Por Hugo Morán – Exdiputado 
Veinticuatro vetos (si mi información es correcta) ha registrado hasta la fecha el Gobierno contra otras tantas iniciativas del Congreso en lo que llevamos de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la tónica preponderante en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta que la misma se de por concluida. Es evidente, cada vez más, que es mucho mayor la capacidad del Consejo de Ministros para encorsetar la acción del Parlamento, que la de éste para condicionar las decisiones de aquél.
La variable que se ha producido ahora respecto a otros vetos anteriores que venían siendo reiteradamente rechazados por la mesa de la Cámara Baja, es que en el caso de la Proposición de Ley de Autoconsumo que había sido impulsada por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular y Foro Asturias, ha sido una de las formaciones firmantes -Ciudadanos- la que se ha descolgado sorprendentemente de su compromiso inicial para colocarse del lado del Gobierno.
En ningún momento compartí el optimismo, y en algún caso euforia, de quienes querían leer en la composición del hemiciclo el relato del desmontaje de todo el entramado legislativo construido a golpe de mayoría absoluta por un Gobierno condenado ahora poco menos que al papel de convidado de piedra, a merced de las hostiles conveniencias parlamentarias de la oposición. No cabe en nuestra Constitución la figura del gobierno cameral.
Pero si ya es de por sí complicado plantearse la hipótesis de un Consejo de Ministros limitado a ejecutar las decisiones emanadas de un Legislativo capaz de sumar mayorías, sería delirante aceptar que quien ha obtenido el respaldo mayoritario de las urnas a su programa acatase con sumisión lanar el papel de simple recadero. Y veamos hasta dónde puede llegar la capacidad del Partido Popular para seguir imponiendo su particular visión de la política energética (por cierto, tan legítima como la de quienes nos ubicamos en sus antípodas):
El Gobierno mantiene intacta su capacidad para vetar aquellas proposiciones de ley que conlleven alteración de los Presupuestos Generales del Estado, y a esta prerrogativa se ha acogido en la práctica totalidad de los vetos planteados hasta ahora, incluido el dirigido contra la Ley de Autoconsumo. Si la mesa de la Cámara rechaza sus vetos, puede reconducirlos al Tribunal Constitucional. En el caso de que sus pretensiones de paralizar la tramitación legislativa no prosperasen, metidos ya en harina parlamentaria, corresponde al Ministerio concernido la competencia de informar sobre los contenidos objeto de regulación. Tras el periplo del texto legislativo por el Congreso, que puede estirarse convenientemente, ha de sucederse igual recorrido por el Senado (conviene no olvidar que el Grupo Popular dispone en la Cámara Alta de una holgadísima mayoría). Del Senado, que podría rechazar cualquier proposición de ley que no contase con el favor del grupo que respalda al Gobierno, habría de retornar en todo caso a la Cámara Baja la cual, entonces sí, podría culminar bastante meses después la tramitación de la norma para su ulterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.
¿Sería posible contar con alguna ley publicada en el BOE en contra del criterio del Gobierno? Pues es probable que sí. ¿Significa esto que se habría alcanzado el objetivo deseado? Convienen que no olviden esta frase atribuida al conde de Romanones (17 veces ministro, 3 veces presidente de gobierno y que fue también presidente del Senado): “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”.
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