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El gran potencial de los recursos naturales que permite democratizar la energía

Pese al bonito escaparate que están pintando las eléctricas tradicionales en la COP25 y en los medios de comunicación a base de talonario, se está pasando de puntillas por un tema clave y que todo el mundo debe tener en mente: el enorme potencial que tiene la energía solar y la eólica, ya sea onshore u offshore. No cabe duda, y se recoge en múltiples informes, que la potencia de generación instalada de dichas energías no ha parado de crecer a nivel global en la última década, contando ya con 1.097 GW de potencia instalada, de los que 505 GW son de fotovoltaica y 592 GW de eólica. Esta tendencia es muy positiva, e incluso aumentarán todavía más (el doble entre 2019 y 2024, unos 1200 GW), pero el ritmo de crecimiento sigue sin ser el adecuado al encontrarnos en estado de emergencia climática.

Los países que se comprometieron a cumplir los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el Acuerdo de París han ido dando palos de ciego. Los objetivos a 2020 no se han cumplido ni se les espera a 2030, con países exiguos de ambición e incluso desaparecidos en la COP que está teniendo lugar en Madrid (China, USA, India, Rusia…).

De hecho, a nivel global las emisiones de CO2 crecieron un 2,1% en 2018 y se espera que este 2019 cierre con un máximo histórico al aumentar, desgraciadamente, un 0,6%. Por este motivo, ya no se trata de transitar, sino de cambiar la “energía” del sistema económico para poder sobrevivir. Para ello necesitamos subvertir el modelo energético de forma drástica y alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050, además de cambiar la forma en la que nos relacionamos con la energía.

No es un secreto que el sector energético se está intentando desvincular de la industria de los combustibles fósiles tanto en la UE como en China. La intención, por grande que sea, no es un reflejo actual de la realidad, la mayoría de los ciudadanos no quieren perder su “estado de bienestar” y las empresas no quieren disminuir la rentabilidad de sus activos de hidrocarburos. Una muestra clara es que la generación de electricidad supuso el pasado año un total del 28% de las emisiones de CO2, suponiendo alrededor de 33,1 Gt de un total de las 55,3 Gt emitidas. El reloj del planeta se está quedando, siendo positivo, sin tiempo.

La inacción ya no es una opción, solo tenemos que aprovechar, más y mejor, los recursos naturales que ya disponemos. Un ejemplo claro es el Sol, el cual emite a la Tierra, en forma de radiación solar, 470 exajulios de energía cada 88 minutos, lo que equivale, nada más y nada menos, al consumo que realiza la humanidad durante un año. En un supuesto de que fuésemos capaces de almacenar la décima parte del 1% de la energía solar que recibimos, obtendríamos seis veces más energía que la que actualmente mueve nuestra economía a nivel global (130.566 TWh). Esta característica de omnipresencia que posee la radiación solar no la tiene en exclusiva, el viento sopla en todas partes aun a pesar de una frecuencia variable.

En este sentido, un estudio de la Universidad de Standford sobre la capacidad eólica global obtuvo como resultado de que, si el 20% de la energía eólica disponible en mundo pudiera almacenarse, se podría multiplicar por siete el consumo eléctrico actual, un dato que no debe caer en el olvido.

Si unimos este hecho a la evidente y enorme potencia de la eólica offshore en la actualidad, la cual podría llegar a generar 420.000 TWh/año a nivel global (18 veces la demanda actual), y al potencial de la energía solar; no existen dudas de cuál es el camino a impulsar si queremos descarbonizar la economía.

Son datos más que evidentes ya que centran los diálogos y los estímulos operativos de cambio dentro de los diferentes sectores sociales, empresariales y políticos. Los Estados que intenten proseguir por la senda del uso de los combustibles fósiles llegarán a un destino, si lo alcanzan, en el que los activos de explotación, transporte y distribución hayan quedado obsoletos y perdido su rentabilidad. Sin embargo, si se toma a tiempo el camino lógico y rentable de potenciar las renovables para descarbonizar la economía en 2050, un Estado puede cumplir los objetivos de reducción de emisiones con un coste marginal de producción energética cercano a cero. A nivel empresarial y estatal, una decisión coherente.

Las compañías eléctricas de “toda la vida”, aun consumiendo gas y carbón, ya lo han asumido, entendido e incorporado a su vorágine de marketing. Por mucho que nos intenten vender su energía “verde”, no es la manera en la que tenemos que mirar al futuro, los grandes causantes del problema no deben ser la solución. No queremos que nos vendan la solución. En la senda de la descarbonización debemos modificar el sistema de gestión para alcanzar el máximo potencial, apoyándonos en el autoconsumo, los sistemas de almacenamiento conjuntamente con las tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

Este desarrollo tecnológico y el gran potencial de las fuentes de energía renovable permitirán una “democratización” del sistema eléctrico mediante una correcta gestión de la demanda, la generación distribuida y la integración del potencial renovable; como proponemos en el último informe de la Fundación Renovables. El consumidor debe dejar de ser un rehén del sistema, actuando ahora como productor, gestor y usuario de energía, considerando a esta como un derecho innato y no como un vector económico. El Sol y el viento nos permitirán alcanzar los objetivos del Acuerdo de París si los estados quieren apretar el acelerador con políticas y compromisos más ambiciosos, pero no a cualquier precio. El sistema energético distribuido de manera horizontal y renovable es el único futuro posible si queremos sobrevivir como especie. Pónganse a trabajar, ya ha comenzado la cuenta atrás.

Ismael Morales – Departamento de Comunicación de Fundación Renovables

Un nuevo contrato social para la democratización de la energía en Terrassa

La ciudad de Terrassa, la tercera con más población de Cataluña, debe asumir un nuevo compromiso cívico y de acción de gobierno. Empezó el año con buen pie mediante una reforma de las ordenanzas fiscales energéticas para impulsar la compra colectiva de más de 100 instalaciones de captadores solares (Impuls Solar Vallès), promovida por Som Energía. Asimismo, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico municipal de la Economía Social y Solidaria.

Se abre ahora (con nuevas legislaciones y renovadas garantías de futuro) una gran ventana de oportunidad para hacer crecer la energía solar (térmica y fotovoltaica), eólica, geotermia, etc. y, de este modo, producir y consumir energía renovable, tanto de forma individual como mancomunada. Esto puede hacerse bien con instalaciones asequibles en las viviendas que dispongan de condiciones para captar energía o bien mediante la participación en una gran diversidad de proyectos de generación de energía renovable de titularidad colectiva y cooperativa que promueven, entre otros, Som Energia, ECOOO oleada solar, o Viure de l’aire del cel. Con todo, es necesario avanzar con mayor decisión. Es imprescindible actuar y hacerlo de manera multidisciplinar.

Tal y como defiende la Fundación Renovables en su último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, se requiere una nueva exigencia (derechos y obligaciones) para cambiar el orden moral del sistema actual, donde se defina el uso social de la energía como un servicio público y como un bien de interés general, cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y compromiso con el medio ambiente.

Ello debe hacerse innovando, de manera disruptiva, desde el Gobierno central, pero también las ciudades deben jugar un rol importante mediante un nuevo sistema descentralizado y multidireccional que haga partícipe a la ciudadanía, tanto para comprar como para generar electricidad.

Hay que poner a trabajar el Observatorio de la Contratación Pública de Terrassa, indispensable para fortalecer la compra y contratación pública responsable. Se deben establecer compromisos inmediatos para desarrollar una apuesta industrial y estratégica para un cambio de modelo a favor de las energías renovables. Se precisa asimismo una pedagogía activa para avanzar en el nuevo contrato social y la nueva cultura de la energía en todas las escuelas. También en el ámbito profesional, en las universidades, institutos, colegios, barrios, comercios y empresas, mediante la implicación de los sindicatos y los distintos sectores profesionales. Promovamos una gran plataforma de experimentación que genere empleo de calidad, impulse nuevas iniciativas empresariales y haga crecer la economía cooperativa, social y solidaria. Se trata de democratizar y transformar las actuales estructuras para que impulsen y aceleren una transición energética, ética y social.

Para ello sería muy oportuna una auténtica Agencia Energética de Terrassa. Así lo hemos planteado al responsable de la nueva concejalía de Economía Social y Solidaria. Le instamos a promover, sin mayor dilación, un Plan de instalación urgente de equipos de generación eléctrica (fotovoltaica, eólica…) en todos los equipamientos, edificios y locales de titularidad pública. El ahorro y el aprovechamiento permite asumir su inversión en un tiempo razonable. Un Plan de aprovechamiento solar de todos los tejados y cubiertas de las naves de los polígonos industriales es también muy necesario, pues se debe facilitar a toda la ciudadanía la contratación de su energía de origen renovable, facilitando la conexión en red de todas las viviendas que tengan posibilidades de producir energía en su tejado o terraza.Ello permite multiplicar exponencialmente el número de tejados solares, la producción energética descentralizada y su conexión en red, ajustando, además, la energía producida con las necesidades ciudadanas a partir de criterios de responsabilidad social para resolver eficientemente y con equidad las situaciones de pobreza energética. De esta manera se procura el acceso universal de la energía con precios justos y garantías de suministro.

La mencionada Agencia Energética debe ser fruto de un esfuerzo mancomunado: Ayuntamiento de Terrassa, redes tecnológicas universitarias y profesionales, empresas y cooperativas productoras y comercializadoras de energía renovable, de la economía social y de la banca y los fondos éticos. Una buena base que permita edificar una sólida estructura energética y permita hacer realidad un nuevo contrato social para la democratización de la energía.

Se trata de establecer una gran alianza social, un pacto de ciudad (más allá de las urgencias, modas y etiquetas electorales) para hacer realidad un compromiso colectivo con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los retos de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará los próximos días en Madrid. Así deberían entenderlo los alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades. Asumamos un rol activo y responsable con su presencia institucional, conscientes de que sus decisiones nos interpelan y comprometen a todos y a todas.  Nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones y no hay margen de error y nuevas oportunidades.

Por Domènec Martinez – Socio de Fundación Renovables y Representante del Grupo Local Som Energia 

El doble fondo de un modelo energético obsoleto

El cambio climático se ha convertido en un hecho más que demostrado. Los múltiples informes del IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y de científicos de todo el mundo se acumulan, uno tras otro, demostrando el camino al que estamos abocados si no se hace nada por evitarlo. España, por su situación geográfica y por su climatología, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Las consecuencias ya se empiezan a materializar y visualizar: los embalses se encuentran en mínimos históricos por el descenso de las precipitaciones, la intensidad y frecuencia de las olas de calor e incendios no dejan de aumentar, las lluvias torrenciales o DANAs que estamos sufriendo este año, etc. Esos daños medioambientales, junto con los graves problemas de dependencia energética que tenemos, llevan asociados grandes problemas económicos que irán a más en los próximos años.

En España, la dependencia energética del exterior no ha descendido del 70% en los últimos años, alcanzando en 2018 alrededor de un 76%. Como es obvio, la mayor parte se debe a la importación de hidrocarburos desde países productores y exportadores. Hay que tener en cuenta que, aunque la energía nuclear se considere autóctona en nuestro país, el uranio se importa del exterior, por lo que la dependencia real asciende a algo más del 80%. Si echamos un vistazo al pasado, la mayor tasa de dependencia energética se alcanzó en los años 2005-2006 y descendió en los años posteriores, durante la crisis económica, debido a un descenso del consumo energético y no por la puesta en marcha de medidas para reducirla. Como consecuencia, una vez pasada la recesión económica, la dependencia energética ha vuelto a ascender a un ritmo acelerado.

En el año 2017 el déficit de la balanza comercial fue de 22.700 millones de euros, de los que el 85% se debió a la compra de combustibles fósiles; en 2018 la cifra ascendió a 33.840 millones y, en este caso, la compra de combustibles fósiles supuso más de 25.000 millones del total, debido a que el precio del petróleo experimentó una subida del 50% respecto a 2017. Esta dependencia ha provocado que nuestra economía sea altamente vulnerable a los movimientos internacionales del precio del petróleo.

La mayoría del consumo de estos combustibles fósiles se concentra en el sector transporte, con un 70%, siendo el sector que más energía consume y alcanzando más del 40% del consumo total. Además, el transporte es el que más contribuye al aumento de la contaminación en las ciudades, dónde se concentran el 75% de las emisiones a nivel nacional. Ante esto, el Ayuntamiento de Madrid redujo, meses atrás, las restricciones de Madrid Central y, en los últimos días, ha comenzado a desmantelar los carriles bici para dejar más espacio a los coches en las calles, tomando justo la dirección contraria que la que están siguiendo todas las grandes ciudades de Europa.

Dejando de lado el transporte, otro de los problemas del modelo energético tradicional basado en combustibles fósiles es que no asume los costes de las externalidades negativas que genera. Una externalidad negativa es la que se produce cuando la acción de un agente financiero, de manera directa o indirecta, acaba afectando económicamente a otro. Un ejemplo de externalidad negativa del uso de combustibles fósiles sería el coste en sanidad. Según la Alianza Europea de Salud Pública, la contaminación atmosférica le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año en sanidad, cantidad que acabamos pagando todos. Es decir, que el coste que la producción de energía con combustibles fósiles tiene para la sociedad (como consumidora) es mayor que el coste que tiene para las empresas productoras.

La ciudadanía paga tanto el coste privado de producción como el coste generado por la contaminación que provocan la combustión de gas, de carbón y de petróleo. Estas externalidades ocasionan ineficiencias y desajustes en el mercado financiero, por lo que debemos exigir, como sociedad, que las empresas que se lucran con la quema de combustibles fósiles internalicen todos los costes derivados.

Solo cabe una solución viable a este cúmulo de problemas: la acción eficaz de un gobierno comprometido con el cambio de modelo energético y políticas fiscales activas. El próximo domingo viviremos unas nuevas elecciones, cuatro en cuatro años, una broma pesada que nos brinda la oportunidad de votar teniendo en cuenta la emergencia climática que vivimos. Si buscamos las propuestas en materia energética de los programas electorales de los principales partidos políticos, observamos que todos ellos tienen alguna mención sobre el cambio de modelo energético. Sin embargo, la mayoría no contienen medidas claras y transversales, con objetivos poco ambiciosos, por lo que parecen más palabras vacías que acciones efectivas. Aún así, la cuestión no es quién hace mejores o peores propuestas en este sentido, ya que todas ellas son insuficientes, sino, precisamente, que la acción energética y medio ambiental no debe depender de un partido u otro.

El cambio hacia un modelo energético limpio, sostenible y justo no es una cuestión ideológica, sino un cambio urgente y necesario que beneficia a toda la ciudadanía y que todos deberían asumir. Por todo ello, es necesario crear una legislación integral asumida por todos los partidos políticos bajo un Pacto de Estado de Energía.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables