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El gas natural: un obstáculo para una verdadera descarbonización del transporte marítimo

El transporte marítimo es un sector con una creciente participación en la economía mundial que tiene un impacto medioambiental negativo muy significativo y, también, un constante aumento tanto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos (ya que actualmente depende prácticamente de forma absoluta del uso de combustibles fósiles, mayoritariamente fuelóleo pesado, como fuente de energía), como de generación de ruido submarino y colisiones con la fauna marina, entre otros.

Según el Cuarto Estudio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre los gases de efecto invernadero del transporte marítimo, las emisiones de GEI -incluyendo el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), expresadas en CO2-eq- del total del transporte marítimo (internacional, doméstico y pesquero) han aumentado de 977 millones de toneladas en 2012 a 1.076 millones de toneladas en 2018. En 2012, hubo 962 millones de toneladas de emisiones de CO2, mientras que en 2018 esta cantidad creció un 9,3% hasta los 1.056 millones de toneladas de emisiones de CO2. La proporción de las emisiones del transporte marítimo en las emisiones antropogénicas mundiales ha aumentado del 2,76% en 2012 al 2,89% en 2018.

Esta cifra de 1.076 millones de toneladas (1.000 millones de toneladas = 1 gigatonelada, GT) de emisiones anuales de GEI convierte al transporte marítimo internacional en su conjunto en el sexto mayor emisor del mundo, después de China (10,06 GT), Estados Unidos (5,41 GT), India (2,65 GT), la Federación Rusa (1,71 GT) y Japón (1,16 GT), que son los cinco primeros países emisores del mundo. Le sigue en el ranking Alemania (0,75 GT) [datos referidos a 2018].

Sin embargo, la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Si no se toman medidas, la evolución creciente del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros conducirá inevitablemente a un aumento de las emisiones de GEI en este sector. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático, el transporte marítimo internacional debe impulsar su transición hacia la descarbonización.

En un momento tan crucial como en el que nos encontramos, en plena emergencia climática, las inversiones y el desarrollo tienen que ir hacia un solo objetivo: la descarbonización; y alejarse de opciones falsas, como el gas natural licuado (GNL), que solo contribuirían a mantener a largo plazo la actual dependencia energética de combustibles fósiles.

El gas natural tiene un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos. Apostar por el gas natural conducirá a la generación de activos varados y también a exacerbar la gravedad del cambio climático.

El gas natural es un combustible fósil que se extrae del subsuelo. Está compuesto en su mayor parte por moléculas de metano (CH4), que produce CO2 cuando se quema. El metano es también un gas de efecto invernadero en sí mismo, 36 veces más potente como GEI que el CO2 en una perspectiva de 100 años (o 87 veces más potente en una de 20 años). Por lo tanto, su liberación a la atmósfera provoca más cambio climático que su combustión. El gas natural es “gaseoso” en condiciones normales de temperatura y presión atmosférica. Para facilitar su transporte y almacenamiento, se suele licuar a temperaturas de congelación (-160Cº), lo que da lugar al gas natural licuado (GNL).

Aunque el GNL es presentado interesadamente por la industria de los hidrocarburos como un combustible puente hacia la descarbonización, menos perjudicial para el clima que los combustibles fósiles convencionales, eso es una falacia. El engaño consiste en considerar únicamente las emisiones directas de CO2 de la combustión del GNL, pasando por alto el impacto de las fugas y filtraciones de metano a la atmósfera. El metano suele fugar desde los gasoductos de gas natural durante el transporte o se escapa de los motores cuando se produce una combustión incompleta. La combinación de las emisiones de CO2 y las filtraciones/escapes de metano a lo largo de todo el ciclo de vida del combustible, es decir, desde la producción hasta su combustión en el barco, hace que el gas natural/GNL sea más perjudicial en términos climáticos que el gasóleo fósil usado en el transporte marítimo.

Afortunadamente, existen muchas opciones operativas y tecnológicas que pueden aplicarse para reducir las emisiones de GEI de los buques. Así, el aumento de la eficiencia de los motores, de las hélices y del propio diseño de la embarcación tendrá un impacto significativo en la reducción de las emisiones y, sobre todo, en el recorte del crecimiento futuro de las mismas.

Otras medidas de eficiencia operativa, en especial la reducción de la velocidad de navegación, son muy importantes para reducir el consumo de energía y las emisiones y pueden adoptarse inmediatamente.

En cuanto a la reducción de velocidad, el citado estudio de la OMI reconoce que:

– La reducción de velocidad es considerada como la tecnología con un mayor potencial de reducción de CO2.

– El potencial de reducción de CO2 de la reducción de velocidad indica valores más altos que otras tecnologías.

– Los factores que impulsan la reducción de la intensidad de carbono de los buques incluyen principalmente la mejora de la eficiencia del diseño, la reducción de la velocidad y la optimización de la carga útil.

Es ampliamente reconocido que la reducción de la velocidad de los buques es, entre las diferentes medidas operativas disponibles, la que puede contribuir de forma más rentable a reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo. De hecho, esta medida permite reducir, de forma muy significativa y con efecto inmediato, las emisiones de CO2, los contaminantes atmosféricos como el SOx, el NOx y el carbono negro, así como el ruido submarino y el riesgo de colisión con la fauna marina, como señalan estudios recientes.

Con respecto a los combustibles cero emisiones, la solución más sostenible, especialmente para los barcos más grandes y los viajes transoceánicos, es el uso de hidrógeno verde y el e-amoniaco. Este último presenta la opción de e-combustible más barata para el transporte marítimo, con mejor rendimiento que el e-GNL.

Hay un creciente consenso entre los mayores astilleros del mundo de que el e-amoniaco podría ser la “alternativa más cercana a un combustible ideal” para el transporte marítimo. A pesar de que su densidad energética es inferior a la de los e-hidrocarburos y los e-alcoholes, como el e-diésel, el e-metanol o el e-metano, el coste total de operación de los buques oceánicos con e-amoníaco parece ser el más bajo, incluso si se tienen en cuenta los costes indirectos de la pérdida de espacio.

Por todo ello, apostar por el GNL para el transporte marítimo es absurdo desde el punto de vista climático y un grave error en la transición energética hacia la descarbonización. Incomprensiblemente, la Comisión Europea dentro de su paquete legislativo “Fit for 55” (presentado el pasado 14 de julio y cuyo objetivo es asegurar que la Unión Europea reducirá sus emisiones de GEI en al menos un 55% para 2030) decidió apoyar el GNL en lugar de proponer medidas para asegurar el necesario despliegue de combustibles cero emisiones. Esperemos que en la tramitación que tendrá lugar en los próximos meses entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, ese grave error sea subsanado.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

Los camiones a gas no son más limpios que los diésel

Puede que emitan algo menos de CO2 en el tubo de escape y de NOx al quemarlo, pero producen muchas más partículas cancerígenas PM y, si contamos el efecto invernadero de las fugas de metano, son peores para el clima.

Esas son las conclusiones de este estudio de Transport & Environment, tras haber medido y calculado todas las emisiones de varios modelos supuestamente “limpios”.

Por simplificar, pongo esta lámina que muestra las emisiones totales de efecto invernadero, teniendo en cuenta todo el ciclo y las fugas desde la extracción a la combustión.

Al planeta poco le importa que, en el tubo de escape, en vez de 1.000 gramos de CO2eq con diésel, se emitan 900 gramos con gas. Menos aún, si para llevar esos combustibles desde el pozo al depósito hay que emitir 300 gramos más en el caso del gasóleo o 600 en el caso del gas. Y le da igual el artificio que utiliza la industria de repartir el efecto invernadero de las fugas de metano en 100 años para que las emisiones totales resulten un mero 7,5% inferiores.

Es una broma pesada decir que los camiones y autobuses a gas “son limpios” o “son la energía de transición”, porque contaminan un 7,5% menos que los de gasóleo.

Muchos creemos que la realidad es que contaminan un 13,4% MÁS…

Pero, huelga la discusión: con alcohol a 93% no vamos a desalcoholizar el transporte.

Por lo tanto, que no nos cuenten milongas. Que no inviertan miles de millones en gasineras y camiones a gas, que deberán dejar de circular en una o dos décadas.

Que le pongan al GNL/GNC un Impuesto de Hidrocarburos comparable al del gasóleo o la gasolina y desaparecerá al instante el interés de la industria.

Y apostemos decididamente por el transporte pesado verdaderamente LIMPIO: eléctrico a baterías o a pila de combustible con hidrógeno renovable.

Hace casi 3 años publiqué esta metáfora sobre la descarbonización de la aldea gala, por si alguien quiere ver el lado humorístico de esto. Si es que lo tiene…

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Desafíos de las renovables en la transición ecológica. El papel esencial del almacenamiento

Ya no queda ninguna duda de que las Renovables, con sus tecnologías y aplicaciones tan diferentes y complementarias, serán, en su conjunto, la fuente mayoritaria y casi exclusiva, para el suministro de las necesidades energéticas de industrias, servicios y particulares en el futuro. Por lo que respecta al sector eléctrico, el 100% de generación renovable se alcanzará incluso antes de lo previsto.

Y esto es así no solamente porque la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es una necesidad cada día más urgente, como dramáticamente señala el último y reciente informe del IPCC de las Naciones Unidas, sino también porque las renovables son ya las tecnologías más competitivas en costes para la generación eléctrica. Ya quedan pocos bancos que financien proyectos con combustibles fósiles y, por lo que respecta a las nucleares, ya son pocos los países que, a excepción de aquellos que pudieran tener intereses el en doble uso (militar) de la tecnología nuclear, tienen programas de despliegue de nuevas centrales.

No obstante, aunque las renovables están creciendo muy deprisa en el sector eléctrico (el pasado año el 80% de la nueva potencia a nivel mundial fue renovable) todavía su contribución en términos de generación anual no llega al 30%. Además, la electrificación del transporte (en todas sus variantes) y del consumo térmico en las industrias no parece sencillo. La vía del hidrógeno o de combustibles sintéticos obtenidos a partir de electricidad renovable parece teóricamente prometedora y está recibiendo una creciente atención en programas de apoyos públicos, particularmente en Europa, pero presenta problemas técnicos y de precios cuya solución no parece inmediata. Por ello, los objetivos de descarbonización tienen todavía muchos desafíos a los que enfrentarse.

En relación con la generación eléctrica con renovables empieza a manifestarse ese problema de fondo, anunciado desde hace tiempo y que cobra importancia a medida que se avanza en su despliegue: La eólica y la fotovoltaica tienen ya precios inferiores a los de las tecnologías fósiles y nucleares, pero solo generan cuando el viento sopla o el sol brilla.

Claro que podría pensarse en un despliegue ilimitado de tecnologías baratas, como recomiendan los defensores de la expansión al mínimo coste y que cada nueva unidad de estas instalaciones contribuiría a la descarbonización, aunque cada vez en menor medida. Pero si se sigue ese criterio se provocarían disfuncionalidades técnicas y de mercado en el sistema, lo cual podría llegar a representar, no solo costes adicionales, sino también un freno a dicha expansión ya que el valor para el sistema de las nuevas instalaciones, así como él de las ya construidas, sería cada vez menor.

Por ello, el criterio para esa deseada transición con sustitución progresiva de la generación fósil y nuclear en nuestro país no debe ser otro que el de una planificación rigurosamente estudiada, como la adoptada en el PNIEC, que, entendiendo las características y complementariedades de cada tecnología, defina la flota óptima de generación en 2030 y más allá, teniendo en cuenta los puntos de vista técnico, económico y de descarbonización. Por supuesto que las contribuciones previstas de cada tecnología en el PNIEC tienen que ser dinámicas incorporando las oportunas revisiones asociadas a la evolución de estas, así como de las propias necesidades del sistema. Todo ello, junto a una gestión proactiva de la demanda, permitirá alcanzar un mix razonablemente optimizado al final de esta década.

Las tecnologías renovables no gestionables tienen todavía un amplio recorrido por el gran respaldo y carga base que, hasta su completa sustitución, puedan seguir aportando los ciclos combinados y las nucleares. Sin embargo, ese despliegue de tecnologías renovables sin almacenamiento debe ser acompañado por tecnologías renovables como las centrales de bombeo, biomasa o termosolares y, en su caso, por sistemas de baterías que puedan dar respuesta rápida a fluctuaciones no deseadas de voltaje o frecuencia en la red.

España cuenta, a diferencia del resto de países de la UE, con recurso solar y disponibilidad de emplazamientos para el despliegue de esos 5 GW de nueva capacidad termosolar previstos en el PNIEC, que permitirían desacoplar la captación de la energía solar de la generación eléctrica, complementando la generación fotovoltaica todos los días soleados a partir del atardecer. Esto constituye una gran ventaja competitiva para poder hacer la transición en nuestro país más sencilla y económica que en el resto de Europa.

Esos nuevos 5 GW termosolares con sistemas de almacenamiento de alrededor de 12 horas, además de permitir el funcionamiento nocturno evitando en gran medida el respaldo del gas, constituirían un sistema de almacenamiento de 60 GWh de capacidad que, en gran medida, podría funcionar de forma adicional e independiente al perfil de despacho de las propias centrales.

En los meses de invierno, cuando el volumen de los tanques es mucho mayor que el necesario para recoger la energía captada en un día, esa reserva puede mantenerse cargada para poder responder con elevada firmeza a las necesidades puntuales de 1 o dos horas de pico diarias de la demanda durante 1 semana, independientemente de que los días anteriores hubieran sido soleados o no. Y para ello no habría que realizar inversión adicional alguna. Con relativamente pequeñas inversiones adicionales en calentadores eléctricos (decenas de veces inferiores a las inversiones en baterías o bombeo), podrían realizar las funciones de recogida de vertidos o arbitraje de precios.

Pero tampoco habría que esperar a 2030 para comprobar los beneficios que los tanques de almacenamiento de las centrales termosolares podrían brindar al sistema. Actualmente disponemos de unos 800 MW con una media de 8 horas de capacidad que, con una pequeña modificación regulatoria para que despacharan esa reserva estratégica en los momentos críticos, podrían de inmediato contribuir a aliviar los picos de precios que se están produciendo en estos días.

El almacenamiento térmico de las centrales termosolares es el gran activo del que disponemos en nuestro país y que, junto con otras alternativas, permitirá superar los desafíos del acelerado despliegue renovable y alcanzar ese deseado 100% de generación renovable con plenas garantías.

Por Luis Crespo – Dr. Ingeniero Aeronáutico y Sociólogo, Patrono de la Fundación Renovables

 

Hay otro mundo, pero está en este

El pasado mes de julio nos dejó atónitos un extraño fenómeno meteorológico llamado “cúpula de calor”, alcanzándose temperaturas de casi 50ºC nunca vistas en el oeste de EE.UU. y Canadá. Esta ola de calor sin precedentes en esa zona del mundo provocó varios centenares de muertos, apagones e incendios forestales. El propio Presidente de los EE.UU., Joe Biden, se unió a los científicos para culpar a la crisis climática de este particular “infierno” que acababan de vivir.

Las semanas siguientes nos han traído, entre otras calamidades, las tremebundas inundaciones en Alemania y Bélgica, también con decenas de muertos, gravísimos incendios forestales en Grecia, Turquía y otras zonas del Mediterráneo, tormentas de granizo del tamaño de pelotas de tenis en el norte de Italia que obligó a parar una autopista y arrasó numerosos cultivos agrícolas.

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Punto final a la aventura bursátil-radioactiva de Berkeley en Retortillo

La Junta de Castilla y León consideró que la radiación de este proyecto de minería tendría una afección “menor que la de una radiografía”

El pasado 12 de julio se puso fin a la historia de un despropósito radiactivo que ha durado 10 años. Ese día, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por amplia mayoría (4 votos a 1) la Propuesta de Dictamen Técnico en el que se propone informe técnico desfavorable a la solicitud de autorización de construcción de la instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear “Planta de concentrados Retortillo”, en el municipio de Retortillo (Salamanca).

El CSN, cuya misión es velar por la protección radiológica de la población y el medio ambiente, rechazó, por motivos técnicos, la solicitud de la empresa Berkeley Minera de España (BME), de la que, por cierto, no se conoce actividad minera real alguna en ninguna parte del mundo, aunque sí sus manejos en la Bolsa a costa de las expectativas del proyecto.

Su decisión se basa en que el modelo hidrogeológico presentado por BME para la solicitud de construcción de una planta de concentrados de uranio y un almacenamiento de residuos radiactivos asociado no resulta aceptable por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres a la hora de garantizar que esos elementos radiactivos no se filtrarán a las aguas subterráneas. Ante el riesgo de contaminación radiactiva del medio ambiente, el CSN, como órgano regulador, optó por informar negativamente el proyecto. Lógicamente, esta decisión ha sido especialmente celebrada por organizaciones como WWF y STOP Uranio que han luchado durante años de forma constante en contra de este proyecto absurdo e innecesario.

Han sido varios años en los que, pese a los reiterados requerimientos por parte del CSN, BME no ha sido capaz de aportar información técnica que pudiera ser considerada aceptable y suficiente para que aquel pudiera informar positivamente el proyecto de construcción de la planta de concentrados de uranio. Lo que sí hizo Berkeley (y también su compañera de viaje radiactivo, la Junta de Castilla y León) fue mandar cartas amenazantes al Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como denunció su Presidente ante el Congreso de los Diputados, para forzar que este órgano regulador le otorgara dicho permiso.

La decisión del CSN tiene como consecuencia inmediata el fin de la tramitación administrativa. En efecto, dado que el dictamen del CSN ha sido desfavorable y, por tanto, tiene carácter vinculante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que es el órgano sustantivo en el procedimiento administrativo, no tiene más remedio que denegar a Berkeley su solicitud de autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio. En este sentido, recordamos que dichos concentrados son un material previo para la fabricación de combustible nuclear para las centrales nucleares, las cuales en España ya tienen fecha de cierre definitivo.

Si bien es importante desgranar y profundizar en las razones técnicas en las que el CSN ha basado su contundente rechazo a este proyecto, también lo es entender cómo hemos llegado a que, con semejantes riesgos radioactivos expuestos por el CSN, el proyecto hubiera obtenido ya algunas autorizaciones previas esenciales, algo necesario para extraer lecciones aprendidas de este caso y exigir las responsabilidades políticas oportunas.

Conviene recordar la envergadura e implicaciones del proyecto con el que Berkeley pretendía explotar una veta de uranio bajo Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriendo cinco cortas, y construir una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Fruto de su explotación los residuos radiactivos se generarían en grandes cantidades, decenas de millones de toneladas.

Dichos residuos sólidos radiactivos se pretendían almacenar, algunos de forma definitiva, tanto en el hueco de la mina como en escombreras permanentes. Respecto a las aguas contaminadas radiactivamente, se pretendía almacenarlas en una pila de lixiviación de casi 800 m de longitud conectada con otra balsa de destino, contemplando la descarga en el río en caso de excedentes tras un proceso de “neutralización”.

El informe técnico del CSN es tajante respecto a que los planes de la empresa en relación con el tratamiento y vertido de los residuos radiactivos no garantizaban que no ocurrieran distintos procesos de infiltración que terminarían afectando a acuíferos subterráneos provocando, de forma directa, su contaminación radiactiva y, por consiguiente, la de los ríos conectados con dichos acuíferos. En concreto, ni la impermeabilización de la pila de lixiviación, ni el riesgo de desbordamiento de la balsa han podido ser suficientemente justificados por Berkeley, según el citado informe.

La cómplice irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León

El 24 de agosto de 2017, la entonces Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la presentación de la Estrategia minera de Castilla y León, defendió la seguridad del proyecto de mina de uranio de Berkeley en la provincia de Salamanca por estar avalada, según ella, por “más de noventa informes, todos favorables”.  Además, la consejera argumentó que “el uranio existe en la naturaleza” por lo que “a lo mejor tampoco hay tanto problema” con que se extraiga de la roca y se utilice como recurso industrial. También animó a los ciudadanos a confiar en la bondad del proyecto ya que los proyectos mineros, como el de Retortillo, “pasan por todos los trámites” y cuentan con las “debidas garantías para que esa mina pueda ser abierta”, con unos “niveles de radiación” que afectan “menos que una radiografía”.

Esas declaraciones son un claro ejemplo de la irresponsabilidad política, social y ambiental que se esconde tras la aprobación de este proyecto por parte de la Junta de Castilla y León con la emisión de una lamentable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva (publicada en el BOCyL del 8 de octubre de 2013). En aquella DIA, emitida por esta administración, no había referencia alguna a los impactos generados por los residuos radioactivos del proyecto puesto que, de forma increíble, no eran considerados como radioactivos sino como “residuos NORM” (“Naturally Occurring Radioactive Materials”).

La consideración de los residuos generados en la planta de tratamiento de uranio como NORM, cuando deben ser clasificados como residuos radiactivos según la propia legislación vigente (Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes), fue un aspecto que ya destacó el CSN en un informe de 2013 en el que instaba a Berkeley a resolver dichas carencias.

Hasta un año después, Berkeley no reconoció por primera vez el carácter radiactivo de los residuos, pero finalmente su efecto sobre las aguas, aire, suelo, animales o personas se quedó sin analizar por ninguna evaluación ambiental ya que este proceso no fue repetido y en todo momento se siguió considerando válida la DIA inicial emitida por la Junta de Castilla y León.

Tampoco el Gobierno en aquel momento, cuyo ministro de Energía era Álvaro Nadal, tuvo problema en firmar en 2015 la Orden que concedió a BME la autorización previa de emplazamiento sin haber resuelto previamente el problema de la falta de evaluación ambiental de los efectos de los residuos radiactivos, así como otros graves problemas que este irregular procedimiento viene arrastrando desde sus inicios (por ejemplo, el hecho de que no se analizasen los efectos transfronterizos en Portugal).

A pesar de todas estas irregularidades, y de no haber obtenido el resto de permisos necesarios como la autorización de construcción, la empresa comenzó a realizar las obras, movimientos de tierra y tala de encinas, muchas de ellas centenarias, en la zona afectada por el proyecto.

Es inadmisible que la Junta de Castilla y León emitiera una DIA positiva carente de todo rigor y hayan defendido a capa y espada este proyecto a lo largo del tiempo y que la administración nacional en aquellos años respaldara estas irregularidades concediendo la autorización previa Pero, es aún más inadmisible que lo hicieran a costa de la salud y el medio ambiente y de los riesgos radiológicos de dicho proyecto. Sin duda se trata de un asunto sobre el que deberían pedirse responsabilidades políticas por la dejadez de funciones para proteger nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.

Por Carlos Bravo – Consultor en energía en Salvia EDM y amigo de la Fundación Renovables

Cambio climático: estábamos avisados. 5 medidas que las corporaciones tratan de impedir

El cambio climático ya no es una predicción de futuro. Desgraciadamente, ya es una realidad que está golpeando con fuerza a todo el mundo en forma de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, incendios, inundaciones, tornados o sequías. Como bien explicaba The New York Times hace unos días, ya nadie está a salvo. Estos eventos extraordinarios alcanzan a todos sin piedad, tanto a ricos como a pobres, aunque siempre son las personas y comunidades con menos recursos las que se llevan la peor parte, a pesar de ser quienes menos responsabilidad directa tienen en las causas.

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La energía como derecho

La humanidad ha explotado los recursos energéticos a su alcance desde el principio de los tiempos y este hecho explica, en parte, la historia misma de nuestras sociedades. Incluso antes de la Revolución Industrial, momento en el que se populariza la máquina de vapor y demás artefactos que hoy asociamos con el inicio de la modernidad, recurríamos a los animales para aprovechar su fuerza y producir más alimentos o transportar cargas pesadas. Y más recientemente, el control de los yacimientos petrolíferos y otros recursos fósiles ha definido la geopolítica mundial y las dinámicas de poder durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, la energía es un factor clave para entender el devenir de la humanidad y estudiando su historia también podemos entrever algunas raíces de la desigualdad, ya que quien poseía un buey, por ejemplo, tenía más posibilidades de prosperar que aquel que solo contaba con la energía de su propio cuerpo.

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Necesitamos impulsar el autoconsumo colectivo

Mucho tiempo ha pasado ya desde que las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo son una realidad en España. El desarrollo de la tecnología fotovoltaica y, sobre todo, los bajos costes de generación alcanzados, han hecho de esta tecnología un actor cada vez más importante en la transición energética. El camino no ha sido fácil. Desde los tiempos del famoso “Impuesto al Sol”, un tiempo en el que se nos llamaba a los autoconsumidores depredadores del sector eléctrico, insolidarios y otras lindezas, muchas cosas han cambiado para mejor. Bien es cierto que aún persisten problemas que debemos corregir para que el autoconsumo tenga el desarrollo que debería tener, en un país con un recurso solar tan generoso como el nuestro. Uno de los más importantes es la simplificación de los trámites administrativos, sobre todo para las instalaciones domésticas, que a día de hoy sigue siendo demasiado largo y complejo. Las últimas estimaciones hablan de una media de 45 días y, aunque venimos de plazos de más de seis meses, siguen siendo plazos inasumibles para instalaciones con una complejidad técnica tan baja.

Una de las claves para el impulso del autoconsumo es potenciar el autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, es decir, cuando varios usuarios comparten una misma instalación fotovoltaica y se benefician conjuntamente de la energía producida. Sin duda, una gran idea que permite realizar instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Recordemos que en España la mayoría de la población vive en bloques y que disponemos de una gran cantidad de espacio en las cubiertas de los polígonos industriales.

Esta modalidad de autoconsumo tiene varias ventajas:

  • Desde un punto de vista energético, son más que evidentes y se traducen en que la energía autoconsumida, es decir la energía utilizada directamente de la generación fotovoltaica, aumenta, disminuyendo la energía vertida a la red e incrementando, por tanto, la rentabilidad de estas instalaciones.
  • La generalización de estas instalaciones en los edificios permite, además, incrementar la producción de energía eléctrica en las ciudades, generando electricidad cercana al consumo y disminuyendo la dependencia energética de estas.
  • Permite una democratización y descentralización de la producción de energía, enfrentando a los ciudadanos a su responsabilidad en un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Sin embargo, todavía tenemos problemas que resolver antes de que este tipo de autoconsumo tenga el desarrollo deseado. Si dejamos al margen los procedimientos administrativos de los que ya hemos hablado, hay dos barreras importantes para el desarrollo del autoconsumo compartido.

El primero es que para realizar una instalación de autoconsumo colectivo o compartido la distancia entre los puntos de generación y consumo no puede exceder de 500 m. Una distancia totalmente arbitraria y sin ninguna justificación técnica, habida cuenta de que los impuestos por utilización de las redes eléctricas no se aplican en función de la distancia entre generación y consumo. Además, los autoconsumidores pagamos en igualdad de condiciones con los demás productores por el uso de las redes eléctricas.

No hay, por tanto, ninguna justificación para limitar esta distancia. En última instancia, ¿por qué no es posible descontar de la factura eléctrica la generación FV que podríamos tener en una segunda residencia? Si la red eléctrica es la misma y no hay ninguna discriminación a ningún productor eléctrico por la distancia al punto de consumo, ¿por qué debe haber un límite de distancia para el autoconsumo compartido? ¿Y qué más da donde yo tenga los paneles fotovoltaicos? En estos casos, deberíamos pagar por el uso que hagamos de la red. Aquí el problema es que los propietarios de las redes no cobran por este uso, sino que cobran una rentabilidad fija por las inversiones que hicieron, las usemos o no.

Seguramente la solución pasa por una reforma integral del mercado eléctrico para adaptarlo a las nuevas formas de producir y consumir energía, más descentralizadas y con mayor participación de la ciudadanía.

La segunda barrera tiene que ver con la forma de compartir la energía producida. En una instalación de autoconsumo compartido los asociados establecerán los coeficientes horarios de reparto de la energía producida (Real Decreto 244/2019), pero estos coeficientes deben ser fijos. Tampoco tiene mucho sentido que no se puedan establecer coeficientes dinámicos, de forma que los excedentes de un vecino tengan la posibilidad de ser usados por otro antes de ser vertidos a la red.  Imaginemos en un caso extremo, el mes de vacaciones de un vecino. En este caso la mayor parte de la energía que le corresponde es vertida a la red y no puede ser aprovechada por los otros vecinos que comparten la misma instalación. Los coeficientes de reparto fijos van a suponer un freno al desarrollo del autoconsumo compartido, cuando las directivas europeas abren la posibilidad de contratos bilaterales de compra venta de energía entre distintos usuarios. Tenemos todavía un amplio margen de mejora en la legislación actual sobre autoconsumo y si de verdad queremos impulsarlo, estas barreras tendrían que desaparecer cuanto antes.

Por último, me gustaría hacer mención a las normas de edificación. En los edificios ya construidos no es sencillo llevar un conductor eléctrico desde la salida del inversor, normalmente cercano a los módulos fotovoltaicos y por lo tanto en la azotea del edificio, hasta la entrada de la acometida de la red eléctrica, a nivel de calle. Debemos empezar a considerar en la normativa para viviendas de nueva construcción la importancia de una preinstalación para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, en la que además de una buena distribución del espacio en las azoteas, para evitar sombras posteriores en los generadores fotovoltaicos, se prevea la infraestructura necesaria para facilitar la posterior instalación de estos sistemas. Avanzaremos así hacia los edificios de consumo de energía cero, es decir, edificios en los que una parte importante de su consumo energético se genera en el propio edificio mediante fuentes renovables.

El autoconsumo compartido debe jugar un papel importante en la transición energética y es urgente una regulación que permita y facilite su rápido desarrollo.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

Las turbulencias del recibo de la luz impactan en un bien esencial

Este año post-pandémico no quiere dar ninguna tregua a los precios de la luz que, lejos de bajar, parece que mantendrán su tendencia al alza en el mercado mayorista. Es recurrente que cuando se producen este tipo de subidas prolongadas en el tiempo coincidan con una situación tensa entre el gobierno y las eléctricas; no es la primera vez que ocurre, solo hay que echar la vista atrás y recordar como, por ejemplo, en el año 2013 estas subidas llevaron a la anulación de las subastas CESUR y a una sanción a Iberdrola por manipulación en el precio de la energía eléctrica.

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¿A dónde van con tanto hidrógeno?

Hace casi veinte años se publicaba en el boletín APPAInfo, de la entonces Asociación de Productores de Energías Renovables y en la que yo trabajaba por aquel tiempo, un artículo que firmaba El Kilovatio Verde y que se titulaba “¿A dónde van con tanto gas?”. Salíamos al paso del aluvión de proyectos de ciclos combinados que las eléctricas y otros grandes agentes económicos ponían en marcha animados por un Plan de Infraestructuras Eléctricas y Gasitas del entonces Secretario de Estado de Energía, José Folgado, norma que, a título “indicativo”, marcaba una previsión de necesidades de esta tecnología que luego se demostró errónea. Llegaron a anunciarse proyectos que sumaban los 50.000 MW, aunque, finalmente, “solo” se instalaron 27.000 MW.

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