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De abonados y propósitos

La idea de poner al ciudadano en el centro de la transición energética, desde su lanzamiento en el invierno del 2018, en el paquete “Energía limpia para todos los Europeos” de la Comisión Europea, ha supuesto un paso enorme para el consumidor eléctrico. Aun así, todavía la realidad está muy lejos de implementar esta idea en todas sus vertientes y, de manera generalizada, el ciudadano sigue recibiendo trato de consumidor y, lamentablemente, a menudo de abonado. Mientras tanto, están finalizando las negociaciones políticas de la COP 27, de momento sin los avances que necesitamos.

¿Win win?                                                                   

Os lo explico con un par de ejemplos para ilustrar la situación y para que veáis de qué estamos hablando. Seguidamente argumentaré porque no corresponde esta situación con los objetivos del vigente marco legal europeo, el famoso paquete de invierno, para terminar de demostrar que hacerlo bien no sólo es perfectamente viable económicamente, sino un win win para todos. Veréis que realmente es un sinsentido no erradicar esta fijación cultural del abonado en la transición energética.

Compensación simplificada

En el autoconsumo con compensación simplificada el ciudadano en España, en la práctica, sólo puede hacer de autoconsumidor, y no de prosumidor. ¿Cuál es la diferencia? El prosumidor tendría una vertiente de productor, más allá de su propio consumo. Podría vender sus excedentes. Para que pueda hacerlo con la normativa vigente en España tiene que nombrar un representante de mercado y participar de la misma manera que si fuera una central eléctrica. Esto no es lo que entiendo yo por empoderar al ciudadano, es simplemente permitirle convertirse en productor profesional.

Power for the ciudadano

Empoderarlo sería permitirle hacer sin perder su esencia de consumidor, dejarle compensar de manera simplificada con su comercializadora, recibiendo incluso una remuneración en metálico si fuera capaz de consumir menos de lo que generara. Con ello romperíamos la barrera mágica del flujo unidireccional de los beneficios en la transición energética.

Los winners son…

¿A que es muy raro pasar de un modelo de abonado que paga la factura entera a otro en el que un ciudadano puede obtener un rendimiento dinerario de su esfuerzo en mitigar la crisis climática en su calidad de consumidor? Puede que desde la percepción de los demás sujetos del sistema fuera poca cosa lo que pueda obtener el ciudadano como rendimiento, pero aun así la arquitectura de nuestro sistema eléctrico no debería evitarlo estructuralmente. Podría, por lo menos, facilitar la posibilidad de hacerlo y ya decidirá el ciudadano si le conviene una compensación simplificada que le permitiría tener algún mes una factura negativa, es decir, a cobrar, y mantener con su comercializadora un micro PPA de energía renovable.

Comunidades de Energías Renovables

En autoconsumo compartido funcionaría igual de bien, aunque aquí debería permitirse primero el coeficiente dinámico de reparto, porque sin ello no sólo le prohibimos ganar algo, sino obligamos a perder dinero al querido abonado. Una vez solventado, miramos que pasa si los ciudadanos quieren emanciparse más y constituir juntos un nuevo sujeto del sistema eléctrico: la Comunidad de Energías Renovables (CER). De entrada se solucionarían los problemas con la compensación simplificada y el reparto dinámico, porque según la definición de la CER podrían libremente compartir su energía entre. La CER, además, estaría habilitada para vender excedentes y pasar los beneficios económicos a sus miembros, como dice literalmente en su artículo 6, apartado 1, letra j, la Ley del Sector Eléctrico (LSE).

Sin ánimo de lucro

Pasa algo curioso: por mucho que la LSE diga que la finalidad primordial de la CER puede ser proporcionar beneficios económicos a sus socios o miembros en vez de obtener ganancias financieras, hay quien opina que esto significa que deberían ser organizaciones sin ánimo de lucro. Vamos, me suena a tratar al ciudadano como abonado. A nadie en la transición energética se le prescribe un orden en sus ingresos, ¿pero a las CER sí? Imaginémonos que las CER vayan a tener ganancias financieras, ¿será un despropósito? ¿Los ciudadanos no pueden obtener ganancias financieras con una CER?

Aun así, sin la finalidad primordialmente de ganancia financiera, con el objetivo de proporcionar beneficios económicos, queda claro que no existe ninguna obligación de no tener ánimo de lucro. Puede que los ciudadanos que constituyan una CER decidan que no lo quieren, pero no son necesarias las interpretaciones restrictivas para insistir en el mantra de que el ciudadano no puede llevarse nada de la transición energética.

Con ánimo de lucro

Entre los más de 1.900 socios de REScoop, la Federación Europea de cooperativas, que cuenta con más de 1.250.000 ciudadanos activos, sólo alrededor de un 3% son cooperativas sin ánimo de lucro. Las demás son con ánimo de lucro y me parece fenomenal. Está muy bien compartir las cosas, sobre todo los beneficios y ganancias financieras, pero no tenemos que olvidar que todo suma y los excedentes de energía renovable que se vende también será beneficiosos para sus compradores: win/win de nuevo.

Contestación social

Las CER pueden ser una buena respuesta a la contestación social, sobre todo una vez que tenemos claro que son perfectamente capaces de repartir beneficios económicos. El incentivo financiero es un gran vector de cambio y puede influir mucho en la perspectiva de los ciudadanos reacios a la transición energética por el impacto en su entorno directo. Un verdadero empoderamiento de los ciudadanos fuera de las CER, a través, por ejemplo de los que hacen autoconsumo, compartido o no, pero por su cuenta, con mayores posibilidades de monetizar su energía, en mi opinión también podría mitigar mucho la contestación social.

Todos necesitamos propósitos

Mitigar la crisis climática requiere un esfuerzo mucho más allá de lo que puede conseguirse con autoconsumo, con o sin CER, no tengo ninguna duda sobre ello. Necesitamos hacer un esfuerzo muy intenso para crear toda la capacidad de generación que podamos, ahora más que nunca. La próxima década será decisiva. En este contexto veo un lugar estrella para la empresa con propósito que, en el fondo, no es tan diferente de la CER. Según Rebecca Henderson, una de las 24 profesoras universitarias en Harvard, docente en el Harvard Business School MBA program, en su libro Reinventando el Capitalismo en un mundo en conflicto, las empresas con propósito están en auge. Estas empresas no tienen como propósito primordial obtener ganancias financieras, sino pasar beneficios medioambientales, sociales, económicos, etcétera a sus stakeholders. ¿Dónde hemos oído esto antes?

En su libro Henderson analiza empresas con propósito como Unilever o Wallmart, muy conocidas fuera de Estados Unidos, pero también estudia una multitud de ejemplos más, habla de su cambio arquitectural, de su licencia para operar y de sus beneficios.

Estas empresas también son consumidoras de electricidad, diría que como todas, y también es cierto que en el sector eléctrico español podemos encontrar muchas empresas con propósito, por no decir que son la mayoría.

Licencia para operar

No se trata de otro trámite administrativo, sino del visto bueno que necesitan las empresas de sus stakeholders y que viene a ser la otra cara de la moneda de la contestación social. Los stakeholders son tanto los ciudadanos y los consumidores, como las administraciones y la sociedad civil local. Esta licencia se obtiene mediante un propósito creíble por genuinidad y, por supuesto, sobre todo por llevarlo a la práctica. Podemos discernir aquellas empresas con propósito sobre el papel de las que lo reflejan en su actuación diaria.

Somos lo que hacemos

Es un lema de Aristóteles, que en nuestra firma hemos tomado prestado desde hace años para mentalizarnos del valor de nuestro propósito en nuestra praxis diaria. Una versión actualizada con humor inglés sería: “the proof of the cake is in eating it”, seguido por “you can’t have the cake and eat it”. Viene a significar en este contexto: la prueba de tener un propósito es consumarlo y no puedes tener un propósito y comértelo con patatas cuando te sea más conveniente.

Tope de gas

He vivido ejemplos de ello desde muy de cerca los últimos meses, con el tope al gas, un esquema de Ayuda de Estado a los participantes del mercado de producción, introducido por el Real Decreto – Ley 10/2022, y aprobado para España por la Comisión Europea en su expediente SA.102454 (2022/N). Este esquema obliga a estos participantes a financiarlo y a pasar su coste parcialmente a los consumidores (PVPC).

No obstante, el esquema deja a las comercializadoras la opción de pasar el coste, del precio más bajo obtenido por ellos, a los consumidores no PVPC, según las condiciones contractuales que tengan firmadas. Aquí está la prueba de comerse el pastel o no. Tenéis que imaginaros dos empresas con propósito y una de ellas trata a la otra como abonado, porque obviamente no todos estos contratos lo dejan tan claro. Puede que sea útil la reflexión de que los contratos siempre reflejan las voluntades de las partes y es curioso suponer que un consumidor, a la firma de un contrato de esta magnitud considera razonable aceptar un concepto indefinido, futurible y regulatoriamente opcional para él.

Más propósito y más beneficio

Hay casos concretos en los que el consumidor además ya ha hecho por su cuenta una cobertura, firmando un PPA financiero, y, por lo tanto, tampoco se beneficia del precio más bajo resultante del OMIE. Insistir en pasarle de todas formas estos costes, igualaría a tratar al consumidor como abonado y es más bien un despropósito. A esto me refiero con lo del pastel, no vale comérselo a la primera oportunidad, cuando no corresponde.

En la conclusión de Henderson, las empresas de sus ejemplos han reestructurado la arquitectura de sus negocios, han asumido costes muy importantes, contraintuitivos, hasta poder ser considerados irracionales sin ver el contexto completo, pero acabando con unas relaciones mucho más resilientes con prácticamente todos sus stakeholders y, consiguiendo unos beneficios más elevados también para sus accionistas.

Obliquity

El silver lining de estos beneficios es su visibilidad y viabilidad a largo plazo. Esto justamente es lo que según el título en inglés del libro de Henderson necesitamos “in a world on fire”. Tener un propósito no es un trade-off a beneficios, sino lo contrario, la mejor manera de obtener beneficios es perseguirlos de manera indirecta. John Kay, visiting professor en la London School of Economics lo llama “Obliquity”.

 

Estoy convencido de que todos los ejemplos que he repasado pueden enfocarse de una manera coherente con los intereses de todos los participantes en el sistema eléctrico, dentro del marco regulatorio europeo vigente, empujando de manera espectacular la transición energética, reforzando a la sociedad civil y el valor empresarial mano en mano y, a largo plazo generando beneficios para todos, primordialmente mitigando la crisis climática.

Por Piet Holtrop – Abogado y Amigo de la Fundación Renovables

El derecho a compartir excedentes de autoconsumo

Hace cinco años, cuando se hablaba de autoconsumo, se hablaba del (nefasto) impuesto al sol. Por suerte, el debate actual en torno al autoconsumo gira sobre la distancia del autoconsumo colectivo de proximidad y se debate sobre si la distancia adecuada es 1, 2 o 5 km (mucho mejor 5 que 1, por cierto). No estamos tan mal. No obstante, hay un elemento adicional que considero clave para el desarrollo del autoconsumo y sobre el que me gustaría poner hoy el foco: el derecho a compartir excedentes.

Antes de nada, hay que recordar la importancia de desarrollar masivamente el autoconsumo colectivo por los numerosos impactos positivos que tiene. Para empezar, el autoconsumo colectivo entra de lleno en el debate campo-ciudad, siendo la herramienta básica para llenar de paneles solares los tejados de las ciudades, de forma que la contribución urbana a la generación renovable sea lo más alta posible. El autoconsumo colectivo permite dimensionar las instalaciones de forma que ocupen todo el tejado posible, ya que lo que no autoconsuma el prosumidor se podrá asignar a consumidores próximos. Por el contrario, sin autoconsumo colectivo, los tejados quedarán a medias, limitados por el consumo del prosumidor. Cuanto más utilicemos los tejados, menos metros cuadrados de terreno necesitaremos emplear para generar energía solar y desplazar al gas ruso. Además, la propiedad de la generación eléctrica se repartirá entre más participantes y, además, con la ventaja de que las instalaciones de autoconsumo generan más empleo por potencia instalada que las plantas sobre terreno. Ojo, con eso no quiero decir que no haya que hacer plantas sobre terreno, sino que, en el reparto entre terreno y tejado, cuanto más tejado, mejor. Pero, para la transición energética necesitamos todo tipo de plantas y cuanto antes, mejor.

El autoconsumo colectivo también juega un rol clave en el debate sobre la redistribución. Gracias a compartir autoconsumo, la energía solar podrá llegar más allá de las viviendas unifamiliares, beneficiando también a personas que vivan en bloques de viviendas.

Sin duda que la ampliación de la distancia debe realizarse para poder compartir más. Mínimo, mínimo, igual que nuestros vecinos. Es necesaria, pero seguramente no suficiente. No sólo hay que compartir con más gente, sino que también es preciso compartir de una manera más sencilla, ágil y generalizable. En otras palabras, hay que aclarar de una vez por todas la forma de repartir la energía en autoconsumos colectivos.

La situación ahora es dramática para el autoconsumo colectivo. Si bien el Real Decreto 244/2019 habilita la posibilidad de compartir, en la práctica, la mayoría de las distribuidoras ponen todas las trabas imaginables y retrasan, en el mejor de los casos, e impiden compartir, en el peor y más frecuente. Es preciso pulir algunos detalles, pues si hay certeza normativa, habrá menos espacio para el abuso.

Uno de esos detalles es la figura del gestor de autoconsumo, una entidad que pueda, en nombre del consumidor, realizar el alta o la baja del autoconsumo colectivo, así como modificar los coeficientes de reparto. Otro es el reparto dinámico del autoconsumo colectivo, de forma que se pueda maximizar la asignación de energía a los consumidores. Además, esta última se trata de una medida que ya la CNMC le ha pedido, por ahora sin éxito, al Gobierno. También hay que modificar la normativa fiscal para permitir que los ingresos derivados del autoconsumo no tributen como actividad económica recurrente a efectos de IVA, sino que se pague IRPF (seguramente supondría una mayor contribución, pero mucho menos papeleo).

Pero, además, es preciso ampliar el concepto del autoconsumo colectivo, de forma que se pueda escoger entre compartir un porcentaje de la energía producida o compartir solo los excedentes. Parece banal, pero no lo es. Actualmente el modelo de autoconsumo colectivo contempla que cada participante tenga un porcentaje sobre la energía producida, independientemente de si se trata del dueño del tejado o de un consumidor próximo. Este modelo funciona para comunidades energéticas en las que los consumidores coinvierten, pero no tiene demasiado sentido para un prosumidor que quiera compartir la energía sobrante con un vecino. Acudiendo al símil de los tomates: si yo tengo un huerto, no quiero venderle a mi vecino un 25% de la cosecha, sino un 25% de los tomates que yo no consuma. Si tengo mala cosecha y solo hay tomates para mi propio consumo, no quiero estar obligado a entregarle el 25%. Por el contrario, si me sobran, porque produzco más o porque consumo menos, estaré encantado de darle una cantidad mayor. SI tengo que dar un porcentaje fijo del total al vecino, seguramente optaré por la solución de vender los tomates sobrantes (si los hubiera) en el mercado.

Por tanto, debería modificarse la normativa para regular la posibilidad de compartir los excedentes energéticos con consumidores próximos, de forma que se incentive esta práctica. Si bien un autoconsumidor puede vender a mercado solamente los excedentes, poder vender esos mismos excedentes a consumidores próximos, facilitaría esta posibilidad enormemente y aumentaría el número de instalaciones colectivas, que actualmente no llega ni al 1%. Además, este modelo se podría realizar con la configuración actual del contador, sin necesidad de añadir nuevos dispositivos (y nuevos costes).

En definitiva, si bien celebro enormemente el nuevo rumbo de la política energética, superando el periodo del impuesto al sol y favoreciendo el autoconsumo colectivo, es preciso ahora concretar la regulación para facilitar el reparto de la energía entre clientes próximos en la práctica. Y para ello, es preciso consagrar el derecho a compartir excedentes.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

Cuatro razones para acelerar la transición energética

El pensamiento ilustrado vincula el progreso con la felicidad y el conocimiento científico. Ser ilustrado y negacionista del cambio climático implica otorgar más valor a los prejuicios y supersticiones que a la ciencia; es lo opuesto a los valores de la ilustración que nacieron en la Europa del siglo XVIII y que hoy representa el europeísmo. La guerra del gas iniciada por Putin ha aflorado el negacionismo climático que subyace en los países europeos y encarna la ultraderecha que crece desde los países nórdicos hasta el sur de Europa, aupada por las noticias falsas y la inflación provocada por la energía fósil. ¿Se imaginan veintisiete Víktor Orbán gobernando en la Unión Europea?

A esta situación se ha llegado por los errores de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales en la gestión de la recesión de 2008, la pandemia de 2020 y la guerra de Putin en 2022. Europa ha dado pasos atrás en la cohesión social con la imposición de políticas de austeridad, la dependencia tecnológica e industrial y ahora retrocede en los objetivos climáticos aumentando su dependencia del gas. Mientras instituciones globales, como la ONU, la AIE o el IRENA, claman por acelerar la transición energética, en Europa avanza el caballo de Troya más reaccionario, precisamente cuando las razones para combatir el cambio climático se hacen más evidentes.

1-El planeta se aproxima al punto de inflexión climática

El último informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que cuatro indicadores que miden el cambio climático llegaron a su nivel récord en 2021: la concentración de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la acidificación de los mares. Los combustibles fósiles son los responsables del deterioro del clima que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica como “callejón sin salida desde el punto de vista ambiental y económico” del que es necesario desengancharse triplicando la inversión en renovables, en baterías de almacenamiento y cortando las ayudas que los gobiernos destinan a la energía fósil.

El estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido), publicado en la revista “Science” en septiembre, identifica cinco líneas rojas que, con el nivel de calentamiento actual, pueden superarse: el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y de la Antártida occidental, la pérdida de permafrost, la pérdida de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de Labrador, en el Atlántico. Estos puntos de inflexión son posibles ahora y se superarán incluso si se cumpliera el Acuerdo de París que limita el calentamiento entre 1,5ºC y 2ºC. “La evaluación del riesgo que representan ha aumentado dramáticamente” y exige una “acción urgente para mitigar el cambio climático” por los impactos irreversibles que tendrá para cientos de millones de personas.

La publicación “The Lancet” ha destacado que los muertos prematuros que provoca la polución ambiental ascienden a nueve millones cada año, más que los seis millones setecientos mil de la Covid en dos años y medio. Sin embargo, a pesar de que los informes del IPCC de la ONU tienen el respaldo de miles de científicos de todo el mundo, los mensajes sobre la gravedad del cambio climático no venden frente a la banalidad que exigen las cuotas de audiencia, convirtiendo la indiferencia en la mayor amenaza para nuestro modo de vida.

 2-El miedo invisibiliza el cambio climático

Según el informe “United in Science 2020”, coordinado por la OMM, la recuperación de las emisiones de CO2 a niveles precovid hace posible que la barrera de 1,5ºC de aumento del calentamiento global se supere puntualmente en 2024. La Cumbre del Clima de Madrid (COP25) en 2020 constató el alejamiento de los objetivos de reducción de emisiones y en la Cumbre de Glasgow (COP26) de 2021 la Unión Europea anunció su nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030, pero etiquetando el gas fósil y la energía nuclear como energías verdes, en contradicción con su gobernanza sobre energía y clima.

Mientras Putin ataca Ucrania, el “putinismo” invade la Unión Europea. La decisión de la derecha populista (PPE) de eliminar el cordón sanitario a la extrema derecha tendrá consecuencias en el modelo energético tal como lo definen las directivas europeas, como modelo descarbonizado y distribuido, con renovables y eficiencia energética, con el consumidor activo en el centro del sistema e independiente de las grandes energéticas.

La Comisión Europea afronta la crisis de suministro del gas ruso con sacrificios de ahorro, más importaciones de gas, carbón y petróleo, incluso de Rusia, y más inversiones en nuevas infraestructuras gasistas. Se ha olvidado hasta ahora de los instrumentos de eficiencia energética y gestión de la demanda para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.  Los planes de los gobiernos sobre producción y consumo de combustibles fósiles hacen imposible el cumplimiento del Acuerdo de París y frenan la transición energética.

El miedo y la incertidumbre determinan las decisiones con la inflación como amenaza al proyecto europeo. El medio ambiente y la sostenibilidad no preocupan a las empresas, ni a las instituciones, que se desentienden de la emergencia climática manteniendo el gas en la formación de precios. Se combate la inflación, originada por los precios del gas y el petróleo, con más gas y petróleo y más inequidad fiscal, es decir, desigualdad. Es el escenario de un retroceso en los objetivos climáticos y en la cohesión social a través de una estrategia en la que la percepción del cambio climático se ha diluido.

3-España en deuda ecológica

El informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre el “El Estado del clima de España 2020”, concluía que la temperatura media fue 1,7ºC superior en 2020 a la de la era preindustrial. En los últimos 60 años el incremento acumulado ha sido de 1,3ºC y a finales de siglo alcanzará los cinco grados. Es una evidencia que el calentamiento se acelera en España. Este verano se han sucedido los fenómenos climáticos extremos, incluyendo las máximas temperaturas del Mediterráneo y la sequía del humedal de Doñana, mientras las emisiones permanecen conectadas a la evolución del PIB, que no contabiliza la huella ecológica de la actividad humana.

El centro de investigación Global Footprint Network informó que el 12 de mayo España había consumido los recursos ambientales que los ecosistemas pueden regenerar en todo el año. La deuda ecológica de España aún se subestima, pero rebela la insostenibilidad del modelo de producción y consumo. El futuro de la agricultura, el turismo, la construcción, las ciudades y la energía está amenazado por fenómenos climáticos estructurales ante los que se sigue mirando hacia otro lado, con una planificación (PNIEC) plagada de gas hasta 2050. Según los trabajos del IPCC de la ONU, lograr la meta de los 1,5ºC de calentamiento global exigirá eliminar el uso del carbón en un 100%, el petróleo en un 60% y el gas en un 70%.

Por el contrario, la ofensiva contra la transición energética solo acaba de comenzar. Según la consultora Oliver Wyman, las empresas españolas, igual que las del conjunto del G7, incumplen el Acuerdo de París. Las grandes eléctricas, que con los fondos extranjeros están “vampirizando” el sector de las renovables, se oponen a reformar el mercado mayorista, cierran el paso a las renovables en la sociedad que gestiona el mercado eléctrico y presionan en Bruselas contra la propuesta española para modificarlo.

Cuestionar el calendario de los objetivos climáticos se generaliza hasta el extremo de plantear, como acaba de hacer el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, la suspensión temporal de los derechos de emisión de CO2, abrir el uso del fracking y las nucleares y “resetear la transición energética”. Se favorece a las grandes energéticas, sin estudio económico ni ambiental, para que el conjunto de la sociedad pague el despropósito con otra espiral de costes en la factura energética. Si en 2012 se aprobó la moratoria renovable, ahora estamos a las puertas de que se paralice la transición ecológica para rescatar otra vez al sector energético y alargar la vida de las fuentes de energía más caras y contaminantes. Alemania y Francia ya lo están haciendo.

4-Más transición energética o más “inflación fósil”

Según Bloomberg NEF, la generación eléctrica en el mundo ha seguido dominada en 2021 por la energía fósil hasta alcanzar el 61% del total y duplica la generación renovable. Se ha producido un aumento de las emisiones energéticas del 7%, marcando el máximo histórico. Aunque el 75% de la nueva potencia es renovable son necesarias acciones más audaces para acelerar la transición energética.

En 2021 los combustibles fósiles han regresado como principal fuente de energía en Europa. Ha aumentado el consumo interno de petróleo, carbón y gas casi un 9% de media, según Eurostat. La reacción europea al corte de suministro de gas ruso augura un crecimiento de la dependencia de los combustibles fósiles, cuando es la principal causa de la alta inflación. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado la ”Agenda Breakthrough” en la que se insiste que es la ciencia la que está reclamando acelerar la transición energética y propone multiplicar por cuatro las renovables en 2030 y el crecimiento de la movilidad eléctrica o la transición a cero emisiones “se retrasará décadas”.

La “inflación fósil” debería ser objeto de la acción del Banco Central Europeo (BCE), pero su presidenta, Christine Lagarde, afirmó el 8 de septiembre que ni podía reducir el precio de la energía, ni reformar el mercado eléctrico; sin embargo, el BCE ha subido los tipos de interés para acelerar la recesión y sigue comprando activos del sector de los combustibles fósiles. La inacción del BCE ha sido denunciada por la organización Reclaim Finance, así como el criterio que sobreestima la “inflación verde”, es decir, el coste de la transición a las energías limpias, cuando su impacto en el consumidor final es menor que el de la “inflación fósil”.

Los combustibles fósiles impulsan la crisis climática y la inflación; por el contrario, acelerar la transición energética será decisivo para afrontar la “inflación fósil” y estabilizar la economía europea con más autosuficiencia energética. El desarrollo de las energías limpias ha demostrado que su velocidad de maduración supera al resto de tecnologías, por lo que se debe priorizar la financiación de la transición ecológica y abandonar el principio de “neutralidad tecnológica” o “neutralidad de mercado” que utilizan tanto el BCE como la Comisión Europea en la taxonomía sobre inversiones sostenibles. Se debe reducir la demanda de CO2 con más demanda de economía verde.

La mejor política de ahorro es acelerar la transición energética. Subestimar el potencial de competitividad de las energías limpias ha sido una constante del modelo energético tradicional para frenar las políticas climáticas. Cuando hoy se comprueba que el coste de tecnologías, como la fotovoltaica, eólica, baterías de almacenamiento, autoconsumo o edificios cero emisiones, es más competitivo y eficiente que el de las energías convencionales, se demuestra que una transición rápida a las energías limpias producirá más felicidad a los consumidores y al planeta.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

También para el Derecho, el cambio climático es un hecho incuestionable

Uno de los efectos colaterales más dramáticos de la crisis energética que estamos sufriendo está siendo el tener que observar cómo crece, cual capullos de amapola en primavera, el número de políticos opinadores jubilados, pseudoperiodistas de chascarrillo, especialistas en todología y cuñadismo en general, asegurando que eso del cambio climático tampoco es para tanto, que no parece que sea un problema tan grave del que nos debamos preocupar de forma desmedida.

Ya adelanto que, habitualmente, no presto mucha atención a esta tipología de fuentes y no por la desazón que me causan, sino por mi firme propósito de dedicar el tiempo que presto a las redes sociales y medios de comunicación a aquellos con los que, esté o no de acuerdo, muestran algo más de vergüenza intelectual.

Sí me duele por tantos amigos especialistas que llevan toda su vida trabajando en ramas de la ciencia como la medicina o la salud, la climatología o la ecología, entre otras, y que tienen que escuchar tanta mendruguez de forma continuada, revestida de la pátina que impregna aquello de que todas las opiniones son igualmente válidas. Pues sí señor, estoy de acuerdo, a mi juicio, la opinión de los negacionistas del cambio climático (descafeinados o torrefactos), tienen la misma validez que la de los terraplanistas, creacionistas, antivacunas recalcitrantes, adoradores de los Iluminati o, incluso, existencialistas de Raticulín. A partir de ahí, que cada uno escoja su nicho de opinador.

Por la parte que me toca, me gustaría dar una pincelada breve sobre algo de lo que no se suele hablar en las tertulias de los programas televisivos de matiné y es la realidad jurídica del cambio climático. Por que sí, también para el Derecho, el cambio climático es un hecho. Y es una realidad incontestable no porque, como muchos se creen, algún político descerebrado haya tenido un exceso de celo normativo en defensa del ambiente en el que vivimos. No, el cambio climático es una certeza jurídica, por lo menos, desde el año 1992 (Convención Marco de las Naciones Unidas) y no se cuestiona prácticamente en ninguna regulación jurídica de los países desarrollados. En esa misma dirección, no solo a nivel global o nacional, sino también los legisladores locales y regionales constatan la realidad del cambio climático en sus pueblos y territorios y la incorporan a sus necesidades normativas para aminorar el impacto que, como comprueban cada día, está provocando en sus gentes.

En la doctrina académica, el tema tampoco se presta a mucho debate. Puede existir discusión sobre la regulación de los mecanismos de adaptación o de mitigación, sobre el desarrollo o ejecución de cada actuación, pero no sobre el hecho jurídico en sí mismo.

En este sentido, se refleja cada vez más en múltiples resoluciones judiciales de muy diferentes instancias, en las que, de una manera o de otra, se identifican realidades que jueces y magistrados, a la vista de las evidencias que se les muestran ante sus ojos, aceptan el cambio climático como un hecho incuestionable con consecuencias jurídicas.

De hecho, este último apunte me sirve para lanzar al aire una pregunta a modo de conclusión: si tuviésemos que decidir nuestro futuro inmediato ante la sala de un tribunal de justicia, en la que los magistrados precisasen una valoración pericial del tema que se estuviese enjuiciando, ¿quién les gustaría que evaluase su problema?, ¿los mejores científicos y especialistas del país sobre el objeto de debate o un grupo de tertulianos televisivos de la mano de un autobús de opinadores de Twitter?

Probablemente, la respuesta a esa pregunta defina bastante bien qué tipo de sociedad queremos ser o, incluso, en qué siglo nos gustaría vivir, el XII o el XXI.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

El gas natural amenaza a la Comisión Europea

En marzo de 2018 la Fundación Renovables publicó un informe titulado Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. En él se incluían más de 300 medidas innovadoras y disruptivas enfocadas, por un lado, a fomentar el ahorro y la eficiencia energética y, por otro, a que las renovables fueran la base de la oferta de energía, erradicando el consumo de combustibles fósiles.

El informe fue presentado y analizado con la mayoría de los grupos políticos con el fin de trasladar que era posible, técnica y económicamente, que la transición energética se convirtiera en una oportunidad de desarrollo para España y que las medidas propuestas fueran la base para un modelo energético mucho más sostenible, inclusivo y justo.

Muchas de las medidas han ido, aunque no con la ambición deseada, incorporándose en el día a día dentro del ideario de política energética del gobierno, porque eran medidas lógicas que debían ser desarrolladas en el tiempo.

El pasado miércoles día 20, la Comisión Europea comunicó el objetivo de reducir en un 15% el consumo de gas natural de todos los Estados miembros con el fin de paliar los efectos de un potencial y previsible corte total de suministro desde Rusia, una reducción que debería llevarse a cabo desde agosto de este año a marzo de 2023. También, aunque ha pasado desapercibido, ha incluido la permisión de subvencionar con dinero público la reactivación de las centrales de carbón y fuel para generación eléctrica. La decisión de la Comisión es, ante todo, extraña porque es curioso como las medidas de ahorro y eficiencia han brillado por su ausencia en su política, dejando la decisión en manos de los gobiernos nacionales e, incluso, se han considerado como inversiones sostenibles el gas natural y la nuclear. El problema ha sido la exigua previsión y ahora se pretende una reducción drástica y sin considerar las particularidades de cada país, cuando se podía haber llegado de forma tranquila y sosegada a que Europa no dependa tanto del gas natural.

Esta situación está causada por la inexistencia de una “Política Energética Común”, que siempre hemos reclamado, por parte de la Comisión Europea, lo que ha supuesto que cada país tenga todos los grados de libertad para fijar su mix energético y sus relaciones contractuales de suministro. Poner en duda si esta medida debe ser atendida o no por los países miembros rompería la base de actuación de la Unión Europea del hoy por ti y mañana por mí, pero no cabe duda de que esta medida debería ser definida e incluida dentro del paquete “Fit for 55”, atendiendo a las particularidades de cada país y a su situación de independencia ya que hasta este momento es la propia Comisión la que ha da todos los grados de libertad para actuar.

En nuestro documento de 2018, actualizado en 2020 en base a la recuperación económica tras la pandemia y la movilización de más de 60. 000 M€ (con cargo a los Fondos Next Generation), planteábamos una política decidida y ambiciosa para electrificar la demanda y erradicar el consumo de combustibles, especialmente del gas natural, por su papel de vector energético clave de la transición energética. Se incluyeron medidas para reducir la presencia del gas natural sin poner en duda la transición y la gestionabilidad del sistema, entre las que podríamos destacar:

  • Objetivo de electrificación 100% del sector residencial, eliminando el suministro de gas mediante la incorporación de bombas de calor y fomentando el 100% eléctrico que, hubiera permitido eliminar uno de los dos contratos que suelen tener nuestras viviendas, contratos con una componente fijada políticamente y de forma desorbitada para cubrir los costes del sistema gasista y eléctrico fruto de inversiones que no se planificaron.
  • Eliminar la publicidad de los combustibles fósiles y evitar que quien vende electricidad venda también gas.
  • Imponer a las comercializadoras de gas objetivos de reducción del consumo por parte de sus clientes.
  • Iniciativas para la no renovación de calderas de gas y la obligación de cambiar a sistemas de bomba de calor.
  • Establecimiento de certificados energéticos a las viviendas según su comportamiento energético no dependiente.
  • Prohibición de venta de nuevas calderas de gas y gasóleo.
  • Compromiso de que los edificios de más de 1000m2 de superficie construida fueran de consumo casi nulo y siempre, independientemente de la superficie, 100% eléctricos.
  • Rehabilitación de 750.000 viviendas/año, de las que 250.000 fueran vulnerables y se realizara con fondos públicos.
  • Rehabilitación de un 3% de los edificios públicos al año con 100% de electricidad.
  • Eliminación de los vehículos de combustión interna con gas.
  • Implementar una consideración fiscal activa para la eliminación del gas natural, tanto en la reducción y gravamen del IBI, como en el tratamiento del gas y de la electricidad.

En el sistema eléctrico, al margen de la imperiosa eliminación del modelo marginalista, apostamos por la cogeneración frente a los ciclos combinados, situación que apoya a la industria y que permitiría que una unidad de gas se consumiera con el doble de rendimiento. De hecho, en la actualidad, el 11% de la electricidad generada es en plantas de cogeneración frente a una media del 17% en ciclos combinados, situación que debería hacer plantearse al gobierno si no sería lógico que una forma de reducir los consumos de gas en energía primaria fuera con un plan de fomento eficiente de la cogeneración.

Por otro lado, debemos reflexionar si como país hemos avanzado en la lucha contra la dependencia de los combustibles fósiles y la reducción del consumo de gas natural, tanto en el sector residencial como en el industrial, promoviendo la electrificación de la demanda. Y, sinceramente, creo que no hemos puesto encima de mesa los compromisos y el potencial que verdaderamente tenemos. A la vez, reclamamos, desde el plano individual al compromiso colectivo, nacido desde la regulación, la difusión de una nueva cultura de la energía en la que el ahorro energético y el consumo responsable sean la piedra angular.

Ahora nos acordamos de la emergencia climática por las sucesivas olas de calor y por sus devastadoras consecuencias en pérdidas de vidas y en catástrofes naturales. Solo mencionar que en septiembre de 2019 se votó su declaración en el Congreso y que no es suficiente con recordar cual es nuestra situación, sino que necesitamos pasar a la acción y poner medidas para combatirla y fijar presupuestos y objetivos acordes con la magnitud del problema.

Es una realidad que debemos dejar de consumir gas, tanto si viene de Rusia, por gaseoducto, como si viene de Estados Unidos, procedente del fracking., Pero este desacoplamiento del gas debe ser planificado y programado desde la racionalidad de los procesos y no desde la falta de sensibilidad de los gobernantes. Obviamente, pensar que en seis meses se puede sustituir el gas, salvo con un corte de suministro, con criterios no dramáticos es estar fuera del día a día, como desgraciadamente está demostrando la Comisión Europea.

Si la recuperación económica tras la pandemia se hubiera cimentado en las propuestas de la Fundación Renovables de hace más de cuatro años, no solo se hubiera conseguido ese 15% de reducción, sino que la factura energética de los hogares y de la industria sería mucho más reducida.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La Comisión Europea deja en ridículo a Europa

Con el arsenal de instrumentos y medidas de eficiencia energética que la UE ha desplegado en las directivas de renovables, edificios, mercado interior de la electricidad y en la recomendación sobre la aplicación del principio de “primero, la eficiencia energética”, todo lo que se le ocurre a la Comisión Europea es regular los termostatos, un ahorro voluntario y uniforme del 15% del consumo de gas y relajar el control de las emisiones para volver al carbón, al petróleo y a más gas.

Lejos de proteger a los consumidores, la presidenta de la Comisión, Ursula von der leyen, ha decidido proteger a los ávidos “frugales”, alemanes y neerlandeses, defensores de la dependencia de los combustibles fósiles y de su referencia en el precio de la electricidad, cuando lo que debería hacer es exigir a los gobiernos europeos el cumplimiento más riguroso de las directivas vigentes que establecen las políticas correctas de eficiencia energética para afrontar la crisis de suministro de gas ruso.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó en febrero que la mejor forma que Europa tiene de afrontar la crisis de suministro para el invierno es un plan serio de eficiencia energética y ponía como ejemplo la rehabilitación energética de los edificios más antiguos de Europa para ahorrar la energía equivalente al gas que transporta el gasoducto Nord Stream I. Pero ni la rehabilitación ni la generación distribuida ni la fotovoltaica en los tejados está en la brújula de Bruselas.

La Comisión Europea vuelve a cumplir el “diktat” alemán, como hiciera en 2015 con el austericidio impuesto a los países del sur, para que todos paguen la nefasta política energética de Angela Merkel y su enorme dependencia del gas ruso. Con la ambigüedad de la Comisión y la caída del gobierno italiano de Mario Draghi, Putin sigue ahondando la debilidad de Europa.

La Unión Europea lanza un mensaje contradictorio y desmoralizador

Mientras la Unión Europea trate esta crisis del gas únicamente como una crisis de suministro y no como una crisis de modelo energético basado en la dependencia de las importaciones energéticas y en la falta de una política energética común, la insignificancia geopolítica de Europa irá en aumento por la poca credibilidad de sus propuestas energéticas y climáticas.

Hace un año que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Ribera, reclamó a Bruselas la modificación del mercado mayorista. El Consejo Europeo de marzo aprobó el tope al gas para España y Portugal y pidió a la Comisión un informe sobre la reforma del “pool” para desconectar el gas de los precios de la electricidad. Nada se sabe hasta hoy. Por el contrario, el gobierno de Reino Unido acaba de iniciar la reforma del mercado eléctrico para abaratar la luz y avanzar en un sistema eléctrico más limpio aprovechando los precios más bajos de las renovables, la participación en el mercado de las tecnologías flexibles sin emisiones y copiar el éxito de la “excepción ibérica” desvinculando el precio del gas de la electricidad.

Es desmoralizador pensar que una reforma parecida tardará años en acordarse en la Unión Europea por la resistencia de los monopolios eléctricos y los reguladores, pero aún peor es ver cómo en plena crisis energética, el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión para etiquetar el gas y la nuclear como energías verdes. El eje franco-alemán ha sometido a los consumidores a pagar el error de Alemania por su imprudente dependencia energética de Rusia y la quiebra de la industria nuclear de Francia por los defectos de fabricación en sus reactores. La consecuencia es terrible: encarecimiento de los precios del gas y de la luz, una grave crisis económica por la inflación, un castigo injusto a los consumidores, aumento de emisiones, freno a la lucha contra el cambio climático y una fiebre especulativa en nuevas infraestructuras gasistas con fondos europeos que acabarán como activos varados que también pagarán los consumidores.

Frente al enorme potencial de ahorro energético de Europa, superior al 50% del consumo actual, sorprende que la Comisión Europea no sepa distinguir entre ahorro y eficiencia energética. Pide a los consumidores un sacrificio de ahorro de gas, pero no propone un modelo para producir y consumir utilizando menos energía, más limpia y barata. El arsenal de medidas de eficiencia energética de las directivas europeas queda relegado ante el retorno del modelo energético convencional, el de los combustibles fósiles.

La paradoja que sitúa a España a la cabeza de Europa

España es el país europeo mejor situado ante la crisis de suministro energético de Rusia. El RDL 13/2012 suspendió las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas por el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de las centrales de gas, regasificadoras y gasoductos por falta de demanda. Hasta 2018 no se levantó la suspensión, pero la paradoja es que España rebajó la dependencia del gas argelino del 60% a casi el 20%, se ha diversificado el suministro y las siete regasificadoras proporcionan la mayor capacidad de almacenamiento de GNL. España hizo lo que ni Alemania ni nadie hizo.

Pero el coste de la sobreinversión hasta 2012 y los déficits del sistema gasista los han pagado en los peajes los consumidores de gas y electricidad. El coste ha sido tan elevado que resulta una imprudencia temeraria repetir el ciclo de más inversión en infraestructuras gasistas, sin conocer la evolución de la demanda, porque cuando entren en funcionamiento ya no serán necesarias, pero los consumidores las tendrán que seguir pagando. Y lo que sería en error aún mayor es recuperar la fantasía de 2015 de convertirnos en un “hub” de gas para Europa porque originaría nuevos déficits estructurales como los de 2012.

La alternativa es aprovechar la seguridad de suministro para invertir en tecnologías limpias y avanzar en la autosuficiencia de los centros de consumo, principalmente edificios y transporte, impulsando la gestión de la demanda y la generación distribuida.

Reducir la demanda energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones solo es posible integrando los recursos energéticos distribuidos en el mercado eléctrico para aumentar la capacidad de energía flexible desde el lado de la demanda y convertir la eficiencia energética en una fuente de energía que participe en el sistema eléctrico en igualdad de condiciones. En esto ha de consistir la reforma del mercado eléctrico, pensando antes en el derecho a elegir de los consumidores que en la rentabilidad de los activos energéticos.

Se trata de dar a los recursos energéticos distribuidos más importancia que a la energía centralizada por su mayor sostenibilidad, eficiencia, menores costes e inversiones. Se trata de impulsar la transformación del consumidor pasivo en consumidor activo. Se trata de alcanzar una regulación que realmente proteja a los consumidores.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

España necesita una nueva Ley de Autoconsumo

Sí, ya sé que la que tenemos es muy joven. Que la anterior, llamada “Impuesto al Sol” era mucho peor. Pero la actual norma ha heredado los valores microeconómicos de la anterior: Se fomenta el autoconsumo siempre que coincida la generación con el consumo, tanto en el sitio como en el momento que se genera. Y no estamos para seguir respetando esas reglas de juego a unas empresas que fuerzan las reglas de juego para multiplicar sus beneficios en estos momentos de precios desquiciados del gas, de la hidroelectricidad en el sistema marginalista de fijación de precios.

La prioridad ahora debería ser llenar los tejados de España de paneles fotovoltaicos que generen toda la electricidad que sea posible.

La Ley actual está bien pero, básicamente, solo para primeras viviendas. Hay millones de segundas viviendas o casas de campo que ni se plantean poner placas, pues no resulta rentable, aunque la vivienda se use 30-40 fines de semana y 30-40 días en verano. Pues estaría aprovechando una fracción de lo generado unos 120 días y vertiendo a la red lo generado los 250 días restantes (así como lo generado a horas sin consumo los 120 días anteriores). El exceso de consumo se paga a precio caro y el exceso de generación se vende a precio muy barato. No funciona.

Entiendo y comparto la explicación de tal mecanismo, de generar in situ y consumir según se genera, para justificar todos los beneficios de estas instalaciones. En su momento.

Pero ahora, la prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones. Sencillo: El que quiera poner placas en una segunda vivienda, en un polígono industrial, local comercial, casa de campo, donde que sea, que las ponga. Y que pueda asociar a la electricidad que genera en esas instalaciones (donde puede ponen paneles), la electricidad que consume en otras (donde tiene el consumo).

Veamos un ejemplo: Una persona pone 5 kWp en una casa de campo. Con unas 1.800 horas de sol al año, generaría unos 9.000 kWh. Si en esa localidad pasa 120 días y consume 10 kWh diarios, consumiría 1.200 kWh. Si carga allí su vehículo eléctrico 40 veces al año, en un Schucko de 3 kW, durante 12 horas, otros 1.500 kWh. Le quedaría un excedente de unos 6.300 kWh. Que debería poder gastar en su vivienda habitual, donde pasa 245 días, unos 3.000 kWh y carga su vehículo eléctrico, unas 50 veces al año, a 5,5 kW, durante 10 horas otros 3.000 kWh anuales.

La prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones.

Esto no debería ser gratis para estos ciudadanos. Para empezar, deberían invertir en la instalación fotovoltaica. Deberían mantener los contratos con la empresa comercializadora. Pagar los tramos de potencia contratada, un canon por los vertidos a la red y otro por los consumos de la red.

Hace años hubo sistemas parecidos en Massachussets, California y otros lugares: muchos inversores no tenían tejados y muchos con tejados no tenían dinero: Se las ingeniaron para que los primeros invirtieran el los tejados de los segundos y compartieran la electricidad generada… Debe hacerse de manera que no haya subsidio para los usuarios y que compensen, de alguna manera a las comercializadoras. Pero los beneficios para la sociedad podrían ser importantes, pues, posiblemente, habría cientos de miles de voluntarios dispuestos a invertir.  Un cálculo sencillo, aproximado, podría ser el siguiente:

Número de instalaciones = 1 millón
Potencia media = 5 kWp
Potencia total = 5 GWp (Alemania tiene el triple de FV en techo)
Inversión aproximada = 10.000 Millones €

Si se hace en 3 años a razón de 3.300 M€ anuales, si suponemos que el 50% del coste es mano de obra, necesitaríamos unos 80.000 empleos de montaje, que podrían llegar a ser permanentes si el programa se mantiene durante varios años.

Sí, ya sé que esto es el cuento de la lechera. Pero 5 GW de fotovoltaica de techo distribuida nos hubieran salvado de la mitad de esta crisis de precios (la mitad de las horas no hubiera hecho falta la entrada de gas). Facilitará la electrificación de la calefacción por bomba de calor en todas esas viviendas, que hoy queman gasoil o gas natural (ruso) y la penetración de los vehículos eléctricos, que consumirán electricidad solar en lugar del triple de energía fósil en forma de hidrocarburos importados del Golfo Pérsico. Y generando casi 100.000 empleos de calidad permanentes.

Por supuesto, las actuales instalaciones, si lo desean, podrían acogerse a esta nueva legislación: Que generen cuando haya sol y consuman cuando tengan que consumir. Los excesos de generación se vierten a la red y los excesos de consumo, se toman de la red. Una especie de balance neto, pagando un canon por los vertidos y otro por los consumos.

¿Quién pierde y se opondrá? El oligopolio eléctrico. Bueno, pues busquemos la forma de compensarles parcialmente. Pero no parece buen momento para que se quejen.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Un cuento de trenes, sostenibilidad y objetivos europeos

Los niveles de CO2 en la atmósfera y la temperatura media global no dejan de aumentar: la contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) causada por las actividades humanas atrapó un 49% más de calor en la atmósfera en 2021 que en 1990. A pesar de las buenas palabras y discursos, está claro que lo que nos hace falta son actos. Unos actos valientes, ambiciosos y decididos hacia un escenario en el que no tengamos que vivir episodios cada vez más extremos de sequías e incendios, como el reciente de Sierra Bermeja, o de asfixiantes olas de calor, como la que acabamos de padecer en la Península en una temporada inusual, y por la que la ONU ha advertido que se han superado en algunos territorios más de 10ºC la temperatura media para esta época. Ya estamos viviendo el cambio climático y son malas noticias, porque solo acaba de empezar.

Entre una de sus causas se encuentra el sector del transporte, responsable de un cuarto de las emisiones de GEI en Europa. Dentro del sector, casi el 90% de estas emisiones pertenecen al transporte por carretera. Si de verdad pretendemos disminuir un 90% nuestras emisiones para 2050 con respecto a 1990, este sector puede ser tanto un enorme aliado para lograr los objetivos europeos, como una fuente inagotable de gases contaminantes. Y en este punto, el transporte por ferrocarril en Europa puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos.

España cuenta con más de 15.000 km de vías férreas, con un 64,2% de la red ferroviaria electrificada, según el último informe del observatorio del Ferrocarril en España. Si nos fijamos en la densidad ferroviaria (longitud de la red/superficie del país), España tiene 32 metros de vía/km2, estando por detrás de la media europea (51,81 m/km2) y muy por detrás de otros países con los que, por sus dimensiones físicas y económicas, podríamos compararlo, como son Alemania (93,5 m/km2) o Italia (57,3 m/km2). Teniendo en cuenta que perseguimos tener un sistema eléctrico 100% renovable, las locomotoras que utilicen esas vías podrían transportar tanto pasajeros como mercancías sin emisiones asociadas. Con los objetivos que tenemos planteados en las diferentes hojas de ruta y el auge que está teniendo la generación de energías renovables en nuestro país, parece una inversión segura electrificar y aumentar la red ferroviaria y favorecer el transporte en ferrocarril, en detrimento de otros sectores como el de carretera.

Según el último informe anual del sector ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cuota modal del ferrocarril de mercancías volvió a bajar del 4,0% al 3,6% T.km netos en 2020, indicador que lleva más de 5 años bajando. Esto es debido, entre otras razones, a que comparte vías con los trenes de pasajeros (y estos gozan de prioridad); a que el sector industrial está menos desarrollado en España que en otros países del entorno y es un sector que genera una gran demanda de transporte o a la falta de estructura por donde poder circular, lo que dificulta, en muchos casos, ofrecer servicios a destino final sin la participación de otro sector.

El Plan Mercancías 30, con su versión definitiva recientemente publicada, pretende inyectar más de 8.000 M€ al sector del transporte de mercancías por ferrocarril, buscando llegar al 10% de la cuota para 2030. En las alegaciones que presentamos desde la Fundación Renovables a la Ley de Movilidad Sostenible, proponíamos que el plan estratégico del ferrocarril contemplase una completa electrificación de la red ferroviaria española para 2025 y alcanzar, al menos, un 20% del transporte de mercancías por ferrocarril. Sería un buen punto de partida para electrificar el transporte de mercancías, pero hay claroscuros en la propuesta de Ley que deben ser analizados para comprobar si todo el plan está enfocado en la sostenibilidad o se sigue optando por la dependencia de los combustibles fósiles.

Son grandes aciertos fomentar la intermodalidad en el sector del transporte de mercancías con los puertos y con terminales que permitan el traspaso de mercancías de unos actores a otros o las mejoras en las infraestructuras. Pero, lo cortés no quita lo valiente: incentivar la compra de locomotoras que funcionen con GNL o con GNC es un grave error si queremos llegar a una descarbonización completa del sector. Las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente y Economía del Parlamento Europeo han rechazado, hace unas semanas, considerar el gas como energía sostenible, dejándolo fuera de la taxonomía verde que promueve las inversiones sostenibles. En España deberíamos tener el mismo criterio. Fomentar el uso de hidrógeno como combustible para las locomotoras también es otro error: Estaríamos utilizando hidrógeno producido con electricidad para, posteriormente, producir electricidad con ese hidrógeno. Un acto completamente ineficiente. Esta apuesta solo tendría sentido si la red no estuviera electrificada.

Con una electrificación del 100% de las vías y una generación de esa electricidad con fuentes 100% renovables conseguiríamos reducir notablemente las emisiones de GEI, ser mucho más eficientes en el consumo de energía y tener un sector de transporte de mercancías independiente del mercado energético exterior.  

Tener la capacidad de transportar las mercancías en nuestro país sin depender de los aumentos de los costes derivados de situaciones geopolíticas o de fluctuaciones del mercado es algo que se debería tener muy en cuenta, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino, incluso, desde el de la seguridad nacional. Durante la peor época de la COVID-19 estuvo garantizada la disponibilidad de materias primas para nuestra industria o de alimentos gracias a la resiliencia del sector, que supo reaccionar y funcionó perfectamente. El sector del transporte de mercancías ya ha demostrado que, ante una crisis, es capaz de actuar y lograr encauzar los intereses de todos los ciudadanos. Lo que falta ahora es que le demos las herramientas para que nos ayude a luchar contra otra crisis, con peores consecuencias que la que acabamos de pasar, la emergencia climática.

Para que esto ocurra, además de poner a disposición del sector esos 8.000 M€, es necesario también que la administración disponga de los medios humanos y técnicos para poder asegurar que todas las ayudas llegan y que son bien utilizadas para los fines últimos del Plan Mercancías 30.

El futuro del transporte será 100% eléctrico, con el ferrocarril como eje vertebrador de la movilidad sostenible, tanto para mercancías como para pasajeros, y como herramienta para lograr los objetivos de descarbonización europeos.

Por Juan Fernando Martín– Técnico de proyectos de la Fundación Renovables

La transición energética, tan próxima y tan lejana

La dependencia europea de los combustibles fósiles está en el origen de la invasión de Ucrania por Rusia. Los europeos estamos pagando un precio elevado por los errores de la política energética de Alemania y la ambigüedad de las instituciones europeas que defienden una regulación diseñada para un modelo energético dominado por la energía fósil. En un momento en el que el planeta supera el récord histórico de concentración de emisiones, la exigencia de anteponer el principio de neutralidad climática al de neutralidad tecnológica es hoy mayor que nunca.

La transición energética se cuestiona en 2022

La agresión rusa ha devuelto al gas, al petróleo y al carbón un protagonismo que parecía perdido para siempre. Suben los precios, crecen la demanda, las importaciones, el valor en bolsa, los beneficios y dividendos de los combustibles fósiles a costa de una guerra injusta, la devastación de Ucrania, crímenes de guerra y millones de personas en riesgo de pobreza por la inflación y la crisis alimentaria.

Los que ganan con la guerra de Putin y su amenaza al resto de Europa han aprovechado la oportunidad para cuestionar la transición energética. El consejero delegado de REPSOL, Josu Jon Imaz, y su presidente, Antonio Brufau, advirtieron ante su junta general sobre las negativas consecuencias de la transición energética y de la normativa europea que limita el uso de los hidrocarburos y criticaron las energías renovables por “arbitrarias, que no responden al impulso humano”. El sector gasista vuelve a reclamar, sin estudios de demanda, nuevos gasoductos que conecten España con Francia e Italia, ocultando que deberán pagarlos los consumidores de gas por ser infraestructuras básicas. Hasta el gobernador del Banco de España ha alertado del daño que provocará la transición verde a las rentas bajas.

Acelerar la transición energética como consecuencia de la invasión de Ucrania lo consideran un “salto en el vacío”, una fantasía que solo servirá para transferir rentas de los pobres a los ricos. ¿Y no es eso lo que ocurre con el actual diseño del mercado? Detrás de los discursos que cuestionan la transición energética se oculta la oposición a que se modifique la conformación de precios de la electricidad en el mercado mayorista.

El gobierno de España pidió la modificación del “pool” y el Consejo Europeo de marzo acordó que la Comisión Europea estudiaría la desconexión del mercado eléctrico de los precios del gas y los beneficios extraordinarios de las eléctricas. El mercado mayorista funciona como un mecanismo de extracción de rentas en el que participan bancos, eléctricas y petroleras que especulan con un bien básico y universal para optimizar sus beneficios.

Una definición de la transición energética

Es muy importante saber lo que queremos decir cuando hablamos del concepto de transición referido a la energía. Es difícil encontrar una definición en las normas europeas y nacionales; sin embargo, la Ley 16/2017, del cambio climático, aprobada por el Parlamento de Cataluña, es pionera porque en su artículo 2 la define como la transición hacia una sociedad con consumo nulo de combustibles fósiles, descarbonizada y desnuclearizada, y un sistema energético descentralizado con energías 100% renovables, fundamentalmente de proximidad. El artículo 19 desarrolla este modelo de proximidad como de generación distribuida. Primero se define el modelo energético y, en segundo lugar, el mix energético. La neutralidad climática se antepone así a la neutralidad tecnológica.

Por el contrario, la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Congreso de los diputados, establece los objetivos sin definir el concepto de transición ni el modelo energético con el que se pretende avanzar en la descarbonización. Todo se deriva a futuros desarrollos normativos, dejando en el aire desde el cumplimiento del Acuerdo de París hasta la trasposición de las directivas europeas. La ley da amplio margen a una ambigüedad que retrasa el desarrollo de las energías limpias y permite alargar el uso de los combustibles fósiles sin reconocer los derechos de los consumidores activos.

Instrumentos regulatorios para un modelo de generación distribuida

La generación distribuida convierte cada centro de consumo en un centro de generación, capaz de ajustar la oferta y demanda de energía en tiempo real. El centro de un modelo energético distribuido lo ocupa el consumidor activo que genera, almacena, agrega, consume y vende su propia energía renovable en contraposición a la integración vertical de muy pocas empresas que controlan el modelo centralizado.

El desarrollo del modelo de generación distribuida se establece en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética desde el lado de la demanda:

-Reglamento (UE) 2018/1999 y Recomendación (UE) 2021/1749, que establecen el principio de “primero, la eficiencia energética”. Obliga a contemplar alternativas de eficiencia energética antes de autorizar nuevas instalaciones de generación. La energía más importante es la que no se produce porque no es necesario utilizarla.

-Directiva (UE) 2018/2001, de renovables, que regula los derechos de los autoconsumidores y las comunidades de energías renovables, el apoyo a la microgeneración renovable y a los pequeños actores para que participen en los mercados energéticos y la creación de entornos favorables al autoconsumo y las comunidades de energías renovables.

-Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética de edificios, que desarrolla el “edificio de consumo de energía casi nulo” como el edificio de muy alta eficiencia con autoconsumo, energías renovables en calefacción y refrigeración, microrredes, recarga de vehículos eléctricos y aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda.

-Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de electricidad, que desarrolla los instrumentos de eficiencia energética, como el cliente activo, las comunidades ciudadanas de energía, la agregación y agregadores de la demanda, el almacenamiento, los contadores inteligentes, los precios dinámicos, el vehículo eléctrico conectado a la red o las redes de distribución cerradas.

Los recursos desde el lado de la demanda han de formar parte de la “planificación integrada de los recursos energéticos” y su evaluación ha de ser anterior a los objetivos de oferta de generación, para que las inversiones sean coherentes con la evolución de la demanda.

Los recursos energéticos distribuidos (DER) permiten resolver el conflicto entre energía y territorio, asociado a las instalaciones energéticas a gran escala, y proteger a los consumidores de los elevados precios de la energía y de la inflación, asociada a la generación centralizada y la especulación de los mercados energéticos por la falta de competencia.

El retraso en el desarrollo de los instrumentos regulatorios de eficiencia energética que establecen las directivas europeas perjudica a la economía, por los elevados costes de la energía, y a los consumidores, por las barreras para acceder a los derechos que les otorgan como consumidores y clientes activos.

Los recientes expedientes abiertos por la Comisión Europea a España por incumplimiento de las directivas de eficiencia energética de edificios y del mercado interior de la electricidad y proyectos de ley tan decepcionantes, como el de calidad de la arquitectura o de movilidad sostenible, marcan la distancia entre los compromisos climáticos y la voluntad de avanzar en la transición energética.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España