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Energía renovable y… ¿Por qué no, circular?

Con la reciente aprobación del I Plan de Economía Circular por parte del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), varias personas de mi entorno, que saben de mi continuo interés por este tema, me preguntaban sobre ello, así que veo este momento cómo una buena oportunidad para promover su divulgación e intentar aumentar la sensibilización y concienciación en la sociedad.

Entonces… ¿qué dices que es la Economía Verde y Circular (EC)?

Es un modelo alternativo y sostenible a la tradicional “Economía Lineal” que tenemos implantada en nuestro sistema socioeconómico desde la Revolución Industrial, basado en el concepto de “producir, usar y tirar”. Como principal objetivo, busca reducir e incluso eliminar, el impacto ambiental que se produce sobre la naturaleza en cada una de las diferentes etapas de un proceso o actividad.

Este nuevo tipo de diseño circular va más allá de la fase final de la vida útil a la que llega cualquier producto o sistema (como ocurre en la tradicional economía lineal). Ahora se trata de eliminar los residuos y la contaminación que se pueden generar desde la etapa inicial de diseño (denominado ecodiseño), promoviendo la reutilización y el reciclaje de materiales o componentes de gran valor. Con ello, se defiende la mínima extracción de recursos naturales y su uso más eficiente, la transición hacia fuentes de energías renovables, alargar la durabilidad y reparabilidad de materiales y productos en uso e impulsa la regeneración de ecosistemas naturales.

Según la Fundación , introducir la EC en Europa supondría un ahorro de 600 mil millones de euros y un aumento del PIB del 11% para el año 2030, con la paralela generación de nuevos puestos de trabajo. Así que, ¿por qué no apostar por ella? Además, se puede aplicar a cada uno de los sectores que tenemos en nuestro día a día y que son los motores de nuestra economía: construcción, textil, electrónica, transporte, alimentación, turismo, etc.

¿Y el sector de las energías renovables? En un principio se podría pensar que este tipo de energía ya es limpia, no contamina ni produce un gran impacto ambiental, pero nada más lejos de la realidad.

Economía Circular y energías renovables

Uno de los problemas actuales dentro del sector energético es el de que muchos parques eólicos están llegando al final de su vida útil, por lo que se propone un Plan de Desmantelamiento Circular del Parque, buscando dar una segunda vida a los equipos y materiales, con la posibilidad de venta a terceros.

El reciclaje de las palas de los aerogeneradores presenta un gran hándicap a resolver, en contraposición con el del resto de componentes. Las palas están fabricadas de materiales compuestos, formados por poliéster o resina epoxy, utilizando fibra de vidrio o de carbono como material de refuerzo, que son difíciles de separar para su reciclaje, y poder darles así un nuevo uso, además del gran coste económico que supone.

En cuanto a la reutilización, se puede optar por la reinstalación de los propios aerogeneradores en otros emplazamientos, o también por dar nuevos usos a parte de sus componentes, como los eléctricos y electrónicos, en otros aerogeneradores que se encuentren operativos. Otra aplicación, fuera de su uso habitual, es la utilización de palas de aerogeneradores como figuras arquitectónicas, como se ha hecho ya en algunas ciudades europeas.

Por desgracia, en la mayoría de los casos se procede a su reciclaje térmico o incineración, con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero, o a su almacenamiento en cementerios de palas de aerogeneradores, donde acaban enterradas, una vez troceadas y transportadas a vertederos de residuos no peligrosos.

Otra de las principales fases en las que se produce un gran impacto ambiental, al igual que ocurre en el sector fotovoltaico, es la de fabricación e instalación, en la que se genera una gran cantidad de residuos y emisiones contaminantes, además de un agotamiento de recursos abióticos.

La producción del acero reforzado que se utiliza mayoritariamente para la torre es la responsable de los gases contaminantes emitidos durante la etapa de fabricación, mientras que también cabe destacar la cantidad de recurso hídrico que se necesita para la fabricación de la resina epoxy y de la fibra de vidrio (principalmente para las palas, además del cono y la góndola), y la fabricación de los paneles FV, junto con el problema de las grandes cantidades de silicio que requieren.

energía eólica

Por lo tanto, podemos ver y concluir que no hay ninguna forma de generación de energía en la que exista un impacto ambiental nulo. Todas las actividades humanas tienen impacto ambiental.

Una legislación ambiciosa, la principal solución

Para solventar y buscar posibles soluciones, tenemos a nuestro favor el ya citado I Plan de Economía Circular, que presenta un total de 119 medidas que empezará a implementar la Administración General del Estado en el periodo 2021-2023, adjudicándole un presupuesto de 1.529 millones de euros. Estas medidas harán posible implementar acciones de EC en los 8 ejes de actuación: producción y consumo, materias primas secundarias, reutilización de agua y gestión de residuos, proponiendo también medidas en ejes transversales como son los de formación y empleo, sensibilización, participación e investigación, e innovación y competitividad.

Para implantar todas estas acciones y conseguir los objetivos europeos y establecidos en el PNIEC para 2030, se necesitan nuevas herramientas y una mejora en la legislación que incentive la aplicación de todas estas medidas. 

Estamos todavía a la espera de la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, actualmente en periodo de tramitación, en la que se pide que se desarrollen más medidas específicas que las presentadas en el anteproyecto de ley, ya que España es uno de los países que menor presión fiscal tiene sobre el medioambiente al tener únicamente dos figuras tributarias: sobre el depósito en vertedero e incineración y la fabricación de envases de plástico no reutilizable.

Por tanto, es imprescindible potenciar la creación de instrumentos jurídicos innovadores que permitan hacer posible el camino hacia una transición energética y un sistema productivo basado en la economía circular, al ser el medioambiente y la economía las principales preocupaciones de los ciudadanos; unos instrumentos muy necesarios y que tengan como fin contribuir a la lucha contra el principal problema que nos debería preocupar a todos tanto a nivel global como local: el CAMBIO CLIMÁTICO.

Por Melque de la Peña – Técnica de la Fundación RenovablesSoledad Montero

¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Réplica a la conferencia del Sr. Imaz: En realidad, ¿quién hace el canelo?

Esta declaración del Consejero Delegado de REPSOL recuerda a los fabricantes de carruajes de caballos en 1910, a los responsables de correos cuando apareció el email, a Kodak con la fotografía digital o a Nokia cuando apareció el smartphone: nostalgia ante la disrupción. ¿Dónde están todos esos unos años después?

Imaz (Repsol) pide una reflexión sobre el vehículo eléctrico para «no hacer el canelo»

Hasta cierto punto, que el consejero delegado de una petrolera diga eso tiene toda la lógica, pues la descarbonización hará desaparecer su modelo de negocio. Por tanto, frenémosla mientras sea posible.

Pero la electrificación ha llegado y en breve va a desplazar a la combustión: consume la cuarta parte de energía, será 100% sin emisiones, incluido el ciclo de fabricación, ya es más barata en ciclo de vida y será más barata incluso en precio de compra en pocos años (Bloomberg NEF). Además, evitará millones de muertes prematuras por la mala calidad del aire y generará millones de empleos en los países en los que esos coches circulen consumiendo electricidad renovable local en vez de petróleo importado. Obviamente, habrá unos pocos perdedores: los países exportadores de hidrocarburos y empresas de oil&gas.

Hasta la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su Net Zero by 2050 , donde prevén que las ventas de vehículos térmicos deberán desaparecer en 2035. Quizá, el que hace el canelo es el que insiste en seguir fabricando forraje para los caballos, cabinas de teléfono fijo o máquinas de telefax. Claro que hay sectores difíciles de descarbonizar, pero lo harán de esta manera (o parecida): camiones, con una combinación de electricidad embarcada en baterías, carga por catenaria o hidrógeno/amoníaco renovable; barcos, mediante pila de combustible a hidrógeno o amoníaco renovable; aviones, con hidrógeno renovable, biocombustibles avanzados o electrocombustibles y los procesos industriales de elevada temperatura con biocombustibles e hidrógeno renovable.

Como país más nos vale apostar decididamente por las tecnologías que van a existir en 2040 y 2050 que seguir fabricando forraje para unos carruajes que no se van a poder ni matricular. Además, la electricidad que alimente esos vehículos será producida por sol, agua y viento locales, generando empleo y ahorrando miles de millones en importaciones de hidrocarburos, de países mucho más dudosos que los que cita, y evitando miles de muertes prematuras por contaminación.

Lo siento Sr. Imaz, la descarbonización global es imparable. Puede que no se alcance el 100% en 2050…, pero será más de un 90% electrificación directa (baterías, catenaria, inducción) y el resto indirecta (gases renovables y electrocombustibles sintetizados con hidrógeno renovable). Por lo tanto, bienvenidas sean todas las medidas fiscales que internalicen el coste de los daños que los hidrocarburos causan a la sociedad (a la salud y al clima) y que descarguen la fiscalidad de la electricidad producida sin emisiones.

El futuro será eléctrico sin emisiones. Y más nos vale trabajar para adelantar ese futuro.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución

Cuando trabajé en proyectos de cooperación en América Latina para la Comisión Europea (CE), siempre decíamos que un proyecto era viable si, una vez se le retiraba la ayuda económica, este continuaba funcionado por sí mismo.

Los Fondos Europeos para la recuperación económica Next Generation UE, tienen un doble objetivo: recuperar la economía, intentando volver a la senda previa del PIB, y transformar el modelo productivo con criterios de sostenibilidad y apostando por un progreso inclusivo. Si solamente apostamos por promover una aportación económica para restablecer el ritmo y la estructura productiva actual, volveremos a cometer los mismos errores  con los diferentes planes de reactivación del año 2008 a 2010, en los que las inversiones se acabaron confundiendo con los gastos.

Necesitamos encontrar palancas de cambio, dentro de las líneas fijadas por la CE, que permitan aprovechar los recursos disponibles bajo criterios de sostenibilidad y que actúen de forma transversal como catalizadores e impulsores de un nuevo modelo más abierto, participativo y flexible.

Bajo mi punto de vista, una de las líneas de actuación transversal más clara es la apuesta por la electrificación de nuestra economía porque permite una mayor eficiencia en la cobertura de nuestras necesidades, la disponibilidad de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de partículas, que lleva implícita la utilización de la electricidad como fuente de energía, y porque, como vienen señalando las diferentes Directivas Europeas, es el único vector energético en el que la ciudadanía puede actuar de forma activa y bajo criterios de consumo responsable.

Ahora bien, para que la electricidad pueda ser la palanca que permita el cambio del modelo productivo se tienen que cumplir dos exigencias: reducir el precio del kWh, a través de la transición energética a las renovables y  de la reducción de los costes fijos regulados, y, sobre todo, proceder a una transformación del sistema eléctrico, no solo para su modernización y digitalización, sino para mejorar la facilidad de acceso de los nuevos agentes, entre los que nos encontramos todos los consumidores.

Para cumplir el primer requisito ya se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha de subastas competitivas de nueva potencia renovable y con la propuesta de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Estas iniciativas deben tener continuidad reduciendo el resto de las partidas reguladas y eliminando la asimetría de la asignación de los costes fijos, que provoca que el consumidor doméstico asuma una mayor carga económica que el consumidor industrial.

Uno de los elementos fundamentales para poder seguir reduciendo el precio de la electricidad es actuar sobre los costes que las infraestructuras eléctricas introducen dentro de la tarifa, empeño que ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni ningún gobierno han conseguido llevar a cabo a pesar de los repetidos intentos. En 2019 estos costes fueron de 6.891M€, suponiendo un 38% de los costes regulados o un 22% del total de la tarifa. Estas partidas incluidas en la tarifa han sido calculadas a partir de una retribución de las inversiones con un 7,5% de rentabilidad, valor muy por encima del WACC (de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital) que las diferentes compañías tienen a la hora de financiar sus actividades, sobre todo si se considera que la retribución está exenta de riesgo de mercado, operativo o financiero.

Adecuar y modernizar las redes eléctricas a las necesidades presentes y futuras exige  su adaptación a la digitalización para que cumplan el papel de palanca anteriormente demandado. Este proceso necesitará unas inversiones en torno a los 30.000M€, según diferentes estudios.

El problema no radica en si el sector eléctrico tradicional está dispuesto a invertir, porque obviamente lo está, sino si el proceso de inversión se va a llevar a cabo de acuerdo con la necesidad de apertura y acceso a las infraestructuras para que el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, los gestores de carga y las necesarias infraestructuras para la electrificación del transporte se puedan desarrollar, sabiendo que su éxito supone poner en riesgo el negocio de las actividades que el mismo grupo empresarial tiene integradas: la generación y la comercialización.

Por otro lado, las distribuidoras actuales ejercen de Comercializadoras de Referencia y suministran la electricidad a los más de 10 millones de consumidores domésticos que no han querido cambiarse al mercado liberalizado y se mantienen en el regulado con el PVPC y Complementariamente, también tienen a su disposición los puntos en los que existe capacidad de acceso y evacuación de sus propias redes eléctricas, situación que acaba siendo un privilegio para el desarrollo de inversiones en centrales de generación con fuentes renovables y que supone una clara posición de ventaja con respecto a otros inversores.

Por todas estas razones, la Fundación Renovables ha elaborado el informe “Democratizar la energía como proyecto de país. Los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico” basado en un propuesta que pretende que la distribución de electricidad, de forma progresiva y empezando por las redes más cercanas al consumidor, sea controlada por el Estado. A través de esta premisa, se reduciría el coste incluido en la tarifa, al disminuir la retribución por tratarse de un bien público, facilitaría que el cambio del mercado regulado de los consumidores domésticos se realice de forma protegida, se avanzaría hacia un acceso universal a la energía y las políticas energéticas de generación en los puntos de consumo y de gestión de la demanda, encontrarían el apoyo que la digitalización de las redes les deben prestar, sin pensar si esta iniciativa incide o no en la cuenta de resultados del resto de filiales del mismo grupo empresarial.

Por otro lado, en este mismo informe, la Fundación Renovables considera conveniente que la función de Operador del Sistema, que hoy tiene Red Eléctrica de España (REE), empresa con un 80% de inversores privados en el accionariado (mayoritariamente internacionales), pase a ser propiedad del Estado, dotándole de los activos que permitan la gestionabilidad del sistema sin que perturben la fijación normalizada de precios en el mercado mayorista, activos entre los que no se incluye la red de transporte.

La pregunta que contestar sería: ¿de dónde deben salir los recursos económicos para llevar esta iniciativa a buen puerto? La respuesta es obvia si atendemos a las premisas que la CE ha establecido para el destino de los Next Generation EU, al ser una línea de actuación para la transformación del sistema productivo y la apuesta por la transición ecológica y la digitalización. Por la idoneidad y la capacidad de transformación contenida en el propio objeto de su creación, el destino de los fondos debería ser vertebrar un sistema eléctrico flexible, abierto para todos los productores y consumidores y, por lo tanto, actuar para que las infraestructuras eléctricas cumplan su cometido y se modernicen para dar el mejor servicio al menor coste.

En España perdimos la consideración de la electricidad como bien de utilidad en la reforma que se llevó a cabo de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y es el momento idóneo para recuperar esa consideración así como el papel del Estado como inversor en el suministro de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, y que va a ser el elemento vertebrador del modelo energético del futuro.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Energía y comunicación clara

Entre todos hacemos sostenibles a las energías renovables

Todos los países, incluido España, han apostado por la necesidad de llevar a cabo una profunda modificación de nuestra relación con la energía, a través de lo que se ha venido llamando la Transición Energética, como camino para poder reducir las consecuencias del cambio climático originado, en su mayor parte, como causa antropogénica, por el consumo de combustibles fósiles. La Transición Energética está asumida a todos los niveles y de forma generalizada a través de la apuesta por la eficiencia, por las energías renovables y por la sustitución y disminución de la dependencia de los combustibles fósiles.

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Ley de Cambio Climático, un cauce verde para la lluvia de millones

Están siendo semanas frenéticas, como si las prisas por hacer las cosas bien por fin hubieran llegado, o, más bien, porque mañana, jueves 15 de octubre, comienza el periodo para presentar las iniciativas de recuperación para los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es un sprint en toda regla y, no es para menos. Estamos hablando de 72.700 millones de euros en transferencias, esto es, para entendernos, el equivalente al 5,5% del PIB español, que se concentra en 2021-23 para recuperar la economía española. Los números nublan la vista. Una lluvia de millones que hay que evitar que caigan en los cauces del pasado, aquellos que nos llevarían a una falta de competitividad industrial y de innovación tecnológica, unos mantras que parece que nos cuesta asumir como sociedad. Nunca es tarde para ello.

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Era, es y será electricidad

Considerar la electricidad como el vector energético final del futuro no debería tener discusión, como no la tiene la necesidad de un compromiso claro en la lucha contra el cambio climático, principalmente por 3 razones:

  • La electricidad es el vector más eficiente en cuanto a la energía necesaria para cubrir nuestras necesidades (principalmente climatización y movilidad).
  • Su consumo tiene emisiones cero, lo que la convierte en la única solución para la mejora de la calidad del aire en nuestro hábitat, sobre todo si tenemos en cuenta que somos una sociedad eminentemente urbana. Más del 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes.
  • La forma más barata de generar electricidad es mediante fuentes de energía renovables.

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El gas natural renovable puede parecer verde, pero no lo es

El gas natural es un combustible fósil versátil que representa más del 20% del suministro de energía en España. Aunque emite menos gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes que el carbón o el petróleo, el gas natural es uno de los principales contribuyentes al cambio climático.

Cada vez se utiliza más el argumento de que tal vez podría haber un sustituto directo del gas natural fósil en forma de gas natural renovable (GNR), un combustible diseñado para ser casi indistinguible del gas natural fósil. El GNR podría obtenerse a partir de biomasa (biogás) o de dióxido de carbono capturado y electricidad.

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El gas fósil no es limpio

Yo comprendo que las empresas de Oil & Gas quieran vender gas. Gas natural, ya sea comprimido (GNC) o licuado (GNL), y gas licuado de petróleo (GLP). Por otro lado, también comprendo que los fabricantes de coches que cogieron el atajo del gas porque consideran que favorece una movilidad sin emisiones, quieran vender los coches a gas que se amontonan en sus concesionarios.

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Soberanía energética es seguridad y recuperación para el país

El confinamiento, y la paralización económica, decretado para frenar la pandemia del coronavirus ha demostrado lo extremadamente frágiles que son aquellos países que han deslocalizado la producción de bienes básicos y se abastecen a través de largas cadenas de distribución. Como advirtiera Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea (UE), el pasado viernes 8 de mayo, en el Foro de Next Educación, hay países que solo valoran el precio y no el valor estratégico de los productos. Así, por ejemplo, en Europa no fabricamos ni tan siquiera paracetamol. No hablemos ya de batas, mascarillas o guantes. Cuando han pintado bastos, como ha sido el caso, primero se abastece, lógicamente, el mercado local productor (en Asia) mientras en nuestro país los hospitales quedan desbordados por la falta de medios.

De esta crisis sin parangón deberíamos salir con, al menos, una lección grabada a fuego: hay sectores estratégicos que son cuestión de seguridad nacional. Lo es, desde luego, la sanidad, como ha quedado sobradamente demostrado. En el futuro tendremos reservas estratégicas de material sanitario, medicamentos, etc. También lo es, indudablemente, la agricultura y, en general, el sistema agroalimentario. ¿Se imaginan qué sería de España si no tuviéramos tierras de cultivo? Y lo es, también, sin lugar a dudas, el sistema energético. En la actualidad, el 74% de la energía que consumimos en España procede del exterior y debemos importarla. Básicamente, son combustibles fósiles que deterioran nuestro medio ambiente, provocan efecto invernadero (causante del calentamiento global) y lastran nuestra economía y competitividad, pues nos cuestan en torno a 40.000 millones de euros cada año. Algo inadmisible en un país como el nuestro, rico en fuentes renovables y, por definición, autóctonas (sol, viento, etc.).

Estas fuentes, al no depender de los mercados o de las situaciones geopolíticas internacionales, nos aseguran nuestra autonomía energética. Al estar distribuidas por el territorio, pueden dinamizar de la economía y crear empleo en un mayor número de comarcas, frente a la concentración (puertos, refinerías, …) del modelo centralizado actual. Este carácter distribuido permite, también, democratizar el acceso a la energía (podemos poner paneles solares en multitud de azoteas y tejados) y contribuye a que muchas personas se relacionen más estrechamente con estas fuentes renovables, adquiriendo una nueva conciencia (una nueva cultura de la energía) acerca de lo que supone consumirlas. En la actualidad, por el contrario, todavía bastantes personas (aunque por fortuna son menos cada día) no son plenamente conscientes de los procesos que subyacen al hecho de encender un interruptor en casa o el motor del coche. No vemos, o no queremos ver, todo lo que hay detrás. El actual sistema energético está basado en largas cadenas de distribución y suministro, envuelto en un sistema económico que separa las zonas de producción, vertido, consumo, etc., de manera que se corre un tupido velo sobre estos procesos y sus impactos, que han quedado históricamente invisibilizados en la trastienda (ya cada vez menos invisibilizados, todo hay que decirlo, debido a que hemos llenado el mundo y nos hemos quedado sin esa “trastienda”).

Como decía, las fuentes renovables, particularmente la solar, permite que muchas personas se asomen a una nueva cultura de la energía. Podemos pasar a ser sujetos centrales y activos del sistema energético del futuro, gestionando, autoproduciendo, autoconsumiendo, intercambiando o vendiendo nuestra propia energía, tal y como viene defendiendo la Fundación Renovables desde sus inicios.

Esta nueva relación de proximidad con la energía nos hará más ahorradores y eficientes; por ejemplo, empezaremos a utilizar nuestros electrodomésticos, no a cualquier hora, sino, preferentemente, en aquellas horas en las que estamos autoproduciendo energía en nuestras azoteas. Seremos más conscientes de lo que implica tener acceso a la energía.

Las renovables suponen, también, una fuente muy importante de empleo local y estable, lo que ahora es esencial dado el escenario de recuperación económica y la encrucijada en la que nos encontramos como país. Numerosos proyectos de generación de energía renovable pueden establecerse en el medio rural, en terrenos no aptos para el cultivo, contribuyendo a fijar población y a dinamizar económicamente comarcas en situación de vulnerabilidad. Esto cobra especial importancia en el contexto de la España Vaciada y la transición energética justa de la que debemos dotarnos, no dejando a nadie atrás. La equidad y la justicia, tanto intergeneracional como interterritorial, son absolutamente imprescindibles y las energías renovables constituyen una importantísima fuerza tractora para alcanzarlas.

Las energías limpias, en suma, suponen la única garantía para un autoabastecimiento energético sostenible en nuestra nación, además de ser una fuente de seguridad, pues nos previene de potenciales situaciones de desabastecimiento como las que se habrían ocasionado si esta crisis hubiese sido energética, en lugar de sanitaria, y con epicentro en los países de los que importamos los combustibles fósiles (Arabia Saudí, Argelia, etc.).

Luis Morales – Socio de la Fundación Renovables