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Somos la civilización de la electricidad ¿Por qué nos cuesta tanto entender su potencial transformador? ( parte 1)

El invento de la electricidad masiva y en red, hace apenas 140 años, ha marcado la evolución de nuestra civilización. Desde su invención hemos transformado radicalmente las ciudades. ¿Alguien se imagina como sería la ciudad de Nueva York si los ascensores eléctricos no hubieran irrumpido en nuestra sociedad? Sí, esa tecnología ha hecho posible que se desarrollen ciudades compactas en las que el transporte masivo y eléctrico, el metro, permiten la movilidad de miles de personas sin que sus calles queden literalmente bloqueadas y asfixiadas por los coches térmicos.

Edison construyó las primeras centrales de generación eléctrica en Pearl Street en Manhattan (Nueva York) y en Holborn (Londres) en 1881. Al año siguiente empezaba el negocio de venta de electricidad y en menos de un año los industriales más innovadores instalaron los primeros motores eléctricos que sustituirían a las máquinas de vapor que quemaban carbón en el centro de las ciudades, asfixiando con sus humos de combustión a sus poblaciones crecientes de ciudadanos que se desplazaban desde el campo en busca de trabajo.

Pero, 10 años después menos del 5% de las industrias habían implementado la electricidad en sus procesos de fabricación y seguían instaladas en la era del vapor. La mayoría cuando renovaban equipos lo hacían de nuevo con motores de vapor.

El tema es que esos industriales innovadores no apreciaron ninguna mejora en la competitividad de su industria. La electricidad parecía tener poca relación en la mejora de la productividad. Y es que, esos pocos “early adopters” que implementaron algún motor eléctrico a la vez que empezaban a comprar energía “limpia y moderna” desde alguna central eléctrica próxima, continuaban manteniendo la estructura de fábrica industrial centralizada alrededor del eje de transmisión de la máquina de vapor, una máquina permanentemente en funcionamiento y sobre la que se planteaba todo el proceso manufacturero.

El problema es que la tecnología había cambiado pero la forma de pensar no. Los motores eléctricos hacían exactamente los mismos procesos que los de vapor, por tanto, eran perfectamente sustituibles, pero hacían muchas otras cosas que esos industriales eran incapaces de entender y, por tanto, de aprovechar.

Instalados en nuestra cultura industrial del siglo XIX, nos costó 30 años entender que no necesitábamos una gran máquina que girase para hacer llegar la energía, solo necesitábamos cables.

Las fábricas ganaron espacio y los procesos fabriles dejaron atrás la logística del eje de transmisión para abrirse camino en la línea de producción. Henry Ford lo entendió a la perfección, de algo le debían servir los años de trabajo en la compañía de Thomas Edison, y allí empezó su aventura cuando lanzó la primera línea de montaje para su fábrica de Highland Park en Detroit. Consiguió reducir el tiempo de montaje del Ford T de 12 horas a tan solo 93 minutos; o sea, que multiplicó por 10 la producción en un día. No pasó mucho tiempo para que consiguiera fabricar 1.000 coches al día. En el año 1903 la V avenida de Nueva York estaba congestionada por carruajes de caballos. En 1913 la congestión era de vehículos térmicos. Cuentan que la mayor parte de preguntas que la gente hacia a Henry Ford estaban relacionadas con la alimentación de esos caballos tan potentes que él comercializaba. De hecho, no se estaban refiriendo a las gasolineras puesto que no sabían ni que existían.

Definimos un modelo de mercado al que cualquier tecnología que aparezca tendrá que someterse, porque esa es nuestra cultura, la que parece que todo es para siempre, olvidándonos de que la única constante humana es que todo cambia.

Pero, volvamos a la electricidad. Siempre ha tenido un tendón de Aquiles. La electricidad es una mercancía peculiar. El sistema eléctrico debe estar en permanente equilibrio, es decir,  que cuando se produce también se tiene que consumir. Un “just in time” que debe funcionar a la perfección. Bajo ese principio físico se ha construido todo un sistema de centrales de generación térmica que, según determinados avisos del gestor del sistema van ajustando su producción a lo que los consumidores necesitamos en cada momento. Además, no estamos dispuestos a que esos ascensores de los que hablábamos al principio del artículo nos dejen suspendidos en el aire si no hay electricidad para todos en momentos de elevada demanda. Ello nos ha obligado a disponer de un sistema redundante en el que algunas centrales funcionan muy pocas horas al año. Y claro, sus costes deben ser cubiertos y es aquí cuando entramos en esas extrañas fórmulas de precios variables y con pagos de capacidad a grandes oligopolios que nadie entiende con lo que, su opacidad puede ser de nivel inimaginable si los organismos reguladores están capturados y los políticos se preocupan poco por saber y entender sobre el tema. El exministro Soria reconoció que el redactado de los decretos y leyes venía “hecho” por las mismas empresas eléctricas.

Pues bien, este es el mundo de la electricidad que tiene su origen en los combustibles fósiles que, si alguna cosa buena tiene, es que las tecnologías y recursos energéticos a quemar son flexibles. Es decir, con un sistema de gestión ideado en el siglo XX se da respuesta a ese “just in time”, aunque sea una repuesta bastante cara y oscura. Tema aparte merece la energía nuclear, muy poco flexible, y que por tanto está en el sistema siempre de base. Y con todo ello, definimos un modelo de mercado al que cualquier tecnología que aparezca tendrá que someterse, porque esa es nuestra cultura, la que parece que todo es para siempre, olvidándonos de que la única constante humana es que todo cambia.

Esas nuevas tecnologías, a las que voy a referirme como el primer gran cambio del siglo XXI, ya están en el mercado y a partir de 2020 en España la energía eólica va a superar “para siempre” a la energía nuclear, que hoy presenta un mayor volumen de energía en el sistema eléctrico español, y eso que para esa fecha no vamos a cerrar ninguna central nuclear, a no ser, claro, que tengamos algún accidente catastrófico por el camino. Y la solar acelera a nivel mundial y España está en el foco de atención de sus inversores. Para 2030 está previsto que la energía solar y la eólica en España supongan más del 50% de la energía eléctrica que consumimos. Pues bien, eso tiene algo de malo. La energía solar y la eólica son variables e intermitentes con lo que esa bondad de flexibilidad que se atribuía a los combustibles fósiles se volatiliza literalmente y me parece que a pocos les va a gustar quedarse colgados en el ascensor. Los gurús del siglo XX dicen que la solución va a ser el gas natural. No desesperemos, a lo mejor es que tampoco lo hemos entendido todavía.

La civilización de la electricidad se acelera. Hoy apenas supone el 25% de la energía que consumimos, pero la descarbonización de la economía hace imprescindible su incremento a porcentajes cercanos al 70%.

El segundo gran cambio del siglo XXI también está entre nosotros, pero como ya viene siendo costumbre, tampoco lo entendemos. El vehículo eléctrico.

Una tecnología nueva (si pensamos en los que utilizan batería ion litio), con poca oferta en el mercado, pero creciendo y con menos del 1% de la renovación del parque en España. Una tecnología más cara “casi” con las mismas prestaciones que su equivalente térmico, pero con una energía más limpia. La mayor parte de consumidores y políticos no le ve una mejora competitiva. El precio más elevado de adquisición y la posible destrucción de empleo en refinerías y plantas de automoción hace que pocos se esfuercen en pensar cómo introducirlo (a lo mejor se esfuerzan por todo lo contrario). La mayoría piensan que la solución es una buena red de recarga rápida en calles y carreteras equivalente a las gasolineras. Algunos fabricantes europeos, líderes en motor diésel, hablan de que hay que implementar una red de carga super rápida de potencia superior a 400 KW para cargar en menos de 5 minutos en la carretera. Sin ella, el coche eléctrico no tiene futuro.

Es fácil establecer un paralelismo de las primeras etapas de implementación del motor eléctrico versus la línea de transmisión de vapor; el coche eléctrico versus el coche térmico o las energías renovables intermitentes y los combustibles fósiles flexibles. La tecnología ha cambiado pero la forma de pensar, NO.

Lo voy a dejar aquí para que nos rompamos la cabeza pensando que más pueden hacer esos coches eléctricos y esas energías renovables. En el siguiente blog os voy a contar cual es mi visión. Doy por supuesto que lo de la mejora de la calidad del aire, la reducción de los costes sanitarios y dejar de incrementar los Gases de Efecto Invernadero ya lo tenemos internalizado con lo que no voy a ir por ahí, aunque tengamoslo claro, la salud es el motor del cambio (siempre lo ha sido) y la supervivencia de la especie humana, ni os lo cuento.

Por cierto, estaría bien que en momentos de cambio (¡¡¡y lo estamos!!!) las políticas industriales apostasen por abrir la mente a eso que aún no entendemos y que va a suponer la diferencia entre los que van a ganar la siguiente revolución industrial y los que sencillamente van a quedarse en la era de los combustibles fósiles y el uranio una generación más como mínimo. Eso sí, una generación contenta de ser conectada y digital pero posiblemente sin empleo.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Acelerar el cierre nuclear

A raíz del anuncio realizado por el Gobierno de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llevará a Bruselas pospone la fecha de cierre de las centrales nucleares de forma progresiva hasta 2035, Greenpeace y la Fundación Renovables hemos elaborado un documento que analiza la situación actual y que hemos querido compartir con alrededor de una veintena de expertos y agentes sociales en un coloquio que celebramos ayer en Madrid para compensar la ausencia de debate social en un tema tan relevante para la sociedad y las generaciones venideras como éste.

La salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035 supone alargar la vida de estas instalaciones más allá de los 40 años. La propuesta de la Fundación Renovables es el cierre programado de todas las centrales nucleares antes del año 2024, sin extensión de su vida útil, es decir, sin que se renueven sus licencias de explotación: junio de 2020 para Almaraz I y II; julio de 2020 para Vandellós II; marzo de 2021 para Cofrentes; octubre de 2021 para Ascó I y Ascó II y, por último, noviembre de 2024 para Trillo. Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre consideramos que éste debe producirse en el momento que finalice cada licencia de operación actual.

Y tenemos razones para proponerlo. La primera, porque es posible hacerlo. La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida para esa fecha por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas, es decir, con la ejecución este año de las renovables subastadas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables, queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

Es decir, que en nuestras propuestas no está el cerrar o prohibir algo que no tenga alternativas, los número demuestran que las renovables están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual según vayan caducando las licencias de operación de las centrales en funcionamiento, tal y como han refrendado en el coloquio de ayer tanto José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

En segundo lugar, el hecho de que resulten deficitarias según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar artificialmente su vida, puesto que pone en tela de juicio las inversiones que deban ser acometidas para garantizar la rentabilidad de las mismas. Esto  supone, de facto, como ya se ha solicitado, la reducción de las tasas para el tratamiento de residuos, tasas que en la actualidad son insuficientes para poder garantizar el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las propias centrales una vez hayan acabado sus periodos de operación. Además, las centrales nucleares, en un malentendido estatus de carga base –la gestionabilidad del sistema fue soportada principalmente en 2018 por la hidráulica-, disfrutan de un régimen favorable de funcionamiento porque no asumen todos sus costes, lo que las coloca en ventaja respecto a otras fuentes con las que deberían competir.

Nuestra propuesta, recogida en el informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente

En tercer lugar, no hay que olvidar los riesgos que implica la radiactividad, que se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.

La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente. Por otra parte, consideramos que el hecho de que no se hayan recaudado los fondos suficientes para el desmantelamiento -entre otras vías, mediante tasas que se aplican a las centrales nucleares- no puede ser la razón para mantenerlas en funcionamiento porque, además, es consecuencia de una mala gestión pública y política, lo que no quita que se les exija una mayor responsabilidad de manera que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.

Nuestra propuesta, recogida en el informe Hacia una Transición Energética Sostenible es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta el 100% de renovables. Es factible y obviamente sostenible. Con estas y otras medidas proponemos para 2030 una reducción de emisiones del 51% respecto a 1990 y del 59% respecto a 2015, con una reducción de la demanda de energía final del 25% con respecto a 2015, una electrificación del 50% de la demanda final de energía (el doble que hoy) y una penetración en el sistema eléctrico de las renovables del 80% y de un 50% en la cobertura de la demanda final de energía.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

Claves y actores para acelerar la transición energética renovable: el mundo deportivo

Inicio una serie de artículos sobre cómo podemos acelerar la transición energética renovable, centrados sobre todo en los actores que pueden impulsar la ejecución de medidas necesarias para su implantación.

Es el caso del deporte. Como actividad individual y como fenómeno de masas es seguramente una de las actividades que ocupa más tiempo a las personas, ya sea con la práctica activa o como segmento informativo en los medios de comunicación. Además, los espectáculos deportivos se han convertido en uno de los mayores escaparates de productos de consumo y los deportistas en los héroes modernos dónde se miran un gran número de personas, y especialmente los niños y jóvenes. Por eso, es tan importante que todos los ámbitos y personas vinculadas al deporte sean especialmente sensibles a qué tipo de valores y comportamientos sociales se transmiten como positivos e imitables.

Los clubs deportivos y los deportistas, especialmente los de élite, han de ser sensibles a las graves consecuencias del calentamiento global, y como piezas importantes de nuestra civilización, han de contribuir de forma activa en esa lucha urgente para frenarlo. Todo el mundo está de acuerdo en la contribución del deporte a la educación en valores, como el de superación personal y el trabajo en equipo. Ese papel educativo y de fijación de hábitos del deporte, en este siglo XXI, se debe ampliar hacia nuevos campos y acciones sociales necesitados de urgente atención y acción. Me refiero a la lucha contra el cambio climático, como un compromiso con la salud de las personas, la preservación de la biodiversidad y las generaciones futuras.

Es cierto que ya hay algunas iniciativas, tanto de ámbito nacional, como internacional, para integrar el deporte en los movimientos de desarrollo sostenible. Pero no es suficiente. Estas acciones no se están actualizando a la velocidad que los problemas ambientales necesitan, ni se les ha dado el impulso, el apoyo y la visibilidad que se merecen.

Por ejemplo, en 2007 se aprobó la Estrategia Nacional sobre deporte y sostenibilidad, la primera y única de ámbito estatal. Los contenidos y líneas de acción de la estrategia determinan la necesidad de que los principales agentes relacionados directa o indirectamente con el deporte adquieran un compromiso e implicación con el desarrollo sostenible. Este compromiso se estableció y se materializó a través de la Carta Verde del Deporte Español (2007) que contiene los valores y principios básicos que deberán contemplar las organizaciones y entidades que la suscriban (en 2017 más de 200) y que deberían orientar sus políticas y prácticas deportivas, en materia de sostenibilidad. Es evidente que después de 12 años es necesario impulsar una nueva estrategia y un nuevo pacto social del deporte y la sostenibilidad, con claves nuevas marcadas por la lucha contra el cambio climático y la transición energética renovable.

El altavoz mediático de los fenómenos deportivos de masas puede ser el elemento necesario para transmitir, con rapidez y eficiencia, la urgencia de implantar un nuevo sistema energético, basado en el ahorro de energía y en el uso de energía renovables y no contaminantes

Hay muchos ámbitos de acción climática donde se puede actuar. El altavoz mediático de los fenómenos deportivos de masas puede ser el elemento necesario para transmitir, con rapidez y eficiencia, la urgencia de implantar un nuevo sistema energético, basado en el ahorro de energía y en el uso de energía renovables y no contaminantes. Esa transición hacia un nuevo modelo energético renovable no es solo un cambio tecnológico es, sobre todo, un cambio de hábitos de la ciudadanía en casi todos los ámbitos cotidianos y, por tanto, puede ser un camino lento, ¡y no hay tiempo! Necesitamos palancas de cambio potentes y alianzas con sectores de influencia social incontestable como el deportivo.

Como este no es un espacio para profundizar en todas las cosas que se pueden hacer desde el deporte, indicaré solo dos aspectos que pueden servir de altavoz para formar a la ciudadanía sobre la necesidad de su implicación en la aceleración de la transición energética y en la lucha contra el calentamiento global.

  • Estadios deportivos de emisiones neutras, abastecidos con energías renovables.

Ya hay iniciativas importantes que promocionan el deporte sostenible, como la del Comité Olímpico Internacional (COI) que obliga a incluir medidas de protección ambiental (Programas ecológicos – “el tercer pilar de los juegos olímpicos”) como uno de los requisitos para adjudicar la sede de los Juegos Olímpicos.

En Europa, el principal impulsor de las instalaciones solares en estadios ha sido la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que inició el programa “Gren Goal” en 2003, gracias al cual en Europa la mayoría de grandes estadios con instalaciones solares, en 2017, son de fútbol. Muchos de los 15 Estadios europeos que tienen instalaciones solares son de los equipos de las grandes ligas de fútbol profesional (Eredivisie, Ligue 1, Bundesliga y Serie A, que son las principales divisiones de fútbol en los Países Bajos, Francia, Alemania e Italia). Según el sector energético, se espera un incremento de instalaciones en los próximos años, por la reducción del precio de estas infraestructuras.

En la actualidad, la instalación y utilización de sistemas de ahorro energético y de energía renovables (especialmente fotovoltaica) en un estadio, puede ser también una buena decisión económica para el club o la administración propietaria del edificio. El coste de las instalaciones energéticas se ha reducido tanto, especialmente las solares y los sistemas de eficiencia, que los beneficios económicos aconsejar su implantación. Además, si no es posible instalar paneles solares en las edificaciones existentes o en estadios cercanos, hay otras fórmulas para iniciar las políticas de sostenibilidad energética de los clubs. Un ejemplo es el Arsenal, que se ha convertido en el primer equipo en la Premier League en ser 100% sostenible en su consumo de energía, con un acuerdo de compra de Energía (PPA) de procedencia certificada con Octopus Energia, con lo que el club dejará de emitir 2,32 millones de Kg de CO2/año.

Otro impulso a la construcción de estadios deportivos sostenibles en la UE los próximos años, son el aumento de los compromisos climáticos europeos para 2030, que se concretan en una reducción de emisiones del 45%, un aumento del ahorro y la eficiencia energética del 32,5% y del consumo de energías renovables del 32%. Además, la directiva de la UE 2018/844 de eficiencia energética de edificios lo que implica incorporar sistemas de ahorro y eficiencia energética y cubrir con renovables sus necesidades energéticas, para no emitir dióxido de carbono (CO2).  Eso significa que, como mínimo, habrá directrices y recursos de la UE y de los países para renovar las instalaciones deportivas públicas con instalaciones renovables, que también son un elemento importante y visible de la red de estadios deportivos.

La expansión de los proyectos de eficiencia y los solares en los estadios deportivos públicos y privados puede ahorrar millones de euros en costes energéticos tanto a las administraciones comoa las grandes ligas deportivas

Por la reducción de costes de las instalaciones renovables, la expansión de los proyectos de eficiencia y los solares en los estadios deportivos públicos y privados puede ahorrar millones de euros en costes energéticos tanto a las administraciones comoa las grandes ligas deportivas, además de reducir de forma importante las emisiones de carbono. Y por otro lado estas instalaciones pueden ayudar a acelerar la Transición energética  y a expandir las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial al servir de ejemplo para los aficionados del fútbol, el baloncesto o las carreras que podrán comprobar la eficiencia del sistema.

Por estas razones sorprende que, en el proyecto de nuevo estadio del club de fútbol del Real Madrid, presentado públicamente en los últimos meses, no se mencione ni se encuentre referencia alguna a la sostenibilidad de estas edificaciones ni, por supuesto, a la instalación de infraestructuras de energía renovable. En el caso del proyecto del nuevo estadio y otros equipamientos deportivos del F.C. Barcelona, sí podemos encontrar algunas referencias a la sostenibilidad de los edificios y a sistemas de energía renovable para el riego, pero tampoco se destacan, ni quedan muy reflejadas en las presentaciones del proyecto.

En ambos casos, no solo es una oportunidad perdida para explicar y hacer visible a la ciudadanía y a los aficionados deportivos las posibilidades reales de implantar energías renovables en nuestras ciudades, y la apuesta de esos clubs por colaborar en la lucha contra el calentamiento global; sino que además estarían incumpliendo la Directiva de la UE 2018/844 de eficiencia energética de edificios que indica que, a partir de diciembre de 2020, los edificios de nueva construcción deberán ser de consumo de energía casi nulo,.

  • Los deportistas de élite, los nuevos héroes de la Transición energética renovable y la movilidad eléctrica

Todos sabemos que los grandes deportistas mundiales son un modelo a seguir para muchos de los aficionados a los deportes y, especialmente, a los deportes de masas, como el fútbol. Estos deportistas no solo marcan tendencia en todas las actividades y productos vinculados al deporte, sino que su modo de vida, su ropa, su peinado, su casa, su coche… son seguidos e imitados por mucha gente. De ahí que las grandes marcan compitan por ficharlos para que sea la imagen de su publicidad.

Será más pronto que tarde que nazcan iniciativas ciudadanas para pedir un comportamiento más sostenible a los grandes clubs y deportistas de élite.  Antes de que sean necesarias esas plataformas ciudadanas, corresponde a las aficiones y socios de los grandes clubs deportivos presionar a sus directivas para desarrollar su actividad con criterios de sostenibilidad, y encontrar alternativas financieras a esponsorizaciones millonarias de empresas vinculadas al modelo energético fósil.

Por otro lado, es una responsabilidad personal de los deportistas de élite saber elegir a qué modelo de sociedad y a qué compañía y producto le presta su imagen. Han de ser conscientes de que se puede seguir haciendo publicidad y, a la vez que mejoran su imagen pública, ayudar a no empeorar la situación de este planeta y de sus habitantes: se pueden conducir y publicitar los coches eléctricos, en vez de vehículos de combustión; enseñar sus grandes casas, pero que tiene instalaciones solares y sistemas de recogida y reutilización de agua; vestir con ropa elaborada con criterios sostenible y de trabajo digno; recomendar productos y bebidas saludables…

Ese comportamiento será una forma fácil de ayudar a muchas personas a repensar sus criterios de consumo y a mejorar sus hábitos ambientales. Y una forma de garantizar que los deportistas sigan siendo los héroes del siglo XXI, tanto por sus hazañas deportivas, como por su aportación a construir un mundo más saludable para hoy y para las generaciones futuras.

Carme García Lores – Experta en planes energéticos municipales

Ocho pruebas de que la transición energética mundial va más rápido de lo que piensas

Las noticias sobre cómo avanza el cambio climático, la contaminación o la degradación ambiental son tan continuas como demoledoras. Constantemente nos aplastan con informaciones que muestran las consecuencias de la desastrosa gestión del entorno que nos rodea. Son tantas evidencias, que podemos caer fácilmente en el desánimo y creer que esto ya no tiene arreglo.

Pero no es así. Las soluciones están en marcha, y avanzan cada vez más rápido, aunque difícilmente captan la atención de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tan solo mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos. Hay tantos casos que no es fácil seleccionar, pero sin duda estos ocho ejemplos, de todas las partes del mundo, están entre los más llamativos.

En África, el presidente de Kenia se ha comprometido a completar la transición del país a 100% renovable para 2020. Kenia es uno de los líderes mundiales en energía geotérmica y está invirtiendo en todas las demás renovables.

En Oriente Medio, Arabia Saudita ha firmado con Softbank la financiación del mayor paquete de proyectos solares del mundo: 200 GW, de los que los primeros 7,2 GW van a comenzar a funcionar este año y el resto se irán poniendo en marcha hasta 2030. Israel, por su parte, estará libre de carbón y de motores de combustión interna para 2030.

En Oceanía, los hogares y negocios australianos están instalando energía solar en sus tejados batiendo récords: se instalan 6 paneles solares cada minuto, más de dos millones de hogares ya disponen de energía solar, y en los estados de Queensland, Australia del Sur y Australia Occidental la penetración ya supera el 30%. Mientras, el gobierno de su vecino Nueva Zelanda anunció que no dará más permisos para exploración de petróleo o gas en sus aguas territoriales.

En Asia, las renovables crearon 47.000 nuevos empleos en la India en 2017, alcanzando los 432.000 puestos de trabajo. Vietnam ha anunciado planes para más que triplicar la electricidad que produce con renovables y aumentar en un 26% el uso de energía solar en los hogares para 2030. Las compañías japonesas Fujitsu y Marui Group se han comprometido a suministrarse con energía 100% renovable. Sumitomo Mitsui Trust Bank se ha convertido en el primer banco japonés que restringe la financiación de proyectos de carbón, tanto dentro como fuera de su país.

Mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos

En América, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se ha comprometido a prohibir los combustibles fósiles y a ser el primer país del mundo en descarbonizarse completamente. El año pasado, Costa Rica ha estado 300 días (201 seguidos) usando solo energía renovable para su suministro eléctrico, batiendo su propio récord del año anterior. En EEUU, a pesar de Trump, California ha establecido por ley que el 100% de su electricidad sea renovable para 2045. Y además, el gobernador del estado, Jerry Brown, ha firmado una orden ejecutiva para que California alcance la neutralidad de carbono ese mismo año.

En Europa, el dinero huye del carbón. La mayor compañía de seguros de Europa, Allianz, se ha comprometido a dejar de asegurar empresas vinculadas al carbón. La tercera aseguradora del mundo, Generali, deja de asegurar nuevas térmicas de carbón y minas. La segunda mayor compañía de reaseguros del mundo, Swiss Re, ha dejado de asegurar centrales térmicas, minas y empresas expuestas al carbón en más del 30%. El mayor banco de Alemania, Deutsche Bank, dejará de financiar proyectos de carbón, lo mismo que el mayor banco de Dinamarca, Danske Bank, que ha decidido dejar de invertir también en las contaminantes arenas bituminosas. Y no solo el sector financiero privado: Irlanda se ha convertido en el primer país en desinvertir completamente en combustibles fósiles.

Todas las instalaciones de Apple (fábricas, tiendas y centros de datos) se suministran con energía 100% renovable. Facebook se ha comprometido a ser 100% renovable para 2020. Sony se ha comprometido a cubrir todas sus necesidades energéticas con renovables para 2040 (partiendo de solo un 7%) Samsung se ha comprometido a suministrar con energía 100% renovable todas sus operaciones en Europa, EEUU y China para 2020. Y su compromiso lo han seguido otras 11 grandes corporaciones coreanas.

Y también aquí en España hemos visto cómo se ha acordado el fin de la minería del carbón, las compañías eléctricas planean cerrar 9 de las 15 térmicas de carbón del país, y hemos logrado fulminar por ley el infame “impuesto al sol”. En ese contexto, las energías renovables vuelven a renacer, con multitud de proyectos, y la cuota de electricidad renovable ha subido al 40% (en 2017 fue del 33%).

Así que no hay que cambiar de planeta ni esperar un milagro, lo que hay que hacer es acelerar la transición energética y ecológica, que ya está en marcha, para que llegue a ser más rápida que el cambio climático y la destrucción ambiental. Con los datos en la mano, hay razones para la esperanza.

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia “cambios de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

planta

En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era “un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima”.

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: “El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: “El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes”.

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca“, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca”

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación “Casablanca” es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos”.

También añadió: “Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla”. En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

La buena energía

Final de año, ¡qué necesidad!

Sé que es una ficción, en realidad el día uno de enero es solo unas horas más que el treinta y uno de diciembre, pero de verdad que necesitamos convencernos a nosotros mismos de que algo nuevo acaba de empezar, en otro caso, no podemos sobrevivir.

Es un hastío enorme ver las noticias de cada día y sentir la frustración de que nadie parece capaz de conciliar en lo que estamos de acuerdo y relajar en lo que no estamos. Cataluña, conflicto político, corrupción, paro, machismo… y en vez de empujar… todos a “dar por culo”. Y en la energía, una milonga más en la que enredar hasta el infinito.

¿Por qué tanto desgaste una y otra vez en medios y redes sociales con cosas en las que realmente no hay controversia? Parece como si la única manera de obtener notoriedad de algunos periodistas y por supuesto, de los “opinadores” de Twitter fuese ser capaz de dar el mensaje más ofensivo posible contra otro que haya dicho algo (ocurrente o no) y la multitud de likes complacientes que ha obtenido con su miseria.

Necesitamos realmente que acabe el año. Necesitamos que empiece un nuevo ciclo en el que, si cabe alguna vez, miremos todos en la misma dirección. La “buena energía” es la que nos une, no la que nos separa.

Hoy no voy a defender aquí si las renovables van a cambiar el mundo o si el cambio climático es una ola que nos pasará por encima ¡Si es que en realidad ya sabemos todos que es así! Hoy escribo para reflexionar sobre la forma de manejar nuestro actuar con los demás. ¿A dónde demonios vamos?  Es cierto que la Navidad me hace aflorar sentimientos pasteloides pero decidme la verdad, ¿qué sentido tiene que cada vez que interactuamos en la red nos envenenemos en una dirección u otra? Imaginémonos que eso mismo nos pasa cuando paseamos por la plaza de nuestra ciudad. Es un disparate.

Soy consciente que la gente no va a cambiar por leerme hoy aquí, pero por lo menos, a todos aquellos que escribimos sobre energía y sostenibilidad, converjamos en que no hay que insultarse para compartir nuestras opiniones, no mofarse de otro porque no piense como tú, ni pensar que eres un anarquista bolivariano por entender que las cosas de la energía tienen que ser diferentes.

Troles del mundo, daros un respiro que es Navidad.

Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER

Transición energética justa (II)

Petróleo y movilidad eléctrica. El fracaso y la esperanza de la Cumbre climática de Katowice

El debate público de la transición energética y el cambio climático hasta hace poco se orientaba casi exclusivamente a la generación eléctrica con carbón y a su sustitución por energías renovables. De los combustibles fósiles se hablaba en genérico de tal forma que el sector de la automoción, alimentado en un 98% con derivados del petróleo, parecía ajeno al debate, como mínimo a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, gobiernos y empresas de los sectores afectados. Otro tanto se podría decir del sector del refino de petróleo.

La realidad nos cayó encima cuando, a mi parecer muy acertadamente, la ministra de Transición Ecológica puso encima de la mesa la prohibición de venta de vehículos con emisiones directas de CO2 a partir de 2040. Por tanto, asumiendo que se cumplen las leyes físicas de la termodinámica y los principios de la estequiometria para combustiones en motores térmicos en presencia de un combustible con carbono en su composición química, eso dejará fuera de mercado a todos los vehículos que funcionen, total o parcialmente, con algún combustible fósil.  Es importante insistir en este punto, por la inmensa cantidad de desinformación que se ha lanzado, y que se lanzará, desde el sector petrolero y, en menor medida, desde el automovilístico, en nombre del concepto de “neutralidad tecnológica”.

La “Alianza del Mal”, como algunos la han llamado metafóricamente, constituida por EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait, ha bloqueado el reconocimiento del informe del IPPC, por cierto, encargado por los propios países firmantes del Acuerdo de París. No debemos olvidar qué tienen en común estos cuatro países: son grandes productores de petróleo.

La reciente presentación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPPC, reclamando la necesidad de esfuerzos más contundentes que los presentados por los países en la Cumbre Climática de París en 2015 para evitar la catástrofe ecológica no es en absoluto casual.  No se nos debería pasar por alto cuál ha sido el verdadero fracaso de la COP24 celebrada en Katowice. La “Alianza del Mal”, como algunos la han llamado metafóricamente, constituida por EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait, ha bloqueado el reconocimiento del informe del IPPC, por cierto, encargado por los propios países firmantes del Acuerdo de París. No debemos olvidar qué tienen en común estos cuatro países: son grandes productores de petróleo.

Y es que la transición energética es indisociable de la transición de una movilidad basada en la importación de petróleo hacia otra basada en energía limpia producida a nivel nacional. Es importante resaltar el enorme peso del transporte por carretera en las importaciones de este combustible fósil. En España, el 60% de las importaciones de este combustible son quemadas en nuestras calles y carreteras.

Anticipándose al fracaso de la COP24, el Reino Unido, en colaboración con la presidencia polaca, presentó la declaración “Driving Change Together” en la que la electromovilidad se erige como medida esencial y estructural para la descarbonización de la economía, la mejora de la calidad del aire de las ciudades, la innovación industrial y la reducción de costes en importaciones de petróleo. La Fundación Renovables ha decidido solicitar su adhesión a la plataforma de estados, regiones, ciudades, empresas y ONG que le dan su apoyo.

En el momento de redactar este artículo y a menos de una semana de finalizar la COP24, terminaban las negociaciones del Clean Mobility Package entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo con el acuerdo de reducción de emisiones del 37,5% para coches nuevos en 2030. De hecho, en septiembre de 2017 el Comisario Europeo de Energía y Clima, Miguel Ángel Cañete, presentaba la propuesta de Directiva como “el inicio de la revolución industrial” y eso que la ambición de reducción no iba más allá del 30% por aquel entonces.

A fecha de hoy, y aunque a regañadientes, la mayor parte de los fabricantes de vehículos europeos hacen promesas de electrificación en la senda necesaria para futuros modelos, sobre todo a partir de 2025. A su favor hay que reconocer que la mayoría han asumido su falta de previsión a la hora de lanzar una oferta antes y por delante de una liga global en la que la Unión Europea va muy retrasada y en la que parece que empiezan a tener claro que no les van a esperar.

Pero esa realidad “ institucional” va a necesitar de una hoja de ruta que permita conectar esos objetivos a 2030 y a 2040 con nuestra situación actual, en la que la práctica totalidad del parque circulante es diésel y gasolina y las renovaciones a eléctrico no superan el 1%; las bonificaciones al diésel, tanto en el impuesto de hidrocarburos como en el de matriculación se mantienen vigentes 10 años después de las primeras infracciones comunitarias por la mala calidad del aire; el incremento de desplazamientos diarios continúa a la alza, con más de 3,3 viajes diarios por persona; la ocupación de los vehículos apenas se ha movido del 1,2 (o sea, de cada cinco coches solo uno lleva a dos personas y los otros 4 transportan solamente a su conductor) y la oferta de transporte público, aunque relativamente buena en las grandes ciudades, dista mucho de dar respuesta a las zonas metropolitanas, periurbanas y rurales. Y todo ello sin olvidar el incremento del precio de la vivienda en las ciudades, que expulsa de ellas a las clases más populares forzándolas a incrementar su dependencia del vehículo privado.

Así las cosas, ¿es consciente la sociedad y la clase política de lo que realmente significa la lucha por el cambio climático?  No podemos pasar por alto el motivo que ha encendido la chispa del movimiento francés “Gilets Jaunes o chalecos amarillos”: la inclusión de fiscalidad ambiental en la venta de carburantes de automoción. Sin ninguna duda, se trata de la “gota que colma el vaso” de una situación completamente injusta que sufren las clases más populares de la sociedad francesa y que poco tiene que ver con la transición energética. Una fiscalidad ambiental que va a revertir en menos del 15% de su recaudación en el acompañamiento social necesario para una transición justa. Una fiscalidad en su conjunto muy poco equitativa y con falta de visión global que se añade a la supresión del impuesto del patrimonio a las clases más bien estantes.

La transición de la movilidad con combustibles fósiles a la electromovilidad con energías renovables de producción nacional va a suponer que sectores como el del refino de petróleo y fabricantes de vehículos térmicos estén sometidos a fuertes cambios que pueden ser dolorosos y posiblemente injustos sino se afrontan con el tiempo y las medidas necesarias de trasformación.

Hasta la fecha no me consta que ningún líder político haya perdido las elecciones por no garantizar la calidad del aire que respiran sus posibles votantes. Pero, no está nada claro que revalide el gobierno si se incrementan los impuestos a los combustibles y actividades contaminantes a la par que se instala la incertidumbre y el miedo a la pérdida de empleo.

Disponemos de ejemplos no muy lejanos que podrían ayudar a una transición justa al inevitable y necesario cambio de modelo energético. Actuar desde el incentivo fiscal. Veinte años atrás, el interés político para incrementar la utilización del diésel se materializó en políticas fiscales de bonificación (en lugar de penalización a la gasolina) y en una rebaja sustancial al impuesto de matriculación, hasta el punto de que hoy 3 de cada 4 vehículos nuevos diésel no tributan este impuesto. Esos incentivos fiscales animaron a la innovación industrial y a la reconversión “rápida” del parque de vehículos. En menos de 15 años pasaron de una cuota muy baja a ser el 70% del parque renovado sin olvidar el fuerte empuje innovador y de progreso a la industria española de la automoción que hoy se sitúa en la segunda más importante de Europa y en la novena del mundo en motores térmicos, principalmente diésel.

Es evidente que el rendimiento social que pueda tener esa política fiscal de bonificación se debe reajustar para no afectar a otras políticas públicas y es aquí donde adquiere todo su sentido la necesidad de encontrar otras cargas que ayuden al reequilibrio social y no a todo lo contrario.

La calidad de oferta del transporte público en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como la casi permanente boina de contaminación en la que se encuentran, permite plantear una figura fiscal por toxicidad

La calidad de oferta del transporte público en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como la casi permanente boina de contaminación en la que se encuentran, permite plantear una figura fiscal por toxicidad, como ya sucede en la ciudad de Londres, “T-charge o Toxicity Charge”, que a su vez contribuiría a garantizar la financiación de su mejora continua, así como a afrontar una política ambiciosa en aparcamientos de enlace, carriles bici y servicios de bicicleta compartida.

Desde el sector de la automoción se pide una transición energética pausada y, por supuesto, veintidós años deberían ser más que suficientes, pero el tiempo apremia, hay mucho por hacer y aunque vamos bastante tarde salimos con ventaja: una industria de la automoción potente y preparada y con un recurso energético nacional extraordinario para alimentar a esos vehículos, la energía solar.

Si entendemos el reto y lo asumimos con liderazgo político y máxima ambición estaremos en disposición de ahorrar 50.000 millones de euros anuales en importaciones de petróleo y de trabajar para la innovación industrial en el sector de la automoción, de las redes inteligentes y de la infraestructura de recarga. Todo ello nos va a permitir desarrollar nuevos modelos de negocio ligados a la gestión de la demanda y a introducir la flexibilidad necesaria para la gestión de las energías renovables, ayudando a eliminar esos costes de capacidad del carbón y el gas natural a los que me refería en el anterior artículo del blog en materia de transición energética justa. La creación de muchos empleos de futuro y de economía verde están en juego y el riesgo de no participar de ese cambio puede convertirse en el mayor peligro para la sociedad del siglo XXI.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Transición energética justa ¿un nuevo eslogan político? (I)

Pocos medios de comunicación, por no decir ninguno, abren portadas con las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana en la ciudad polaca de Katowice. Qué lejos queda aquella ilusión, y no menos ambición, del Acuerdo de París de 2015.

De lo que tengo pocas dudas es de que la Cumbre Climática estaría en primera página si Polonia, anfitrión de la Conferencia de las Partes de 2018 (COP24), dejase sin luz a la ciudad de Katowice durante más de 48 horas. Los conferenciantes, asistentes y negociadores de más de 200 países de “la COP a oscuras” saldrían en todas las portadas y el primer ministro polaco se podría olvidar de toda felicitación por los avances conseguidos, si es que hay alguno.

Y es que, en pleno siglo XXI, con una sociedad cada vez más dependiente de la electricidad y los carburantes, no garantizar la seguridad energética te puede costar no revalidar el gobierno en las siguientes elecciones.

Garantizar el suministro energético por parte de los representantes políticos, al coste que sea necesario, es uno de los temas que se encuentran “ocultos” tras la Cumbre Climática de Katowice, ciudad situada en la región de Silesia, la comarca minera más importante de Europa y la segunda región con más desempleo de Polonia. Con más de 80.000 mineros, Katowice alberga la central de carbón más grande de Europa.

No superar el incremento global de temperatura media de 2ºC comprometido en el Acuerdo de París, requiere afrontar la descarbonización absoluta de un modelo energético fósil y contaminante. Y eso no es una utopía. Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Pero los flujos energéticos renovables en su mayoría son intermitentes, no siempre hace sol ni sopla el viento. Para garantizar la viabilidad de tecnologías de respaldo para esas situaciones, desde la década pasada los países europeos incorporaron en el recibo de la luz lo que se llama “mecanismos de capacidad”. Se trata de unos pagos, subsidios, subvenciones (que escoja el lector la palabra que quiera) que los consumidores pagamos mediante un gravamen impuesto en el recibo de la luz para garantizar el suministro, o sea, la seguridad ante posibles cortes de luz por intermitencia de las renovables pero también, y muy especialmente, para hacer frente a las puntas de consumo.

Las centrales que se llevan la cantidad más grande de “esos pagos” son las de gas y las de carbón. Bajo el concepto de “seguridad” muchos países instrumentalizan una política de subvención pública a los combustibles fósiles. Un apunte: España se lleva la palma en este tema. La falta de transparencia para identificar cuál es la capacidad necesaria que necesitamos para esa seguridad nos ha puesto los primeros de la lista europea en subvenciones que reciben las centrales más contaminantes. Y no hablamos de calderilla sino de 800 millones de euros anuales, una cifra mucho más alta que la que se calcula necesaria para hacer frente a la pobreza energética y que ha supuesto la abertura de un expediente informativo por parte de la UE al Reino de España por considerar que esconden ayudas de Estado a combustibles fósiles.

Estos pagos o subvenciones a los combustibles fósiles, instrumentados en el recibo de la luz que pagamos todos, no han supuesto ninguna portada en medios de comunicación ni tampoco ninguna protesta social, pero algunos europarlamentarios han querido dotarles de transparencia y limitarlos a unos valores razonables y acotados en el tiempo, que puedan ser auditados y, además, que ninguna central con emisiones de CO2 superiores a 550 g/Kwh pueda beneficiarse de ellos. Ese valor de emisiones implica, de facto, el cierre de las plantas de carbón por inviabilidad económica y, en consecuencia, el desempleo de la actividad minera asociada.

Esa es la gran discusión que afronta la UE de manera simultánea a la celebración de la Cumbre Climática y que está frenando la aprobación de la Directiva del diseño del mercado eléctrico y, por tanto, bloqueando el Paquete Energía Limpia con el que la UE pretende dar respuesta a los acuerdos de París en el horizonte del 2030.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación. Sobre la mesa hay diversos horizontes: el 2025 que propone la Comisión y el 2035 que propone el país anfitrión de la cumbre. De forma lógica, Polonia, con más del 80% de generación eléctrica procedente del carbón, recurso energético autóctono, presiona para que esa limitación se dilate el máximo en el tiempo.

La justicia climática no se puede desligar de la transición energética y ello, sin ninguna duda, va a suponer que algunos sectores como el del carbón, estén sometidos a medidas nada agradables, dolorosas y posiblemente injustas sino se afrontan con el tiempo y las medidas necesarias. Tiempo que, por cierto, empezó con las directivas europeas de finales de los años 80 que limitaban las emisiones contaminantes de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de las grandes centrales de combustión. Entre otros, se establecían planes de cierre si no se conseguían los niveles de emisión permitidos. Y aquí estamos, 30 años más tarde, viendo como algunos países piden 18 años más de tiempo.

Entre los logros de la Cumbre Climática de Katowice va a destacar la “Declaración de Silesia para una transición justa y solidaria” a la que España seguramente se va a adherir.  Sin duda, la transición energética no se puede desligar de una transición justa tanto desde el ámbito social como económico pero me temo que ello sirva, una vez más, para que las administraciones actuales puedan recoger beneficios políticos inmediatos aparentado ecologismo y sensibilidad social mientras que aplazan de nuevo las medidas a tomar que les puedan suponer un elevado precio político y que dejarán para administraciones futuras.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

La transición energética es cosa de todos

El cambio climático supone una alteración anómala de los fenómenos meteorológicos, debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto hace que aumente la temperatura y haya más energía disponible en la atmósfera. Así, como estamos viendo, los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos. De manera que, o dejamos de emitir gases a la atmósfera, o las condiciones para la vida se van a volver cada vez más complicadas.

Todos los estudios científicos demuestran que el cambio climático es ya una realidad a la que tenemos que enfrentarnos diariamente y que la intensidad de este cambio y sus efectos irán en aumento en los próximos años. Los científicos estiman que el tiempo de reacción que nos queda, si no hacemos nada, para que se produzcan efectos catastróficos irreversibles, es tan sólo de doce años (2030). Esta es la razón de que 2030 aparezca como una fecha objetivo en los planes de reducción de emisiones de la Unión Europea y de muchos países del planeta. También nos dicen los últimos informes que las emisiones globales a la atmósfera siguen aumentando.

La llamada Transición Energética consiste en ser capaces de cambiar nuestro modelo energético actual a otro más respetuoso con el medio ambiente, lo que significa básicamente dejar de utilizar combustibles fósiles y cubrir nuestras necesidades de energía a partir de fuentes renovables. Sólo así podremos frenar el cambio climático y necesitamos hacerlo de forma urgente.

El nuevo Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado hace unos días por el Gobierno, es, sin duda, una buena noticia, aunque debe considerarse sólo como un primer paso para afrontar la necesaria descarbonización de la economía española. En su tramitación parlamentaria y, sobre todo, en su desarrollo normativo posterior y en su aplicación, podremos calibrar la profundidad y efectividad de las medidas que se anuncian para luchar contra el cambio climático. Un documento que, como hemos denunciado desde la Fundación Renovables, carece de la ambición necesaria para llevar a cabo la Transición Energética y que no es coherente ni con la urgencia del problema ni con los objetivos de emisiones cero en 2050 que recomiendan los expertos.

No se trata de un problema ideológico. Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías. Las ventajas son evidentes para un país con una muy alta dependencia de los combustibles fósiles, que lastran nuestra balanza comercial, y que tiene gran disponibilidad de recursos renovables, principalmente sol y viento. Por tanto, debería resultar sencillo que los diferentes partidos políticos se pusieran rápidamente de acuerdo en este tema.

En las sociedades democráticas, donde los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos, medidas como las que hay que tomar para afrontar este cambio, a menudo drásticas, e implementadas en un corto plazo tiempo, requieren que los ciudadanos estemos convencidos y participemos activamente en este cambio, toda vez que los responsables políticos no parecen estar muy dispuestos a tomar medidas que puedan poner en riesgo inmediato su empleo. Tendremos que exigírselo y las próximas convocatorias electorales es un buen momento para ello.

Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías

Una de las cosas que más llama la atención de esta Ley es la ausencia de medidas para la democratización del sistema energético y la participación de la ciudadanía, aspectos claves para el éxito de la misma.

Por tanto, bienvenida la nueva Ley, pero recordemos que no es posible  llevar a cabo la Transición Energética sin la participación ciudadana. Participación política, organización social y responsabilidad deben jugar un papel clave.

Durante muchos años, hemos diseñado un modo de vida totalmente dependiente de los combustibles fósiles que, ahora, por un problema de supervivencia, tenemos urgentemente que cambiar.  ¿Cómo nos convencemos, cada uno de nosotros, de que no hay otro camino, de que es urgente hacerlo?

En este debate político y social, aquellos que ven peligrar sus intereses económicos van a intentar oponerse y retrasar todo lo posible este cambio. Pero las evidencias son abrumadoras. Cuanto más tardemos peor.

Nos movemos en permanentes contradicciones que dificultan este proceso:

  • Confundimos nuestros derechos fundamentales con hábitos, costumbres y usos. Poder respirar aire limpio es un derecho, tener vehículo privado no, como no lo es tener un barco o un avión privado, por más que en casi todas las familias tengamos al menos un coche y lo consideremos parte fundamental de nuestro modo de vida.
  • Nos parece bien que se mejore la calidad del aire en las ciudades que vivimos, pero nos oponemos a que se tomen medidas para restringir el uso de vehículos privados en las mismas, sobre todo si eso implica dejar el vehículo propio en casa. Lo mismo ocurre con el tiempo que pasamos en atascos de tráfico, que nos parecen insoportables. No acabamos de visualizar que somos a la vez responsables y víctimas de un problema que nosotros mismos provocamos con nuestros comportamientos diarios y que, por lo tanto, somos parte de la solución. Bajo el argumento, muchas veces cierto, de que el transporte público, que nos permitiría una alternativa de movilidad sostenible, es deficiente no cambiamos nuestros hábitos ni exigimos un transporte público eficiente. No queremos ni oír hablar de subidas de impuestos, ni de impuestos a los combustibles fósiles. Tampoco invertimos dinero en instalaciones de autoconsumo ni en medidas de ahorro energético, a no ser que estén subvencionadas.

Si democratizamos nuestro sistema energético y empoderamos a los ciudadanos para que sean responsables y artífices de la transición energética estaremos poniendo las bases de una transformación económica mucho más profunda, donde la tasa de crecimiento deje de ser el único parámetro económico que mida nuestro bienestar.

La frase que el  economista británico Kenneth Boulding utilizaba allá por los años 60, “Quién cree que un crecimiento infinito es compatible con un planeta finito o está loco o es un economista”, recobra con la transición energética todo su sentido y vigencia. Mi experiencia me dice que economistas no hay tantos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Compromiso y responsabilidad ante el nuevo reto energético

La celebración la semana pasada del II Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA puso de manifiesto el cambio de expectativas en el panorama energético en nuestro país.

Frente a la parálisis sufrida por el sector en los últimos años caracterizados por la improvisación e incertidumbre; el Congreso destacó por la ilusión y confianza del papel determinante que tiene que jugar este sector en el nuevo paradigma energético.

reto energético

 

Estamos ante un proceso clave, imparable e irreversible  de descarbonización de nuestra economía que en nuestro ordenamiento jurídico ya se ha iniciado con la aprobación del Real Decreto–ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, como paso previo a la publicación en los próximos meses de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima  que vendrán a otorgar  la seguridad y planificación tan necesarias para un desarrollo armónico del sector.

En este mismo foro el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anunciaba el objetivo de alcanzar unos 50.000MW de energías renovables al 2030, a razón de 5.000 MW/año, lo que permitiría duplicar nuestra penetración de renovables y pasar del actual 17,5% al 35%. Este ambicioso ritmo de desarrollo es  imprescindible si queremos abordar la reforma energética con la intensidad y alcance al que nos hemos comprometido.

Señalar que no hay precedentes en nuestro país en la implantación de un ritmo de potencia renovable como el anunciado, nuestro máximo histórico fue de 3.500MW en el año 2007; lo que da idea de la complejidad de los retos tanto estructurales como operativos a los que nos enfrentamos y que van más allá de  los espectaculares desarrollos que se han venido produciendo en los últimos años tanto en tecnología, como en almacenamiento o sistemas  comunicación.

Partiendo de la confianza de que dispondremos de los mimbres necesarios para que este desarrollo se realice de la manera más beneficiosa para nuestra economía, a modo de ejemplo señalar que se prevé dedicar el 25% del presupuesto de la UE al cambio climático, según anunció en el citado Congreso el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete; debería ser motivo de reflexión las implicaciones que tendrá el cambio de cultura de este nuevo modelo energético y especialmente en lo que se refiere a acercar la generación al consumidor.

Si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible

Sin abordar el análisis en toda su extensión, si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible; debemos evitar efectos avalancha para los que el mercado no esté preparado, evitar que las prisas por ejecutar instalaciones o la falta de profesionales cualificados sea motivo de que las mismas no funcionen correctamente.

Tenemos que ser conscientes que los consumidores especialmente, no disponen de los conocimientos básicos para evaluar si su instalación de generación se ha diseñado y ejecutado correctamente y que una mala praxi  puede llevar al traste el despegue de esta tecnología en nuestro país. De ser así, podría suponer un cambio irreversible para el desarrollo de esta tecnología, como ya sucedió en los años 80 con la energía solar térmica, que consecuencia del encarecimiento de los combustibles fósiles por la crisis del petróleo sufrida en esa época, supuso una avalancha de solicitud de instalaciones para las que no estábamos preparados y tanto por la deficiencia de los equipos como por la falta de cualificación de los propios instaladores supuso un lastre para la penetración dicha tecnología en nuestro país que ha llegado hasta nuestros días.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables