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La generación distribuida: una oportunidad para el mundo rural

El fuerte descenso de los precios de la industria fotovoltaica ha propiciado que los sistemas fotovoltaicos se hayan convertido en una herramienta importante en el proceso de descarbonización de la generación de energía. En España vivimos un boom de estas instalaciones y las perspectivas de crecimiento son cada vez mayores.

Sin embargo, el crecimiento desordenado de las grandes plantas fotovoltaicas está teniendo una importante respuesta social, que no es una oposición a la energía fotovoltaica en general, sino una oposición a la forma en la que se están desarrollando algunos de estos proyectos.

Si partimos de la base de que todas las actividades humanas tienen impacto en el medio ambiente, no es menos cierto que tal y como se están desarrollando, muchos de estos proyectos no son respetuosos ni con el medio ambiente, ni con el territorio, ni con sus gentes. Personas que sienten que se coloniza su territorio para suministrar energía a otras gentes y otros territorios y que condicionan sus posibilidades de desarrollo sin obtener nada o muy poco a cambio.

Es evidente que el factor de escala juega un papel importante. Cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más terreno ocupa y más impacto medioambiental provoca. La única razón para hacer plantas fotovoltaicas cada vez más grandes es que cuanto mayor es la planta, más elevada es la rentabilidad de la inversión. Ante esta situación muchos ayuntamientos se están oponiendo a la instalación de grandes parques fotovoltaicos en su término municipal.

Si atendemos al carácter distribuido de la tecnología fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas y, en suma, la participación de todos en la producción y consumo de energía deben de ser prioritarios, implicando activamente a los ayuntamientos en la transición energética. Curiosamente, nadie se opone a este tipo de instalaciones.

Además, hay otras soluciones que apenas se han empezado a desarrollar en España. La agrovoltaica es una de ellas, entendida como el uso conjunto e inteligente de la tierra para la agricultura y la generación de electricidad con instalaciones de energía solar fotovoltaica, y que puede contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los agricultores tienen la oportunidad de producir su propia energía y/o desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.

Esta tecnología también podría hacer que los cultivos agrícolas sean más resistentes frente al cambio climático. Los sistemas agrovoltaicos ofrecen protección contra la radiación solar excesiva, el calor, la sequía y el granizo. En veranos muy calurosos y secos, esto puede significar rendimientos de cultivos por encima de lo habitual, además de los beneficios de la generación con energía solar. Mediante esta tecnología podemos generar electricidad renovable sin quitar recursos de tierras de cultivo para la producción de alimentos y, lo que es más importante, con la participación activa de los territorios y sus gentes.

Esta tecnología se está desarrollando en otros países como Japón, Corea, China, EEUU, Francia o Alemania. Unos sistemas cuyo diseño debe tener en cuenta el tipo de cultivo y las condiciones climáticas de cada lugar, lo que exige un esfuerzo extra de investigación para conseguir resultados óptimos.

En España contamos con grandes recursos agrícolas y gran experiencia en tecnologías fotovoltaicas, por lo que deberíamos aprovechar las posibilidades del uso dual de la tierra, añadiendo a su uso tradicional la producción de energía eléctrica. Los sistemas agrovoltaicos pueden ayudar a integrar producción de energía y desarrollo local, con beneficios para todos. Estos sistemas han pasado, a nivel mundial, de 5 MW instalados en 2012 a alrededor de 2.800 MW en 2020.

La urgencia del cambio climático hace que tengamos que aumentar de forma exponencial la potencia fotovoltaica instalada y parece evidente que, al ritmo de instalación actual de sistemas de autoconsumo (en España en 2021 fue de 1.203 MW), las grandes plantas son necesarias. El problema es cómo desarrollarlas de manera que minimicemos su impacto y maximicemos el beneficio sobre los territorios, de forma que sean una oportunidad para el desarrollo local. Así, los tamaños de las plantas deben ser acordes a la realidad del territorio y no sólo a la capacidad de evacuación de la red eléctrica. De la misma forma hay que empezar ocupando terrenos poco valiosos desde un punto de vista agrícola y medioambiental y son los municipios afectados los que deben poder decidir sobre la idoneidad de estos. La elección de los terrenos está condicionada también por la proximidad a los puntos de evacuación de la red eléctrica, creando, además, un problema añadido por el efecto acumulativo de diferentes proyectos en el mismo territorio, con líneas de evacuación que se cruzan entre ellas.

El consumo eléctrico de los municipios pequeños puede ser cubierto utilizando un porcentaje pequeño de su territorio, con sistemas de autoconsumo individuales o con pequeñas plantas fotovoltaicas, creando sus propias comunidades energéticas para su autoabastecimiento de energía.

¿Cuánto territorio municipal se puede ocupar con plantas fotovoltaicas sin comprometer el desarrollo futuro del mismo? ¿Qué impacto tienen estas plantas en el desarrollo económico local? ¿Es razonable ocupar tierras productivas para este fin? ¿Que impacto es admisible sobre la biodiversidad? Todas estas cuestiones deben ser resueltas si queremos que la transición energética sea una transición justa y aceptada por todos.

De igual manera, los ayuntamientos deben potenciar y desarrollar iniciativas que fomenten el autoconsumo, el ahorro y que disminuyan su dependencia energética. Todos somos consumidores de energía y todos debemos responsabilizarnos tanto de su producción como de su consumo.

Hay que exigir también a nuestros responsables políticos leyes y normativas que favorezcan la generación distribuida en sus diferentes formas, simplificando al máximo los trámites administrativos y con políticas activas de incentivos. Los municipios, y en especial los pequeños, tienen pocas capacidades para emprender estas acciones y necesitan ayuda y asesoramiento.

En los sistemas democráticos las soluciones siempre pasan por más planificación, más diálogo, más transparencia, más participación activa de todos y más solidaridad. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer entre todos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

 

¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Energía y comunicación clara

Entre todos hacemos sostenibles a las energías renovables

Todos los países, incluido España, han apostado por la necesidad de llevar a cabo una profunda modificación de nuestra relación con la energía, a través de lo que se ha venido llamando la Transición Energética, como camino para poder reducir las consecuencias del cambio climático originado, en su mayor parte, como causa antropogénica, por el consumo de combustibles fósiles. La Transición Energética está asumida a todos los niveles y de forma generalizada a través de la apuesta por la eficiencia, por las energías renovables y por la sustitución y disminución de la dependencia de los combustibles fósiles.

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¿Cómo (y con quién) instalar autoconsumo solar en mi casa?

Las cuentas del autoconsumo llevan mucho tiempo saliendoles a hogares y empresas pero ahora, además, nos encontramos con el viento de cola que nos proporciona un Ministerio de Transición Ecológica que (como su nombre indica) se lo cree, y que apuesta sin ambages por esta forma de dotarse de energía. Ahora es el momento, pero ¿qué preguntas debo hacerme?

¿Es para mí?

Lo primero que necesitas es espacio soleado disponible ya sea en el tejado o en el suelo. Es obvio, ¿verdad? La instalación habitual de un residencial pueden ser 6 placas que ocuparían una superficie aproximada de 15 metros cuadrados. Lógicamente lo suyo es que la casa o el terreno sean de tu propiedad, sí, porque ser inquilino, como es mi caso, es lo que más puede alejarte del placer del autoconsumo.

¿Lo voy a amortizar?

Todos los modelos apuntan a que en la mayoría de los casos la instalación se amortiza (entre 6 y 8 años) y, además, hay que tener en cuenta que la instalación tiene una garantía de 20 años y puede llegar a una vida útil de hasta 40. El plazo de amortización depende mucho de nuestro gasto en luz, la orientación de nuestro tejado y los precios de la energía. Este tercer factor es externo pero es fácil imaginar que irán al alza en los próximos años. No me quedo a gusto sin añadir un desahogo tan populista como cierto: ¡Todo va al alza en este país menos los sueldos de los currantes medios!

En cualquier caso para hacerte una idea aproximada de cuánto te costaría y de los plazos de amortización algunas empresas han puesto en marcha calculadoras de autoconsumo solar. Esta herramienta, por ejemplo, permite hacer un cálculo aproximado en menos de un minuto y  cuatro sencillos pasos (ubicación, orientación del tejado, gasto en luz y hábitos de consumo). Además, en 48 horas recibes en tu correo un estudio detallado gratuito que te ayuda a tomar la decisión de si por fin ha llegado el momento de sacarle partido al Lorenzo.

¿Cuánto se tarda en instalar?

Si las cuentas te salen, el resto del proceso es sencillo y la instalación puede llevarse a cabo en un periodo de entre 2 y 3 días.

Ya tengo mis flamantes placas solares. ¿Qué mantenimiento necesitan?

Los paneles solares apenas requieren mantenimiento aparte de una limpieza muy, muy de vez en cuando (por ejemplo, cuando pasan meses sin llover) por lo que las herramientas que necesitas son una camiseta antigua de Talleres Martínez o de algún grupo de música por el que te sientas traicionado y un spray con agua (no tiren de productos “Cristalsol” y tampoco del socorrido “Cyllit Bang”). Además, por lo que me cuentan expertos reputados del sector, las placas son mucho más agradecidas que los cristales para limpiarlas y no acaba uno odiándolas como ocurre con las cristaleras.

¿Qué ocurre con la energía que me sobra?

La energía que te sobra va a parar a la red y no te aporta, de momento, beneficio pero tampoco perjuicio. Tómatelo con filosofía porque en España no se contempla, insisto, de momento, implantar sistemas con balance neto aunque sí se ha abierto la puerta a la “facturación neta” como señalaba el director general del IDAE Joan Herrera en una entrevista reciente.

¿Y si vivo en una comunidad de vecinos?

En España más del 60% de las personas vivimos en bloques de viviendas pero por desgracia la normativa parece que sigue sin facilitar el autoconsumo compartido y se queda como un derecho reconocido no desarrollado. Hay que pedir al Legislativo y al Ejecutivo que trabajen en esa dirección. Lo que sí parece más factible a día de hoy es instalar placas solares para las zonas comunes, ascensores, jardines, piscinas… etc. Unos 40 metros cuadrados pueden ser suficientes para cubrir las necesidades energéticas de una comunidad de tamaño medio.

Por último, ¿a quién llamo para instalar placas solares?

Hace unas semanas escribía sobre “el gustazo de pasarse a la energía verde” y aquí voy a utilizar similares argumentos. Las grandes eléctricas de nuestro país han conseguido demorar la llegada del autoconsumo entre 3 y 5 años con la complicidad de los ejecutivos anteriores. ¿De dónde saco esta cifra? Viendo el boom que la fotovoltaica ha tenido en países nada soleados de nuestro entorno estos últimos años no creo que vaya muy desencaminado. Por tanto, aunque ahora estas compañías plaguen el prime time televisivo de familias felices haciendo malabares con placas solares en medio de un frondoso bosque, mi recomendación sería apostar por empresas medianas que llevan años fomentando las renovables como las que aúna el portal  “Reduce tus emisiones” presentado esta semana por Triodos Bank. Y es que ha llegado el momento de plantearse seriamente dar el paso… ¿autoconsumimos con renovables?

Bonus track. ¿Qué ocurre si me divorcio?

En estos casos se recomienda que uno de los cónyuges se quede toda la instalación de autoconsumo pero también se pueden partir peras y repartir tres paneles solares para cada uno.

Por Iván de Otto – consultor en SdeO Comunicación y socio de FR

Tras el impuesto al sol, llega el Impuesto a la libre competencia energética

Si creías que el “impuesto” al sol era el tributo más disparatado del sector energético, te equivocabas. Y no me refiero al hecho de que el “impuesto al sol” no fuera uno, sino dos; ni a que no era un impuesto, sino un cargo; o que no era al sol, sino a cualquier forma de generación renovable.

De lo que quiero hablar hoy es de un absurdo tributario que existe en España, atribuible a la pereza si pensamos bien o a la conveniencia si pensamos mal, que lastra la libre competencia en el sector energético y que sirve para apuntalar la posición dominante de las empresas incumbentes. Hablamos del “Impuesto de Actividades Económicas” (IAE) en su aplicación a las comercializadoras de electricidad y gas.

Este impuesto fue creado en 1990, cuando sólo existían en el sector eléctrico la generación, la distribución y el transporte. En 1997 la relación con el cliente se desglosa en física (distribuidora) y virtual (comercializadora), pero nadie se acuerda de crear en la normativa de Actividades Económicas un epígrafe específico para esa nueva actividad conocida como “comercialización”. Ante la falta de regulación, se comienza requiriendo a las comercializadoras que paguen el impuesto en el municipio donde tengan oficinas.

No obstante, con la crisis económica, los Ayuntamientos comenzaron a realizar “fiscalidad innovadora” para incrementar la recaudación. Dentro de esa innovación fiscal se incluyó cobrar a los operadores virtuales de energía y telefonía una tasa de ocupación del suelo por el uso de las redes, a pesar de que éstas pertenecen a la distribuidora, consistente en el 1,5% de los ingresos obtenidos por su actividad en el municipio. El Tribunal de Justicia de la UE anuló la aplicación de la tasa en telefonía, mientras que en energía los tribunales nacionales han dado la razón a los Ayuntamientos y el asunto no ha llegado aún a Europa.

Espoleados por esta victoria fiscal (provisional) en materia energética, el siguiente paso de los Ayuntamientos ha sido aplicar un impuesto a la libre competencia. Partiendo de la idea de que se puede cobrar a la comercializadora por usar una línea que ocupa el espacio público, aunque no sea suya, ¿por qué no considerar que, al usar esa red, es como si tuvieran establecimiento permanente en el municipio y que deben pagar también el “Impuesto de Actividades Económicas”?

Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados.

Una vez decidido que las comercializadoras tienen que pagar, y contra el criterio del comité de Expertos del Gobierno central y de la propia CNMC, los técnicos municipales se pusieron a buscar entre los diferentes epígrafes del IAE alguno para aplicar a las comercializadoras, y al no encontrarlo, decidieron tirar de cajón de sastre e inscribir a las comercializadoras en distintos epígrafes genéricos: 619.9 (Comercio mayorista de otros productos), 659.9 (Comercio minorista de otros productos), 663.9 (Comercio al por menor de mercancías sin establecimiento), 999 (otros servicios).

Y aquí está justamente el problema: todos los epígrafes que están utilizando los Ayuntamientos incluyen tipos impositivos que no dependen de la capacidad económica del sujeto, ni de los MWh vendidos, ni están pensados para servicios prestados en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el epígrafe 619 establece un pago fijo de 664,35 EUR, que puede tener sentido para quien tiene un comercio únicamente en ese municipio con una clientela determinada, pero resulta una tropelía si se aplica a una compañía que presta virtualmente servicios por todo el territorio, y que puede tener únicamente un cliente en el municipio. Si consideramos un margen medio de comercialización de 30 €/cliente/año en el sector eléctrico, hablamos de que para poder cubrir el coste del impuesto en un municipio se necesitan 17 clientes (y si se quieren cubrir el resto de costes, muchos más). No hay que olvidar que en España hay 7.373 municipios de menos de 10.000 habitantes, de los 8.124 totales. Para colmo, si se tienen 9.999 clientes en ese municipio, también se paga 664,35 €, igual que la comercializadora que tenga un solo cliente.

Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver toda esta maraña fiscal con las renovables? Por desgracia, mucho. Las comercializadoras tradicionales comercializan energía contaminante (carbón, gas natural, nuclear, fuel) mientras que muchas de las comercializadoras emergentes son 100% renovables. Si el “Impuesto a la libre competencia” (IAE) les impide poder ejercer su actividad económica, esto hace más difícil y caro poder contratar comercializadoras renovables para el cliente final.

Y no sólo eso. Los precios altos del pool en España no se explican únicamente por factores externos como el precio de referencia del gas (TTF) o de los derechos de emisiones de CO2 europeos (EUAs), sino sobre todo por una clara falta de competencia, pues el 91% de los clientes aún tienen una de las 5 comercializadoras tradicionales y el 70% desconoce qué suministro tiene contratado. Sólo con una mayor competencia será posible la normalización de precios en el mercado eléctrico español. Y para ello, es urgente incluir un epígrafe nacional del IAE a la comercialización que dependa de los MWh comercializados. No para recaudar menos, sino para que cada cual pague en función de lo que vende (MWh) y no de en los municipios distintos a los que vende.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

El VAR y los arbitrajes sobre la energía

Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER

Llegado a ese momento del verano en el que en las calles se cruzan los que se lamentan de que sus vacaciones hayan terminado, con los que alegremente nos disponemos a descansar unos días, justo en ese instante en el que pasan desapercibidas la práctica totalidad de las noticias que no lleven muertes o sexo en su titular, nos hemos encontrado con una historia que, pese a tratar el tema energético, hubiese sido mejor entendida hace unas semanas durante el Mundial de Fútbol.

El partido que se viene desarrollando en los últimos años entre los fondos de inversión extranjeros y España, debido a los innumerables incumplimientos del reglamento por parte de nuestro país con los inversores en energías renovables, venía desarrollándose más o menos conforme a lo que los aficionados a la cosa eléctrica esperábamos: goleada por parte de los fondos extranjeros.

España (como el resto de la UE) diseñó un procedimiento de ayudas a los inversores en energías renovables desde el año 2004 en adelante, que un buen día decidió cambiar retroactivamente de forma sangrante sin contar con ninguno de los afectados

Para los que no estén muy enchufados en esta historia, básicamente se trata de que España (como el resto de la UE) diseñó un procedimiento de ayudas a los inversores en energías renovables desde el año 2004 en adelante, que un buen día decidió cambiar retroactivamente de forma sangrante sin contar con ninguno de los afectados. Y claro, eso no está muy bien.

Los inversores españoles acudieron a los Tribunales de aquí, que con un ánimo exacerbado por mantener un supuesto interés general que podría resultar dañado si los españolitos incautos que se metieron en el negocio renovable fueran resarcidos por tanto agravio regulatorio, decidieron que un codazo en la cara dentro del área no era penalti.

Sin embargo, las selecciones inversoras no españolas no se fiaron mucho de ese reglamento, y decidieron acudir al del CIADI, que más o menos viene a ser la FIFA de este tipo de cosas. Y allí, como no podía ser de otra manera, estaban pitando penaltis a tutiplén, en forma de condenas millonarias contra España por saltarse a la torera las leyes existentes.

Pues bien, hace tan solo unos días, la Comisión Europea (a los efectos que nos ocupan lo que vendría a ser la UEFA), ha salido a medio del campo con una televisión de 52 pulgadas anunciando que a partir de ahora hay que aplicar el Vídeoarbitraje, o sea, el VAR. Que eso del CIADI/FIFA no mola nada y que los tratados internacionales no son reglamentos válidos y que la única reglamentación que vale es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¡Si hay que dejar de ir al Mundial no pasa nada, en la Comisión tenemos importantes representantes que de copas saben bastante!

Tuvimos que entender que la seguridad jurídica era un concepto difuso en el que cabía que la Ley pudiese destrozar los derechos de la gente sin aparente justificación

En fin, si a todos nos causó sonrojo ver cuántas miserias salieron en el mundo del fútbol en los últimos tiempos, a los que nos dedicamos al derecho, más nos está sorprendiendo ver aquellas actitudes en el mundo de la energía. Primero, tuvimos que entender que la seguridad jurídica era un concepto difuso en el que cabía que la Ley pudiese destrozar los derechos de la gente sin aparente justificación. Ahora, nos encontramos con que los tratados internacionales no son Ley entre las partes y que la decisión soberana de un Estado de suscribir un acuerdo de este tipo también es volátil si vemos que nos perjudica más de la cuenta ¿Cuántas veces nos quejábamos en el pasado de conductas sospechosas con nuestras empresas en países “populistas bolivarianos”?

Pues eso, que lo de rearbitrar los conflictos de la energía con el VAR, sintonizando el canal que más nos convenga, no va a traer nada bueno, pues por mucho que reinterpretemos, todos sabemos que el codazo que en su día dio Tassotti a Luis Enrique fue un penalti y una expulsión como la Catedral de Burgos.

El final de una larga y oscura noche para las renovables en nuestro país

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Desde la toma de posesión del gobierno del PP a principios de esta década hasta la reciente moción de censura, las energías renovables han vivido una larga y terrible etapa que ha cercenado su desarrollo, desestabilizado las cuentas de empresas y familias, que habían realizado importantes inversiones confiadas en la seguridad jurídica de nuestro país, y limitado en gran medida la capacidad de proyección exterior de nuestras empresas, en un momento de expansión mundial de estas tecnologías.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Una de sus primeras medidas fue la moratoria renovable, mantenida hasta hace bien poco. Después vinieron recortes a la remuneración en cadena a todas las tecnologías, seguidos de una peculiar reforma. En 2013 se promulgó la ley del Sector Eléctrico, seguida en 2014 del Real Decreto que la desarrollaba y una Orden Ministerial que establecía unilateralmente las inversiones supuestamente realizadas en las instalaciones a las que se las iba a remunerar de acuerdo con una hipotética rentabilidad razonable, no confirmada en la realidad y que se  indexó arbitrariamente al nivel de la deuda española a largo plazo.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Con esta reforma, no solo se realizaron recortes adicionales en la mayor parte de las tecnologías, sino que se sumió al sector en una completa incertidumbre sobre su retribución, ya que la remuneración a las instalaciones realizadas y que tuvieron que financiarse a los tipos de hace casi 10 años, no iban a retribuirse de forma estable con esa supuesta rentabilidad razonable a las inversiones realizadas y financiadas entonces, sino que su retribución iba a depender en el futuro de la cotización del bono de deuda española.

nadal

El conjunto de los recortes practicados retroactivamente sobre las condiciones publicadas en su día en B.O.E y que motivaron las inversiones, incluida la reforma vigente en la actualidad, son percibidas como una enorme trampa en la que los inversores nacionales se encuentran en la más completa indefensión.

Evidentemente, de haberse tenido sospechas de los cambios regulatorios que iban a producirse, no se hubiera realizado ninguna de las inversiones. España se encontraría todavía más lejos de alcanzar su compromiso del 20% de energía renovable en 2020 y los costes generación hubieran sido mucho más elevados que los que hemos tenido, dada la deflación de costes que producen las energías renovables (mayores que las primas recibidas) y cuyo positivo impacto solo recientemente empezaba a ser reconocidas por el gobierno cuando, ante las subidas del recibo de la luz, argumentaban que era debido a que no había habido suficiente viento en nuestro país.

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía. Los laudos están reconociendo que son evidentes, imprevistos y desproporcionados los cambios en las reglas de juego producidos después de haber realizado las inversiones de acuerdo con las expectativas publicadas en un B.O.E. firmadas por el Rey de España. Sin embargo, los inversores nacionales no han encontrado ninguna sensibilidad en el Tribunal Supremo. Esperamos que puedan reconsiderar sus pasadas argumentaciones en futuras sentencias a la vista de las evidencias que los laudos internacionales están poniendo de manifiesto.

Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios

Las recientes subastas, diseñadas para tratar de acercarnos a los compromisos europeos en el horizonte 2020 con el mínimo coste, sin tener en cuenta mínimos criterios de planificación sobre el diseño del mix más adecuado para el futuro de nuestro país, fueron también un ejemplo de improvisación y malas prácticas. Su ejecución total en el plazo fijado parece asimismo bastante dudosa.

El último movimiento del pasado gobierno fue el anuncio de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático para la que nominaron un grupo de “expertos” cuyo informe, tras medio año de trabajo, resulta bastante sorprendente al llamar, en absoluta sintonía con el cesado ministro de energía, “transición energética” a mantener el carbón y las nucleares. Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios, con el argumento demagógico y amenazante de que si se clausuraban esas centrales subiría el precio de la luz, ocultando que, si se sustituían por instalaciones renovables, el coste de la electricidad no solo no subiría, sino que bajaría.

La moción de censura ha supuesto la luz al final del túnel de la persecución que el gobierno del PP ha hecho a las renovables en este país.

Con el antiguo gobierno teníamos en el horizonte otro drástico recorte a partir de 2020, mientras que tanto el partido que soporta al nuevo gobierno como el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PP, nos han demostrado fehacientemente su apoyo, o al menos su predisposición, a dejar establecida por ley la estabilidad retributiva para las instalaciones actuales.

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente respecto a la que hemos venido sufriendo en esta larga etapa pasada, que, además de perjudicar al sector, ha impedido aprovechar la transición energética como palanca para la mejora de la economía de nuestro país, la creación de empleo y la convergencia regional.

La transición energética debe realizarse de forma planificada, con un adecuado mix de generación teniendo en cuenta las características y complementariedad de las diferentes tecnologías renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica, termosolar y biomasa). Un mix basado, además de la hidráulica, exclusivamente en eólica y fotovoltaica tendría muchos vertidos y seguiría necesitando el respaldo de las tecnologías convencionales.

Incorporando una contribución significativa de centrales termosolares, para su funcionamiento complementario a la fotovoltaica a partir de la puesta de sol y de biomasa, se conseguiría, además de un mix más barato que con el respaldo del gas, avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de nuestro sistema eléctrico.

 

España se desenchufa del futuro

Hugo Morán Secretario para la Transición ecológica de la economía de la CEF-PSOE

 

“Nadal dice que la Ley de Cambio Climático no estará lista hasta que se apruebe la europea”

En el año 2017 China invirtió 133 mil millones de dólares en nuevas instalaciones de generación eléctrica con tecnologías renovables (Bloomberg New Energy Finance), que sólo en fotovoltaica supusieron la friolera de 53 gigavatios de nueva potencia añadida, lo que supone más de lamitad de la capacidad mundial. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes que se manejan, Alemania, que está siendo la locomotora europea en desarrollo renovable, se quedó el año pasado en el entorno de los 2 gigavatios de nueva fotovoltaica instalada. Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias, una vez que los EEUU de Donald Trump han renunciado de facto a disputarlo, enterrando el gran proyecto político de Barack Obama expresado en la frase: “el país que lidere una economía basada en las energías limpias, liderará el siglo XXI”.

Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias

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La absurda situación del autoconsumo en España

Mariano Sidrach de Cardona Ortín – Catedrático de la Universidad de Málaga

Autoconsumo

En un país que gasta 120 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y que tiene una alta dependencia energética del exterior, ya que importa más del 70% de la energía que se consume, parecería razonable que existiera una política energética clara enfocada al ahorro energético y al desarrollo sin trabas de las energías renovables. Una energía limpia que ha demostrado su viabilidad económica y que en España tenemos en abundancia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos una situación que, al menos, es paradójica.

Si alguien, por razones más que evidentes, decide invertir su dinero en disminuir su consumo energético tomando medidas tales como sustituir bombillas, mejorar el aislamiento de su vivienda, cambiar ventanas y cerramientos, comprar electrodomésticos más eficientes o incluso decidirse por un vehículo híbrido o eléctrico, no sólo estará haciendo caso a mucha de la propaganda institucional que el gobierno periódicamente nos pone en los medios de comunicación, sino que lejos de encontrar ninguna traba, accederá a diversas ayudas que existen para este fin y será considerado un ciudadano ejemplar, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el futuro del planeta.

Sin embargo si, dejándose llevar por esta euforia energética medioambientalista, con los mismos argumentos decide instalar en su domicilio una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de seguir ahorrando energía, este mismo ciudadano pasará a ser a ojos del gobierno un ciudadano insolidario, depredador del sistema y se enfrentará a un procedimiento administrativo largo y tedioso, y a una normativa que está pensada para desincentivar a aquellos que se atrevan a intentarlo. Para acabar de desmoralizar a los que lo intenten, en una sentencia de 13 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo asegura que las sanciones (de 600.000 a seis millones de euros) que contempla el RD de autoconsumo no son desorbitantes para una sanción grave a un autoconsumidor.

¿Qué daño podemos hacer al sistema eléctrico para merecer semejante castigo? Algo muy gordo sin lugar a dudas.

Veamos cuales son las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas y cuál es ese grave daño.

Una instalación FV domestica para autoconsumo puede costar alrededor de 1.5 €/Wp. Una instalación de 2.0 kWp debería ser suficiente para producir al cabo del año el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar en el Sur de España, lo que supone una inversión de 3.000 €. Una instalación de estas características es capaz de producir un ahorro anual del 40% de la energía que consume la vivienda.

Con esta decisión hemos conseguido ya las siguientes ventajas:

  • Invertir dinero en un sector económico que genera puestos de trabajo, activando la economía productiva.
  • Disminuir las necesidades nacionales de importación de combustibles fósiles.
  • Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico, al generar energía eléctrica en el lado del consumo, por lo que evitamos las pérdidas que se producen en las redes de distribución
  • Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.

El único inconveniente es que necesitamos estar conectados a la red eléctrica para enviar a la misma nuestros excedentes de energía. Este argumento lo utiliza el gobierno para poner impuestos adicionales, como el llamado impuesto al Sol, bajo el argumento de igualdad de trato y solidaridad con todos los usuarios del servicio eléctrico.  Argumentos que no comparto por las siguientes razones.

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Me adapto, luego existo

Por Piet Holtrop – Abogado

Según un artículo escrito hace casi cuatro años por Nathanael Massey, en la sección sobre clima de la revista Scientific American, los seres humanos probablemente somos la especie más adaptativa de todas.

Según el autor, es por los cambios climáticos del pasado que nos hemos hecho así, nuestro cerebro ha evolucionado gracias a los esfuerzos de adaptación que le hemos exigido. En la actualidad el cambio climático seguirá forzándonos de una u otra manera a adaptarnos aún más.

Nuestra gran capacidad de adaptación también nos ha hecho oportunistas innatos, y nos ha proporcionado una memoria selectiva, utilizando hecho alternativos siempre según nuestras necesidades.

Por ejemplo, cuando todavía no se habían llevado a cabo los primeros recortes a las renovables, ya comenzaron los rumores de los productores fotovoltaicos produciendo electricidad con grupos electrógenos, que estarían así inflando sus ingresos. Fue desmentido el día siguiente por REE, que ve la producción eléctrica en tiempo real, y es capaz de detectar anomalías instantáneamente. La producción nocturna con gasóleo era falsa.

Otro ejemplo de hechos alternativos es que toda esa gente que se metía en las renovables supuestamente venía del sector del ladrillo, como si esto en sí fuera circunstancia para menospreciarles. Querían darle al sector de las renovables un aura de especulador. Conozco una pequeña muestra de miles de personas que han participado en dicho sector, y son un fiel reflejo de nuestra sociedad. Tú, querido lector, podrías ser uno de ellos.

También escuche que los promotores que habían desarrollado los proyectos fotovoltaicos habían inflado sus ingresos por adaptar sus precios a las retribuciones vigentes en el mercado durante el boom fotovoltaico en España. Otro hecho alternativo. Han sido los precios de los componentes principales, como las placas solares o los aerogeneradores, ofertados en los mercados internacionales los que se han adaptado a cada país. Los miles de promotores e instaladores en España no tenían tanto apalancamiento con estos proveedores industriales como para conseguir tales márgenes. Este fenómeno de adaptación de los mercados internacionales sigue vigente en la actualidad, es atemporal, y se ve en la actualidad en las ofertas de los fabricantes de aerogeneradores en la subasta. Ahora mismo no hay mucho margen allí. Este fenómeno es global, para no decir universal, y corresponde a los reguladores nacionales de responder de forma previsible a ello.

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