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El gas natural amenaza a la Comisión Europea

En marzo de 2018 la Fundación Renovables publicó un informe titulado Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. En él se incluían más de 300 medidas innovadoras y disruptivas enfocadas, por un lado, a fomentar el ahorro y la eficiencia energética y, por otro, a que las renovables fueran la base de la oferta de energía, erradicando el consumo de combustibles fósiles.

El informe fue presentado y analizado con la mayoría de los grupos políticos con el fin de trasladar que era posible, técnica y económicamente, que la transición energética se convirtiera en una oportunidad de desarrollo para España y que las medidas propuestas fueran la base para un modelo energético mucho más sostenible, inclusivo y justo.

Muchas de las medidas han ido, aunque no con la ambición deseada, incorporándose en el día a día dentro del ideario de política energética del gobierno, porque eran medidas lógicas que debían ser desarrolladas en el tiempo.

El pasado miércoles día 20, la Comisión Europea comunicó el objetivo de reducir en un 15% el consumo de gas natural de todos los Estados miembros con el fin de paliar los efectos de un potencial y previsible corte total de suministro desde Rusia, una reducción que debería llevarse a cabo desde agosto de este año a marzo de 2023. También, aunque ha pasado desapercibido, ha incluido la permisión de subvencionar con dinero público la reactivación de las centrales de carbón y fuel para generación eléctrica. La decisión de la Comisión es, ante todo, extraña porque es curioso como las medidas de ahorro y eficiencia han brillado por su ausencia en su política, dejando la decisión en manos de los gobiernos nacionales e, incluso, se han considerado como inversiones sostenibles el gas natural y la nuclear. El problema ha sido la exigua previsión y ahora se pretende una reducción drástica y sin considerar las particularidades de cada país, cuando se podía haber llegado de forma tranquila y sosegada a que Europa no dependa tanto del gas natural.

Esta situación está causada por la inexistencia de una “Política Energética Común”, que siempre hemos reclamado, por parte de la Comisión Europea, lo que ha supuesto que cada país tenga todos los grados de libertad para fijar su mix energético y sus relaciones contractuales de suministro. Poner en duda si esta medida debe ser atendida o no por los países miembros rompería la base de actuación de la Unión Europea del hoy por ti y mañana por mí, pero no cabe duda de que esta medida debería ser definida e incluida dentro del paquete “Fit for 55”, atendiendo a las particularidades de cada país y a su situación de independencia ya que hasta este momento es la propia Comisión la que ha da todos los grados de libertad para actuar.

En nuestro documento de 2018, actualizado en 2020 en base a la recuperación económica tras la pandemia y la movilización de más de 60. 000 M€ (con cargo a los Fondos Next Generation), planteábamos una política decidida y ambiciosa para electrificar la demanda y erradicar el consumo de combustibles, especialmente del gas natural, por su papel de vector energético clave de la transición energética. Se incluyeron medidas para reducir la presencia del gas natural sin poner en duda la transición y la gestionabilidad del sistema, entre las que podríamos destacar:

  • Objetivo de electrificación 100% del sector residencial, eliminando el suministro de gas mediante la incorporación de bombas de calor y fomentando el 100% eléctrico que, hubiera permitido eliminar uno de los dos contratos que suelen tener nuestras viviendas, contratos con una componente fijada políticamente y de forma desorbitada para cubrir los costes del sistema gasista y eléctrico fruto de inversiones que no se planificaron.
  • Eliminar la publicidad de los combustibles fósiles y evitar que quien vende electricidad venda también gas.
  • Imponer a las comercializadoras de gas objetivos de reducción del consumo por parte de sus clientes.
  • Iniciativas para la no renovación de calderas de gas y la obligación de cambiar a sistemas de bomba de calor.
  • Establecimiento de certificados energéticos a las viviendas según su comportamiento energético no dependiente.
  • Prohibición de venta de nuevas calderas de gas y gasóleo.
  • Compromiso de que los edificios de más de 1000m2 de superficie construida fueran de consumo casi nulo y siempre, independientemente de la superficie, 100% eléctricos.
  • Rehabilitación de 750.000 viviendas/año, de las que 250.000 fueran vulnerables y se realizara con fondos públicos.
  • Rehabilitación de un 3% de los edificios públicos al año con 100% de electricidad.
  • Eliminación de los vehículos de combustión interna con gas.
  • Implementar una consideración fiscal activa para la eliminación del gas natural, tanto en la reducción y gravamen del IBI, como en el tratamiento del gas y de la electricidad.

En el sistema eléctrico, al margen de la imperiosa eliminación del modelo marginalista, apostamos por la cogeneración frente a los ciclos combinados, situación que apoya a la industria y que permitiría que una unidad de gas se consumiera con el doble de rendimiento. De hecho, en la actualidad, el 11% de la electricidad generada es en plantas de cogeneración frente a una media del 17% en ciclos combinados, situación que debería hacer plantearse al gobierno si no sería lógico que una forma de reducir los consumos de gas en energía primaria fuera con un plan de fomento eficiente de la cogeneración.

Por otro lado, debemos reflexionar si como país hemos avanzado en la lucha contra la dependencia de los combustibles fósiles y la reducción del consumo de gas natural, tanto en el sector residencial como en el industrial, promoviendo la electrificación de la demanda. Y, sinceramente, creo que no hemos puesto encima de mesa los compromisos y el potencial que verdaderamente tenemos. A la vez, reclamamos, desde el plano individual al compromiso colectivo, nacido desde la regulación, la difusión de una nueva cultura de la energía en la que el ahorro energético y el consumo responsable sean la piedra angular.

Ahora nos acordamos de la emergencia climática por las sucesivas olas de calor y por sus devastadoras consecuencias en pérdidas de vidas y en catástrofes naturales. Solo mencionar que en septiembre de 2019 se votó su declaración en el Congreso y que no es suficiente con recordar cual es nuestra situación, sino que necesitamos pasar a la acción y poner medidas para combatirla y fijar presupuestos y objetivos acordes con la magnitud del problema.

Es una realidad que debemos dejar de consumir gas, tanto si viene de Rusia, por gaseoducto, como si viene de Estados Unidos, procedente del fracking., Pero este desacoplamiento del gas debe ser planificado y programado desde la racionalidad de los procesos y no desde la falta de sensibilidad de los gobernantes. Obviamente, pensar que en seis meses se puede sustituir el gas, salvo con un corte de suministro, con criterios no dramáticos es estar fuera del día a día, como desgraciadamente está demostrando la Comisión Europea.

Si la recuperación económica tras la pandemia se hubiera cimentado en las propuestas de la Fundación Renovables de hace más de cuatro años, no solo se hubiera conseguido ese 15% de reducción, sino que la factura energética de los hogares y de la industria sería mucho más reducida.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

España necesita una nueva Ley de Autoconsumo

Sí, ya sé que la que tenemos es muy joven. Que la anterior, llamada “Impuesto al Sol” era mucho peor. Pero la actual norma ha heredado los valores microeconómicos de la anterior: Se fomenta el autoconsumo siempre que coincida la generación con el consumo, tanto en el sitio como en el momento que se genera. Y no estamos para seguir respetando esas reglas de juego a unas empresas que fuerzan las reglas de juego para multiplicar sus beneficios en estos momentos de precios desquiciados del gas, de la hidroelectricidad en el sistema marginalista de fijación de precios.

La prioridad ahora debería ser llenar los tejados de España de paneles fotovoltaicos que generen toda la electricidad que sea posible.

La Ley actual está bien pero, básicamente, solo para primeras viviendas. Hay millones de segundas viviendas o casas de campo que ni se plantean poner placas, pues no resulta rentable, aunque la vivienda se use 30-40 fines de semana y 30-40 días en verano. Pues estaría aprovechando una fracción de lo generado unos 120 días y vertiendo a la red lo generado los 250 días restantes (así como lo generado a horas sin consumo los 120 días anteriores). El exceso de consumo se paga a precio caro y el exceso de generación se vende a precio muy barato. No funciona.

Entiendo y comparto la explicación de tal mecanismo, de generar in situ y consumir según se genera, para justificar todos los beneficios de estas instalaciones. En su momento.

Pero ahora, la prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones. Sencillo: El que quiera poner placas en una segunda vivienda, en un polígono industrial, local comercial, casa de campo, donde que sea, que las ponga. Y que pueda asociar a la electricidad que genera en esas instalaciones (donde puede ponen paneles), la electricidad que consume en otras (donde tiene el consumo).

Veamos un ejemplo: Una persona pone 5 kWp en una casa de campo. Con unas 1.800 horas de sol al año, generaría unos 9.000 kWh. Si en esa localidad pasa 120 días y consume 10 kWh diarios, consumiría 1.200 kWh. Si carga allí su vehículo eléctrico 40 veces al año, en un Schucko de 3 kW, durante 12 horas, otros 1.500 kWh. Le quedaría un excedente de unos 6.300 kWh. Que debería poder gastar en su vivienda habitual, donde pasa 245 días, unos 3.000 kWh y carga su vehículo eléctrico, unas 50 veces al año, a 5,5 kW, durante 10 horas otros 3.000 kWh anuales.

La prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones.

Esto no debería ser gratis para estos ciudadanos. Para empezar, deberían invertir en la instalación fotovoltaica. Deberían mantener los contratos con la empresa comercializadora. Pagar los tramos de potencia contratada, un canon por los vertidos a la red y otro por los consumos de la red.

Hace años hubo sistemas parecidos en Massachussets, California y otros lugares: muchos inversores no tenían tejados y muchos con tejados no tenían dinero: Se las ingeniaron para que los primeros invirtieran el los tejados de los segundos y compartieran la electricidad generada… Debe hacerse de manera que no haya subsidio para los usuarios y que compensen, de alguna manera a las comercializadoras. Pero los beneficios para la sociedad podrían ser importantes, pues, posiblemente, habría cientos de miles de voluntarios dispuestos a invertir.  Un cálculo sencillo, aproximado, podría ser el siguiente:

Número de instalaciones = 1 millón
Potencia media = 5 kWp
Potencia total = 5 GWp (Alemania tiene el triple de FV en techo)
Inversión aproximada = 10.000 Millones €

Si se hace en 3 años a razón de 3.300 M€ anuales, si suponemos que el 50% del coste es mano de obra, necesitaríamos unos 80.000 empleos de montaje, que podrían llegar a ser permanentes si el programa se mantiene durante varios años.

Sí, ya sé que esto es el cuento de la lechera. Pero 5 GW de fotovoltaica de techo distribuida nos hubieran salvado de la mitad de esta crisis de precios (la mitad de las horas no hubiera hecho falta la entrada de gas). Facilitará la electrificación de la calefacción por bomba de calor en todas esas viviendas, que hoy queman gasoil o gas natural (ruso) y la penetración de los vehículos eléctricos, que consumirán electricidad solar en lugar del triple de energía fósil en forma de hidrocarburos importados del Golfo Pérsico. Y generando casi 100.000 empleos de calidad permanentes.

Por supuesto, las actuales instalaciones, si lo desean, podrían acogerse a esta nueva legislación: Que generen cuando haya sol y consuman cuando tengan que consumir. Los excesos de generación se vierten a la red y los excesos de consumo, se toman de la red. Una especie de balance neto, pagando un canon por los vertidos y otro por los consumos.

¿Quién pierde y se opondrá? El oligopolio eléctrico. Bueno, pues busquemos la forma de compensarles parcialmente. Pero no parece buen momento para que se quejen.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

El Consejo de la Unión Europea debe apoyar que todas las furgonetas nuevas sean eléctricas a partir de 2035

El pasado 8 de junio, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría que todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan a partir del 1 de enero de 2035 sean eléctricos. De esta manera, se logrará una reducción del 100% en las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos que sean matriculados a partir de dicha fecha. Hay un objetivo intermedio para 2030 que consiste en un recorte de esas emisiones del 55% para los coches y del 50% para los vehículos comerciales.

Esta decisión del Parlamento Europeo es digna de encomio, como lo fue la propuesta presentada en ese mismo sentido por la Comisión Europea el pasado 14 de julio, dentro del paquete legislativo “Fit for 55”, cuyo objetivo es lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea en un 55% en 2030 (en comparación al nivel de emisiones de 1990) y situar a la UE en la senda de lograr la neutralidad climática en 2050. Se trata de uno de los conjuntos normativos más ambiciosos y significativos de la historia para avanzar en la transición ecológica hacia la descarbonización de la economía.

Sin duda, esa decisión es merecedora de elogios y alabanzas pues, como denunció Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) de la Eurocámara, los días previos a la citada crucial votación, el Parlamento tuvo que afrontar un ‘tsunami de lobby’ anticlimático por parte de algunas importantes empresas y asociaciones empresariales del sector de la automoción. Canfin precisó en un artículo de opinión publicado en Le Monde que, “En opinión de ciertas grandes compañías, la acción climática está bien…, pero sobre todo para los demás”.

El próximo 28 de junio, le toca al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptar una decisión sobre esta cuestión. Suponemos que esos mismos lobbies que tratan de obstaculizar la acción climática estarán ahora presionando a los responsables de los ministerios de medio ambiente de los Estados miembros de la UE, que son quienes componen el citado Consejo, pero sería una grave irresponsabilidad que los respectivos ministros y ministras no respaldaran la propuesta de la Comisión Europea de que todas las furgonetas y coches nuevos sean eléctricas en 2035.

Lamentablemente, parece que Italia, junto con Portugal, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, han caído en las redes del lobby anticlimático pues han hecho una propuesta de última hora para retrasar varios años la consecución del objetivo de la reducción del 100% de las emisiones de GEI de estos vehículos, especialmente significativa en el caso de las furgonetas (un retraso de 5 años), lo que rebajaría enormemente la ambición climática de la UE y pondría el riesgo de cumplir los objetivos de descarbonización de la UE recogidos en su Pacto Verde.

Ese retraso propuesto por Italia sería muy negativo para la industria española del automóvil ya que en España se fabrican ya 8 modelos de vehículos eléctricos ligeros. Ya hay varios grandes fabricantes ensamblando 8 modelos de furgonetas eléctricas en las fábricas de Vigo-Zaragoza (Stellantis: Citroën, Peugeot, Opel, Fiat y Toyota) y Vitoria (Mercedes), además de los planes del consorcio Volkswagen-Ford, para fabricar furgonetas eléctricas en Sagunto-Almussafes. Es decir, a España le interesa que se confirme la fecha de 2035 para marcar el final de ventas de vehículos de combustión interna incluyendo furgonetas, para poder vender los modelos puramente eléctricos a toda Europa (y al resto del mundo).

Esta pretensión de Italia, especialmente insistente en retrasar la descarbonización del sector de las furgonetas, es sumamente irresponsable desde el punto de vista de salud púbica y medioambiental y no se entiende en absoluto tampoco desde el punto de vista económico, pues las furgonetas eléctricas son ya hoy día, mayoritariamente, más baratas que los vehículos diésel, según un reciente análisis de Transport & Environment (T&E) sobre el coste total de propiedad (TCO) de estos vehículos.

En la Unión Europea, las emisiones de GEI de las furgonetas son un problema cada vez mayor. Con el auge de las entregas a domicilio, las ventas de furgonetas se han incrementado notablemente (un aumento del 57% entre 2012 y 2019), pero en los últimos años los avances en la reducción de sus emisiones se ha estancado de modo que en 2020 éstas seguían al mismo nivel que en 2017 (las emisiones medias de las furgonetas nuevas en 2017 y 2020 fueron de 156 gCO2/km según la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA).

Debido a ello, las furgonetas son, con diferencia, el tipo de vehículos cuya contribución al cambio climático ha crecido más dentro del sector del transporte por carretera (un aumento del 58% en comparación con 1990). Las furgonetas también contribuyen en gran medida a la contaminación atmosférica y representan el 14% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos en las ciudades, lo que afecta negativamente al 70% de los europeos que viven en zonas urbanas (según datos del International Council on Clean Transportation, ICCT, referidos a París y del Joint Research Center, JRC, de la UE).

No debemos olvidar tampoco las 307.000 muertes prematuras anuales debidas a las partículas finas en los 27 Estados miembros de la UE en 2019 (informe de la AEMA). Ésta calculó que en total se produjeron 400.000 muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica. Los ciudadanos tienen derecho a un aire limpio en toda Europa. La prohibición de los vehículos (motos, coches, furgonetas, autobuses y camiones) de combustión interna es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, la protección del medio ambiente y avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Según el estudio de T&E citado más arriba, que, además de la de España, analiza la situación de Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido (que en conjunto suman el 76% de las furgonetas nuevas vendidas en Europa), la furgoneta eléctrica media es ya un 25% más barata por kilómetro que su equivalente diésel.

A pesar de sus ventajas en coste, no hay suficiente oferta de furgonetas eléctricas para satisfacer la creciente demanda. Las ventas de furgonetas eléctricas están aumentando muy lentamente: solo el 3% de las ventas de furgonetas nuevas fueron eléctricas en 2021, lo que supone un ligero aumento con respecto al 2% de 2019. Muy por detrás de los coches eléctricos de batería, que ya suponen un 9%.

Ante esta realidad, además de adoptar la decisión de que todas furgonetas (y coches) nuevas que se vendan a partir de 2035 sean eléctricas, el Consejo debería aprobar una mejora de los objetivos intermedios propuestos por la Comisión en materia de emisiones de GEI, de modo que se exija una reducción del 25% de las emisiones medias de CO2 de las furgonetas en 2025, un nuevo objetivo intermedio del -45% en 2027 y del -80% en 2030, y, por supuesto, del -100% en 2035.

Por ejemplo, ese objetivo a 2027 permitiría ahorrar 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, el equivalente a la contaminación anual total de las furgonetas españolas. A su vez, unas normas más estrictas también reducirían el consumo anual de petróleo de las furgonetas europeas en un 7% en 2027, un paso importante para acabar con la dependencia de las importaciones rusas. Además, unos objetivos más ambiciosos ahorrarían a las empresas europeas 13.100 millones de euros en el periodo 2025-2030 gracias a los menores costes de funcionamiento de las furgonetas eléctricas.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

¿Por qué la Unión Europea no habla de eficiencia energética?

El informe del “Rastreador de recuperación sostenible” de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima en 710.000 millones de dólares el gasto global aprobado en energías limpias en lo que va de año, que representa un incremento del 50% en cinco meses. Sin embargo, la AIE señala que las medidas orientadas al consumidor, como la rehabilitación y la movilidad sostenible y eléctrica, no acaban de llegar a la ciudadanía por la burocracia y el insuficiente apoyo de los gobiernos.

El escenario de altos precios de la energía y la invasión rusa de Ucrania no ha suscitado más apoyo a medidas de reducción de la demanda energética sino la preocupación de los gobiernos europeos para sustituir los combustibles fósiles importados de Rusia por otros suministradores, sin abordar el origen del problema: la dependencia energética. Que el Consejo Europeo de marzo no haya acordado nada sobre gestión de la demanda y que la excepción haya sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidiendo bajar el termostato de la calefacción confirma que Europa carece de política común de energía.

La necesidad de importar más gas e invertir en infraestructuras gasistas desvela otros graves errores del “diktat” alemán que ha moldeado la Unión Europea durante las últimas décadas. La “Europa alemana” de Angela Merkel, que Tony Judt calificó como “una presencia inquietante para sus vecinos”, se aproximó tanto a Putin que ahora la dependencia de Rusia amenaza los cimientos de la UE por el suministro energético y la inflación. No solo la transición ecológica está amenazada sino la convivencia europea que, desde el “austericidio” impuesto por Alemania en la pasada década, ve ahora cómo el aumento explosivo de las desigualdades trae el ascenso de la extrema derecha rusófila y el euroescepticismo. Como ha expresado Paul Krugman, “Alemania, con su irresponsable política energética, se ha convertido en la principal facilitadora de Putin”.

Europa está presa de una crisis energética por falta de voluntad para crear una economía libre de combustibles fósiles y una crisis económica por la inflación derivada de la conformación de precios de la electricidad que tanto Alemania como los monopolios energéticos se oponen a cambiar. Alemania, como afirma Krugman, “seguirá siendo, para su vergüenza, el eslabón más débil de la respuesta del mundo democrático a la agresión rusa”.

El Consejo Europeo no ha tomado ninguna decisión frente a la crisis energética

El Consejo Europeo de marzo aplazó la decisión sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad y los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta que la Comisión Europea presente el estudio correspondiente. Tampoco ha decidido la suspensión de las importaciones de gas y crudo de Rusia por la oposición de Alemania. Las causas de la irresponsable inacción europea son varias:

1-No existe una política común sobre energía. Cada Estado miembro decide libremente sus fuentes de energía y suministro. El rigor sobre el cumplimiento de las directivas europeas y los objetivos climáticos sigue siendo laxo. Es la vía libre a la dependencia energética.

2-No existe un mercado energético común, sino 27 mercados distintos con una elevada dependencia de las importaciones energéticas y un nivel mínimo de autosuficiencia. Preocupa más garantizar la oferta de energía que la gestión de la demanda.

3-La existencia de oligopolios energéticos nacionales, con una conformación de precios que les garantiza los ingresos y el dividendo y un mercado mayorista sin reguladores independientes. El mayor consumo de energía interesa más que la eficiencia, que se identifica con menos ingresos del sistema eléctrico.

Estos tres factores dejan escaso margen de actuación a los gobiernos. No son ellos los que deciden la política energética, sino un mercado especulativo y sin competencia que funciona como sistema de extracción de rentas. La “excepción ibérica” aprobada por el Consejo se apoya en el incumplimiento del objetivo de interconexión eléctrica entre España y Francia, que solo llega al 2,8% de la potencia instalada, lejos del objetivo europeo del 15%.

La isla energética que define la situación de España ha permitido que la Comisión Europea reconozca que el mercado mayorista no funciona y que los “beneficios caídos del cielo” existen. Por ello se permite a España y Portugal limitar el precio del gas para que no encarezca el precio final de la electricidad. Es un reconocimiento tardío a la petición que realizó España seis meses antes y que aún deberá confirmar la Comisión Europea limitando el precio del gas, a lo que se oponen Alemania y las grandes eléctricas europeas, incluidas las españolas.

Bruselas no aplica sus propias directivas para reducir la dependencia energética

No solo han sido economistas e instituciones alemanas, como las universidades de Bonn y Colonia, las que han llegado a la conclusión de que el embargo del gas ruso es factible. El informe conjunto de los think tanks europeos Ember, E3G, RAP y Bellona confirma que las importaciones de gas ruso se pueden reducir a cero en 2025 si la UE disminuye la demanda de gas elevando en el paquete “Fit for 55” los objetivos de electrificación, energías renovables, eficiencia y rehabilitación energética, aprovechando el potencial de ahorro energético de la flexibilidad de la demanda.

En los decálogos que ha publicado la AIE el pasado mes de marzo para que Europa alcance la independencia energética de Rusia, la mayoría de las medidas insisten en la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, eliminando el gas de la calefacción, y en las estrategias de movilidad sostenible y eléctrica para reducir el consumo de petróleo. Estas soluciones están desarrolladas en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética.

La Directiva (UE) 2018/2001, de energías renovables, desarrolla los derechos del autoconsumidor y de las comunidades de energías renovables, el apoyo a las pequeñas instalaciones y pequeños actores, calefacción sin emisiones y la instauración de marcos facilitadores del autoconsumo y las comunidades de renovables como medidas de ahorro energético. La Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, establece como instrumentos de eficiencia energética las figuras del cliente activo, las comunidades locales de energía, los precios dinámicos, el agregador independiente de la demanda, la interoperabilidad de los contadores inteligentes y el almacenamiento. La Recomendación (UE) 2021/1749, sobre el principio de primero, la eficiencia energética, se basa en que debe ser preferible la reducción de la demanda antes que la generación de energía.

La Comisión y el Consejo europeos han prescindido en esta crisis de los principios de las directivas que ellos mismos aprobaron. Incluso España, en el RDL 6/2022, se ha olvidado de las políticas de eficiencia y flexibilidad energéticas. Ni siquiera ha desarrollado los conceptos de las directivas que se definieron en el RDL 23/2020.

Las directivas europeas establecen la transformación de un modelo energético centralizado basado en la rentabilidad de las grandes centrales de generación, incluso renovables, en otro basado en el consumidor activo, capaz de generar y consumir su propia energía renovable en cada centro de consumo.

El Consejo Europeo ha decidido sustituir el gas y el petróleo rusos por más gas y petróleo de otros países; pero olvidó que el origen de la actual crisis es la dependencia energética. Ha parecido más fácil seguir la senda de lo que piden los monopolios energéticos nacionales que modificar el modelo energético que origina las guerras, la inflación y las desigualdades.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

¿Cómo transformar la movilidad sin cambiarla?

El título del artículo es, sin lugar a duda, la reflexión final una vez leídas las 122 páginas del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Y es que la primera sensación es de inmovilismo y estancamiento de una de las leyes más esperadas de cara a la lucha contra el cambio climático en España.

Parece que hay que recordar todos los días el auténtico agujero negro de hidrocarburos y de recursos económicos que es el sector del transporte en España, por no hablar de la contaminación, con la emergencia climática llamando a la puerta y el impacto en la salud causando estragos (según la Agencia Europea de Medioambiente causó más de 31.000 muertes prematuras en 2018 en España). El 42% del consumo de energía final corresponde al transporte, del que un 95% corresponde al consumo de derivados del petróleo. Este hecho provoca que el 29,1% del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sean producidas por el transporte y, de estas, un 26,9% son ocasionadas por el transporte por carretera.

Si miramos con lupa y segmentamos los tipos de transporte, los vehículos ligeros (turismos, furgonetas y motocicletas) se llevan el oro al emitir 60 millones de toneladas de CO2 equivalente (Mt) en 2019. Le sigue el transporte por carretera, con 26 Mt y, de manera residual, el marítimo y el aéreo (ambos con 3 Mt). España no es un país productor de petróleo, con el agujero que conlleva en las cuentas; de enero a diciembre de 2021 España gastó en las arcas de otros países un total de 33.615 M€ por la importación de petróleo y derivados, según el Informe mensual de enero de 2022 de Comercio Exterior. Podríamos añadir también la financiación encubierta de los países de la UE a Rusia para su invasión de Ucrania, pero nos vamos a centrar en la importancia de avanzar cuanto antes hacia una movilidad sostenible.

Transporte, ¿Qué transporte?

Con esos datos de aperitivo encima de la mesa, es complicado entender parte del contenido del articulado y las ausencias del Anteproyecto. Me centraré en lo más grave. Esa sensación de desazón nace, en primera instancia, de la carencia absoluta de objetivos, tanto de reducción de emisiones de GEI como de electrificación, sin especificación de los segmentos en los que se deberían aplicar. De hecho, delega todo al PNIEC, que será revisado en 2023, esperemos que al alza, pero sin vinculación regulatoria. En el PNIEC se propone reducir en un 33% las emisiones del sector del transporte en 2030 respecto a las de 1990, lo que supondría, aproximadamente, dejar de emitir un total de 27 Mt de CO2.

Y de repente desaparecen del articulado de la Ley, cuando lo lógico hubiera sido darle el rango normativo de Ley a la consecución de esos objetivos también a 2040 y 2050, o incluso aumentarlos porque ese objetivo no cubre ni el 50% de las emisiones de los vehículos ligeros. Tampoco se entiende que se desvincule este Anteproyecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como si el transporte, de la noche a la mañana, no estuviera íntimamente relacionado y fuera el mayor causante del aumento de la crisis climática. Incluir una disposición adicional que vincule el cumplimiento de la norma y la supedite a los objetivos de la LCCyTE sería un paso acertado de cara a aunar esfuerzos normativos.

El teletrabajo también desaparece, pese a que la propia Agencia Internacional de la Energía, en su decálogo para reducir el consumo de petróleo, lo incluía como una medida básica por la que, si se aplicara 3 días a la semana, se podrían reducir 500.000 barriles de petróleo diarios. Es más, el propio Gobierno de España está estudiando la medida de implantarlo en los funcionarios, por lo que no es coherente no promocionar el teletrabajo, siempre y cuando el puesto lo permita.

Otra incomprensible carencia es la falta de intención y de las herramientas para avanzar en el desarrollo de la ciudad de proximidad, ya que “la ciudad se vive a pie”. Todo se enfoca a los vehículos y a los tipos de movilidad, pero no al escenario en el que se mueven. El contenido se puede intuir la necesidad de fomentar el concepto de ciudad de proximidad, en la que los servicios están próximos a los vecinos y se reduce la necesidad de una movilidad de media y larga distancia, pero no se propone de manera efectiva herramientas o líneas de actuación para conseguir su implementación.

Seguimos necesitando reorientar los desarrollos urbanos y los procesos de urbanización con criterios de sostenibilidad energética para aumentar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dadas las estrechas implicaciones territoriales que tiene la energía.

Sin ferrocarril electrificado, pero con gas en los buques

Ante la absoluta necesidad de disminuir nuestra dependencia gasista del exterior, sea de Rusia o de cualquier otro país, el Anteproyecto propone, sin ningún reparo, fomentar el gas natural como energía alternativa para el transporte marítimo. Es decir, lo que buscamos es erradicar el gas de nuestros hogares, sistema eléctrico e industrias, pero lo promovemos en los nuevos buques. El metano en su combustión emite CO2, pero, además, es un gas de efecto invernadero, 87 veces más potente que el CO2 en una perspectiva de 20 años. Y esto pese a disponer de alternativas sostenibles como el hidrógeno verde y sus derivados, por los que se debería apostar con un mínimo del 6% a 2030 para los buques.

También se olvidan de aumentar el uso del tren, por lo menos del eléctrico. El déficit estructural del uso del ferrocarril es flagrante en comparación con otros países europeos, sobre todo en mercancías; Alemania lo hace en un 19%, Francia en un 13% y España en un 5%. En ningún momento el articulado apuesta por sentar las bases, los recursos y las herramientas para convertir al ferrocarril en el eje de referencia de la movilidad de pasajeros y mercancías en España.

Tampoco apuesta por el 100% de la electrificación de las líneas férreas, lo que nos condena a seguir utilizando locomotoras diésel de hace 20 años y deja las rutas abiertas a la entrada de los trenes de hidrógeno (cuando ya se sabe que es mucho más eficiente el eléctrico).

No está todo perdido

Muchas de estas ideas han sido recogidas, tanto en las alegaciones particulares de la Fundación Renovables como en el comunicado enviado por un total de 12 organizaciones de la sociedad civil en el que exponen las principales carencias a enmendar tras el periodo de análisis y de alegaciones. No está todo perdido, aunque, tras casi dos años de elaboración y desarrollo del Anteproyecto, se hayan dejado en el tintero tantos pilares básicos.

Pero, no solo se han quedado en el tintero esos pilares básicos, sino que se ha rebautizado el título del Anteproyecto, ya que antes era la “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación al Transporte”. Hay que priorizar la financiación del transporte público y concretar las diferentes vías de financiación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, además de incluir una fiscalidad activa y verde, no solo para dar señales correctas a los consumidores para la descarbonización, sino para que esté protegido de medidas coyunturales ante un cambio estructural.

Sí, por fin tendremos una Ley de Movilidad Sostenible, pero se aprobaría a mediados de 2023, con la mayoría de las herramientas disponibles en 2025. Habremos perdido casi tres años y todo por no fijar objetivos a corto plazo. Esperemos que en el periodo de enmiendas y tramitación se subsanen los aspectos comentados, porque de no ser así habremos perdido otra oportunidad más para disponer de otra herramienta para una política climática ambiciosa y de liderazgo en nuestro país.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

España gana la primera batalla para cambiar el mercado eléctrico europeo

No han pasado diez años desde que Alemania y Países Bajos impusieran al sur de Europa el “austericidio” y la dimisión del ministro griego de economía Yanis Varoufakis para afrontar la gran recesión con recortes sociales, desigualdad y pobreza, cargando a la sociedad el rescate de los bancos. El resultado fue la insignificancia geopolítica de la UE y el ascenso de la extrema derecha antieuropea y rusófila. El Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo era otra encerrona de alemanes y neerlandeses para pagar entre todos la dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. La diferencia entre lo sucedido en 2015 y 2022 es que España y Portugal han conseguido parar, de momento, la intención de los países ahora llamados “frugales”, pero derrochadores de combustibles fósiles. La alianza ibérica hace posible que la transición ecológica no sea la primera víctima colateral de la invasión rusa de Ucrania.

Esta primera victoria ha sido doblemente trabajada por la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propuesta que en 2021 presentó a la Comisión Europea su vicepresidenta Teresa Ribera para modificar el mercado eléctrico, desconectar el gas de los precios de la electricidad y gravar los “beneficios caídos del cielo” que perciben las eléctricas. La Comunicación de la Comisión Europea del 23 de marzo recogió las propuestas españolas y el Consejo ha aprobado un tratamiento especial para la península ibérica, pues su mínima capacidad de interconexión eléctrica la convierte en una isla energética. Se ha dado un plazo a la Comisión para que presente en mayo medidas de emergencia para el mercado eléctrico, desconectarlo de los precios de los combustibles fósiles y regular los “beneficios caídos del cielo”. La excepción ibérica permitirá proteger a los consumidores de los precios del gas en la tarifa eléctrica fijando un precio de referencia, que aprobará la Comisión, para limitar su influencia en el precio final de la luz.

Solo se ha ganado el primer asalto y habrá que esperar al estudio que realice la Comisión para avanzar en la reforma del mercado eléctrico europeo. Pero el paso dado es tan importante que las propias eléctricas han acudido a Bruselas a negar que existan “beneficios caídos del cielo” y defender lo bien que funciona el mercado mayorista; por su parte, la oposición política ha ridiculizado lo conseguido por Pedro Sánchez, como ya hizo con los 140.000 millones de los fondos del Next Generation UE.

La energía sigue sin ser una política común europea

El mayor fracaso del Consejo Europeo ha sido constatar que sigue sin considerar la energía como política común europea. Se intentó en el frustrado proyecto de tratado de la Constitución Europea de 2003, pero se eliminó del texto y cada Estado miembro decide libremente sobre energía, con lo que Europa cuenta con 27 mercados energéticos distintos. Este hecho ha tenido consecuencias negativas al tratarse de un mercado eléctrico europeo, a diferencia del de los EEUU, controlado por muy pocas empresas, sin competencia y con una conformación de precios diseñada para garantizar los ingresos de un sistema energético dominado por los combustibles fósiles. Es un mercado especulativo que solo beneficia a las eléctricas convencionales.

El mercado energético europeo es una falacia. No existe por el abuso de posición dominante de unas pocas empresas y la falta de reguladores independientes de la competencia. Es la razón por la que el Consejo Europeo no ha aprobado la modificación del mercado mayorista para que los consumidores se beneficien de la mayor generación renovable ni ha aprobado la mayor sanción a Rusia: cortar las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Si los ucranianos arriesgan la vida por su soberanía ¿por qué los europeos no arriesgan nada por su soberanía energética?

En el primer mes de la invasión rusa de Ucrania Europa ha pagado a Putin más de 17.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles. También Naturgy ha seguido importando gas ruso a través de buques metaneros. Mientras acoge refugiados ucranianos y sus parlamentos aplauden al presidente Zelenski, Europa llena las arcas del presidente ruso para financiar la invasión de su país. El mercado energético europeo es inmoral por naturaleza.

La Comisión Europea confirma todo lo que las eléctricas niegan

La Comunicación de la Comisión Europea, que se presentó un día antes del Consejo Europeo, confirmó los argumentos de Teresa Ribera sobre un mercado eléctrico roto. Por un lado, propone limitar los precios mayoristas de la electricidad y del gas estableciendo compensaciones o interviniendo con precios de referencia; por otro, propone gravar los beneficios excesivos de las eléctricas o establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación. Bruselas obligará a que la capacidad de almacenamiento de gas cubra un 80% de las necesidades, pero no propone nuevas interconexiones gasistas.

La respuesta de las eléctricas fue un artículo de los presidentes de Iberdrola, Enel (Endesa) y EDF negando que tengan beneficios extraordinarios y manifestándose en contra de intervenir el mecanismo de formación de precios para no destruir el mercado de la electricidad. Está claro que se refieren a los mercados nacionales donde cada una de ellas opera en condiciones privilegiadas y sin competencia, pero no a un mercado europeo abierto a la competencia de millones de consumidores que no existe porque ellos mismos lo impiden. La batalla continuará en los tribunales en cuanto España tome las primeras medidas que ha autorizado el Consejo Europeo. Frente a la necesidad de reformar el mercado eléctrico, las eléctricas proponen que el mercado está bien como está. Mientras Bruselas y el gobierno de España han priorizado la protección de los consumidores, al sector eléctrico solo le preocupa la protección de sus accionistas y sus operaciones corporativas.

La Agencia Internacional de la Energía propone lo que Europa ignora

El Consejo Europeo ha pasado por alto los principios de la Unión de la Energía y de las directivas de eficiencia energética, renovables y mercado interior de la electricidad. Ha perdido la oportunidad de plantear una iniciativa de reducción de la demanda energética, encaminada a consumir menos gas y petróleo, y acelerar el nuevo paquete “Fit for 55” para sustituir las importaciones rusas con renovables, eficiencia energética y electrificación, actuando sobre la demanda de energía y no, como se ha hecho, sobre la oferta.

Los días 3 y 23 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía hizo públicos sendos decálogos para que Europa logre la independencia energética de Rusia. Europa podría reducir una tercera parte de sus importaciones de gas ruso en un año y reducir 2,7 millones de barriles diarios de petróleo ruso impulsando políticas de movilidad sostenible y eléctrica, así como medidas de desarrollo de proyectos eólicos y solares, sustitución de calderas de gas y rehabilitación energética.

Según Fatih Birol, la rehabilitación energética de las viviendas más antiguas ahorraría el equivalente al gas que recibe Europa a través del Nord Stream I. Cuanta más eficiencia menos dependencia energética.

Las conclusiones del Consejo Europeo no van a cambiar un mercado energético que en realidad no es tal. Cada Estado miembro irá por su cuenta a resolver sus problemas de suministro frente a una Comisión Europea dominada por la voluntad alemana de no modificar la conformación de precios que tan bien les va a los monopolios energéticos. Lo que España deberá evitar a toda costa es que en este escenario europeo las medidas para abaratar la luz se conviertan en más costes reconocidos al sector eléctrico que se cargarán, como siempre ha sucedido, a los consumidores de luz y gas. Para eso habría que hacer otra ley del sector eléctrico y otra ley sobre el regulador independiente de la competencia.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La doble “cuenta” de la invasión de Ucrania

Desde el día 24 de febrero estamos asistiendo horrorizados a uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea que nos recuerda, por desgracia, a otros de épocas pasadas que pensábamos, ilusos de nosotros, que jamás se volverían a repetir.

Ya lo dijo Napoleón Bonaparte, “para hacer la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. Es decir, las guerras son caras, muy caras. Sabemos que Rusia, el país más grande del mundo, aunque con una densidad de población muy baja (9 habitantes por Km2), por la vasta extensión de su territorio, dispone de una de las mayores reservas de materias primas del mundo, (níquel, 28,2%, paladio, 20,7%, platino, 19%, trigo, 18,4%, entre otras), es el tercer productor de petróleo del mundo, prácticamente a la altura del segundo que es Arabia Saudita, y el segundo de gas natural, por detrás de EEUU. De hecho, en 2022 ocupa el primer puesto a nivel mundial en cuanto a reservas de gas natural, con aproximadamente 47.805 km3, por delante de Irán con 33.721 km3.  Es un país autosuficiente cuya economía late al son de las exportaciones.

Extracción petrolífera

El gas es el punto fuerte, pero también el más débil de Rusia en una situación como la actual. Si bien, por un lado la dependencia de la Unión Europa del gas ruso es muy alta, en torno al 40%, por otro, es el principal mercado para sus exportaciones ya que Rusia vende el 85% de sus reservas de gas a la UE. En 2021, vendió a Europa petróleo y gas por valor de unos 100.000 millones de dólares, según estimaciones de William Jackson, economista de Capital Economics. En el corto plazo, esta dependencia actual de la UE del gas ruso supone una fortaleza para Rusia, pero en el medio y largo plazo la apuesta por otras fuentes de energía como las renovables, la eficiencia energética y el abandono de los combustibles fósiles harán que esa fortaleza se debilite.

Europa lleva mucho tiempo llenando las amplias arcas rusas con los ingresos procedentes de las compras del gas, lo que ahora le permite financiar la invasión en Ucrania. Es más, Putin ha utilizado el grifo del gas a su antojo y propio beneficio desde septiembre de 2021, gas fósil que, además, es el causante de los disparatados y elevadísimos precios que estamos pagando por la electricidad desde el año pasado y que, con las perspectivas futuras, vamos a seguir pagando si la Comisión Europea no da luz verde a la desvinculación del gas del modelo de fijación de precios marginalista. En 2021, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España importó productos energéticos por valor de 46.575 M€, que supone un 3,9% de nuestro PIB.

Pero, es más, desde que comenzó la invasión en Ucrania el precio del gas no ha parado de incrementarse, así los futuros del gas en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, crecieron un 79%, llegando a subir desde los 220 €/MWh hasta los 345 €/MWh, para situarse finalmente en los 229 €/MWh, por lo que, lejos de conseguir que esas arcas rusas se vean mermadas, ha sucedido lo contrario, las reservas de gas se están revalorizando.

Y respecto al petróleo, aunque se refugie en un segundo plano, ocurre más de lo mismo; hoy el barril de Brent se sitúa casi en los 104 dólares, debido en gran parte a que los países importadores (como ya ha anunciado el presidente Biden) están vetando las importaciones de petróleo de Rusia para no contribuir a financiar la guerra. Un ejemplo son las compañías GALP y Shell (ambas británicas que han seguido la dirección de EEUU), las últimas firmas que han anunciado que dejan de comprar productos petrolíferos rusos. Esta subida del precio del petróleo está suponiendo un incremento extraordinario en los precios de la gasolina en muchos países, alcanzado prácticamente los 2€ por litro. Y no debemos olvidarnos de que Rusia es el principal suministrador de uranio enriquecido de España con un 53,3%, uranio que utilizamos en las centrales nucleares y que, como ya propuso la Fundación Renovables en 2019, deberían estar programando su cierre para antes de 2024.

Por tanto, por un lado, desde occidente cada día seguimos comprando y empleando recursos rusos por cientos de millones, financiando indirectamente la invasión, al mismo tiempo que sufrimos, sobre todo, los hogares y las empresas, las consecuencias de esta. El sobrecoste en las facturas de gas y luz, que ya venían siendo muy altos en meses anteriores, está impactando directamente en los bolsillos de todas las familias y, por tanto, en el encarecimiento de los procesos productivos lo que provocará una subida del IPC (en diciembre de 2021 un 6,5%, del que 3,16 puntos se debe a la subida, un 72%, de la electricidad, el gas y los combustibles), el descenso en las previsiones del crecimiento del PIB, el deterioro de la confianza en los mercados y un decrecimiento de la economía. Todo esto teniendo en cuenta que aún no hemos salido del brutal shock económico provocado por la pandemia del Covid 19.

Desde la Fundación Renovables venimos reclamando desde hace tiempo la urgente revisión y reforma del modelo de fijación de los precios del mercado eléctrico, para que no sea el gas el que marque el precio final de la electricidad de todo el sistema, así como la necesidad de apostar claramente por el desarrollo de las renovables y la eficiencia energética para poder disminuir esa dependencia exterior. Ahora este relato se ha generalizado en la opinión pública, lo que es muy positivo, porque la presión social es necesaria también para cambiar la situación actual.

Lamentablemente, ha tenido que producirse un acto tan lamentable para que la Comisión Europea despierte de su letargo y se plantee una serie de medidas, muy necesarias, aunque sin una aplicación a corto plazo, a través del plan REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible, para dar solución a la dependencia del gas ruso antes de 2030 (por la inacción en este sentido de los últimos años) y a la escalada de precios que, en realidad, empezó mucho antes. En Versalles los líderes europeos han decidido tomar la sartén por el mango para llevar a cabo esa necesaria reforma de los mercados eléctricos para poder sacar el gas, pero habrá que esperar a finales de marzo y abril para que se materialice.

En palabras del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans: “Ha llegado el momento de resolver nuestros puntos vulnerables y de ser más independientes en nuestras opciones energéticas. Pasemos a las energías renovables a la velocidad del rayo. Las energías renovables son una fuente de energía barata, limpia y potencialmente infinita y, en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, crean empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición hacia una energía limpia”. Pero, el vicepresidente se olvida de que hace solo poco más de un mes, la Comisión Europea incluía en la taxonomía de inversiones sostenibles al gas natural. Necesitamos un poco más de rigor.

Ahora toca trabajar para conseguirlo, y no a la velocidad del rayo, sino a la que nuestras necesidades y experiencia nos aconsejan y que es mucho mayor de la que llevamos ahora.

Maribel Núñez – Gerente de la Fundación Renovables

Autosuficiencia energética y ciudadanía

Una vez más recibimos alertas sobre el grave problema del cambio climático. Esta vez la señal de alarma viene de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tras la publicación del nuevo informe IPCC (”Cambio climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”) ha apuntado claramente a los responsables: “Los grandes contaminantes son culpables”. Es un informe devastador y que deja poco lugar a la esperanza. La acción decidida no puede aplazarse más, es necesario actuar ya para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, cualquier retraso significa muerte, según ha declarado.

Ya sabíamos que la utilización de combustibles fósiles es insostenible desde el punto de vista medioambiental y de supervivencia, ahora tenemos que añadir el hecho de que la situación geopolítica ha puesto claramente de manifiesto nuestra fuerte dependencia para el abastecimiento de estos combustibles que no tenemos, lo que nos hace ser vulnerables frente a situaciones como la actual; ya estamos notando las consecuencias en el importante incremento del precio de la electricidad.

Aunque la fuerte escalada de este precio en los últimos meses no sólo se debe a la necesidad de importar estos combustibles, sino también al sistema de fijación de precios. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana la Comisión Europea haya anunciado que propondrá que los países miembros establezcan un gravamen a las ganancias obtenidas por las empresas energéticas debido a los recientes aumentos en los precios del gas. También hay que aplaudir la propuesta enviada a la Unión Europea (UE) por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para modificar el sistema de formación de precios de la electricidad, de manera que no se incluya el coste del gas y a la que empiezan a unirse distintos países. Parece claro que tenemos que apostar decididamente por hacer una transición energética basada en las energías renovables. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables para generar electricidad contribuye de manera directa a la descarbonización y, por tanto, a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir la depencia energética.

En el ámbito de la transición ecológica, en el paquete Fit for 55 de la UE se incluye el objetivo de suministrar un 40% del consumo final de energía mediante renovables para el año 2030. De entre las renovables, una de las tecnologías que está penetrando de manera rápida en los últimos años es la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica de España, desde el año 2017 hasta finales de 2021, casi toda la nueva potencia instalada, 15.731 MW, es solar fotovoltaica, 10.360 MW (65%), y 5.111 MW (32 %) eólica; el porcentaje restante corresponde a otras fuentes renovables. Esta potencia se ha instalado tanto en sistemas distribuidos de autoconsumo individual o compartido, aproximadamente un 25%, como centralizados, un 75%. A finales de 2021, la potencia total fotovoltaica era de más de 15.000 MW.

Es importante destacar, dentro de la fotovoltaica, el crecimiento de los sistemas de autoconsumo. En el año 2017 había unos 122 MW instalados mientras que a finales de 2021 ya había más de 2.616. Sólo entre 2020 y 2021 se multiplicó por dos la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo instalada.

¿Este tipo de instalaciones son buenas para el sistema eléctrico? En mi opinión sí. Por muchas razones. Según la propuesta que hace la Fundación Renovables en su informe “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad”, el esquema óptimo de desarrollo de las energías renovables sería el que se muestra en la figura.

Según esta propuesta, en la parte alta de esta pirámide invertida están las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo que son las que más deberían extenderse. Este tipo de instalaciones permiten a la ciudadanía tener sistemas de generación de electricidad en sus propias viviendas o en ubicaciones cercanas; facilitan la gestión de la demanda, minimizan las pérdidas del sistema por la cercanía entre generación y consumo y dan flexibilidad al sistema eléctrico. Además, ayudan de forma clara a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la necesaria y urgente descarbonización y sustitución de los combustibles fósiles.

En este sentido, la Directiva UE 2018/2001, en su Art. 21.2, establece que los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables, de manera individual o mediante agregadores, tengan derecho a generar energía renovable, incluido para su propio consumo, y a almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares. También, según el artículo 21.4, para los autoconsumidores de energías renovables en el mismo edificio.

La Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2021), supuso la modificación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que se había establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. A partir de la publicación de esta Orden el reparto de la energía generada por estas instalaciones puede hacerse mediante el establecimiento ex ante de coeficientes de reparto horarios para cada día del año. Esto supone un avance respecto a los coeficientes fijos, pero sería interesante que se permitiera la posibilidad de un reparto realmente dinámico que tuviera en cuenta los consumos reales de cada miembro de la comunidad energética y se hicieran esos balances de generación-consumo ex post, como ya se apunta en la citada Orden, en la que se indica que es necesario hacer un análisis para esa implantación, ya que es de esperar que el autoconsumo colectivo experimente un importante incremento en los próximos años.

Unido al concepto de autoconsumo (individual o colectivo), que da nombre a estas instalaciones, está el de autoabastecimiento o autosuficiencia energética, con toda la carga de responsabilidad y oportunidad que ofrece a la ciudadanía. Muchas de estas instalaciones, especialmente las que se están haciendo en el sector residencial, están contribuyendo a que las viviendas generen a lo largo del año una energía igual o superior a la consumida, por lo que podrían considerarse viviendas de consumo cero.

También hay que avanzar en la creación de comunidades energéticas que son agrupaciones de consumidores que pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Algunas de las ventajas que supondrá participar en una Comunidad Energética es que proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de energía y otros servicios energéticos o de movilidad, crean oportunidades de inversión, aumentan la aceptación del desarrollo de energías renovables locales, facilitan la integración de renovables en el sistema a través de la gestión de demanda, crean empleo local y fomentan la cohesión y equidad social.

Hay, sin embargo, algunos problemas sin resolver ya que falta un marco normativo con un grado suficiente de desarrollo, los procedimientos administrativos son complejos, no es fácil acceder a financiación por la falta de confianza de los inversores y el riesgo en cuanto a la percepción del inversor. Este tipo de iniciativas es fundamental para avanzar hacia un modelo descentralizado y participativo, por lo que es necesario que se avance y que se difundan todas las experiencias que se están llevando a cabo.

Respecto a las plantas centralizadas, que están en la base de la pirámide invertida, sería importante establecer condiciones que permitan limitar su tamaño, de manera que se desarrollen bajo criterios de economía productiva, favoreciendo el desarrollo económico local de los territorios en los que se hagan. También es necesario que los promotores propongan instalaciones que aporten beneficios sociales y medioambientales en la zona donde se ubiquen, de manera que se consiga un equilibrio entre la energía y el territorio. Y algo muy importante, conseguir una aceptación e inclusión social de su implantación en el territorio, como lo han conseguido los otros tipos de instalaciones fotovoltaicas.

Los acontecimientos de los últimos días nos obligan, todavía más, a repensar temas como el de la soberanía energética. Tenemos fuentes de energías renovables y tecnología; no perdamos la oportunidad de conseguir una transición energética justa basada en renovables y aceptada y apoyada por toda la ciudadanía.

 

Llanos Mora – Vicepresidenta de la Fundación Renovables

La alternativa al gas ruso (y argelino)

Desde hace cincuenta años la energía está en el origen de todas las crisis y conflictos en el mundo. Los altos precios de los combustibles fósiles y la dependencia energética provocan las subidas de tipos de interés, la inflación, las desigualdades y las tensiones geopolíticas. Con sus matices específicos, en 1973, 2008 y 2022 se repite el mismo guion. A pesar de ello, la dependencia de los combustibles fósiles apenas se ha corregido, ni siquiera en Europa que cuenta con una legislación que exige su reducción. La dependencia energética hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres al favorecer la falta de competencia y que la riqueza se concentre en unos pocos monopolios.

La herencia de Donald Trump

El conflicto en Ucrania, provocado por la ambición de Rusia para corregir sus propios errores tras la desaparición de la Unión Soviética, no se explica sin la presidencia de Donald Trump en los EEUU. Su mandato marcó el fin del multilateralismo y la colaboración en la política internacional, el coqueteo y apoyo del presidente ruso para ganar las elecciones a los demócratas, la defensa de los combustibles fósiles y el ataque a las energías limpias, el negacionismo climático y de la Covid, el interés por dividir a la Unión Europea y la OTAN, su apoyo al Brexit, a los euroescépticos y a la extrema derecha y el desprecio a la democracia. Nunca antes hubo tanta sintonía entre los presidentes de EEUU y Rusia, lo que ha facilitado que Rusia haya decidido que este sea su momento.

La herencia de Angela Merkel

La salida de Angela Merkel de la cancillería de Alemania con el reconocimiento general no debe olvidar que Europa aún permanece presa de su gestión de la gran recesión de 2008, que impuso el austericidio a la Europa del sur, creando la fractura con la Europa del norte a través de las decisiones  de los ministros de economía del Eurogrupo, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberían investigar por haber incumplido el principio de cohesión europea y haber dado alas a una ultraderecha antieuropea, irrelevante hasta entonces.

En la crisis de la Covid 19, Angela Merkel corrigió su gran error de 2008 y permitió que Alemania facilitara la creación de deuda comunitaria para afrontar la crisis económica a través del Next Generation UE; pero ha llegado tarde porque los países del sur todavía no se han recuperado de los impactos de la austeridad dictada en 2008 y porque la ambigüedad de la política energética de Alemania ha convertido la dependencia del gas ruso, el gasoducto Nord Stream II y las puertas giratorias con Gazprom en un problema global y una grave incoherencia.

Los errores de la política energética alemana se han trasladado a la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der leyen, que no ha dudado en etiquetar el gas fósil como energía verde, a través de una taxonomía que favorece su uso hasta 2050, y su negativa a reformar la formación de precios de la electricidad, como pidió el gobierno de España, para impedir que el precio del gas determine los precios de la luz y proteger a los consumidores europeos de los altos precios de la energía con más renovables. Mientras se consolida un modelo energético dominado por la dependencia del gas fósil, Francia exige el mismo trato a su industria nuclear para sacarla de la ruina económica, destapada tras la quiebra de Areva y su absorción por la eléctrica estatal EDF, para que sea también etiquetada como verde.

La contradicción con las directivas aprobadas en 2018 y 2019, que establecen el impulso a las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de la economía a través de la eficiencia energética y los recursos energéticos distribuidos, es tan evidente como la falta de liderazgo de la Unión Europea. La solución ahora es importar más gas esquisto desde EEUU, es decir, aumentar la dependencia energética, echando más leña al fuego.

La vulnerabilidad de Europa es su dependencia energética

Que la única solución adoptada sea la de diversificar el suministro de gas revela el caos europeo y la debilidad del discurso climático y energético. La Comisión Europea se encomienda a los intereses de Catar y EEUU por su incapacidad para tomar decisiones, para lo que necesitaría otros dos años de conversaciones entre los Estados miembros, divididos ante la tensión provocada por Rusia.

Según Eurostat, el esfuerzo de Europa desde 1990 por reducir su dependencia de los combustibles fósiles ha sido insuficiente, del 82% de toda la energía disponible se ha pasado solo al 71% en 2019. El esfuerzo de España aún ha sido menor al quedarse en el 74%. Según el Bank of América el impacto de la subida de los precios de la luz y el gas en Europa ha sido de 107.000 millones de euros, de los que 9.000 millones corresponderían a España y más de 23.000 millones a Alemania, 22.000 a Francia o 24.000 a Italia. La UE en su conjunto ha utilizado 21.000 millones de euros en ayudas para mitigar las subidas de precios.

Si a estas cantidades añadimos el coste de las importaciones energéticas, la extracción de rentas que los combustibles fósiles causan a la economía europea, y a los consumidores y contribuyentes, debería provocar una respuesta mucho más urgente y opuesta a combatir la dependencia del gas con más importaciones y mantener la referencia del gas en la formación de precios de la electricidad con ayudas públicas. ¿Por qué se confía más en el monopolio de las grandes compañías energéticas que en las medidas del “paquete de invierno” y del paquete “Fit for 55”?

Es el momento de ser valientes

Según Bloomberg NEF, en 2021 la inversión global en energías limpias creció un 27%, alcanzando la cifra récord de 755.000 millones de dólares, de los que 366.000 corresponderían a energías renovables y 273.000 a transporte electrificado. La inversión en Europa alcanzó los 150.000 millones. Para llegar al cero neto global en 2050 y 1,7 grados de calentamiento esta inversión debería triplicarse a un promedio de 2,1 billones entre 2022 y 2025 y duplicarse entre 2026 y 2030 a un promedio de 4,2 billones.

La Comisión Europea debería ratificarse en este camino que es el que establecen sus paquetes legislativos, que los Estados miembros incumplen, que proponen combatir precisamente los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles, que representan el flanco más débil de la economía europea, con más inversiones en energías limpias. Por eso son tan importantes los conceptos de descarbonización, electrificación y sostenibilidad, porque impulsan el liderazgo tecnológico e industrial que los combustibles fósiles impiden.

Es una situación similar a la de España que, a pesar de que en 2012 reconociera el déficit estructural de la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras gasistas, lanzó una estrategia para aumentar las inversiones y convertirse en proveedor de gas argelino a Europa. Diez años después la equivocada estrategia de España con el gas de Argelia se repite en Europa con el gas ruso.

Las instituciones europeas han de ser más valientes y ratificar el objetivo y las medidas que se ha dado para reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles o tendremos crisis y conflictos por muchos años. Con mayor motivo si esa dependencia viene de regímenes autocráticos o euroescépticos.

El liderazgo de Europa depende de la coherencia con las directivas que aprueba

Desde hace más de una década la UE ha diseñado su estrategia para desarrollar una política energética que asegure energía limpia, barata y segura a los europeos y ha elaborado su estrategia de descarbonización de la economía que se ha concretado en el conjunto de directivas y recomendaciones del “paquete de invierno”, que va a actualizarse con el anunciado paquete “Fit for 55” para avanzar hacia la reducción del 55% de las emisiones en 2030 mediante la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Esas medidas han dado a Europa un liderazgo global que ahora palidece ante el apoyo que se pretende dar al gas fósil y a la energía nuclear, fuentes de conflicto y de dependencia del exterior. Las instituciones europeas han de ser coherentes con el modelo energético que establecen sus directivas y adoptar nuevas decisiones para que el avance hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia energética sea más rápido.

Se debe acelerar el liderazgo climático y tecnológico europeo con mayores objetivos de reducción de las importaciones energéticas y de inversión en energías limpias, de descarbonización de los sectores económicos con estándares más exigentes de eficiencia energética, nuevos modelos de negocio como la agregación, el almacenamiento, comunidades energéticas, digitalización de los usos de la energía, autoconsumo, electrificación del transporte y la edificación.

Como las propias directivas europeas plantean, se trata de transformar un modelo energético hecho a la medida de los combustibles fósiles en otro diseñado para la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos. Ello exige aplicar mucho más rigor en el cumplimiento de las directivas que defienden la competencia frente al poder de los monopolios energéticos que impiden abrirla a nuevos actores.

Como ha escrito Andrea Rizzi, los desafíos planteados requieren unión y firmeza, pero la división y debilidad de Europa con respecto a sus propios principios revela su inadaptación a la realidad presente en el que el tiempo corre más rápido con el paso que marcan EEUU, China y Rusia.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables