La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Entradas etiquetadas como ‘Renovables’

Ácido clorhídrico e hipoclorito de sodio

Durante las últimas 5, casi 6 semanas hemos podido comentar el nuevo Real Decreto – Ley 15/2018 (RDL15) en múltiples ocasiones, el 9 de octubre durante la “Jornada técnica de UNEF sobre PPA’s”, el mismo día durante la clausura de la “Presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, en la misma semana, el jueves 11 de octubre en la “Jornada sobre autoconsumo en el sector residencial” del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña & Solartys, todas estas en Barcelona, y unas semanas después durante el “Congreso Renovable 2018” de APPA en Madrid, y la última vez durante el “V Foro Solar” de UNEF, también en Madrid.

Seguramente que se ha comentado en más sitios, y no me gustaría  olvidarme de nadie, sólo he mencionado los eventos donde me invitaron como ponente para ventilar mi opinión. En las dos primeras jornadas ya puse sobre la mesa un tema importante sobre los derechos de acceso y conexión, que es la subida de los avales del 10 a 40 euros por MW solicitado. En las siguientes jornadas, sobre todo durante el Congreso de APPA y el Foro de UNEF lo he podido profundizar, tanto durante los debates oficiales, como durante las conversaciones al margen de ello.

reto energético

El título de este artículo recoge la metáfora que utilicé durante varios de estos debates, multiplicar el aval por 4 es como utilizar ácido clorhídrico en vez de hipoclorito de sodio. Popularmente se llaman salfumant o agua fuerte y lejía. Son dos desinfectantes, el primero mucho más fuerte que el segundo. Ambos peligrosos para la salud pública. Muchas veces se pueden utilizar detergentes mucho menos agresivos para conseguir el mismo resultado. La cuestión es limpiar con detalle donde es importante.

Lo de multiplicar por 4 los avales ha sido idea nuestra, del sector, y creo que nos hemos equivocado de detergente. Le puede pasar a todo el mundo. La intención es  eliminar la especulación del sector, porque es un agente infectante. Actúa de dos formas, en primer lugar hay agentes que piden puntos de conexión y acceso únicamente para venderlo, generalmente son agentes ajenos al sector, y luego hay agentes del sector que actúan como marmotas, se llenan la boca con mucho más de lo que son capaces de tragar. Los primeros especulan que podrán ganar un extra con algo que tienen que hacer otros, y los segundos especulan que serán capaces de hacer algo en el futuro, que otros ya son capaces de hacer ahora.

Es importante destacar que la medida se incluyó por escuchar  los comentarios recogidos durante el proceso de consulta pública del borrador para el Real Decreto de acceso y conexión, que se estaba tramitando paralelamente al RDL 15, y que se trata de buscar una solución técnica para conseguir una finalidad sobre la cual no hay debate.

El problema con el remedio de los avales multiplicados es que afecta de forma indiscriminada a todos. Un aval tiene un coste y, de esta forma, de una manera lineal, estaríamos incrementando el coste total de los 50 ó 70 mil megavatios en potencia renovable que tenemos que instalar en la próxima década, y aún muchos más si miramos el objetivo de tener nuestra electricidad 100% renovable en el año 2050. Por esta razón creo que debemos esforzarnos un poco como sector, y hacer sugerencias más sofisticadas para limpiar la especulación, y evitarla en el futuro.

Lo que se podría proponer es un sistema matizado, que además garantizaría los principios del acceso libre y sin obstáculos administrativos, económicos o financieros a un mercado en régimen de libre competencia, como lo prescriben las directivas Europeas vigentes, y las futuras, del paquete de invierno.

En primer lugar, avanzaría el test de idoneidad que actualmente ya existe para el responsable de obtener la autorización administrativa para la instalación de producción de electricidad por la que se pide el acceso y punto de conexión. No es coherente poder pedir este punto si de entrada no sabes hacer otra cosa con ello que venderlo. Sería suficiente una declaración responsable, con posibilidad para la administración pública de revisar de oficio, pedir documentación y subsanación. La Ley del Sector Eléctrico conoce un régimen sancionador que se podría aplicar en caso de declaraciones falsas o fraudulentas. Un aval más elevado no rehúye este tipo de especulador, lo hace la verificación de capacidad técnica, económica y financiera. De este modo estamos poniendo condiciones iguales para todos al acceder a este mercado, a la vez agilizando este acceso. Podría incluso hacerse un registro de agentes habilitados, para simplificarlo aún más, de este modo sería suficiente hacer referencia al registro para cada petición, sin perjuicio de que debe ser posible la declaración responsable sin estar dado de alta todavía en este registro, y sin perjuicio de que la primera declaración responsable debería dar lugar a una inscripción de oficio en tal registro.

Con esta primera medida, los agentes podrían tener acceso al sistema para aportar su granito para conseguir los objetivos para evitar el cambio climático, sin que se vean bloqueados por grandes volúmenes de avales que tendrían que presentar, que podrían actuar como una barrera financiera.

En segundo lugar, en la actualidad ya hay plazos para ejecutar, y el nuevo RDL15 introduce algunos más. Es aquí donde veo oportuno introducir avales, y lo haría según incumplimientos de estos plazos, y según el motivo del incumplimiento. Si el motivo del incumplimiento es imputable a la Administración Pública se le debe prorrogar el plazo al interesado, sin más. Si el motivo es imputable al interesado, pero no es voluntario, debería ser un aval de 10 euros por MW, que podría ir incrementándose en función de la perduración del incumplimiento del plazo. Un ejemplo de un motivo que es imputable al interesado, pero que no es voluntario, es el retraso de un suministro de un proveedor que no cumple con su plazo de entrega. Si fuera el incumplimiento de un plazo por voluntad del interesado, es decir sin justificación objetiva ni subjetiva más allá de que nos hemos despistado con el plazo, sería por ejemplo esta misma entrega que no se habría pedido a tiempo. Para esta última categoría impondría un aval empezando con 40 euros el MW, también aumentando según perduración.

Con esta segunda medida, nos habríamos asegurado la inclusión de un mecanismo de aceleración de la transición energética, sin perder de vista las garantías necesarias para los agentes que tienen que realizarla operacionalmente.

Estas ideas se han ido macerando como fruto de muchas conversaciones con agentes muy variados del sector. Seguiré trabajando durante estas semanas para aportar concreción a estas ideas, y las iré compartiendo con todos estos agentes y personas. Espero que entre todos podamos enriquecer el debate público con estas ideas, e incluso quizá ayudar a mejorar un poquito nuestra regulación.

Piet Holtrop – Abogado

Compromiso y responsabilidad ante el nuevo reto energético

La celebración la semana pasada del II Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA puso de manifiesto el cambio de expectativas en el panorama energético en nuestro país.

Frente a la parálisis sufrida por el sector en los últimos años caracterizados por la improvisación e incertidumbre; el Congreso destacó por la ilusión y confianza del papel determinante que tiene que jugar este sector en el nuevo paradigma energético.

reto energético

 

Estamos ante un proceso clave, imparable e irreversible  de descarbonización de nuestra economía que en nuestro ordenamiento jurídico ya se ha iniciado con la aprobación del Real Decreto–ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, como paso previo a la publicación en los próximos meses de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima  que vendrán a otorgar  la seguridad y planificación tan necesarias para un desarrollo armónico del sector.

En este mismo foro el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anunciaba el objetivo de alcanzar unos 50.000MW de energías renovables al 2030, a razón de 5.000 MW/año, lo que permitiría duplicar nuestra penetración de renovables y pasar del actual 17,5% al 35%. Este ambicioso ritmo de desarrollo es  imprescindible si queremos abordar la reforma energética con la intensidad y alcance al que nos hemos comprometido.

Señalar que no hay precedentes en nuestro país en la implantación de un ritmo de potencia renovable como el anunciado, nuestro máximo histórico fue de 3.500MW en el año 2007; lo que da idea de la complejidad de los retos tanto estructurales como operativos a los que nos enfrentamos y que van más allá de  los espectaculares desarrollos que se han venido produciendo en los últimos años tanto en tecnología, como en almacenamiento o sistemas  comunicación.

Partiendo de la confianza de que dispondremos de los mimbres necesarios para que este desarrollo se realice de la manera más beneficiosa para nuestra economía, a modo de ejemplo señalar que se prevé dedicar el 25% del presupuesto de la UE al cambio climático, según anunció en el citado Congreso el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete; debería ser motivo de reflexión las implicaciones que tendrá el cambio de cultura de este nuevo modelo energético y especialmente en lo que se refiere a acercar la generación al consumidor.

Si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible

Sin abordar el análisis en toda su extensión, si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible; debemos evitar efectos avalancha para los que el mercado no esté preparado, evitar que las prisas por ejecutar instalaciones o la falta de profesionales cualificados sea motivo de que las mismas no funcionen correctamente.

Tenemos que ser conscientes que los consumidores especialmente, no disponen de los conocimientos básicos para evaluar si su instalación de generación se ha diseñado y ejecutado correctamente y que una mala praxi  puede llevar al traste el despegue de esta tecnología en nuestro país. De ser así, podría suponer un cambio irreversible para el desarrollo de esta tecnología, como ya sucedió en los años 80 con la energía solar térmica, que consecuencia del encarecimiento de los combustibles fósiles por la crisis del petróleo sufrida en esa época, supuso una avalancha de solicitud de instalaciones para las que no estábamos preparados y tanto por la deficiencia de los equipos como por la falta de cualificación de los propios instaladores supuso un lastre para la penetración dicha tecnología en nuestro país que ha llegado hasta nuestros días.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La próxima década será sin coches, o sin salud

La contaminación en nuestras ciudades no es una amenaza menor, es realmente muy peligrosa para nuestra salud y su principal responsable es el humo de los motores de nuestros coches. Los datos son escalofriantes: 400.000 muertes prematuras en Europa.

Necesitamos movernos, pero sin usar energías peligrosas. Tenemos multitud de alternativas que, sin duda, conseguirán mejorar nuestra salud, mediante el fomento de la movilidad compartida, la inversión en el transporte público y las infraestructuras al servicio de las personas y la electrificación de nuestros vehículos.

Además de nuestra salud, la de nuestro planeta en su conjunto también está en jaque y los coches tienen su cuota de responsabilidad. Una gran cuota.

En el Acuerdo Climático de París hay una línea importante que dice que hay que mantener “el aumento de la temperatura media global por debajo de 2°C… Con esfuerzo por limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales”. Este renglón implica un gran desafío, pero no es baladí la diferencia entre el 1.5 y los 2°C. Significa que las olas de calor aumentarán de un mes a mes y medio si nos pasamos, la disminución de agua dulce pasará del 9% al 17%, los fenómenos meteorológicos extremos pasarán de aumentar un 5% a un 7%, la subida del nivel del mar no será de 40 cm sino de 50 cm, y así podría seguir enumerando el incremento de las catástrofes.

Ni qué decir tiene que un aumento de la temperatura media del planeta de 1,5ºC tiene consecuencias, pero de medio grado más lo agravará todo. Para no empeorarlo, debemos dejar de quemar petróleo en los motores de los coches y hacer la transición hacia vehículos sin emisiones. La pregunta es cuándo y, para responderla, me remito al estudio que los investigadores del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) acaban de publicar.

Estos científicos comenzaron por trazar lo que creen que pasará naturalmente en la industria del automóvil, sin nuevas leyes que obliguen a las empresas automovilísticas a cambiar, y concluyen que, en 2040, los motores de combustión puros dejarán de venderse. Luego, el equipo de investigación calculó el “presupuesto de carbono” para la industria del automóvil. Si no ha oído hablar de algo así antes, un presupuesto de carbono es una herramienta que usan los expertos del clima para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se puede emitir (y no sobrepasar) si queremos mantener el aumento de la temperatura bajo un cierto umbral.

Sin leyes que impulsen el cambio, la velocidad a la que se introducirán vehículos eléctricos en el mercado, no será suficiente para evitar que la industria se exceda en su “presupuesto de carbono”

Lo que descubrieron es que, sin leyes que impulsen el cambio, la velocidad a la que se introducirán vehículos eléctricos en el mercado, no será suficiente para evitar que la industria se exceda en su “presupuesto de carbono”. Si queremos tener una oportunidad “decente” de alcanzar el objetivo de 1.5°C, la venta de vehículos nuevos, de altas emisiones, debe reducirse a cero hacia 2028. En resumen, tenemos alrededor de una década para prohibir completamente la venta de vehículos de gasolina y diésel.

Llegados a este punto, puede parecer que el reto que se le plantea a la industria del automóvil es mucho más difícil que el reto de evitar la muerte prematura de 400.000 personas en Europa, o incluso más difícil que salvar el clima de nuestro planeta, y con ello las condiciones de vida de los seres vivos que lo habitamos, abandonando así toda esperanza. Pero no es así.

Este desafío incumbe, además de a la industria de la automoción, a las compañías eléctricas, a las empresas de construcción, pasando por las grandes corporaciones alimentarias y agrícolas que controlan gran parte de los alimentos que compramos. Entre todas, constituyen la mayor parte de la economía mundial, y todas necesitan hacer su parte en la transición desde un mundo con mucho CO2 hasta uno bajo en carbono. Y aunque lograr que cada industria en el planeta cambie sus prácticas comerciales puede parecer un poco abrumador, en algunos sectores ya está sucediendo.

Tomemos como ejemplo el sector eléctrico. Miles de parques eólicos y paneles solares se están instalando en la última década. Tanto es así que la energía eólica, solar y la biomasa ahora suministran más del 20% de la electricidad generada en la UE, frente a menos del 10% en 2010. En España, a pesar de todos los pesares, es el 25%. Sin duda, necesitamos que sea más rápido, pero el camino se ha emprendido.

Lamentablemente, el transporte aún no está en el mismo camino. Es el único sector importante del mundo en el que las emisiones de gases de efecto invernadero todavía están incrementándose. Y, lo que es más grave, existe un aumento de las ventas de automóviles y una gran demanda de vehículos más grandes, como los todoterreno.

Dado que la industria del automóvil está conduciendo, literalmente, en la dirección prohibida para abordar el cambio climático, los gobiernos deben obligarlos a tomar el camino correcto

Dado que la industria del automóvil está conduciendo, literalmente, en la dirección prohibida para abordar el cambio climático, los gobiernos deben obligarlos a tomar el camino correcto. Como el Reino Unido y Francia, por ejemplo, cuyos gobiernos tienen planes para prohibir los vehículos de gasolina y diésel para 2040. El de España también está obligado a hacerlo. Con un 2018 alcanzando temperaturas por encima de lo habitual, ¿podemos realmente esperar hasta 2040 para arreglar esto? La respuesta es no, no podemos esperar a que la transición energética, y en concreto ésta, lleve la velocidad que la industria del automóvil marque y no la que la salud y el clima necesitan.

La buena noticia es que algunos países ya están en el camino. Noruega, con una combinación de incentivos fiscales y políticas gubernamentales, está impulsando el asombroso crecimiento del automóvil eléctrico. Tanto es así, que ha establecido 2025 como la meta para que todos los coches nuevos tengan cero emisiones. Esto significa tres años antes de lo que los científicos del DLR han establecido, de manera que parece que ‘querer es poder’. Nuestros gobiernos podrían introducir planes para hacer que el transporte público sea más asequible, o más eficiente, y para que las personas lo utilicen más. O podrían invertir en sistemas de coches compartidos, reduciendo la cantidad de vehículos en la carretera.

Tales políticas crearían un mayor margen de maniobra, cuando se trata de eliminar progresivamente los vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles. Significa una caída inmediata de las emisiones, a medida que las personas realizan más viajes en transporte sostenible, lo que implica que el presupuesto de carbono podría agotarse en un lapso de tiempo mayor.

La buena salud va de la mano de la buena energía y no podemos pararnos, hay que avanzar y rápido.

Por Raquel Montón – Área de energía y cambio climático en Greenpeace

El “gustazo” de pasarse a alternativas verdes y de precio fijo para el recibo de la luz

De vez en cuando se disparan las alarmas y toda tertulia, magazine o telediario que se precie ocupa sus minutos con la factura de la luz. Suele ser debido a subidas del mayorista de electricidad como las que estamos viviendo estas últimas semanas que suponen que los usuarios en las tarifas reguladas de las grandes eléctricas (unos 11 millones de puntos de suministro) paguen en su recibo mensual varios euros más según su consumo.

Hace unos meses pagaba prácticamente lo mismo que en PVPC y con la situación actual del mercado mi última factura ha sido aproximadamente un 10% más barata que la del mercado regulado

En este caso todo parece indicar que los precios altos del mercado han venido para quedarse (una temporada al menos). Como prueba de ello la ministra Teresa Ribera anunció la semana pasada que suspendería de forma temporal el impuesto a la generación de electricidad que puede suponer una rebaja de entre 1,5 y 3 euros al mes. Digo puede suponer ya que la experiencia nos dice que las empresas son más eficaces trasladando a los usuarios finales las subidas de impuestos que las bajadas.

 

Desde hace un tiempo vivo estas crisis desde otra perspectiva dado que firmé un contrato con precio fijo por 12 meses con una comercializadora del mercado libre que lleva más de 10 años suministrando energía verde a hogares y empresas. Lo hice tras revisar lo que iba a pagar usando una herramienta de su web ¿El resultado?

  • Tengo el precio del kWh a 11,4 céntimos € garantizado durante un año con la tranquilidad que eso supone.
  • Hace unos meses pagaba prácticamente lo mismo que en PVPC y con la situación actual del mercado mi última factura ha sido aproximadamente un 10% más barata que la del mercado regulado para una potencia de 3,2 kW y 150 kWh de luz en 33 días.
  • Todo mi consumo está respaldado por energía de origen cien por cien renovable garantizada por la CNMC (cuántos más exijamos esta garantía de origen, más empujaremos porque nuestro mix camine hacia el 100% renovable).
  • Por último estoy fuera de las grandes eléctricas y siento que mi dinero ha ido a parar a mejores manos y sin pasar por puerta giratoria alguna.

Cualquier usuario, sea propietario o inquilino, puede salir de la tarifa regulada de las grandes; basta con tener la voluntad, escoger entre las ofertas del comparador de la CNMC (puedes discriminar las que son 100% renovable usando la columna “Verde”), coger el último recibo y realizar el trámite que en mi caso supuso menos de 5 minutos.

Estoy fuera de las grandes eléctricas y siento que mi dinero ha ido a parar a mejores manos y sin pasar por puerta giratoria alguna

Recomiendo encarecidamente* darse ese auto-homenaje, ese gustazo, ese decir adiós a Iberdrola, a Endesa (empresa de la pública italiana Enel) o Naturgy (las antiguas Gas ¿¿Natural?? y Unión Fenosa)  y negarles la visita a tu buzón de correo, postal o electrónico, una vez al mes. Además, dentro de unas semanas podrán ver tranquilamente su serie favorita mientras las tertulias hablan de las subidas de la luz. No se arrepentirán.

*Con la salvedad de aquellos usuarios que sean consumidores vulnerables o beneficiarios potenciales  del bono social en cuyo caso es necesario estar en la tarifa regulada PVPC.

Por Iván de Otto – consultor en SdeO Comunicación y socio de FR

El VAR y los arbitrajes sobre la energía

Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER

Llegado a ese momento del verano en el que en las calles se cruzan los que se lamentan de que sus vacaciones hayan terminado, con los que alegremente nos disponemos a descansar unos días, justo en ese instante en el que pasan desapercibidas la práctica totalidad de las noticias que no lleven muertes o sexo en su titular, nos hemos encontrado con una historia que, pese a tratar el tema energético, hubiese sido mejor entendida hace unas semanas durante el Mundial de Fútbol.

El partido que se viene desarrollando en los últimos años entre los fondos de inversión extranjeros y España, debido a los innumerables incumplimientos del reglamento por parte de nuestro país con los inversores en energías renovables, venía desarrollándose más o menos conforme a lo que los aficionados a la cosa eléctrica esperábamos: goleada por parte de los fondos extranjeros.

España (como el resto de la UE) diseñó un procedimiento de ayudas a los inversores en energías renovables desde el año 2004 en adelante, que un buen día decidió cambiar retroactivamente de forma sangrante sin contar con ninguno de los afectados

Para los que no estén muy enchufados en esta historia, básicamente se trata de que España (como el resto de la UE) diseñó un procedimiento de ayudas a los inversores en energías renovables desde el año 2004 en adelante, que un buen día decidió cambiar retroactivamente de forma sangrante sin contar con ninguno de los afectados. Y claro, eso no está muy bien.

Los inversores españoles acudieron a los Tribunales de aquí, que con un ánimo exacerbado por mantener un supuesto interés general que podría resultar dañado si los españolitos incautos que se metieron en el negocio renovable fueran resarcidos por tanto agravio regulatorio, decidieron que un codazo en la cara dentro del área no era penalti.

Sin embargo, las selecciones inversoras no españolas no se fiaron mucho de ese reglamento, y decidieron acudir al del CIADI, que más o menos viene a ser la FIFA de este tipo de cosas. Y allí, como no podía ser de otra manera, estaban pitando penaltis a tutiplén, en forma de condenas millonarias contra España por saltarse a la torera las leyes existentes.

Pues bien, hace tan solo unos días, la Comisión Europea (a los efectos que nos ocupan lo que vendría a ser la UEFA), ha salido a medio del campo con una televisión de 52 pulgadas anunciando que a partir de ahora hay que aplicar el Vídeoarbitraje, o sea, el VAR. Que eso del CIADI/FIFA no mola nada y que los tratados internacionales no son reglamentos válidos y que la única reglamentación que vale es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¡Si hay que dejar de ir al Mundial no pasa nada, en la Comisión tenemos importantes representantes que de copas saben bastante!

Tuvimos que entender que la seguridad jurídica era un concepto difuso en el que cabía que la Ley pudiese destrozar los derechos de la gente sin aparente justificación

En fin, si a todos nos causó sonrojo ver cuántas miserias salieron en el mundo del fútbol en los últimos tiempos, a los que nos dedicamos al derecho, más nos está sorprendiendo ver aquellas actitudes en el mundo de la energía. Primero, tuvimos que entender que la seguridad jurídica era un concepto difuso en el que cabía que la Ley pudiese destrozar los derechos de la gente sin aparente justificación. Ahora, nos encontramos con que los tratados internacionales no son Ley entre las partes y que la decisión soberana de un Estado de suscribir un acuerdo de este tipo también es volátil si vemos que nos perjudica más de la cuenta ¿Cuántas veces nos quejábamos en el pasado de conductas sospechosas con nuestras empresas en países “populistas bolivarianos”?

Pues eso, que lo de rearbitrar los conflictos de la energía con el VAR, sintonizando el canal que más nos convenga, no va a traer nada bueno, pues por mucho que reinterpretemos, todos sabemos que el codazo que en su día dio Tassotti a Luis Enrique fue un penalti y una expulsión como la Catedral de Burgos.

Fiscalidad ecológica 4.0, veinte años después

Por Jordi Ortega – Experto en Energía jordi ortega

Fiscalidad ecológica 1.0 a la ley de renovables

Hace veinte años tenía lugar un interesante debate sobre la fiscalidad ecológica. Los Verdes alemanes proponían en su programa electoral incrementar a 5 DM el litro de gasolina (aún no había euros, equivale a 2,56 euros). Realizarlo en 8 años. En aquella época el precio del barril de petróleo estaba a 12 dólares ¿Se hizo Los Verdes un “harakiri”? Su lema en la campaña electoral de 1998 era: “0,30 marcos anuales”. Tenía un error táctico: la “baja elasticidad” de la demanda. Era preciso un incremento inicial de 15%, de 0,50 DM; para, después, mantener crecimiento lineal del 5%. Buscaba mejorar la eficiencia energética, impulsar la innovación tecnológica, crear empleo y  reducir un 25% las emisiones de carbono.

En abril de 1999 se aprobaba la reforma fiscal ecológica a los pocos meses del formarse un gobierno de SPD y verdes en octubre de 1998. No era un impuesto ecológico “finalista”. Servía para reducir cotizaciones sociales. El crecimiento económico hasta la crisis energética se basaba en disponer de recursos energéticos abundantes y baratos, y distribuir rentas con impuestos sobre ingresos. Se gravaba a bienes y desgravaba a males. En el año 2000, a iniciativa del parlamento, ante la pasividad y resistencia del gobierno, se aprobaba una tasa finalista sobre el kWh: servía para retribuir la energía renovable con un precio regulado (FiT). En 1999 se aprueba “programa de 100.000 techos solares” (siguiendo el exitosos modelo en Japón, en Alemania hasta 2004 se instalan 400 MW).

Freno a la transición energética

Lo primero que cayó fue ese programa. Fue abolido en 2004 con la excusa de que los mercados de carbono actuarían de forma más eficiente. La tasa para retribuir a la renovable sobrevivió, quizá porque los resultados vendrían después. Se intensificó la presión para abolir la tasa finalista al kWh que el SPD mantuvo hasta que 2009. Cuando salieron del gobierno y entraron los liberales la eólica deja de ser retribuida a precio regulado, la industria dejó de pagar dicha tasa y se cubrió con la tasa la diferencia del precio de pool, no el precio de mercado. Los dos céntimos pasaron a ser 6 céntimos kWh.

En 2013 INSM lanzó la campaña: “650 euros por segundo de subvenciones”; reciclada en “520.000 millones de subvenciones a la transición energética hasta 2025” (incluida todos peajes que nada tenían que ver con las energías renovables). La reforma de 2013 y 2015 supuso sustituir precios regulados por precios competitivos de “subastas”. Se puso techos a las renovables, con subastas desiertas, y se apartó a los ciudadanos de una papel activo en la transformación del modelo energético. Hay muchos mercados que funcionan muy eficazmente con “precios regulados”. Desde el 2013 la tasa al kWh se mantuvo en 6 céntimos, pero frente los 24 GW instalados en 2010-2012, en 2013-2017 se instalaron, a pesar de menor coste, menos renovable que en 2004. La transición energética (Energie-Wende) se convierte en Final energético (Energie-Ende).

Fiscalidad ecológica 4.0.

Claudia Kemfert del Instituto Económico Alemán (DIW) reclamaba la necesidad de una fiscalidad ecológica 4.0. Equiparar los impuestos del diésel y gasolina, equiparar fiscalidad sobre electricidad y combustibles líquidos, pero también dar una “finalidad” a la fiscalidad ecológica. Los gobiernos regionales en Alemania han reformulado el “programa de 100.000 techos solares” de 1999 para, como señala Claudia Kemfert, pasar a edificios de consumo cero.

energiewende

Gravar con 2 céntimos el kWh no logra que la factura eléctrica aparezcan los 26,300 millones de euros que es el coste que se calcula tiene la generación con carbón en el cambio climático y la salud. La fiscalidad 4.0 no se basa en el dolor de un elevado coste del carbono. Las retribuciones garantizadas fomentan una competencia entre fabricantes solares atroz. Incluso limitando el potencial al dejar fuera a los menos eficientes acelerando caídas de precios. Es el mercado el que estimula la investigación, no los subsidios. La electrificación térmica de edificios pasa por programas de 100.000 bombas de calor (automáticamente lleva a casas bien aisladas térmicamente). Falta sistemas de almacenamiento: baterías y enchufes para coches eléctricos.

En la factura eléctrica no quedan reflejados los 26.300 millones de euros que la generación con carbón tiene sobre el clima, medio ambiente y la salud. La fiscalidad 1.0 busca cubrir con impuesto ese coste, la fiscalidad 4.0 busca prescindir de la generación energética fósil. La pregunta del sigo XX es cómo generamos electricidad cuando no hay sol, ¿con gas? La pregunta del siglo XXI es cómo usamos la energía renovable: por un lado aprovechamos su multifuncionalidad en bombas de calor, coche eléctrico, baterías, etc., y, por otro lado, optimizamos la energía acumulada. No podemos seguir pensando en cargar el coche eléctrico en horario nocturno con tarifas “más baratas”.

La falacia del precio del carbono

Los mercados de carbono solo han servido para una preferencia por el gas frente al carbón cuando el precio es muy elevado. El coste para el consumidor se calculó en Alemania en 7.000 millones de euros. Supuso que el coste marginal del carbón llevara beneficios extra a hidráulica y nuclear. La renovable al hundir precios convirtió la nuclear y carbón en tecnologías ruinosas. Una tasa que hasta 2009 no supero 2 céntimos kWh, en cambio, generó 400.000 empleos, masivas inversiones en renovables, modificó el mix energético, una competencia entre fabricante provocó una caída de precios. Esta es la finalidad que debe de tener la fiscalidad ecológica 4.0: arrastrar las tecnologías complementarias a las renovables en edificios a que se desarrollen para multiplicar la productividad de la fotovoltaica. Buscar sumar en cadena aceleradores.

La energía solar tiene la ventaja, respecto a otras tecnologías renovables, que no necesita dar el rodeo improductivo y antieconómico de ser vertida a redes centralizadas. En cambio no vemos más allá de los mercados de carbono y el precio del CO2. El grupo de expertos en transición energética formado en España para informar sobre posibles escenarios proponían una fiscalidad ecológica que queda por detrás de los planteamiento de los años 90. El único resultado es recaudatorio. Los “programas” son políticas industriales ecológicas que dejan atrás todas las políticas desarrolladas que hasta ahora.

Barreras mentales

Son necesarios “mercados directos” entre particulares. La idea de un mercado europeo de electricidad que regule las cantidades de producción y de una señala precios sirve cuando existen pocos generadores. Para innumerables generadores solo en el papel suena convincente. La misma convicción con la que afirmaba que los ordenadores portátiles suponían sobrecapacidad y era algo tremendamente antieconómico. Tenemos ejemplo de empresas que desaparecen por ser incapaces de cambiar el ADN de su modelo de negocio. Nokia se deshizo en los 90 de todo lo que le apartaba de la telefonía móvil, se centró en una sola cosa. Pero en 2007 fue incapaz de ver que la tendencia era el Smartphone: desapareció. La industria del automóvil piensa que el motor diésel tiene recorrido. Aunque logre un 60% de eficiencia nunca alcanzará la eficiencia del motor eléctrico. Igual que una cámara digital siempre será más eficiente que otra con carrete. Si la fiscalidad 1.0 se pelea contra la realidad fósil, la fiscalidad 4.0 crear ese otro modelo que deja el modelo fósil obsoleto.

El desafío es poner a ciudadanos “programas” para acelerar el cambio. Las actuales subvenciones crean cuellos de botella, se acaban a las horas de salir publicadas. La fiscalidad ecológica 4.0 crea ese flujo de recursos ¿Qué hacen las empresas energéticas convencionales para adaptarse? Buscarlas rentas monopólicas de distribución cómodas y seguras pidiendo al gobierno ampliar redes. El gobierno alemán modifica la directiva para que a partir de 2026 la nueva fotovoltaica en autoconsumo garantice esos cómodos beneficios de las inversiones en redes. La negligencia del gobierno federal alemán lo compensan ciudades y regiones. Necesitamos aquí ese enfoque “finalista” e ir, directamente, a la fiscalidad ecológica 4.0. Acelerar, con programas, las tecnologías que respondan a las preguntas del siglo XXI.

El final de una larga y oscura noche para las renovables en nuestro país

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Desde la toma de posesión del gobierno del PP a principios de esta década hasta la reciente moción de censura, las energías renovables han vivido una larga y terrible etapa que ha cercenado su desarrollo, desestabilizado las cuentas de empresas y familias, que habían realizado importantes inversiones confiadas en la seguridad jurídica de nuestro país, y limitado en gran medida la capacidad de proyección exterior de nuestras empresas, en un momento de expansión mundial de estas tecnologías.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Una de sus primeras medidas fue la moratoria renovable, mantenida hasta hace bien poco. Después vinieron recortes a la remuneración en cadena a todas las tecnologías, seguidos de una peculiar reforma. En 2013 se promulgó la ley del Sector Eléctrico, seguida en 2014 del Real Decreto que la desarrollaba y una Orden Ministerial que establecía unilateralmente las inversiones supuestamente realizadas en las instalaciones a las que se las iba a remunerar de acuerdo con una hipotética rentabilidad razonable, no confirmada en la realidad y que se  indexó arbitrariamente al nivel de la deuda española a largo plazo.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Con esta reforma, no solo se realizaron recortes adicionales en la mayor parte de las tecnologías, sino que se sumió al sector en una completa incertidumbre sobre su retribución, ya que la remuneración a las instalaciones realizadas y que tuvieron que financiarse a los tipos de hace casi 10 años, no iban a retribuirse de forma estable con esa supuesta rentabilidad razonable a las inversiones realizadas y financiadas entonces, sino que su retribución iba a depender en el futuro de la cotización del bono de deuda española.

nadal

El conjunto de los recortes practicados retroactivamente sobre las condiciones publicadas en su día en B.O.E y que motivaron las inversiones, incluida la reforma vigente en la actualidad, son percibidas como una enorme trampa en la que los inversores nacionales se encuentran en la más completa indefensión.

Evidentemente, de haberse tenido sospechas de los cambios regulatorios que iban a producirse, no se hubiera realizado ninguna de las inversiones. España se encontraría todavía más lejos de alcanzar su compromiso del 20% de energía renovable en 2020 y los costes generación hubieran sido mucho más elevados que los que hemos tenido, dada la deflación de costes que producen las energías renovables (mayores que las primas recibidas) y cuyo positivo impacto solo recientemente empezaba a ser reconocidas por el gobierno cuando, ante las subidas del recibo de la luz, argumentaban que era debido a que no había habido suficiente viento en nuestro país.

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía. Los laudos están reconociendo que son evidentes, imprevistos y desproporcionados los cambios en las reglas de juego producidos después de haber realizado las inversiones de acuerdo con las expectativas publicadas en un B.O.E. firmadas por el Rey de España. Sin embargo, los inversores nacionales no han encontrado ninguna sensibilidad en el Tribunal Supremo. Esperamos que puedan reconsiderar sus pasadas argumentaciones en futuras sentencias a la vista de las evidencias que los laudos internacionales están poniendo de manifiesto.

Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios

Las recientes subastas, diseñadas para tratar de acercarnos a los compromisos europeos en el horizonte 2020 con el mínimo coste, sin tener en cuenta mínimos criterios de planificación sobre el diseño del mix más adecuado para el futuro de nuestro país, fueron también un ejemplo de improvisación y malas prácticas. Su ejecución total en el plazo fijado parece asimismo bastante dudosa.

El último movimiento del pasado gobierno fue el anuncio de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático para la que nominaron un grupo de “expertos” cuyo informe, tras medio año de trabajo, resulta bastante sorprendente al llamar, en absoluta sintonía con el cesado ministro de energía, “transición energética” a mantener el carbón y las nucleares. Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios, con el argumento demagógico y amenazante de que si se clausuraban esas centrales subiría el precio de la luz, ocultando que, si se sustituían por instalaciones renovables, el coste de la electricidad no solo no subiría, sino que bajaría.

La moción de censura ha supuesto la luz al final del túnel de la persecución que el gobierno del PP ha hecho a las renovables en este país.

Con el antiguo gobierno teníamos en el horizonte otro drástico recorte a partir de 2020, mientras que tanto el partido que soporta al nuevo gobierno como el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PP, nos han demostrado fehacientemente su apoyo, o al menos su predisposición, a dejar establecida por ley la estabilidad retributiva para las instalaciones actuales.

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente respecto a la que hemos venido sufriendo en esta larga etapa pasada, que, además de perjudicar al sector, ha impedido aprovechar la transición energética como palanca para la mejora de la economía de nuestro país, la creación de empleo y la convergencia regional.

La transición energética debe realizarse de forma planificada, con un adecuado mix de generación teniendo en cuenta las características y complementariedad de las diferentes tecnologías renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica, termosolar y biomasa). Un mix basado, además de la hidráulica, exclusivamente en eólica y fotovoltaica tendría muchos vertidos y seguiría necesitando el respaldo de las tecnologías convencionales.

Incorporando una contribución significativa de centrales termosolares, para su funcionamiento complementario a la fotovoltaica a partir de la puesta de sol y de biomasa, se conseguiría, además de un mix más barato que con el respaldo del gas, avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de nuestro sistema eléctrico.

 

Energía y cambio climático: España no puede seguir siendo diferente

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Hay ahora mismo un debate abierto en la comunidad internacional sobre la necesidad de asumir compromisos mucho más ambiciosos que los adoptados hasta ahora, porque el cambio climático avanza cada vez más rápido y lo que tenemos decidido hacer sabemos que no es suficiente. Siete países se han aliado para pedir una revisión de los compromisos europeos, para hacerlos más ambiciosos y permitir alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (o sea, evitar un calentamiento global de más de 1,5 ºC). Esos 7 países son Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Finlandia, Portugal y Luxemburgo.

Escribíamos en este blog sobre el caso de Alemania, cuyo nuevo gobierno ha asumido el compromiso de adoptar un plan de abandono del carbón, en un país que ya decidió abandonar la energía nuclear. El ejemplo nos permitía concluir que acordar una política climática valiente es posible.

Y no es solo Alemania. Cada uno de esos países está dando pasos importantes en esa dirección. Por ejemplo, Holanda es de los países comprometidos a abandonar el carbón para 2030. Finlandia ha reafirmado ese mismo compromiso y lo ha adelantado a 2029. Pero claro, alguien pensará que todos son países ricos, que se pueden permitir hacer cosas que en la “pobre España” no son posibles.

Fijémonos entonces en Portugal. Este mes de marzo, nuestro vecino alcanzó un nuevo récord: por primera vez en este siglo, la producción de electricidad renovable en el territorio peninsular de Portugal ha sido superior a la electricidad consumida durante un mes completo. No quiere decir que en todo momento haya estado suministrándose con energía 100% renovable, en realidad la producción de electricidad renovable ha oscilado entre un 86% y un 143% del consumo, aunque los periodos de cobertura continua al 100% con renovables han llegado a las 70 horas seguidas. Este logro se ha basado en el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos que ya tenía y la energía eólica desarrollada en este siglo. Su gran potencial solar está casi todo aún por desarrollar.

Portugal no tiene ni ha tenido nunca energía nuclear, ni falta que le hace (aunque no está libre de los riesgos que las nucleares implican, las tiene muy cerca). Sus planes de futuro incluyen abandonar el carbón en 2030 y llegar a ser 100% renovable de forma permanente en 2040. Y claro, con esas políticas, está en el grupo de países que piden más compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Portugal no tiene ni ha tenido nunca energía nuclear, ni falta que le hace (aunque no está libre de los riesgos que las nucleares implican, las tiene muy cerca). Sus planes de futuro incluyen abandonar el carbón en 2030 y llegar a ser 100% renovable de forma permanente en 2040

Alguien dirá que todo eso es posible gracias a que está interconectado con España. Bueno, el beneficio de la interconexión es mutuo, la diferencia está en las políticas de uno y otro. Y si bien las interconexiones son una ayuda, no son el factor decisivo para adoptar una transición energética que permita prescindir de energía nuclear y carbón, como ha demostrado el “Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España” realizado por el IIT para Greenpeace.

Otros países de economía más similar a la española también tienen planes claros de transición energética:

  • Italia no tiene energía nuclear y tiene decidido abandonar el carbón en 2025.
  • Bélgica abandonó el carbón en 2016 y va a abandonar la nuclear en 2025.
  • Irlanda tampoco tiene energía nuclear y va a abandonar el carbón en 2025, prohibirá la venta de vehículos diesel y gasolina en 2030, y ya ha prohibido la exploración petrolífera.
  • El Reino Unido también tiene el compromiso de abandonar el carbón en 2025 y acaba de alcanzar 3 días seguidos sin quemar carbón.

Y no solo son los estados, también las ciudades se mueven en la transición energética. Este mapa muestra las más de 100 ciudades de distintos países del mundo que ya adquieren la mayor parte de su electricidad con fuentes renovables. Algo que las ciudades españolas pueden empezar a hacer tras la batalla legal ganada por el Ayuntamiento de Madrid a las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural.

¿Y qué hace el gobierno de España? España fue un país líder en energías renovables, pero cuando el crecimiento de estas empezó a amenazar los intereses de las viejas energías sucias, vino el frenazo y marcha atrás. En las coaliciones internacionales para asumir compromisos más ambiciosos a España ni se la ve ni se la espera. Es más, en las negociaciones europeas en curso, nuestro gobierno se opone a objetivos más ambiciosos a los actuales y a cualquier intento de restringir las subvenciones a los combustibles fósiles, mientras trata de asegurar la permanencia del vergonzoso “impuesto al sol”.

Pero las cosas se pueden hacer de otra manera, también en España. Greenpeace ha demostrado la viabilidad de cerrar todas las centrales nucleares y de carbón en 2025. La Fundación Renovables ha presentado una amplia batería de medidas para hacer viable la transición energética en nuestro país.

Ahora estamos a la espera de una prometida ley de cambio climático y transición energética que debería reconducirnos a la senda que nos lleve a un sistema 100% renovable. ¿Lo veremos o seguiremos sufriendo la lacra del “Spain is different”?

Imagen del mapa de CDP World Renewable Energy Cities

Elementos necesarios de mejora de la regulación energética para la próxima década

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

A lo largo de los próximos meses se aprobaran las bases de lo que será la política energética europea de la próxima década. De su desarrollo dependerá  cómo, cuándo y de qué manera seremos capaces de dirigirnos hacia un modelo 100% renovables, con un uso mucho más eficiente de nuestra energía y con la consecuente disminución de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. De ahí las alertas que venimos lanzando desde  la Fundación Renovables y desde otros muchos organismo nacionales e internacionales sobre la necesidad de  mejorar elementos importantes de las propuestas normativas europeas que además de no estar alineadas con los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, supondrían un freno hacia un sistema energético más limpio, eficiente y justo.

Lejos de apostar por maximizar este potencial social, económico y medioambiental  y de atender las peticiones que cada vez con más insistencia demanda la sociedad en razón a los graves problemas medioambientales que estamos ya padeciendo con especial incidencia en nuestro país, el Consejo de Energía de la Unión Europea ha dado marcha atrás  en aspectos clave aprobados por la Comisión de Energía del Europarlamento el pasado mes de noviembre y cuya propuesta era incluso manifiestamente mejorable. Sin ánimo de ser exhaustivos, entre los principales temas  normativos que deberían ser objeto de revisión debería considerarse:

Lee el resto de la entrada »