Entradas etiquetadas como ‘Congreso’

La transición energética: un seguro de vida en 2018

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

En desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española que los consagra como  bienes de dominio público estatal, la Ley de Costas declara que tienen tal consideración la zona marítimo-terrestre, la ribera del mar y de las rías, el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, estableciendo que la actividad administrativa ha de ir dirigida a asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

Para un país como el nuestro, secularmente volcado al mar, y una realidad económica y social extraordinariamente dependiente de sus recursos en sectores estratégicos como son el turismo y la pesca, el mandato constitucional debería haberse mantenido por encima de cualesquiera otros intereses que, como hemos tenido dolorosa ocasión de constatar en varios momentos, hacen pagar en forma de desastres ambientales precios inasumibles a cambio de vacuas expectativas.

En aras de esa preservación no han sido pocas las iniciativas surgidas en los últimos años en demanda de compromisos legislativos efectivos, para prohibir determinadas actividades incompatibles con la defensa de la integridad ambiental de nuestros mares; la última de ellas en forma de una proposición de ley que el Parlamento Balear, en el marco de un gran consenso social cristalizado en la Alianza Mar Blava, decidió elevar a la consideración de las Cortes Generales, y que permanece varada en la mesa del Congreso, vetada su admisión a trámite por parte del Gobierno de la Nación.

A esa reivindicación social especialmente arraigada en los territorios que se encadenan en los casi seis mil kilómetros de costa de nuestro país, se ha venido a sumar el clamor internacional de una comunidad científica que anticipa consecuencias catastróficas para la Humanidad, si los gobiernos no asumen el compromiso de renunciar a la extracción de no menos de dos tercios de las reservas de hidrocarburos que aún reposan en las entrañas del Planeta.

Lee el resto de la entrada »

Unidos por el futuro de las renovables

José Mª González Moya – Director general de APPA

energía renovable

El futuro de las renovables, tras las subastas celebradas en 2016 y 2017, es prometedor. Más de 8.700 megavatios que deberán instalarse en nuestro país antes de 2020 es una magnífica noticia. Se le pueden poner muchos “peros” a estas subastas, y desde el sector lo hemos hecho, pero tras los años de parálisis, bienvenidas son las subastas.

Cuando hemos incidido en esos “peros” a la subasta, ha estado siempre presente la falta de planificación. Falta de previsión que nos ha llevado a desarrollos en ocasiones precipitados, que después se han traducido en paralización y recortes con regulaciones retroactivas para, ahora, volver a acelerar la inevitable transición energética. Los 142.940 trabajadores que en nuestro país se dedicaban a las energías renovables en 2008 y las más de 300 empresas presentes en nuestra asociación habrían preferido que el desarrollo hubiera sido más pausado y más constante en el tiempo.

La planificación, necesaria en un sector cuyas inversiones se miden en décadas y no en años, solo se consigue desde el consenso, el diálogo y el entendimiento. Solo cuando los distintos actores establecen una conversación y un análisis de lo que ha sucedido, y lo que queremos que suceda, podemos plantearnos una transición energética adecuada. Como ya dijo Confucio hace muchos siglos, “estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”. APPA Renovables lleva luchando por el sector 30 años y sabemos que es fundamental aprender de los errores cometidos para no repetirlos, algo imprescindible en todo aprendizaje y más aún en uno en el que nos jugamos tanto.

Con este doble objetivo en mente: aprender de los errores del pasado y dialogar entre todos, hemos planificado el Congreso Nacional de Energías Renovables – Renovables 2017. Un congreso que, por primera vez en España, reunirá a expertos, profesionales, académicos, políticos, abogados… para analizar el futuro renovable.

Un futuro renovable que necesita este análisis porque las reglas del juego han cambiado. Los paradigmas del sector que eran válidos hace apenas una década ya no sirven. Las más esperanzadas previsiones sobre el futuro de las renovables no solo se han hecho realidad sino que, como en muchos aspectos de la vida, la realidad ha superado a la ficción. Cuando hace algunos años reclamábamos desde la asociación marcos estables y condiciones favorables para poder recorrer la curva de aprendizaje de las tecnologías y reducir los costes, las críticas – cuando no las burlas – por parte de otras formas de generación eran habituales.

Lee el resto de la entrada »

El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Lee el resto de la entrada »

Una nueva oportunidad para que el Gobierno español muestre coherencia ante el desafío climático

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

climate change

Hace poco más de dos meses, el pasado 2 de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en esta ciudad el 12 de diciembre de 2015 y que había sido ya firmado por España en Nueva York el 22 de abril de 2016.

Unos meses antes de la ratificación por parte de España, exactamente el 4 de noviembre de 2016, el Acuerdo de París entró en vigor. El reconocimiento por parte de la inmensa mayoría de los líderes mundiales de la necesidad urgente de tomar medidas contra el cambio climático fue clave para su rápida aprobación y entrada en vigor.

En la Disposición publicada en el citado BOE se plasman las palabras de su Majestad el Rey Felipe VI: “MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por este Acuerdo y EXPIDO el presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (…)”.

Así pues, España se ha obligado a cumplir el Acuerdo de París cuyo principal objetivo es: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

El Acuerdo de París ha tenido la virtud de lograr que prácticamente todo el mundo haya reconocido y asumido que para cumplir sus objetivos es necesario poner en marcha de forma urgente planes que conduzcan a una descarbonización profunda de nuestra economía. Sustituir el modelo energético actual, fundamentado en el uso de energías sucias y peligrosas, mayoritariamente combustibles fósiles, es una ardua tarea, para la que no nos queda mucho tiempo y, como hemos visto (hace unos días, Trump firmó una orden ejecutiva con una serie de medidas para recuperar la producción de energías fósiles en Estados Unidos), no van a faltar obstáculos en el camino.

No obstante, pese a la existencia de trabas que habrá que superar, no tenemos más remedio que alcanzar lo más pronto posible, antes de 2050, un sistema energético eficiente e inteligente basado al 100% en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, únicos recursos energéticos sostenibles con los que plantar cara eficazmente el problema del cambio climático.

En la Alianza Mar Blava, plataforma surgida en Ibiza y Formentera que agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de Administraciones públicas (Govern balear, los cuatro Consells y diversos ayuntamientos de estas islas, así como el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas), estamos convencidos de que hay que sacar cuanto antes a los combustibles fósiles de nuestro modelo energético.

Lee el resto de la entrada »

Ciudadanos y el autoconsumo: Cuando el veto pesa más que el voto

Por Hugo Morán – Exdiputado

ciudadanos

Veinticuatro vetos (si mi información es correcta) ha registrado hasta la fecha el Gobierno contra otras tantas iniciativas del Congreso en lo que llevamos de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la tónica preponderante en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta que la misma se de por concluida. Es evidente, cada vez más, que es mucho mayor la capacidad del Consejo de Ministros para encorsetar la acción del Parlamento, que la de éste para condicionar las decisiones de aquél.

La variable que se ha producido ahora respecto a otros vetos anteriores que venían siendo reiteradamente rechazados por la mesa de la Cámara Baja, es que en el caso de la Proposición de Ley de Autoconsumo que había sido impulsada por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular y Foro Asturias, ha sido una de las formaciones firmantes -Ciudadanos- la que se ha descolgado sorprendentemente de su compromiso inicial para colocarse del lado del Gobierno.

En ningún momento compartí el optimismo, y en algún caso euforia, de quienes querían leer en la composición del hemiciclo el relato del desmontaje de todo el entramado legislativo construido a golpe de mayoría absoluta por un Gobierno condenado ahora poco menos que al papel de convidado de piedra, a merced de las hostiles conveniencias parlamentarias de la oposición. No cabe en nuestra Constitución la figura del gobierno cameral.

Lee el resto de la entrada »

Derecho al autoconsumo: ¿la posible “línea roja” de la nueva legislatura?

Por Joan Herrera – Abogado

solar-panels-domino publico

La semana pasada tuve la suerte de asistir a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se discutía allí un informe sobre la política solar energética en la Unión Europea y sus estados miembros. En el informe del Instituto Fraunhofer, el Gobierno español no quedaba en muy buen lugar. Tras las peticiones presentadas por los peticionarios, la representante del PP salía en tromba a defender – a pesar de todas las evidencias en su contra- la política de su gobierno, con argumentos que ni el más conservador del Parlamento Europeo se atrevería a esgrimir.  A la salida, y en tono distendido, le pregunté a uno de los peticionarios cual era la perspectiva del sector y me respondió “veamos que pasa el domingo” –en referencia a las elecciones del pasado 26J.

La señal de lo que pasó el domingo, en lo que se refiere a lo energético, la tuvimos el lunes. Pasadas unas horas de las elecciones, tras el impacto del Brexit, pudimos ver como las empresas del IBEX continuaban bajando. ¿Todas las empresas? Todas no. Un grupito de empresas, con un denominador común, marcaban tendencia al alza. Estas empresas, todas ellas pertenecientes a un sector regulado como el eléctrico, marcaban un contrapunto a la tendencia mayoritaria del parqué español. Los inversores respondían bien a la noche electoral y entendían que el resultado permitía prever amplias ganancias. Fernando Ferrando, patrón de la Fundación Renovables lo resumía en un tuit dieciocho horas después de conocer los resultados del 26J:

“Post-elecciones el IBEX ha bajado 1,8% el sector energético regulado sube: Endesa más de un 5%, Iberdrola un 2,8%,  Gas Natural un 2,2%, Red Eléctrica un 3,5%,  ENAGAS un 3%”.

Los inversores, seguramente, sabían lo que hacían el primer lunes después de las elecciones.  En paralelo, el ministro de economía, también tras la campaña anunciaba la subida, a esos más de 12 millones de suministros que siguen acogidos al denominado “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC), y con efectos retroactivos. Una subida de la que ni se habló en las dos campañas electorales.

Setenta y dos horas después de la noche electoral conocíamos que el PP pondrá sobre la mesa  una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen los tres partidos con los que le gustaría formalizar gobierno en la próxima legislatura: PSOE, Ciudadanos y PNV.

Lee el resto de la entrada »

Políticos valientes, den un paso al frente: ¡Sí a la transición justa y ECOLÓGICA del carbón!

Por Tatiana Nuño – Responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace

Detención del mercante C. Summit en Tarragona

El pasado 27 de Mayo la Comisión Europea hizo pública la aprobación del plan de cierre de la minería de España y por hablar con claridad y sin engaños quiero explicar que este plan, lejos de lo que podemos leer y oír en los medios de comunicación, no es algo repentino que al gobierno en funciones se le haya ocurrido de repente y haya negociado por su cuenta, sino que responde a la Decisión del Consejo 2010/787/UE, de 10 de diciembre, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas hasta 2018.

O dicho de otra manera según esta Decisión del año 2010, las ayudas a la minería del carbón se podrían prolongar hasta 2018 para las unidades de producción de carbón cuyo cierre estuviera planificado para ese mismo año y estaban sujetas a un plan de cierre que deberían presentar a la Comisión Europa. En Diciembre de 2013 España presentó el primer plan de cierre, negociado con sindicatos y patronal del carbón, pero fue rechazado precisamente por no contemplar específicamente el cierre de ninguna minería.

Por fin parece que la CE ha aprobado el plan de cierre y 2.130 millones en ayudas para la clausura de las minas de carbón, aprueba además las ayudas que se han dado hasta ahora, eso sí siempre condicionadas al cierre en 2018 a más tardar o de lo contrario tendrán que devolver las ayudas recibidas.

Sorprendentemente y contrario a toda normativa comunitaria, los sindicatos CCOO y UGT de Industria, junto con los empresarios del carbón reaccionan ante esta situación presentando hoy un documento donde piden a los representante de todos los grupos políticos y gobiernos autonómicos que firmen para la defensa de la minería del carbón.

El acuerdo que presentan no sólo pide contradecir la Decisión de la CE prorrogando las subvenciones a la extracción del carbón más allá de 2018, sino que también piden  subvencionar la quema del carbón nacional, lo que sería una ayuda de Estado y que por tanto habría que acabar devolviendo y piden que se les de dinero público a las eléctricas, propietarias de las térmicas, para que puedan realizar las modernizaciones para cumplir los límites de emisiones que marca la ley. Es decir una batería de medidas ilegales que además pretenden que paguemos todos los ciudadanos con los Presupuestos generales del Estado.

Por todas estas razones esperamos que den un paso al frente con valentía los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 26J, los gobiernos autonómicos y los grupos políticos de los parlamentos autonómicos donde hay cuencas mineras y no firmen ni apoyen este acuerdo.

Desde Greenpeace bien nos damos cuenta de que hay que ser valiente para trabajar en alternativas sostenibles y para no subirse al carro del mensaje electoralista y simplista del carbón, pues revisando el panorama que hemos vivido en los últimos meses tanto en las Comunidades Autónomas como en el Congreso, cada vez que alguien salía tímidamente apoyando propuestas alternativas para las cuencas mineras, era lamentable ver como los otros grupos se le tiraban encima como leones hambrientos tachándoles de no apoyar un futuro para las personas.

Políticas y políticos de España, este mensaje es para ustedes: el verdadero futuro para las personas y las cuencas mineras es el de la transformación ecológica y social, porque seguir apoyando la quema de carbón y su extracción, no es ni futuro, ni cambio.

Les propongo hacer un acuerdo real y de futuro que incluya:

El cierre de todas las térmicas de carbón para el año 2025, como ya han hecho otros países, pues con esto veremos la reducción progresiva del uso de carbón desde ya y se acelerará la transición hacia un futuro 100% basado en energías renovables.

Un plan de transición justa y ecológica para las cuencas mineras.

Rechazar cualquier ayuda pública a las grandes eléctricas propietarias de las térmicas de carbón.

Eliminar cualquier subvención a los combustibles fósiles tanto importados como nacionales y penalizarlos por ser contrarios al Acuerdo internacional del clima de París e internalizar los costes que causa por los daños a la salud y por los impactos del cambio climático.