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Un nuevo contrato social para la democratización de la energía en Terrassa

La ciudad de Terrassa, la tercera con más población de Cataluña, debe asumir un nuevo compromiso cívico y de acción de gobierno. Empezó el año con buen pie mediante una reforma de las ordenanzas fiscales energéticas para impulsar la compra colectiva de más de 100 instalaciones de captadores solares (Impuls Solar Vallès), promovida por Som Energía. Asimismo, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico municipal de la Economía Social y Solidaria.

Se abre ahora (con nuevas legislaciones y renovadas garantías de futuro) una gran ventana de oportunidad para hacer crecer la energía solar (térmica y fotovoltaica), eólica, geotermia, etc. y, de este modo, producir y consumir energía renovable, tanto de forma individual como mancomunada. Esto puede hacerse bien con instalaciones asequibles en las viviendas que dispongan de condiciones para captar energía o bien mediante la participación en una gran diversidad de proyectos de generación de energía renovable de titularidad colectiva y cooperativa que promueven, entre otros, Som Energia, ECOOO oleada solar, o Viure de l’aire del cel. Con todo, es necesario avanzar con mayor decisión. Es imprescindible actuar y hacerlo de manera multidisciplinar.

Tal y como defiende la Fundación Renovables en su último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, se requiere una nueva exigencia (derechos y obligaciones) para cambiar el orden moral del sistema actual, donde se defina el uso social de la energía como un servicio público y como un bien de interés general, cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y compromiso con el medio ambiente.

Ello debe hacerse innovando, de manera disruptiva, desde el Gobierno central, pero también las ciudades deben jugar un rol importante mediante un nuevo sistema descentralizado y multidireccional que haga partícipe a la ciudadanía, tanto para comprar como para generar electricidad.

Hay que poner a trabajar el Observatorio de la Contratación Pública de Terrassa, indispensable para fortalecer la compra y contratación pública responsable. Se deben establecer compromisos inmediatos para desarrollar una apuesta industrial y estratégica para un cambio de modelo a favor de las energías renovables. Se precisa asimismo una pedagogía activa para avanzar en el nuevo contrato social y la nueva cultura de la energía en todas las escuelas. También en el ámbito profesional, en las universidades, institutos, colegios, barrios, comercios y empresas, mediante la implicación de los sindicatos y los distintos sectores profesionales. Promovamos una gran plataforma de experimentación que genere empleo de calidad, impulse nuevas iniciativas empresariales y haga crecer la economía cooperativa, social y solidaria. Se trata de democratizar y transformar las actuales estructuras para que impulsen y aceleren una transición energética, ética y social.

Para ello sería muy oportuna una auténtica Agencia Energética de Terrassa. Así lo hemos planteado al responsable de la nueva concejalía de Economía Social y Solidaria. Le instamos a promover, sin mayor dilación, un Plan de instalación urgente de equipos de generación eléctrica (fotovoltaica, eólica…) en todos los equipamientos, edificios y locales de titularidad pública. El ahorro y el aprovechamiento permite asumir su inversión en un tiempo razonable. Un Plan de aprovechamiento solar de todos los tejados y cubiertas de las naves de los polígonos industriales es también muy necesario, pues se debe facilitar a toda la ciudadanía la contratación de su energía de origen renovable, facilitando la conexión en red de todas las viviendas que tengan posibilidades de producir energía en su tejado o terraza.Ello permite multiplicar exponencialmente el número de tejados solares, la producción energética descentralizada y su conexión en red, ajustando, además, la energía producida con las necesidades ciudadanas a partir de criterios de responsabilidad social para resolver eficientemente y con equidad las situaciones de pobreza energética. De esta manera se procura el acceso universal de la energía con precios justos y garantías de suministro.

La mencionada Agencia Energética debe ser fruto de un esfuerzo mancomunado: Ayuntamiento de Terrassa, redes tecnológicas universitarias y profesionales, empresas y cooperativas productoras y comercializadoras de energía renovable, de la economía social y de la banca y los fondos éticos. Una buena base que permita edificar una sólida estructura energética y permita hacer realidad un nuevo contrato social para la democratización de la energía.

Se trata de establecer una gran alianza social, un pacto de ciudad (más allá de las urgencias, modas y etiquetas electorales) para hacer realidad un compromiso colectivo con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los retos de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará los próximos días en Madrid. Así deberían entenderlo los alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades. Asumamos un rol activo y responsable con su presencia institucional, conscientes de que sus decisiones nos interpelan y comprometen a todos y a todas.  Nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones y no hay margen de error y nuevas oportunidades.

Por Domènec Martinez – Socio de Fundación Renovables y Representante del Grupo Local Som Energia 

La innovación nos permitirá alcanzar emisiones netas cero antes del 2050

El lunes 23 de esta semana se celebró la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas (UN Climate Action Summit) en la ciudad de Nueva York donde los actores políticos y de distintos sectores buscaron dar aquel impulso necesario para la conseguir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París. Lo que quedó claro en la cumbre es que la reducción a cero de la emisión neta de gases de efecto invernadero (GEI) es necesaria para 2050. La cumbre tuvo como resultado que 77 países acordaran llevar acabo esta reducción.

Está en nuestras manos poder alcanzar emisiones netas cero de GEI para 2050. Para eso necesitamos aumentar las inversiones en proyectos de innovación para así acelerar la transición energética, ha declarado Peter Sweatman, Director General de Climate Strategy & Partners, Presidente de Energy Efficiency Capital Advisors y autor de “Financiar la Innovación para Conseguir que la UE sea un Líder en el Ámbito Climático” (Funding Innovation to Deliver EU Competitive Climate Leadership).

Durante los últimos 16 años hemos sido testigos de los avances dramáticos en innovación tecnológica: LEDs, la energía solar y la eólica más competitivas, así como vehículos eléctricos y bombas de calor, entre otros. ¿Son estos avances suficientes para cambiar a tiempo nuestro modelo energético por uno que garantice una transición energética justa?

Esto será posible mediante la descarbonización de cinco sectores: la energía, el transporte, los edificios, la industria y la agricultura, y equilibrando las emisiones restantes con sistemas que eliminen el dióxido de carbono de la atmósfera.

En el contexto europeo, en 2018, participé en un proyecto para desarrollar y revisar las distintas hojas de ruta sectoriales para alcanzar emisiones netas cero para 2050. Se llegó a la conclusión que un sistema 100% renovable es considerablemente más barato para los consumidores en comparación con el actual sistema de energía mundial, y los costes de daños evitados y los beneficios sociales superan ampliamente a la inversión adicional requerida.

Mientras que tres cuartas partes de las reducciones de emisiones requeridas se pueden obtener con las tecnologías disponibles, la parte restante depende de nuestro ingenio e innovación.

¿Cómo llevamos esto a cabo? Primero, Europa debe implantar una estrategia a largo plazo con un objetivo claro de emisiones cero netas antes del 2050. Las empresas e instituciones que lideran el desarrollo y la oferta de productos y servicios sostenibles pueden generar ventajas competitivas y así tener un mayor acceso a los mercados. Además, pueden acceder a nuevos mercados de capitales sostenibles o verdes, mientras se prevé que los productos y servicios no sostenibles dejarán de financiarse en un futuro cercano.

En segundo lugar, necesitamos más inversiones de los sectores público y privado en innovación. En el caso europeo, esto representaría un aumento de un tercio o unos 50 mil millones de euros en las áreas de acción climática durante el periodo 2020-30. La innovación debe ser la piedra angular para asegurar el desarrollo y la inclusión de nuevas tecnologías, modelos de negocio, y para ampliar la denominada innovación social. Los expertos estiman que solo el 40% de la innovación requerida para la obtención de emisiones cero netas para 2050 es de carácter tecnológico.

En definitiva, Europa puede ser un líder mundial si los actores del sector trabajan en conjunto para conseguir su descarbonización. El continente sería más saludable, más competitivo, seguro energéticamente, y justo del punto de vista social.

Me gustaría señalar que España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático, donde estamos siendo testigos del incremento de los fenómenos meteorológicos extremos producto de este. No obstante, las empresas españolas están al tanto de esta urgencia. Los miembros del Grupo para el Crecimiento Verde actúan de forma contundente, reduciendo sus emisiones de GEI, e invirtiendo en medidas de innovación necesarias para la decarbonización de sus actividades.

El éxito depende de nosotros. Vivimos un presente donde las curvas de implementación y adopción de nuevas tecnologías son cada vez más exponenciales, y nunca antes, la sociedad ha podido cambiar y adaptarse con tanta rapidez. Las herramientas están disponibles, ahora tenemos que ponernos a trabajar.

Por Peter Sweatman – Director General de Climate Strategy & Partners "

Ciudades energéticamente sostenibles a partir de barrios sin emisiones

Llevamos casi 10 años volcando las esperanzas de renovación de la ciudad en la necesidad urgente de abordar la actualización de muchos de los barrios construidos en las décadas de 1960 a 1980. Esto se debe, en gran parte, a la propia exigencia de actuación frente a la obsolescencia técnica y medioambiental de los mismos, pero también a que se ha entendido la rehabilitación como una oportunidad de reconversión y reactivación del sector de la construcción tras la crisis económica mundial de 2008, agravada en nuestro país por las importantes repercusiones del estallido de la llamada burbuja inmobiliaria.

A partir de 2011, se empiezan a redactar informes y documentos que apoyan la teoría de que la rehabilitación de edificios puede ser una de las medidas clave para superar la recesión económica y ser un motor para la reactivación del sector de la construcción. En concreto, en España, la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas -conocida popularmente como la ley de las tres erres- intenta constituirse como una herramienta legal para propiciar estas operaciones. En los Planes Estatales de vivienda (2013-2016 y 2018-2021), aparecen programas específicos para la renovación integral de barrios, llamados Fomento de la regeneración y renovación urbanas. También aparecen incentivos que intentan fomentar la rehabilitación de viviendas, en especial en los aspectos relacionados con la eficiencia energética: subvenciones, campañas publicitarias, publicaciones divulgativas, proyectos de investigación …

En paralelo, frente al reto del cambio climático, nos encontramos sujetos a varios objetivos europeos para distintos horizontes temporales -2020,2030 y 2050- que se estructuran en tres pilares fundamentales: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la disminución de la demanda energética, fundamentalmente asociada al aumento de la eficiencia energética.

En este contexto parecía que la rehabilitación de los barrios podría ser una vía que consiguiera incrementar la eficiencia energética de las ciudades, incorporar energías renovables y en definitiva mejorar la vida de los vecinos, ofreciendo a la vez oportunidades de negocio para muchas empresas del sector de la construcción.

Sin embargo, esto no ha sido así. Tras un prometedor inicio lleno de buenas ideas e intenciones, la progresiva recuperación del mercado inmobiliario ha hecho que prácticamente todo el sector vuelva la vista de nuevo hacia la construcción de nuevos inmuebles, dejando de lado una vez más la necesidad -y la oportunidad- de intervenir sobre el parque inmobiliario existente tan necesitado de renovación.

La mayoría de los edificios que integran las periferias de las ciudades, y que responden en su mayor parte a la edificación masiva de barrios entre las décadas de 1960 y 1980, se construyeron atendiendo a unas normas técnicas que no exigían aislamiento térmico ni acústico, por lo que es evidente que su obsolescencia frente a los estándares actuales de eficiencia energética, calidad constructiva y confort es enorme.

Sin embargo, esta parte importante del proceso rehabilitador no debe ser la principal, ni mucho menos la única. Cuando se habla de regeneración o revitalización de barrios, se están incluyendo algunos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los mismos que van más allá de la rehabilitación de edificios, y que tienen que ver más con un modelo de ciudad más sostenible y eficiente. En el centro de todas estas medidas, está la recuperación de la ciudad como espacio público y convivencial.

La mayoría de los barrios a los que nos referimos carecen de espacios públicos de calidad -en su lugar contienen áreas residuales entre edificios que en la mayor parte de los casos se convierten en aparcamientos improvisados, por lo que los espacios libres se encuentran masivamente ocupados por el vehículo privado- y en su mayoría no cuentan con equipamientos suficientes.

Pero ¿realmente podríamos mejorar una ciudad a través de la revitalización progresiva de sus barrios? La respuesta es sí, pero sólo desde un proceso de cambio radical, en el que los ciudadanos sean conscientes del gran potencial del cambio que supone la adopción de hábitos sostenibles, que no sólo mejoran el espacio doméstico propio sino el espacio común de todos, sobre el que se sustenta la existencia verdadera de la ciudad.

Frente a la mera rehabilitación de edificios, el desarrollo de proyectos integrales de regeneración de barrios ofrece las mayores oportunidades para la mejora de la sostenibilidad energética global de una ciudad. Evidentemente la gestión de estas actuaciones es compleja, ya que requiere la participación de muchos y muy diversos agentes, desde las administraciones hasta las empresas, por supuesto otorgando el protagonismo absoluto de aquellos que viven en los barrios, es decir, sus vecinas y vecinos.

Este es el punto de partida del proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018), que trata de establecer las bases para conseguir ciudades en las que la calidad del aire que respiramos sea saludable, y en las que la repercusión de nuestros consumos energéticos (edificios, infraestructuras y movilidad) no tenga excesivas consecuencias negativas para el medioambiente.

Fig. 1. Consumos energéticos y emisiones equivalente de CO2 por sectores del barrio Sixto-Cortijo Vallejo, Málaga. Proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones. (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018. Autora Infografía, Laura Montiel Vega).

La mejora de la eficiencia en edificios y la incorporación de energías renovables es un proceso complejo pero factible, los datos así nos lo han confirmado. La electrificación de los edificios es casi total (prácticamente al 100% en terciario y al 70% en residencial). Si la energía eléctrica que abastece a edificios e infraestructuras tuviera origen renovable, con producción en consumo y con comercializadoras 100% renovables, se podría conseguir un barrio cero emisiones en estos sectores. Sin embargo, la mayor parte de las emisiones de CO2 equivalentes de la ciudad se debe a las asociadas al transporte privado. Mención aparte merecen las graves consecuencias para la salud que tiene la exposición a altos niveles de contaminantes como las partículas PM10 y PM2.5, NOx y SO2, asociados a los combustibles del transporte. Por ello, tras un año trabajando con este proyecto en un barrio de Málaga, podemos afirmar que el gran reto para la ciudad sigue siendo la movilidad.

A día de hoy, la necesaria recuperación de los espacios públicos para las personas -desplazando al vehículo privado de ellos- es en realidad una entelequia. Por eso nunca deberíamos abandonar el modelo de ciudad en la que los servicios y comercios son de cercanía, en la que los desplazamientos diarios puedan hacerse andando o en bicicleta, y en la que prime el uso del transporte colectivo frente al privado.

En resumen, solamente podremos conseguir barrios y ciudades sin emisiones si , además de mejorar la eficiencia de edificios e infraestructuras e introducir las energías renovables en el espacio urbano, abandonamos el modelo de movilidad actual, favoreciendo el uso peatonal de la ciudad y los desplazamientos en bicicleta o transporte público y fomentando el uso compartido de vehículos. Todo esto implica un cambio radical del modelo de ciudad insostenible en el que estamos viviendo, por lo que supone un reto tan complejo como necesario de acometer de manera cada vez más apremiante.

 

Por Maria José Márquez Ballesteros – , Doctora arquitecta. Miembro del Instituto de Investigación Hábitat Turismo y Territorio de la Universidad de Málaga. Socia Protectora Fundación Renovables "

Acelerar el cierre nuclear

A raíz del anuncio realizado por el Gobierno de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que llevará a Bruselas pospone la fecha de cierre de las centrales nucleares de forma progresiva hasta 2035, Greenpeace y la Fundación Renovables hemos elaborado un documento que analiza la situación actual y que hemos querido compartir con alrededor de una veintena de expertos y agentes sociales en un coloquio que celebramos ayer en Madrid para compensar la ausencia de debate social en un tema tan relevante para la sociedad y las generaciones venideras como éste.

La salida de la energía nuclear del sistema eléctrico español entre 2025 y 2035 supone alargar la vida de estas instalaciones más allá de los 40 años. La propuesta de la Fundación Renovables es el cierre programado de todas las centrales nucleares antes del año 2024, sin extensión de su vida útil, es decir, sin que se renueven sus licencias de explotación: junio de 2020 para Almaraz I y II; julio de 2020 para Vandellós II; marzo de 2021 para Cofrentes; octubre de 2021 para Ascó I y Ascó II y, por último, noviembre de 2024 para Trillo. Con el fin de no provocar un cambio retroactivo sobre la fecha de cierre consideramos que éste debe producirse en el momento que finalice cada licencia de operación actual.

Y tenemos razones para proponerlo. La primera, porque es posible hacerlo. La aportación nuclear -en torno a los 50 TWh- puede ser sustituida para esa fecha por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas, es decir, con la ejecución este año de las renovables subastadas en 2016 y 2017 (8.737 MW) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. En cualquier caso, desde la Fundación Renovables, queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

Es decir, que en nuestras propuestas no está el cerrar o prohibir algo que no tenga alternativas, los número demuestran que las renovables están perfectamente preparadas para sustituir el parque nuclear actual según vayan caducando las licencias de operación de las centrales en funcionamiento, tal y como han refrendado en el coloquio de ayer tanto José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.

En segundo lugar, el hecho de que resulten deficitarias según sus operadores, solo aumenta los argumentos para no ampliar artificialmente su vida, puesto que pone en tela de juicio las inversiones que deban ser acometidas para garantizar la rentabilidad de las mismas. Esto  supone, de facto, como ya se ha solicitado, la reducción de las tasas para el tratamiento de residuos, tasas que en la actualidad son insuficientes para poder garantizar el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las propias centrales una vez hayan acabado sus periodos de operación. Además, las centrales nucleares, en un malentendido estatus de carga base –la gestionabilidad del sistema fue soportada principalmente en 2018 por la hidráulica-, disfrutan de un régimen favorable de funcionamiento porque no asumen todos sus costes, lo que las coloca en ventaja respecto a otras fuentes con las que deberían competir.

Nuestra propuesta, recogida en el informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente

En tercer lugar, no hay que olvidar los riesgos que implica la radiactividad, que se incrementan a medida que envejecen las instalaciones. La vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I. A todo ello hay que añadir la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras.

La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente. Por otra parte, consideramos que el hecho de que no se hayan recaudado los fondos suficientes para el desmantelamiento -entre otras vías, mediante tasas que se aplican a las centrales nucleares- no puede ser la razón para mantenerlas en funcionamiento porque, además, es consecuencia de una mala gestión pública y política, lo que no quita que se les exija una mayor responsabilidad de manera que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran.

Nuestra propuesta, recogida en el informe Hacia una Transición Energética Sostenible es clara: ni carbón ni nucleares a 2025 y 2024 respectivamente y reducción paulatina del gas hasta el 100% de renovables. Es factible y obviamente sostenible. Con estas y otras medidas proponemos para 2030 una reducción de emisiones del 51% respecto a 1990 y del 59% respecto a 2015, con una reducción de la demanda de energía final del 25% con respecto a 2015, una electrificación del 50% de la demanda final de energía (el doble que hoy) y una penetración en el sistema eléctrico de las renovables del 80% y de un 50% en la cobertura de la demanda final de energía.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

La energía como derecho

Escribo hoy de nuevo en este blog transcurridos dos años desde que inauguramos este espacio de opinión y reflexión abierto. Nuestro objetivo era, y es, reclamar el acceso universal a la energía como derecho, objetivo que recientemente ha visto colmadas algunas de sus demandas que, aunque insuficientes, marcan el camino hacia un modelo energético más sostenible y abierto.

La pobreza energética en nuestro país afecta a 4,6 millones de personas. Es un grave problema que se ha generado tanto por el continuo ascenso del precio de la electricidad, que en los últimos 10 años ha subido un 46%, como por la pérdida de renta a disposición de las familias, que en el mismo periodo ha bajado un 4,3%. Esta situación refleja que en España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables, sino como una commodity más que forma parte del gran negocio empresarial que es la energía.

Adicionalmente a la existencia del problema de acceso, que ya de por si debería ser la prioridad de cualquier gobierno, hay que sumar los impactos económicos y sociales derivados del Cambio Climático cuyo origen está directamente relacionado con el modelo energético actual basado en combustibles fósiles no renovables. La energía está determinando el futuro de los países y de sus relaciones de competencia económica y tecnológica como principal factor de competitividad y también su compromiso con la conservación del planeta, que lleva implícito un cambio en el modelo económico actualmente en vigor por otro  más descarbonizado, desenergizado y desmaterializado.

En España el acceso a la energía no se ha regulado como el acceso a un bien básico, universal, limitado y costoso, con un impacto directo en la calidad de vida, el medio ambiente, tal y como defendemos desde la Fundación Renovables

Las fuentes renovables constituyen el único marco viable de estrategia energética a largo plazo en el que la solidaridad intergeneracional demanda no derivar los problemas de seguridad de suministro, de contaminación ambiental, de residuos radiactivos y riesgos nucleares a las futuras generaciones. Son la solución a la pobreza, a lo altos precios, a la contaminación, al Cambio Climático, a la disponibilidad de estructuras de mercado transparentes y centradas en el consumidor que deben guiar nuestra apuesta energética de presente y futuro.

Nuestras peticiones a lo largo de estos dos últimos años han empezado a verse reconocidas con el DL 15/2018 de 5 de octubre que se aprobó en el pasado Consejo de Ministros en el que recuperamos, como consumidores, el derecho de poder elegir como queremos cubrir nuestras necesidades energéticas y la posibilidad real de ganar la autonomía que nunca el sistema actual nos ha reconocido.

El autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético

Indudablemente el autoconsumo, sobre todo compartido, no solo contribuye a una mayor penetración de renovables sino que lo hace con un carácter más democrático y transparente al poner a la persona en el centro del modelo energético. Por eso, en la Fundación Renovables aplaudimos la propuesta sobre autoconsumo que el Gobierno ha incluido en el Decreto Ley y esperamos que el Congreso convalide las medidas que recoge y que su desarrollo normativo y su aplicación satisfagan las esperanzas que su aprobación ha despertado.

En nuestro caso, esto pasa por facilitar la realización de contratos de compra-venta de energía entre particulares, la fijación de peajes por uso de la red transparentes y directamente relacionados con el servicio recibido, la posibilidad de instalar sistemas de almacenamiento como elemento básico para la gestión de la demanda, la monetización de todos los flujos de energía de forma clara y transparente, el acceso a los contadores en tiempo real….

Junto a la eliminación del “Impuesto al Sol” y de las trabas administrativas y jurídicas además del impulso del autoconsumo compartido, el Decreto Ley ha consolidado el avance y ampliación del bono social, tanto en plazos como en situaciones recogidas así como proponiendo un bono social para la calefacción. No cabe duda que aunque, de forma insuficiente, se están dando los primeros pasos para la creación de una Renta Básica Energética.

Desde la Fundación Renovables reclamamos la necesidad de la creación de una tarifa social amplia que considere las características específicas familiares, sin incluir un tramo fijo, con una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar y un consumo mínimo de energía a precio reducido así como la exención o reducción del IVA aplicable. También defendemos la necesidad de otras medidas que consideramos imprescindibles para luchar contra la pobreza energética como son la rehabilitación de 250.000 viviendas/año bajo una configuración de actuación que no exija recursos a quien no los tiene y la consideración de la cobertura de energía eléctrica como un servicio público de los ayuntamientos.

El Decreto Ley nos permitirá avanzar en la recuperación de la “Energía como Derecho” pero quedan muchas asignaturas pendientes que no se han tratado, como es la implantación de una fiscalidad activa que favorezca el cambio de un modelo energético no sostenible a otro que sí lo sea o algunas que se han tratado tímidamente como son las medidas para reducción del precio de la electricidad, cuyo único esfuerzo aprobado recae en la modificación de impuestos y tasas sin entrar de forma decidida en una reforma profunda que permita fijar los precios de forma transparente y consecuente al valor del servicio prestado.

Hemos recuperado derechos perdidos que desde este blog llevamos reclamando desde su creación y que dan título al mismo pero no podemos dejar de pensar que a este pequeño paso le queda una gran camino que recorrer tanto para lograr que la energía sea un bien común como para reducir la hipoteca que estamos dejando a las generaciones venideras.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La absurda situación del autoconsumo en España

Mariano Sidrach de Cardona Ortín – Catedrático de la Universidad de Málaga

Autoconsumo

En un país que gasta 120 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y que tiene una alta dependencia energética del exterior, ya que importa más del 70% de la energía que se consume, parecería razonable que existiera una política energética clara enfocada al ahorro energético y al desarrollo sin trabas de las energías renovables. Una energía limpia que ha demostrado su viabilidad económica y que en España tenemos en abundancia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos una situación que, al menos, es paradójica.

Si alguien, por razones más que evidentes, decide invertir su dinero en disminuir su consumo energético tomando medidas tales como sustituir bombillas, mejorar el aislamiento de su vivienda, cambiar ventanas y cerramientos, comprar electrodomésticos más eficientes o incluso decidirse por un vehículo híbrido o eléctrico, no sólo estará haciendo caso a mucha de la propaganda institucional que el gobierno periódicamente nos pone en los medios de comunicación, sino que lejos de encontrar ninguna traba, accederá a diversas ayudas que existen para este fin y será considerado un ciudadano ejemplar, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el futuro del planeta.

Sin embargo si, dejándose llevar por esta euforia energética medioambientalista, con los mismos argumentos decide instalar en su domicilio una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de seguir ahorrando energía, este mismo ciudadano pasará a ser a ojos del gobierno un ciudadano insolidario, depredador del sistema y se enfrentará a un procedimiento administrativo largo y tedioso, y a una normativa que está pensada para desincentivar a aquellos que se atrevan a intentarlo. Para acabar de desmoralizar a los que lo intenten, en una sentencia de 13 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo asegura que las sanciones (de 600.000 a seis millones de euros) que contempla el RD de autoconsumo no son desorbitantes para una sanción grave a un autoconsumidor.

¿Qué daño podemos hacer al sistema eléctrico para merecer semejante castigo? Algo muy gordo sin lugar a dudas.

Veamos cuales son las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas y cuál es ese grave daño.

Una instalación FV domestica para autoconsumo puede costar alrededor de 1.5 €/Wp. Una instalación de 2.0 kWp debería ser suficiente para producir al cabo del año el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar en el Sur de España, lo que supone una inversión de 3.000 €. Una instalación de estas características es capaz de producir un ahorro anual del 40% de la energía que consume la vivienda.

Con esta decisión hemos conseguido ya las siguientes ventajas:

  • Invertir dinero en un sector económico que genera puestos de trabajo, activando la economía productiva.
  • Disminuir las necesidades nacionales de importación de combustibles fósiles.
  • Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico, al generar energía eléctrica en el lado del consumo, por lo que evitamos las pérdidas que se producen en las redes de distribución
  • Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.

El único inconveniente es que necesitamos estar conectados a la red eléctrica para enviar a la misma nuestros excedentes de energía. Este argumento lo utiliza el gobierno para poner impuestos adicionales, como el llamado impuesto al Sol, bajo el argumento de igualdad de trato y solidaridad con todos los usuarios del servicio eléctrico.  Argumentos que no comparto por las siguientes razones.

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Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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El misterio de la comisión de expertos

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

interrogante

Cuando un gobierno o administración tiene que tomar una decisión difícil, monta una comisión de expertos para que le ilumine sobre qué es mejor decidir. Cuando un gobierno o administración quiere marear la perdiz y alargar un tema sin tomar ninguna decisión, monta una comisión de expertos para tener al personal entretenido mientras el gobierno en cuestión sigue haciendo lo que le venga en gana.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, cuyo objetivo será aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima.

¿Cuál es el verdadero motivo de esta comisión de expertos? ¿Iluminar al gobierno o marear la perdiz? Pronto lo sabremos, pero de momento hay indicios que no señalan nada bueno.

Para empezar, su composición: catorce integrantes, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Que el gobierno quiera designar expertos de su confianza es normal, siempre que no elija a aquellos que solo vayan a recibir instrucciones o solo digan aquello que el gobierno desea oír.

Que otros integrantes vengan marcados con color político ya huele un poco peor, porque ahí nos podemos temer que cada cual intente arrimar el ascua a su sardina, y los expertos reproduzcan el debate parlamentario, solo que con una mayoría que asegure al gobierno salirse con la suya. Habrá que estar muy atentos no solo a los argumentos (que serán los esperables según el color político) sino al fundamento que aporten para defenderlos.

Respecto a los expertos a designar por los agentes sociales, la cosa ya huele a naftalina. ¿Quiénes son los agentes sociales? ¿Por qué la patronal y los sindicatos mayoritarios pueden designar sus propios expertos, y el resto de la sociedad no? ¿Por qué una asociación ecologista o de consumidores no puede aportar expertos que defiendan su punto de vista? ¿Será que no tienen representatividad social, o será que pueden defender propuestas que no gusten al gobierno?

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Los dueños del fuego sagrado

Por Mariano Sicrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

energía

Es bien conocida la importancia de la energía para el desarrollo de las actividades humanas, de manera que el control de la energía ha sido, probablemente, la causa última de una gran cantidad de las guerras y conflictos que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Y ha sido así desde la prehistoria, cuando el hombre aprendió a controlar el fuego y lo convirtió en una energía que al usarla empezó a mejorar el bienestar humano, pero que se convirtió a su vez en una gran fuente de poder. Poseer el control del fuego, primero, y de las fuentes de energía, después, que hemos venido utilizando para nuestro desarrollo económico siempre ha asegurado grandes beneficios económicos y sobre todo mucho poder, con mayúsculas, poder de verdad, ya que toda la sociedad necesita de estos recursos para el desarrollo de sus actividades diarias.

Que este poder esté concentrado en unos pocos supone un grave problema social y económico y es por eso que en las sociedades democráticas se desarrollan mecanismos sociales y políticos que, en forma de contrapeso, permiten contrarrestar este poder y poner el acceso a la energía al servicio del interés general.

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El Gobierno español lucha solo y sin cuartel contra el autoconsumo

Por Laura Martín Murillo – Directora de la Fundación Renovables

Desde que se aprobó en España la ley más regresiva para el autoconsumo del mundo, los gobiernos sucesivos del Partido Popular han decidido librar en solitario una batalla contra la sociedad española, el resto de los grupos parlamentarios, el resto de países de la Unión Europea y ahora, incluso, contra la propia Comisión Europea liderada por Arias Cañete.

Que el gobierno del Partido Popular aprobara una ley pensando únicamente en las grandes eléctricas y contraviniendo los intereses de la ciudadanía no es de extrañar, pero que su actitud beligerante se mantenga en el tiempo, contra todos los demás, tanto a nivel nacional como internacional, es difícilmente explicable.

España ya es una excepción. A diferencia de lo que ocurre en Europa y en el mundo, aquí el autoconsumo, acosado por las trabas, no termina de despegar. Hemos pasado de ser un país relativamente pionero en energías renovables a convertirnos en el único país del mundo en el que existe el ‘Impuesto al Sol’.

El estudio que desde la Fundación Renovables acabamos de publicar resume la situación del autoconsumo en 10 países europeos y da buena cuenta de la excepción que se vive en España: mayores trabas administrativas sobre las que ya ha alertado la Comisión Europea, falta de un marco retributivo adecuado para la energía vertida a red, prohibición del autoconsumo compartido y existencia de tasas absolutamente injustificables, como la que se aplica a la energía autoconsumida en el domicilio o la empresa. La legislación española es la peor de Europa y no está tampoco en línea con las propuestas de la Comisión.

Por ello, después de haber vetado en el Parlamento la propuesta de todos los grupos parlamentarios sin excepción para un cambio en la regulación de autoconsumo, con un informe económico torticero, el Gobierno traslada su batalla a Europa. Mientras la Comisión Europea presenta un Paquete de Invierno que se propone situar al ciudadano y al consumidor europeo en el centro del sistema, dotando de derechos al autoconsumidor, el Gobierno español (un gobierno en minoría, no olvidemos) presentó la semana pasada como contribuciones a este paquete una batería de comentarios contra el autoconsumo: contra el autoconsumo en comunidades, pidiendo que se reconozca el hecho de que el autoconsumo es oneroso para el sistema, en contra de los sistemas de apoyo al mismo… en fin, propuestas muy ideologizadas y en completa minoría y, otra vez, en contra de la ciudadanía de su país.

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