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¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Caída, abismo y resiliencia

Estamos en caída libre. El último agarre que teníamos en la mano se nos ha resbalado a causa de que, sin previo aviso, estaba más húmedo de lo que habíamos previsto. En la escalada la concentración de ir paso a paso con cada movimiento, es fundamental para ascender a la cumbre por la vía. Aunque, puede haber factores imprevisibles que nos hagan caer. Extrapolándolo al sistema socioeconómico actual, este factor imprevisible y con consecuencias devastadoras está siendo el COVID 19. Imprevisible, o más bien invisible, al no haber valorado la importancia de la biodiversidad y su conservación en la contención de los virus de origen animal. Lee el resto de la entrada »

El transporte pesado por carretera, un sector olvidado en el PNIEC

La pandemia provocada por el coronavirus, lógicamente, ha relegado temporalmente (ojalá que sólo sea de forma breve) a un segundo plano otros asuntos sumamente importantes, como es el caso de la crisis climática. Ésta última es otra emergencia planetaria que también pone en riesgo nuestra supervivencia y para cuya solución (en este caso la “vacuna” ya existe) se necesita igualmente la adopción de medidas urgentes y de gran calado. Esperemos que, una vez superada esta grave crisis sanitaria, los gobiernos y las diversas fuerzas políticas sigan actuando con responsabilidad y den la prioridad necesaria a la lucha conjunta contra el cambio climático.

Mientras nuestros sanitarios luchan con mucho esfuerzo contra la enfermedad, con el encomiable apoyo de muchos otros profesionales de diferentes estamentos-desde aquí expresamos un sincero reconocimiento a su gran trabajo y nuestro agradecimiento a todos ellos-, otros asuntos, ordinarios pero muy relevantes, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, han quedado en un discreto segundo plano.

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Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

España se desenchufa del futuro

Hugo Morán Secretario para la Transición ecológica de la economía de la CEF-PSOE

 

“Nadal dice que la Ley de Cambio Climático no estará lista hasta que se apruebe la europea”

En el año 2017 China invirtió 133 mil millones de dólares en nuevas instalaciones de generación eléctrica con tecnologías renovables (Bloomberg New Energy Finance), que sólo en fotovoltaica supusieron la friolera de 53 gigavatios de nueva potencia añadida, lo que supone más de lamitad de la capacidad mundial. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes que se manejan, Alemania, que está siendo la locomotora europea en desarrollo renovable, se quedó el año pasado en el entorno de los 2 gigavatios de nueva fotovoltaica instalada. Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias, una vez que los EEUU de Donald Trump han renunciado de facto a disputarlo, enterrando el gran proyecto político de Barack Obama expresado en la frase: “el país que lidere una economía basada en las energías limpias, liderará el siglo XXI”.

Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias

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Acción ciudadana ante la inacción política: ¡Hay que actuar ya para mitigar el cambio climático!

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

La reciente Cumbre de Cambio Climatico de Naciones Unidas que ha acogido la ciudad de Bonn (COP23) ha confirmado, después de la mejora en los augurios de la COP21 de París de 2015, que nuestros mandatarios siguen condicionados y frenados por los intereses económicos ligados a la economía fósil, las empresas energéticas, las eléctricas, las automovilísticas… Las presiones de sus potentes oligopolios ralentizan continuamente la inexorable descarbonización de la economía y con ello no solo la mitigación del cambio climático, cuyas consecuencias aparecen ya como devastadoras, sino también la de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades que sigue mostrándose inadmisible y afectando seriamente a nuestra salud y calidad de vida.

Una muestra evidente de esta resistencia al cambio es la posición mostrada durante la COP por muchos países contrarios al cierre de las centrales térmicas alimentadas por el más contaminante de los combustibles fósiles, el carbón; entre estos países están algunos europeos como España o Polonia y uno tan señero en su transición energética como Alemania. Otra muestra la encontramos en las noticias recientes sobre las presiones empresariales y sindicales del sector automovilístico español para que el Gobierno se tome con calma la también inexorable introducción de los vehículos eléctricos.

Y lo más irresponsable e inadmisible  de esta inacción, también en la UE aunque lo sea en menor grado, es que este proceso de abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por energías de fuentes renovables no solo tiene ventajas ambientales sino también económicas (costes menores y en continua caída  y más si se internalizan costes ambientales), sociales (más empleo, energías más seguras y accesibles, autóctonas e integrables en el entorno) y estratégicas (seguridad de suministro) de las que se benefician principalmente los ciudadanos y las ciudades, las cuales pueden convertirse no solo en espacios urbanos limpios, habitables e incluso autosuficientes energéticamente

Siendo los ciudadanos y las ciudades los principales perjudicados por la inacción política y los agentes principales y beneficiarios del modelo alternativo ¿a qué esperamos? O mejor, ¿por qué tenemos que esperar a que nuestros mandatarios superen su confusión – que la tienen y mantienen –   sobre los intereses generales y los de los oligopolios y sectores económicos dominantes?  Y más sabiendo que cuando la superen será demasiado tarde, sobre todo para hacer de que el cambio climático pase de ser un desafío a una oportunidad o “clímax para el cambio”.

Quien no lo crea que se atreva a ojear los dos incontrovertibles informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, “Lecciones tardías de alertas tempranas”, que recoge  ejemplos de desastres ambientales, con daños a la naturaleza y la salud que, pese a ser conocidos suficientemente durante años y decenios, tuvieron una respuesta tardía que impidió en muchos casos evitar los daños. El cambio climático es ya el desastre a cuyos impactos más tiempo hemos tardado en responder (hace mas de 120 años que ya lo predijo con bastante precisión Arrhenius) y, a este paso, va a ser con diferencia el más devastador. La experiencia da por buenas dos de las lecciones de estos informes en las que se recogen las razones de esta tardía e irresponsable falta de respuesta, la de existencia de intereses económicos dominantes ligados al desastre y la de su cercanía o cohabitación con el poder.

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Si llegamos tarde, perdemos

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

tiempo

Si el mercado eléctrico no estuviese revestido de unas características que lo distancian de forma notable de otros mercados al uso, el pulso que hoy se libra en nuestro país entre tecnologías renovables y tecnologías convencionales se habría producido ya diez años atrás. Más aún, el protagonismo de la administración en el proceso de transición no iría más allá de un limitado papel de vigilancia en evitación de abusos entre competidores y de defensa de los derechos del consumidor.

Así sucede en uno de los sectores que más reticente se ha venido demostrando a la hora de enfrentar su inevitable mutación, como es el que comparten los imperios del petróleo y del automóvil. Por más que la industria del motor se ha resistido a aceptar su destino, y los gobiernos han venido arrastrando los pies haciendo gala de una injustificable miopía, el vehículo eléctrico va ganando terreno a su predecesor cubriendo a velocidad anual etapas que los más optimistas habían calculado en lustros.

En uno de sus primeros discursos como presidente, Barack Obama asignaba a quienes más rápido avanzasen en la implantación de las energías renovables el papel de líderes económicos del futuro; siendo así que los países que antes culminen sus transiciones energéticas, estarán en condiciones de garantizar plataformas de certidumbre para la inversión en la práctica totalidad de sectores industriales.

Plantear en este escenario una propuesta de prolongación de la vida útil del parque nuclear, como el Gobierno acaba de hacer público en estas últimas semanas, equivale a ralentizar y encarecer nuestra transición energética como país y, en consecuencia, a renunciar en favor de terceros a toda expectativa de modernización industrial.

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Irresponsabilidad y falta de rigor en la política energética

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Mercado bursátil

El pasado jueves la cotización bursátil de todo el sector eléctrico español sufrió un importante retroceso con una pérdida de valor en bolsa de 2.300M€ en una jornada en la que el resto de valores no tuvo prácticamente variación.

Las razones de dicho descalabro están asociadas a la publicación de un informe del banco de inversión Goldman Sachs en el que consideraba que el sector eléctrico español estaba sobrevalorado a tenor de las informaciones que analistas del banco habían recibido directamente, como previsiones, por parte del Secretario de Estado de Energía, David Navia.

De esta situación se pueden sacar al menos dos conclusiones: la primera es la capacidad de los bancos de inversión de alterar el valor de mercado de las empresas y la segunda la irresponsabilidad política y económica del equipo del Ministro de Energía, Alberto Nadal. Irresponsabilidad no solo por las consecuencias de crear una alarma gratuita y sin soporte real en los mercados y en los inversores al trasladarles como reales las consecuencias de una política energética de ficción, sino también por la continua banalización de la proyección de magnitudes a las que el ministro y su secretario de estado nos tienen acostumbrados.

La información trasladada a Goldman Sachs estaba centrada en dos previsiones fundamentales: la pérdida de retribución, a partir del 2020, del 40% de los negocios regulados (base de la cuenta de resultados del sector eléctrico español) y la reducción del 30% de la retribución a las renovables, como si no les hubieran infringido suficiente castigo en el pasado, situación que puede originar un nuevo agujero financiero en los bancos por la imposibilidad de pago de la deuda existente en sus balances al financiar inversiones en energías renovables.

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El grave error de utilizar a las renovables como moneda de cambio

Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

aerogeneradores

La estrategia energética española de supeditar el cumplimiento de nuestro compromiso europeo de alcanzar un 27% de la electricidad con renovables en 2030 a que consigamos fortalecer nuestras interconexiones eléctricas internacionales no puede calificarse más que de grave error.

Si bien nadie pone en duda las ventajas de un fortalecimiento de las interconexiones eléctricas por cuanto contribuyen a una mayor estabilidad del sistema y una mayor competencia en los mercados, reivindicación que, por otra parte, España viene exigiendo sistemáticamente desde nuestra entrada en la Unión Europea. La argumentación de que nuestro 17,3% de penetración renovable tiene un sobrecoste  de unos 1.200 millones de euros por tener un nivel de interconexión del 3% de la potencia instalada (menor que la establecida por el Consejo Europeo del  10%), suena más a justificación para seguir con una política anti renovables frente a la política que deberíamos emprender  de apostar con más fuerza por acelerar la inevitable y necesaria  electrificación de nuestro consumo energético a partir de renovables, y ello por los siguientes motivos :

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Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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