Entradas etiquetadas como ‘Proposición de ley’

Transición energética, ¡la decisión es política!

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Decisión

Estamos ante una opción estratégica de enorme trascendencia para el futuro de nuestra economía, medio ambiente, progreso y el bienestar de la sociedad española en general. Tenemos que conformar nuestro futuro energético y hacerlo de forma urgente ante la ausencia de planificación y política energética en general, sobre todo de la última década o, lo que es peor ante la existencia de una “contrapolítica” nefasta, iniciada ya en la segunda legislatura de Zapatero y perfeccionada con perversa eficiencia (decía Bill McDonaugh que “hay algo peor que un nazi, y es un nazi eficiente”) en las legislaturas de Rajoy con los hermanos Nadal como preclaros agentes.

Una reciente artículo de Javier San Pedro en El País, glosando al nuevo Nobel de Economía, Richard Thaler (quien ha demostrado que somos irracionales como agentes económicos, en contra de lo establecido), concluía con algo que viene a cuento y es que “la política puede ayudarnos a planificar mejor”. Para el Nobel de Economía las decisiones complejas requieren ciertamente el concurso de políticos, expertos y ciudadanos en democracias maduras participativas, aunque reservando un papel primordial a la política como gestora de los riesgos a asumir en estos casos. Política que, como bien se viene mostrando en el caso español, debería hacerse en el Congreso en casos como el de la transición energética y en base a propuestas del Gobierno o, en su ausencia, a iniciativa del Congreso si, como es el caso actual, puede haber una mayoría suficiente en la oposición.

Me meto en estas honduras para exigir que la respuesta al desafío del cambio climático y a la conformación de la necesaria y oportuna transición energética que se pretende instrumentar en una cacareada Ley venga de la política y ya, urgentemente. Y es que, con la habilidad y eficiencia que caracterizan al ministro Álvaro Nadal, se ha puesto en marcha un proceso por el que se hurta a la política, al Congreso y a la ciudadanía la conformación urgente de la transición energética.

En primer lugar, el Gobierno no ha dado unas mínimas referencias en cuanto a su propósito, visión y objetivos en el tiempo de la política energética que pretendería instrumentar con la citada Ley. Lo que sí ha hecho en cambio el Ministro Nadal recientemente es criticar la política y estrategias de descarbonización de la Unión Europea (Hoja de Ruta para una Europa  baja en Carbono, Hoja de Ruta de la Energía para 2050, Paquetes 2020 y 2030 y Unión Energética) contraponiéndolas a las medidas ahora iniciadas por EEUU con Donald Trump para reforzar la carbonización de su economía lo que, según Nadal, colocaría a la UE en desventaja en los mercados. Tal afirmación, además de irresponsable es falsa como bien han demostrado las ventajas competitivas de la UE por haber firmado y cumplido con el protocolo de Kioto.

En segundo lugar, en este contexto de falta de referencias políticas, o más bien equívocas, el Gobierno se tira el pegote de abrir una extensa consulta pública pidiendo aportaciones de colectivos, agentes socioeconómicos, ONGs …que, por supuesto serán, además de bien intencionadas, bien informadas, pero siempre sin saber muy bien para qué. Muchos parecen contentarse con la falsa esperanza de que les servirá para presentar alegaciones cuando se presente el Proyecto de Ley, lo que ya es un indicador de lo baldío del ejercicio.

En tercer lugar, el Gobierno, también humildemente, se ha sometido a atender el dictamen y propuestas en materia de transición energética de un grupo de 14 expertos identificados a propuesta de partidos políticos y agentes socioeconómicos. Aunque siempre sin someter cuál es la política a futuro a la que deben dar respuestas técnicas.

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El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

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Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

 Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico en Alianza Mar Blava

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

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Ciudadanos y el autoconsumo: Cuando el veto pesa más que el voto

Por Hugo Morán – Exdiputado

ciudadanos

Veinticuatro vetos (si mi información es correcta) ha registrado hasta la fecha el Gobierno contra otras tantas iniciativas del Congreso en lo que llevamos de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la tónica preponderante en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hasta que la misma se de por concluida. Es evidente, cada vez más, que es mucho mayor la capacidad del Consejo de Ministros para encorsetar la acción del Parlamento, que la de éste para condicionar las decisiones de aquél.

La variable que se ha producido ahora respecto a otros vetos anteriores que venían siendo reiteradamente rechazados por la mesa de la Cámara Baja, es que en el caso de la Proposición de Ley de Autoconsumo que había sido impulsada por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular y Foro Asturias, ha sido una de las formaciones firmantes -Ciudadanos- la que se ha descolgado sorprendentemente de su compromiso inicial para colocarse del lado del Gobierno.

En ningún momento compartí el optimismo, y en algún caso euforia, de quienes querían leer en la composición del hemiciclo el relato del desmontaje de todo el entramado legislativo construido a golpe de mayoría absoluta por un Gobierno condenado ahora poco menos que al papel de convidado de piedra, a merced de las hostiles conveniencias parlamentarias de la oposición. No cabe en nuestra Constitución la figura del gobierno cameral.

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