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Punto final a la aventura bursátil-radioactiva de Berkeley en Retortillo

La Junta de Castilla y León consideró que la radiación de este proyecto de minería tendría una afección “menor que la de una radiografía”

El pasado 12 de julio se puso fin a la historia de un despropósito radiactivo que ha durado 10 años. Ese día, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por amplia mayoría (4 votos a 1) la Propuesta de Dictamen Técnico en el que se propone informe técnico desfavorable a la solicitud de autorización de construcción de la instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear “Planta de concentrados Retortillo”, en el municipio de Retortillo (Salamanca).

El CSN, cuya misión es velar por la protección radiológica de la población y el medio ambiente, rechazó, por motivos técnicos, la solicitud de la empresa Berkeley Minera de España (BME), de la que, por cierto, no se conoce actividad minera real alguna en ninguna parte del mundo, aunque sí sus manejos en la Bolsa a costa de las expectativas del proyecto.

Su decisión se basa en que el modelo hidrogeológico presentado por BME para la solicitud de construcción de una planta de concentrados de uranio y un almacenamiento de residuos radiactivos asociado no resulta aceptable por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres a la hora de garantizar que esos elementos radiactivos no se filtrarán a las aguas subterráneas. Ante el riesgo de contaminación radiactiva del medio ambiente, el CSN, como órgano regulador, optó por informar negativamente el proyecto. Lógicamente, esta decisión ha sido especialmente celebrada por organizaciones como WWF y STOP Uranio que han luchado durante años de forma constante en contra de este proyecto absurdo e innecesario.

Han sido varios años en los que, pese a los reiterados requerimientos por parte del CSN, BME no ha sido capaz de aportar información técnica que pudiera ser considerada aceptable y suficiente para que aquel pudiera informar positivamente el proyecto de construcción de la planta de concentrados de uranio. Lo que sí hizo Berkeley (y también su compañera de viaje radiactivo, la Junta de Castilla y León) fue mandar cartas amenazantes al Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como denunció su Presidente ante el Congreso de los Diputados, para forzar que este órgano regulador le otorgara dicho permiso.

La decisión del CSN tiene como consecuencia inmediata el fin de la tramitación administrativa. En efecto, dado que el dictamen del CSN ha sido desfavorable y, por tanto, tiene carácter vinculante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que es el órgano sustantivo en el procedimiento administrativo, no tiene más remedio que denegar a Berkeley su solicitud de autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio. En este sentido, recordamos que dichos concentrados son un material previo para la fabricación de combustible nuclear para las centrales nucleares, las cuales en España ya tienen fecha de cierre definitivo.

Si bien es importante desgranar y profundizar en las razones técnicas en las que el CSN ha basado su contundente rechazo a este proyecto, también lo es entender cómo hemos llegado a que, con semejantes riesgos radioactivos expuestos por el CSN, el proyecto hubiera obtenido ya algunas autorizaciones previas esenciales, algo necesario para extraer lecciones aprendidas de este caso y exigir las responsabilidades políticas oportunas.

Conviene recordar la envergadura e implicaciones del proyecto con el que Berkeley pretendía explotar una veta de uranio bajo Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriendo cinco cortas, y construir una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Fruto de su explotación los residuos radiactivos se generarían en grandes cantidades, decenas de millones de toneladas.

Dichos residuos sólidos radiactivos se pretendían almacenar, algunos de forma definitiva, tanto en el hueco de la mina como en escombreras permanentes. Respecto a las aguas contaminadas radiactivamente, se pretendía almacenarlas en una pila de lixiviación de casi 800 m de longitud conectada con otra balsa de destino, contemplando la descarga en el río en caso de excedentes tras un proceso de “neutralización”.

El informe técnico del CSN es tajante respecto a que los planes de la empresa en relación con el tratamiento y vertido de los residuos radiactivos no garantizaban que no ocurrieran distintos procesos de infiltración que terminarían afectando a acuíferos subterráneos provocando, de forma directa, su contaminación radiactiva y, por consiguiente, la de los ríos conectados con dichos acuíferos. En concreto, ni la impermeabilización de la pila de lixiviación, ni el riesgo de desbordamiento de la balsa han podido ser suficientemente justificados por Berkeley, según el citado informe.

La cómplice irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León

El 24 de agosto de 2017, la entonces Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la presentación de la Estrategia minera de Castilla y León, defendió la seguridad del proyecto de mina de uranio de Berkeley en la provincia de Salamanca por estar avalada, según ella, por “más de noventa informes, todos favorables”.  Además, la consejera argumentó que “el uranio existe en la naturaleza” por lo que “a lo mejor tampoco hay tanto problema” con que se extraiga de la roca y se utilice como recurso industrial. También animó a los ciudadanos a confiar en la bondad del proyecto ya que los proyectos mineros, como el de Retortillo, “pasan por todos los trámites” y cuentan con las “debidas garantías para que esa mina pueda ser abierta”, con unos “niveles de radiación” que afectan “menos que una radiografía”.

Esas declaraciones son un claro ejemplo de la irresponsabilidad política, social y ambiental que se esconde tras la aprobación de este proyecto por parte de la Junta de Castilla y León con la emisión de una lamentable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva (publicada en el BOCyL del 8 de octubre de 2013). En aquella DIA, emitida por esta administración, no había referencia alguna a los impactos generados por los residuos radioactivos del proyecto puesto que, de forma increíble, no eran considerados como radioactivos sino como “residuos NORM” (“Naturally Occurring Radioactive Materials”).

La consideración de los residuos generados en la planta de tratamiento de uranio como NORM, cuando deben ser clasificados como residuos radiactivos según la propia legislación vigente (Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes), fue un aspecto que ya destacó el CSN en un informe de 2013 en el que instaba a Berkeley a resolver dichas carencias.

Hasta un año después, Berkeley no reconoció por primera vez el carácter radiactivo de los residuos, pero finalmente su efecto sobre las aguas, aire, suelo, animales o personas se quedó sin analizar por ninguna evaluación ambiental ya que este proceso no fue repetido y en todo momento se siguió considerando válida la DIA inicial emitida por la Junta de Castilla y León.

Tampoco el Gobierno en aquel momento, cuyo ministro de Energía era Álvaro Nadal, tuvo problema en firmar en 2015 la Orden que concedió a BME la autorización previa de emplazamiento sin haber resuelto previamente el problema de la falta de evaluación ambiental de los efectos de los residuos radiactivos, así como otros graves problemas que este irregular procedimiento viene arrastrando desde sus inicios (por ejemplo, el hecho de que no se analizasen los efectos transfronterizos en Portugal).

A pesar de todas estas irregularidades, y de no haber obtenido el resto de permisos necesarios como la autorización de construcción, la empresa comenzó a realizar las obras, movimientos de tierra y tala de encinas, muchas de ellas centenarias, en la zona afectada por el proyecto.

Es inadmisible que la Junta de Castilla y León emitiera una DIA positiva carente de todo rigor y hayan defendido a capa y espada este proyecto a lo largo del tiempo y que la administración nacional en aquellos años respaldara estas irregularidades concediendo la autorización previa Pero, es aún más inadmisible que lo hicieran a costa de la salud y el medio ambiente y de los riesgos radiológicos de dicho proyecto. Sin duda se trata de un asunto sobre el que deberían pedirse responsabilidades políticas por la dejadez de funciones para proteger nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.

Por Carlos Bravo – Consultor en energía en Salvia EDM y amigo de la Fundación Renovables

Ni el gas natural es ecológico ni la energía nuclear es sostenible

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Cuando empieza a haber un amplio consenso entre la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para actuar frente al cambio climático, los sectores energéticos tradicionales maniobran, poniendo en marcha toda su capacidad de influencia mediática, ofreciéndose como parte de la solución, confundiendo y engañando a los ciudadanos, con el único fin de seguir salvaguardando sus intereses y, por tanto, asegurarse durante más tiempo sus pingües beneficios. En este contexto, llama la atención el fuerte interés por apostar por el gas natural y la energía nuclear como energías válidas para la transición energética.

En una reciente visita a la hermosa ciudad de Salamanca, observo que muchos de los autobuses urbanos de esta ciudad funcionan con gas natural. Para mi sorpresa, en todos ellos pone “Soy ecológico: propulsado con gas natural”. Vayamos por partes. Según los conceptos ampliamente aceptados, un producto lleva la etiqueta de ecológico cuando no produce daños al medio ambiente. El gas natural es una fuente de energía fósil, formada por una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros. Su combustión produce gases de efecto invernadero, si bien es cierto que en menor medida que los derivados del petróleo y que el carbón. La razón por la que produce menos C02 es que su principal componente es el metano. Sin embargo este gas cuando se escapa, bien durante su extracción o en su distribución, supone un daño 23 veces mayor al efecto invernadero que el dióxido de carbono.

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Por fin las eléctricas abren el melón del escenario 2030

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Ha sido el Consejero Delegado de ENDESA quien lo ha hecho, quien por fin se ha atrevido a abrir el melón del escenario 2030 que venimos reclamando, aunque lo haya hecho a propósito o simplemente por intentar salvar los muebles en el tema de las centrales nucleares. 

Según informan los medios, recogiendo su intervención en la UIMP el pasado 21 de junio y en declaraciones posteriores, el Sr. Bogas, para justificar que se extienda de 40 a 50 años el periodo de vida útil de las centrales nucleares, nos ha dejado perlas que bien merecen ser engarzadas adecuadamente para responderle a ese pequeño órdago que ha echado al Gobierno y a la sociedad en general.

Es un buen comienzo el que haga suyas las palabras del Ministro Nadal de que “las políticas energéticas no pueden supeditarse solo a decisiones económicas”. Ya era hora de que lo descubrieran. Estamos ante un desafío fundamentalmente político y hay que responder con políticas a medio y largo plazo, no con parches y decisiones cortoplacistas y descontextualizadas, como es el caso español. En España no existe  política energética que no sea la de anteponer los intereses de las eléctricas y energéticas al interés general, además de responder tarde y mal a los compromisos de la Unión Europea, como muestra la desacertada subasta de renovables de mayo y la anunciada para junio con el objetivo de tratar de respetar el objetivo comunitario del 20% de participación de las renovables en la energía final en 2020.

También opina el Sr. Bogas que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en “un tema tan importante como este”. Se refiera ya sea a las centrales nucleares o a las políticas energéticas, no deja de tener cierta gracia porque es algo que no solo “se deja” sino que todos reclamamos al Gobierno. Efectivamente, queremos que se manifieste sobre cuál es su política energética a medio y largo plazo, su plan de transición energética a 2030-2050 como cualquier país que se precie e incluyendo su plan de cierre de centrales nucleares (lo tiene para no cerrarlas). Y queremos que lo someta todo a un debate político y público, en lugar de su política “por entregas”, con la cual va secuestrando y robándonos un futuro energético sostenible y deseable.

El caso más evidente de este reduccionismo es el debate abierto por el Gobierno utilizando Garoña como punta de lanza con el que quieren blindar las centrales nucleares para el escenario energético 2030 que ahora por fin tendrán que exponer después de haberlo prometido desde hace ya más de diez años.

Es una buena propuesta viniendo del Sr Bogas, que el Gobierno finalmente explicite su política, planes, escenarios… energéticos y los someta a debate público y consenso político porque no hacerlo podría calificarse de “prevaricación política”.

Finalmente entramos ya en materia cuando el Sr. Bogas se aventura en un escenario 2030 que inexorablemente implica una gran penetración de las  renovables, para lo cual no hacen falta enjundiosos estudios de prospectiva, ya que la UE con sus tres Hojas de Ruta 2050 y con el llamado paquete 2030 (pendiente de revisión al alza en el Parlamento Europeo) ha concretado los objetivos a los que España tendrá que contribuir. Objetivos que en el caso de las renovables va a ser como mínimo del 30% de participación en la energía final.

Como esto significaría como poco pasar de los 100 Twh actuales a 150 Twh, el Sr. Bogas anticipa que será necesaria  una potencia adicional  de generación con renovables unos 30.000 MW

El Sr. Bogas va más lejos al señalar que “si en esa transición (hacia el escenario 2030) eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios”, y que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería “físicamente imposible”. “Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares“, añadió.

Con esto y por primera vez alguien tan relevante de UNESA nos ha esbozado las dos alternativas básicas de generación eléctrica con renovables para el escenario 2030, ambas de mínimos (podrían tener que mayorarse por exigencias del esfuerzo compartido para alcanzar la reducción de emisiones de más del 40% en 2030 o simplemente por convenir a España). Una con centrales nucleares, que significaría cubrir un 60% de la generación eléctrica, y otra sin centrales nucleares en la que cubrirían el 80% que, no es por casualidad, se corresponde con las Propuestas de política energética de 2015 de la Fundación Renovables.

Este escenario sin centrales nucleares, con renovables a tope, con menor consumo de energía final y mayor electrificación es el escenario necesario deseable y oportuno para España. Necesario para contribuir responsablemente a mitigar el Cambio Climático, del que además somos víctimas preferentes, y librarnos de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Deseable aunque no hubiera Cambio Climático porque es un paso enorme hacia el futuro, hacia la “autosuficiencia energética conectada” considerando su alto potencial en renovables y es un escenario oportuno porque no solo nos liberaría de las importaciones de combustibles fósiles que suponen entre 25.000 y 40. 000 M€ al año sino porque potenciaría enormemente nuestra industria de renovables (líder incluso con el abandono actual de las renovables) y empleo de calidad.

Solo hace falta demostrar, en contraste con lo que dice el Sr. Bogas que este escenario de generación eléctrica 2030 es viable y gestionable en términos socioeconómicos si se plantea con firme propósito político.  Un escenario sin centrales nucleares ni de carbón y con hasta un 80% de generación con renovables, en gran parte distribuida y en autoconsumo, con el mix adecuado: eólica, fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, biogás, centrales hidráulicas, muchas reversibles… y gestionadas en parte por el operador (Red Eléctrica Española).

Lo mejor es que demostrar que es viable y gestionable no tiene un coste elevado considerando las inversiones involucradas y los beneficios derivados del mismo. Según las consultas que personalmente he hecho en nombre de la Fundación Renovables, la realización de un ejercicio simple de análisis de simulación realizado en abierto, mediante discusión en un foro permanente, tanto de las hipótesis de partida como de los escenarios alternativos a 2030 y 2050, tendría un coste aproximado del orden de los 80-90.000 €, una cifra que sí parece físicamente posible (menos de 2 ppm, o dos euros por millón de  inversión). Este análisis tendría en cuenta las obligaciones al respecto tanto de la Unión Europea, del Acuerdo de París y las que serían deseables con el objetivo de mostrar, esperemos,  la viabilidad física, en coste/eficiencia en generación-transmisión y gestionabilidad, de estos escenarios (o de un “proxi”) que el Sr. Bogas considera imposibles físicamente.

¿Quién está dispuesto a financiarlo? Para el sector eléctrico esto no sería un quebranto, tampoco para el de renovables y aún menos para el Ministerio ya que es su obligación y algún ejercicio tendrá que hacer. En último extremo y, dado que los ciudadanos parece que seriamos los más beneficiados del mismo, si los agentes anteriores no responden quizás deberíamos recurrir al “crowd funding”. Sería vergonzoso tener que hacerlo.

Gracias Sr Bogas por abrir el melón.

 

 

Razones para el cierre de Garoña

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

Hace unas semanas recibí, con cierta sorpresa, un escrito de la Subdirección General de Energía Nuclear (SGEN) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) en el que, en resumidas cuentas, informaba que se había recibido en ese Ministerio el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña y que podíamos alegar al respecto. ¡Ojalá fuera la Administración siempre tan diligente y deseosa de fomentar la participación pública!

Ya sabemos que el pasado mes de febrero, el Pleno del CSN, con el único voto en contra de la consejera Cristina Narbona, emitió un informe positivo al alargamiento sine die de la vida de la central de Garoña. Este informe del CSN es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, que es quién tiene la decisión final sobre la renovación del permiso de explotación solicitado por el titular de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa y por Iberdrola). Aunque recientemente Iberdrola ha dejado claro que no quiere que Garoña vuelva a ponerse en marcha porque, dice ahora, que no le salen las cuentas y que la central no sería rentable si ésta volviera a funcionar.

El motivo de la SGEN para enviar de oficio dicho escrito era el cumplimiento del artículo 35.a) de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dice: “Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos. (…)”. Ello, sin perjuicio, seguía informando, del posterior trámite de audiencia que se ha de llevar a cabo en relación con este expediente.  

Pero, puesto que el MINETAD nos lo facilita tanto, démosle argumentos para que decidan no renovar el permiso de explotación de Garoña y ésta se cierre ya definitivamente. El 16 de diciembre de 2016 se cumplieron cuatro años desde que la central fuera desconectada de la red eléctrica por decisión de la compañía propietaria y ojalá no vuelva a producir ni un solo kilovatio-hora más.

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La quiebra del negocio nuclear de Toshiba, otra muestra del fracaso económico de la energía atómica

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

planta nuclear

Salvo en los medios económicos, apenas ha transcendido que recientemente la corporación japonesa Toshiba ha reconocido una pérdida de más de 6.200 millones de dólares en su negocio nuclear, principalmente en manos de su unidad estadounidense Westinghouse Electric Co. (WEC), que, según informa la prensa, está contemplando declararse en quiebra.

Toshiba está tratando de recaudar fondos para cubrir los miles de millones de dólares en pérdidas en su área nuclear. Los analistas financieros consideran que es muy improbable que Toshiba sea capaz de encontrar algún incauto inversor que quiera comprar una Westinghouse en bancarrota. Eso pone en serio riesgo la viabilidad de los proyectos de centrales nucleares que estaba construyendo en Estados Unidos y China. Tampoco parece factible que encuentre alguna empresa dispuesta a emprender la construcción de las docenas de nuevas centrales nucleares que WEC-Toshiba había planificado y negociado en países como India.

El fiasco económico de Toshiba en su aventura nuclear es de magnitudes históricas. En 2006, Toshiba pagó 5.400 millones de dólares por la compra de Westinghouse, en una apuesta decidida por el futuro de la energía nuclear. Sin embargo, Toshiba ha sido víctima de sus propias mentiras, de la gran mentira del “renacimiento nuclear” que en esos años propagó por todo el mundo, con gran despliegue de medios, la industria nuclear: un renacimiento que nunca llegó. Las declaraciones de su presidente ejecutivo, Sr. Tsunakawa: “Nuestra adquisición de Westinghouse en aquel entonces podría no haber sido la decisión correcta, si consideramos los números de hoy”, darían pie para hacer una crítica mordaz.

Ya en el año 2001, la empresa estatal francesa AREVA, hizo grandes promesas sobre el proyecto del reactor EPR que iba a construir en Finlandia, el llamado Olkiluoto-3. Se aseguró entonces que ese reactor iba a ser construido en un tiempo récord de cuatro años y con un coste de 2.500 M€, y que no se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de ningún tipo. Olkiluoto-3 sería el buque insignia del “renacimiento nuclear”. Su construcción empezó ya con retraso, en 2005, pero se afirmó que estaría terminada en 2009. Sin embargo, tan sólo dos años más tarde, en 2007, la propia AREVA anunciaba oficialmente que su terminación se retrasaría hasta 2011, dos años más con respecto a lo inicialmente previsto, por lo que tendría que pagar 2.200 M€ de penalización. En 2017, doce años después de iniciarse su construcción, todavía no está terminado, y se reconoce oficialmente un sobrecoste de más del 300% sobre lo inicialmente presupuestado. Parecida evolución en lo que se refiere a retrasos, sobrecostes y defectos de diseño que afectan a la seguridad, lleva el proyecto de Flamanville-3, en Francia, otro EPR, también de AREVA.

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Energía nuclear, una hipoteca de por vida

Por Joan Herrera – Abogado

torres de refrigeración

¿Qué significa que no haya habido cambio en España? Entre otras cosas, la posibilidad que en lo energético se consoliden escenarios que nos hipotecan de por vida.

Hablo del debate energético, del caso concreto de la energía nuclear. En esta ocasión, quien se ha encargado de pulsar el botón para consolidar e incluso cristalizar la situación ha sido, ya no el Gobierno, sino el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una vez más, el CSN ha hecho gala de su tradición de órgano regulador captado por el regulado y, en una decisión sin precedente alguno, ha concedido a Garoña, la central nuclear más antigua y con la tecnología más obsoleta, la posibilidad de continuar operando. Pero no sólo eso, lo ha hecho con una extraordinaria originalidad tratándose de una central nuclear. Por primera vez lo hace sin límite temporal (hasta ahora los permisos se concedían por un periodo de 10 años) y jugando, lo que es a mi entender, un claro rol político – económico. El papel del CSN consiste en blindar jurídicamente a los titulares de la central, de tal manera que si hay un Gobierno que quiera cerrar la planta, esta decisión tenga que dar pie a una extraordinaria indemnización por lucro cesante. La decisión ha contado con un voto en contra, el de Cristina Narbona, como excepción a un CSN acostumbrado a tener entre sus miembros a expertos que siempre coincidían en su posición claramente pronuclear.

En julio del 2009 me atreví a escribir sobre la necesidad de cerrar la central nuclear de Garoña en un artículo titulado “la indecisión de Garoña”. No tenía sentido que prolongásemos la vida de la central, como finalmente haría el Gobierno Zapatero, dado que aportaba una escasa potencia al mix eléctrico y en cambio “gozaba” de la tecnología más obsoleta. Pero el Gobierno con un presidente –epidérmicamente- antinuclear así lo hizo, dio dos años más a la central de Garoña, traspasó el tema al siguiente Gobierno y volvió a no exigir nada a un parque nuclear que, tras amortizarse, continuaba vendiendo la electricidad a un precio muy superior a su coste de generación.

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El gigante nuclear francés hace aguas y afecta a nuestra factura de la luz

Por Juan López de Uralde – Coportavoz Federal de EQUO

Central nuclear

La subida del precio de la luz en los últimos días ha generado una justificable alarma entre los consumidores.  Esta subida tiene su origen en factores diversos que van desde el aumento de la demanda como consecuencia de la ola de frío, a una subida  precio del gas y el carbón que entran más caros,  y la bajada de la producción renovable en nuestro país, entre otros motivos.  Detrás de todo ello está la especulación del oligopolio eléctrico –especialmente  con el agua de sus centrales hidráulicas – para disparar sus beneficios.

A todo ello hay que sumar un factor exterior que está pasando desapercibido: el cierre de  centrales nucleares francesas. Me ha interesado  lo que está pasando en Francia, ya que demasiado a menudo tenemos que aguantar que el modelo eléctrico francés, basado fundamentalmente en energía nuclear, es el más seguro desde el punto de vista de la garantía de abastecimiento. En Francia el 75% de la electricidad es de origen nuclear. Ahora nos encontramos con que Francia se enfrenta  a la ola de frío con varias centrales nucleares cerradas por problemas de seguridad, lo que limita su capacidad de producción eléctrica y se ve obligada a importar energía de España, lo cual tiene también un efecto sobre el precio de la electricidad en nuestro país.

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Por qué el futuro es solar (y por qué no es nuclear)

Por Marta Victoria – Observatorio Crítico de la Energía

Hasta hace unos años la electricidad de origen nuclear era más barata que aquella que se generaba utilizando paneles fotovoltaicos. Pese a ello, muchas voces argumentaban que debíamos dejar de utilizar la energía nuclear porque su bajo coste era engañoso. Lo que ocurría, y ocurre, es que en el precio de la electricidad nuclear no se incluyen muchos costes que son necesarios para su funcionamiento. Entre estos costes no contabilizados están el tratamiento de los residuos nucleares o el desmantelamiento de las centrales una vez acabe su vida útil. La empresa pública encargada de estas actividades, Enresa, ya ha avisado de que el dinero que las eléctricas han ido pagando para financiar su presupuesto no será suficiente a largo plazo, de manera que, si no se hace nada al respecto, los ciudadanos tendremos que costear la gestión de los residuos nucleares durante los miles de años que estos sean radiactivos. Además, el coste de la electricidad nuclear también es artificialmente bajo gracias al ahorro en la contratación de seguros por el hecho de que la legislación actual limita la indemnización que deberán pagar los dueños de estas centrales en caso de un accidente nuclear.

La realidad es que la reciente evolución de ambas tecnologías ha modificado radicalmente la primera frase de este artículo. Así, a día de hoy, ya es más barata la electricidad de origen fotovoltaico que la nuclear. Como ejemplo, podemos comparar los datos de Reino Unido. En 2013, el Gobierno británico se comprometió a pagar (y está por ver que sea suficiente) 10,9 céntimos de euro por cada kilovatio-hora que genere la central nuclear de Hinkley Point C, actualmente en construcción. Mientras, el mismo Gobierno retribuye con apenas 8 céntimos de euro por kilovatio-hora la electricidad producida mediante paneles fotovoltaicos instalados ese mismo año (la tarifa garantizada a las plantas fotovoltaicas que se instalan hoy es todavía menor).

gráfico nuclear y fotovoltaica

El principal motivo que ha originado este cambio de paradigma es la espectacular curva de aprendizaje de la energía fotovoltaica. Dicha curva describe la evolución del precio de una tecnología a medida que se fabrican más y más unidades y se aprende a hacerlo de manera más eficiente. Entre las razones que han abaratado el coste de la fotovoltaica está el traslado de su fabricación a países asiáticos, pero también hay motivos tecnológicos como el aumento del tamaño de las fábricas o el adelgazamiento de las obleas que se usan para fabricar las células solares. Sin embargo, si miramos ahora la curva de aprendizaje de la energía nuclear vemos que tiene una tendencia opuesta a la de la fotovoltaica: el precio de construir las centrales nucleares en Estados Unidos y Francia, no solo no ha disminuido a medida que ha crecido el número de centrales instaladas sino que ha aumentado. El encarecimiento de los sistemas de seguridad y los retrasos en la construcción son dos de los principales motivos del incremento del precio de construcción.

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Nucleares, ideología y sentido común

Por Hugo Morán – Exdiputado

energía nuclear

Es costumbre inveterada en nuestro país que, tras el advenimiento de cada nuevo ministro de energía, todo sean cábalas respecto a los planes que el recién llegado pueda traer bajo el brazo en relación con la siempre polémica cuestión de la energía nuclear. Y aunque Garoña y su hipotética reconexión es hoy el árbol que nos impide ver el bosque de la prolongación de la  vida de todo el parque más allá de los 40 años, no es menos cierto que la central burgalesa condiciona en buena medida el calendario en la toma de decisiones por parte del Gobierno.

Estábamos así una vez más asistiendo al clásico despliegue argumental “técnico y académico” que precede invariablemente al subsiguiente mensaje político sobre las bondades de la tecnología atómica (económicas, ambientales y sociales): “la oposición a la energía nuclear no atiende a razones lógicas, sino que forma parte de una irracionalidad ideológica al servicio del mero oportunismo”, para a continuación dejar sentado que “el sentido común nos dice que España no puede permitirse el lujo de prescindir de ese 20% de electricidad que generan sus reactores nucleares, así que es imprescindible prolongar las licencias hasta los 60 años”. Cuando inopinadamente Fukushima vino a refrescarnos la memoria, para fastidio de unos y esperanza de otros.

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En las antípodas de la seguridad nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

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En las últimas semanas ha sido noticia que nuestro recibo de la luz podría encarecerse en los próximos meses a causa de un notable incremento de la importación de electricidad española por parte de Francia.

El motivo de esta mayor exportación de electricidad desde España a Francia es la decisión de la autoridad de seguridad nuclear francesa de parar 16 centrales nucleares para someterlas a una revisión. Como, además de éstas, había ya paradas otras cinco centrales por otros motivos, ha llegado a haber un total de 21 centrales nucleares que no estaban operativas (de las 58 que tiene el país vecino) y eso ha forzado a Francia a importar más energía eléctrica de lo habitual desde España. Debido a ello han tenido que funcionar más centrales térmicas que son las que generan la electricidad más cara, y por ello los precios en el mercado mayorista han tendido al alza, lo que a su vez podría derivar en un aumento del coste del recibo para los consumidores finales.

Sin duda es una noticia curiosa, que pareciera indicar que los caminos de la electricidad son inescrutables y, en este caso, con potenciales repercusiones negativas al bolsillo del consumidor. A este respecto, cabe recordar que ese riesgo se vería totalmente anulado si, en lugar de exportar electricidad cara (y contaminante, agravadora del cambio climático) procedente de la quema de combustibles fósiles, estuviéramos exportando a Francia electricidad limpia producida con renovables. En efecto, como se desprende del informe “El sistema eléctrico español 2015” de Red Eléctrica de España (REE), una mayor participación de la producción renovable en el sistema implica una reducción del precio del mercado diario de la electricidad.

Pero, aunque a todos nos preocupa lo que tenemos que pagar en la factura eléctrica, lo que me resulta más sorprendente es que todos esos artículos se hayan centrado en el hecho del porqué un fallo en las nucleares francesas puede provocar una subida del recibo de la luz y no en la diferencia, en términos de independencia y rigor técnico, entre la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN) y nuestro Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

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