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Siete propuestas para hacer frente a la emergencia climática

11 de diciembre de 2019

Durante el 2019 varios municipios, el Congreso de los Diputados e, incluso, el Parlamento Europeo han declarado el estado de emergencia climática. A lo largo de este año, el cambio climático ha ido alcanzado mayor protagonismo en la agenda pública empujado por las mayores manifestaciones por el clima de la historia que, lideradas por jóvenes, exigen acciones decididas y urgentes para mitigar el calentamiento global. En nuestro país, la atención mediática ha alcanzado niveles máximos durante estas semanas con la celebración de la COP 25 (Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en Madrid.

En este contexto, debemos reflexionar sobre qué medidas podemos tomar para hacer frente a la ya reconocida emergencia climática. Antes de comenzar, merece la pena echar un vistazo al histórico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España. La siguiente figura recoge el reparto por sectores de las emisiones desde 1990 hasta 2017, último año con datos oficiales reportados. La figura muestra muchos aspectos relevantes de la estructura productiva en España y sus consecuencias climáticas. Por ejemplo, es interesante constatar cómo eliminar las emisiones asociadas a la generación de electricidad es muy deseable, aunque resulte insuficiente, o cómo las emisiones asociadas al transporte en carretera han aumentado considerablemente en las últimas décadas.

Figura 1. Evolución histórica de las emisiones por sectores en España. Datos incluidos en el Inventario Nacional de Emisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  La estrella marca el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es decir, reducir las emisiones en 2030 en un 21% con respecto a 1990.

Pasemos ahora a describir algunas medidas que serían muy deseables, no solo por su capacidad de reducir las emisiones a corto plazo antes de 2030, sino, también, porque son justas en la medida en que exigen un mayor esfuerzo a aquellos sectores de la población con mayores rentas y, por tanto, a los que son mayores emisores de GEI:

  1. Eliminar la generación eléctrica basada en el carbón antes de 2025. El carbón representó en 2018 el 14,1% de la generación eléctrica en España mientras que fue el responsable del 55,5% de las emisiones de CO2 en este sector. Es técnicamente viable dejar de utilizar este combustible para generar electricidad en el corto plazo, lo cual supondría un ahorro aproximado del 10,3% de las emisiones globales del país. Para ello, es recomendable fijar un suelo al precio del CO2, de manera que no resulte rentable generar electricidad con carbón.
  2. Rehabilitar energéticamente un millón de viviendas al año supondría que en 2030 se evitarían emisiones de CO2 equivalentes al 4% de las emisiones globales en 2017. La rehabilitación energética no solo genera empleo al permitir reincorporar al mercado laboral a trabajadores de la construcción, sino que, además, puede ser una estupenda herramienta redistributiva. Experiencias como el plan MAD-RE del ayuntamiento de Madrid muestran que se puede destinar la inversión pública a cofinanciar intervenciones en los barrios más desfavorecidos, lo que permite reducir la desigualdad en las ciudades y la incidencia de la pobreza energética.
  3. Reducir el peso medio de los automóviles a valores de 1990. Desde hace varias décadas, la mejora de la eficiencia de los coches no se traduce en una disminución en el consumo de combustible y de las emisiones asociadas, debido a un aumento continuo de su peso. Reducir el peso medio de los automóviles, mediante la reforma de los impuestos de matriculación y circulación para que graven el peso y la potencia de los vehículos de manera progresiva, permitiría disminuir las emisiones globales de 2017 en un 3,6%.

Figura 2. Evolución del peso medio de los automóviles matriculados cada año en España. Fuente: Las cuentas ecológicas del transporte.

  1. Electrificar un tercio del parque de automóviles. Asumiendo un sistema eléctrico de transición, en el que el carbón se elimina del mix eléctrico, conseguir que un tercio de los vehículos sean eléctricos en 2030 supondría un ahorro del 4,1% con respecto a las emisiones globales en 2017.
  2. Disminuir el consumo de carne a la mitad permitiría que el consumo promedio esté dentro de lo recomendado por la Fundación Española de Nutrición, al tiempo que se reducirían las emisiones en una cifra equivalente al 3,6% de las emisiones totales en 2017. Para incentivar este cambio de hábitos alimentarios es necesario que, tal y como están haciendo varias universidades extranjeras, los menús de colegios, universidades e instituciones públicas incluyan alternativas de consumo más saludables y con menor impacto ambiental.
  3. Reducir el número de vuelos, en particular aquellos de corta y media distancia que pueden ser sustituidos por el tren, permitiría un ahorro de emisiones equivalente al 1,4% de las emisiones globales en 2017. Para apoyar esta propuesta, es necesario añadir el IVA al combustible de la aviación y aplicar tasas progresivas que graven especialmente los vuelos en primera clase o business.
  4. Sustituir parte del transporte pesado en carreteras por tren permitiría reducir las emisiones asociadas a este sector. La transformación debe empezar por los siete principales ejes de la red nacional de carreteras que representan el 51% de las emisiones de este sector.

Las medidas incluidas en este artículo son un resumen de las propuestas presentadas en el documento ¿Qué hacemos frente a la emergencia climática? Los detalles adicionales, sobre la justificación de las medidas y la estimación de las emisiones de CO2, se pueden encontrar en él.

Por Marta Victoria – Patrona de Fundación Renovables y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.marta victoria

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El doble fondo de un modelo energético obsoleto

07 de noviembre de 2019

El cambio climático se ha convertido en un hecho más que demostrado. Los múltiples informes del IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y de científicos de todo el mundo se acumulan, uno tras otro, demostrando el camino al que estamos abocados si no se hace nada por evitarlo. España, por su situación geográfica y por su climatología, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Las consecuencias ya se empiezan a materializar y visualizar: los embalses se encuentran en mínimos históricos por el descenso de las precipitaciones, la intensidad y frecuencia de las olas de calor e incendios no dejan de aumentar, las lluvias torrenciales o DANAs que estamos sufriendo este año, etc. Esos daños medioambientales, junto con los graves problemas de dependencia energética que tenemos, llevan asociados grandes problemas económicos que irán a más en los próximos años.

En España, la dependencia energética del exterior no ha descendido del 70% en los últimos años, alcanzando en 2018 alrededor de un 76%. Como es obvio, la mayor parte se debe a la importación de hidrocarburos desde países productores y exportadores. Hay que tener en cuenta que, aunque la energía nuclear se considere autóctona en nuestro país, el uranio se importa del exterior, por lo que la dependencia real asciende a algo más del 80%. Si echamos un vistazo al pasado, la mayor tasa de dependencia energética se alcanzó en los años 2005-2006 y descendió en los años posteriores, durante la crisis económica, debido a un descenso del consumo energético y no por la puesta en marcha de medidas para reducirla. Como consecuencia, una vez pasada la recesión económica, la dependencia energética ha vuelto a ascender a un ritmo acelerado.

En el año 2017 el déficit de la balanza comercial fue de 22.700 millones de euros, de los que el 85% se debió a la compra de combustibles fósiles; en 2018 la cifra ascendió a 33.840 millones y, en este caso, la compra de combustibles fósiles supuso más de 25.000 millones del total, debido a que el precio del petróleo experimentó una subida del 50% respecto a 2017. Esta dependencia ha provocado que nuestra economía sea altamente vulnerable a los movimientos internacionales del precio del petróleo.

La mayoría del consumo de estos combustibles fósiles se concentra en el sector transporte, con un 70%, siendo el sector que más energía consume y alcanzando más del 40% del consumo total. Además, el transporte es el que más contribuye al aumento de la contaminación en las ciudades, dónde se concentran el 75% de las emisiones a nivel nacional. Ante esto, el Ayuntamiento de Madrid redujo, meses atrás, las restricciones de Madrid Central y, en los últimos días, ha comenzado a desmantelar los carriles bici para dejar más espacio a los coches en las calles, tomando justo la dirección contraria que la que están siguiendo todas las grandes ciudades de Europa.

Dejando de lado el transporte, otro de los problemas del modelo energético tradicional basado en combustibles fósiles es que no asume los costes de las externalidades negativas que genera. Una externalidad negativa es la que se produce cuando la acción de un agente financiero, de manera directa o indirecta, acaba afectando económicamente a otro. Un ejemplo de externalidad negativa del uso de combustibles fósiles sería el coste en sanidad. Según la Alianza Europea de Salud Pública, la contaminación atmosférica le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año en sanidad, cantidad que acabamos pagando todos. Es decir, que el coste que la producción de energía con combustibles fósiles tiene para la sociedad (como consumidora) es mayor que el coste que tiene para las empresas productoras.

La ciudadanía paga tanto el coste privado de producción como el coste generado por la contaminación que provocan la combustión de gas, de carbón y de petróleo. Estas externalidades ocasionan ineficiencias y desajustes en el mercado financiero, por lo que debemos exigir, como sociedad, que las empresas que se lucran con la quema de combustibles fósiles internalicen todos los costes derivados.

Solo cabe una solución viable a este cúmulo de problemas: la acción eficaz de un gobierno comprometido con el cambio de modelo energético y políticas fiscales activas. El próximo domingo viviremos unas nuevas elecciones, cuatro en cuatro años, una broma pesada que nos brinda la oportunidad de votar teniendo en cuenta la emergencia climática que vivimos. Si buscamos las propuestas en materia energética de los programas electorales de los principales partidos políticos, observamos que todos ellos tienen alguna mención sobre el cambio de modelo energético. Sin embargo, la mayoría no contienen medidas claras y transversales, con objetivos poco ambiciosos, por lo que parecen más palabras vacías que acciones efectivas. Aún así, la cuestión no es quién hace mejores o peores propuestas en este sentido, ya que todas ellas son insuficientes, sino, precisamente, que la acción energética y medio ambiental no debe depender de un partido u otro.

El cambio hacia un modelo energético limpio, sostenible y justo no es una cuestión ideológica, sino un cambio urgente y necesario que beneficia a toda la ciudadanía y que todos deberían asumir. Por todo ello, es necesario crear una legislación integral asumida por todos los partidos políticos bajo un Pacto de Estado de Energía.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

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Máximo entendimiento y ambición climática en el Día Mundial del Medio Ambiente

05 de junio de 2019

Corremos el serio riesgo de no cumplir con nuestros compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y con ello agravar aún más la crisis climática que ya está entre nosotros, de consecuencias devastadoras. Lo asegura un reciente informe de la Red Europea de Acción Climática y el think tank Sandbag, tras analizar los borradores de los planes energéticos que los distintos países de la Unión Europea han remitido a la Comisión Europea para su valoración. El análisis revela que solo 8 países, entre los que no se encuentra España, han fijado fechas para el fin de la generación de electricidad con la quema de carbón, el combustible que más CO2 expulsa al ser quemado. Con otras palabras, un buen número de países europeos todavía seguirá quemando carbón en 2030, lo cual va exactamente en la dirección contraria de elevar la ambición climática y cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático.

De hecho, España es el país de la UE en el que más han crecido las emisiones desde 1990, un 17,9% concretamente, cuando en el conjunto de la UE se han reducido un 23,5%. La generación de electricidad con carbón explica parte de este crecimiento en las emisiones, pero también hay otros factores, como la generación de electricidad con gas, la fiebre constructiva de la anterior burbuja inmobiliaria, el incremento del transporte por carretera (y de las distancias recorridas) y las calderas que aún persisten en muchos hogares junto al pésimo aislamiento térmico de nuestras viviendas (más de 1,5 millones de hogares necesitan rehabilitación energética urgente en nuestro país).

A nivel global tenemos más datos que certifican que vamos en la dirección equivocada: según la Agencia Internacional de la Energía (AEI), la inversión en eficiencia energética y renovables se estancó en 2018; y, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios a los combustibles fósiles siguen creciendo actualmente. La situación actual es absolutamente inaceptable. Necesitamos cambiar de rumbo ya, sin más demora, para llegar a 2050 con una economía completamente descarbonizada.

Volviendo al carbón, España fía a las condiciones del mercado (menor precio de las fuentes renovables de energía frente a los precios, en alza, del CO2) la desaparición en 2030 de la generación de electricidad a través de la quema de carbón. Ello es arriesgado, más aún en los tiempos de emergencia climática en los que estamos: ¿qué pasa si futuros gobiernos con escasa o nula sensibilidad por el clima y nuestro futuro subvencionan y abaratan deliberadamente el precio del CO2 para proteger a la industria fósil? Podría suceder que siguiéramos quemando carbón en nuestro país más allá de 2030. Con el envío a la Comisión Europea del borrador de nuestro plan energético hemos perdido por tanto una fantástica oportunidad para poner fecha, políticamente, al fin del carbón y así no tener que confiar su fin a los vaivenes del mercado. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de elevar la ambición y mejorar nuestro plan, pues la Comisión Europea tiene que hacernos llegar, a los Veintiocho, sus apreciaciones y comentarios al borrador enviado, los cuales debemos incorporar a la versión final antes de su aprobación y entrada en vigor.

Aprovechemos que aún estamos a tiempo de fijar metas más ambiciosas y abordemos el mayúsculo reto que tenemos por delante, diseñando la senda de descarbonización de nuestro país y transformando nuestro tejido socioproductivo con la incorporación de las energías limpias, la economía circular, la restauración ecológica, la innovación social, la economía de los cuidados, el ecofeminismo, etc. Ello es además fuente de oportunidades de empleo y cohesión social.

Nuestros jóvenes nos están reclamando desde hace meses, con toda la razón, una acción climática urgente y que no hipotequemos su futuro. Nos piden menos declaraciones políticas y mucha más acción, acompañada de objetivos ambiciosos y medidas contundentes. Dejemos pues nuestras diferencias a un lado y pongamos la vida y las personas en el centro. Ojalá estas líneas, en el Día Mundial del Medio Ambiente, muevan a la reflexión colectiva y faciliten el máximo entendimiento posible, pero sin rebajar la ambición y la altura de miras que necesitamos.

Luis Morales – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

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Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

04 de enero de 2019

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia «cambios de gran alcance y sin precedentes» en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

planta

En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era «un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima».

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: «El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: «El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes».

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca«, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Casablanca»

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación «Casablanca» es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: «Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos».

También añadió: «Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla». En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

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Transición energética justa ¿un nuevo eslogan político? (I)

14 de diciembre de 2018

Pocos medios de comunicación, por no decir ninguno, abren portadas con las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana en la ciudad polaca de Katowice. Qué lejos queda aquella ilusión, y no menos ambición, del Acuerdo de París de 2015.

De lo que tengo pocas dudas es de que la Cumbre Climática estaría en primera página si Polonia, anfitrión de la Conferencia de las Partes de 2018 (COP24), dejase sin luz a la ciudad de Katowice durante más de 48 horas. Los conferenciantes, asistentes y negociadores de más de 200 países de “la COP a oscuras” saldrían en todas las portadas y el primer ministro polaco se podría olvidar de toda felicitación por los avances conseguidos, si es que hay alguno.

Y es que, en pleno siglo XXI, con una sociedad cada vez más dependiente de la electricidad y los carburantes, no garantizar la seguridad energética te puede costar no revalidar el gobierno en las siguientes elecciones.

Garantizar el suministro energético por parte de los representantes políticos, al coste que sea necesario, es uno de los temas que se encuentran “ocultos” tras la Cumbre Climática de Katowice, ciudad situada en la región de Silesia, la comarca minera más importante de Europa y la segunda región con más desempleo de Polonia. Con más de 80.000 mineros, Katowice alberga la central de carbón más grande de Europa.

No superar el incremento global de temperatura media de 2ºC comprometido en el Acuerdo de París, requiere afrontar la descarbonización absoluta de un modelo energético fósil y contaminante. Y eso no es una utopía. Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Pero los flujos energéticos renovables en su mayoría son intermitentes, no siempre hace sol ni sopla el viento. Para garantizar la viabilidad de tecnologías de respaldo para esas situaciones, desde la década pasada los países europeos incorporaron en el recibo de la luz lo que se llama “mecanismos de capacidad”. Se trata de unos pagos, subsidios, subvenciones (que escoja el lector la palabra que quiera) que los consumidores pagamos mediante un gravamen impuesto en el recibo de la luz para garantizar el suministro, o sea, la seguridad ante posibles cortes de luz por intermitencia de las renovables pero también, y muy especialmente, para hacer frente a las puntas de consumo.

Las centrales que se llevan la cantidad más grande de “esos pagos” son las de gas y las de carbón. Bajo el concepto de “seguridad” muchos países instrumentalizan una política de subvención pública a los combustibles fósiles. Un apunte: España se lleva la palma en este tema. La falta de transparencia para identificar cuál es la capacidad necesaria que necesitamos para esa seguridad nos ha puesto los primeros de la lista europea en subvenciones que reciben las centrales más contaminantes. Y no hablamos de calderilla sino de 800 millones de euros anuales, una cifra mucho más alta que la que se calcula necesaria para hacer frente a la pobreza energética y que ha supuesto la abertura de un expediente informativo por parte de la UE al Reino de España por considerar que esconden ayudas de Estado a combustibles fósiles.

Estos pagos o subvenciones a los combustibles fósiles, instrumentados en el recibo de la luz que pagamos todos, no han supuesto ninguna portada en medios de comunicación ni tampoco ninguna protesta social, pero algunos europarlamentarios han querido dotarles de transparencia y limitarlos a unos valores razonables y acotados en el tiempo, que puedan ser auditados y, además, que ninguna central con emisiones de CO2 superiores a 550 g/Kwh pueda beneficiarse de ellos. Ese valor de emisiones implica, de facto, el cierre de las plantas de carbón por inviabilidad económica y, en consecuencia, el desempleo de la actividad minera asociada.

Esa es la gran discusión que afronta la UE de manera simultánea a la celebración de la Cumbre Climática y que está frenando la aprobación de la Directiva del diseño del mercado eléctrico y, por tanto, bloqueando el Paquete Energía Limpia con el que la UE pretende dar respuesta a los acuerdos de París en el horizonte del 2030.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación. Sobre la mesa hay diversos horizontes: el 2025 que propone la Comisión y el 2035 que propone el país anfitrión de la cumbre. De forma lógica, Polonia, con más del 80% de generación eléctrica procedente del carbón, recurso energético autóctono, presiona para que esa limitación se dilate el máximo en el tiempo.

La justicia climática no se puede desligar de la transición energética y ello, sin ninguna duda, va a suponer que algunos sectores como el del carbón, estén sometidos a medidas nada agradables, dolorosas y posiblemente injustas sino se afrontan con el tiempo y las medidas necesarias. Tiempo que, por cierto, empezó con las directivas europeas de finales de los años 80 que limitaban las emisiones contaminantes de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de las grandes centrales de combustión. Entre otros, se establecían planes de cierre si no se conseguían los niveles de emisión permitidos. Y aquí estamos, 30 años más tarde, viendo como algunos países piden 18 años más de tiempo.

Entre los logros de la Cumbre Climática de Katowice va a destacar la “Declaración de Silesia para una transición justa y solidaria” a la que España seguramente se va a adherir.  Sin duda, la transición energética no se puede desligar de una transición justa tanto desde el ámbito social como económico pero me temo que ello sirva, una vez más, para que las administraciones actuales puedan recoger beneficios políticos inmediatos aparentado ecologismo y sensibilidad social mientras que aplazan de nuevo las medidas a tomar que les puedan suponer un elevado precio político y que dejarán para administraciones futuras.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia

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Las falsas verdades del sector petrolero y la transición energética

03 de diciembre de 2018

El otro día tuvo lugar la reunión anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Las reseñas de prensa han sido “trending topic” en todos los medios. Traigo algunas de las perlas de la reunión y mi réplica:

1.- Luis Aires (BP) lamentó que “la intención del Gobierno socava los principios de libertad y progreso»

NO, no hay libertad y progreso si una tecnología causa muertes prematuras evitables y daña el clima por acumulación de gases, con consecuencias devastadoras, según la comunidad científica global. Como sea, la intención del Gobierno es cumplir los objetivos de la UE de descarbonización en 2050.

2.-“Va en contra del progreso y la neutralidad tecnológica» Luis Aires (BP)

NO, no puede haber neutralidad tecnológica si unas tecnologías emiten CO2 y otros contaminantes y otras tecnologías no (Vehículo Eléctrico y H2 con electricidad renovable).

3.-“Crea incertidumbre» en el sector automovilístico.” Luis Aires (BP)

SÍ. Pero les avisa con 22 años para que aceleren su transición. ¿Qué otra industria ha sido avisada con 22 años?

4.-“Esa medida restringe la libertad de desarrollo del sector, poniendo además en riesgo la competitividad y el empleo» Luis Aires (BP)

NO: (a) el sector de combustibles fósiles solo puede desarrollarse de manera sostenible inventando alguna tecnología segura y barata de captura y almacenamiento de los productos de la combustión: CO2, NOx, PM,…  lo que parece imposible con 1.300 Millones de vehículos a motor dispersos en todo el mundo. (b) La competitividad nacional debe mejorar pues las energías renovables ya son más baratas que las fósiles y siguen abaratándose. (c) El empleo debe mejorar si se reemplazan energías importadas intensivas en gasto variable (combustible) por energías nacionales intensivas en coste de capital (construcción y montaje) con costes marginales tendentes a cero (agua, sol y viento renovables).

 

5.-“Que las distintas tecnologías compitan entre sí en igualdad de condiciones” Luis Aires (BP)

Puede ser, pero eso exigiría la internalización, en los precios de los combustibles fósiles, del daño que causan a la sociedad, tanto por la mortalidad anticipada de sus contaminantes químicos como por el cambio climático que causan sus gases de efecto invernadero.  En todo caso, la exigencia de descarbonización impulsada por la UE será de obligado cumplimiento.

6.-«Se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que preguntó qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico» Luis Aires (BP)

NO, esos impuestos apenas dan para el mantenimiento de las infraestructuras, las carreteras.  La fiscalidad de los carburantes, una vez contabilizado el uso de sus infraestructuras es casi nula, según Nera Consulting. En la transición, la fiscalidad de los combustibles fósiles debe subir y  la fiscalidad de la electricidad sin emisiones debe bajar. Toda la flota, sea eléctrica o fósil, deberá contribuir al mantenimiento de las carreteras. O sea, los 17.000 M€ deberán ser pagados por los coches eléctricos cuando sean el 100% de la flota. Entre 33 millones de vehículos (DGT- 2016), resulta una media de 500€ anuales.

 7.- «Esto es golpe en la línea de flotación de la economía y a las principales empresas exportadoras» Imaz (Repsol) 

NO. Esto es un golpe en la línea de flotación del sector de combustibles fósiles. Es verdad que exportan, pero una fracción de lo que importan. Si se refiere a la industria del automóvil, tienen 22 años para reinventarse y seguir exportando coches eléctricos. La economía española debería mejorar su balanza comercial y se generará empleo neto.

8.- Imaz (Repsol) pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica«. «No hipotequemos al ciudadano«.

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Es totalmente comprensible su reacción. Está en riesgo de desaparición todo su modelo de negocio. Pero la sociedad debe erradicar los gases de efecto invernadero. La UE se ha propuesto que en 2050, sus emisiones sean CERO o casi CERO. Tendremos que empezar en serio en algún momento.  En aquellos sectores de actividad donde ya tenemos las tecnologías y, además, son más baratas, no podemos perder ni un solo año más.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

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¿Qué implican las nuevas etiquetas de las gasolineras?

30 de octubre de 2018

Muchas personas se habrán hecho esta pregunta al ir a repostar, al ver unas nuevas etiquetas en los surtidores. A otros les habrán pasado desapercibidas, dado su pequeño tamaño, pero más vale acostumbrarse porque acabarán reemplazando a los indicadores actuales. El nuevo etiquetado se estrenó el 12 de octubre, cuando entró en vigor la aplicación de la normativa europea que obliga a etiquetar, de forma diferente a la habitual, los surtidores de cada tipo de combustible en las gasolineras. Y aunque cada vehículo lleva un tipo de combustible, es una buena ocasión para reflexionar sobre las alternativas disponibles, especialmente si ello lleva a cuestionarse el tipo de vehículo y el uso que hacemos de él.

gasolineras

Lo que nos encontramos ahora en las gasolineras es un nuevo etiquetado en los surtidores: circular para gasolina, cuadrado para gasoil y rombo para el gas. Con esto se nos quiere informar de las alternativas disponibles entre los distintos combustibles. Sin embargo, no son todas las opciones disponibles.

La primera cuestión a tener en cuenta no es cuál es el mejor combustible, sino cómo evitar, o al menos reducir, el consumo de combustible. Y ahí la primera alternativa es el “no-coche”, es decir: evitar los desplazamientos innecesarios (por ejemplo, mediante el teletrabajo, las videoconferencias…), desplazarnos a pie, usar vehículos no motorizados como la bicicleta o usar transporte colectivo (autobús, metro, tren, tranvía…).

Si ninguna de esas opciones nos vale para evitar el coche, entonces se puede recurrir al vehículo compartido, de manera que usamos un vehículo (que puede ser coche, moto, bici…) que no es de nuestra propiedad, sino que puede ser un servicio público o de una empresa privada o de un particular. De esta forma, un mismo vehículo puede ser usado por distintas personas, que pagan por el uso, no por el vehículo. O bien, distintas personas comparten un trayecto en el vehículo de una de ellas.

Si vamos a usar un coche, sea o no de nuestra propiedad, la mejor opción, en cuanto a rendimiento y consumo, es el eléctrico (lo mismo vale para motos y cualquier otro tipo de vehículo motorizado). Cada vez son más los modelos disponibles, aunque estamos aún en una etapa muy incipiente. El motor eléctrico obtiene su energía de la electricidad, no de un combustible directo, aunque es clave que la electricidad sea producida con energías renovables, no con combustibles fósiles ni nucleares. Pero siendo una alternativa real, la recarga de vehículos eléctricos no está incluida en la actual normativa de etiquetado de surtidores, así que esta es otra de las opciones que, por ahora, seguiremos sin ver en las gasolineras.

Los “bio”combustibles no constituyen una alternativa a la necesidad de evitar los combustibles fósiles causantes del cambio climático, pues es muy difícil garantizar que la forma en que se hayan obtenido no haya producido impactos ambientales o sociales iguales o mayores

De manera que el nuevo etiquetado solo es relevante para aquellos vehículos que necesitan un combustible. De éstos, los más eficientes actualmente son los híbridos, que combinan motor de combustión y eléctrico.

Los vehículos que usan gasolina se irán al surtidor con etiqueta circular y los que usan gasoil a los de etiqueta cuadrada. Las letras que aparecen dentro de las etiquetas indican la proporción de combustible de origen vegetal mezclado con el combustible de origen fósil (gasolina o gasoil derivados del petróleo). Esto daría para otro artículo, pero es suficiente con saber que los “bio”combustibles no constituyen una alternativa a la necesidad de evitar los combustibles fósiles causantes del cambio climático, pues es muy difícil garantizar que la forma en que se hayan obtenido no haya producido impactos ambientales o sociales iguales o mayores. Por tanto, no merece la pena perder el tiempo con las letras, salvo lo que indique el fabricante del vehículo.

La mayor novedad está en las etiquetas en forma de rombo, las de los combustibles gaseosos. Ahí sí hay diferencias importantes a tener en cuenta en las letras. LPG se refiere a los gases licuados del petróleo (el butano y el propano de toda la vida), que como su nombre indica provienen del petróleo, así que el problema de fondo es el mismo que con la gasolina o el gasoil. Los que usen gas natural tienen dos indicadores: CNG si el gas es comprimido o LNG si el gas es licuado. Pero a pesar de su bonito nombre, el gas natural es otro combustible fósil, en principio menos contaminante que el petróleo, pero del que también debemos prescindir para hacer frente al cambio climático. H2 es hidrógeno, un combustible limpio al obtenerlo (si se ha producido con energías renovables) y al utilizarlo, pues al quemarse produce vapor de agua solamente, por lo que sería la mejor opción de futuro para aquellos vehículos que no puedan ser directamente eléctricos.

Cada vez que echo gasolina en mi vehículo híbrido, estoy subvencionando al coche diesel de al lado, ya que los impuestos que paga el gasoil son muy inferiores a los que paga la gasolina, de ahí de la diferencia (artificial) del precio

Evidentemente, con todo esto hemos tratado de responder a la pregunta inicial para aquellas personas preocupadas por la calidad del medio ambiente, la salud o, simplemente, el uso racional de la energía. Para quienes solo les preocupe el efecto directo en su bolsillo puede haber otras respuestas, aunque convendría recordarles que, cada vez que echo gasolina en mi vehículo híbrido, estoy subvencionando al coche diesel de al lado, ya que los impuestos que paga el gasoil son muy inferiores a los que paga la gasolina, de ahí de la diferencia (artificial) del precio. Esperemos que esto cambie pronto, como ha prometido el Gobierno, y que cada combustible y cada vehículo pague todo el impacto ambiental que produce. Entonces estas recomendaciones serán igualmente útiles para todos.

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

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Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

18 de junio de 2018

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado «Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

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¿De verdad es el gas la «alternativa eco»?

10 de abril de 2018

Miriam Zaitegui. Área de política y acción climática de ECODES

 

La contaminación en las ciudades y los problemas de salud que acarrea, así como el ya más que evidente cambio climático han acelerado procesos políticos para dar el adiós definitivo al petróleo y apostar por la descarbonización del transporte. Sin embargo, en este proceso de descarbonización llama la atención la apuesta por el mal llamado gas natural como combustible alternativo al petróleo, y decimos «mal llamado» porque el gas natural es en realidad un gas fósil, por lo tanto finito, y con grave impacto en el calentamiento global.

Es sorprendente que en un contexto donde 195 países han ratificado el Acuerdo de París y en el que el gobierno español se enorgullece de estar elaborando una Ley de cambio climático y transición energética se acepte y fomente el gas como combustible alternativo.

En 2016 y siguiendo con la Directiva 2014/94/UE para el “Desarrollo del Mercado de los Combustibles Alternativos y su Infraestructuras” España adoptó un marco de acción nacional con el objetivo de “minimizar la dependencia del petróleo en el sector del transporte y mitigar su impacto medioambiental”. En este marco el gas natural es concebido como una de las alternativas “eco” y es incentivado a través de medidas fiscales, etiquetado eco, etc. Este espejismo de sostenibilidad ha llegado hasta el punto de que SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras. Quizá esta publicidad engañosa sea uno de los motivos que explique el aumento de matriculaciones de vehículos a gas de hasta un 112% en un año.

SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras

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Ni el gas natural es ecológico ni la energía nuclear es sostenible

03 de abril de 2018

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Cuando empieza a haber un amplio consenso entre la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para actuar frente al cambio climático, los sectores energéticos tradicionales maniobran, poniendo en marcha toda su capacidad de influencia mediática, ofreciéndose como parte de la solución, confundiendo y engañando a los ciudadanos, con el único fin de seguir salvaguardando sus intereses y, por tanto, asegurarse durante más tiempo sus pingües beneficios. En este contexto, llama la atención el fuerte interés por apostar por el gas natural y la energía nuclear como energías válidas para la transición energética.

En una reciente visita a la hermosa ciudad de Salamanca, observo que muchos de los autobuses urbanos de esta ciudad funcionan con gas natural. Para mi sorpresa, en todos ellos pone “Soy ecológico: propulsado con gas natural”. Vayamos por partes. Según los conceptos ampliamente aceptados, un producto lleva la etiqueta de ecológico cuando no produce daños al medio ambiente. El gas natural es una fuente de energía fósil, formada por una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros. Su combustión produce gases de efecto invernadero, si bien es cierto que en menor medida que los derivados del petróleo y que el carbón. La razón por la que produce menos C02 es que su principal componente es el metano. Sin embargo este gas cuando se escapa, bien durante su extracción o en su distribución, supone un daño 23 veces mayor al efecto invernadero que el dióxido de carbono.

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