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La desesperación de los ejecutivos de hidrocarburos

En esta entrevista con Financial Times, Brufau propone dedicar el 15% del impuesto sobre hidrocarburos a programas de reforestación. Excelente idea, hágase.

Pero es que los 11.000 Millones del impuesto de hidrocarburos apenas dan para pagar el mantenimiento de las carreteras (unos 13.000 M€)… Y no queda nada para hacer frente a los 5.000 M€ que los hidrocarburos le cuestan a la sanidad pública española, según este informe de EPHA, la Agencia Europea de la Sanidad Pública. Ni otro tanto en daños al clima.

Por lo tanto, sí a la propuesta de Brufau, pero antes habrá que igualar la fiscalidad de gasóleo, GLP y GNC a la fiscalidad de la gasolina, luego DUPLICARLA para llegar a unos 22.000 M€, para que haga frente a los daños que los hidrocarburos causan a las carreteras, a la salud y al clima. Si quiere añadir otros 2.000 M€ para reforestar, no voy a ser yo quien se oponga.

En la entrevista con FT, Brufau considera que “los políticos deben ser más pragmáticos y no obsesionarse con la reducción de emisiones…” Pues bien, la nueva Presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen ha comprometido la reducción de emisiones del 55% en 2030. Y se mantiene el 95% en 2050.

Se queja de la “demonización de los combustibles fósiles y reclama neutralidad tecnológica…”. Los combustibles fósiles se han demonizado solos, sobre todo el diésel. Y lo de la neutralidad tecnológica, sí, pero una vez todos los combustibles internalicen el coste externo de los daños que producen y que hoy soportan, en su mayor parte, los contribuyentes.

“Defiende el papel innovador y de motor de desarrollo que ha tenido históricamente la industria (de refino, se entiende, aunque podría incluir a la de automoción) en el continente y lamenta que Europa ahora esté mermando su capacidad para crear puestos de trabajo bien remunerados y mantener el liderazgo en innovación industrial”.

Ciertamente, las industrias de refino y de automoción han sido pieza clave en el liderazgo industrial europeo. Pero parece que se niega a entender que en el futuro, en 2050, NO HABRÁ hidrocarburos. Por lo tanto, más nos vale anticipar la transición hacia un futuro SIN EMISIONES. Eso implicará transformar radicalmente las industrias de automoción, climatización y generación de electricidad hacia tecnologías de EMISIONES CERO. Lo que implicará una oportunidad inmensa en la creación de empleos locales (fabricación, montaje, mantenimiento, operación y desmantelamiento de electricidad, movilidad y climatización SIN emisiones). Y la desaparición progresiva y global de los combustibles fósiles. Ocurrirá, si queremos un futuro sostenible para nuestros hijos y nietas.

Extracción petrolífera

Y achaca “el crecimiento de emisiones a la deslocalización de empresas a países con legislación más laxa…”.  No es cierto: Las emisiones crecen por el crecimiento global de la población, el crecimiento de la renta per cápita global y la insuficiente mejora de las intensidades energética y de carbono.  Reclama que la UE, que apenas representa el 10% de las emisiones globales, tenga una legislación más laxa… NO:

Europa tiene una responsabilidad histórica en cuanto a las emisiones acumuladas. Y tiene los recursos y la tecnología para liderar la transición. Además, hacerlo con anticipación e inteligencia, implicará mantener la ventaja competitiva en las tecnologías sin emisiones, generando empleo local.

“China, 28% de las emisiones, atrae las inversiones de los fabricantes europeos de automóviles…”. Las emisiones de China son elevadas, pero son la mitad de las emisiones de los 1400 millones de habitantes de los países más desarrollados. No digamos si ese análisis se hace en términos de emisiones acumuladas. Las inversiones de los fabricantes de automoción europeos en China ocurren precisamente porque ha exigido cuotas de electrificación que Europa no exige. Y porque la mitad del mercado mundial de coches nuevos será chino.

Se queja de “Las subvenciones a las élites urbanas que pueden comprar el coche eléctrico…” Y pide “la renovación de la flota de vehículos, subvencionando a los ciudadanos para que cambien de coche térmico antiguo a coche térmico nuevo…”

O sea, sigamos subvencionando con dinero público para que millones de ciudadanos sigan comprando gasolina, gasóleo y gases fósiles.

¿Hasta cuándo?

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Reducir la contaminación de los barcos

Es tan escandaloso que parece mentira, pero es verdad: a día de hoy, a los barcos se les permite contaminar el aire 3.500 veces más que a los vehículos de transporte terrestre. En efecto, en la actualidad, el límite máximo de contenido de azufre en los combustibles para el transporte marítimo, establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI), es de 35.000 ppm frente a los 10 ppm permitidos en la Unión Europea en los carburantes para el transporte por carretera. Cierto es también que la OMI impondrá, a partir del 1 de enero de 2020, un nuevo límite máximo de 5.000 ppm en el contenido de azufre para los combustibles de barcos, pero incluso así este tope seguirá siendo 500 veces superior que el permitido para el diésel en carretera (ver figura 1).

Comparativa de contenido de azufre en combustibles marinos versus combustibles terrestres, (fuente: The Danish Ecological Council).

En las Áreas de Control de Emisiones (ECA, en sus siglas en inglés), que se crean bajo la cobertura legal del Anexo VI del Convenio Marpol de la OMI a instancias de los países que lo soliciten, el 1 de enero de 2015 entró en vigor el requisito que limita a 1.000 ppm el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en las Áreas de Control de Emisiones para los óxidos de azufre (SECA). Sin embargo, los niveles de óxidos de nitrógeno se reducen muy poco en la regulación genérica de la OMI, de modo que solo hay una reducción apreciable dentro de las Áreas de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA).

Sin duda, la regulación ECA es una manera muy efectiva de reducir las emisiones contaminantes procedentes del sector marítimo y limitar sus negativos efectos a la salud pública y al medio ambiente. La demostración palpable más cercana está en el Norte de Europa donde, tras la creación de una ECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha (es SECA desde 2015 y desde 2021 será también NECA), la calidad del aire ha mejorado un 80% desde el año 2015 y los beneficios socioeconómicos asociados se valoran en muchos miles de millones de euros. Las ECA suponen un gran avance, pero aún así 1.000 ppm de azufre en el combustible de los barcos sigue siendo 100 veces más que el nivel permitido para el transporte por tierra.

Se pueden hacer más cosas. Y se deben hacer porque en virtud de diversos estudios, se estima que las emisiones de los barcos causan anualmente en la Unión Europea 50.000 muertes prematuras y 60.000 millones de euros en costes sanitarios. Ello es debido a que el combustible mayoritariamente utilizado para la navegación es el fuelóleo pesado, un producto derivado del petróleo que contiene altas cantidades de azufre, cenizas, metales pesados ​​y otros residuos tóxicos y es responsable de importantes emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM), cuyos efectos negativos a la salud están ampliamente demostrados. Cuando las personas respiran este aire contaminado, su salud se resiente, lo cual se traduce en un aumento de las enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, incluso cáncer), hospitalizaciones e incluso muertes prematuras, además de las consiguientes pérdidas en productividad.

La industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce

En el caso concreto de Dinamarca, uno de los países que integran la ECA del Norte de Europa antes citada, se ha calculado que la sociedad se está ahorrando 18,5 millones de dólares en costes sanitarios por cada 3,8 millones de dólares invertidos en combustible para barcos con un contenido de 0,1% en azufre (en lugar de usar un combustible promedio de contenido de 2,7% en azufre). Es decir, una inversión con una tasa de retorno positiva del 387%. En el caso de los NOx la tasa de retorno resultante es del 1.333%. Estos datos hablan por sí solos.

Así pues, en comparación con las preocupantes y nada desdeñables emisiones que tienen su origen en tierra, las emisiones de los buques son mucho más elevadas, dado que al sector naviero no se le exige utilizar combustibles más limpios ni utilizar técnicas de tratamiento posterior de los gases de escape como obliga la normativa en tierra desde hace décadas en sectores como el del automóvil y otras industrias.

A nivel global, la estimación oficial más reciente de las emisiones de contaminantes atmosféricos generadas por el transporte marítimo internacional proceden del Tercer Estudio de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la OMI. Este estudio, publicado en 2014, proporcionó un análisis de las emisiones durante el período 2007-2012, así como las proyecciones hasta 2050. La OMI está trabajando en el Cuarto Estudio de GEI, el cual se prevé esté finalizado en otoño de 2020. Según el Tercer Estudio, el tráfico marítimo ocasionó en el periodo citado (que coincidió con la crisis económica), en promedio anual, el 13% de las emisiones globales de origen antropogénico de NOx, el 12% de las de SOx y el 3,1% de las de CO2. Con respecto a las previsiones a futuro, la OMI concluyó que, en diversos escenarios de tipo Business As Usual (BAU), las emisiones de CO2 del transporte marítimo aumentarán entre un 50% y un 250% desde 2012 hasta 2050, a pesar de las mejoras en eficiencia de la flota (esperadas con un valor de alrededor del 40% en promedio), debido al crecimiento esperado en la actividad del sector.

En virtud de esos escenarios, la OMI concluye que las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, aumentarán rápidamente en el futuro (aunque desde una base de partida baja) a medida que aumente la utilización de gas natural licuado (GNL) como combustible de los barcos. Lo que viene a indicar que la sustitución de los fuelóleos pesados por GNL no va a significar ninguna ventaja apreciable en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Asimismo,  las emisiones de NOx aumentarán a un ritmo menor que las emisiones de CO2 como resultado de los motores de Nivel II y Nivel III que se incorporarán en los próximos años a la flota mundial. Las emisiones de los SOx continúan disminuyendo hasta 2050, principalmente debido a los requisitos del Anexo VI de MARPOL sobre el contenido de azufre de los combustibles antes citado.

En resumen, por un lado, es un hecho incontestable que la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce.

En segundo lugar, se reconoce oficialmente que el gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto.

Afortunadamente hay ya suficientes soluciones tecnológicamente maduras que permitirían que los barcos navegasen sin contaminar, pero la experiencia nos demuestra que el sector naviero no parece estar dispuesto voluntariamente a hacer los cambios necesarios para reducir sus emisiones de GEI y otros contaminantes atmosféricos por lo que la única manera eficaz de que estas medidas se implementen realmente es a través de la aprobación y estricta aplicación de normas legales al respecto.

En un informe recientemente publicado por la organización Transport&Environment (T&E, organización cuya finalidad es lograr la sostenibilidad en el ámbito del transporte) sobre la contaminación atmosférica provocada por los cruceros turísticos en Europa en 2017 ((ver figuras 2 y 3), se llega a esa misma conclusión y se hacen una serie de recomendaciones regulatorias y técnicas para conseguirlo.

Niveles de intensidad de las emisiones de SOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). Nótese la diferencia entre la Zona de Control de Emisiones para el azufre (SECA) establecida desde 2015 en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico con el resto de las zonas marinas de Europa.

 

Niveles de intensidad de las emisiones de NOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). En 2021 entrará en funcionamiento la Zona de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA) en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico.

Para empezar, en dicho informe se recomienda ampliar las Áreas de Control de Emisiones que actualmente existen en el mar Báltico, mar del Norte y Canal de la Mancha al resto de mares europeos y reducir el límite de emisiones de las SECA europeas hasta situarlo en 10 ppm, cantidad equivalente a la del combustible empleado en el transporte por carretera.

Además, debería implantarse una normativa de cero emisiones en los muelles de toda Europa. Muy especialmente para los cruceros turísticos, ya que este tipo de embarcaciones suele navegar cerca de las costas y pasa gran cantidad de tiempo en los puertos de pasajeros de los principales destinos turísticos, por lo que afecta a la calidad del aire de forma desproporcionada, como demuestra claramente el referido informe de T&E.

A ese respecto, las navieras que fleten cruceros, puesto que representan el segmento de ocio del sector del transporte marítimo de cara al público, deberían considerarse empresas pioneras en las normativas concebidas para descarbonizar el sector. Por lo tanto, además de implantar una normativa de cero emisiones en los puertos, los cruceros son las primeras embarcaciones a las que se debe obligar a utilizar sistemas de propulsión de emisión cero en las aguas territoriales de la UE.

Para facilitar las emisiones cero en los muelles cabe destacar la posibilidad de que los barcos atracados se conecten a la red eléctrica para cargar los equipos que llevan a bordo (lo que se conoce en inglés por Shore-Side Electricity, SSE). Se trata de una tecnología ya consolidada y que ha demostrado que funciona pudiendo reducir enormemente la contaminación atmosférica que generan los buques atracados en los puertos. La Directiva europea relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos exige que los principales puertos del continente cuenten con tecnología SSE, aunque solo -y ahí está el problema- si ello resulta beneficioso en relación con su coste, por lo que su uso no está muy extendido ni entre los buques ni entre los puertos.

La generalización de esta tecnología se enfrenta a dos escollos principales. Por una parte, los propietarios de los buques no invierten en adaptarlos a la tecnología SSE porque hay pocos puntos de conexión disponibles en los puertos y los puertos, a su vez, no invierten en la instalación de conexiones SSE porque no las utilizan muchos barcos. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Al mismo tiempo, la fiscalidad provoca una distorsión del mercado. La electricidad en tierra está sujeta a impuestos en el marco de la Directiva sobre la imposición de la energía (DIE) de 2003. Sin embargo, los combustibles fósiles para uso marítimo están exentos de impuestos. Esta desigualdad tan flagrante desincentiva a los dueños de las embarcaciones a la hora de recurrir a la SSE en los puertos en los que está disponible. La situación desincentiva también a aquellos puertos interesados en instalar puntos de SSE.

El gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto

Si queremos que todos jueguen con las mismas reglas, la UE debería eximir de impuestos la electricidad de la tecnología SSE durante un periodo transitorio y/o gravar los combustibles fósiles de uso marítimo con un tipo equivalente.

La UE debería imponer una normativa de cero emisiones en los muelles de los puertos europeos, exigiendo a los barcos el uso de la SSE o el recurso a medidas alternativas para lograr un resultado equivalente. Esto ayudaría a los puertos que han invertido en SSE a no tener activos sin uso.

Finalmente, puesto que las emisiones de NOX  tanto de los barcos que ya circulan como de los nuevos es un asunto enormemente preocupante y dado que las próximas NECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha solo cubrirán las emisiones de los buques que se construyan a partir de 2021, existe una necesidad de reducir las emisiones de NOX que generan los actuales barcos en la totalidad de las aguas europeas. Por ello, la UE debe tomar medidas específicas en este asunto, entre ellas quizás un mecanismo económico similar al Fondo de NOX de Noruega. Los barcos podrían además utilizar sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, en sus siglas en inglés) o filtros de partículas para el diésel (DPF) para disminuir sus emisiones de NOX y PM.

Por Carlos Bravo – Consultor en Salvia EDM y socio protector de la Fundación Renovables

Por Isabell Büschel – Coordinadora para Transport&Environment en España

Por Faig Abbasov – Coordinador de políticas de transporte marítimo en Transport&Environment

Máximo entendimiento y ambición climática en el Día Mundial del Medio Ambiente

Corremos el serio riesgo de no cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y con ello agravar aún más la crisis climática que ya está entre nosotros, de consecuencias devastadoras. Lo asegura un reciente informe de la Red Europea de Acción Climática y el think tank Sandbag, tras analizar los borradores de los planes energéticos que los distintos países de la Unión Europea han remitido a la Comisión Europea para su valoración. El análisis revela que solo 8 países, entre los que no se encuentra España, han fijado fechas para el fin de la generación de electricidad con la quema de carbón, el combustible que más CO2 expulsa al ser quemado. Con otras palabras, un buen número de países europeos todavía seguirá quemando carbón en 2030, lo cual va exactamente en la dirección contraria de elevar la ambición climática y cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático.

De hecho, España es el país de la UE en el que más han crecido las emisiones desde 1990, un 17,9% concretamente, cuando en el conjunto de la UE se han reducido un 23,5%. La generación de electricidad con carbón explica parte de este crecimiento en las emisiones, pero también hay otros factores, como la generación de electricidad con gas, la fiebre constructiva de la anterior burbuja inmobiliaria, el incremento del transporte por carretera (y de las distancias recorridas) y las calderas que aún persisten en muchos hogares junto al pésimo aislamiento térmico de nuestras viviendas (más de 1,5 millones de hogares necesitan rehabilitación energética urgente en nuestro país).

A nivel global tenemos más datos que certifican que vamos en la dirección equivocada: según la Agencia Internacional de la Energía (AEI), la inversión en eficiencia energética y renovables se estancó en 2018; y, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios a los combustibles fósiles siguen creciendo actualmente. La situación actual es absolutamente inaceptable. Necesitamos cambiar de rumbo ya, sin más demora, para llegar a 2050 con una economía completamente descarbonizada.

Volviendo al carbón, España fía a las condiciones del mercado (menor precio de las fuentes renovables de energía frente a los precios, en alza, del CO2) la desaparición en 2030 de la generación de electricidad a través de la quema de carbón. Ello es arriesgado, más aún en los tiempos de emergencia climática en los que estamos: ¿qué pasa si futuros gobiernos con escasa o nula sensibilidad por el clima y nuestro futuro subvencionan y abaratan deliberadamente el precio del CO2 para proteger a la industria fósil? Podría suceder que siguiéramos quemando carbón en nuestro país más allá de 2030. Con el envío a la Comisión Europea del borrador de nuestro plan energético hemos perdido por tanto una fantástica oportunidad para poner fecha, políticamente, al fin del carbón y así no tener que confiar su fin a los vaivenes del mercado. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de elevar la ambición y mejorar nuestro plan, pues la Comisión Europea tiene que hacernos llegar, a los Veintiocho, sus apreciaciones y comentarios al borrador enviado, los cuales debemos incorporar a la versión final antes de su aprobación y entrada en vigor.

Aprovechemos que aún estamos a tiempo de fijar metas más ambiciosas y abordemos el mayúsculo reto que tenemos por delante, diseñando la senda de descarbonización de nuestro país y transformando nuestro tejido socioproductivo con la incorporación de las energías limpias, la economía circular, la restauración ecológica, la innovación social, la economía de los cuidados, el ecofeminismo, etc. Ello es además fuente de oportunidades de empleo y cohesión social.

Nuestros jóvenes nos están reclamando desde hace meses, con toda la razón, una acción climática urgente y que no hipotequemos su futuro. Nos piden menos declaraciones políticas y mucha más acción, acompañada de objetivos ambiciosos y medidas contundentes. Dejemos pues nuestras diferencias a un lado y pongamos la vida y las personas en el centro. Ojalá estas líneas, en el Día Mundial del Medio Ambiente, muevan a la reflexión colectiva y faciliten el máximo entendimiento posible, pero sin rebajar la ambición y la altura de miras que necesitamos.

Luis Morales – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

Oportunidades de la transición energética en Asturias

La transición que se está produciendo en el sistema energético europeo además de necesaria es imparable. La Unión Europea se ha propuesto un claro objetivo: la descarbonización total, incluida la economía, para el año 2050. Para lograrlo, entre otras cosas, todos los Estados miembros están obligados a presentar a finales de este año su ‘’Plan Nacional Integrado de Energía y Clima’’.

Como cualquier otro cambio, la descarbonización tendrá impactos tanto en sectores económicos como en regiones geográficas, sobre todo en aquellas más asociadas al carbón, que será el primero de los combustibles en desaparecer de la matriz energética.

En España una de las regiones más ligadas al carbón históricamente es Asturias. Aunque la mayoría de sus minas ya estén cerradas, la mayor parte de la producción de energía eléctrica en esta región es mediante plantas térmicas de carbón. De los 4.400 MW de generación eléctrica instalada en Asturias el 47% procede de este tipo de centrales. En el caso de la energía eléctrica generada la situación es similar: de los alrededor de 10.500 GWh que se consumen al año más de la mitad proviene del carbón.

Esta situación provocará que Asturias se vea afectada por el cambio de modelo energético en mayor medida que otras zonas geográficas de España. Sin embargo, más que como un escollo, esta transformación debe tomarse como una oportunidad que hay que aprovechar antes de que sea tarde. La transición energética encaminada hacia la electrificación y la producción de energía mediante fuentes renovables abre un abanico de posibilidades para la región.

La biomasa para producción de energía eléctrica, bien conocida en la región, tiene una vital importancia en el desarrollo de un modelo energético 100% renovable pudiendo ser uno de los pilares de recuperación de las zonas deterioradas laboral y medioambientalmente por las explotaciones mineras.

Eso sí, hay que tener en cuenta que es una fuente de energía local, ya que si bien el ciclo de su uso es neutro en carbono, deja de serlo si se concentra en los entornos urbanos donde ya se generan el 80% de las emisiones. Se debe consumir donde se genera y nunca sustituir cultivos destinados a la producción agrícola para la producción de biomasa, lo que provocaría sustituir un problema por otro.

Otro de los grandes recursos renovables de Asturias es el viento, lo que supone una gran oportunidad para la energía eólica. Actualmente tiene 472 aerogeneradores repartidos en 18 concejos. El 75% son de menos de 2 MW de potencia y, de éstos, gran parte son de baja potencia y con varios años de antigüedad. Ahora, pasado el tiempo y amortizados tienen una gran capacidad de repotenciación.

Además, según el estudio del IDAE sobre recurso eólico en España “Análisis del recurso. Atlas eólico de España. Estudio Técnico PER 2011-2020” en el que se tiene en cuenta la velocidad del viento, la densidad de potencia, la superficie disponible y el filtrado técnico por las condiciones del terreno, un 11,6% de la superficie de Asturias tendría un recurso eólico favorable.

La derogación del ‘’impuesto al sol’’ y la nueva regulación sobre el autoconsumo abre un escenario de grandes posibilidades para la energía solar fotovoltaica también en Asturias

Por último, la derogación del ‘’impuesto al sol’’ y la nueva regulación sobre el autoconsumo abre un escenario de grandes posibilidades para la energía solar fotovoltaica también en Asturias. El autoconsumo es una herramienta de especial importancia para los entornos urbanos, base de un nuevo modelo energético descentralizado que, además, contribuye a que las ciudades dejen de ser sumideros energéticos.

En respuesta a la cuestión que muchas veces se plantea sobre que en el norte de España el recurso solar no es suficiente, el claro ejemplo de que esto no es así es que en Alemania la radiación solar media anual es de 3 kWh/m2 y en Asturias es de 4 kWh/m2. Sin embargo, en Alemania hay unos 45.000 MW de potencia instalada de autoconsumo. Alternativas y oportunidades las hay, la cuestión es si se aprovechan y se mira al futuro o se sigue mirando al pasado y luchando por algo que está abocado al fin.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

Lo que nos cuesta el cambio climático

Nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático. Según el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre las pérdidas económicas por fenómenos relacionados con clima extremo en el espacio económico europeo, el cambio climático nos ha costado  889 euros en el periodo 1980-2017 a cada ciudadano español, más de 37.000 millones en total, ¡similar a un rescate bancario! Solo el 12% de las pérdidas están respaldadas por seguros. Y 14.611 personas pierden la vida por ese tipo de fenómenos, aunque otras fuentes dan cifras aún mayores.

El coste no es solo económico. Hay otros muchos impactos del cambio climático que ya estamos sintiendo, que tienen difícil cuantificación económica, y que por el camino que vamos irán cada vez a peor. Veranos cinco semanas más largos, aumento de las noches tropicales, olas de calor más largas e intensas, incremento de la temperatura del agua del Mediterráneo y avance de la desertificación. Estas son algunas de las conclusiones de la Agencia Estatal de Meteorología en su último informe, perfectamente ilustrado por la propia Agencia.

Más de 32 millones de españoles, es decir, el 70% de la población, ya se están viendo afectados por los impactos del cambio climático, según estos datos. Quienes peor salen parados son los habitantes de las zonas costeras y las grandes ciudades, las zonas más vulnerables al cambio climático.

Según los datos científicos de Naciones Unidas, puede que nos queden solo 11 años para evitar que el cambio climático supere un punto de no retorno. Si no reducimos a la mitad las emisiones de CO2 actuales, el peligroso límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura media mundial podría superarse en la próxima década. Por eso somos la última generación que puede hacer frente al desafío para evitar los peores impactos del cambio climático, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad.

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado para bien: luchar contra el cambio climático no solo es una cuestión de supervivencia y justicia, es que además es lo más sensato desde el punto de vista económico.

Hasta ahora, la mayoría de estudios comparaban los costes energéticos en igualdad de condiciones: nueva instalación de renovables frente a nueva instalación de carbón, y en esa comparación ya hace años que el balance de costes y beneficios favorece a las renovables. La dificultad estaba en que instalar nuevas renovables para reemplazar el carbón existente  aún se consideraba más caro que dejar que las centrales funcionen hasta el final de su vida útil, ya que la mayoría de las inversiones de capital no se habían amortizado.

Reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil

Pero el avance de las renovables permite ahora vencer incluso al carbón ya instalado. El último estudio que avala esta tesis se ha publicado en Estados Unidos. En ese país, las energías renovables más desarrolladas (solar y eólica) ya están preparadas para cruzar el “Rubicón económico”, pues según dicho estudio reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil. Esta conclusión viene de una comparación de lo que cuesta producir una unidad de electricidad con cada tecnología a lo largo de su vida útil, en términos de economía convencional, es decir, sin ni siquiera contar los enormes costes ambientales del carbón.

El efecto potencial de abandonar el carbón en EEUU no es trivial. Recordemos que el sector estadounidense del carbón, a pesar de que se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años, aún emite (datos de 2016) tanto CO2 como el total de España, Turquía, Polonia, Reino Unido  y República Checa juntas.

Si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya

Obviamente, la situación política en EEUU no hace esperar que esta nueva lógica  económica se imponga a corto plazo, pero imaginemos lo que pasaría si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya. Y habría que preguntarse cuáles serían los datos aplicados al resto de combustibles fósiles, porque seguramente muy pronto estemos en esa misma situación.

Pero aunque los datos hablan por sí solos, los gobiernos siguen ignorándolos. El Gobierno español tiene que aumentar mucho la ambición: para 2030 deberíamos tener un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable y en 2025 las centrales de carbón y nucleares deberían estar todas cerradas.

Ante la emergencia climática actual, los partidos políticos tienen que poner la salud de las personas y el planeta por encima de los intereses económicos de las compañías eléctricas y las grandes empresas. Es lo que están pidiendo los millones de jóvenes que el pasado 15 de marzo salieron a las calles de todo el mundo reclamando acción climática urgente.

Este periodo electoral es un momento clave para que los candidatos expliquen sus propuestas concretas y ambiciosas en la lucha contra el cambio climático. ¿A qué esperan? ¿Estarán a la altura del reto que enfrentamos?

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

Las Islas Baleares ya pueden iniciar su transición energética

Las Islas Baleares ya disponen de un marco legal para poder iniciar su proceso de transición hacia un sistema energético descarbonizado, eficiente y 100% renovable. En efecto, el pasado 12 de febrero el Parlament balear aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de esta comunidad autónoma.

Desde la Alianza Mar Blava queremos felicitar la aprobación de esta ley tan necesaria, la cual, aunque sea mejorable, es sin duda un buen punto de arranque para transformar el lamentable sistema energético balear actual (tremendamente dependiente de los combustibles fósiles en todos los sectores) en otro mucho más sano, limpio, seguro y sostenible, basado en la eficiencia y las energías renovables.

Los objetivos generales de esta nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares (LCCyTE) son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará, además de impulsar la democratización de la energía y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

El conjunto de medidas previstas en la citada ley, permitirán, según lo que en ella se establece, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050, siempre tomando como año base el 1990.

Para lograrlo, esta Ley plantea la estabilización y el decrecimiento de la demanda energética, por un lado, y lograr la reducción de la dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la máxima autosuficiencia energética (entendida ésta como la capacidad de generar en el territorio balear la mayor parte de la energía que en éste se consume).

Ello implica el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar, mediante energías renovables, en el territorio de las Islas Baleares al menos el 70% de la energía final que se consuma en el 2050.

En este contexto de llegar a tener un 70% de autosuficiencia energética, la ley se plantea que en 2050 el 100% de la electricidad que se produzca en Baleares sea mediante energías renovables (y un 35% en 2030).

En torno a este planteamiento surgen algunas preguntas como ¿por qué el nivel de autosuficiencia energética de Baleares debe ser un 70% y no un 90% o incluso un 100%? De hecho la isla de Menorca se ha planteado un objetivo propio de tener una autosuficiencia de un 85%, basándose en la eficiencia energética y en una generación de energía 100% renovable ¿Va ser siempre necesaria, en el escenario a 2050 (con un sistema de generación teóricamente muy descentralizado y basado en energías renovables), la interconexión eléctrica con la península para garantizar el suministro en las Baleares? En caso de que sí fuera necesario: ¿tiene que aumentarse próximamente el grado de interconexión con respecto al ahora existente?

En las Islas Baleares la generación de electricidad está, a día de hoy, predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2018, en toda la comunidad autónoma sólo había 4,5 MW instalados de energía eólica y 80 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.

En Mallorca la principal instalación termoeléctrica es la central de carbón de Es Murterar, en la bahía Alcudia (Mallorca), con 585 MW (4 grupos de vapor que consumen hulla, que suman 510 MW, y 2 unidades de reserva basadas en turbinas de gas, con un total de 75 MW, que queman gasoil como combustible). La LCCyTE plantea el cierre de los grupos 1 y 2 de carbón de Es Murterar en 2020 y de los grupos 3 y 4 en 2025. Para las centrales de ciclo combinado con gas natural de Cas Tresorer y Son Reus, la ley prevé incrementar su uso de forma transitoria mientras se incorporan las energías renovables.

En Menorca, se prevé la conversión de la central térmica de Maó, que actualmente quema fuel y gasoil, a gas natural, transformación que es urgente. Igualmente, en Ibiza se pretende la eliminación del uso de fuel y gasóleo en su central térmica para que ésta funcione solo con gas natural. En Formentera también se genera electricidad con una turbina de gas a base de gasóleo, central cuyo cierre también está previsto en la LCCyTE.

En cuanto al transporte terrestre, su Disposición adicional tercera establece, en relación con los vehículos de combustión interna, que:

  1. a) A partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma.
  2. b) A partir del 1 de enero de 2035, quedará prohibida la circulación en las Illes Balears de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en las Illes Balears.

Esta ha sido una de las medidas de la LCCyTE que más críticas han suscitado en determinados sectores.

Otro aspecto interesante de la LCCyTE es que incorpora en su articulado la perspectiva climática de forma transversal en la actividad legislativa y de planificación. Es decir, establece que toda nueva ley o política pública (leyes, reglamentos, presupuestos generales, instrumentos de planificación territorial, etc.) deberá evaluar si su aplicación supone aumentar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y si es apropiada ante nuevas vulnerabilidades derivadas del cambio climático.

Consenso político

A lo largo de su recorrido como Anteproyecto de Ley y posteriormente en la tramitación parlamentaria del posterior Proyecto de Ley aprobado por el Govern balear, la Alianza Mar Blava siempre defendió que, dada la urgencia de actuar frente al problema del cambio climático, la LCCyTE debía contar con el máximo apoyo político posible y que además fuese avalada por la inmensa mayoría de la sociedad civil, el sector privado y las Administraciones públicas de las islas Baleares.

Es decir, que la LCCyTE fuera considerada como una ley de las Islas Baleares y no la ley de un determinado Govern, con el fin de que, una vez aprobada, pudiera ser desarrollada y aplicada de forma efectiva, sin contratiempos ni retrocesos, no sólo en la próxima legislatura (tras las elecciones del 26 de mayo de 2019) sino en un marco temporal mínimo de más de una década (hasta 2030) y más allá.

En ese sentido, la primera buena noticia se produjo el 29 de octubre de 2018, cuando en una jornada de debate entre los grupos parlamentarios organizada por la Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation en el Parlament balear todos los grupos parlamentarios manifestaron públicamente su acuerdo en que, pese a algunas discrepancias con el texto enviado por el Govern para su tramitación en la cámara, era necesario que las Islas Baleares contaran con una LCCyTE ambiciosa y ampliamente consensuada para que dicha ley pudiera tener una eficaz aplicación en el corto, medio y largo plazo. Eso se concretó en que ningún partido político balear presentó enmiendas a la totalidad al proyecto de LCCyTE.

La lucha contra el cambio climático necesita de un amplio y estable consenso político para avanzar con certidumbre y eficacia en la indispensable transición energética hacia la descarbonización profunda de la economía

El pasado 20 de febrero, una semana después de que la ley fuera aprobada en el Pleno del Parlament balear, en otra mesa redonda de partidos políticos, moderada por Alianza Mar Blava dentro de un evento organizado en Palma por el proyecto WinWind, todos los partidos políticos presentes (PP, PSOE, Podem, Mès por Mallorca, Més per Menorca y El Pi) manifestaron su apoyo a la LCCyTE y a la necesidad de avanzar en la transición energética hacia un escenario 100% renovable.

Así pues, según esas recientes declaraciones políticas, no parece que hubiera que albergar dudas sobre la continuidad de la LCCyTE incluso en el escenario de un cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas. Ojalá sea así, porque la lucha contra el cambio climático necesita de un amplio y estable consenso político para avanzar con certidumbre y eficacia en la indispensable transición energética hacia la descarbonización profunda de la economía.

Y en Baleares ese amplio consenso político y social es especialmente necesario porque el punto de partida es muy malo.

En efecto, en Baleares hay una tarea inmensa por hacer pues se parte casi de cero. La dependencia de las energías fósiles en el ámbito energético (generación de electricidad y transporte, fundamentalmente) es enorme. En contraposición, la participación de las renovables es, actualmente, prácticamente marginal.

Por ejemplo, de los 2.285 MW del total de potencia eléctrica instalada a finales de 2018 en Baleares, sólo el 5,4% era renovable, según datos de Red Eléctrica de España (REE). Siempre según REE, en lo que respecta a la cobertura de la demanda de electricidad en 2018 (6.052 GWh), el porcentaje conseguido mediante fuentes renovables propias en el archipiélago fue un mísero 4,2% (desglosado en: 1,9% solar fotovoltaica; 0,1% eólica y 2,2% residuos renovables), el 20,4% lo aportó la conexión eléctrica con el sistema eléctrico peninsular y el 75,4% restante por fuentes no renovables (39,5% carbón; 2,2% residuos no renovables y un 33,7% gas y derivados del petróleo).

Otro problema de las islas Baleares es el transporte, en todas sus modalidades, terrestre, marítimo y aéreo, que actualmente dependen también mayoritariamente del uso de combustibles fósiles, algunos especialmente contaminantes como el fuelóleo pesado de los barcos o el queroseno de los aviones. En gran medida, la aviación y el tráfico marítimo dependen de regulaciones nacionales e internacionales; sin embargo, el transporte terrestre es competencia de los territorios insulares.

El hecho insular es una oportunidad para la transición energética hacia un modelo sostenible, tal y como reconoce la Comisión Europea en su iniciativa ”Energía limpia para las islas de la Unión Europea”

El problema de la movilidad terrestre en Baleares es doble. En primer lugar, se basa mayoritariamente en el uso del vehículo privado. Así, la ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal, entre otras cosas, porque no se ha hecho hasta ahora una apuesta decidida por el transporte público colectivo ni la intermodalidad.

Según datos del Instituto Balear de Estadística (IBESTAT), el total de vehículos de todo tipo en el archipiélago superaba ligeramente el millón de unidades (1.001.842) en 2017, un incremento de más del 65% desde 1997 (604.365), lo que implica un incremento medio del 3,4% anual. A este número hay que sumarle en la temporada alta turística, cuando la proliferación de coches de alquiler es máxima, la movilización de unos 100.000 vehículos más (cerca de 50.000 coches de rent a car domiciliados en las Islas y una cifra similar que no lo están).

En segundo lugar, la inmensa mayoría (un 99,09%) de ese millón de vehículos utiliza como combustible gasóleo (38,49%) o gasolina (60,60%), según datos de 2017 del IBESTAT. Es decir, vehículos con motor de combustión interna de combustibles fósiles derivados del petróleo. Sólo el 0,91% restante (9.148 vehículos) funcionaban con “Otros carburantes”, según la estadística del IBESTAT (que no desglosa más ese apartado), un pequeño porcentaje que agrupa a vehículos eléctricos, híbridos, y a todos los demás térmicos que funcionan con gas licuado de petróleo (GLP) y otros derivados que son también combustibles fósiles.

Pese a esta difícil situación de partida, el hecho insular es una oportunidad para la transición energética hacia un modelo sostenible, tal y como reconoce la Comisión Europea en su iniciativa ”Energía limpia para las islas de la Unión Europea” y se recoge también la Exposición de Motivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares, a la que deseamos una larga y eficaz vida.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Dar voz a las renovables en Asturias

El pasado 30 de Enero el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud organizó en Langreo el Seminario “La Potencialidad del Empleo y Alternativas de Desarrollo Económico en Energías Renovables en Asturias”, con el apoyo de la Fundación Europea del Clima (European Climate Foundation) y la colaboración de Comisiones Obreras de Asturias y la Agencia de la Energía del Nalón.

El objetivo fundamental de este evento era poner la atención sobre el potencial de crecimiento de las energías renovables como nicho de empleo y creación de empresas en el marco de la transición energética en Asturias.

El evento sirvió para reunir y conectar a representantes del ámbito empresarial, institucional y sindical de Asturias y poner en valor la relevancia del tejido empresarial existente, su actividad internacional y su contribución al I+D+i y al empleo.

Por poner un ejemplo, sólo las actividades relacionadas con la tecnología eólica offshore y la energía de la biomasa aportan más de 2.000 empleos, según las estimaciones proporcionadas por Indalecio González, Responsable de Energías Renovables de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).

Entre los ponentes institucionales, destacó la presencia de Isaac Pola, Consejero de Empleo del Principado de Asturias, quien recalcó que “se debe abordar la transición energética adaptándose a las singularidades, con un enfoque de equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y energéticos, sin precipitación y de forma pactada para que se perciba como una oportunidad y no como una amenaza”.

Dada la actual situación social y económica con el cierre de la minería y de las centrales térmicas de carbón, resulta muy importante señalar que “no tiene por qué haber territorios ni trabajadores perdedores aunque haya sectores que cierren” como señaló la directora General de Minería y Energía del Principado de Asturias, Belarmina Díaz.

Desde el ámbito sindical Mariano Sanz y Gerardo Argüelles, secretarios de Medio Ambiente de CCOO y CCOO Asturias, destacaron que es imprescindible el diálogo social para tratar la reindustrialización de los territorios afectados. También señalaron que las organizaciones sindicales deben tener la habilidad de situarse en un proceso de cambio global estructural por la transición energética y ecológica junto a la digitalización y otros retos para el modelo productivo.

El cambio de modelo energético también es un vector de cambio para la modernización del sector industrial asturiano, la mejora de la calidad ambiental y la generación de empleo en la región.

“La proactividad permitirá que el despliegue masivo de las renovables desarrolle una industria propia que cree oportunidades en el territorio”, tal y como apuntó Joan Groizard, director de Energías Renovables del IDAE.

El actual marco normativo de la Unión Europea de Energía y Clima a 2030 y 2050, presentado por el vicepresidente de la Fundación Renovables, Sergio de Otto, marca una trayectoria clara hacia la transición energética y puede representar importantes oportunidades para consolidar y expandir la capacidad productiva de la industria renovable asturiana. Al mismo tiempo el cambio de modelo energético también es un vector de cambio para la modernización del sector industrial asturiano, la mejora de la calidad ambiental y la generación de empleo en la región.

La participación de empresas como TSK o investigadores en energías marinas de la Universidad de Oviedo,  dieron cuenta del liderazgo de los actores asturianos en el panorama mundial de renovables.

Alguno de los mensajes más repetidos por parte de los representantes empresariales fue la urgencia de abordar la formación en energías renovables ante la necesidad detectada de trabajadores cualificados. En palabras de Pedro Nuño, representante de UNEF y de la empresa Electricidad Llano S.L. “invertir en conocimiento y educación condicionará el futuro en Asturias”.

Durante el seminario se desarrollaron grupos de discusión temáticos para explorar el potencial de crecimiento y las medidas de acompañamiento necesarias para expandir las renovables en el ámbito urbano, industrial y rural.

En opinión de ISTAS entre las oportunidades de desarrollo local en renovables más interesantes se encontrarían la de lanzar un plan de repotenciación de eólica terrestre, promover las redes cerradas y el autoconsumo fotovoltaico (o en hibridación) especialmente en los consumidores industriales, promover el uso de biomasa en la industria agroalimentaria y fomentar las redes de calor urbanas y el uso de biomasa térmica en el ámbito rural. En energías marinas los expertos e investigadores apuntan nuevas oportunidades de negocio en el desarrollo y comercialización de estructuras flotantes de eólica offshore y de microturbinas hidrocinéticas de alta eficiencia que puede contribuir al concepto de redes inteligentes y aplicaciones de autoconsumo.

Las conclusiones de este seminario nutrirán un informe que está desarrollando ISTAS y se publicará en mayo.

Se puede consultar el programa completo aquí.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Energía y Cambio Climático de ISTAS

A vueltas entre los necesarios avances regulatorios para la transición energética y la incertidumbre que genera la falta de un consenso político

En estos momentos de incertidumbre política ante el anuncio de convocar las terceras elecciones generales en poco más de tres años, nos encontramos, en el ámbito energético, en uno de los momentos de mayor interés e ilusionantes de las últimas décadas.

Para esta misma semana se ha anunciado la presentación del Plan de Energía y Clima y también está en fase avanzada de tramitación el Real Decreto de autoconsumo, elemento esencial para garantizar el cambio del modelo energético y la participación activa de los ciudadanos; el acierto en su desarrollo será la base para dar la entrada a nuevas operativas en el mercado. Adicionalmente también estaba previsto tramitar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y  la  Estrategia Nacional de Transición Justa que no podrán ver la luz en lo que queda de legislatura.

Coincidiendo con toda esta actividad  acabamos de conocer  que en 2018 las fuentes renovables alcanzaron a cubrir el 40% de la producción eléctrica peninsular, cifra que contrasta fuertemente con lo que sucede en los sistemas no peninsulares donde la cobertura eléctrica con renovables oscila entre el 5% y  10% para Baleares y Canarias respectivamente, y no por falta de recursos precisamente, a pesar de tener los costes de generación más altos a nivel nacional, lo que requiere de un  análisis  más detallado en un próximo artículo.

Hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico

Volviendo a la demanda peninsular, la potencia  fotovoltaica  instalada prácticamente se ha duplicado respecto al año anterior, representando las instalaciones de autoconsumo energético el 90% de la nueva potencia instalada (236MW), a estos datos suministrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sin duda han contribuido además de la eliminación del impuesto al sol, la reducción de costes de producción en un 80% en los últimos 10 años.

Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de disponer lo antes posible del decreto de autoconsumo para clarificar, ordenar e incorporar los importantes avances que contempla tanto en tramitación de solicitudes, como en el  desarrollo del autoconsumo colectivo o la facturación neta que permitirá a los autoconsumidores compensar la energía vertida a la red contra la energía consumida de la misma en términos económicos en períodos mensuales. En conjunto, aunque tiene elementos de mejora, no deja de ser una propuesta muy positiva, necesaria y urgente de implantar.

Y es en este contexto en el que lejos de pretender establecer una dicotomía entre la derecha y la izquierda en lo que a política de energías renovables se refiere (no hay que olvidar que la regulación que consolidó el despegue de las  renovables en nuestro país -RD 2818/1998- fue promulgado por un gobierno del Partido Popular); sin embargo, si hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico.

Por eso, es especialmente relevante hacer, una vez más, un llamamiento a la responsabilidad política para que se asuma el necesario consenso para seguir avanzando en esta transición energética que ya cada vez afecta más a los consumidores y a la sociedad en su conjunto.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Somos la civilización de la electricidad ¿Por qué nos cuesta tanto entender su potencial transformador? (parte 1)

El invento de la electricidad masiva y en red, hace apenas 140 años, ha marcado la evolución de nuestra civilización. Desde su invención hemos transformado radicalmente las ciudades. ¿Alguien se imagina como sería la ciudad de Nueva York si los ascensores eléctricos no hubieran irrumpido en nuestra sociedad? Sí, esa tecnología ha hecho posible que se desarrollen ciudades compactas en las que el transporte masivo y eléctrico, el metro, permiten la movilidad de miles de personas sin que sus calles queden literalmente bloqueadas y asfixiadas por los coches térmicos.

Edison construyó las primeras centrales de generación eléctrica en Pearl Street en Manhattan (Nueva York) y en Holborn (Londres) en 1881. Al año siguiente empezaba el negocio de venta de electricidad y en menos de un año los industriales más innovadores instalaron los primeros motores eléctricos que sustituirían a las máquinas de vapor que quemaban carbón en el centro de las ciudades, asfixiando con sus humos de combustión a sus poblaciones crecientes de ciudadanos que se desplazaban desde el campo en busca de trabajo.

Pero, 10 años después menos del 5% de las industrias habían implementado la electricidad en sus procesos de fabricación y seguían instaladas en la era del vapor. La mayoría cuando renovaban equipos lo hacían de nuevo con motores de vapor.

El tema es que esos industriales innovadores no apreciaron ninguna mejora en la competitividad de su industria. La electricidad parecía tener poca relación en la mejora de la productividad. Y es que, esos pocos “early adopters” que implementaron algún motor eléctrico a la vez que empezaban a comprar energía “limpia y moderna” desde alguna central eléctrica próxima, continuaban manteniendo la estructura de fábrica industrial centralizada alrededor del eje de transmisión de la máquina de vapor, una máquina permanentemente en funcionamiento y sobre la que se planteaba todo el proceso manufacturero.

El problema es que la tecnología había cambiado pero la forma de pensar no. Los motores eléctricos hacían exactamente los mismos procesos que los de vapor, por tanto, eran perfectamente sustituibles, pero hacían muchas otras cosas que esos industriales eran incapaces de entender y, por tanto, de aprovechar.

Instalados en nuestra cultura industrial del siglo XIX, nos costó 30 años entender que no necesitábamos una gran máquina que girase para hacer llegar la energía, solo necesitábamos cables.

Las fábricas ganaron espacio y los procesos fabriles dejaron atrás la logística del eje de transmisión para abrirse camino en la línea de producción. Henry Ford lo entendió a la perfección, de algo le debían servir los años de trabajo en la compañía de Thomas Edison, y allí empezó su aventura cuando lanzó la primera línea de montaje para su fábrica de Highland Park en Detroit. Consiguió reducir el tiempo de montaje del Ford T de 12 horas a tan solo 93 minutos; o sea, que multiplicó por 10 la producción en un día. No pasó mucho tiempo para que consiguiera fabricar 1.000 coches al día. En el año 1903 la V avenida de Nueva York estaba congestionada por carruajes de caballos. En 1913 la congestión era de vehículos térmicos. Cuentan que la mayor parte de preguntas que la gente hacia a Henry Ford estaban relacionadas con la alimentación de esos caballos tan potentes que él comercializaba. De hecho, no se estaban refiriendo a las gasolineras puesto que no sabían ni que existían.

Definimos un modelo de mercado al que cualquier tecnología que aparezca tendrá que someterse, porque esa es nuestra cultura, la que parece que todo es para siempre, olvidándonos de que la única constante humana es que todo cambia.

Pero, volvamos a la electricidad. Siempre ha tenido un tendón de Aquiles. La electricidad es una mercancía peculiar. El sistema eléctrico debe estar en permanente equilibrio, es decir,  que cuando se produce también se tiene que consumir. Un “just in time” que debe funcionar a la perfección. Bajo ese principio físico se ha construido todo un sistema de centrales de generación térmica que, según determinados avisos del gestor del sistema van ajustando su producción a lo que los consumidores necesitamos en cada momento. Además, no estamos dispuestos a que esos ascensores de los que hablábamos al principio del artículo nos dejen suspendidos en el aire si no hay electricidad para todos en momentos de elevada demanda. Ello nos ha obligado a disponer de un sistema redundante en el que algunas centrales funcionan muy pocas horas al año. Y claro, sus costes deben ser cubiertos y es aquí cuando entramos en esas extrañas fórmulas de precios variables y con pagos de capacidad a grandes oligopolios que nadie entiende con lo que, su opacidad puede ser de nivel inimaginable si los organismos reguladores están capturados y los políticos se preocupan poco por saber y entender sobre el tema. El exministro Soria reconoció que el redactado de los decretos y leyes venía “hecho” por las mismas empresas eléctricas.

Pues bien, este es el mundo de la electricidad que tiene su origen en los combustibles fósiles que, si alguna cosa buena tiene, es que las tecnologías y recursos energéticos a quemar son flexibles. Es decir, con un sistema de gestión ideado en el siglo XX se da respuesta a ese “just in time”, aunque sea una repuesta bastante cara y oscura. Tema aparte merece la energía nuclear, muy poco flexible, y que por tanto está en el sistema siempre de base. Y con todo ello, definimos un modelo de mercado al que cualquier tecnología que aparezca tendrá que someterse, porque esa es nuestra cultura, la que parece que todo es para siempre, olvidándonos de que la única constante humana es que todo cambia.

Esas nuevas tecnologías, a las que voy a referirme como el primer gran cambio del siglo XXI, ya están en el mercado y a partir de 2020 en España la energía eólica va a superar “para siempre” a la energía nuclear, que hoy presenta un mayor volumen de energía en el sistema eléctrico español, y eso que para esa fecha no vamos a cerrar ninguna central nuclear, a no ser, claro, que tengamos algún accidente catastrófico por el camino. Y la solar acelera a nivel mundial y España está en el foco de atención de sus inversores. Para 2030 está previsto que la energía solar y la eólica en España supongan más del 50% de la energía eléctrica que consumimos. Pues bien, eso tiene algo de malo. La energía solar y la eólica son variables e intermitentes con lo que esa bondad de flexibilidad que se atribuía a los combustibles fósiles se volatiliza literalmente y me parece que a pocos les va a gustar quedarse colgados en el ascensor. Los gurús del siglo XX dicen que la solución va a ser el gas natural. No desesperemos, a lo mejor es que tampoco lo hemos entendido todavía.

La civilización de la electricidad se acelera. Hoy apenas supone el 25% de la energía que consumimos, pero la descarbonización de la economía hace imprescindible su incremento a porcentajes cercanos al 70%.

El segundo gran cambio del siglo XXI también está entre nosotros, pero como ya viene siendo costumbre, tampoco lo entendemos. El vehículo eléctrico.

Una tecnología nueva (si pensamos en los que utilizan batería ion litio), con poca oferta en el mercado, pero creciendo y con menos del 1% de la renovación del parque en España. Una tecnología más cara “casi” con las mismas prestaciones que su equivalente térmico, pero con una energía más limpia. La mayor parte de consumidores y políticos no le ve una mejora competitiva. El precio más elevado de adquisición y la posible destrucción de empleo en refinerías y plantas de automoción hace que pocos se esfuercen en pensar cómo introducirlo (a lo mejor se esfuerzan por todo lo contrario). La mayoría piensan que la solución es una buena red de recarga rápida en calles y carreteras equivalente a las gasolineras. Algunos fabricantes europeos, líderes en motor diésel, hablan de que hay que implementar una red de carga super rápida de potencia superior a 400 KW para cargar en menos de 5 minutos en la carretera. Sin ella, el coche eléctrico no tiene futuro.

Es fácil establecer un paralelismo de las primeras etapas de implementación del motor eléctrico versus la línea de transmisión de vapor; el coche eléctrico versus el coche térmico o las energías renovables intermitentes y los combustibles fósiles flexibles. La tecnología ha cambiado pero la forma de pensar, NO.

Lo voy a dejar aquí para que nos rompamos la cabeza pensando que más pueden hacer esos coches eléctricos y esas energías renovables. En el siguiente blog os voy a contar cual es mi visión. Doy por supuesto que lo de la mejora de la calidad del aire, la reducción de los costes sanitarios y dejar de incrementar los Gases de Efecto Invernadero ya lo tenemos internalizado con lo que no voy a ir por ahí, aunque tengamoslo claro, la salud es el motor del cambio (siempre lo ha sido) y la supervivencia de la especie humana, ni os lo cuento.

Por cierto, estaría bien que en momentos de cambio (¡¡¡y lo estamos!!!) las políticas industriales apostasen por abrir la mente a eso que aún no entendemos y que va a suponer la diferencia entre los que van a ganar la siguiente revolución industrial y los que sencillamente van a quedarse en la era de los combustibles fósiles y el uranio una generación más como mínimo. Eso sí, una generación contenta de ser conectada y digital pero posiblemente sin empleo.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Acelerar el cierre nuclear

A raíz del anuncio realizado por el Gobierno de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llevará a Bruselas pospone la fecha de cierre de las centrales nucleares de forma progresiva hasta 2035, Greenpeace y la Fundación Renovables hemos elaborado un documento que analiza la situación actual y que hemos querido compartir con alrededor de una veintena de expertos y agentes sociales en un coloquio que celebramos ayer en Madrid para compensar la ausencia de debate social en un tema tan relevante para la sociedad y las generaciones venideras como éste.

La salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035 supone alargar la vida de estas instalaciones más allá de los 40 años. La propuesta de la Fundación Renovables es el cierre programado de todas las centrales nucleares antes del año 2024, sin extensión de su vida útil, es decir, sin que se renueven sus licencias de explotación: junio de 2020 para Almaraz I y II; julio de 2020 para Vandellós II; marzo de 2021 para Cofrentes; octubre de 2021 para Ascó I y Ascó II y, por último, noviembre de 2024 para Trillo. Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre consideramos que éste debe producirse en el momento que finalice cada licencia de operación actual.

Y tenemos razones para proponerlo. La primera, porque es posible hacerlo. La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida para esa fecha por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas, es decir, con la ejecución este año de las renovables subastadas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables, queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

Es decir, que en nuestras propuestas no está el cerrar o prohibir algo que no tenga alternativas, los número demuestran que las renovables están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual según vayan caducando las licencias de operación de las centrales en funcionamiento, tal y como han refrendado en el coloquio de ayer tanto José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

En segundo lugar, el hecho de que resulten deficitarias según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar artificialmente su vida, puesto que pone en tela de juicio las inversiones que deban ser acometidas para garantizar la rentabilidad de las mismas. Esto  supone, de facto, como ya se ha solicitado, la reducción de las tasas para el tratamiento de residuos, tasas que en la actualidad son insuficientes para poder garantizar el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las propias centrales una vez hayan acabado sus periodos de operación. Además, las centrales nucleares, en un malentendido estatus de carga base –la gestionabilidad del sistema fue soportada principalmente en 2018 por la hidráulica-, disfrutan de un régimen favorable de funcionamiento porque no asumen todos sus costes, lo que las coloca en ventaja respecto a otras fuentes con las que deberían competir.

Nuestra propuesta, recogida en el informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente

En tercer lugar, no hay que olvidar los riesgos que implica la radiactividad, que se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.

La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente. Por otra parte, consideramos que el hecho de que no se hayan recaudado los fondos suficientes para el desmantelamiento -entre otras vías, mediante tasas que se aplican a las centrales nucleares- no puede ser la razón para mantenerlas en funcionamiento porque, además, es consecuencia de una mala gestión pública y política, lo que no quita que se les exija una mayor responsabilidad de manera que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.

Nuestra propuesta, recogida en el informe Hacia una Transición Energética Sostenible es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta el 100% de renovables. Es factible y obviamente sostenible. Con estas y otras medidas proponemos para 2030 una reducción de emisiones del 51% respecto a 1990 y del 59% respecto a 2015, con una reducción de la demanda de energía final del 25% con respecto a 2015, una electrificación del 50% de la demanda final de energía (el doble que hoy) y una penetración en el sistema eléctrico de las renovables del 80% y de un 50% en la cobertura de la demanda final de energía.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables