayudar a mejorar un poquito nuestra regulación.

Piet Holtrop – Abogado

Compromiso y responsabilidad ante el nuevo reto energético

La celebración la semana pasada del II Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA puso de manifiesto el cambio de expectativas en el panorama energético en nuestro país.

Frente a la parálisis sufrida por el sector en los últimos años caracterizados por la improvisación e incertidumbre; el Congreso destacó por la ilusión y confianza del papel determinante que tiene que jugar este sector en el nuevo paradigma energético.

reto energético

 

Estamos ante un proceso clave, imparable e irreversible  de descarbonización de nuestra economía que en nuestro ordenamiento jurídico ya se ha iniciado con la aprobación del Real Decreto–ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, como paso previo a la publicación en los próximos meses de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima  que vendrán a otorgar  la seguridad y planificación tan necesarias para un desarrollo armónico del sector.

En este mismo foro el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anunciaba el objetivo de alcanzar unos 50.000MW de energías renovables al 2030, a razón de 5.000 MW/año, lo que permitiría duplicar nuestra penetración de renovables y pasar del actual 17,5% al 35%. Este ambicioso ritmo de desarrollo es  imprescindible si queremos abordar la reforma energética con la intensidad y alcance al que nos hemos comprometido.

Señalar que no hay precedentes en nuestro país en la implantación de un ritmo de potencia renovable como el anunciado, nuestro máximo histórico fue de 3.500MW en el año 2007; lo que da idea de la complejidad de los retos tanto estructurales como operativos a los que nos enfrentamos y que van más allá de  los espectaculares desarrollos que se han venido produciendo en los últimos años tanto en tecnología, como en almacenamiento o sistemas  comunicación.

Partiendo de la confianza de que dispondremos de los mimbres necesarios para que este desarrollo se realice de la manera más beneficiosa para nuestra economía, a modo de ejemplo señalar que se prevé dedicar el 25% del presupuesto de la UE al cambio climático, según anunció en el citado Congreso el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete; debería ser motivo de reflexión las implicaciones que tendrá el cambio de cultura de este nuevo modelo energético y especialmente en lo que se refiere a acercar la generación al consumidor.

Si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible

Sin abordar el análisis en toda su extensión, si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible; debemos evitar efectos avalancha para los que el mercado no esté preparado, evitar que las prisas por ejecutar instalaciones o la falta de profesionales cualificados sea motivo de que las mismas no funcionen correctamente.

Tenemos que ser conscientes que los consumidores especialmente, no disponen de los conocimientos básicos para evaluar si su instalación de generación se ha diseñado y ejecutado correctamente y que una mala praxi  puede llevar al traste el despegue de esta tecnología en nuestro país. De ser así, podría suponer un cambio irreversible para el desarrollo de esta tecnología, como ya sucedió en los años 80 con la energía solar térmica, que consecuencia del encarecimiento de los combustibles fósiles por la crisis del petróleo sufrida en esa época, supuso una avalancha de solicitud de instalaciones para las que no estábamos preparados y tanto por la deficiencia de los equipos como por la falta de cualificación de los propios instaladores supuso un lastre para la penetración dicha tecnología en nuestro país que ha llegado hasta nuestros días.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La próxima década será sin coches, o sin salud

La contaminación en nuestras ciudades no es una amenaza menor, es realmente muy peligrosa para nuestra salud y su principal responsable es el humo de los motores de nuestros coches. Los datos son escalofriantes: 400.000 muertes prematuras en Europa.

Necesitamos movernos, pero sin usar energías peligrosas. Tenemos multitud de alternativas que, sin duda, conseguirán mejorar nuestra salud, mediante el fomento de la movilidad compartida, la inversión en el transporte público y las infraestructuras al servicio de las personas y la electrificación de nuestros vehículos.

Además de nuestra salud, la de nuestro planeta en su conjunto también está en jaque y los coches tienen su cuota de responsabilidad. Una gran cuota.

En el Acuerdo Climático de París hay una línea importante que dice que hay que mantener “el aumento de la temperatura media global por debajo de 2°C… Con esfuerzo por limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales”. Este renglón implica un gran desafío, pero no es baladí la diferencia entre el 1.5 y los 2°C. Significa que las olas de calor aumentarán de un mes a mes y medio si nos pasamos, la disminución de agua dulce pasará del 9% al 17%, los fenómenos meteorológicos extremos pasarán de aumentar un 5% a un 7%, la subida del nivel del mar no será de 40 cm sino de 50 cm, y así podría seguir enumerando el incremento de las catástrofes.

Ni qué decir tiene que un aumento de la temperatura media del planeta de 1,5ºC tiene consecuencias, pero de medio grado más lo agravará todo. Para no empeorarlo, debemos dejar de quemar petróleo en los motores de los coches y hacer la transición hacia vehículos sin emisiones. La pregunta es cuándo y, para responderla, me remito al estudio que los investigadores del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) acaban de publicar.

Estos científicos comenzaron por trazar lo que creen que pasará naturalmente en la industria del automóvil, sin nuevas leyes que obliguen a las empresas automovilísticas a cambiar, y concluyen que, en 2040, los motores de combustión puros dejarán de venderse. Luego, el equipo de investigación calculó el “presupuesto de carbono” para la industria del automóvil. Si no ha oído hablar de algo así antes, un presupuesto de carbono es una herramienta que usan los expertos del clima para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se puede emitir (y no sobrepasar) si queremos mantener el aumento de la temperatura bajo un cierto umbral.

Sin leyes que impulsen el cambio, la velocidad a la que se introducirán vehículos eléctricos en el mercado, no será suficiente para evitar que la industria se exceda en su “presupuesto de carbono”

Lo que descubrieron es que, sin leyes que impulsen el cambio, la velocidad a la que se introducirán vehículos eléctricos en el mercado, no será suficiente para evitar que la industria se exceda en su “presupuesto de carbono”. Si queremos tener una oportunidad “decente” de alcanzar el objetivo de 1.5°C, la venta de vehículos nuevos, de altas emisiones, debe reducirse a cero hacia 2028. En resumen, tenemos alrededor de una década para prohibir completamente la venta de vehículos de gasolina y diésel.

Llegados a este punto, puede parecer que el reto que se le plantea a la industria del automóvil es mucho más difícil que el reto de evitar la muerte prematura de 400.000 personas en Europa, o incluso más difícil que salvar el clima de nuestro planeta, y con ello las condiciones de vida de los seres vivos que lo habitamos, abandonando así toda esperanza. Pero no es así.

Este desafío incumbe, además de a la industria de la automoción, a las compañías eléctricas, a las empresas de construcción, pasando por las grandes corporaciones alimentarias y agrícolas que controlan gran parte de los alimentos que compramos. Entre todas, constituyen la mayor parte de la economía mundial, y todas necesitan hacer su parte en la transición desde un mundo con mucho CO2 hasta uno bajo en carbono. Y aunque lograr que cada industria en el planeta cambie sus prácticas comerciales puede parecer un poco abrumador, en algunos sectores ya está sucediendo.

Tomemos como ejemplo el sector eléctrico. Miles de parques eólicos y paneles solares se están instalando en la última década. Tanto es así que la energía eólica, solar y la biomasa ahora suministran más del 20% de la electricidad generada en la UE, frente a menos del 10% en 2010. En España, a pesar de todos los pesares, es el 25%. Sin duda, necesitamos que sea más rápido, pero el camino se ha emprendido.

Lamentablemente, el transporte aún no está en el mismo camino. Es el único sector importante del mundo en el que las emisiones de gases de efecto invernadero todavía están incrementándose. Y, lo que es más grave, existe un aumento de las ventas de automóviles y una gran demanda de vehículos más grandes, como los todoterreno.

Dado que la industria del automóvil está conduciendo, literalmente, en la dirección prohibida para abordar el cambio climático, los gobiernos deben obligarlos a tomar el camino correcto

Dado que la industria del automóvil está conduciendo, literalmente, en la dirección prohibida para abordar el cambio climático, los gobiernos deben obligarlos a tomar el camino correcto. Como el Reino Unido y Francia, por ejemplo, cuyos gobiernos tienen planes para prohibir los vehículos de gasolina y diésel para 2040. El de España también está obligado a hacerlo. Con un 2018 alcanzando temperaturas por encima de lo habitual, ¿podemos realmente esperar hasta 2040 para arreglar esto? La respuesta es no, no podemos esperar a que la transición energética, y en concreto ésta, lleve la velocidad que la industria del automóvil marque y no la que la salud y el clima necesitan.

La buena noticia es que algunos países ya están en el camino. Noruega, con una combinación de incentivos fiscales y políticas gubernamentales, está impulsando el asombroso crecimiento del automóvil eléctrico. Tanto es así, que ha establecido 2025 como la meta para que todos los coches nuevos tengan cero emisiones. Esto significa tres años antes de lo que los científicos del DLR han establecido, de manera que parece que ‘querer es poder’. Nuestros gobiernos podrían introducir planes para hacer que el transporte público sea más asequible, o más eficiente, y para que las personas lo utilicen más. O podrían invertir en sistemas de coches compartidos, reduciendo la cantidad de vehículos en la carretera.

Tales políticas crearían un mayor margen de maniobra, cuando se trata de eliminar progresivamente los vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles. Significa una caída inmediata de las emisiones, a medida que las personas realizan más viajes en transporte sostenible, lo que implica que el presupuesto de carbono podría agotarse en un lapso de tiempo mayor.

La buena salud va de la mano de la buena energía y no podemos pararnos, hay que avanzar y rápido.

Por Raquel Montón – Área de energía y cambio climático en Greenpeace