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Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

 Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico en Alianza Mar Blava

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

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Ciudadanos y el autoconsumo: Cuando el veto pesa más que el voto

Por Hugo Morán – Exdiputado

ciudadanos

Veinticuatro vetos (si mi información es correcta) ha registrado hasta la fecha el Gobierno contra otras tantas iniciativas del Congreso en lo que llevamos de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la tónica preponderante en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta que la misma se de por concluida. Es evidente, cada vez más, que es mucho mayor la capacidad del Consejo de Ministros para encorsetar la acción del Parlamento, que la de éste para condicionar las decisiones de aquél.

La variable que se ha producido ahora respecto a otros vetos anteriores que venían siendo reiteradamente rechazados por la mesa de la Cámara Baja, es que en el caso de la Proposición de Ley de Autoconsumo que había sido impulsada por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular y Foro Asturias, ha sido una de las formaciones firmantes -Ciudadanos- la que se ha descolgado sorprendentemente de su compromiso inicial para colocarse del lado del Gobierno.

En ningún momento compartí el optimismo, y en algún caso euforia, de quienes querían leer en la composición del hemiciclo el relato del desmontaje de todo el entramado legislativo construido a golpe de mayoría absoluta por un Gobierno condenado ahora poco menos que al papel de convidado de piedra, a merced de las hostiles conveniencias parlamentarias de la oposición. No cabe en nuestra Constitución la figura del gobierno cameral.

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El gran circo de la inseguridad jurídica

Por Juan Castro – Gil – Abogado

Estand de Anpier en Genera

Estos días se presenta Genera, la Feria española por excelencia de las energías renovables.

Realmente, en los últimos años, siempre he pensado que a los gallardos empresarios que acudían a la feria a mostrar sus empresas, el Gobierno tenía que darles la medalla al mérito en el trabajo, pues sobrevivir en el sector de las renovables en España, tiene un mérito difícil de calibrar. Muestra evidente de lo que ha pasado, es la triste y constante caída de expositores desde el 2010 hasta ahora.

Este año, con el ánimo de escenificar el vodevil que los últimos gobiernos han mantenido alrededor de las energías renovables, ANPIER, la asociación de los pequeños fotovoltaicos, ha llevado un estand circense, bajo el sugerente nombre de “El gran circo de la inseguridad jurídica”. Los 5.000 pequeños productores que forman parte de la asociación, le ofrecen por un momento al visitante, convertirse en ministro de energía, y lanzarle bolas con toda la rabia y desprecio que les quepa entre sus dientes a las pequeñas instalaciones fotovoltaicas en manos de un jubilado, de un funcionario o de una familia de Ciudad Real.

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