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A vueltas entre los necesarios avances regulatorios para la transición energética y la incertidumbre que genera la falta de un consenso político

En estos momentos de incertidumbre política ante el anuncio de convocar las terceras elecciones generales en poco más de tres años, nos encontramos, en el ámbito energético, en uno de los momentos de mayor interés e ilusionantes de las últimas décadas.

Para esta misma semana se ha anunciado la presentación del Plan de Energía y Clima y también está en fase avanzada de tramitación el Real Decreto de autoconsumo, elemento esencial para garantizar el cambio del modelo energético y la participación activa de los ciudadanos; el acierto en su desarrollo será la base para dar la entrada a nuevas operativas en el mercado. Adicionalmente también estaba previsto tramitar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y  la  Estrategia Nacional de Transición Justa que no podrán ver la luz en lo que queda de legislatura.

Coincidiendo con toda esta actividad  acabamos de conocer  que en 2018 las fuentes renovables alcanzaron a cubrir el 40% de la producción eléctrica peninsular, cifra que contrasta fuertemente con lo que sucede en los sistemas no peninsulares donde la cobertura eléctrica con renovables oscila entre el 5% y  10% para Baleares y Canarias respectivamente, y no por falta de recursos precisamente, a pesar de tener los costes de generación más altos a nivel nacional, lo que requiere de un  análisis  más detallado en un próximo artículo.

Hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico

Volviendo a la demanda peninsular, la potencia  fotovoltaica  instalada prácticamente se ha duplicado respecto al año anterior, representando las instalaciones de autoconsumo energético el 90% de la nueva potencia instalada (236MW), a estos datos suministrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sin duda han contribuido además de la eliminación del impuesto al sol, la reducción de costes de producción en un 80% en los últimos 10 años.

Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de disponer lo antes posible del decreto de autoconsumo para clarificar, ordenar e incorporar los importantes avances que contempla tanto en tramitación de solicitudes, como en el  desarrollo del autoconsumo colectivo o la facturación neta que permitirá a los autoconsumidores compensar la energía vertida a la red contra la energía consumida de la misma en términos económicos en períodos mensuales. En conjunto, aunque tiene elementos de mejora, no deja de ser una propuesta muy positiva, necesaria y urgente de implantar.

Y es en este contexto en el que lejos de pretender establecer una dicotomía entre la derecha y la izquierda en lo que a política de energías renovables se refiere (no hay que olvidar que la regulación que consolidó el despegue de las  renovables en nuestro país -RD 2818/1998- fue promulgado por un gobierno del Partido Popular); sin embargo, si hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico.

Por eso, es especialmente relevante hacer, una vez más, un llamamiento a la responsabilidad política para que se asuma el necesario consenso para seguir avanzando en esta transición energética que ya cada vez afecta más a los consumidores y a la sociedad en su conjunto.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Somos la civilización de la electricidad ¿Por qué nos cuesta tanto entender su potencial transformador? ( parte 1)

El invento de la electricidad masiva y en red, hace apenas 140 años, ha marcado la evolución de nuestra civilización. Desde su invención hemos transformado radicalmente las ciudades. ¿Alguien se imagina como sería la ciudad de Nueva York si los ascensores eléctricos no hubieran irrumpido en nuestra sociedad? Sí, esa tecnología ha hecho posible que se desarrollen ciudades compactas en las que el transporte masivo y eléctrico, el metro, permiten la movilidad de miles de personas sin que sus calles queden literalmente bloqueadas y asfixiadas por los coches térmicos.

Edison construyó las primeras centrales de generación eléctrica en Pearl Street en Manhattan (Nueva York) y en Holborn (Londres) en 1881. Al año siguiente empezaba el negocio de venta de electricidad y en menos de un año los industriales más innovadores instalaron los primeros motores eléctricos que sustituirían a las máquinas de vapor que quemaban carbón en el centro de las ciudades, asfixiando con sus humos de combustión a sus poblaciones crecientes de ciudadanos que se desplazaban desde el campo en busca de trabajo.

Pero, 10 años después menos del 5% de las industrias habían implementado la electricidad en sus procesos de fabricación y seguían instaladas en la era del vapor. La mayoría cuando renovaban equipos lo hacían de nuevo con motores de vapor.

El tema es que esos industriales innovadores no apreciaron ninguna mejora en la competitividad de su industria. La electricidad parecía tener poca relación en la mejora de la productividad. Y es que, esos pocos “early adopters” que implementaron algún motor eléctrico a la vez que empezaban a comprar energía “limpia y moderna” desde alguna central eléctrica próxima, continuaban manteniendo la estructura de fábrica industrial centralizada alrededor del eje de transmisión de la máquina de vapor, una máquina permanentemente en funcionamiento y sobre la que se planteaba todo el proceso manufacturero.

El problema es que la tecnología había cambiado pero la forma de pensar no. Los motores eléctricos hacían exactamente los mismos procesos que los de vapor, por tanto, eran perfectamente sustituibles, pero hacían muchas otras cosas que esos industriales eran incapaces de entender y, por tanto, de aprovechar.

Instalados en nuestra cultura industrial del siglo XIX, nos costó 30 años entender que no necesitábamos una gran máquina que girase para hacer llegar la energía, solo necesitábamos cables.

Las fábricas ganaron espacio y los procesos fabriles dejaron atrás la logística del eje de transmisión para abrirse camino en la línea de producción. Henry Ford lo entendió a la perfección, de algo le debían servir los años de trabajo en la compañía de Thomas Edison, y allí empezó su aventura cuando lanzó la primera línea de montaje para su fábrica de Highland Park en Detroit. Consiguió reducir el tiempo de montaje del Ford T de 12 horas a tan solo 93 minutos; o sea, que multiplicó por 10 la producción en un día. No pasó mucho tiempo para que consiguiera fabricar 1.000 coches al día. En el año 1903 la V avenida de Nueva York estaba congestionada por carruajes de caballos. En 1913 la congestión era de vehículos térmicos. Cuentan que la mayor parte de preguntas que la gente hacia a Henry Ford estaban relacionadas con la alimentación de esos caballos tan potentes que él comercializaba. De hecho, no se estaban refiriendo a las gasolineras puesto que no sabían ni que existían.

Definimos un modelo de mercado al que cualquier tecnología que aparezca tendrá que someterse, porque esa es nuestra cultura, la que parece que todo es para siempre, olvidándonos de que la única constante humana es que todo cambia.

Pero, volvamos a la electricidad. Siempre ha tenido un tendón de Aquiles. La electricidad es una mercancía peculiar. El sistema eléctrico debe estar en permanente equilibrio, es decir,  que cuando se produce también se tiene que consumir. Un “just in time” que debe funcionar a la perfección. Bajo ese principio físico se ha construido todo un sistema de centrales de generación térmica que, según determinados avisos del gestor del sistema van ajustando su producción a lo que los consumidores necesitamos en cada momento. Además, no estamos dispuestos a que esos ascensores de los que hablábamos al principio del artículo nos dejen suspendidos en el aire si no hay electricidad para todos en momentos de elevada demanda. Ello nos ha obligado a disponer de un sistema redundante en el que algunas centrales funcionan muy pocas horas al año. Y claro, sus costes deben ser cubiertos y es aquí cuando entramos en esas extrañas fórmulas de precios variables y con pagos de capacidad a grandes oligopolios que nadie entiende con lo que, su opacidad puede ser de nivel inimaginable si los organismos reguladores están capturados y los políticos se preocupan poco por saber y entender sobre el tema. El exministro Soria reconoció que el redactado de los decretos y leyes venía “hecho” por las mismas empresas eléctricas.

Pues bien, este es el mundo de la electricidad que tiene su origen en los combustibles fósiles que, si alguna cosa buena tiene, es que las tecnologías y recursos energéticos a quemar son flexibles. Es decir, con un sistema de gestión ideado en el siglo XX se da respuesta a ese “just in time”, aunque sea una repuesta bastante cara y oscura. Tema aparte merece la energía nuclear, muy poco flexible, y que por tanto está en el sistema siempre de base. Y con todo ello, definimos un modelo de mercado al que cualquier tecnología que aparezca tendrá que someterse, porque esa es nuestra cultura, la que parece que todo es para siempre, olvidándonos de que la única constante humana es que todo cambia.

Esas nuevas tecnologías, a las que voy a referirme como el primer gran cambio del siglo XXI, ya están en el mercado y a partir de 2020 en España la energía eólica va a superar “para siempre” a la energía nuclear, que hoy presenta un mayor volumen de energía en el sistema eléctrico español, y eso que para esa fecha no vamos a cerrar ninguna central nuclear, a no ser, claro, que tengamos algún accidente catastrófico por el camino. Y la solar acelera a nivel mundial y España está en el foco de atención de sus inversores. Para 2030 está previsto que la energía solar y la eólica en España supongan más del 50% de la energía eléctrica que consumimos. Pues bien, eso tiene algo de malo. La energía solar y la eólica son variables e intermitentes con lo que esa bondad de flexibilidad que se atribuía a los combustibles fósiles se volatiliza literalmente y me parece que a pocos les va a gustar quedarse colgados en el ascensor. Los gurús del siglo XX dicen que la solución va a ser el gas natural. No desesperemos, a lo mejor es que tampoco lo hemos entendido todavía.

La civilización de la electricidad se acelera. Hoy apenas supone el 25% de la energía que consumimos, pero la descarbonización de la economía hace imprescindible su incremento a porcentajes cercanos al 70%.

El segundo gran cambio del siglo XXI también está entre nosotros, pero como ya viene siendo costumbre, tampoco lo entendemos. El vehículo eléctrico.

Una tecnología nueva (si pensamos en los que utilizan batería ion litio), con poca oferta en el mercado, pero creciendo y con menos del 1% de la renovación del parque en España. Una tecnología más cara “casi” con las mismas prestaciones que su equivalente térmico, pero con una energía más limpia. La mayor parte de consumidores y políticos no le ve una mejora competitiva. El precio más elevado de adquisición y la posible destrucción de empleo en refinerías y plantas de automoción hace que pocos se esfuercen en pensar cómo introducirlo (a lo mejor se esfuerzan por todo lo contrario). La mayoría piensan que la solución es una buena red de recarga rápida en calles y carreteras equivalente a las gasolineras. Algunos fabricantes europeos, líderes en motor diésel, hablan de que hay que implementar una red de carga super rápida de potencia superior a 400 KW para cargar en menos de 5 minutos en la carretera. Sin ella, el coche eléctrico no tiene futuro.

Es fácil establecer un paralelismo de las primeras etapas de implementación del motor eléctrico versus la línea de transmisión de vapor; el coche eléctrico versus el coche térmico o las energías renovables intermitentes y los combustibles fósiles flexibles. La tecnología ha cambiado pero la forma de pensar, NO.

Lo voy a dejar aquí para que nos rompamos la cabeza pensando que más pueden hacer esos coches eléctricos y esas energías renovables. En el siguiente blog os voy a contar cual es mi visión. Doy por supuesto que lo de la mejora de la calidad del aire, la reducción de los costes sanitarios y dejar de incrementar los Gases de Efecto Invernadero ya lo tenemos internalizado con lo que no voy a ir por ahí, aunque tengamoslo claro, la salud es el motor del cambio (siempre lo ha sido) y la supervivencia de la especie humana, ni os lo cuento.

Por cierto, estaría bien que en momentos de cambio (¡¡¡y lo estamos!!!) las políticas industriales apostasen por abrir la mente a eso que aún no entendemos y que va a suponer la diferencia entre los que van a ganar la siguiente revolución industrial y los que sencillamente van a quedarse en la era de los combustibles fósiles y el uranio una generación más como mínimo. Eso sí, una generación contenta de ser conectada y digital pero posiblemente sin empleo.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Acelerar el cierre nuclear

A raíz del anuncio realizado por el Gobierno de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llevará a Bruselas pospone la fecha de cierre de las centrales nucleares de forma progresiva hasta 2035, Greenpeace y la Fundación Renovables hemos elaborado un documento que analiza la situación actual y que hemos querido compartir con alrededor de una veintena de expertos y agentes sociales en un coloquio que celebramos ayer en Madrid para compensar la ausencia de debate social en un tema tan relevante para la sociedad y las generaciones venideras como éste.

La salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035 supone alargar la vida de estas instalaciones más allá de los 40 años. La propuesta de la Fundación Renovables es el cierre programado de todas las centrales nucleares antes del año 2024, sin extensión de su vida útil, es decir, sin que se renueven sus licencias de explotación: junio de 2020 para Almaraz I y II; julio de 2020 para Vandellós II; marzo de 2021 para Cofrentes; octubre de 2021 para Ascó I y Ascó II y, por último, noviembre de 2024 para Trillo. Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre consideramos que éste debe producirse en el momento que finalice cada licencia de operación actual.

Y tenemos razones para proponerlo. La primera, porque es posible hacerlo. La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida para esa fecha por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas, es decir, con la ejecución este año de las renovables subastadas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables, queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

Es decir, que en nuestras propuestas no está el cerrar o prohibir algo que no tenga alternativas, los número demuestran que las renovables están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual según vayan caducando las licencias de operación de las centrales en funcionamiento, tal y como han refrendado en el coloquio de ayer tanto José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

En segundo lugar, el hecho de que resulten deficitarias según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar artificialmente su vida, puesto que pone en tela de juicio las inversiones que deban ser acometidas para garantizar la rentabilidad de las mismas. Esto  supone, de facto, como ya se ha solicitado, la reducción de las tasas para el tratamiento de residuos, tasas que en la actualidad son insuficientes para poder garantizar el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las propias centrales una vez hayan acabado sus periodos de operación. Además, las centrales nucleares, en un malentendido estatus de carga base –la gestionabilidad del sistema fue soportada principalmente en 2018 por la hidráulica-, disfrutan de un régimen favorable de funcionamiento porque no asumen todos sus costes, lo que las coloca en ventaja respecto a otras fuentes con las que deberían competir.

Nuestra propuesta, recogida en el informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente

En tercer lugar, no hay que olvidar los riesgos que implica la radiactividad, que se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.

La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente. Por otra parte, consideramos que el hecho de que no se hayan recaudado los fondos suficientes para el desmantelamiento -entre otras vías, mediante tasas que se aplican a las centrales nucleares- no puede ser la razón para mantenerlas en funcionamiento porque, además, es consecuencia de una mala gestión pública y política, lo que no quita que se les exija una mayor responsabilidad de manera que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.

Nuestra propuesta, recogida en el informe Hacia una Transición Energética Sostenible es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta el 100% de renovables. Es factible y obviamente sostenible. Con estas y otras medidas proponemos para 2030 una reducción de emisiones del 51% respecto a 1990 y del 59% respecto a 2015, con una reducción de la demanda de energía final del 25% con respecto a 2015, una electrificación del 50% de la demanda final de energía (el doble que hoy) y una penetración en el sistema eléctrico de las renovables del 80% y de un 50% en la cobertura de la demanda final de energía.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

Disrupciones Tecnológicas, VTC y Coche Eléctrico

Está circulando un WhatsApp que voy a reproducir y editar. Que cada cual lo interprete a su gusto.

“Canon y Nikon empiezan movilizaciones en las principales ciudades. Sus reivindicaciones básicas:

(1) Que solo uno de cada 30 móviles tenga cámara de fotos.

(2) Que entre foto y foto tengan que pasar más de 15 minutos.

(3) Que los megapíxeles de las cámaras de los móviles no puedan superar los de las cámaras de usar y tirar.

(4) Y que para ver las fotos del móvil haya que ir a un laboratorio a descargarlas. Están dispuestos a romper los móviles con cámara que vean por la calle, agredir a sus dueños y ejercer todo tipo de violencia para que la sociedad comprenda la lógica de sus reivindicaciones”.

Ahora, la variante automotriz/petrolera:

“Las patronales del automóvil y del petróleo empiezan movilizaciones en las principales ciudades y Bruselas. Sus reivindicaciones básicas:

(1) Que se siga subvencionando la fiscalidad del gasoil, del gas y de la gasolina.

(2) Que no se instalen puntos de recarga en autopistas ni en sus gasolineras.

(3) Que se exija cambiar los transformadores en las viviendas donde algún vecino quiera poner un punto de carga vinculado a su contador.

 

(4) Que se siga subvencionando la compra de vehículos a combustibles alternativos, aunque emitan CO2, NOx y Partículas.

(5) Que no se internalice el coste de la contaminación que producen, ni los daños a la salud, ni los daños al clima.

(6) Y que no se invierta en la mejora y abaratamiento de las baterías.

Están dispuestos a romper los coches eléctricos que vean por la calle, aparcar en sus puntos de recarga y ejercer todo tipo de presión para que la sociedad comprenda que esto del cambio climático es una quimera, que la contaminación en las ciudades no procede del tráfico rodado, que más gente muere por malnutrición y que esto del coche eléctrico es cosa de ricos”.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Ocho pruebas de que la transición energética mundial va más rápido de lo que piensas

Las noticias sobre cómo avanza el cambio climático, la contaminación o la degradación ambiental son tan continuas como demoledoras. Constantemente nos aplastan con informaciones que muestran las consecuencias de la desastrosa gestión del entorno que nos rodea. Son tantas evidencias, que podemos caer fácilmente en el desánimo y creer que esto ya no tiene arreglo.

Pero no es así. Las soluciones están en marcha, y avanzan cada vez más rápido, aunque difícilmente captan la atención de los medios de comunicación o de las redes sociales. Tan solo mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos. Hay tantos casos que no es fácil seleccionar, pero sin duda estos ocho ejemplos, de todas las partes del mundo, están entre los más llamativos.

En África, el presidente de Kenia se ha comprometido a completar la transición del país a 100% renovable para 2020. Kenia es uno de los líderes mundiales en energía geotérmica y está invirtiendo en todas las demás renovables.

En Oriente Medio, Arabia Saudita ha firmado con Softbank la financiación del mayor paquete de proyectos solares del mundo: 200 GW, de los que los primeros 7,2 GW van a comenzar a funcionar este año y el resto se irán poniendo en marcha hasta 2030. Israel, por su parte, estará libre de carbón y de motores de combustión interna para 2030.

En Oceanía, los hogares y negocios australianos están instalando energía solar en sus tejados batiendo récords: se instalan 6 paneles solares cada minuto, más de dos millones de hogares ya disponen de energía solar, y en los estados de Queensland, Australia del Sur y Australia Occidental la penetración ya supera el 30%. Mientras, el gobierno de su vecino Nueva Zelanda anunció que no dará más permisos para exploración de petróleo o gas en sus aguas territoriales.

En Asia, las renovables crearon 47.000 nuevos empleos en la India en 2017, alcanzando los 432.000 puestos de trabajo. Vietnam ha anunciado planes para más que triplicar la electricidad que produce con renovables y aumentar en un 26% el uso de energía solar en los hogares para 2030. Las compañías japonesas Fujitsu y Marui Group se han comprometido a suministrarse con energía 100% renovable. Sumitomo Mitsui Trust Bank se ha convertido en el primer banco japonés que restringe la financiación de proyectos de carbón, tanto dentro como fuera de su país.

Mirando el último año, encontramos innumerables ejemplos de cómo la transición energética está triunfando o logrando avances históricos

En América, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se ha comprometido a prohibir los combustibles fósiles y a ser el primer país del mundo en descarbonizarse completamente. El año pasado, Costa Rica ha estado 300 días (201 seguidos) usando solo energía renovable para su suministro eléctrico, batiendo su propio récord del año anterior. En EEUU, a pesar de Trump, California ha establecido por ley que el 100% de su electricidad sea renovable para 2045. Y además, el gobernador del estado, Jerry Brown, ha firmado una orden ejecutiva para que California alcance la neutralidad de carbono ese mismo año.

En Europa, el dinero huye del carbón. La mayor compañía de seguros de Europa, Allianz, se ha comprometido a dejar de asegurar empresas vinculadas al carbón. La tercera aseguradora del mundo, Generali, deja de asegurar nuevas térmicas de carbón y minas. La segunda mayor compañía de reaseguros del mundo, Swiss Re, ha dejado de asegurar centrales térmicas, minas y empresas expuestas al carbón en más del 30%. El mayor banco de Alemania, Deutsche Bank, dejará de financiar proyectos de carbón, lo mismo que el mayor banco de Dinamarca, Danske Bank, que ha decidido dejar de invertir también en las contaminantes arenas bituminosas. Y no solo el sector financiero privado: Irlanda se ha convertido en el primer país en desinvertir completamente en combustibles fósiles.

Todas las instalaciones de Apple (fábricas, tiendas y centros de datos) se suministran con energía 100% renovable. Facebook se ha comprometido a ser 100% renovable para 2020. Sony se ha comprometido a cubrir todas sus necesidades energéticas con renovables para 2040 (partiendo de solo un 7%) Samsung se ha comprometido a suministrar con energía 100% renovable todas sus operaciones en Europa, EEUU y China para 2020. Y su compromiso lo han seguido otras 11 grandes corporaciones coreanas.

Y también aquí en España hemos visto cómo se ha acordado el fin de la minería del carbón, las compañías eléctricas planean cerrar 9 de las 15 térmicas de carbón del país, y hemos logrado fulminar por ley el infame “impuesto al sol”. En ese contexto, las energías renovables vuelven a renacer, con multitud de proyectos, y la cuota de electricidad renovable ha subido al 40% (en 2017 fue del 33%).

Así que no hay que cambiar de planeta ni esperar un milagro, lo que hay que hacer es acelerar la transición energética y ecológica, que ya está en marcha, para que llegue a ser más rápida que el cambio climático y la destrucción ambiental. Con los datos en la mano, hay razones para la esperanza.

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

En el Plan MOVEA sobra el gas

Mal empezamos si el Plan se llama de Movilidad con “Energías Alternativas”… ¿Qué sentido tiene subvencionar unas tecnologías tres veces menos eficientes, casi igual de contaminantes y que deberán desaparecer en un par de décadas?

El Estado español debe concentrar todas las ayudas para fomentar la movilidad sostenible en las tecnologías que ya son de emisiones cero en uso y que serán de emisiones cero en ciclo de vida al finalizar la transición energética: vehículos eléctricos. Además, esta tecnología ya es tres veces más eficiente, con lo que ello implicará en el balance energético nacional. Y, además, toda la electricidad que consuma será de origen nacional, con un ahorro milmillonario en la balanza comercial y la posible creación de medio millón de empleos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sigue la estela del anterior ministro: que nada cambie. Parece que se comunica poco con el Ministerio para la Transición Ecológica. Este ha propuesto un borrador de Ley de CCyTE que implica la desaparición de los combustibles fósiles en el transporte en el horizonte de 2040 (matriculaciones) y 2050 (circulación). Y el Mincotur propone un Plan MOVEA 2019 que sigue subvencionando las “energías alternativas”: el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, con la pretensión de que son “menos contaminantes” que el gasóleo o la gasolina y que “la industria española del automóvil es muy importante y hay que proteger los empleos”. Como si la fabricación de vehículos a gas fuera algo más que testimonial de la industria…

El Mincotur propone un Plan MOVEA 2019 que sigue subvencionando las “energías alternativas”: el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, con la pretensión de que son “menos contaminantes” que el gasóleo o la gasolina

Al menos, han tenido el detalle de dejar opinar a la ciudadanía sobre el particular en esta consulta pública sobre el MOVEA 2019. Esperemos que no sea otra medida cosmética más.

Estas son mis 10 Razones

1.- Los vehículos propulsados por gases fósiles (GLP, GNC y GNL) emiten casi la misma contaminación que los nuevos modelos diésel o gasolina Euro6 (ver Gas fósil en transporte). No debe subvencionarse una tecnología casi igual de contaminante. Hacerlo sería un derroche de recursos públicos escasos, que tendrá tres efectos indeseables para la transición a una movilidad realmente sostenible:

  • Retrasará la penetración de la movilidad de emisiones CERO.
  • Fomentará la penetración de unas tecnologías que emiten casi el mismo CO2e, NOx y partículas.
  • Incentivará inversiones millonarias tanto de fabricantes de vehículos como de infraestructuras gasistas (red de gasineras), hoy casi inexistentes, lo que prolongará la existencia de unas tecnologías que deberán quedar abandonadas antes de acabar su vida útil.

2.- Vehículos eléctricos. Las emisiones en el tubo de escape de la movilidad eléctrica son CERO. Sus emisiones totales (del pozo a la rueda) son inferiores al 40%, considerando el mix español de electricidad. Además, el objetivo es que lleguen a emitir CERO en todo su ciclo de vida, cuando se cumplan los objetivos de la UE y del Gobierno de tener electricidad 100% sin emisiones, hacia 2050.

3.- Fabricación de automóviles. Si los vehículos viejos son más contaminantes, que se renueven por nuevos, de gasolina, gasóleo, GLP, GNC o GNL, Euro6 y posteriores. Pero sin subvenciones. La industria española del automóvil es muy importante y, si quiere seguir siéndolo, que haga lo imposible por fabricar modelos eléctricos y ser parte del futuro. Si se van a perder empleos en la fabricación de componentes innecesarios (tubos de escape, radiadores, cajas de cambios, etc. etc.)  deberán reinventarse y fabricar componentes necesarios en la movilidad del futuro, sobre todo, baterías. Y en la construcción, mantenimiento, operación y desmantelamiento de las infraestructuras de carga y de generación de electricidad sin emisiones. Analistas, multilaterales, bancos de inversiones y universidades de todo el mundo afirman que la creación de empleo en una economía descarbonizada será varias veces superior a la destrucción de empleo en las industrias fósiles. Apostemos por esos empleos. No apostemos por seguir fabricando tubos de escape.

4.- Eficiencia energética. El rendimiento de los vehículos eléctricos se acerca al 90%, mientras que con motor térmico no se llega al 30%. Si se desea fomentar la movilidad sostenible y llegar a una flota de más de 30 millones (los registrados en la DGT ya superan los 33M), esa flota deberá ser de rendimiento próximo al 90%. Subvencionar vehículos con rendimiento inferior al 30% es un derroche de recursos difícil de explicar.

5.- Coherencia interministerial. El Ministerio para la Transición Ecológica hizo público un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que proponía la transición hacia una economía descarbonizada. Las medidas relativas a movilidad incluían la prohibición de matricular, a partir de 2040, vehículos que emitan gases de efecto invernadero. Y prohibir su circulación a partir de 2050. En este contexto, no tiene sentido dedicar recursos públicos y fomentar el desarrollo de unas tecnologías con fecha de caducidad.

6.- Balanza comercial y factura energética. Hacia 2050 y una vez realizada la Transición, la generación de electricidad será próxima al 100% renovable. Quizá con algún respaldo nuclear o de gas. En tal escenario, España habrá sustituido las actuales importaciones de hidrocarburos del orden de 30.000 M€ anuales por una electricidad generada localmente, a base de eólica, solar, hidroeléctrica, bioenergías, etc., así como diferentes medidas de digitalización, gestión de la demanda, conexiones, almacenamiento (bombeo, baterías, otros). A coste marginal CERO.

7.- Creación de empleo. Todas las infraestructuras citadas, así como las necesarias para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, red de recarga pública y privada, su mantenimiento y operación, su desmantelamiento y sustitución supondrá la generación de cientos de miles de nuevos empleos.

8.- PIB. Todos esos nuevos empleos ocurrirán por la sustitución del gasto en hidrocarburos, con un impacto más que positivo en el PIB nacional, por menores importaciones y mayor renta disponible para el consumo en España, no en Arabia Saudita.

9.- Industrialización. Y en casi todas esas tecnologías, las empresas españolas son punteras en el mundo. Se pueden recuperar empleos industriales de calidad en unas décadas de pérdida de empleo por digitalización y automatización. La mayor parte de estos empleos no son deslocalizables.

10.- Fiscalidad ambiental. España no solo debe terminar con las subvenciones a los hidrocarburos, debe gravar todos los combustibles fósiles en proporción a sus emisiones reales totales del pozo a la rueda. Con datos de la OCU (noviembre 2018), en España, los impuestos a los carburantes eran: 45,70 céntimos/litro a la gasolina, 33,10 cént./l al gasóleo, 3 cént./l al LPG y 6 cént./kg al GNC. Recalculados por kilogramo (más parecido a su poder contaminante que por litro), quedaría: 67 cént./kg la gasolina, 40 cént./kg el gasóleo y 6 cént./kg GLP/GNC. No tiene ningún sentido que combustibles con poder contaminante y climático similar tengan semejantes ventajas fiscales. Debe armonizarse esta fiscalidad en proporción al poder contaminante total de cada hidrocarburo en 5-10 años.

España necesita plantearse la renovación de casi 30 millones de vehículos a motor como una herramienta más para llegar a un futuro eficiente, sin emisiones, sin importaciones de hidrocarburos, con generación de empleo industrial, en una economía sostenible.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: una necesidad perentoria

El reciente informe especial sobre 1, 5º C del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es demoledor: o actuamos para hacer frente al cambio climático o el futuro de la humanidad es poco halagüeño. Algunos científicos advierten que siguiendo la senda actual nos adentraremos en un estado que denominan “the Hothouse Earth”.

Para hacer frente a este enorme reto al que nos enfrentamos necesitamos una acción colectiva de la sociedad que requiere cambios de conducta, innovación tecnológica y una nueva gobernanza, entre otros. El Acuerdo de París es el inicio de esta nueva gobernanza, pero debe ser aplicado en el plano nacional. Hasta el momento, en nuestro país, no contamos con un marco normativo que permita impulsar esa acción colectiva por parte de la sociedad española. A ello responde el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética[1] (LCCTE). Así, dicho Anteproyecto introduce medidas que supondrán cambios significativos para nuestro modelo económico, cambios que son necesarios y urgentes y facilitarán una transición justa para toda la ciudadanía.

Esfera de cristal

Es importante señalar que se trata de un texto de una Ley Marco pues muchos de los cambios que impulsará deberán ser desarrollados posteriormente[2]. De ahí, que muchas respuestas no se pueden encontrar directamente en esta Ley.

Los propósitos de la Ley son cuatro:

  1. Poner en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética.
  2. Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales para asegurar su coherencia.
  3. Garantizar la cohesión social y territorial promoviendo una transición justa y solidaria.
  4. Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana.

El Título I introduce el objeto de la Ley, en el que echamos en falta una mención específica a contribuir a la protección del sistema climático, junto con los principios rectores en los que deberían incluirse también el principio de precaución y el principio de no regresión, fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Echamos en falta una mención específica a contribuir a la protección del sistema climático, junto con los principios rectores en los que deberían incluirse también el principio de precaución y el principio de no regresión, fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Los objetivos nacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030 están en línea con lo acordado en la Unión Europea[3]. Asimismo, el objetivo de reducción de emisiones de GEI para el año 2050 incluido en la proposición es de al menos un 90%, siendo 1990 el año base. Mientras, la Comisión Europea aboga por alcanzar una neutralidad climática en el año 2050.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), exigido por el Reglamento de Gobernanza de la UE[4] es uno de los pilares fundamentales para lograr esos objetivos. El borrador de PNIEC está en proceso de elaboración.

La Ley prevé la adopción de medidas dirigidas a impulsar las energías renovables. Promueve una transición energética empezando por no permitir, desde su entrada en vigor, la concesión de autorizaciones de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, así como la fractura hidráulica, además de establecer 2040 como fecha de caducidad de las autorizaciones vigentes. Al mismo tiempo, prohíbe el establecimiento de nuevos subsidios a los combustibles fósiles, previendo la elaboración de un informe sobre el régimen fiscal de los combustibles fósiles en un año desde su entrada en vigor. Junto con el sector energético, también establece objetivos y medidas para lograr una movilidad sostenible como la prohibición a partir de 2040 de matricular y vender turismos y vehículos comerciales ligeros que emitan CO2 y el impulso de la rehabilitación de edificios existentes con una meta de 100.000 viviendas de media anual entre 2021 y 2030.

Incluye instrumentos para la adaptación al cambio climático, además de la adopción de objetivos y algunas medidas para impulsar el cambio en otros sectores como el financiero o incluso dentro de la propia Administración General del Estado y prevé la elaboración de los denominados contratos de transición justa que realmente serán convenios de transición justa. En materia de gobernanza, establece la creación de un Comité de Cambio Climático y Transición Energética y la aprobación de planes autonómicos locales de energía y clima.

La LCCTE impulsará los cambios necesarios para descarbonizar nuestra economía. Se trata de  un primer paso para poner a nuestro país en la senda correcta. Sin embargo, al tratarse de una Ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte sin dilación

La LCCTE impulsará los cambios necesarios para descarbonizar nuestra economía. Se trata de  un primer paso para poner a nuestro país en la senda correcta. Sin embargo, al tratarse de una Ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte sin dilación respetando los plazos previstos y, en aquellos casos en que no se establecen plazos, habrá que evitar retrasos innecesarios. No nos dejemos engañar, la lucha contra el cambio climático no es una cuestión política y menos aún ideológica. Estamos en un momento crucial, por lo que es urgente que no se demore la tramitación de la Ley. La sociedad en su conjunto está obligada a actuar pues la aprobación de leyes, reglamentos y estrategias no resultará eficaz si no nos involucramos todos en la batalla contra el cambio climático. Se trata de una responsabilidad compartida.

[1] Este análisis se basa en la versión de 14 de noviembre de 2018.

[2] Por ejemplo: Estrategia de Bajas Emisiones (Art. 4.6), los Informe sobre el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles (Art. 12.1), Informes sobre evolución de riesgos climáticos (Art. 19) o  Estrategia de Transición Justa quinquenal (Art. 25.1)

[3] Al menos 20% de reducción de GEI del total de la economía española, siendo 1990 el año base, 35% de cuota de renovables y un sistema eléctrico con al menos 70% de generación a partir de renovables, 35% en mejora de eficiencia energética.

[4] Ver: http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/Analisis_PNIEC.pdf  y http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/PP_PNIEC.pdf

Por Ana Barreira– Directora del IIDMA

La buena energía

Final de año, ¡qué necesidad!

Sé que es una ficción, en realidad el día uno de enero es solo unas horas más que el treinta y uno de diciembre, pero de verdad que necesitamos convencernos a nosotros mismos de que algo nuevo acaba de empezar, en otro caso, no podemos sobrevivir.

Es un hastío enorme ver las noticias de cada día y sentir la frustración de que nadie parece capaz de conciliar en lo que estamos de acuerdo y relajar en lo que no estamos. Cataluña, conflicto político, corrupción, paro, machismo… y en vez de empujar… todos a “dar por culo”. Y en la energía, una milonga más en la que enredar hasta el infinito.

¿Por qué tanto desgaste una y otra vez en medios y redes sociales con cosas en las que realmente no hay controversia? Parece como si la única manera de obtener notoriedad de algunos periodistas y por supuesto, de los “opinadores” de Twitter fuese ser capaz de dar el mensaje más ofensivo posible contra otro que haya dicho algo (ocurrente o no) y la multitud de likes complacientes que ha obtenido con su miseria.

Necesitamos realmente que acabe el año. Necesitamos que empiece un nuevo ciclo en el que, si cabe alguna vez, miremos todos en la misma dirección. La “buena energía” es la que nos une, no la que nos separa.

Hoy no voy a defender aquí si las renovables van a cambiar el mundo o si el cambio climático es una ola que nos pasará por encima ¡Si es que en realidad ya sabemos todos que es así! Hoy escribo para reflexionar sobre la forma de manejar nuestro actuar con los demás. ¿A dónde demonios vamos?  Es cierto que la Navidad me hace aflorar sentimientos pasteloides pero decidme la verdad, ¿qué sentido tiene que cada vez que interactuamos en la red nos envenenemos en una dirección u otra? Imaginémonos que eso mismo nos pasa cuando paseamos por la plaza de nuestra ciudad. Es un disparate.

Soy consciente que la gente no va a cambiar por leerme hoy aquí, pero por lo menos, a todos aquellos que escribimos sobre energía y sostenibilidad, converjamos en que no hay que insultarse para compartir nuestras opiniones, no mofarse de otro porque no piense como tú, ni pensar que eres un anarquista bolivariano por entender que las cosas de la energía tienen que ser diferentes.

Troles del mundo, daros un respiro que es Navidad.

Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER

Transición energética justa (II)

Petróleo y movilidad eléctrica. El fracaso y la esperanza de la Cumbre climática de Katowice

El debate público de la transición energética y el cambio climático hasta hace poco se orientaba casi exclusivamente a la generación eléctrica con carbón y a su sustitución por energías renovables. De los combustibles fósiles se hablaba en genérico de tal forma que el sector de la automoción, alimentado en un 98% con derivados del petróleo, parecía ajeno al debate, como mínimo a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, gobiernos y empresas de los sectores afectados. Otro tanto se podría decir del sector del refino de petróleo.

La realidad nos cayó encima cuando, a mi parecer muy acertadamente, la ministra de Transición Ecológica puso encima de la mesa la prohibición de venta de vehículos con emisiones directas de CO2 a partir de 2040. Por tanto, asumiendo que se cumplen las leyes físicas de la termodinámica y los principios de la estequiometria para combustiones en motores térmicos en presencia de un combustible con carbono en su composición química, eso dejará fuera de mercado a todos los vehículos que funcionen, total o parcialmente, con algún combustible fósil.  Es importante insistir en este punto, por la inmensa cantidad de desinformación que se ha lanzado, y que se lanzará, desde el sector petrolero y, en menor medida, desde el automovilístico, en nombre del concepto de “neutralidad tecnológica”.

La “Alianza del Mal”, como algunos la han llamado metafóricamente, constituida por EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait, ha bloqueado el reconocimiento del informe del IPPC, por cierto, encargado por los propios países firmantes del Acuerdo de París. No debemos olvidar qué tienen en común estos cuatro países: son grandes productores de petróleo.

La reciente presentación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPPC, reclamando la necesidad de esfuerzos más contundentes que los presentados por los países en la Cumbre Climática de París en 2015 para evitar la catástrofe ecológica no es en absoluto casual.  No se nos debería pasar por alto cuál ha sido el verdadero fracaso de la COP24 celebrada en Katowice. La “Alianza del Mal”, como algunos la han llamado metafóricamente, constituida por EEUU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait, ha bloqueado el reconocimiento del informe del IPPC, por cierto, encargado por los propios países firmantes del Acuerdo de París. No debemos olvidar qué tienen en común estos cuatro países: son grandes productores de petróleo.

Y es que la transición energética es indisociable de la transición de una movilidad basada en la importación de petróleo hacia otra basada en energía limpia producida a nivel nacional. Es importante resaltar el enorme peso del transporte por carretera en las importaciones de este combustible fósil. En España, el 60% de las importaciones de este combustible son quemadas en nuestras calles y carreteras.

Anticipándose al fracaso de la COP24, el Reino Unido, en colaboración con la presidencia polaca, presentó la declaración “Driving Change Together” en la que la electromovilidad se erige como medida esencial y estructural para la descarbonización de la economía, la mejora de la calidad del aire de las ciudades, la innovación industrial y la reducción de costes en importaciones de petróleo. La Fundación Renovables ha decidido solicitar su adhesión a la plataforma de estados, regiones, ciudades, empresas y ONG que le dan su apoyo.

En el momento de redactar este artículo y a menos de una semana de finalizar la COP24, terminaban las negociaciones del Clean Mobility Package entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo con el acuerdo de reducción de emisiones del 37,5% para coches nuevos en 2030. De hecho, en septiembre de 2017 el Comisario Europeo de Energía y Clima, Miguel Ángel Cañete, presentaba la propuesta de Directiva como “el inicio de la revolución industrial” y eso que la ambición de reducción no iba más allá del 30% por aquel entonces.

A fecha de hoy, y aunque a regañadientes, la mayor parte de los fabricantes de vehículos europeos hacen promesas de electrificación en la senda necesaria para futuros modelos, sobre todo a partir de 2025. A su favor hay que reconocer que la mayoría han asumido su falta de previsión a la hora de lanzar una oferta antes y por delante de una liga global en la que la Unión Europea va muy retrasada y en la que parece que empiezan a tener claro que no les van a esperar.

Pero esa realidad “ institucional” va a necesitar de una hoja de ruta que permita conectar esos objetivos a 2030 y a 2040 con nuestra situación actual, en la que la práctica totalidad del parque circulante es diésel y gasolina y las renovaciones a eléctrico no superan el 1%; las bonificaciones al diésel, tanto en el impuesto de hidrocarburos como en el de matriculación se mantienen vigentes 10 años después de las primeras infracciones comunitarias por la mala calidad del aire; el incremento de desplazamientos diarios continúa a la alza, con más de 3,3 viajes diarios por persona; la ocupación de los vehículos apenas se ha movido del 1,2 (o sea, de cada cinco coches solo uno lleva a dos personas y los otros 4 transportan solamente a su conductor) y la oferta de transporte público, aunque relativamente buena en las grandes ciudades, dista mucho de dar respuesta a las zonas metropolitanas, periurbanas y rurales. Y todo ello sin olvidar el incremento del precio de la vivienda en las ciudades, que expulsa de ellas a las clases más populares forzándolas a incrementar su dependencia del vehículo privado.

Así las cosas, ¿es consciente la sociedad y la clase política de lo que realmente significa la lucha por el cambio climático?  No podemos pasar por alto el motivo que ha encendido la chispa del movimiento francés “Gilets Jaunes o chalecos amarillos”: la inclusión de fiscalidad ambiental en la venta de carburantes de automoción. Sin ninguna duda, se trata de la “gota que colma el vaso” de una situación completamente injusta que sufren las clases más populares de la sociedad francesa y que poco tiene que ver con la transición energética. Una fiscalidad ambiental que va a revertir en menos del 15% de su recaudación en el acompañamiento social necesario para una transición justa. Una fiscalidad en su conjunto muy poco equitativa y con falta de visión global que se añade a la supresión del impuesto del patrimonio a las clases más bien estantes.

La transición de la movilidad con combustibles fósiles a la electromovilidad con energías renovables de producción nacional va a suponer que sectores como el del refino de petróleo y fabricantes de vehículos térmicos estén sometidos a fuertes cambios que pueden ser dolorosos y posiblemente injustos sino se afrontan con el tiempo y las medidas necesarias de trasformación.

Hasta la fecha no me consta que ningún líder político haya perdido las elecciones por no garantizar la calidad del aire que respiran sus posibles votantes. Pero, no está nada claro que revalide el gobierno si se incrementan los impuestos a los combustibles y actividades contaminantes a la par que se instala la incertidumbre y el miedo a la pérdida de empleo.

Disponemos de ejemplos no muy lejanos que podrían ayudar a una transición justa al inevitable y necesario cambio de modelo energético. Actuar desde el incentivo fiscal. Veinte años atrás, el interés político para incrementar la utilización del diésel se materializó en políticas fiscales de bonificación (en lugar de penalización a la gasolina) y en una rebaja sustancial al impuesto de matriculación, hasta el punto de que hoy 3 de cada 4 vehículos nuevos diésel no tributan este impuesto. Esos incentivos fiscales animaron a la innovación industrial y a la reconversión “rápida” del parque de vehículos. En menos de 15 años pasaron de una cuota muy baja a ser el 70% del parque renovado sin olvidar el fuerte empuje innovador y de progreso a la industria española de la automoción que hoy se sitúa en la segunda más importante de Europa y en la novena del mundo en motores térmicos, principalmente diésel.

Es evidente que el rendimiento social que pueda tener esa política fiscal de bonificación se debe reajustar para no afectar a otras políticas públicas y es aquí donde adquiere todo su sentido la necesidad de encontrar otras cargas que ayuden al reequilibrio social y no a todo lo contrario.

La calidad de oferta del transporte público en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como la casi permanente boina de contaminación en la que se encuentran, permite plantear una figura fiscal por toxicidad

La calidad de oferta del transporte público en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, así como la casi permanente boina de contaminación en la que se encuentran, permite plantear una figura fiscal por toxicidad, como ya sucede en la ciudad de Londres, “T-charge o Toxicity Charge”, que a su vez contribuiría a garantizar la financiación de su mejora continua, así como a afrontar una política ambiciosa en aparcamientos de enlace, carriles bici y servicios de bicicleta compartida.

Desde el sector de la automoción se pide una transición energética pausada y, por supuesto, veintidós años deberían ser más que suficientes, pero el tiempo apremia, hay mucho por hacer y aunque vamos bastante tarde salimos con ventaja: una industria de la automoción potente y preparada y con un recurso energético nacional extraordinario para alimentar a esos vehículos, la energía solar.

Si entendemos el reto y lo asumimos con liderazgo político y máxima ambición estaremos en disposición de ahorrar 50.000 millones de euros anuales en importaciones de petróleo y de trabajar para la innovación industrial en el sector de la automoción, de las redes inteligentes y de la infraestructura de recarga. Todo ello nos va a permitir desarrollar nuevos modelos de negocio ligados a la gestión de la demanda y a introducir la flexibilidad necesaria para la gestión de las energías renovables, ayudando a eliminar esos costes de capacidad del carbón y el gas natural a los que me refería en el anterior artículo del blog en materia de transición energética justa. La creación de muchos empleos de futuro y de economía verde están en juego y el riesgo de no participar de ese cambio puede convertirse en el mayor peligro para la sociedad del siglo XXI.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

Transición energética justa ¿un nuevo eslogan político? (I)

Pocos medios de comunicación, por no decir ninguno, abren portadas con las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana en la ciudad polaca de Katowice. Qué lejos queda aquella ilusión, y no menos ambición, del Acuerdo de París de 2015.

De lo que tengo pocas dudas es de que la Cumbre Climática estaría en primera página si Polonia, anfitrión de la Conferencia de las Partes de 2018 (COP24), dejase sin luz a la ciudad de Katowice durante más de 48 horas. Los conferenciantes, asistentes y negociadores de más de 200 países de “la COP a oscuras” saldrían en todas las portadas y el primer ministro polaco se podría olvidar de toda felicitación por los avances conseguidos, si es que hay alguno.

Y es que, en pleno siglo XXI, con una sociedad cada vez más dependiente de la electricidad y los carburantes, no garantizar la seguridad energética te puede costar no revalidar el gobierno en las siguientes elecciones.

Garantizar el suministro energético por parte de los representantes políticos, al coste que sea necesario, es uno de los temas que se encuentran “ocultos” tras la Cumbre Climática de Katowice, ciudad situada en la región de Silesia, la comarca minera más importante de Europa y la segunda región con más desempleo de Polonia. Con más de 80.000 mineros, Katowice alberga la central de carbón más grande de Europa.

No superar el incremento global de temperatura media de 2ºC comprometido en el Acuerdo de París, requiere afrontar la descarbonización absoluta de un modelo energético fósil y contaminante. Y eso no es una utopía. Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Pero los flujos energéticos renovables en su mayoría son intermitentes, no siempre hace sol ni sopla el viento. Para garantizar la viabilidad de tecnologías de respaldo para esas situaciones, desde la década pasada los países europeos incorporaron en el recibo de la luz lo que se llama “mecanismos de capacidad”. Se trata de unos pagos, subsidios, subvenciones (que escoja el lector la palabra que quiera) que los consumidores pagamos mediante un gravamen impuesto en el recibo de la luz para garantizar el suministro, o sea, la seguridad ante posibles cortes de luz por intermitencia de las renovables pero también, y muy especialmente, para hacer frente a las puntas de consumo.

Las centrales que se llevan la cantidad más grande de “esos pagos” son las de gas y las de carbón. Bajo el concepto de “seguridad” muchos países instrumentalizan una política de subvención pública a los combustibles fósiles. Un apunte: España se lleva la palma en este tema. La falta de transparencia para identificar cuál es la capacidad necesaria que necesitamos para esa seguridad nos ha puesto los primeros de la lista europea en subvenciones que reciben las centrales más contaminantes. Y no hablamos de calderilla sino de 800 millones de euros anuales, una cifra mucho más alta que la que se calcula necesaria para hacer frente a la pobreza energética y que ha supuesto la abertura de un expediente informativo por parte de la UE al Reino de España por considerar que esconden ayudas de Estado a combustibles fósiles.

Estos pagos o subvenciones a los combustibles fósiles, instrumentados en el recibo de la luz que pagamos todos, no han supuesto ninguna portada en medios de comunicación ni tampoco ninguna protesta social, pero algunos europarlamentarios han querido dotarles de transparencia y limitarlos a unos valores razonables y acotados en el tiempo, que puedan ser auditados y, además, que ninguna central con emisiones de CO2 superiores a 550 g/Kwh pueda beneficiarse de ellos. Ese valor de emisiones implica, de facto, el cierre de las plantas de carbón por inviabilidad económica y, en consecuencia, el desempleo de la actividad minera asociada.

Esa es la gran discusión que afronta la UE de manera simultánea a la celebración de la Cumbre Climática y que está frenando la aprobación de la Directiva del diseño del mercado eléctrico y, por tanto, bloqueando el Paquete Energía Limpia con el que la UE pretende dar respuesta a los acuerdos de París en el horizonte del 2030.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación. Sobre la mesa hay diversos horizontes: el 2025 que propone la Comisión y el 2035 que propone el país anfitrión de la cumbre. De forma lógica, Polonia, con más del 80% de generación eléctrica procedente del carbón, recurso energético autóctono, presiona para que esa limitación se dilate el máximo en el tiempo.

La justicia climática no se puede desligar de la transición energética y ello, sin ninguna duda, va a suponer que algunos sectores como el del carbón, estén sometidos a medidas nada agradables, dolorosas y posiblemente injustas sino se afrontan con el tiempo y las medidas necesarias. Tiempo que, por cierto, empezó con las directivas europeas de finales de los años 80 que limitaban las emisiones contaminantes de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de las grandes centrales de combustión. Entre otros, se establecían planes de cierre si no se conseguían los niveles de emisión permitidos. Y aquí estamos, 30 años más tarde, viendo como algunos países piden 18 años más de tiempo.

Entre los logros de la Cumbre Climática de Katowice va a destacar la “Declaración de Silesia para una transición justa y solidaria” a la que España seguramente se va a adherir.  Sin duda, la transición energética no se puede desligar de una transición justa tanto desde el ámbito social como económico pero me temo que ello sirva, una vez más, para que las administraciones actuales puedan recoger beneficios políticos inmediatos aparentado ecologismo y sensibilidad social mientras que aplazan de nuevo las medidas a tomar que les puedan suponer un elevado precio político y que dejarán para administraciones futuras.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia