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Crisis del coronavirus vs emergencia climática ¿Se utiliza la ciencia con un doble rasero según interesa?

La lucha contra la nueva enfermedad Covid-19 ha forzado a tomar medidas drásticas, en España y en muchos otros países, para tratar de ralentizar su expansión y minimizar su impacto en la salud pública, medidas que, a su vez, no han podido evitar generar un importante problema económico.

Ante la gravedad sanitaria de la pandemia, todos hemos tenido que aceptar, con mayor o menor resignación y con un grado variable de sufrimiento, las medidas de confinamiento, pese a que éstas han limitado significativamente nuestra libertad de movimiento y de reunión y han perjudicado la actividad de muchos sectores económicos.

La aceptación de todas estas limitaciones y perjuicios ha sido posible porque, en primer lugar, nuestra salud estaba en peligro y, en segundo lugar, porque las medidas adoptadas por los gobiernos estaban basadas en criterios científicos, como han reiterado los responsables políticos de la inmensa mayoría de los países. La canciller de Alemania, Angela Merkel, uno de los países que ha manejado de forma más eficaz la crisis del coronavirus, ha sido alabada internacionalmente por el rigor científico de su política frente a la pandemia.

En España, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido hasta la saciedad que la declaración del estado de alarma está basada en argumentos científicos. Así, por ejemplo, dijo: “Superaremos esta emergencia amparándonos en el consejo de la ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado” (Declaración institucional del presidente del Gobierno anunciando el Estado de Alarma en la crisis del coronavirus, La Moncloa, 13 de marzo de 2020).

O también: “La decisión política la tomo yo, el mando único, las autoridades delegadas, pero las tomamos en base a criterios de la ciencia, de los expertos y no a criterios políticos, no a criterios de otra índole, a criterios de la ciencia. (….)”(Conferencia de prensa del presidente del Gobierno tras la reunión de la Conferencia de presidentes autonómicos. 12 de abril de 2020).

Es decir, los gobiernos sensatos, basándose en la ciencia, han tomado de forma rápida medidas de gran calado en aras de nuestra salud. En ese caso ¿por qué no hacen lo mismo para hacer frente a la emergencia climática?

El cambio climático sigue siendo el principal riesgo para el planeta y para la Humanidad, tanto en términos de salud como económicos, como lo era antes de la irrupción del coronavirus y lo será después de que hayamos superado la pandemia.

Imagen cedida por cortesía de John Farmer, publicada originalmente en The Mercury (Tasmania, Australia)

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, en sus siglas inglesas), el organismo científico de referencia y autoridad internacionalmente aceptada sobre esta materia lleva años advirtiendo de la catástrofe que nos espera si no tomamos, de forma decida y con urgencia, medidas al respecto. Ya en 2018, presentó un informe, y no ha sido el último, en el que se concluía que para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC se requerirían “cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”, en nuestros sistemas energéticos, modelos industriales, agrícola-ganaderos y de transporte, planificación de las ciudades, etc.

No acotar el calentamiento por debajo del límite de 1,5 ºC (tal y como fijó como objetivo más ambicioso el Acuerdo de París) intensificaría los impactos climáticos: olas de calor, deshielos, subida del nivel del mar y otros fenómenos climáticos extremos. Al ritmo actual, si no se actúa drásticamente, ese límite podría llegar a alcanzarse incluso en el 2030. El planeta ya sufre un calentamiento de 1,1 °C y ello ya ha provocado efectos devastadores en diferentes partes del planeta.

En la misma línea, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero deberían bajar un 7,6% cada año, entre 2020 y 2030, para que la humanidad estuviera en camino de contener el aumento de las temperaturas en 1,5°C. Es decir, los países deben aumentar su ambición climática más de cinco veces respecto a sus esfuerzos actuales, para alcanzar la meta de los 1,5 ºC.

Dice el PNUMA: “Los gobiernos no pueden darse el lujo de esperar. Las personas y las familias no pueden darse el lujo de esperar. Las economías deben tomar el camino de la descarbonización ahora. Todavía tenemos la oportunidad de frenar el calentamiento global en 1,5 °C. De acuerdo con los científicos, este nivel de calentamiento es el que está asociado a los efectos menos devastadores. Cada fracción de calentamiento adicional a 1,5 °C resultará en impactos cada vez más severos y costosos.”

La pandemia provocada por el coronavirus ha generado una crisis sanitaria dentro de otra crisis también de carácter global, la climática, que también pone en riesgo nuestra supervivencia además de, lo que es aún más grave, la de cientos de miles de otras especies animales y vegetales en todo el planeta.

Pero, a diferencia del Covid-19, los científicos y técnicos hace años que nos han proporcionado la “vacuna” para hacer frente a la emergencia climática en todos los campos de nuestra actividad económica (eficiencia energética, energías renovables, tecnologías y sistemas de movilidad sostenible, agricultura ecológica, etc.). Lo único que hace falta es tener voluntad política para, fundamentándose en la ciencia, adoptar medidas urgentes y de gran alcance ante la crisis climática.

Estamos en un momento crucial. Ahora, al tiempo que vamos saliendo de la crisis sanitaria, tenemos que poner en marcha medidas de recuperación económica basadas en criterios que nos permitan hacer frente, de forma eficaz y justa a la vez, a esta crisis y a la climática.

Esa recuperación económica verde debe ser coherente con los compromisos internacionales adquiridos por la Unión Europea (UE) y el propio Estado español de lograr la neutralidad climática, a más tardar, en el año 2050, lo que nos obliga a tener un sector energético profundamente descarbonizado. En este contexto, no basta sólo con fomentar las energías limpias, sino que hay que aplicar todo tipo de medidas, económicas y legales, para abandonar, cuanto antes, el uso de los combustibles fósiles, que son los principales causantes del cambio climático.

La UE y los gobiernos nacionales se están preparando para gastar muchos cientos de miles de millones de euros de dinero de los contribuyentes para relanzar la economía. Como se expresa en un manifiesto recientemente impulsado por medio centenar de organizaciones europeas, los legisladores deberían intensificar e implementar las leyes ambientales anunciadas en el Pacto Verde Europeo y basar las próximas políticas de inversión en criterios ambientales y climáticos, lo cual apoyará y acelerará una transición justa hacia una economía más limpia y sostenible.

No podemos permitirnos el lujo de dar pasos atrás en la senda de la descarbonización que tímidamente se ha iniciado bajo los auspicios del Acuerdo de París. Al contrario, tenemos que acelerar la necesaria transición energética.

En pocas palabras, la respuesta política a la pandemia de Covid-19, basada en la ciencia, ha dejado sin excusas a los gobiernos y a las diversas fuerzas políticas para seguir actuando de manera irresponsable ante la emergencia climática.

Por Carlos Bravo – Consultor de OceanCare y socio protector de la Fundación Renovables

El día de mañana quiero poder mirar a la cara a mis hijos

Lejos quedó ya el tiempo en el que Roger Revelle, allá por finales de los 50 del siglo pasado, enviase a la alta atmósfera sus primeros globos sonda para analizar la variación en la concentración de CO2. No pasaron más de 10 años hasta que comprobó, con gran preocupación, que más allá de la lógica variación entre el invierno y el verano, cada año las concentraciones eran más altas. Las primeras voces de alarma surgen en los años 70, convirtiéndose en un clamor para la comunidad científica durante la década de los 80. Por ello, en 1992 tiene lugar la primera Cumbre de la Tierra, la de Río, que puso el cambio climático como una prioridad a la que la humanidad debe hacer frente de forma drástica y urgente si queremos evitar los efectos que puede tener un sobre calentamiento de la atmósfera, más allá de ciertos límites, sobre los fenómenos meteorológicos. Posteriormente, vino el imperfecto y asimétrico Protocolo de Kioto y, después, el aun no aplicado Acuerdo de París.

En total, suponen más de 60 años. En este tiempo la concentración de CO2 ha pasado de las 315 parte por millón (ppm), que observó Revelle, a las actuales que se sitúan alrededor de las 415 ppm. Nunca antes se había experimentado un aumento tan drástico y, de hecho, en los últimos 3 millones de años esta concentración se había mantenido constante entre las 180 ppm y las 300 ppm.

emisiones

Sin embargo, como si de una cantinela molesta se tratase, en este tiempo se han escuchado todo tipo de voces quitando hierro al asunto o, incluso, negándolo de raíz. Los intereses en juego de la quema masiva de combustibles fósiles han sido demasiados y los beneficios muy tentadores. Como decía Upton Sinclair:

“Es muy difícil que alguien comprenda algo cuando su sueldo depende de que siga sin comprenderlo”.

Por otro lado, algo sí que ha cambiado en los últimos años y, además, permite que todo sea muy diferente. Lo que los científicos han venido diciendo que iba a ocurrir si seguíamos con la quema frenética de combustibles fósiles y un modelo económico basado en el consumo compulsivo y sin límite, está ocurriendo en la actualidad. Encima, se está produciendo de forma generalizada y afectando a la realidad diaria de miles de millones de personas.

En España, por poner un ejemplo cercano, hemos sufrido tres huracanes en los últimos tres años a unos pocos kilómetros de nuestras costas, cuando nunca había habido huracanes en esta orilla del Atlántico. El primero de ellos, Ophelia, coincidió con los grandes incendios que llevaban asolando Portugal todo el verano de 2017 y ayudó a que estos se extendieran de forma imparable por Galicia y Asturias.

Este año, la borrasca Gloria ha alcanzado el nivel de huracán Mediterráneo o “Medicane”, con récord de altura de olas, de precipitación máxima en 24h en el mes de enero y de rayos caídos en un día en el mismo mes. La imagen del Delta del Ebro completamente barrido por esta tormenta ha sido, sin duda alguna, impactante.

Las olas de calor son más largas y con temperaturas cada vez más elevadas, generando unas sequías mucho más profundas. Además, cuando llueve es cada vez más frecuente que la lluvia llegue en forma de tromba, provocando que nuestras infraestructuras sean absolutamente inútiles y veamos los coches flotando por las calles, como sucedió en septiembre del pasado año en Arganda del Rey o anteriormente en Mallorca, llevándose la vida de 13 personas.

El aumento de la temperatura ha hecho que nuestras mínimas nocturnas ya no maten las larvas de ciertos insectos, ocasionando que se hayan encontrado los mosquitos de la malaria o del dengue en nuestro país. Los récords de temperatura se van batiendo uno tras otro, como demuestran los 46,9ºC de Córdoba de hace 2 años, que el verano en España haya aumentado en 5 semanas desde 1971 o que en los últimos 30 años la vendimia se haya adelantado un mes.

Somos el país de Europa que, según todas las previsiones científicas, más va a sufrir y donde mayor impacto van a tener los efectos de la crisis climática. Al sur tenemos el Sahara, como la calima se está encargando de recordarnos estos días en Canarias, y de nosotros depende que no acabe sobre nosotros en las próximas décadas.

Para evitar estos efectos catastróficos, todavía tenemos una oportunidad de reducir drásticamente nuestras emisiones, pero para ello hay varias líneas de acción que debemos acometer. La mejora de la eficiencia energética de nuestras ciudades y el impulso de un modelo energético 100% renovable son dos de las medidas más claras. Aunque, por otro lado, también hemos de cambiar nuestra movilidad y dar prioridad, frente al vehículo privado de combustión interna, a los medios de transporte colectivos y eléctricos, a la bicicleta y a las zonas peatonales. Hemos de priorizar el tren electrificado al avión, el coche compartido cero emisiones frente al coche privado y exclusivo.

Nuestras ciudades habrán de ser más transitables, con un mejor uso de la energía y del agua y con tejados verdes. La economía circular deberá saltar de las campañas publicitarias a la realidad cotidiana haciendo de la reducción de residuos, con productos que duren más y sean reparables, y de la reutilización las claves por delante del reciclaje y, en cualquier caso, desterrando el vertedero como modo de gestión de los residuos. La reforestación tiene que estar en la cabeza de nuestras acciones para fijar el suelo, atraer la humedad y capturar el CO2. La permacultura y la agricultura regenerativa han de ser una prioridad. Debemos consumir productos de temporada y lo más cercanos a nosotros posible, disminuyendo también la ingesta de carne desproporcionada.

No hay una solución mágica por lo que no va a ser sencillo ni rápido; pero, sin duda, merecerá la pena.

Debemos y necesitamos adaptarnos a lo que está por llegar para que nuestros hijos e hijas tengan un futuro y nosotros podamos mirarlos a la cara dentro de 20 años. El momento es ahora y de nosotros dependerá pasar a la historia como la generación que pudo y no quiso o como la que reunió todo el valor necesario para enfrentar el problema y lo doblegó, abriendo así un futuro para los que vengan después.

No es una cuestión ni de ideología ni de economía, es pura y simplemente una cuestión de humanidad y de fuerza de voluntad.

Por Álvaro Rodriguez de Sanabria – Coordinador general de The Climate Reality Project en España Soledad Montero

La innovación nos permitirá alcanzar emisiones netas cero antes del 2050

El lunes 23 de esta semana se celebró la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas (UN Climate Action Summit) en la ciudad de Nueva York donde los actores políticos y de distintos sectores buscaron dar aquel impulso necesario para la conseguir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París. Lo que quedó claro en la cumbre es que la reducción a cero de la emisión neta de gases de efecto invernadero (GEI) es necesaria para 2050. La cumbre tuvo como resultado que 77 países acordaran llevar acabo esta reducción.

Está en nuestras manos poder alcanzar emisiones netas cero de GEI para 2050. Para eso necesitamos aumentar las inversiones en proyectos de innovación para así acelerar la transición energética, ha declarado Peter Sweatman, Director General de Climate Strategy & Partners, Presidente de Energy Efficiency Capital Advisors y autor de “Financiar la Innovación para Conseguir que la UE sea un Líder en el Ámbito Climático” (Funding Innovation to Deliver EU Competitive Climate Leadership).

Durante los últimos 16 años hemos sido testigos de los avances dramáticos en innovación tecnológica: LEDs, la energía solar y la eólica más competitivas, así como vehículos eléctricos y bombas de calor, entre otros. ¿Son estos avances suficientes para cambiar a tiempo nuestro modelo energético por uno que garantice una transición energética justa?

Esto será posible mediante la descarbonización de cinco sectores: la energía, el transporte, los edificios, la industria y la agricultura, y equilibrando las emisiones restantes con sistemas que eliminen el dióxido de carbono de la atmósfera.

En el contexto europeo, en 2018, participé en un proyecto para desarrollar y revisar las distintas hojas de ruta sectoriales para alcanzar emisiones netas cero para 2050. Se llegó a la conclusión que un sistema 100% renovable es considerablemente más barato para los consumidores en comparación con el actual sistema de energía mundial, y los costes de daños evitados y los beneficios sociales superan ampliamente a la inversión adicional requerida.

Mientras que tres cuartas partes de las reducciones de emisiones requeridas se pueden obtener con las tecnologías disponibles, la parte restante depende de nuestro ingenio e innovación.

¿Cómo llevamos esto a cabo? Primero, Europa debe implantar una estrategia a largo plazo con un objetivo claro de emisiones cero netas antes del 2050. Las empresas e instituciones que lideran el desarrollo y la oferta de productos y servicios sostenibles pueden generar ventajas competitivas y así tener un mayor acceso a los mercados. Además, pueden acceder a nuevos mercados de capitales sostenibles o verdes, mientras se prevé que los productos y servicios no sostenibles dejarán de financiarse en un futuro cercano.

En segundo lugar, necesitamos más inversiones de los sectores público y privado en innovación. En el caso europeo, esto representaría un aumento de un tercio o unos 50 mil millones de euros en las áreas de acción climática durante el periodo 2020-30. La innovación debe ser la piedra angular para asegurar el desarrollo y la inclusión de nuevas tecnologías, modelos de negocio, y para ampliar la denominada innovación social. Los expertos estiman que solo el 40% de la innovación requerida para la obtención de emisiones cero netas para 2050 es de carácter tecnológico.

En definitiva, Europa puede ser un líder mundial si los actores del sector trabajan en conjunto para conseguir su descarbonización. El continente sería más saludable, más competitivo, seguro energéticamente, y justo del punto de vista social.

Me gustaría señalar que España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático, donde estamos siendo testigos del incremento de los fenómenos meteorológicos extremos producto de este. No obstante, las empresas españolas están al tanto de esta urgencia. Los miembros del Grupo para el Crecimiento Verde actúan de forma contundente, reduciendo sus emisiones de GEI, e invirtiendo en medidas de innovación necesarias para la decarbonización de sus actividades.

El éxito depende de nosotros. Vivimos un presente donde las curvas de implementación y adopción de nuevas tecnologías son cada vez más exponenciales, y nunca antes, la sociedad ha podido cambiar y adaptarse con tanta rapidez. Las herramientas están disponibles, ahora tenemos que ponernos a trabajar.

Por Peter Sweatman – Director General de Climate Strategy & Partners "

¡Esto es una emergencia climática!

Ya está entre nosotros. No hablamos del último anuncio de una película de miedo. Hablamos de una realidad científica con graves consecuencias en nuestras vidas diarias. Hablamos del cambio climático. De estos temporales e incendios extremos que azotan nuestros territorios, de estas olas de calor y contaminación que matan, de nuestros agricultores arruinados, y de todas aquellas pérdidas económicas y de empleo por los desastres climáticos.

Sí, estamos viviendo una emergencia climática. Es decir, una situación de peligro que requiere una acción inmediata. No solo para proteger mañana a nuestros hijos e hijas, o a las personas que lo sufren y que migran por el mundo, sino también hoy para protegernos a nosotros mismos.

Para ello, lo más urgente es que se conforme ya un gobierno que tenga como proyecto de país y de forma transversal la lucha a favor del clima. Y si vence la irresponsabilidad política y vamos a elecciones de nuevo, que al menos la acción climática sea por fin una prioridad electoral de los partidos (y los medios de comunicación) de cara al 10 de noviembre, lo que no fue el caso en las últimas elecciones de abril.

Mientras tanto, que sea de cooperación, de coalición o de contorsión; un “gobierno de emergencia climática” aprobaría ya una Ley de Cambio Climático que establezca una reducción de al menos el 55% de nuestras emisiones de CO2 antes de 2030. Apostaría por una transición energética rápida y potente con una reducción sustancial de la demanda energética, el cierre de las centrales de carbón para 2025 y un sistema eléctrico 100% renovable en 2030. Promulgaría una revolución de la movilidad a favor de la salud y del clima, reduciendo de forma drástica el número de coches individuales de combustión, pero aumentado de forma proporcional el transporte público, el coche compartido eléctrico y las bicicletas, en unas ciudades a escala humana. Y, por último, lucharía por otro modelo agrícola y de alimentación, promoviendo nuestra dieta mediterránea y una Política Agraria Común que ponga en el centro a nuestra salud, los agricultores, el clima y nuestro entorno.

Pero, evidentemente, el clima es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los políticos. También está en manos de la ciudadanía actuar en el día a día. Si bien existe una responsabilidad mayor en los hombros de los que más contaminan y que más capacidad de decisión tienen, la ciudadanía sí puede y debe mostrar el camino de forma coherente hacia una sociedad más sostenible y justa.

Existen miles de maneras útiles y asequibles de proteger el clima, aumentado a la vez nuestra calidad de vida: comprando local, de temporada y ecológico, comiendo menos carne y más proteínas vegetales, moviéndose en bici o en transporte compartido, contratando e invirtiendo en energía limpia, cogiendo menos aviones y más trenes, reutilizando y reciclando en vez de usar y tirar, o prefiriendo productos duraderos y éticos frente a la industria low-cost de la obsolescencia programada. Y cuando uno pone en práctica este cambio transformador de forma colectiva, ya sea junto con sus vecinos, en una empresa o con un movimiento social, el efecto multiplicador es abrumador e imparable.

Por último, está también en nuestras manos el reclamar que España declare la emergencia climática y actúe ya. Por ello, “en defensa del presente y del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo”, más de 300 organizaciones han llamado a movilizarse el próximo 27 de septiembre. Para este día de “huelga mundial por el clima”, nos animan -y ¡me sumo!- a secundar la huelga estudiantil, la huelga de consumo, los paros laborales o las concentraciones simbólicas de 4 minutos y 15 segundos, entre las 11 y las 12 de la mañana de ese mismo día. ¡Acudamos e invitemos a nuestros amigos, familiares y colegas a hacerlo también!

Sí, el cambio climático está entre nosotros. Pero depende de nosotros convertir esta amenaza en una oportunidad histórica. Evitemos lo peor cambiando la sociedad a mejor.

Por Florent Marcellesi –  Ex-eurodiputado de EQUO y miembro del Foro de Transiciones

Ciudades energéticamente sostenibles a partir de barrios sin emisiones

Llevamos casi 10 años volcando las esperanzas de renovación de la ciudad en la necesidad urgente de abordar la actualización de muchos de los barrios construidos en las décadas de 1960 a 1980. Esto se debe, en gran parte, a la propia exigencia de actuación frente a la obsolescencia técnica y medioambiental de los mismos, pero también a que se ha entendido la rehabilitación como una oportunidad de reconversión y reactivación del sector de la construcción tras la crisis económica mundial de 2008, agravada en nuestro país por las importantes repercusiones del estallido de la llamada burbuja inmobiliaria.

A partir de 2011, se empiezan a redactar informes y documentos que apoyan la teoría de que la rehabilitación de edificios puede ser una de las medidas clave para superar la recesión económica y ser un motor para la reactivación del sector de la construcción. En concreto, en España, la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas -conocida popularmente como la ley de las tres erres- intenta constituirse como una herramienta legal para propiciar estas operaciones. En los Planes Estatales de vivienda (2013-2016 y 2018-2021), aparecen programas específicos para la renovación integral de barrios, llamados Fomento de la regeneración y renovación urbanas. También aparecen incentivos que intentan fomentar la rehabilitación de viviendas, en especial en los aspectos relacionados con la eficiencia energética: subvenciones, campañas publicitarias, publicaciones divulgativas, proyectos de investigación …

En paralelo, frente al reto del cambio climático, nos encontramos sujetos a varios objetivos europeos para distintos horizontes temporales -2020,2030 y 2050- que se estructuran en tres pilares fundamentales: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la disminución de la demanda energética, fundamentalmente asociada al aumento de la eficiencia energética.

En este contexto parecía que la rehabilitación de los barrios podría ser una vía que consiguiera incrementar la eficiencia energética de las ciudades, incorporar energías renovables y en definitiva mejorar la vida de los vecinos, ofreciendo a la vez oportunidades de negocio para muchas empresas del sector de la construcción.

Sin embargo, esto no ha sido así. Tras un prometedor inicio lleno de buenas ideas e intenciones, la progresiva recuperación del mercado inmobiliario ha hecho que prácticamente todo el sector vuelva la vista de nuevo hacia la construcción de nuevos inmuebles, dejando de lado una vez más la necesidad -y la oportunidad- de intervenir sobre el parque inmobiliario existente tan necesitado de renovación.

La mayoría de los edificios que integran las periferias de las ciudades, y que responden en su mayor parte a la edificación masiva de barrios entre las décadas de 1960 y 1980, se construyeron atendiendo a unas normas técnicas que no exigían aislamiento térmico ni acústico, por lo que es evidente que su obsolescencia frente a los estándares actuales de eficiencia energética, calidad constructiva y confort es enorme.

Sin embargo, esta parte importante del proceso rehabilitador no debe ser la principal, ni mucho menos la única. Cuando se habla de regeneración o revitalización de barrios, se están incluyendo algunos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los mismos que van más allá de la rehabilitación de edificios, y que tienen que ver más con un modelo de ciudad más sostenible y eficiente. En el centro de todas estas medidas, está la recuperación de la ciudad como espacio público y convivencial.

La mayoría de los barrios a los que nos referimos carecen de espacios públicos de calidad -en su lugar contienen áreas residuales entre edificios que en la mayor parte de los casos se convierten en aparcamientos improvisados, por lo que los espacios libres se encuentran masivamente ocupados por el vehículo privado- y en su mayoría no cuentan con equipamientos suficientes.

Pero ¿realmente podríamos mejorar una ciudad a través de la revitalización progresiva de sus barrios? La respuesta es sí, pero sólo desde un proceso de cambio radical, en el que los ciudadanos sean conscientes del gran potencial del cambio que supone la adopción de hábitos sostenibles, que no sólo mejoran el espacio doméstico propio sino el espacio común de todos, sobre el que se sustenta la existencia verdadera de la ciudad.

Frente a la mera rehabilitación de edificios, el desarrollo de proyectos integrales de regeneración de barrios ofrece las mayores oportunidades para la mejora de la sostenibilidad energética global de una ciudad. Evidentemente la gestión de estas actuaciones es compleja, ya que requiere la participación de muchos y muy diversos agentes, desde las administraciones hasta las empresas, por supuesto otorgando el protagonismo absoluto de aquellos que viven en los barrios, es decir, sus vecinas y vecinos.

Este es el punto de partida del proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018), que trata de establecer las bases para conseguir ciudades en las que la calidad del aire que respiramos sea saludable, y en las que la repercusión de nuestros consumos energéticos (edificios, infraestructuras y movilidad) no tenga excesivas consecuencias negativas para el medioambiente.

Fig. 1. Consumos energéticos y emisiones equivalente de CO2 por sectores del barrio Sixto-Cortijo Vallejo, Málaga. Proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones. (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018. Autora Infografía, Laura Montiel Vega).

La mejora de la eficiencia en edificios y la incorporación de energías renovables es un proceso complejo pero factible, los datos así nos lo han confirmado. La electrificación de los edificios es casi total (prácticamente al 100% en terciario y al 70% en residencial). Si la energía eléctrica que abastece a edificios e infraestructuras tuviera origen renovable, con producción en consumo y con comercializadoras 100% renovables, se podría conseguir un barrio cero emisiones en estos sectores. Sin embargo, la mayor parte de las emisiones de CO2 equivalentes de la ciudad se debe a las asociadas al transporte privado. Mención aparte merecen las graves consecuencias para la salud que tiene la exposición a altos niveles de contaminantes como las partículas PM10 y PM2.5, NOx y SO2, asociados a los combustibles del transporte. Por ello, tras un año trabajando con este proyecto en un barrio de Málaga, podemos afirmar que el gran reto para la ciudad sigue siendo la movilidad.

A día de hoy, la necesaria recuperación de los espacios públicos para las personas -desplazando al vehículo privado de ellos- es en realidad una entelequia. Por eso nunca deberíamos abandonar el modelo de ciudad en la que los servicios y comercios son de cercanía, en la que los desplazamientos diarios puedan hacerse andando o en bicicleta, y en la que prime el uso del transporte colectivo frente al privado.

En resumen, solamente podremos conseguir barrios y ciudades sin emisiones si , además de mejorar la eficiencia de edificios e infraestructuras e introducir las energías renovables en el espacio urbano, abandonamos el modelo de movilidad actual, favoreciendo el uso peatonal de la ciudad y los desplazamientos en bicicleta o transporte público y fomentando el uso compartido de vehículos. Todo esto implica un cambio radical del modelo de ciudad insostenible en el que estamos viviendo, por lo que supone un reto tan complejo como necesario de acometer de manera cada vez más apremiante.

 

Por Maria José Márquez Ballesteros – , Doctora arquitecta. Miembro del Instituto de Investigación Hábitat Turismo y Territorio de la Universidad de Málaga. Socia Protectora Fundación Renovables "

La desesperación de los ejecutivos de hidrocarburos

En esta entrevista con Financial Times, Brufau propone dedicar el 15% del impuesto sobre hidrocarburos a programas de reforestación. Excelente idea, hágase.

Pero es que los 11.000 Millones del impuesto de hidrocarburos apenas dan para pagar el mantenimiento de las carreteras (unos 13.000 M€)… Y no queda nada para hacer frente a los 5.000 M€ que los hidrocarburos le cuestan a la sanidad pública española, según este informe de EPHA, la Agencia Europea de la Sanidad Pública. Ni otro tanto en daños al clima.

Por lo tanto, sí a la propuesta de Brufau, pero antes habrá que igualar la fiscalidad de gasóleo, GLP y GNC a la fiscalidad de la gasolina, luego DUPLICARLA para llegar a unos 22.000 M€, para que haga frente a los daños que los hidrocarburos causan a las carreteras, a la salud y al clima. Si quiere añadir otros 2.000 M€ para reforestar, no voy a ser yo quien se oponga.

En la entrevista con FT, Brufau considera que “los políticos deben ser más pragmáticos y no obsesionarse con la reducción de emisiones…” Pues bien, la nueva Presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen ha comprometido la reducción de emisiones del 55% en 2030. Y se mantiene el 95% en 2050.

Se queja de la “demonización de los combustibles fósiles y reclama neutralidad tecnológica…”. Los combustibles fósiles se han demonizado solos, sobre todo el diésel. Y lo de la neutralidad tecnológica, sí, pero una vez todos los combustibles internalicen el coste externo de los daños que producen y que hoy soportan, en su mayor parte, los contribuyentes.

“Defiende el papel innovador y de motor de desarrollo que ha tenido históricamente la industria (de refino, se entiende, aunque podría incluir a la de automoción) en el continente y lamenta que Europa ahora esté mermando su capacidad para crear puestos de trabajo bien remunerados y mantener el liderazgo en innovación industrial”.

Ciertamente, las industrias de refino y de automoción han sido pieza clave en el liderazgo industrial europeo. Pero parece que se niega a entender que en el futuro, en 2050, NO HABRÁ hidrocarburos. Por lo tanto, más nos vale anticipar la transición hacia un futuro SIN EMISIONES. Eso implicará transformar radicalmente las industrias de automoción, climatización y generación de electricidad hacia tecnologías de EMISIONES CERO. Lo que implicará una oportunidad inmensa en la creación de empleos locales (fabricación, montaje, mantenimiento, operación y desmantelamiento de electricidad, movilidad y climatización SIN emisiones). Y la desaparición progresiva y global de los combustibles fósiles. Ocurrirá, si queremos un futuro sostenible para nuestros hijos y nietas.

Extracción petrolífera

Y achaca “el crecimiento de emisiones a la deslocalización de empresas a países con legislación más laxa…”.  No es cierto: Las emisiones crecen por el crecimiento global de la población, el crecimiento de la renta per cápita global y la insuficiente mejora de las intensidades energética y de carbono.  Reclama que la UE, que apenas representa el 10% de las emisiones globales, tenga una legislación más laxa… NO:

Europa tiene una responsabilidad histórica en cuanto a las emisiones acumuladas. Y tiene los recursos y la tecnología para liderar la transición. Además, hacerlo con anticipación e inteligencia, implicará mantener la ventaja competitiva en las tecnologías sin emisiones, generando empleo local.

“China, 28% de las emisiones, atrae las inversiones de los fabricantes europeos de automóviles…”. Las emisiones de China son elevadas, pero son la mitad de las emisiones de los 1400 millones de habitantes de los países más desarrollados. No digamos si ese análisis se hace en términos de emisiones acumuladas. Las inversiones de los fabricantes de automoción europeos en China ocurren precisamente porque ha exigido cuotas de electrificación que Europa no exige. Y porque la mitad del mercado mundial de coches nuevos será chino.

Se queja de “Las subvenciones a las élites urbanas que pueden comprar el coche eléctrico…” Y pide “la renovación de la flota de vehículos, subvencionando a los ciudadanos para que cambien de coche térmico antiguo a coche térmico nuevo…”

O sea, sigamos subvencionando con dinero público para que millones de ciudadanos sigan comprando gasolina, gasóleo y gases fósiles.

¿Hasta cuándo?

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

De repente las prisas. Cuando la crisis climática no estaba en las agendas políticas.

Finales de junio 2019, un calor asfixiante, en París se han registrado 46 ºC centígrados y la Metrópolis de Barcelona se levanta con el anuncio de declaración de episodio ambiental; los niveles de partículas y los óxidos de nitrógeno en el aire se han disparado.  En el Camp de Tarragona y la Plana de Vic los elevados niveles de ozono troposférico hacen necesario que se avise a la población más sensible.

Mientras, en Osaka (Japón) los mandatarios del G20 lograron adoptar, in extremis, un consenso de mínimos sobre el clima. 19 jefes de Estado firmaron la “irreversibilidad” del acuerdo de lucha contra el cambio climático firmado en París en 2015.

A la par que los consensos políticos de mínimos se extienden, el que marca un máximo histórico es la concentración en la atmósfera de CO2, el principal causante del calentamiento global planetario. El pasado mes de mayo se alcanzaron los 415 PPM, una cifra que no se veía (bueno lo sabemos por el método científico por que los humanos aun no existíamos) desde hace 800.000 años.

Y en plena ola de calor, mis hijos se van de manifestación. Claro, es viernes y les esperan todos sus amigos del movimiento Friday4future liderado por una jovencita con las ideas muy claras que habla que se la entiende perfectamente “cambiemos la Energía, no el Clima”.  En Madrid, con más de 40 ºC también están de manifestación. El nuevo Gobierno municipal va a eliminar “Madrid Central” la zona de bajas emisiones que entró en servicio hace a penas unos meses. Bajo el cartel “derecho a respirar aire limpio” miles de personas están dispuestas a llevar a los tribunales al nuevo equipo municipal.

Las declaraciones institucionales de “Emergencia Climática” empiezan a proliferar. Cierto, la mayor parte bastante vacías de contenido. Con las prisas por dar una respuesta política a la demanda social creciente se han dado cuenta que la transición energética no estaba en la agenda política. Avisos no faltaban. El informe del panel de expertos científicos interdisciplinares de la ONU, el IPPC, que con todo detalle marca los peligros de incrementar la T más allá de 1,5ºC y que ya hemos superado 1 ºC des de la era pre-industrial pero lo peor es que todos los escenarios marcan la necesidad de actuaciones drásticas en un periodo muy breve, menos de 15 años.

Es evidente que estamos delante de un escenario de gran incerteza. Me viene a la cabeza como mi profesor de física quántica, el Dr. en física Jorge Wagensberg, nos explicaba qué era la incertidumbre. Debemos aceptar que la crisis es la manera que tiene la incerteza de avisar que hemos de cambiar de modelo. La crisis climática nos dice a gritos que hemos de cambiar de modelo energético.

La buena noticia es que las soluciones existen y avanzan de forma acelerada, me atrevería a decir que de forma exponencial y disruptiva. Dejemos de mirar por el retrovisor y encendamos las luces largas porque lo que tenemos por delante nada tiene que ver con la política que hacíamos hace 10 años.

 

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Reducir la contaminación de los barcos

Es tan escandaloso que parece mentira, pero es verdad: a día de hoy, a los barcos se les permite contaminar el aire 3.500 veces más que a los vehículos de transporte terrestre. En efecto, en la actualidad, el límite máximo de contenido de azufre en los combustibles para el transporte marítimo, establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI), es de 35.000 ppm frente a los 10 ppm permitidos en la Unión Europea en los carburantes para el transporte por carretera. Cierto es también que la OMI impondrá, a partir del 1 de enero de 2020, un nuevo límite máximo de 5.000 ppm en el contenido de azufre para los combustibles de barcos, pero incluso así este tope seguirá siendo 500 veces superior que el permitido para el diésel en carretera (ver figura 1).

Comparativa de contenido de azufre en combustibles marinos versus combustibles terrestres, (fuente: The Danish Ecological Council).

En las Áreas de Control de Emisiones (ECA, en sus siglas en inglés), que se crean bajo la cobertura legal del Anexo VI del Convenio Marpol de la OMI a instancias de los países que lo soliciten, el 1 de enero de 2015 entró en vigor el requisito que limita a 1.000 ppm el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en las Áreas de Control de Emisiones para los óxidos de azufre (SECA). Sin embargo, los niveles de óxidos de nitrógeno se reducen muy poco en la regulación genérica de la OMI, de modo que solo hay una reducción apreciable dentro de las Áreas de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA).

Sin duda, la regulación ECA es una manera muy efectiva de reducir las emisiones contaminantes procedentes del sector marítimo y limitar sus negativos efectos a la salud pública y al medio ambiente. La demostración palpable más cercana está en el Norte de Europa donde, tras la creación de una ECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha (es SECA desde 2015 y desde 2021 será también NECA), la calidad del aire ha mejorado un 80% desde el año 2015 y los beneficios socioeconómicos asociados se valoran en muchos miles de millones de euros. Las ECA suponen un gran avance, pero aún así 1.000 ppm de azufre en el combustible de los barcos sigue siendo 100 veces más que el nivel permitido para el transporte por tierra.

Se pueden hacer más cosas. Y se deben hacer porque en virtud de diversos estudios, se estima que las emisiones de los barcos causan anualmente en la Unión Europea 50.000 muertes prematuras y 60.000 millones de euros en costes sanitarios. Ello es debido a que el combustible mayoritariamente utilizado para la navegación es el fuelóleo pesado, un producto derivado del petróleo que contiene altas cantidades de azufre, cenizas, metales pesados ​​y otros residuos tóxicos y es responsable de importantes emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM), cuyos efectos negativos a la salud están ampliamente demostrados. Cuando las personas respiran este aire contaminado, su salud se resiente, lo cual se traduce en un aumento de las enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, incluso cáncer), hospitalizaciones e incluso muertes prematuras, además de las consiguientes pérdidas en productividad.

La industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce

En el caso concreto de Dinamarca, uno de los países que integran la ECA del Norte de Europa antes citada, se ha calculado que la sociedad se está ahorrando 18,5 millones de dólares en costes sanitarios por cada 3,8 millones de dólares invertidos en combustible para barcos con un contenido de 0,1% en azufre (en lugar de usar un combustible promedio de contenido de 2,7% en azufre). Es decir, una inversión con una tasa de retorno positiva del 387%. En el caso de los NOx la tasa de retorno resultante es del 1.333%. Estos datos hablan por sí solos.

Así pues, en comparación con las preocupantes y nada desdeñables emisiones que tienen su origen en tierra, las emisiones de los buques son mucho más elevadas, dado que al sector naviero no se le exige utilizar combustibles más limpios ni utilizar técnicas de tratamiento posterior de los gases de escape como obliga la normativa en tierra desde hace décadas en sectores como el del automóvil y otras industrias.

A nivel global, la estimación oficial más reciente de las emisiones de contaminantes atmosféricos generadas por el transporte marítimo internacional proceden del Tercer Estudio de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la OMI. Este estudio, publicado en 2014, proporcionó un análisis de las emisiones durante el período 2007-2012, así como las proyecciones hasta 2050. La OMI está trabajando en el Cuarto Estudio de GEI, el cual se prevé esté finalizado en otoño de 2020. Según el Tercer Estudio, el tráfico marítimo ocasionó en el periodo citado (que coincidió con la crisis económica), en promedio anual, el 13% de las emisiones globales de origen antropogénico de NOx, el 12% de las de SOx y el 3,1% de las de CO2. Con respecto a las previsiones a futuro, la OMI concluyó que, en diversos escenarios de tipo Business As Usual (BAU), las emisiones de CO2 del transporte marítimo aumentarán entre un 50% y un 250% desde 2012 hasta 2050, a pesar de las mejoras en eficiencia de la flota (esperadas con un valor de alrededor del 40% en promedio), debido al crecimiento esperado en la actividad del sector.

En virtud de esos escenarios, la OMI concluye que las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, aumentarán rápidamente en el futuro (aunque desde una base de partida baja) a medida que aumente la utilización de gas natural licuado (GNL) como combustible de los barcos. Lo que viene a indicar que la sustitución de los fuelóleos pesados por GNL no va a significar ninguna ventaja apreciable en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Asimismo,  las emisiones de NOx aumentarán a un ritmo menor que las emisiones de CO2 como resultado de los motores de Nivel II y Nivel III que se incorporarán en los próximos años a la flota mundial. Las emisiones de los SOx continúan disminuyendo hasta 2050, principalmente debido a los requisitos del Anexo VI de MARPOL sobre el contenido de azufre de los combustibles antes citado.

En resumen, por un lado, es un hecho incontestable que la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce.

En segundo lugar, se reconoce oficialmente que el gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto.

Afortunadamente hay ya suficientes soluciones tecnológicamente maduras que permitirían que los barcos navegasen sin contaminar, pero la experiencia nos demuestra que el sector naviero no parece estar dispuesto voluntariamente a hacer los cambios necesarios para reducir sus emisiones de GEI y otros contaminantes atmosféricos por lo que la única manera eficaz de que estas medidas se implementen realmente es a través de la aprobación y estricta aplicación de normas legales al respecto.

En un informe recientemente publicado por la organización Transport&Environment (T&E, organización cuya finalidad es lograr la sostenibilidad en el ámbito del transporte) sobre la contaminación atmosférica provocada por los cruceros turísticos en Europa en 2017 ((ver figuras 2 y 3), se llega a esa misma conclusión y se hacen una serie de recomendaciones regulatorias y técnicas para conseguirlo.

Niveles de intensidad de las emisiones de SOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). Nótese la diferencia entre la Zona de Control de Emisiones para el azufre (SECA) establecida desde 2015 en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico con el resto de las zonas marinas de Europa.

 

Niveles de intensidad de las emisiones de NOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). En 2021 entrará en funcionamiento la Zona de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA) en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico.

Para empezar, en dicho informe se recomienda ampliar las Áreas de Control de Emisiones que actualmente existen en el mar Báltico, mar del Norte y Canal de la Mancha al resto de mares europeos y reducir el límite de emisiones de las SECA europeas hasta situarlo en 10 ppm, cantidad equivalente a la del combustible empleado en el transporte por carretera.

Además, debería implantarse una normativa de cero emisiones en los muelles de toda Europa. Muy especialmente para los cruceros turísticos, ya que este tipo de embarcaciones suele navegar cerca de las costas y pasa gran cantidad de tiempo en los puertos de pasajeros de los principales destinos turísticos, por lo que afecta a la calidad del aire de forma desproporcionada, como demuestra claramente el referido informe de T&E.

A ese respecto, las navieras que fleten cruceros, puesto que representan el segmento de ocio del sector del transporte marítimo de cara al público, deberían considerarse empresas pioneras en las normativas concebidas para descarbonizar el sector. Por lo tanto, además de implantar una normativa de cero emisiones en los puertos, los cruceros son las primeras embarcaciones a las que se debe obligar a utilizar sistemas de propulsión de emisión cero en las aguas territoriales de la UE.

Para facilitar las emisiones cero en los muelles cabe destacar la posibilidad de que los barcos atracados se conecten a la red eléctrica para cargar los equipos que llevan a bordo (lo que se conoce en inglés por Shore-Side Electricity, SSE). Se trata de una tecnología ya consolidada y que ha demostrado que funciona pudiendo reducir enormemente la contaminación atmosférica que generan los buques atracados en los puertos. La Directiva europea relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos exige que los principales puertos del continente cuenten con tecnología SSE, aunque solo -y ahí está el problema- si ello resulta beneficioso en relación con su coste, por lo que su uso no está muy extendido ni entre los buques ni entre los puertos.

La generalización de esta tecnología se enfrenta a dos escollos principales. Por una parte, los propietarios de los buques no invierten en adaptarlos a la tecnología SSE porque hay pocos puntos de conexión disponibles en los puertos y los puertos, a su vez, no invierten en la instalación de conexiones SSE porque no las utilizan muchos barcos. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Al mismo tiempo, la fiscalidad provoca una distorsión del mercado. La electricidad en tierra está sujeta a impuestos en el marco de la Directiva sobre la imposición de la energía (DIE) de 2003. Sin embargo, los combustibles fósiles para uso marítimo están exentos de impuestos. Esta desigualdad tan flagrante desincentiva a los dueños de las embarcaciones a la hora de recurrir a la SSE en los puertos en los que está disponible. La situación desincentiva también a aquellos puertos interesados en instalar puntos de SSE.

El gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto

Si queremos que todos jueguen con las mismas reglas, la UE debería eximir de impuestos la electricidad de la tecnología SSE durante un periodo transitorio y/o gravar los combustibles fósiles de uso marítimo con un tipo equivalente.

La UE debería imponer una normativa de cero emisiones en los muelles de los puertos europeos, exigiendo a los barcos el uso de la SSE o el recurso a medidas alternativas para lograr un resultado equivalente. Esto ayudaría a los puertos que han invertido en SSE a no tener activos sin uso.

Finalmente, puesto que las emisiones de NOX  tanto de los barcos que ya circulan como de los nuevos es un asunto enormemente preocupante y dado que las próximas NECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha solo cubrirán las emisiones de los buques que se construyan a partir de 2021, existe una necesidad de reducir las emisiones de NOX que generan los actuales barcos en la totalidad de las aguas europeas. Por ello, la UE debe tomar medidas específicas en este asunto, entre ellas quizás un mecanismo económico similar al Fondo de NOX de Noruega. Los barcos podrían además utilizar sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, en sus siglas en inglés) o filtros de partículas para el diésel (DPF) para disminuir sus emisiones de NOX y PM.

Por Carlos Bravo – Consultor en Salvia EDM y socio protector de la Fundación Renovables

Por Isabell Büschel – Coordinadora para Transport&Environment en España

Por Faig Abbasov – Coordinador de políticas de transporte marítimo en Transport&Environment

Nueva Iniciativa Ciudadana Europea: “Quien contamina, paga”

Algunos amigos ecologistas me dicen que eso acaba en: “El que paga, contamina”. Y yo replico: “Hoy, el que contamina, no paga, y el que no contamina, pagará las consecuencias, en gasto sanitario y en un planeta incompatible con una sociedad humana organizada…”. O sea, hagamos que el que contamina, pague cada vez más. Y repartamos la recaudación entre los ciudadanos.

El cambio climático es, sobre todo, un problema de injusticia: norte-sur, ricos-pobres y generación actual- generaciones futuras. Las cuestiones de justicia y responsabilidad se evitan en el debate. Y cuando se mencionan, se hace recaer esa responsabilidad sobre los consumidores, cuando la responsabilidad máxima recae en los gobernantes que son los que realmente tienen capacidad para cambiar las cosas. O dejarlas como están, que es lo que llevan haciendo décadas. En los últimos 25 años poco o nada se ha hecho para corregir esta injusticia y las emisiones de CO2 siguen subiendo año tras año.

Las empresas de combustibles fósiles ganan miles de millones cada año, mientras sus negocios destruyen las condiciones de vida en el planeta. “Satisfacemos la demanda energética”, dicen. Ciertamente. Pero ya hay alternativas que pueden satisfacer esa demanda, sin destruir el clima. El caso es que no pagan por los daños que sus productos causan a la salud y al clima. Es la gente la que sufre las consecuencias de la mala calidad del aire y de un clima cada vez más dañino. Es la gente la que YA paga esos daños, en forma de mayor gasto sanitario y devastadores daños causados por el cambio climático: precios crecientes de los alimentos; daños a edificios e infraestructuras por tormentas, huracanes, lluvias torrenciales y eventos climáticos extremos; muertes por olas de calor; extinción de la biodiversidad; mayores y más devastadores incendios forestales; daños en ciudades costeras por la subida del nivel del mar; sequías, migraciones y un larguísimo etcétera.

Esta injusticia continúa solo para hacer aún más ricos a un puñado que ya son multimillonarios. Es la mayor transferencia de riqueza de miles de millones hacia unos pocos billonarios.

Hay una propuesta de acción climática que puede poner fin a esta transferencia masiva de riqueza: se la conoce como Cargo al Carbono con Devolución o Renta Climática. Consiste en hacer que los que contaminan paguen por el daño que causan y devolver el 100% de lo recaudado a los ciudadanos, a todos igual, por tarifa plana. Poco a poco, año tras año, para dar tiempo a empresas y consumidores a ir cambiando a productos y servicios sin CO2 en su proceso de fabricación. En varias décadas podríamos haber acabado con la adicción a los combustibles fósiles y frenar la emergencia climática hacia la que nos dirigimos.

El cargo al CO2 debe ser creciente. Empezar bajo para no causar un shock a la economía, pero subir año tras año de manera irreversible.

Los que apoyamos esta Iniciativa podríamos estar equivocados. O no haber tenido en cuenta posibles consecuencias indeseadas. Pero hay más de 3.500 economistas del máximo prestigio internacional, profesores en cientos de universidades, 27 premios Nobel, varios ex Secretarios del Tesoro de los EEUU y un sinfín de empresas, analistas y ONGs que afirman que un sistema de Precio al CO2 con Devolución es esencial para reducir las emisiones a CERO en varias décadas y frenar el cambio climático.

Se han firmado declaraciones de apoyo a este proyecto en los EEUU, Bélgica, Holanda y otros países. Recientemente, un grupo de ciudadanos europeos ha presentado una Iniciativa Ciudadana para que la Unión Europea estudie la viabilidad de una política de Cargo al CO2 con Devolución en los Estados Miembros.

Será un largo proceso pues se necesita un millón de firmas de ciudadanos europeos que respalden la Iniciativa para que pueda ser defendida ante el Parlamento Europeo.

El cargo al CO2 debe ser creciente. Empezar bajo para no causar un shock a la economía, pero subir año tras año de manera irreversible. La contaminación no debe ser gratis nunca más. El sistema propuesto de gravar el CO2 y repartir la recaudación es justo y transparente. Y devuelve el dinero recaudado en cada país a los ciudadanos de ese país, a todos por igual.

Por favor, ayuda a combatir tanto el cambio climático como la injusticia empleando un minuto en  apoyar esta Iniciativa urgente y justa ante la Comisión Europea. Y comparte este mensaje con tus contactos. Necesitamos un millón de firmas. Tus hijos te lo agradecerán.

La Iniciativa:

https://eci.ec.europa.eu/007/public/#/initiative

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Lo que nos cuesta el cambio climático

Nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático. Según el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre las pérdidas económicas por fenómenos relacionados con clima extremo en el espacio económico europeo, el cambio climático nos ha costado  889 euros en el periodo 1980-2017 a cada ciudadano español, más de 37.000 millones en total, ¡similar a un rescate bancario! Solo el 12% de las pérdidas están respaldadas por seguros. Y 14.611 personas pierden la vida por ese tipo de fenómenos, aunque otras fuentes dan cifras aún mayores.

El coste no es solo económico. Hay otros muchos impactos del cambio climático que ya estamos sintiendo, que tienen difícil cuantificación económica, y que por el camino que vamos irán cada vez a peor. Veranos cinco semanas más largos, aumento de las noches tropicales, olas de calor más largas e intensas, incremento de la temperatura del agua del Mediterráneo y avance de la desertificación. Estas son algunas de las conclusiones de la Agencia Estatal de Meteorología en su último informe, perfectamente ilustrado por la propia Agencia.

Más de 32 millones de españoles, es decir, el 70% de la población, ya se están viendo afectados por los impactos del cambio climático, según estos datos. Quienes peor salen parados son los habitantes de las zonas costeras y las grandes ciudades, las zonas más vulnerables al cambio climático.

Según los datos científicos de Naciones Unidas, puede que nos queden solo 11 años para evitar que el cambio climático supere un punto de no retorno. Si no reducimos a la mitad las emisiones de CO2 actuales, el peligroso límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura media mundial podría superarse en la próxima década. Por eso somos la última generación que puede hacer frente al desafío para evitar los peores impactos del cambio climático, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad.

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado para bien: luchar contra el cambio climático no solo es una cuestión de supervivencia y justicia, es que además es lo más sensato desde el punto de vista económico.

Hasta ahora, la mayoría de estudios comparaban los costes energéticos en igualdad de condiciones: nueva instalación de renovables frente a nueva instalación de carbón, y en esa comparación ya hace años que el balance de costes y beneficios favorece a las renovables. La dificultad estaba en que instalar nuevas renovables para reemplazar el carbón existente  aún se consideraba más caro que dejar que las centrales funcionen hasta el final de su vida útil, ya que la mayoría de las inversiones de capital no se habían amortizado.

Reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil

Pero el avance de las renovables permite ahora vencer incluso al carbón ya instalado. El último estudio que avala esta tesis se ha publicado en Estados Unidos. En ese país, las energías renovables más desarrolladas (solar y eólica) ya están preparadas para cruzar el “Rubicón económico”, pues según dicho estudio reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil. Esta conclusión viene de una comparación de lo que cuesta producir una unidad de electricidad con cada tecnología a lo largo de su vida útil, en términos de economía convencional, es decir, sin ni siquiera contar los enormes costes ambientales del carbón.

El efecto potencial de abandonar el carbón en EEUU no es trivial. Recordemos que el sector estadounidense del carbón, a pesar de que se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años, aún emite (datos de 2016) tanto CO2 como el total de España, Turquía, Polonia, Reino Unido  y República Checa juntas.

Si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya

Obviamente, la situación política en EEUU no hace esperar que esta nueva lógica  económica se imponga a corto plazo, pero imaginemos lo que pasaría si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya. Y habría que preguntarse cuáles serían los datos aplicados al resto de combustibles fósiles, porque seguramente muy pronto estemos en esa misma situación.

Pero aunque los datos hablan por sí solos, los gobiernos siguen ignorándolos. El Gobierno español tiene que aumentar mucho la ambición: para 2030 deberíamos tener un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable y en 2025 las centrales de carbón y nucleares deberían estar todas cerradas.

Ante la emergencia climática actual, los partidos políticos tienen que poner la salud de las personas y el planeta por encima de los intereses económicos de las compañías eléctricas y las grandes empresas. Es lo que están pidiendo los millones de jóvenes que el pasado 15 de marzo salieron a las calles de todo el mundo reclamando acción climática urgente.

Este periodo electoral es un momento clave para que los candidatos expliquen sus propuestas concretas y ambiciosas en la lucha contra el cambio climático. ¿A qué esperan? ¿Estarán a la altura del reto que enfrentamos?

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España