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De repente las prisas. Cuando la crisis climática no estaba en las agendas políticas.

Finales de junio 2019, un calor asfixiante, en París se han registrado 46 ºC centígrados y la Metrópolis de Barcelona se levanta con el anuncio de declaración de episodio ambiental; los niveles de partículas y los óxidos de nitrógeno en el aire se han disparado.  En el Camp de Tarragona y la Plana de Vic los elevados niveles de ozono troposférico hacen necesario que se avise a la población más sensible.

Mientras, en Osaka (Japón) los mandatarios del G20 lograron adoptar, in extremis, un consenso de mínimos sobre el clima. 19 jefes de Estado firmaron la “irreversibilidad” del acuerdo de lucha contra el cambio climático firmado en París en 2015.

A la par que los consensos políticos de mínimos se extienden, el que marca un máximo histórico es la concentración en la atmósfera de CO2, el principal causante del calentamiento global planetario. El pasado mes de mayo se alcanzaron los 415 PPM, una cifra que no se veía (bueno lo sabemos por el método científico por que los humanos aun no existíamos) desde hace 800.000 años.

Y en plena ola de calor, mis hijos se van de manifestación. Claro, es viernes y les esperan todos sus amigos del movimiento Friday4future liderado por una jovencita con las ideas muy claras que habla que se la entiende perfectamente “cambiemos la Energía, no el Clima”.  En Madrid, con más de 40 ºC también están de manifestación. El nuevo Gobierno municipal va a eliminar “Madrid Central” la zona de bajas emisiones que entró en servicio hace a penas unos meses. Bajo el cartel “derecho a respirar aire limpio” miles de personas están dispuestas a llevar a los tribunales al nuevo equipo municipal.

Las declaraciones institucionales de “Emergencia Climática” empiezan a proliferar. Cierto, la mayor parte bastante vacías de contenido. Con las prisas por dar una respuesta política a la demanda social creciente se han dado cuenta que la transición energética no estaba en la agenda política. Avisos no faltaban. El informe del panel de expertos científicos interdisciplinares de la ONU, el IPPC, que con todo detalle marca los peligros de incrementar la T más allá de 1,5ºC y que ya hemos superado 1 ºC des de la era pre-industrial pero lo peor es que todos los escenarios marcan la necesidad de actuaciones drásticas en un periodo muy breve, menos de 15 años.

Es evidente que estamos delante de un escenario de gran incerteza. Me viene a la cabeza como mi profesor de física quántica, el Dr. en física Jorge Wagensberg, nos explicaba qué era la incertidumbre. Debemos aceptar que la crisis es la manera que tiene la incerteza de avisar que hemos de cambiar de modelo. La crisis climática nos dice a gritos que hemos de cambiar de modelo energético.

La buena noticia es que las soluciones existen y avanzan de forma acelerada, me atrevería a decir que de forma exponencial y disruptiva. Dejemos de mirar por el retrovisor y encendamos las luces largas porque lo que tenemos por delante nada tiene que ver con la política que hacíamos hace 10 años.

 

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Reducir la contaminación de los barcos

Es tan escandaloso que parece mentira, pero es verdad: a día de hoy, a los barcos se les permite contaminar el aire 3.500 veces más que a los vehículos de transporte terrestre. En efecto, en la actualidad, el límite máximo de contenido de azufre en los combustibles para el transporte marítimo, establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI), es de 35.000 ppm frente a los 10 ppm permitidos en la Unión Europea en los carburantes para el transporte por carretera. Cierto es también que la OMI impondrá, a partir del 1 de enero de 2020, un nuevo límite máximo de 5.000 ppm en el contenido de azufre para los combustibles de barcos, pero incluso así este tope seguirá siendo 500 veces superior que el permitido para el diésel en carretera (ver figura 1).

Comparativa de contenido de azufre en combustibles marinos versus combustibles terrestres, (fuente: The Danish Ecological Council).

En las Áreas de Control de Emisiones (ECA, en sus siglas en inglés), que se crean bajo la cobertura legal del Anexo VI del Convenio Marpol de la OMI a instancias de los países que lo soliciten, el 1 de enero de 2015 entró en vigor el requisito que limita a 1.000 ppm el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en las Áreas de Control de Emisiones para los óxidos de azufre (SECA). Sin embargo, los niveles de óxidos de nitrógeno se reducen muy poco en la regulación genérica de la OMI, de modo que solo hay una reducción apreciable dentro de las Áreas de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA).

Sin duda, la regulación ECA es una manera muy efectiva de reducir las emisiones contaminantes procedentes del sector marítimo y limitar sus negativos efectos a la salud pública y al medio ambiente. La demostración palpable más cercana está en el Norte de Europa donde, tras la creación de una ECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha (es SECA desde 2015 y desde 2021 será también NECA), la calidad del aire ha mejorado un 80% desde el año 2015 y los beneficios socioeconómicos asociados se valoran en muchos miles de millones de euros. Las ECA suponen un gran avance, pero aún así 1.000 ppm de azufre en el combustible de los barcos sigue siendo 100 veces más que el nivel permitido para el transporte por tierra.

Se pueden hacer más cosas. Y se deben hacer porque en virtud de diversos estudios, se estima que las emisiones de los barcos causan anualmente en la Unión Europea 50.000 muertes prematuras y 60.000 millones de euros en costes sanitarios. Ello es debido a que el combustible mayoritariamente utilizado para la navegación es el fuelóleo pesado, un producto derivado del petróleo que contiene altas cantidades de azufre, cenizas, metales pesados ​​y otros residuos tóxicos y es responsable de importantes emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM), cuyos efectos negativos a la salud están ampliamente demostrados. Cuando las personas respiran este aire contaminado, su salud se resiente, lo cual se traduce en un aumento de las enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, incluso cáncer), hospitalizaciones e incluso muertes prematuras, además de las consiguientes pérdidas en productividad.

La industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce

En el caso concreto de Dinamarca, uno de los países que integran la ECA del Norte de Europa antes citada, se ha calculado que la sociedad se está ahorrando 18,5 millones de dólares en costes sanitarios por cada 3,8 millones de dólares invertidos en combustible para barcos con un contenido de 0,1% en azufre (en lugar de usar un combustible promedio de contenido de 2,7% en azufre). Es decir, una inversión con una tasa de retorno positiva del 387%. En el caso de los NOx la tasa de retorno resultante es del 1.333%. Estos datos hablan por sí solos.

Así pues, en comparación con las preocupantes y nada desdeñables emisiones que tienen su origen en tierra, las emisiones de los buques son mucho más elevadas, dado que al sector naviero no se le exige utilizar combustibles más limpios ni utilizar técnicas de tratamiento posterior de los gases de escape como obliga la normativa en tierra desde hace décadas en sectores como el del automóvil y otras industrias.

A nivel global, la estimación oficial más reciente de las emisiones de contaminantes atmosféricos generadas por el transporte marítimo internacional proceden del Tercer Estudio de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la OMI. Este estudio, publicado en 2014, proporcionó un análisis de las emisiones durante el período 2007-2012, así como las proyecciones hasta 2050. La OMI está trabajando en el Cuarto Estudio de GEI, el cual se prevé esté finalizado en otoño de 2020. Según el Tercer Estudio, el tráfico marítimo ocasionó en el periodo citado (que coincidió con la crisis económica), en promedio anual, el 13% de las emisiones globales de origen antropogénico de NOx, el 12% de las de SOx y el 3,1% de las de CO2. Con respecto a las previsiones a futuro, la OMI concluyó que, en diversos escenarios de tipo Business As Usual (BAU), las emisiones de CO2 del transporte marítimo aumentarán entre un 50% y un 250% desde 2012 hasta 2050, a pesar de las mejoras en eficiencia de la flota (esperadas con un valor de alrededor del 40% en promedio), debido al crecimiento esperado en la actividad del sector.

En virtud de esos escenarios, la OMI concluye que las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, aumentarán rápidamente en el futuro (aunque desde una base de partida baja) a medida que aumente la utilización de gas natural licuado (GNL) como combustible de los barcos. Lo que viene a indicar que la sustitución de los fuelóleos pesados por GNL no va a significar ninguna ventaja apreciable en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Asimismo,  las emisiones de NOx aumentarán a un ritmo menor que las emisiones de CO2 como resultado de los motores de Nivel II y Nivel III que se incorporarán en los próximos años a la flota mundial. Las emisiones de los SOx continúan disminuyendo hasta 2050, principalmente debido a los requisitos del Anexo VI de MARPOL sobre el contenido de azufre de los combustibles antes citado.

En resumen, por un lado, es un hecho incontestable que la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce.

En segundo lugar, se reconoce oficialmente que el gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto.

Afortunadamente hay ya suficientes soluciones tecnológicamente maduras que permitirían que los barcos navegasen sin contaminar, pero la experiencia nos demuestra que el sector naviero no parece estar dispuesto voluntariamente a hacer los cambios necesarios para reducir sus emisiones de GEI y otros contaminantes atmosféricos por lo que la única manera eficaz de que estas medidas se implementen realmente es a través de la aprobación y estricta aplicación de normas legales al respecto.

En un informe recientemente publicado por la organización Transport&Environment (T&E, organización cuya finalidad es lograr la sostenibilidad en el ámbito del transporte) sobre la contaminación atmosférica provocada por los cruceros turísticos en Europa en 2017 ((ver figuras 2 y 3), se llega a esa misma conclusión y se hacen una serie de recomendaciones regulatorias y técnicas para conseguirlo.

Niveles de intensidad de las emisiones de SOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). Nótese la diferencia entre la Zona de Control de Emisiones para el azufre (SECA) establecida desde 2015 en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico con el resto de las zonas marinas de Europa.

 

Niveles de intensidad de las emisiones de NOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). En 2021 entrará en funcionamiento la Zona de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA) en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico.

Para empezar, en dicho informe se recomienda ampliar las Áreas de Control de Emisiones que actualmente existen en el mar Báltico, mar del Norte y Canal de la Mancha al resto de mares europeos y reducir el límite de emisiones de las SECA europeas hasta situarlo en 10 ppm, cantidad equivalente a la del combustible empleado en el transporte por carretera.

Además, debería implantarse una normativa de cero emisiones en los muelles de toda Europa. Muy especialmente para los cruceros turísticos, ya que este tipo de embarcaciones suele navegar cerca de las costas y pasa gran cantidad de tiempo en los puertos de pasajeros de los principales destinos turísticos, por lo que afecta a la calidad del aire de forma desproporcionada, como demuestra claramente el referido informe de T&E.

A ese respecto, las navieras que fleten cruceros, puesto que representan el segmento de ocio del sector del transporte marítimo de cara al público, deberían considerarse empresas pioneras en las normativas concebidas para descarbonizar el sector. Por lo tanto, además de implantar una normativa de cero emisiones en los puertos, los cruceros son las primeras embarcaciones a las que se debe obligar a utilizar sistemas de propulsión de emisión cero en las aguas territoriales de la UE.

Para facilitar las emisiones cero en los muelles cabe destacar la posibilidad de que los barcos atracados se conecten a la red eléctrica para cargar los equipos que llevan a bordo (lo que se conoce en inglés por Shore-Side Electricity, SSE). Se trata de una tecnología ya consolidada y que ha demostrado que funciona pudiendo reducir enormemente la contaminación atmosférica que generan los buques atracados en los puertos. La Directiva europea relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos exige que los principales puertos del continente cuenten con tecnología SSE, aunque solo -y ahí está el problema- si ello resulta beneficioso en relación con su coste, por lo que su uso no está muy extendido ni entre los buques ni entre los puertos.

La generalización de esta tecnología se enfrenta a dos escollos principales. Por una parte, los propietarios de los buques no invierten en adaptarlos a la tecnología SSE porque hay pocos puntos de conexión disponibles en los puertos y los puertos, a su vez, no invierten en la instalación de conexiones SSE porque no las utilizan muchos barcos. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Al mismo tiempo, la fiscalidad provoca una distorsión del mercado. La electricidad en tierra está sujeta a impuestos en el marco de la Directiva sobre la imposición de la energía (DIE) de 2003. Sin embargo, los combustibles fósiles para uso marítimo están exentos de impuestos. Esta desigualdad tan flagrante desincentiva a los dueños de las embarcaciones a la hora de recurrir a la SSE en los puertos en los que está disponible. La situación desincentiva también a aquellos puertos interesados en instalar puntos de SSE.

El gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto

Si queremos que todos jueguen con las mismas reglas, la UE debería eximir de impuestos la electricidad de la tecnología SSE durante un periodo transitorio y/o gravar los combustibles fósiles de uso marítimo con un tipo equivalente.

La UE debería imponer una normativa de cero emisiones en los muelles de los puertos europeos, exigiendo a los barcos el uso de la SSE o el recurso a medidas alternativas para lograr un resultado equivalente. Esto ayudaría a los puertos que han invertido en SSE a no tener activos sin uso.

Finalmente, puesto que las emisiones de NOX  tanto de los barcos que ya circulan como de los nuevos es un asunto enormemente preocupante y dado que las próximas NECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha solo cubrirán las emisiones de los buques que se construyan a partir de 2021, existe una necesidad de reducir las emisiones de NOX que generan los actuales barcos en la totalidad de las aguas europeas. Por ello, la UE debe tomar medidas específicas en este asunto, entre ellas quizás un mecanismo económico similar al Fondo de NOX de Noruega. Los barcos podrían además utilizar sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, en sus siglas en inglés) o filtros de partículas para el diésel (DPF) para disminuir sus emisiones de NOX y PM.

Por Carlos Bravo – Consultor en Salvia EDM y socio protector de la Fundación Renovables

Por Isabell Büschel – Coordinadora para Transport&Environment en España

Por Faig Abbasov – Coordinador de políticas de transporte marítimo en Transport&Environment

Nueva Iniciativa Ciudadana Europea: “Quien contamina, paga”

Algunos amigos ecologistas me dicen que eso acaba en: “El que paga, contamina”. Y yo replico: “Hoy, el que contamina, no paga, y el que no contamina, pagará las consecuencias, en gasto sanitario y en un planeta incompatible con una sociedad humana organizada…”. O sea, hagamos que el que contamina, pague cada vez más. Y repartamos la recaudación entre los ciudadanos.

El cambio climático es, sobre todo, un problema de injusticia: norte-sur, ricos-pobres y generación actual- generaciones futuras. Las cuestiones de justicia y responsabilidad se evitan en el debate. Y cuando se mencionan, se hace recaer esa responsabilidad sobre los consumidores, cuando la responsabilidad máxima recae en los gobernantes que son los que realmente tienen capacidad para cambiar las cosas. O dejarlas como están, que es lo que llevan haciendo décadas. En los últimos 25 años poco o nada se ha hecho para corregir esta injusticia y las emisiones de CO2 siguen subiendo año tras año.

Las empresas de combustibles fósiles ganan miles de millones cada año, mientras sus negocios destruyen las condiciones de vida en el planeta. “Satisfacemos la demanda energética”, dicen. Ciertamente. Pero ya hay alternativas que pueden satisfacer esa demanda, sin destruir el clima. El caso es que no pagan por los daños que sus productos causan a la salud y al clima. Es la gente la que sufre las consecuencias de la mala calidad del aire y de un clima cada vez más dañino. Es la gente la que YA paga esos daños, en forma de mayor gasto sanitario y devastadores daños causados por el cambio climático: precios crecientes de los alimentos; daños a edificios e infraestructuras por tormentas, huracanes, lluvias torrenciales y eventos climáticos extremos; muertes por olas de calor; extinción de la biodiversidad; mayores y más devastadores incendios forestales; daños en ciudades costeras por la subida del nivel del mar; sequías, migraciones y un larguísimo etcétera.

Esta injusticia continúa solo para hacer aún más ricos a un puñado que ya son multimillonarios. Es la mayor transferencia de riqueza de miles de millones hacia unos pocos billonarios.

Hay una propuesta de acción climática que puede poner fin a esta transferencia masiva de riqueza: se la conoce como Cargo al Carbono con Devolución o Renta Climática. Consiste en hacer que los que contaminan paguen por el daño que causan y devolver el 100% de lo recaudado a los ciudadanos, a todos igual, por tarifa plana. Poco a poco, año tras año, para dar tiempo a empresas y consumidores a ir cambiando a productos y servicios sin CO2 en su proceso de fabricación. En varias décadas podríamos haber acabado con la adicción a los combustibles fósiles y frenar la emergencia climática hacia la que nos dirigimos.

El cargo al CO2 debe ser creciente. Empezar bajo para no causar un shock a la economía, pero subir año tras año de manera irreversible.

Los que apoyamos esta Iniciativa podríamos estar equivocados. O no haber tenido en cuenta posibles consecuencias indeseadas. Pero hay más de 3.500 economistas del máximo prestigio internacional, profesores en cientos de universidades, 27 premios Nobel, varios ex Secretarios del Tesoro de los EEUU y un sinfín de empresas, analistas y ONGs que afirman que un sistema de Precio al CO2 con Devolución es esencial para reducir las emisiones a CERO en varias décadas y frenar el cambio climático.

Se han firmado declaraciones de apoyo a este proyecto en los EEUU, Bélgica, Holanda y otros países. Recientemente, un grupo de ciudadanos europeos ha presentado una Iniciativa Ciudadana para que la Unión Europea estudie la viabilidad de una política de Cargo al CO2 con Devolución en los Estados Miembros.

Será un largo proceso pues se necesita un millón de firmas de ciudadanos europeos que respalden la Iniciativa para que pueda ser defendida ante el Parlamento Europeo.

El cargo al CO2 debe ser creciente. Empezar bajo para no causar un shock a la economía, pero subir año tras año de manera irreversible. La contaminación no debe ser gratis nunca más. El sistema propuesto de gravar el CO2 y repartir la recaudación es justo y transparente. Y devuelve el dinero recaudado en cada país a los ciudadanos de ese país, a todos por igual.

Por favor, ayuda a combatir tanto el cambio climático como la injusticia empleando un minuto en  apoyar esta Iniciativa urgente y justa ante la Comisión Europea. Y comparte este mensaje con tus contactos. Necesitamos un millón de firmas. Tus hijos te lo agradecerán.

La Iniciativa:

https://eci.ec.europa.eu/007/public/#/initiative

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Lo que nos cuesta el cambio climático

Nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático. Según el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre las pérdidas económicas por fenómenos relacionados con clima extremo en el espacio económico europeo, el cambio climático nos ha costado  889 euros en el periodo 1980-2017 a cada ciudadano español, más de 37.000 millones en total, ¡similar a un rescate bancario! Solo el 12% de las pérdidas están respaldadas por seguros. Y 14.611 personas pierden la vida por ese tipo de fenómenos, aunque otras fuentes dan cifras aún mayores.

El coste no es solo económico. Hay otros muchos impactos del cambio climático que ya estamos sintiendo, que tienen difícil cuantificación económica, y que por el camino que vamos irán cada vez a peor. Veranos cinco semanas más largos, aumento de las noches tropicales, olas de calor más largas e intensas, incremento de la temperatura del agua del Mediterráneo y avance de la desertificación. Estas son algunas de las conclusiones de la Agencia Estatal de Meteorología en su último informe, perfectamente ilustrado por la propia Agencia.

Más de 32 millones de españoles, es decir, el 70% de la población, ya se están viendo afectados por los impactos del cambio climático, según estos datos. Quienes peor salen parados son los habitantes de las zonas costeras y las grandes ciudades, las zonas más vulnerables al cambio climático.

Según los datos científicos de Naciones Unidas, puede que nos queden solo 11 años para evitar que el cambio climático supere un punto de no retorno. Si no reducimos a la mitad las emisiones de CO2 actuales, el peligroso límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura media mundial podría superarse en la próxima década. Por eso somos la última generación que puede hacer frente al desafío para evitar los peores impactos del cambio climático, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad.

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado para bien: luchar contra el cambio climático no solo es una cuestión de supervivencia y justicia, es que además es lo más sensato desde el punto de vista económico.

Hasta ahora, la mayoría de estudios comparaban los costes energéticos en igualdad de condiciones: nueva instalación de renovables frente a nueva instalación de carbón, y en esa comparación ya hace años que el balance de costes y beneficios favorece a las renovables. La dificultad estaba en que instalar nuevas renovables para reemplazar el carbón existente  aún se consideraba más caro que dejar que las centrales funcionen hasta el final de su vida útil, ya que la mayoría de las inversiones de capital no se habían amortizado.

Reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil

Pero el avance de las renovables permite ahora vencer incluso al carbón ya instalado. El último estudio que avala esta tesis se ha publicado en Estados Unidos. En ese país, las energías renovables más desarrolladas (solar y eólica) ya están preparadas para cruzar el “Rubicón económico”, pues según dicho estudio reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil. Esta conclusión viene de una comparación de lo que cuesta producir una unidad de electricidad con cada tecnología a lo largo de su vida útil, en términos de economía convencional, es decir, sin ni siquiera contar los enormes costes ambientales del carbón.

El efecto potencial de abandonar el carbón en EEUU no es trivial. Recordemos que el sector estadounidense del carbón, a pesar de que se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años, aún emite (datos de 2016) tanto CO2 como el total de España, Turquía, Polonia, Reino Unido  y República Checa juntas.

Si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya

Obviamente, la situación política en EEUU no hace esperar que esta nueva lógica  económica se imponga a corto plazo, pero imaginemos lo que pasaría si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya. Y habría que preguntarse cuáles serían los datos aplicados al resto de combustibles fósiles, porque seguramente muy pronto estemos en esa misma situación.

Pero aunque los datos hablan por sí solos, los gobiernos siguen ignorándolos. El Gobierno español tiene que aumentar mucho la ambición: para 2030 deberíamos tener un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable y en 2025 las centrales de carbón y nucleares deberían estar todas cerradas.

Ante la emergencia climática actual, los partidos políticos tienen que poner la salud de las personas y el planeta por encima de los intereses económicos de las compañías eléctricas y las grandes empresas. Es lo que están pidiendo los millones de jóvenes que el pasado 15 de marzo salieron a las calles de todo el mundo reclamando acción climática urgente.

Este periodo electoral es un momento clave para que los candidatos expliquen sus propuestas concretas y ambiciosas en la lucha contra el cambio climático. ¿A qué esperan? ¿Estarán a la altura del reto que enfrentamos?

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

Las lecciones climáticas de nuestros jóvenes

Si los titulares de las noticias o las conversaciones en las redes sociales fueran un reflejo de la realidad, uno podría pensar que lo que más preocupa a nuestra sociedad estos días son las elecciones que vienen, o el juicio del procés, o si me apuras, la crisis de Venezuela.

Pero lo cierto es que hay otras noticias, que tienen más difícil acaparar titulares, que nos deberían preocupar mucho más. Por ejemplo, que estemos viviendo una primavera en pleno mes de febrero. Algo que si fuera un hecho aislado no tendría mayor importancia, y es incluso agradable, pero que sucede en el marco de una tendencia de ascenso global de las temperaturas sobre la que la ciencia nos está llamando insistentemente la atención. De hecho, los cuatro últimos años han sido los más calurosos desde que tenemos registros, corroborando los datos científicos que muestran el cambio climático ya está aquí.

Pero esto no ha hecho más que empezar, y el mismo cambio climático que provocamos puede a su vez provocar más cambio climático, entrando en una espiral imparable. Así lo ilustra una simulación hecha con superordenadores que indica que uno esos efectos de retroalimentación se puede producir cuando, a partir de cierto nivel de calentamiento, se dejen de formar nubes, lo que a su vez dejaría entrar más radiación solar y aceleraría el calentamiento. El punto de no retorno se podría alcanzar este mismo siglo.

Afortunadamente (?), se supone que nuestros políticos y gobiernos tienen toda la información que necesitan para evitar que el problema se nos vaya de las manos. El Gobierno español acaba de presentar un amplio paquete de medidas, que han llamado Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye tres elementos muy importantes: un plan (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) que marca los objetivos que tendrá que alcanzar nuestro país para reducir las emisiones causantes del cambio climático; una ley (proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética) que establece el marco normativo para saber cómo aplicar el plan; y una Estrategia de Transición Justa, fundamental para asegurar la cohesión social y que ningún colectivo ni comarca quede relegado por la imprescindible transición, que permita construir alternativas sostenibles para quienes se vean afectados por el cierre del carbón, la energía nuclear o la electrificación de la industria automovilística.

Lamentablemente, la ley ha llegado tan tarde que se queda fuera de ninguna posibilidad de ser debatida en esta legislatura, por lo que habrá que esperar a que pasen las elecciones para que se retome, esperemos que como prioridad número uno.

El Plan, sin embargo, no se puede detener por el proceso electoral, ya que su presentación es una obligación europea. Ese plan recoge objetivos y medidas que pueden transformar profundamente nuestro sistema energético, que es lo que más contribuye al cambio climático. Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad, como señalamos desde Greenpeace. Una vez se apruebe este paquete de medidas, España dejará de ser el único país de Europa occidental sin fechas de abandono del carbón.

La transformación de todo el sistema energético debe adelantarse acorde con alcanzar emisiones netas cero en 2040 y no se debe retrasar el cierre de las viejas centrales de carbón y nucleares más allá de 2025.

En cuanto a las emisiones, el Plan fija un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990. Pero, ¿es esto suficiente? Desde el gobierno se dice que es lo máximo que podemos hacer, porque España ha estado durante décadas aumentando sus emisiones y ahora es muy difícil hacer que bajen más rápido. Pero tanto Greenpeace como la Fundación Renovables coinciden en señalar que se trata de un objetivo claramente insuficiente. El gran debate ambiental actualmente en la Unión Europea es cuánto elevar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 para hacer posible cumplir con el Acuerdo de París. El objetivo actual de la Unión Europea es del 40%. La Comisión Europea se plantea pasar al 45%. El Parlamento Europeo pide elevar el objetivo al menos al 55%. De manera que no puede ser que España pretenda quedarse solo en un 20%, que no es ni la mitad de lo que pide el Parlamento Europeo.

No solo es solo cuestión de cifras y porcentajes, el hecho es que, para contribuir en la medida necesaria y proporcional a nuestra responsabilidad de evitar un cambio climático que supere el peligroso umbral de 1,5 ºC de calentamiento, la transformación de todo el sistema energético debe adelantarse acorde con alcanzar emisiones netas cero en 2040 y no se debe retrasar el cierre de las viejas centrales de carbón y nucleares más allá de 2025.

Los científicos advierten de la brecha que separa los compromisos actuales de todos los países y lo que se necesita hacer para evitar un cambio climático desastroso. Al ritmo actual de emisiones, se espera que el calentamiento global supere los 1,5°C entre 2030 y 2052. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2018 del PNUMA revela que las naciones deben aumentar sus ambiciones climáticas en 5 veces para alcanzar la meta de 1,5°C.

El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2018 del PNUMA revela que las naciones deben aumentar sus ambiciones climáticas en 5 veces para alcanzar la meta de 1,5°C.

Pero quienes son más conscientes de esa brecha no son los políticos, son nuestros propios hijos e hijas. Hartos de la falta de respuesta por parte gobiernos, políticos y empresas, estudiantes de todo el mundo están saliendo a la calle en un movimiento espontáneo que está promoviendo marchas y huelgas escolares. Muchas de esas acciones suceden los viernes, y lo están haciendo con el paraguas común de #FridaysforFuture. Extendiéndose como una balsa de aceite, las movilizaciones ya están llegando a nuestro país.

Estas personas son las que han aprendido lo del cambio climático en su escuela o instituto, y no pueden entender, ni aceptar, que no se esté haciendo nada para evitarlo. El movimiento no para de crecer y su próxima movilización será el 15 de marzo, en que han convocado la primera huelga mundial de jóvenes por el clima. Saldrán a enarbolar la única bandera que es de todos y que necesita que la defendamos, la bandera del planeta. Aprendamos la lección nos están dando.

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

Ocho pruebas de que la transición energética mundial va más rápido de lo que piensas

Las noticias sobre cómo avanza el cambio climático, la contaminación o la degradación ambiental son tan continuas como demoledoras. Constantemente nos aplastan con informaciones que muestran las consecuencias de la desastrosa gestión del entorno que nos rodea. Son tantas evidencias, que podemos caer fácilmente en el desánimo y creer que esto ya no tiene arreglo.

Pero no es así. Las soluciones están en marcha, y avanzan cada vez más rápido, aunque difícilmente captan la atención de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tan solo mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos. Hay tantos casos que no es fácil seleccionar, pero sin duda estos ocho ejemplos, de todas las partes del mundo, están entre los más llamativos.

En África, el presidente de Kenia se ha comprometido a completar la transición del país a 100% renovable para 2020. Kenia es uno de los líderes mundiales en energía geotérmica y está invirtiendo en todas las demás renovables.

En Oriente Medio, Arabia Saudita ha firmado con Softbank la financiación del mayor paquete de proyectos solares del mundo: 200 GW, de los que los primeros 7,2 GW van a comenzar a funcionar este año y el resto se irán poniendo en marcha hasta 2030. Israel, por su parte, estará libre de carbón y de motores de combustión interna para 2030.

En Oceanía, los hogares y negocios australianos están instalando energía solar en sus tejados batiendo récords: se instalan 6 paneles solares cada minuto, más de dos millones de hogares ya disponen de energía solar, y en los estados de Queensland, Australia del Sur y Australia Occidental la penetración ya supera el 30%. Mientras, el gobierno de su vecino Nueva Zelanda anunció que no dará más permisos para exploración de petróleo o gas en sus aguas territoriales.

En Asia, las renovables crearon 47.000 nuevos empleos en la India en 2017, alcanzando los 432.000 puestos de trabajo. Vietnam ha anunciado planes para más que triplicar la electricidad que produce con renovables y aumentar en un 26% el uso de energía solar en los hogares para 2030. Las compañías japonesas Fujitsu y Marui Group se han comprometido a suministrarse con energía 100% renovable. Sumitomo Mitsui Trust Bank se ha convertido en el primer banco japonés que restringe la financiación de proyectos de carbón, tanto dentro como fuera de su país.

Mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos

En América, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se ha comprometido a prohibir los combustibles fósiles y a ser el primer país del mundo en descarbonizarse completamente. El año pasado, Costa Rica ha estado 300 días (201 seguidos) usando solo energía renovable para su suministro eléctrico, batiendo su propio récord del año anterior. En EEUU, a pesar de Trump, California ha establecido por ley que el 100% de su electricidad sea renovable para 2045. Y además, el gobernador del estado, Jerry Brown, ha firmado una orden ejecutiva para que California alcance la neutralidad de carbono ese mismo año.

En Europa, el dinero huye del carbón. La mayor compañía de seguros de Europa, Allianz, se ha comprometido a dejar de asegurar empresas vinculadas al carbón. La tercera aseguradora del mundo, Generali, deja de asegurar nuevas térmicas de carbón y minas. La segunda mayor compañía de reaseguros del mundo, Swiss Re, ha dejado de asegurar centrales térmicas, minas y empresas expuestas al carbón en más del 30%. El mayor banco de Alemania, Deutsche Bank, dejará de financiar proyectos de carbón, lo mismo que el mayor banco de Dinamarca, Danske Bank, que ha decidido dejar de invertir también en las contaminantes arenas bituminosas. Y no solo el sector financiero privado: Irlanda se ha convertido en el primer país en desinvertir completamente en combustibles fósiles.

Todas las instalaciones de Apple (fábricas, tiendas y centros de datos) se suministran con energía 100% renovable. Facebook se ha comprometido a ser 100% renovable para 2020. Sony se ha comprometido a cubrir todas sus necesidades energéticas con renovables para 2040 (partiendo de solo un 7%) Samsung se ha comprometido a suministrar con energía 100% renovable todas sus operaciones en Europa, EEUU y China para 2020. Y su compromiso lo han seguido otras 11 grandes corporaciones coreanas.

Y también aquí en España hemos visto cómo se ha acordado el fin de la minería del carbón, las compañías eléctricas planean cerrar 9 de las 15 térmicas de carbón del país, y hemos logrado fulminar por ley el infame “impuesto al sol”. En ese contexto, las energías renovables vuelven a renacer, con multitud de proyectos, y la cuota de electricidad renovable ha subido al 40% (en 2017 fue del 33%).

Así que no hay que cambiar de planeta ni esperar un milagro, lo que hay que hacer es acelerar la transición energética y ecológica, que ya está en marcha, para que llegue a ser más rápida que el cambio climático y la destrucción ambiental. Con los datos en la mano, hay razones para la esperanza.

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

La Cumbre del Clima de Katowice, un momento para la ambición y justicia climática

Comienza la segunda semana de la Cumbre del Clima de Katowice, la Conferencia que tendrá que poner la letra pequeña al Acuerdo de París que adoptaron las Naciones Unidas en 2015 y cerrar el libro de reglas que permita su aplicación a partir del año 2020.

El contexto de estas negociaciones multilaterales está muy marcado por la reciente publicación del mayor panel científico de expertos en cambio climático en el mundo, el IPCC, que celebra en esta conferencia su 30º aniversario. Un informe especial que advierte a la comunidad internacional de los graves riesgos de un calentamiento global que supere el 1,5ºC de temperatura pero que también señala la posibilidad de evitarlo realizando un esfuerzo sin precedentes en la reducción de emisiones globales.

Begoña María-Tomé Gil, responsable de cambio climático de ISTAS y Patrona de la Fundación Renovables, está participando estos días en la COP24 de Katowice

Desafortunadamente, durante la primera semana de la Cumbre, los negociadores no han sido capaces de trasladar la urgencia del cambio climático a los textos. Y mientras la sociedad civil se manifestaba en las calles exigiendo más ambición en la acción climática, las delegaciones oficiales discutían sobre si “tomaban nota” o “daban la bienvenida” a la consideración del informe del IPCC. La decepción es ya una característica inherente a estas reuniones.

Este proceso multilateral está desoyendo todas las alarmas del estado del clima. En la actualidad la temperatura del planeta ya ha aumentado 1ºC respecto la época preindustrial debido a la quema masiva de combustibles fósiles. Nos quedan 12 años para evitar un caos climático.

A pesar de llevar décadas de cooperación internacional no parece que las Naciones Unidas nos hayan conducido a un umbral de seguridad climática

Esta misma semana conocíamos que el ritmo de crecimiento del CO2 ha vuelto a marcar un récord en 2018, rompiendo las esperanzas de que las emisiones hayan alcanzado su pico máximo. A pesar de llevar décadas de cooperación internacional no parece que las Naciones Unidas nos hayan conducido a un umbral de seguridad climática. Los compromisos que los 200 países han puesto encima de la mesa nos llevarán a un calentamiento de más de 3ºC a final de siglo. No es de extrañar que el Secretario General de la ONU inaugurara esta Cumbre pidiendo liderazgo. “Para muchas personas, regiones e incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte”. “Éste es el desafío sobre el cual los líderes de esta generación serán juzgados” – declaró Antonio Guterres. Un mensaje directo para los presidentes de EEUU, Donald Trump y de Brasil, Jair Bolsonaro, dos reconocidos negacionistas que quieren sacar a sus países del Acuerdo de París. Brasil ya ha renunciado a organizar la próxima COP 25 en 2019 como estaba previsto aludiendo motivos presupuestarios. Pero, ¿qué esperar de un jefe de Estado que prometió que no protegería ni un milímetro de Amazonía que se pudiese explotar, ni siquiera en los habitados por indígenas?

Otro elemento influyente en las negociaciones es que éstas se están desarrollando en la ciudad de Katowice, en la región de Silesia, la segunda región con más desempleo en Polonia y la comarca minera más importante de Europa.

Otro elemento influyente en las negociaciones es que éstas se están desarrollando en la ciudad de Katowice, en la región de Silesia, la segunda región con más desempleo en Polonia y la comarca minera más importante de Europa. Es la tercera cumbre que preside el país en la última década. Un país que genera el 80% de la electricidad del carbón, que concentra una población trabajadora de más de 80.000 mineros y alberga la central térmica de carbón más grande de Europa y que ha sido empujada al escepticismo climático por sus líderes políticos. De hecho, la posición del Gobierno polaco ha torpedeado en numerosas ocasiones las políticas de la Unión Europea de Energía y Clima. Aunque ojo, a pesar de su merecida reputación, sus emisiones de dióxido de carbono por habitante son inferiores a las de Finlandia, Bélgica, Alemania, Noruega o la media de la OCDE.

Conscientes de las inquietudes que generaba este anfitrión en la marcha de las negociaciones, un año antes las organizaciones sindicales europeas e internacionales se pusieron a trabajar con el objetivo de promover una declaración que considere los aspectos de la justicia social sin hacer descarrilar el proceso. El resultado ha sido la iniciativa de la Presidencia polaca de presentar la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa” para su adopción en esta COP 24. Una declaración que se presentó el lunes pasado y que contó con la presencia de Pedro Sánchez, entre un pequeño grupo de jefes de Estado. A la espera de nuevas adhesiones, la declaración ya ha sido adoptada por casi 50 países, entre los que se incluye la Unión Europea y ha sido también apoyado por la mayor alianza global de ciudades. Los Gobiernos de Canadá, Escocia, España y Nueva Zelanda se han comprometido ya a una Transición Justa, emprendiendo procesos nacionales para lograrla.

En 2015, los sindicatos consiguieron que se reconociese la Transición Justa en el Acuerdo de París. Ahora le corresponde a esta COP24 ponerla en práctica en el Libro de Reglas de París. Pero en todo caso, ya se ha logrado algo importante: que celebrándose esta conferencia en una zona deprimida socialmente donde se ha perdido la mitad del empleo en pocos años, los trabajadores polacos se sientan representados dentro de la Cumbre y no se hayan sentido empujados a manifestarse en contra de la acción climática para defender una vida digna. Quizá parece poca cosa, pero no son tiempos para dar nada por hecho. Después de los sucesos de los “chalecos amarillos” en Francia, no está de más felicitarse por ello.

Necesitamos pisar el acelerador y aumentar la ambición sin saltarnos los procesos de participación y dialogo social que deberían servir para evitar la peor cara del cambio climático

El Gobierno de España ha marcado la Transición Justa como una prioridad en la agenda de la transición energética, y en estos momentos tiene en su haber el acuerdo de la minería del carbón adoptado el pasado mes de octubre por todos los agentes sociales para poner a salvo a la gente trabajadora. En proceso de negociación se encuentra el acuerdo específico para Hunosa, la empresa pública minera. Y en proceso de elaboración, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa y un Plan de Acción Urgente para las comarcas mineras afectadas. Mucho trabajo pendiente. Necesitamos pisar el acelerador y aumentar la ambición sin saltarnos los procesos de participación y diálogo social que deberían servir para evitar la peor cara del cambio climático. La mejor receta contra la extrema derecha y el negacionismo climático son las políticas de cohesión social.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS

La transición energética es cosa de todos

El cambio climático supone una alteración anómala de los fenómenos meteorológicos, debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto hace que aumente la temperatura y haya más energía disponible en la atmósfera. Así, como estamos viendo, los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos. De manera que, o dejamos de emitir gases a la atmósfera, o las condiciones para la vida se van a volver cada vez más complicadas.

Todos los estudios científicos demuestran que el cambio climático es ya una realidad a la que tenemos que enfrentarnos diariamente y que la intensidad de este cambio y sus efectos irán en aumento en los próximos años. Los científicos estiman que el tiempo de reacción que nos queda, si no hacemos nada, para que se produzcan efectos catastróficos irreversibles, es tan sólo de doce años (2030). Esta es la razón de que 2030 aparezca como una fecha objetivo en los planes de reducción de emisiones de la Unión Europea y de muchos países del planeta. También nos dicen los últimos informes que las emisiones globales a la atmósfera siguen aumentando.

La llamada Transición Energética consiste en ser capaces de cambiar nuestro modelo energético actual a otro más respetuoso con el medio ambiente, lo que significa básicamente dejar de utilizar combustibles fósiles y cubrir nuestras necesidades de energía a partir de fuentes renovables. Sólo así podremos frenar el cambio climático y necesitamos hacerlo de forma urgente.

El nuevo Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado hace unos días por el Gobierno, es, sin duda, una buena noticia, aunque debe considerarse sólo como un primer paso para afrontar la necesaria descarbonización de la economía española. En su tramitación parlamentaria y, sobre todo, en su desarrollo normativo posterior y en su aplicación, podremos calibrar la profundidad y efectividad de las medidas que se anuncian para luchar contra el cambio climático. Un documento que, como hemos denunciado desde la Fundación Renovables, carece de la ambición necesaria para llevar a cabo la Transición Energética y que no es coherente ni con la urgencia del problema ni con los objetivos de emisiones cero en 2050 que recomiendan los expertos.

No se trata de un problema ideológico. Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías. Las ventajas son evidentes para un país con una muy alta dependencia de los combustibles fósiles, que lastran nuestra balanza comercial, y que tiene gran disponibilidad de recursos renovables, principalmente sol y viento. Por tanto, debería resultar sencillo que los diferentes partidos políticos se pusieran rápidamente de acuerdo en este tema.

En las sociedades democráticas, donde los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos, medidas como las que hay que tomar para afrontar este cambio, a menudo drásticas, e implementadas en un corto plazo tiempo, requieren que los ciudadanos estemos convencidos y participemos activamente en este cambio, toda vez que los responsables políticos no parecen estar muy dispuestos a tomar medidas que puedan poner en riesgo inmediato su empleo. Tendremos que exigírselo y las próximas convocatorias electorales es un buen momento para ello.

Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías

Una de las cosas que más llama la atención de esta Ley es la ausencia de medidas para la democratización del sistema energético y la participación de la ciudadanía, aspectos claves para el éxito de la misma.

Por tanto, bienvenida la nueva Ley, pero recordemos que no es posible  llevar a cabo la Transición Energética sin la participación ciudadana. Participación política, organización social y responsabilidad deben jugar un papel clave.

Durante muchos años, hemos diseñado un modo de vida totalmente dependiente de los combustibles fósiles que, ahora, por un problema de supervivencia, tenemos urgentemente que cambiar.  ¿Cómo nos convencemos, cada uno de nosotros, de que no hay otro camino, de que es urgente hacerlo?

En este debate político y social, aquellos que ven peligrar sus intereses económicos van a intentar oponerse y retrasar todo lo posible este cambio. Pero las evidencias son abrumadoras. Cuanto más tardemos peor.

Nos movemos en permanentes contradicciones que dificultan este proceso:

  • Confundimos nuestros derechos fundamentales con hábitos, costumbres y usos. Poder respirar aire limpio es un derecho, tener vehículo privado no, como no lo es tener un barco o un avión privado, por más que en casi todas las familias tengamos al menos un coche y lo consideremos parte fundamental de nuestro modo de vida.
  • Nos parece bien que se mejore la calidad del aire en las ciudades que vivimos, pero nos oponemos a que se tomen medidas para restringir el uso de vehículos privados en las mismas, sobre todo si eso implica dejar el vehículo propio en casa. Lo mismo ocurre con el tiempo que pasamos en atascos de tráfico, que nos parecen insoportables. No acabamos de visualizar que somos a la vez responsables y víctimas de un problema que nosotros mismos provocamos con nuestros comportamientos diarios y que, por lo tanto, somos parte de la solución. Bajo el argumento, muchas veces cierto, de que el transporte público, que nos permitiría una alternativa de movilidad sostenible, es deficiente no cambiamos nuestros hábitos ni exigimos un transporte público eficiente. No queremos ni oír hablar de subidas de impuestos, ni de impuestos a los combustibles fósiles. Tampoco invertimos dinero en instalaciones de autoconsumo ni en medidas de ahorro energético, a no ser que estén subvencionadas.

Si democratizamos nuestro sistema energético y empoderamos a los ciudadanos para que sean responsables y artífices de la transición energética estaremos poniendo las bases de una transformación económica mucho más profunda, donde la tasa de crecimiento deje de ser el único parámetro económico que mida nuestro bienestar.

La frase que el  economista británico Kenneth Boulding utilizaba allá por los años 60, “Quién cree que un crecimiento infinito es compatible con un planeta finito o está loco o es un economista”, recobra con la transición energética todo su sentido y vigencia. Mi experiencia me dice que economistas no hay tantos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

¿Cómo ha cambiado el clima en tu ciudad desde que naciste?

El calentamiento global del planeta va tan deprisa que, salvo para los niños y los muy jóvenes, a los demás nos resulta perfectamente posible darnos cuenta del cambio climático que se ha producido a lo largo de nuestra vida. En cuanto nos paremos a pensar un poco, tratando de recordar cómo eran los otoños, los inviernos, las primaveras y los veranos de hace unas décadas en comparación con los de ahora, caeremos en la cuenta de que el cambio que se ha producido en tan poco tiempo es realmente significativo.

Hace unas semanas descubrí que ‘The New York Times’ (NYT) había publicado una página web, realizada con la colaboración del Climate Impact Lab (un grupo de científicos del clima, economistas y analistas de datos de varias universidades y centros de investigación de Estados Unidos) donde se puede ver, de una forma muy gráfica, cómo ha ido aumentando la temperatura en muchas ciudades del mundo, desde una fecha concreta hasta hoy.

planeta

La aplicación te propone hacer la comparación de la situación actual con la que había el año de tu nacimiento en tu ciudad natal. Una vez introducidos esos dos datos te muestra, en primer lugar, una gráfica donde se representa la diferencia de temperatura en esa población respecto a la del año en que naciste. En concreto, lo que la gráfica proporciona es el número de días muy calurosos en los que se alcanzó una temperatura de 32ºC o más. Después, la aplicación te muestra una previsión a futuro, en el marco de lo que prevén diversos modelos climáticos desarrollados por los científicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la edad media (tomados ambos sexos) de la población española es de 43 años. Así pues, introduje en esa web la fecha de 1975 como año de nacimiento del ciudadano promedio en España y fue introduciendo diferentes ciudades en el campo “localidad”. Supongamos que somos ese ciudadano promedio.

Para el área de Madrid, la gráfica resultante señala, en primer lugar, que cuando naciste, en 1975, se podía esperar cerca de 31 días al año en los que se alcanzaban al menos 32ºC y luego muestra, con una tendencia al alza muy clara, cómo el número de éstos sube con respecto a dicho año hasta llegar a los 54 días calurosos (con 32ºC o más) que se pueden esperar en la actualidad. Para el 2055, cuando tengas 80 años, los modelos muestran que podrás sufrir 74 días muy calurosos (el rango probable está entre 65 y 89 días, según se consideren los diferentes escenarios).

Para el área de Ibiza, la aplicación da los siguientes datos: 48 días calurosos en 1975, 84 en la actualidad y un promedio de 104 días en 2055 (el rango probable está entre 97 y 119).

En Sevilla: 72 días calurosos en 1975,  92 en 2018 y un promedio de 110 días en 2055 (rango entre 102 y 121).

 

En Cáceres: 45 días calurosos en 1975,  69 en 2018 y un promedio de 87 días en 2055 (rango entre 81 y 97).

Según este análisis del Climate Impact Lab para el NYT, en España, salvo las zonas con mayor influencia del Atlántico y del Cantábrico, el resto de áreas seguirá sufriendo un pronunciado aumento de las temperaturas en los próximos años. Y ello incluso si todos los países del mundo hacen sus deberes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que si, por el contrario, aquellos continuasen emitiendo a las altas tasas del pasado, el futuro podría ser todavía más caluroso.

Sufrir temperaturas altas no es solo una molestia con respecto al grado de confort que preferimos tener, es un problema que puede tener repercusiones muy graves para la salud pública, especialmente para los sectores de población más vulnerables. Además, el abastecimiento de agua, el suministro de energía y comida, y, por supuesto, los ecosistemas naturales, pueden verse muy seriamente trastornados.

Sufrir temperaturas altas no es solo una molestia con respecto al grado de confort que preferimos tener, es un problema que puede tener repercusiones muy graves para la salud pública, especialmente para los sectores de población más vulnerables

Cada vez con más frecuencia nos impactan noticias que demuestran que las previsiones sobre los efectos esperados del cambio climático ya se están cumpliendo. En las últimas semanas, por ejemplo, las de las tremendas inundaciones ocurridas en las Baleares y diferentes partes de la costa mediterránea y en el sur de Francia; la de que el huracán Leslie llegase a la Península Ibérica convertido en tormenta tropical, causando destrozos y dejando miles de casas sin luz en Portugal y otros trastornos menores en diversas partes de España; la del tornado que dejó a oscuras durante varios días a media isla de Menorca después de destruir varias torres de alta tensión doblándolas como si hubieran sido de plastilina; la de los gravísimos incendios forestales en California, aún activos a la hora de escribir estas líneas, con resultado de decenas de muertos y centenares de desaparecidos, 40.000 evacuados, más de 12.000 edificios destruidos (en su mayoría en la localidad de Paradise, que ha quedado completamente engullida por las llamas) y que han quemado cerca de 60.000 hectáreas de vegetación.

También quiero referirme a la prolongada y gravísima sequía sin precedentes sufrida por todo el norte de Europa desde mayo (en determinadas zonas, desde marzo) hasta mediados de agosto, que secó ríos y embalses en países como el Reino Unido, devastó cosechas causando un aumento de los precios de las cereales y otros productos hortícolas, provocó graves incendios forestales en Suecia (incluso en zonas del Círculo Polar Ártico) que tuvo que recurrir a la ayuda de la Unión Europea para tratar de contener los hasta 40 focos que llegó a tener activos simultáneamente. Según los científicos, estas grandes anomalías, en especial la ola de calor del norte de Europa no se explican sólo por la variabilidad natural.

Aunque no se pueda achacar al cambio climático la ocurrencia de ningún evento meteorológico concreto, todos los escenarios científicos apuntan a que, en conjunción con el aumento de la temperatura media global del planeta, fenómenos extremos de distinta naturaleza, como los mencionados, irán a más en los próximos años.

 

Tampoco debemos ignorar otros efectos esperados del cambio climático, asociados a la salud, como la aparición de nuevas enfermedades (o reaparición de algunas hace tiempo olvidadas). Así, en 2018, se han confirmado tres casos de dengue contraídos, por primera vez, en territorio español. También se está expandiendo por nuestras latitudes otro virus, el de la fiebre del Nilo occidental, transmitido -como el del dengue- por mosquitos, que ha sido la causa de la muerte de 85 personas este verano en varios países de sur de Europa. A consecuencia del calentamiento global, se reproducen las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de las especies de mosquitos que transmiten esos virus.

Las consecuencias de llegar a un incremento de 1,5ºC serían mucho más graves, como nos ha recientemente alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático

Estos hechos son algunas pinceladas de lo que conlleva un aumento de 1ºC en la temperatura media de La Tierra. Pero hay que tenerlo en mente porque las consecuencias de llegar a un incremento de 1,5ºC serían mucho más graves, como nos ha recientemente alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, en sus siglas inglesas), autoridad científica auspiciada por Naciones Unidas sobre esta materia.

El IPCC nos advierte en su último informe de que el cambio climático avanza a un ritmo mayor del esperado y que se nos acaba el tiempo para hacer frente a este problema. Aunque ya estamos sufriendo sus consecuencias, si reaccionamos hoy, con suficiente diligencia, aún estaremos a tiempo de evitar las consecuencias más catastróficas e irreversibles que conllevaría alcanzar un escenario con un aumento de 1,5ºC de la temperatura media del planeta. Para ello el IPCC reclama que hay que hacer rápidamente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en nuestro sistema energético y económico.

Dentro de menos de un mes se celebrará la cumbre anual sobre cambio climático de Naciones Unidas (COP24) en Polonia. De cara a esta reunión, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha publicado una encuesta (25.000 participantes, de más de 18 años, de 30 naciones, de la Unión Europea más Estados Unidos y China) sobre la percepción ciudadana sobre el calentamiento global. Con respecto a los ciudadanos europeos, un 78% de los encuestados se declaró preocupado o alarmado al respecto, siendo las poblaciones del sur de Europa las que mostraron un mayor grado de preocupación por los efectos del cambio climático. En España, el porcentaje subió a un 87%, bastante por encima de la media europea, sólo por detrás de Portugal, Grecia, Chipre y Malta. Un 70% de los españoles afirmó que cree que el cambio climático es una amenaza para la humanidad.

Estos datos demuestran que la ciudadanía ha tomado mayoritariamente conciencia del problema. Ello da a los gobiernos legitimidad para poner urgentemente en marcha políticas ambiciosas para hacer frente al desafío del cambio climático. Y deben darse prisa porque no hay tiempo que perder.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Tiempo de descuento

La lucha contra el Cambio Climático nace como respuesta desde la responsabilidad común de todas las naciones ante lo que es una de las mayores amenazas a la biosfera derivada de la actividad humana. Sin embargo, en menos ocasiones se concibe como una estrategia propia para la dinamización económica, la relocalización industrial, la innovación tecnológica, la cohesión territorial y la creación de empleo. Tener este enfoque puede ayudarnos a visionar el pozo en el que estamos enfangados y cómo salir de él.

No salir de la crisis energética impedirá una recuperación económica real. Gran parte de los problemas económicos (como los de endeudamiento) del Estado Español tienen que ver con nuestro modelo energético y el tejido productivo existente. Hoy en día la compra de productos energéticos es la mayor generadora de déficit comercial.
España, que ya es reconocido como un país vulnerable a los efectos del Cambio Climático, aumentará su vulnerabilidad si basa su economía en los combustibles fósiles. La Transición Energética orientada hacia el ahorro de la energía y las energías renovables es la hoja de ruta adecuada. Estamos veinte puntos por encima de la media europea en dependencia energética. Tenemos que pensar que en el futuro inmediato debemos favorecer la autosuficiencia energética de todos los territorios.

La lógica de un modelo energético centralizado donde unas zonas abastecen a otras a costa de altos impactos ambientales, sociales y económicos ha cambiado. Se abre paso un nuevo modelo energético, productivo y económico que debe reconocer el bienestar y riqueza que han generado personas y regiones para el conjunto de la ciudadanía, poner en valor sus identidades y crear puentes entre el pasado y el futuro para que nadie quede abandonado a su suerte.

En la actualidad existe un consenso global en la necesidad de que la lucha contra el Cambio Climático requiere del acompañamiento de un gran pacto social. En 2015 se adoptó el Acuerdo de París que reconocía el papel de la transición justa para la fuerza del trabajo y la creación de empleos decentes y de calidad. Ese mismo año la Organización Internacional del Trabajo adoptó unas Directrices sobre Transición Justa.

En este sentido, el pasado 11 de septiembre Joaquín Nieto, director de la Oficina española de la OIT, anunciaba el establecimiento de un marco de colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica para velar por una aplicación exitosa de la Transición Justa. Antes del verano, el Gobierno español ya había hecho público su compromiso en la elaboración de una Estrategia de Transición Justa y en la incorporación de sus principios en la próxima Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Este nuevo marco abre, en primer lugar, una buena oportunidad para reconocer y recuperar el Diálogo Social en materia climática, que en su día fue un espacio de diálogo pionero a nivel internacional y que ahora está completamente desaparecido. Hablamos de un verdadero proceso de negociación y concertación (no simples consultas) en el marco laboral, con los agentes sociales, para abordar con profundidad los impactos y reestructuraciones que van a sucederse con motivo de la Transición Energética y productiva que supone la lucha contra el Cambio Climático y que va a tener una clara incidencia en las empresas y en el empleo. Negociación para anticipar cambios, para ordenar la transición y, en definitiva, para prepararnos para una acción climática decidida, nunca para la inmovilidad. Porque no hay empleo en un planeta muerto.

Ahora que el Ministerio de Transición Ecológica va a dar un giro de timón respecto al anterior Ejecutivo, es preciso que las autoridades locales se resitúen en un contexto para el que ganemos todos y todas

La situación actual también abre una oportunidad de emprender un espacio de entendimiento, colaboración y coordinación efectiva entre las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales. Y es urgente que todas ellas remen en la misma dirección, porque el reto que tenemos por delante lo exige. Ahora que el Ministerio de Transición Ecológica va a dar un giro de timón respecto al anterior Ejecutivo, es preciso que las autoridades locales se resitúen en un contexto para el que ganemos todos y todas.

En el informe que hizo ISTAS para Greenpeace sobre experiencias de transición postcarbón en otros países se ponía de manifiesto que el elemento común para el éxito en las comarcas mineras había sido el hecho, en primer lugar, “de asumir que el carbón formaba parte de la economía del siglo pasado y apostar por nuevos sectores económicos para crear empleo local y un impacto positivo directo en la vida de la gente”.

De hecho, el liderazgo de los gobiernos regionales y locales fue imprescindible para hacer posible que los cambios regulatorios desfavorables al carbón se tradujeran en marcos de innovación y desarrollo empresarial en las zonas afectadas.

Así ocurrió en el Valle del Ruhr en Alemania, centro histórico en la producción de carbón y acero. El gobierno regional fue quien lideró la coordinación de los esfuerzos para desarrollar nuevos clusters empresariales a lo largo de la cuenca. Más de 70 empresas presentes en la región del Ruhr formaron la iniciativa ‘Ruhr Initiative Group’. Se iniciaron más de 125 proyectos relacionados con la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Entre ellos, la rehabilitación energética de las casas de los mineros, la instalación de más de 100 plantas de cogeneración en hogares y empresas y la promoción del autoconsumo.

Es más, los fondos económicos necesarios para poner en marcha esta iniciativa fueron aportados por el gobierno local, el estado federal de Renania del Norte-Westfalia y por las empresas miembros de la iniciativa. La inversión inicial fue recuperada posteriormente en forma de nuevos impuestos provenientes de las actividades de las empresas de construcción, energéticas y de ingeniería, además de la reducción de las facturas energéticas de hogares, empresas y administración.

También el liderazgo del alcalde de Loos-en-Gohelle, antigua comarca minera de la región francesa de Nord-Pas de Calais, fue decisivo en una transición energética y económica después de 130 años de dedicación exclusiva al carbón. Las condiciones de partida no fueron nada halagüeñas. El cierre de la industria del carbón en la región de Nord-Pas-de Calais supuso la pérdida de alrededor del 45% del empleo industrial entre 1975 y 1995, lo que se tradujo en desempleo, colapso económico y precariedad. El miedo a la depresión y pérdida definitiva de capacidad productiva sirvió esta vez de acicate para la búsqueda de un modelo alternativo.

El líder local inició un debate local con colectivos sociales, empresariales y servicios técnicos institucionales que sirvió para elaborar un diagnóstico y una hoja de ruta para una nueva economía basada en la producción de energía limpia y la economía circular. Y desde entonces la toma de decisiones participada ha sido la tónica habitual en la región. Entre todos decidieron apoyar la creación de actividades locales no deslocalizables, por la que se aprovecharan los recursos autóctonos. Y se apostó por la diversidad de proyectos en detrimento de un único nuevo monocultivo industrial.

El declive del empleo en las comarcas mineras, o en las zonas con centrales nucleares, se está produciendo sin vislumbrar una alternativa local

Las propuestas de nuevos proyectos fueron presentadas a diferentes líneas de financiación del Estado francés y de la Unión Europea. Y a partir de ahí, la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad los restos mineros. Las escombreras pasaron a ser elementos culturales y de ocio. Se llevaron a cabo tareas de forestación, peatonalización y construcción de praderas accesibles y de un cinturón ecológico. Se creó un Centro de Eco-empresas, especializado en materiales de eco-construcción, un vivero de empresas y un centro de formación profesional especializado en este sector, que atrajo a otras empresas de la región. La reforma energética de viviendas y de la central solar fue financiada colectivamente. Hoy en día se invierten 12 millones de euros al año para I+D.

En las lecciones aprendidas de transiciones industriales pasadas, no solo se cuentan estas experiencias positivas. En nuestro país, sin ir más lejos, se han vivido reestructuraciones con resultados muy insatisfactorios que ahora lastran lógicamente las expectativas de los actores locales. Además, no nos encontramos ya en el terreno de la anticipación. El declive del empleo en las comarcas mineras, o en las zonas con centrales nucleares, se está produciendo sin vislumbrar una alternativa local. No va a ser un camino de rosas, pero habrá que trabajar mucho entre todos y todas para lograr los mejores resultados en este tiempo de descuento.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS