La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

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Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

España se desenchufa del futuro

Hugo Morán Secretario para la Transición ecológica de la economía de la CEF-PSOE

 

“Nadal dice que la Ley de Cambio Climático no estará lista hasta que se apruebe la europea”

En el año 2017 China invirtió 133 mil millones de dólares en nuevas instalaciones de generación eléctrica con tecnologías renovables (Bloomberg New Energy Finance), que sólo en fotovoltaica supusieron la friolera de 53 gigavatios de nueva potencia añadida, lo que supone más de lamitad de la capacidad mundial. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes que se manejan, Alemania, que está siendo la locomotora europea en desarrollo renovable, se quedó el año pasado en el entorno de los 2 gigavatios de nueva fotovoltaica instalada. Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias, una vez que los EEUU de Donald Trump han renunciado de facto a disputarlo, enterrando el gran proyecto político de Barack Obama expresado en la frase: “el país que lidere una economía basada en las energías limpias, liderará el siglo XXI”.

Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias

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Acción ciudadana ante la inacción política: ¡Hay que actuar ya para mitigar el cambio climático!

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

La reciente Cumbre de Cambio Climatico de Naciones Unidas que ha acogido la ciudad de Bonn (COP23) ha confirmado, después de la mejora en los augurios de la COP21 de París de 2015, que nuestros mandatarios siguen condicionados y frenados por los intereses económicos ligados a la economía fósil, las empresas energéticas, las eléctricas, las automovilísticas… Las presiones de sus potentes oligopolios ralentizan continuamente la inexorable descarbonización de la economía y con ello no solo la mitigación del cambio climático, cuyas consecuencias aparecen ya como devastadoras, sino también la de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades que sigue mostrándose inadmisible y afectando seriamente a nuestra salud y calidad de vida.

Una muestra evidente de esta resistencia al cambio es la posición mostrada durante la COP por muchos países contrarios al cierre de las centrales térmicas alimentadas por el más contaminante de los combustibles fósiles, el carbón; entre estos países están algunos europeos como España o Polonia y uno tan señero en su transición energética como Alemania. Otra muestra la encontramos en las noticias recientes sobre las presiones empresariales y sindicales del sector automovilístico español para que el Gobierno se tome con calma la también inexorable introducción de los vehículos eléctricos.

Y lo más irresponsable e inadmisible  de esta inacción, también en la UE aunque lo sea en menor grado, es que este proceso de abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por energías de fuentes renovables no solo tiene ventajas ambientales sino también económicas (costes menores y en continua caída  y más si se internalizan costes ambientales), sociales (más empleo, energías más seguras y accesibles, autóctonas e integrables en el entorno) y estratégicas (seguridad de suministro) de las que se benefician principalmente los ciudadanos y las ciudades, las cuales pueden convertirse no solo en espacios urbanos limpios, habitables e incluso autosuficientes energéticamente

Siendo los ciudadanos y las ciudades los principales perjudicados por la inacción política y los agentes principales y beneficiarios del modelo alternativo ¿a qué esperamos? O mejor, ¿por qué tenemos que esperar a que nuestros mandatarios superen su confusión – que la tienen y mantienen –   sobre los intereses generales y los de los oligopolios y sectores económicos dominantes?  Y más sabiendo que cuando la superen será demasiado tarde, sobre todo para hacer de que el cambio climático pase de ser un desafío a una oportunidad o “clímax para el cambio”.

Quien no lo crea que se atreva a ojear los dos incontrovertibles informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, “Lecciones tardías de alertas tempranas”, que recoge  ejemplos de desastres ambientales, con daños a la naturaleza y la salud que, pese a ser conocidos suficientemente durante años y decenios, tuvieron una respuesta tardía que impidió en muchos casos evitar los daños. El cambio climático es ya el desastre a cuyos impactos más tiempo hemos tardado en responder (hace mas de 120 años que ya lo predijo con bastante precisión Arrhenius) y, a este paso, va a ser con diferencia el más devastador. La experiencia da por buenas dos de las lecciones de estos informes en las que se recogen las razones de esta tardía e irresponsable falta de respuesta, la de existencia de intereses económicos dominantes ligados al desastre y la de su cercanía o cohabitación con el poder.

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Si llegamos tarde, perdemos

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

tiempo

Si el mercado eléctrico no estuviese revestido de unas características que lo distancian de forma notable de otros mercados al uso, el pulso que hoy se libra en nuestro país entre tecnologías renovables y tecnologías convencionales se habría producido ya diez años atrás. Más aún, el protagonismo de la administración en el proceso de transición no iría más allá de un limitado papel de vigilancia en evitación de abusos entre competidores y de defensa de los derechos del consumidor.

Así sucede en uno de los sectores que más reticente se ha venido demostrando a la hora de enfrentar su inevitable mutación, como es el que comparten los imperios del petróleo y del automóvil. Por más que la industria del motor se ha resistido a aceptar su destino, y los gobiernos han venido arrastrando los pies haciendo gala de una injustificable miopía, el vehículo eléctrico va ganando terreno a su predecesor cubriendo a velocidad anual etapas que los más optimistas habían calculado en lustros.

En uno de sus primeros discursos como presidente, Barack Obama asignaba a quienes más rápido avanzasen en la implantación de las energías renovables el papel de líderes económicos del futuro; siendo así que los países que antes culminen sus transiciones energéticas, estarán en condiciones de garantizar plataformas de certidumbre para la inversión en la práctica totalidad de sectores industriales.

Plantear en este escenario una propuesta de prolongación de la vida útil del parque nuclear, como el Gobierno acaba de hacer público en estas últimas semanas, equivale a ralentizar y encarecer nuestra transición energética como país y, en consecuencia, a renunciar en favor de terceros a toda expectativa de modernización industrial.

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Irresponsabilidad y falta de rigor en la política energética

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Mercado bursátil

El pasado jueves la cotización bursátil de todo el sector eléctrico español sufrió un importante retroceso con una pérdida de valor en bolsa de 2.300M€ en una jornada en la que el resto de valores no tuvo prácticamente variación.

Las razones de dicho descalabro están asociadas a la publicación de un informe del banco de inversión Goldman Sachs en el que consideraba que el sector eléctrico español estaba sobrevalorado a tenor de las informaciones que analistas del banco habían recibido directamente, como previsiones, por parte del Secretario de Estado de Energía, David Navia.

De esta situación se pueden sacar al menos dos conclusiones: la primera es la capacidad de los bancos de inversión de alterar el valor de mercado de las empresas y la segunda la irresponsabilidad política y económica del equipo del Ministro de Energía, Alberto Nadal. Irresponsabilidad no solo por las consecuencias de crear una alarma gratuita y sin soporte real en los mercados y en los inversores al trasladarles como reales las consecuencias de una política energética de ficción, sino también por la continua banalización de la proyección de magnitudes a las que el ministro y su secretario de estado nos tienen acostumbrados.

La información trasladada a Goldman Sachs estaba centrada en dos previsiones fundamentales: la pérdida de retribución, a partir del 2020, del 40% de los negocios regulados (base de la cuenta de resultados del sector eléctrico español) y la reducción del 30% de la retribución a las renovables, como si no les hubieran infringido suficiente castigo en el pasado, situación que puede originar un nuevo agujero financiero en los bancos por la imposibilidad de pago de la deuda existente en sus balances al financiar inversiones en energías renovables.

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El grave error de utilizar a las renovables como moneda de cambio

Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

aerogeneradores

La estrategia energética española de supeditar el cumplimiento de nuestro compromiso europeo de alcanzar un 27% de la electricidad con renovables en 2030 a que consigamos fortalecer nuestras interconexiones eléctricas internacionales no puede calificarse más que de grave error.

Si bien nadie pone en duda las ventajas de un fortalecimiento de las interconexiones eléctricas por cuanto contribuyen a una mayor estabilidad del sistema y una mayor competencia en los mercados, reivindicación que, por otra parte, España viene exigiendo sistemáticamente desde nuestra entrada en la Unión Europea. La argumentación de que nuestro 17,3% de penetración renovable tiene un sobrecoste  de unos 1.200 millones de euros por tener un nivel de interconexión del 3% de la potencia instalada (menor que la establecida por el Consejo Europeo del  10%), suena más a justificación para seguir con una política anti renovables frente a la política que deberíamos emprender  de apostar con más fuerza por acelerar la inevitable y necesaria  electrificación de nuestro consumo energético a partir de renovables, y ello por los siguientes motivos :

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Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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El ciudadano como centro del universo energético

Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER

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Más allá de exabruptos como los del presidente de los Estados Unidos, o de piedras en el camino que con inefable torpeza ponen en el sendero de la transición energética algunos gobiernos como el de España, parece que el cambio de modelo de cómo producimos y cómo consumimos la energía en el planeta, es inexorable.

Ya nadie mínimamente informado pone en cuestión que las renovables han venido para quedarse, que el autoconsumo se viralizará en masa, que la gestión ordenada de nuestra demanda será una de las claves del sistema, que el transporte se electrificará y por nuestras carreteras solo andarán coches eléctricos y un sinfín de sorpresas más que pondrán patas arriba muchas cosas de nuestro día a día.

En realidad, se trata de poner al ciudadano como centro del universo energético desplazando a determinados oligopolios del único foco de atención del sistema.

Sin duda la tecnología está suponiendo en este ámbito (como en otros), un cambio radical en nuestro mundo. Sin embargo, esa transformación no me parece que vaya al alimón de algo primordial en esta historia: la adecuación de la debida interpretación jurídica.

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La desgracia de ser español en España

Por Hugo Morán – Exdiputado

“El Demandado violó el Artículo 10 (1) del Tratado de la Carta de la Energía al no otorgar un trato justo y equitativo a las Demandantes”. “Dada la violación del TCE por parte del Demandado, se otorga a las Demandantes la suma de EUR 128 millones por concepto de daños, que el Demandado debe pagar”. He aquí la sustancia del Laudo dictado por el CIADI en la demanda interpuesta por Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg S.A.R.I. contra el Reino de España, y enviado a las partes el pasado 4 de mayo.

Lo que el “Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones” deja definitivamente sentenciado en su arbitraje, es que los Reales Decretos Ley 2/2013, 9/2013, 413/2014, Ley 24/2013 y Orden Ministerial IET/1045/2014, constituyeron una flagrante vulneración de los derechos internacionalmente reconocidos en el Tratado de la Carta de la Energía.

Pero no es mi intención entrar en el análisis de un Laudo que ha sido sobradamente estudiado y difundido desde el instante en que fue hecho público. Quiero detenerme de forma somera en las consecuencias de orden interno que habrían de derivarse del mismo, en tanto que resultaría políticamente inexplicable, y socialmente inasumible, que los ciudadanos españoles acabasen siendo discriminados por su propio Gobierno precisamente por el hecho de invertir y contribuir al desarrollo de su país.

Ni el Gobierno puede escudarse en las sucesivas sentencias recaídas para justificar el desamparo en el que se encuentran decenas de miles de familias afectadas por sus descabellados (e ilegales) recortes, ni el Parlamento puede ignorar la trascendencia de un Laudo Arbitral al que muy probablemente seguirán bastantes más.

Cierto que ha de implementarse sin mayor demora una transición energética que deje atrás los desatinos de las sucesivas reformas torpemente encadenadas en estos últimos años, pero no debe obviarse en ningún momento que dicha transición ha de ser justa, lo cual implica no dejar en el olvido a los damnificados. Han de ser rescatadas del desahucio energético todas las familias que fueron traicionadas por el Estado de Derecho, y ello conlleva hacer inclusivo a los inversores españoles el reconocimiento de reparación que el CIADI aplica a los extranjeros.

Apelo a la responsabilidad de las Cortes Generales en su deber primero de amparar a la ciudadanía a la cual representan, promulgando sin mayor demora las medidas legislativas necesarias para reparar el daño ilegítimo causado, derogando en primer término las reformas en su día aprobadas en flagrante vulneración del Tratado de la Carta de la Energía suscrito por el Reino de España, y habilitando subsidiariamente las medidas económicas indemnizatorias equivalentes a las arbitradas para quienes, por no ser españoles, no precisaron del Parlamento para recabar la salvaguarda de sus derechos.

Quo vadis reforma eléctrica

Por Juan Castro – Gil – Abogado y Secretario de ANPIER

Qué tiempos aquellos en los que el entonces secretario de estado de energía Alberto Nadal, aseguraba que su reforma eléctrica acabaría con todos los males del sistema eléctrico, dando estabilidad, bajando los precios y acabando con el déficit tarifario. Momentos que ya entonces me recordaron a aquella fantástica secuencia de la película Quo vadis, cuando Nerón (encarnado por el fantástico Peter Ustinov), cantaba con su arpa y con voz de pito las maravillas de su propio arte.

Qué decir de tantos recuerdos en los que los aduladores del imperio loaban las virtudes de tanta magnificencia.

La gobernanza de la energía, regentada con mano de hierro en los últimos cinco años por los hermanos Nadal, se ha llevado por delante la seguridad jurídica del país, ha reventado un sector en el que España era puntero haciendo desaparecer 75.000 puestos de trabajo, se ha puesto a la cola de Europa en la defensa de la sostenibilidad medioambiental y todo ello, bajo el supuesto mantra de reducir el déficit de tarifa.

Las grandes decisiones imperiales de nuestros nerones de andar por casa fueron: recortar drásticamente y de forma retroactiva los derechos de los productores renovables (muy significadamente los de tecnología solar), poner un impuesto medioambiental que curiosamente pagaban todos los productores (contaminasen o no), y endiñarle un hermoso impuesto a la generación producida en nuestras propias casas (impuesto al sol). Fundamentalmente estas eran las medidas estrella con las que se enviaba a los leones al déficit eléctrico.

O tempora, o mores. Resultó que el tiempo, como un martillo pilón, va poniendo los acontecimientos y a las personas en su sitio.

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