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Un 2020 a la sombra del hidrógeno

Durante este 2020, y más allá de todo lo relacionado con la crisis sanitaria a causa de la Covid 19, hemos observado como diferentes tecnologías de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovable han competido, en el término amplio de la palabra, por captar la atención mediática, las inversiones, la seguridad regulatoria, las estrategias a futuro y, lo más importante, los fondos de recuperación Next Generation de la UE. Más allá de las tecnologías más maduras y baratas, como la eólica y la solar, que han ido batiendo récord mes tras mes; ha asomado la cabeza un actor más allá de la generación, olfateando el rastro del fondo de la UE y de sus negociaciones, que no esperábamos hasta dentro de unos años, el hidrógeno. Eso sí, multicolor, por mucho que el único capaz de reducir las emisiones, dentro de los objetivos adquiridos por España, sea el hidrógeno verde al ser producido con renovables.

Este nuevo vector energético nos ha hecho obviar los hitos de las energías renovables en nuestro país. Si miramos al sistema eléctrico, el pasado lunes 20 de diciembre a las 14:28 horas, según datos de Red Eléctrica de España, la generación eólica alcanzó los 19.588 MW de potencia instantánea con esta tecnología, lo que supone un aumento del 3,76% respecto al anterior máximo de 18.879 MW, registrado hace poco más de un año, el 12 de diciembre de 2019. Esto se traduce en que el 83% de la demanda registrada en el sistema eléctrico peninsular, en ese determinado momento, se ha cubierto con energía de origen renovable. Una cifra nunca vista, a la cual nos tendremos que ir acostumbrando en nuestro camino al sistema eléctrico 100% renovable.

Sin embargo, el 2020 ha sido el año del hidrógeno, una verdadera fiebre, y todo lo no circunscrito a esta incipiente tecnología ha quedado bajo su alargada sombra. El gobierno de España ha realizado, a través de su Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, un envite para liderar su investigación, desarrollo y promoción, queriendo convertirnos en un Hub del Hidrógeno. Esta incluye diversos objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 GW de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado. Toda una hazaña, la cual necesitará inversión. Y mucha, sobre todo por parte de aquellos que tenían prácticamente un pie fuera, como es el caso de las compañías de hidrocarburos.

Por ejemplo, Enagás, con 12 proyectos de hidrógeno a desarrollar en el periodo 2021-2023, podría movilizar unos 1.500 millones de euros de inversión; Repsol también ha movido ficha, prevé realizar inversiones por entre 2.200 y 2.900 millones de euros en el periodo 2021-2026 vinculadas a proyectos de la cadena de valor. No solo las petroleras y gasistas se han unido a la fiebre desmesurada del hidrógeno, bien sea para reconvertir la infraestructura de transporte ya sobredimensionada o por dar un valor sostenible a la marca; también alguna que otra gran compañía eléctrica. Este es el caso de Iberdrola, con la proyección de 800 MW de hidrógeno verde y una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos siete años. Un negocio muy suculento, con todo el camino por hacer, aunque ya se habían empezado a mover por otro lado.

Como reveló un análisis elaborado por la entidad Corporate Europe Observatory (CEO), el lobby del hidrógeno, cuyos principales actores son las empresas de gas fósil, ha declarado un gasto anual de 58,6 millones de euros para intentar influir en la formulación de políticas de Bruselas. Y vaya si lo consiguieron, pero, además, con los fondos de recuperación Next Generation de la UE de por medio, redoblaron esfuerzos. Estamos hablando, para España, de 66.300 millones de euros en préstamos y 59.000 en ayudas (672 500 millones de euros para toda la UE) que se emitirán periódicamente a través de los proyectos que presenten las Comunidades Autónomas, para impulsar nuestra recuperación que debería estar basada en una transición verde, digital y justa. Sin embargo, la industria del gas, ahora en jaque por el abaratamiento del coste de las baterías de almacenamiento, quiere mantener la puerta abierta en este fondo para proyectos de gas. Así, los líderes de la UE recibieron cartas y diferentes reuniones en sus despachos de más de 50 empresarios de la industria (incluidos BP, Enagas, Fluxys, Total, Repsol, Eurogas, Gasnaturally , IOGP y Gas Infraestructure Europe) para respaldar herramientas políticas ambiciosas y pragmáticas que permitirán la ampliación de todas las opciones de descarbonización que serán necesarias para lograr la neutralidad de carbono para 2050, incluidos los gases naturales y renovables. Por esta razón, tanto el hidrógeno azul (gas) como el verde (agua+renovables) han recibido el visto bueno para recibir dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia, señalados como una salida “limpia” de la crisis. Un traspié que nos puede salir muy caro, sobre todo a los consumidores, es decir, a los que siempre pagamos los errores de las políticas energéticas.

Toda esta fiebre por el hidrógeno ha postergado a otras alternativas ya maduras, desarrolladas y rentables, como es el caso del almacenamiento en baterías, las renovables, la electrificación de los diferentes sectores, la gestión de la demanda y la eficiencia energética. Por si estas razones no fueran suficientes, se echa en falta algo muy significativo, como marcan las Directivas Europeas. Nada menos que el papel activo del ciudadano, siendo el centro sobre el que gire el cambio de modelo energético.

¿Dónde queda la ciudadanía en los planes del hidrógeno? La respuesta es tan sencilla como aterradora, en un tercer plano. Esto choca frontalmente con la idea de desarrollar la capacidad de que el ciudadano pueda producir, consumir, compartir, almacenar y vender electricidad generada a partir de energía renovable, y que participen todo tipo de entidades que estén ubicadas cerca de los proyectos de energía o desarrollen actividades relacionadas con sus respectivos proyectos energéticos. Además, según un reciente estudio, el autoconsumo fotovoltaico en azoteas tiene un potencial abrumador que tenemos que empezar a explotar, ya que los cálculos realizados sitúan el potencial en 8.300 TWh al año. Para hacerse una idea de lo que significa esto, es aproximadamente 1,5 veces la demanda mundial de electricidad residencial de 2015. Este debería de ser uno de los focos principales para los proyectos que opten los fondos de la UE por sus características y beneficios, como ya expusimos desde la Fundación Renovables, entre los que destacan: ser sostenibles, viables a corto plazo, replicables, distribuidos, repercute en la pequeña empresa, inclusivo y favorece a la ciudadanía.

No obstante, no solo se deberían destinar a financiar o incentivar proyectos de autoconsumo, sino todo lo que opere sobre la demanda, renunciando a que el sistema se base exclusivamente en la oferta, y permita su gestión inteligente aumentando la capacidad de energía flexible por parte del ciudadano (agregadores de demanda, contadores inteligentes, domótica, desplazamiento de cargas, almacenamiento, carga del vehículo eléctrico, etc.). Así mismo, no podemos olvidar la aceleración hacia la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de GEI (como el 55% de la UE para 2030), que nos permita no superar la barrera de los 1,5ºC de aumento de temperatura media global antes de 2050. Es necesario potenciar la rehabilitación energética de edificios, la generación distribuida, la movilidad sostenible y descarbonización del transporte, aumentar la eficiencia energética del equipamiento, la digitalización, los planes de desarrollo industrial e I+D+i; para todo ello, el fondo supondría un empujón definitivo para avanzar hacia la consecución de una sociedad más justa, equitativa en oportunidades y sostenible mediambientalmente.

Por tanto, el modelo propuesto que sobredimensiona el hidrógeno sólo profundizará en la dependencia de la importación de fuentes de energía de fuera de las fronteras europeas, ya sea gas fósil en el caso de España, además de acarrear una deuda futura que la pagaremos entre todos. En cambio, tenemos la oportunidad de empezar a generar diversas herramientas, medidas y soluciones fundamentales para que la transición energética sea abanderada por los que deben ser los principales beneficiarios de esta, la propia ciudadanía.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

 

Ley de Cambio Climático, un cauce verde para la lluvia de millones

Están siendo semanas frenéticas, como si las prisas por hacer las cosas bien por fin hubieran llegado, o, más bien, porque mañana, jueves 15 de octubre, comienza el periodo para presentar las iniciativas de recuperación para los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es un sprint en toda regla y, no es para menos. Estamos hablando de 72.700 millones de euros en transferencias, esto es, para entendernos, el equivalente al 5,5% del PIB español, que se concentra en 2021-23 para recuperar la economía española. Los números nublan la vista. Una lluvia de millones que hay que evitar que caigan en los cauces del pasado, aquellos que nos llevarían a una falta de competitividad industrial y de innovación tecnológica, unos mantras que parece que nos cuesta asumir como sociedad. Nunca es tarde para ello.

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Brilla con Luz Propia

 

Las evidencias científicas sobre el colapso de nuestra sociedad el cambio climático cada día son más apabullantes. Los pronósticos de hace más de tres décadas, ya son una realidad. En la actualidad nos enfrentamos a la gran amenaza que supone el avance de la crisis climática y la económica, que justo acaba de comenzar. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan sin parar, día tras día.

Hoy se evidencia, a todas luces, la urgente necesidad de un nuevo sistema socioeconómico ecológico y sostenible, permitiendo garantizar un futuro de calidad a nuestras próximas generaciones. Las crisis conllevan tiempos de adversidades, pero siempre tienen una luz de cambio en ellas, la cual tenemos que saber aprovechar.

La Fundación Renovables es un think tank de energía independiente que, formados por y para personas desde hace 10 años, tiene como objetivo fundamental la creación de políticas transformadoras y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios fundamentales.

Son muchos los motivos que nos llevan a impulsar ese cambio. Son muchas las personas que necesitan este cambio. Son muchos años los que hemos luchado por este cambio. Son los colectivos más vulnerables los que necesitan este cambio. Son pocos los años que nos quedan para actuar y mantener la temperatura media global por debajo del incremento de 1,5º antes de 2050. Las soluciones existen. Es ahora o nunca.

Por estas múltiples razones, hemos creado una campaña personal, positiva, sencilla y directa que inspire a las personas a tener un papel activo y central, siendo ellos la pieza clave en la transición energética que ya estamos viviendo:
Hoy presentamos nuestra nueva imagen corporativa y este concepto, basándonos en la naturaleza de la cual venimos y formamos parte. Si observamos a las luciérnagas, vemos todos los elementos que necesitamos para que nuestro mensaje llegue mejor y más lejos. Son la ejemplificación perfecta de cómo producir nuestra energía de manera independiente y quizá, también, de encontrar la luz en la oscuridad actual.

La idea es desbordar nuestros canales de audiencia tradicional para que todo el mundo sea partícipe del futuro que está por venir. Para conseguirlo, es necesario que las diferentes administraciones rehagan sus políticas, hacia regulaciones más restrictivas con los combustibles fósiles y más permisivas con la participación pública.

Esta campaña no es más que un toque de atención a la actuación, necesitando las herramientas adecuadas para llevar a cabo dichas acciones. El objetivo es contribuir con nuestro propósito para concienciar a la mayor parte de la sociedad. Ahora tú eres el cambio, #brillaconluzpropia

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

Era, es y será electricidad

Considerar la electricidad como el vector energético final del futuro no debería tener discusión, como no la tiene la necesidad de un compromiso claro en la lucha contra el cambio climático, principalmente por 3 razones:

  • La electricidad es el vector más eficiente en cuanto a la energía necesaria para cubrir nuestras necesidades (principalmente climatización y movilidad).
  • Su consumo tiene emisiones cero, lo que la convierte en la única solución para la mejora de la calidad del aire en nuestro hábitat, sobre todo si tenemos en cuenta que somos una sociedad eminentemente urbana. Más del 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes.
  • La forma más barata de generar electricidad es mediante fuentes de energía renovables.

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El cambio climático en la región mediterránea: muy malas perspectivas

El pasado 11 de diciembre, Greta Thunberg, en su intervención en el plenario de la COP25 sobre el clima, preguntó a los representantes y negociadores de los países asistentes cómo podían reaccionar sin sentir pánico ante los irrefutables datos que la ciencia ofrece sobre los devastadores efectos que ya tiene el cambio climático.

Esa misma pregunta es la que también se podía haber hecho a los representantes de los países firmantes del convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) que participaron en la 21ª Reunión de las Partes Contratantes del Convenio (COP21) que se ha celebrado en Nápoles del 2 al 5 de diciembre.

Los datos científicos que maneja el Convenio de Barcelona sobre cómo está afectando el cambio climático al Mediterráneo son estremecedores (ver más abajo) pero, aunque en todos los discursos de apertura y de clausura de la COP21 se hicieron referencias a la emergencia climática y a la necesidad de actuar urgentemente reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo cierto es que durante las sesiones de esta última cumbre no ha habido indicios de ningún tipo de debate serio al respecto. En mi opinión, Greta Thunberg acierta plenamente cuando critica a los políticos porque hablan todo el rato de emergencia climática, pero, incoherentemente, se comportan y actúan como si no estuviéramos realmente en una situación de urgencia.

En esa misma línea, el Convenio de Barcelona, no sólo no ha adoptado ninguna decisión conjunta de establecer objetivos medibles de descarbonización para la región a corto, medio o largo plazo, sino que, por el contrario, la mayoría de los países miembros siguen haciéndole el juego a la industria petrolera, fomentando las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, en total contradicción con los esfuerzos y objetivos de transición energética del Acuerdo de París, del que también esos mismos países son parte. Es más, en la COP21 se adoptó una decisión al aprobar unas directrices que regulan las actividades offshore, que permitirían a la industria de hidrocarburos explorar nuevos recursos, incluso dentro de áreas marinas protegidas.

La COP21 del Convenio de Barcelona ilustró claramente la ausencia de compromiso conjunto de este foro internacional con respecto al cambio climático. Como reconoce el “Informe 2019 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo” (SoED 2019) del Convenio de Barcelona, que se llevó a aprobación a la COP21:

“Actualmente, más de doscientas plataformas de petróleo y gas en alta mar están activas en el Mediterráneo. Con nuevos descubrimientos de grandes reservas de combustibles fósiles y exploraciones en la región, esta cifra aumentará. La exploración en alta mar en curso en la cuenca del Levante, en el Líbano y la República Árabe Siria, así como en la cuenca del Delta del Nilo y la cuenca del Egeo podría contener importantes reservas de petróleo y gas y podría transformar los ecosistemas y economías del Mediterráneo oriental”.

En otras palabras, el problema ya no es sólo que los gobernantes no tengan un verdadero sentimiento de urgencia ante el desafío del cambio climático, como denuncia Greta, sino que, al menos en el caso de los países de la cuenca mediterránea (salvo muy contadas excepciones), los gobiernos mayoritariamente siguen manteniendo políticas energéticas activas de fomento de los combustibles fósiles, que impiden avanzar en la necesaria descarbonización de la economía.

Y ello pese a las aterradoras perspectivas para todo el área del Mediterráneo frente a los efectos del cambio climático. Según datos del citado informe del Convenio de Barcelona presentado ante la COP21:

  • La cuenca mediterránea se ve afectada por el cambio climático a un ritmo muy superior al promedio mundial, en particular por un calentamiento más rápido del aire y de la superficie del mar en todas las estaciones.
  • Mientras que la temperatura media mundial del aire ahora es aproximadamente 1.1°C por encima de los valores preindustriales, la región mediterránea se acerca a un calentamiento de 1.6°C. Se espera que se haya calentado 2.2°C entre 2030 y 2052.
  • En paralelo, la temperatura de la superficie del mar en el Mediterráneo ya se ha calentado alrededor de 0,4°C por década durante el período comprendido entre 1985 y 2006 y se espera que alcance entre +1.8°C y + 3.5°C para 2100 en comparación con el período entre 1961 y 1990.
  • Las olas de calor son cada vez más fuertes y frecuentes y se acentúan especialmente en los centros urbanos debido al efecto de isla de calor. Se espera que las precipitaciones de verano disminuyan entre un 10% y un 30% con el aumento atmosférico global de 2°C y es muy probable que los eventos de fuertes lluvias se intensifiquen y se vuelva más erráticos.
  • El mar está absorbiendo CO2, lo que provoca la acidificación de los océanos a una velocidad sin precedentes de 0,018 a 0,028 unidades de pH por década, con importantes consecuencias esperadas sobre los organismos calcificadores, que afectan a la biodiversidad marina y a la acuicultura.
  • El cambio climático ya exacerba los desafíos regionales, induciendo un aumento en los riesgos de sequías, inundaciones, erosión e incendios. En las próximas décadas, se espera que el cambio climático amenace aún más la seguridad alimentaria y del agua, así como los medios de vida y la salud humana.
  • El turismo, la pesca, la acuicultura y la agricultura ya han comenzado a verse negativamente afectados tanto por los cambios en los patrones climáticos generales como por los eventos extremos.
  • La calidad y la cantidad de los recursos de agua dulce disminuyen, mientras que el calentamiento y la disminución de las precipitaciones a nivel local conducen a la reducción de los rendimientos (especialmente para los cultivos de invierno y primavera en el sur) y aumentan los requisitos de riego.
  • La composición y distribución del stock de peces probablemente cambiará, con más especies de aguas cálidas y una disminución en el tamaño de los peces.
  • Debido a un rango de marea limitado, las infraestructuras y los asentamientos costeros mediterráneos a menudo están más cerca del nivel medio del mar que en la mayoría de las regiones del mundo, lo que los hace muy vulnerables al aumento del nivel del mar, tormentas, inundaciones, erosión y subsidencia local de la tierra.
  • El mar está aumentando su nivel a un ritmo acelerado de 2,6, a 2,9 mm por año, lo que implica un aumento estimado actualmente de 52 a 190 cm para 2100. Considerando la alta concentración de población humana y las actividades en la zona costera mediterránea, la exposición es muy alta. Además, el aumento del nivel del mar también provoca la salinización de los humedales y acuíferos costeros.
  • Teniendo en cuenta la intensidad particular del forzamiento climático (aumento de la temperatura, disminución de la precipitación, acidificación, aumento de eventos extremos), del forzamiento no climático (crecimiento de la población, incluidas las llegadas de turistas) y la vulnerabilidad y exposición de los principales riesgos (cobertura del suelo, densidad de población, actividades económicas, sitios de patrimonio), la cuenca mediterránea se considera un punto caliente de cambio climático.

En resumen, las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona reconocen abiertamente -y lo ponen por escrito- que el cambio climático ya se está expresando con gran dureza hoy en día y que los efectos esperados en las próximas décadas serán devastadores, pero siguen actuando como si nada pasara.

Me temo que, aunque algunas cosas están empezando a cambiar, la sociedad civil tendrá que seguir presionando durante más tiempo, y cada vez más fuerte, para que los gobiernos de todo el mundo decidan actuar de forma verdaderamente responsable.

Por Carlos Bravo – Consultor para OceanCare y socio protector de la Fundación Renovables

Un nuevo contrato social para la democratización de la energía en Terrassa

La ciudad de Terrassa, la tercera con más población de Cataluña, debe asumir un nuevo compromiso cívico y de acción de gobierno. Empezó el año con buen pie mediante una reforma de las ordenanzas fiscales energéticas para impulsar la compra colectiva de más de 100 instalaciones de captadores solares (Impuls Solar Vallès), promovida por Som Energía. Asimismo, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico municipal de la Economía Social y Solidaria.

Se abre ahora (con nuevas legislaciones y renovadas garantías de futuro) una gran ventana de oportunidad para hacer crecer la energía solar (térmica y fotovoltaica), eólica, geotermia, etc. y, de este modo, producir y consumir energía renovable, tanto de forma individual como mancomunada. Esto puede hacerse bien con instalaciones asequibles en las viviendas que dispongan de condiciones para captar energía o bien mediante la participación en una gran diversidad de proyectos de generación de energía renovable de titularidad colectiva y cooperativa que promueven, entre otros, Som Energia, ECOOO oleada solar, o Viure de l’aire del cel. Con todo, es necesario avanzar con mayor decisión. Es imprescindible actuar y hacerlo de manera multidisciplinar.

Tal y como defiende la Fundación Renovables en su último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, se requiere una nueva exigencia (derechos y obligaciones) para cambiar el orden moral del sistema actual, donde se defina el uso social de la energía como un servicio público y como un bien de interés general, cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y compromiso con el medio ambiente.

Ello debe hacerse innovando, de manera disruptiva, desde el Gobierno central, pero también las ciudades deben jugar un rol importante mediante un nuevo sistema descentralizado y multidireccional que haga partícipe a la ciudadanía, tanto para comprar como para generar electricidad.

Hay que poner a trabajar el Observatorio de la Contratación Pública de Terrassa, indispensable para fortalecer la compra y contratación pública responsable. Se deben establecer compromisos inmediatos para desarrollar una apuesta industrial y estratégica para un cambio de modelo a favor de las energías renovables. Se precisa asimismo una pedagogía activa para avanzar en el nuevo contrato social y la nueva cultura de la energía en todas las escuelas. También en el ámbito profesional, en las universidades, institutos, colegios, barrios, comercios y empresas, mediante la implicación de los sindicatos y los distintos sectores profesionales. Promovamos una gran plataforma de experimentación que genere empleo de calidad, impulse nuevas iniciativas empresariales y haga crecer la economía cooperativa, social y solidaria. Se trata de democratizar y transformar las actuales estructuras para que impulsen y aceleren una transición energética, ética y social.

Para ello sería muy oportuna una auténtica Agencia Energética de Terrassa. Así lo hemos planteado al responsable de la nueva concejalía de Economía Social y Solidaria. Le instamos a promover, sin mayor dilación, un Plan de instalación urgente de equipos de generación eléctrica (fotovoltaica, eólica…) en todos los equipamientos, edificios y locales de titularidad pública. El ahorro y el aprovechamiento permite asumir su inversión en un tiempo razonable. Un Plan de aprovechamiento solar de todos los tejados y cubiertas de las naves de los polígonos industriales es también muy necesario, pues se debe facilitar a toda la ciudadanía la contratación de su energía de origen renovable, facilitando la conexión en red de todas las viviendas que tengan posibilidades de producir energía en su tejado o terraza.Ello permite multiplicar exponencialmente el número de tejados solares, la producción energética descentralizada y su conexión en red, ajustando, además, la energía producida con las necesidades ciudadanas a partir de criterios de responsabilidad social para resolver eficientemente y con equidad las situaciones de pobreza energética. De esta manera se procura el acceso universal de la energía con precios justos y garantías de suministro.

La mencionada Agencia Energética debe ser fruto de un esfuerzo mancomunado: Ayuntamiento de Terrassa, redes tecnológicas universitarias y profesionales, empresas y cooperativas productoras y comercializadoras de energía renovable, de la economía social y de la banca y los fondos éticos. Una buena base que permita edificar una sólida estructura energética y permita hacer realidad un nuevo contrato social para la democratización de la energía.

Se trata de establecer una gran alianza social, un pacto de ciudad (más allá de las urgencias, modas y etiquetas electorales) para hacer realidad un compromiso colectivo con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los retos de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará los próximos días en Madrid. Así deberían entenderlo los alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades. Asumamos un rol activo y responsable con su presencia institucional, conscientes de que sus decisiones nos interpelan y comprometen a todos y a todas.  Nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones y no hay margen de error y nuevas oportunidades.

Por Domènec Martinez – Socio de Fundación Renovables y Representante del Grupo Local Som Energia 

La innovación nos permitirá alcanzar emisiones netas cero antes del 2050

El lunes 23 de esta semana se celebró la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas (UN Climate Action Summit) en la ciudad de Nueva York donde los actores políticos y de distintos sectores buscaron dar aquel impulso necesario para la conseguir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París. Lo que quedó claro en la cumbre es que la reducción a cero de la emisión neta de gases de efecto invernadero (GEI) es necesaria para 2050. La cumbre tuvo como resultado que 77 países acordaran llevar acabo esta reducción.

Está en nuestras manos poder alcanzar emisiones netas cero de GEI para 2050. Para eso necesitamos aumentar las inversiones en proyectos de innovación para así acelerar la transición energética, ha declarado Peter Sweatman, Director General de Climate Strategy & Partners, Presidente de Energy Efficiency Capital Advisors y autor de “Financiar la Innovación para Conseguir que la UE sea un Líder en el Ámbito Climático” (Funding Innovation to Deliver EU Competitive Climate Leadership).

Durante los últimos 16 años hemos sido testigos de los avances dramáticos en innovación tecnológica: LEDs, la energía solar y la eólica más competitivas, así como vehículos eléctricos y bombas de calor, entre otros. ¿Son estos avances suficientes para cambiar a tiempo nuestro modelo energético por uno que garantice una transición energética justa?

Esto será posible mediante la descarbonización de cinco sectores: la energía, el transporte, los edificios, la industria y la agricultura, y equilibrando las emisiones restantes con sistemas que eliminen el dióxido de carbono de la atmósfera.

En el contexto europeo, en 2018, participé en un proyecto para desarrollar y revisar las distintas hojas de ruta sectoriales para alcanzar emisiones netas cero para 2050. Se llegó a la conclusión que un sistema 100% renovable es considerablemente más barato para los consumidores en comparación con el actual sistema de energía mundial, y los costes de daños evitados y los beneficios sociales superan ampliamente a la inversión adicional requerida.

Mientras que tres cuartas partes de las reducciones de emisiones requeridas se pueden obtener con las tecnologías disponibles, la parte restante depende de nuestro ingenio e innovación.

¿Cómo llevamos esto a cabo? Primero, Europa debe implantar una estrategia a largo plazo con un objetivo claro de emisiones cero netas antes del 2050. Las empresas e instituciones que lideran el desarrollo y la oferta de productos y servicios sostenibles pueden generar ventajas competitivas y así tener un mayor acceso a los mercados. Además, pueden acceder a nuevos mercados de capitales sostenibles o verdes, mientras se prevé que los productos y servicios no sostenibles dejarán de financiarse en un futuro cercano.

En segundo lugar, necesitamos más inversiones de los sectores público y privado en innovación. En el caso europeo, esto representaría un aumento de un tercio o unos 50 mil millones de euros en las áreas de acción climática durante el periodo 2020-30. La innovación debe ser la piedra angular para asegurar el desarrollo y la inclusión de nuevas tecnologías, modelos de negocio, y para ampliar la denominada innovación social. Los expertos estiman que solo el 40% de la innovación requerida para la obtención de emisiones cero netas para 2050 es de carácter tecnológico.

En definitiva, Europa puede ser un líder mundial si los actores del sector trabajan en conjunto para conseguir su descarbonización. El continente sería más saludable, más competitivo, seguro energéticamente, y justo del punto de vista social.

Me gustaría señalar que España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático, donde estamos siendo testigos del incremento de los fenómenos meteorológicos extremos producto de este. No obstante, las empresas españolas están al tanto de esta urgencia. Los miembros del Grupo para el Crecimiento Verde actúan de forma contundente, reduciendo sus emisiones de GEI, e invirtiendo en medidas de innovación necesarias para la decarbonización de sus actividades.

El éxito depende de nosotros. Vivimos un presente donde las curvas de implementación y adopción de nuevas tecnologías son cada vez más exponenciales, y nunca antes, la sociedad ha podido cambiar y adaptarse con tanta rapidez. Las herramientas están disponibles, ahora tenemos que ponernos a trabajar.

Por Peter Sweatman – Director General de Climate Strategy & Partners "

Ciudades energéticamente sostenibles a partir de barrios sin emisiones

Llevamos casi 10 años volcando las esperanzas de renovación de la ciudad en la necesidad urgente de abordar la actualización de muchos de los barrios construidos en las décadas de 1960 a 1980. Esto se debe, en gran parte, a la propia exigencia de actuación frente a la obsolescencia técnica y medioambiental de los mismos, pero también a que se ha entendido la rehabilitación como una oportunidad de reconversión y reactivación del sector de la construcción tras la crisis económica mundial de 2008, agravada en nuestro país por las importantes repercusiones del estallido de la llamada burbuja inmobiliaria.

A partir de 2011, se empiezan a redactar informes y documentos que apoyan la teoría de que la rehabilitación de edificios puede ser una de las medidas clave para superar la recesión económica y ser un motor para la reactivación del sector de la construcción. En concreto, en España, la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas -conocida popularmente como la ley de las tres erres- intenta constituirse como una herramienta legal para propiciar estas operaciones. En los Planes Estatales de vivienda (2013-2016 y 2018-2021), aparecen programas específicos para la renovación integral de barrios, llamados Fomento de la regeneración y renovación urbanas. También aparecen incentivos que intentan fomentar la rehabilitación de viviendas, en especial en los aspectos relacionados con la eficiencia energética: subvenciones, campañas publicitarias, publicaciones divulgativas, proyectos de investigación …

En paralelo, frente al reto del cambio climático, nos encontramos sujetos a varios objetivos europeos para distintos horizontes temporales -2020,2030 y 2050- que se estructuran en tres pilares fundamentales: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la disminución de la demanda energética, fundamentalmente asociada al aumento de la eficiencia energética.

En este contexto parecía que la rehabilitación de los barrios podría ser una vía que consiguiera incrementar la eficiencia energética de las ciudades, incorporar energías renovables y en definitiva mejorar la vida de los vecinos, ofreciendo a la vez oportunidades de negocio para muchas empresas del sector de la construcción.

Sin embargo, esto no ha sido así. Tras un prometedor inicio lleno de buenas ideas e intenciones, la progresiva recuperación del mercado inmobiliario ha hecho que prácticamente todo el sector vuelva la vista de nuevo hacia la construcción de nuevos inmuebles, dejando de lado una vez más la necesidad -y la oportunidad- de intervenir sobre el parque inmobiliario existente tan necesitado de renovación.

La mayoría de los edificios que integran las periferias de las ciudades, y que responden en su mayor parte a la edificación masiva de barrios entre las décadas de 1960 y 1980, se construyeron atendiendo a unas normas técnicas que no exigían aislamiento térmico ni acústico, por lo que es evidente que su obsolescencia frente a los estándares actuales de eficiencia energética, calidad constructiva y confort es enorme.

Sin embargo, esta parte importante del proceso rehabilitador no debe ser la principal, ni mucho menos la única. Cuando se habla de regeneración o revitalización de barrios, se están incluyendo algunos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los mismos que van más allá de la rehabilitación de edificios, y que tienen que ver más con un modelo de ciudad más sostenible y eficiente. En el centro de todas estas medidas, está la recuperación de la ciudad como espacio público y convivencial.

La mayoría de los barrios a los que nos referimos carecen de espacios públicos de calidad -en su lugar contienen áreas residuales entre edificios que en la mayor parte de los casos se convierten en aparcamientos improvisados, por lo que los espacios libres se encuentran masivamente ocupados por el vehículo privado- y en su mayoría no cuentan con equipamientos suficientes.

Pero ¿realmente podríamos mejorar una ciudad a través de la revitalización progresiva de sus barrios? La respuesta es sí, pero sólo desde un proceso de cambio radical, en el que los ciudadanos sean conscientes del gran potencial del cambio que supone la adopción de hábitos sostenibles, que no sólo mejoran el espacio doméstico propio sino el espacio común de todos, sobre el que se sustenta la existencia verdadera de la ciudad.

Frente a la mera rehabilitación de edificios, el desarrollo de proyectos integrales de regeneración de barrios ofrece las mayores oportunidades para la mejora de la sostenibilidad energética global de una ciudad. Evidentemente la gestión de estas actuaciones es compleja, ya que requiere la participación de muchos y muy diversos agentes, desde las administraciones hasta las empresas, por supuesto otorgando el protagonismo absoluto de aquellos que viven en los barrios, es decir, sus vecinas y vecinos.

Este es el punto de partida del proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018), que trata de establecer las bases para conseguir ciudades en las que la calidad del aire que respiramos sea saludable, y en las que la repercusión de nuestros consumos energéticos (edificios, infraestructuras y movilidad) no tenga excesivas consecuencias negativas para el medioambiente.

Fig. 1. Consumos energéticos y emisiones equivalente de CO2 por sectores del barrio Sixto-Cortijo Vallejo, Málaga. Proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones. (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018. Autora Infografía, Laura Montiel Vega).

La mejora de la eficiencia en edificios y la incorporación de energías renovables es un proceso complejo pero factible, los datos así nos lo han confirmado. La electrificación de los edificios es casi total (prácticamente al 100% en terciario y al 70% en residencial). Si la energía eléctrica que abastece a edificios e infraestructuras tuviera origen renovable, con producción en consumo y con comercializadoras 100% renovables, se podría conseguir un barrio cero emisiones en estos sectores. Sin embargo, la mayor parte de las emisiones de CO2 equivalentes de la ciudad se debe a las asociadas al transporte privado. Mención aparte merecen las graves consecuencias para la salud que tiene la exposición a altos niveles de contaminantes como las partículas PM10 y PM2.5, NOx y SO2, asociados a los combustibles del transporte. Por ello, tras un año trabajando con este proyecto en un barrio de Málaga, podemos afirmar que el gran reto para la ciudad sigue siendo la movilidad.

A día de hoy, la necesaria recuperación de los espacios públicos para las personas -desplazando al vehículo privado de ellos- es en realidad una entelequia. Por eso nunca deberíamos abandonar el modelo de ciudad en la que los servicios y comercios son de cercanía, en la que los desplazamientos diarios puedan hacerse andando o en bicicleta, y en la que prime el uso del transporte colectivo frente al privado.

En resumen, solamente podremos conseguir barrios y ciudades sin emisiones si , además de mejorar la eficiencia de edificios e infraestructuras e introducir las energías renovables en el espacio urbano, abandonamos el modelo de movilidad actual, favoreciendo el uso peatonal de la ciudad y los desplazamientos en bicicleta o transporte público y fomentando el uso compartido de vehículos. Todo esto implica un cambio radical del modelo de ciudad insostenible en el que estamos viviendo, por lo que supone un reto tan complejo como necesario de acometer de manera cada vez más apremiante.

 

Por Maria José Márquez Ballesteros – , Doctora arquitecta. Miembro del Instituto de Investigación Hábitat Turismo y Territorio de la Universidad de Málaga. Socia Protectora Fundación Renovables "

Acelerar el cierre nuclear

A raíz del anuncio realizado por el Gobierno de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llevará a Bruselas pospone la fecha de cierre de las centrales nucleares de forma progresiva hasta 2035, Greenpeace y la Fundación Renovables hemos elaborado un documento que analiza la situación actual y que hemos querido compartir con alrededor de una veintena de expertos y agentes sociales en un coloquio que celebramos ayer en Madrid para compensar la ausencia de debate social en un tema tan relevante para la sociedad y las generaciones venideras como éste.

La salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035 supone alargar la vida de estas instalaciones más allá de los 40 años. La propuesta de la Fundación Renovables es el cierre programado de todas las centrales nucleares antes del año 2024, sin extensión de su vida útil, es decir, sin que se renueven sus licencias de explotación: junio de 2020 para Almaraz I y II; julio de 2020 para Vandellós II; marzo de 2021 para Cofrentes; octubre de 2021 para Ascó I y Ascó II y, por último, noviembre de 2024 para Trillo. Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre consideramos que éste debe producirse en el momento que finalice cada licencia de operación actual.

Y tenemos razones para proponerlo. La primera, porque es posible hacerlo. La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida para esa fecha por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas, es decir, con la ejecución este año de las renovables subastadas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables, queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

Es decir, que en nuestras propuestas no está el cerrar o prohibir algo que no tenga alternativas, los número demuestran que las renovables están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual según vayan caducando las licencias de operación de las centrales en funcionamiento, tal y como han refrendado en el coloquio de ayer tanto José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

En segundo lugar, el hecho de que resulten deficitarias según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar artificialmente su vida, puesto que pone en tela de juicio las inversiones que deban ser acometidas para garantizar la rentabilidad de las mismas. Esto  supone, de facto, como ya se ha solicitado, la reducción de las tasas para el tratamiento de residuos, tasas que en la actualidad son insuficientes para poder garantizar el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las propias centrales una vez hayan acabado sus periodos de operación. Además, las centrales nucleares, en un malentendido estatus de carga base –la gestionabilidad del sistema fue soportada principalmente en 2018 por la hidráulica-, disfrutan de un régimen favorable de funcionamiento porque no asumen todos sus costes, lo que las coloca en ventaja respecto a otras fuentes con las que deberían competir.

Nuestra propuesta, recogida en el informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente

En tercer lugar, no hay que olvidar los riesgos que implica la radiactividad, que se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.

La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente. Por otra parte, consideramos que el hecho de que no se hayan recaudado los fondos suficientes para el desmantelamiento -entre otras vías, mediante tasas que se aplican a las centrales nucleares- no puede ser la razón para mantenerlas en funcionamiento porque, además, es consecuencia de una mala gestión pública y política, lo que no quita que se les exija una mayor responsabilidad de manera que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.

Nuestra propuesta, recogida en el informe Hacia una Transición Energética Sostenible es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta el 100% de renovables. Es factible y obviamente sostenible. Con estas y otras medidas proponemos para 2030 una reducción de emisiones del 51% respecto a 1990 y del 59% respecto a 2015, con una reducción de la demanda de energía final del 25% con respecto a 2015, una electrificación del 50% de la demanda final de energía (el doble que hoy) y una penetración en el sistema eléctrico de las renovables del 80% y de un 50% en la cobertura de la demanda final de energía.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables