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Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

¿Por qué la Unión Europea no habla de eficiencia energética?

El informe del “Rastreador de recuperación sostenible” de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima en 710.000 millones de dólares el gasto global aprobado en energías limpias en lo que va de año, que representa un incremento del 50% en cinco meses. Sin embargo, la AIE señala que las medidas orientadas al consumidor, como la rehabilitación y la movilidad sostenible y eléctrica, no acaban de llegar a la ciudadanía por la burocracia y el insuficiente apoyo de los gobiernos.

El escenario de altos precios de la energía y la invasión rusa de Ucrania no ha suscitado más apoyo a medidas de reducción de la demanda energética sino la preocupación de los gobiernos europeos para sustituir los combustibles fósiles importados de Rusia por otros suministradores, sin abordar el origen del problema: la dependencia energética. Que el Consejo Europeo de marzo no haya acordado nada sobre gestión de la demanda y que la excepción haya sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidiendo bajar el termostato de la calefacción confirma que Europa carece de política común de energía.

La necesidad de importar más gas e invertir en infraestructuras gasistas desvela otros graves errores del “diktat” alemán que ha moldeado la Unión Europea durante las últimas décadas. La “Europa alemana” de Angela Merkel, que Tony Judt calificó como “una presencia inquietante para sus vecinos”, se aproximó tanto a Putin que ahora la dependencia de Rusia amenaza los cimientos de la UE por el suministro energético y la inflación. No solo la transición ecológica está amenazada sino la convivencia europea que, desde el “austericidio” impuesto por Alemania en la pasada década, ve ahora cómo el aumento explosivo de las desigualdades trae el ascenso de la extrema derecha rusófila y el euroescepticismo. Como ha expresado Paul Krugman, “Alemania, con su irresponsable política energética, se ha convertido en la principal facilitadora de Putin”.

Europa está presa de una crisis energética por falta de voluntad para crear una economía libre de combustibles fósiles y una crisis económica por la inflación derivada de la conformación de precios de la electricidad que tanto Alemania como los monopolios energéticos se oponen a cambiar. Alemania, como afirma Krugman, “seguirá siendo, para su vergüenza, el eslabón más débil de la respuesta del mundo democrático a la agresión rusa”.

El Consejo Europeo no ha tomado ninguna decisión frente a la crisis energética

El Consejo Europeo de marzo aplazó la decisión sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad y los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta que la Comisión Europea presente el estudio correspondiente. Tampoco ha decidido la suspensión de las importaciones de gas y crudo de Rusia por la oposición de Alemania. Las causas de la irresponsable inacción europea son varias:

1-No existe una política común sobre energía. Cada Estado miembro decide libremente sus fuentes de energía y suministro. El rigor sobre el cumplimiento de las directivas europeas y los objetivos climáticos sigue siendo laxo. Es la vía libre a la dependencia energética.

2-No existe un mercado energético común, sino 27 mercados distintos con una elevada dependencia de las importaciones energéticas y un nivel mínimo de autosuficiencia. Preocupa más garantizar la oferta de energía que la gestión de la demanda.

3-La existencia de oligopolios energéticos nacionales, con una conformación de precios que les garantiza los ingresos y el dividendo y un mercado mayorista sin reguladores independientes. El mayor consumo de energía interesa más que la eficiencia, que se identifica con menos ingresos del sistema eléctrico.

Estos tres factores dejan escaso margen de actuación a los gobiernos. No son ellos los que deciden la política energética, sino un mercado especulativo y sin competencia que funciona como sistema de extracción de rentas. La “excepción ibérica” aprobada por el Consejo se apoya en el incumplimiento del objetivo de interconexión eléctrica entre España y Francia, que solo llega al 2,8% de la potencia instalada, lejos del objetivo europeo del 15%.

La isla energética que define la situación de España ha permitido que la Comisión Europea reconozca que el mercado mayorista no funciona y que los “beneficios caídos del cielo” existen. Por ello se permite a España y Portugal limitar el precio del gas para que no encarezca el precio final de la electricidad. Es un reconocimiento tardío a la petición que realizó España seis meses antes y que aún deberá confirmar la Comisión Europea limitando el precio del gas, a lo que se oponen Alemania y las grandes eléctricas europeas, incluidas las españolas.

Bruselas no aplica sus propias directivas para reducir la dependencia energética

No solo han sido economistas e instituciones alemanas, como las universidades de Bonn y Colonia, las que han llegado a la conclusión de que el embargo del gas ruso es factible. El informe conjunto de los think tanks europeos Ember, E3G, RAP y Bellona confirma que las importaciones de gas ruso se pueden reducir a cero en 2025 si la UE disminuye la demanda de gas elevando en el paquete “Fit for 55” los objetivos de electrificación, energías renovables, eficiencia y rehabilitación energética, aprovechando el potencial de ahorro energético de la flexibilidad de la demanda.

En los decálogos que ha publicado la AIE el pasado mes de marzo para que Europa alcance la independencia energética de Rusia, la mayoría de las medidas insisten en la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, eliminando el gas de la calefacción, y en las estrategias de movilidad sostenible y eléctrica para reducir el consumo de petróleo. Estas soluciones están desarrolladas en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética.

La Directiva (UE) 2018/2001, de energías renovables, desarrolla los derechos del autoconsumidor y de las comunidades de energías renovables, el apoyo a las pequeñas instalaciones y pequeños actores, calefacción sin emisiones y la instauración de marcos facilitadores del autoconsumo y las comunidades de renovables como medidas de ahorro energético. La Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, establece como instrumentos de eficiencia energética las figuras del cliente activo, las comunidades locales de energía, los precios dinámicos, el agregador independiente de la demanda, la interoperabilidad de los contadores inteligentes y el almacenamiento. La Recomendación (UE) 2021/1749, sobre el principio de primero, la eficiencia energética, se basa en que debe ser preferible la reducción de la demanda antes que la generación de energía.

La Comisión y el Consejo europeos han prescindido en esta crisis de los principios de las directivas que ellos mismos aprobaron. Incluso España, en el RDL 6/2022, se ha olvidado de las políticas de eficiencia y flexibilidad energéticas. Ni siquiera ha desarrollado los conceptos de las directivas que se definieron en el RDL 23/2020.

Las directivas europeas establecen la transformación de un modelo energético centralizado basado en la rentabilidad de las grandes centrales de generación, incluso renovables, en otro basado en el consumidor activo, capaz de generar y consumir su propia energía renovable en cada centro de consumo.

El Consejo Europeo ha decidido sustituir el gas y el petróleo rusos por más gas y petróleo de otros países; pero olvidó que el origen de la actual crisis es la dependencia energética. Ha parecido más fácil seguir la senda de lo que piden los monopolios energéticos nacionales que modificar el modelo energético que origina las guerras, la inflación y las desigualdades.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

España gana la primera batalla para cambiar el mercado eléctrico europeo

No han pasado diez años desde que Alemania y Países Bajos impusieran al sur de Europa el “austericidio” y la dimisión del ministro griego de economía Yanis Varoufakis para afrontar la gran recesión con recortes sociales, desigualdad y pobreza, cargando a la sociedad el rescate de los bancos. El resultado fue la insignificancia geopolítica de la UE y el ascenso de la extrema derecha antieuropea y rusófila. El Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo era otra encerrona de alemanes y neerlandeses para pagar entre todos la dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. La diferencia entre lo sucedido en 2015 y 2022 es que España y Portugal han conseguido parar, de momento, la intención de los países ahora llamados “frugales”, pero derrochadores de combustibles fósiles. La alianza ibérica hace posible que la transición ecológica no sea la primera víctima colateral de la invasión rusa de Ucrania.

Esta primera victoria ha sido doblemente trabajada por la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propuesta que en 2021 presentó a la Comisión Europea su vicepresidenta Teresa Ribera para modificar el mercado eléctrico, desconectar el gas de los precios de la electricidad y gravar los “beneficios caídos del cielo” que perciben las eléctricas. La Comunicación de la Comisión Europea del 23 de marzo recogió las propuestas españolas y el Consejo ha aprobado un tratamiento especial para la península ibérica, pues su mínima capacidad de interconexión eléctrica la convierte en una isla energética. Se ha dado un plazo a la Comisión para que presente en mayo medidas de emergencia para el mercado eléctrico, desconectarlo de los precios de los combustibles fósiles y regular los “beneficios caídos del cielo”. La excepción ibérica permitirá proteger a los consumidores de los precios del gas en la tarifa eléctrica fijando un precio de referencia, que aprobará la Comisión, para limitar su influencia en el precio final de la luz.

Solo se ha ganado el primer asalto y habrá que esperar al estudio que realice la Comisión para avanzar en la reforma del mercado eléctrico europeo. Pero el paso dado es tan importante que las propias eléctricas han acudido a Bruselas a negar que existan “beneficios caídos del cielo” y defender lo bien que funciona el mercado mayorista; por su parte, la oposición política ha ridiculizado lo conseguido por Pedro Sánchez, como ya hizo con los 140.000 millones de los fondos del Next Generation UE.

La energía sigue sin ser una política común europea

El mayor fracaso del Consejo Europeo ha sido constatar que sigue sin considerar la energía como política común europea. Se intentó en el frustrado proyecto de tratado de la Constitución Europea de 2003, pero se eliminó del texto y cada Estado miembro decide libremente sobre energía, con lo que Europa cuenta con 27 mercados energéticos distintos. Este hecho ha tenido consecuencias negativas al tratarse de un mercado eléctrico europeo, a diferencia del de los EEUU, controlado por muy pocas empresas, sin competencia y con una conformación de precios diseñada para garantizar los ingresos de un sistema energético dominado por los combustibles fósiles. Es un mercado especulativo que solo beneficia a las eléctricas convencionales.

El mercado energético europeo es una falacia. No existe por el abuso de posición dominante de unas pocas empresas y la falta de reguladores independientes de la competencia. Es la razón por la que el Consejo Europeo no ha aprobado la modificación del mercado mayorista para que los consumidores se beneficien de la mayor generación renovable ni ha aprobado la mayor sanción a Rusia: cortar las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Si los ucranianos arriesgan la vida por su soberanía ¿por qué los europeos no arriesgan nada por su soberanía energética?

En el primer mes de la invasión rusa de Ucrania Europa ha pagado a Putin más de 17.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles. También Naturgy ha seguido importando gas ruso a través de buques metaneros. Mientras acoge refugiados ucranianos y sus parlamentos aplauden al presidente Zelenski, Europa llena las arcas del presidente ruso para financiar la invasión de su país. El mercado energético europeo es inmoral por naturaleza.

La Comisión Europea confirma todo lo que las eléctricas niegan

La Comunicación de la Comisión Europea, que se presentó un día antes del Consejo Europeo, confirmó los argumentos de Teresa Ribera sobre un mercado eléctrico roto. Por un lado, propone limitar los precios mayoristas de la electricidad y del gas estableciendo compensaciones o interviniendo con precios de referencia; por otro, propone gravar los beneficios excesivos de las eléctricas o establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación. Bruselas obligará a que la capacidad de almacenamiento de gas cubra un 80% de las necesidades, pero no propone nuevas interconexiones gasistas.

La respuesta de las eléctricas fue un artículo de los presidentes de Iberdrola, Enel (Endesa) y EDF negando que tengan beneficios extraordinarios y manifestándose en contra de intervenir el mecanismo de formación de precios para no destruir el mercado de la electricidad. Está claro que se refieren a los mercados nacionales donde cada una de ellas opera en condiciones privilegiadas y sin competencia, pero no a un mercado europeo abierto a la competencia de millones de consumidores que no existe porque ellos mismos lo impiden. La batalla continuará en los tribunales en cuanto España tome las primeras medidas que ha autorizado el Consejo Europeo. Frente a la necesidad de reformar el mercado eléctrico, las eléctricas proponen que el mercado está bien como está. Mientras Bruselas y el gobierno de España han priorizado la protección de los consumidores, al sector eléctrico solo le preocupa la protección de sus accionistas y sus operaciones corporativas.

La Agencia Internacional de la Energía propone lo que Europa ignora

El Consejo Europeo ha pasado por alto los principios de la Unión de la Energía y de las directivas de eficiencia energética, renovables y mercado interior de la electricidad. Ha perdido la oportunidad de plantear una iniciativa de reducción de la demanda energética, encaminada a consumir menos gas y petróleo, y acelerar el nuevo paquete “Fit for 55” para sustituir las importaciones rusas con renovables, eficiencia energética y electrificación, actuando sobre la demanda de energía y no, como se ha hecho, sobre la oferta.

Los días 3 y 23 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía hizo públicos sendos decálogos para que Europa logre la independencia energética de Rusia. Europa podría reducir una tercera parte de sus importaciones de gas ruso en un año y reducir 2,7 millones de barriles diarios de petróleo ruso impulsando políticas de movilidad sostenible y eléctrica, así como medidas de desarrollo de proyectos eólicos y solares, sustitución de calderas de gas y rehabilitación energética.

Según Fatih Birol, la rehabilitación energética de las viviendas más antiguas ahorraría el equivalente al gas que recibe Europa a través del Nord Stream I. Cuanta más eficiencia menos dependencia energética.

Las conclusiones del Consejo Europeo no van a cambiar un mercado energético que en realidad no es tal. Cada Estado miembro irá por su cuenta a resolver sus problemas de suministro frente a una Comisión Europea dominada por la voluntad alemana de no modificar la conformación de precios que tan bien les va a los monopolios energéticos. Lo que España deberá evitar a toda costa es que en este escenario europeo las medidas para abaratar la luz se conviertan en más costes reconocidos al sector eléctrico que se cargarán, como siempre ha sucedido, a los consumidores de luz y gas. Para eso habría que hacer otra ley del sector eléctrico y otra ley sobre el regulador independiente de la competencia.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La generación distribuida: una oportunidad para el mundo rural

El fuerte descenso de los precios de la industria fotovoltaica ha propiciado que los sistemas fotovoltaicos se hayan convertido en una herramienta importante en el proceso de descarbonización de la generación de energía. En España vivimos un boom de estas instalaciones y las perspectivas de crecimiento son cada vez mayores.

Sin embargo, el crecimiento desordenado de las grandes plantas fotovoltaicas está teniendo una importante respuesta social, que no es una oposición a la energía fotovoltaica en general, sino una oposición a la forma en la que se están desarrollando algunos de estos proyectos.

Si partimos de la base de que todas las actividades humanas tienen impacto en el medio ambiente, no es menos cierto que tal y como se están desarrollando, muchos de estos proyectos no son respetuosos ni con el medio ambiente, ni con el territorio, ni con sus gentes. Personas que sienten que se coloniza su territorio para suministrar energía a otras gentes y otros territorios y que condicionan sus posibilidades de desarrollo sin obtener nada o muy poco a cambio.

Es evidente que el factor de escala juega un papel importante. Cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más terreno ocupa y más impacto medioambiental provoca. La única razón para hacer plantas fotovoltaicas cada vez más grandes es que cuanto mayor es la planta, más elevada es la rentabilidad de la inversión. Ante esta situación muchos ayuntamientos se están oponiendo a la instalación de grandes parques fotovoltaicos en su término municipal.

Si atendemos al carácter distribuido de la tecnología fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas y, en suma, la participación de todos en la producción y consumo de energía deben de ser prioritarios, implicando activamente a los ayuntamientos en la transición energética. Curiosamente, nadie se opone a este tipo de instalaciones.

Además, hay otras soluciones que apenas se han empezado a desarrollar en España. La agrovoltaica es una de ellas, entendida como el uso conjunto e inteligente de la tierra para la agricultura y la generación de electricidad con instalaciones de energía solar fotovoltaica, y que puede contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los agricultores tienen la oportunidad de producir su propia energía y/o desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.

Esta tecnología también podría hacer que los cultivos agrícolas sean más resistentes frente al cambio climático. Los sistemas agrovoltaicos ofrecen protección contra la radiación solar excesiva, el calor, la sequía y el granizo. En veranos muy calurosos y secos, esto puede significar rendimientos de cultivos por encima de lo habitual, además de los beneficios de la generación con energía solar. Mediante esta tecnología podemos generar electricidad renovable sin quitar recursos de tierras de cultivo para la producción de alimentos y, lo que es más importante, con la participación activa de los territorios y sus gentes.

Esta tecnología se está desarrollando en otros países como Japón, Corea, China, EEUU, Francia o Alemania. Unos sistemas cuyo diseño debe tener en cuenta el tipo de cultivo y las condiciones climáticas de cada lugar, lo que exige un esfuerzo extra de investigación para conseguir resultados óptimos.

En España contamos con grandes recursos agrícolas y gran experiencia en tecnologías fotovoltaicas, por lo que deberíamos aprovechar las posibilidades del uso dual de la tierra, añadiendo a su uso tradicional la producción de energía eléctrica. Los sistemas agrovoltaicos pueden ayudar a integrar producción de energía y desarrollo local, con beneficios para todos. Estos sistemas han pasado, a nivel mundial, de 5 MW instalados en 2012 a alrededor de 2.800 MW en 2020.

La urgencia del cambio climático hace que tengamos que aumentar de forma exponencial la potencia fotovoltaica instalada y parece evidente que, al ritmo de instalación actual de sistemas de autoconsumo (en España en 2021 fue de 1.203 MW), las grandes plantas son necesarias. El problema es cómo desarrollarlas de manera que minimicemos su impacto y maximicemos el beneficio sobre los territorios, de forma que sean una oportunidad para el desarrollo local. Así, los tamaños de las plantas deben ser acordes a la realidad del territorio y no sólo a la capacidad de evacuación de la red eléctrica. De la misma forma hay que empezar ocupando terrenos poco valiosos desde un punto de vista agrícola y medioambiental y son los municipios afectados los que deben poder decidir sobre la idoneidad de estos. La elección de los terrenos está condicionada también por la proximidad a los puntos de evacuación de la red eléctrica, creando, además, un problema añadido por el efecto acumulativo de diferentes proyectos en el mismo territorio, con líneas de evacuación que se cruzan entre ellas.

El consumo eléctrico de los municipios pequeños puede ser cubierto utilizando un porcentaje pequeño de su territorio, con sistemas de autoconsumo individuales o con pequeñas plantas fotovoltaicas, creando sus propias comunidades energéticas para su autoabastecimiento de energía.

¿Cuánto territorio municipal se puede ocupar con plantas fotovoltaicas sin comprometer el desarrollo futuro del mismo? ¿Qué impacto tienen estas plantas en el desarrollo económico local? ¿Es razonable ocupar tierras productivas para este fin? ¿Que impacto es admisible sobre la biodiversidad? Todas estas cuestiones deben ser resueltas si queremos que la transición energética sea una transición justa y aceptada por todos.

De igual manera, los ayuntamientos deben potenciar y desarrollar iniciativas que fomenten el autoconsumo, el ahorro y que disminuyan su dependencia energética. Todos somos consumidores de energía y todos debemos responsabilizarnos tanto de su producción como de su consumo.

Hay que exigir también a nuestros responsables políticos leyes y normativas que favorezcan la generación distribuida en sus diferentes formas, simplificando al máximo los trámites administrativos y con políticas activas de incentivos. Los municipios, y en especial los pequeños, tienen pocas capacidades para emprender estas acciones y necesitan ayuda y asesoramiento.

En los sistemas democráticos las soluciones siempre pasan por más planificación, más diálogo, más transparencia, más participación activa de todos y más solidaridad. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer entre todos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

 

¿Dónde está la CNMC?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se creó en la Ley 3/2013 y representa el mayor atentado de la democracia contra la competencia. Suprimió los organismos reguladores independientes de la economía y sus competencias fueron asumidas por el poder ejecutivo: el ministro de economía designa a todos los consejeros de la CNMC y el ministro de industria y energía asume las funciones regulatorias de los mercados energéticos, incluidas las operaciones corporativas. El responsable de la ley fue el gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de economía Luis de Guindos.

Esta ley supuso el enfrentamiento con la Comisión Europea que abrió expediente para llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento de las directivas del mercado interior de la electricidad y el gas de 2009. Para evitarlo, con el cambio de gobierno, se aprobó el RDL 1/2019 que restituyó algunas de las competencias usurpadas en 2013 para que la CNMC pudiera aprobar sus circulares a través de un procedimiento de consenso con las orientaciones de política energética que emitiera el Ministerio para la Transición Ecológica. Se devolvió a la CNMC la competencia para aprobar la metodología y retribución de las plantas de GNL, los peajes de acceso a la electricidad, las condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, así como la regulación de los mercados organizados.

La Ley 3/2013 debió de ser derogada, pero sigue en vigor, sobre todo en lo que se refiere a la dependencia del regulador del poder ejecutivo. Al no derogarse sigue siendo un freno para abrir la competencia en los mercados energéticos, controlar las operaciones corporativas y proteger a los consumidores del abuso de posición dominante de los oligopolios.

Los beneficios de eléctricas y gasistas castigan a los consumidores finales

La escalada de precios de la electricidad y el gas comenzó en 2021 y ha destapado las mentiras que el sector eléctrico difundió, como la inexistencia de los beneficios caídos del cielo, la insuficiente retribución de las redes o que el precio de la electricidad refleja los costes reales de generación, para justificar el sistema más diabólico de extracción de rentas de la economía española. ¿Quién compensará a los consumidores por los costes del sistema eléctrico indebidamente reconocidos?

La vicepresidenta y ministra Teresa Ribera rompió los tabúes y propuso en otoño a la Comisión Europea modificar el mercado mayorista, sacando el precio del gas como precio de referencia, y un proyecto de ley para gravar los ingresos de las eléctricas por el dividendo del CO2 de nucleares e hidráulicas. Han tenido que pasar seis meses y la invasión rusa de Ucrania para que Europa abandone la inacción y reconozca el caos de una regulación eléctrica y gasista hecha para incentivar los altos costes de la luz, la dependencia energética, el consumo de energía fósil, las emisiones y los recursos para la guerra de Putin.

En España se ha denunciado reiteradamente el mal funcionamiento del mercado mayorista por la falta de competencia o su posible manipulación con hechos tan vergonzosos, como el vaciado de los embalses, frente a los que no se ha actuado. La nueva tarificación del recibo de la luz se anunció con suficiente antelación. Un año después todavía hay compañías que refacturan una, dos y hasta tres veces los mismos recibos porque ni sus sistemas informáticos ni los contadores inteligentes saben hacerlo. A la vez, anuncian los incrementos de sus beneficios, los sueldos de sus directivos, el dividendo de sus accionistas y operaciones corporativas, sin control regulatorio, que afectan a la seguridad energética y a la protección de los consumidores, sobre los que pende la espada de Damocles del corte de suministro y la Ley 24/2013 que traslada a los peajes todos los déficits del sistema.

El mejor instrumento de los consumidores para rebajar sus costes energéticos son los contadores inteligentes; pero éstos siguen siendo un instrumento de las eléctricas para facturar al consumidor y no un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor, como establece la Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad. Los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de esta directiva se incumplen, como se ha incumplido el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética. El cambio de contadores en España se ha hecho incumpliendo las directivas europeas; sin embargo, el control de los contadores no ha preocupado a ningún regulador. El consumidor queda desprotegido, sin poder beneficiarse de las ventajas de los contadores inteligentes y del autoconsumo para ahorrar energía. Así se garantizan los ingresos del sistema eléctrico.

MidCat: más inversiones gasistas para aumentar la demanda de gas y las emisiones

El RDL 13/2012 paralizó las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas, regasificadoras, centrales de gas y gasoductos, incluyendo el MidCat con Francia. Se justificó en el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras y la falta de demanda. El gobierno de Mariano Rajoy aprobó la suspensión y no la levantó hasta 2018, aunque en esa fecha el sistema mantenía el déficit estructural de 2012 y la falta de demanda.

En 2017 la CNMC informó negativamente la construcción de nuevas regasificadoras en Tenerife y Las Palmas porque la falta de demanda las hacía deficitarias y su coste lo pagarían los consumidores. Se curaba en salud después del enorme fiasco del almacén de gas Castor que provocó un déficit no auditado al sistema gasista de más de 1.400 millones de euros que en el RDL 13/2014 se cargaron a los consumidores de gas. La Comisión Europea ha sacado el gasoducto MidCat de la lista de proyectos de interés comunitario (PIC) al comprobar la falta de demanda y mercado que abocaba a un déficit que tendrían que pagar los consumidores de Francia y España. El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la Unión de la Energía y la Acción por el Clima establece, en su artículo 4 d), que toda nueva interconexión será objeto de un análisis del coste-beneficio, socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los beneficios superan los costes.

La prudencia de Bruselas y la CNMC ha salvado a los consumidores del hachazo que el sector gasista preparaba para convertir España en suministrador internacional del gas argelino. Teresa Ribera ha reclamado que el gasoducto MidCat no deberán pagarlo los consumidores ni detraerse de los fondos europeos destinados a energías limpias. Será difícil porque Bruselas ha etiquetado el gas fósil como energía verde.

Los que están reclamando el proyecto MidCat para que España sea el suministrador de gas a Europa deberían decir toda la verdad. Al tratarse de una infraestructura básica del sistema gasista su coste se trasladará a los peajes, tal como establece el artículo 61 de la Ley 18/2014, sin auditoría ni control alguno. La norma fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy que la justificó por el “déficit estructural del sistema gasista”.

El proyecto MidCat no ayudará a Europa a resolver su dependencia del gas ruso porque el plazo temporal de ejecución impide que sea una solución inmediata al problema de suministro y cuando esté ejecutado se convertirá en un activo varado que deberán sostener los consumidores de gas. Es más eficaz que los países del norte inviertan en regasificadoras. La desprotección de los consumidores de gas es aún más grave si se tiene en cuenta la opacidad de los acuerdos entre Sonatrach y Gazprom o los contratos de las gasistas españolas. Resolver la dependencia del gas con más gas contradice las directivas europeas y sus objetivos climáticos. Es una incongruencia con los principios de la Unión de la Energía. La protección de los consumidores necesita una respuesta del regulador independiente de la competencia; pero ni está ni se le espera.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La doble “cuenta” de la invasión de Ucrania

Desde el día 24 de febrero estamos asistiendo horrorizados a uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea que nos recuerda, por desgracia, a otros de épocas pasadas que pensábamos, ilusos de nosotros, que jamás se volverían a repetir.

Ya lo dijo Napoleón Bonaparte, “para hacer la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. Es decir, las guerras son caras, muy caras. Sabemos que Rusia, el país más grande del mundo, aunque con una densidad de población muy baja (9 habitantes por Km2), por la vasta extensión de su territorio, dispone de una de las mayores reservas de materias primas del mundo, (níquel, 28,2%, paladio, 20,7%, platino, 19%, trigo, 18,4%, entre otras), es el tercer productor de petróleo del mundo, prácticamente a la altura del segundo que es Arabia Saudita, y el segundo de gas natural, por detrás de EEUU. De hecho, en 2022 ocupa el primer puesto a nivel mundial en cuanto a reservas de gas natural, con aproximadamente 47.805 km3, por delante de Irán con 33.721 km3.  Es un país autosuficiente cuya economía late al son de las exportaciones.

Extracción petrolífera

El gas es el punto fuerte, pero también el más débil de Rusia en una situación como la actual. Si bien, por un lado la dependencia de la Unión Europa del gas ruso es muy alta, en torno al 40%, por otro, es el principal mercado para sus exportaciones ya que Rusia vende el 85% de sus reservas de gas a la UE. En 2021, vendió a Europa petróleo y gas por valor de unos 100.000 millones de dólares, según estimaciones de William Jackson, economista de Capital Economics. En el corto plazo, esta dependencia actual de la UE del gas ruso supone una fortaleza para Rusia, pero en el medio y largo plazo la apuesta por otras fuentes de energía como las renovables, la eficiencia energética y el abandono de los combustibles fósiles harán que esa fortaleza se debilite.

Europa lleva mucho tiempo llenando las amplias arcas rusas con los ingresos procedentes de las compras del gas, lo que ahora le permite financiar la invasión en Ucrania. Es más, Putin ha utilizado el grifo del gas a su antojo y propio beneficio desde septiembre de 2021, gas fósil que, además, es el causante de los disparatados y elevadísimos precios que estamos pagando por la electricidad desde el año pasado y que, con las perspectivas futuras, vamos a seguir pagando si la Comisión Europea no da luz verde a la desvinculación del gas del modelo de fijación de precios marginalista. En 2021, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España importó productos energéticos por valor de 46.575 M€, que supone un 3,9% de nuestro PIB.

Pero, es más, desde que comenzó la invasión en Ucrania el precio del gas no ha parado de incrementarse, así los futuros del gas en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, crecieron un 79%, llegando a subir desde los 220 €/MWh hasta los 345 €/MWh, para situarse finalmente en los 229 €/MWh, por lo que, lejos de conseguir que esas arcas rusas se vean mermadas, ha sucedido lo contrario, las reservas de gas se están revalorizando.

Y respecto al petróleo, aunque se refugie en un segundo plano, ocurre más de lo mismo; hoy el barril de Brent se sitúa casi en los 104 dólares, debido en gran parte a que los países importadores (como ya ha anunciado el presidente Biden) están vetando las importaciones de petróleo de Rusia para no contribuir a financiar la guerra. Un ejemplo son las compañías GALP y Shell (ambas británicas que han seguido la dirección de EEUU), las últimas firmas que han anunciado que dejan de comprar productos petrolíferos rusos. Esta subida del precio del petróleo está suponiendo un incremento extraordinario en los precios de la gasolina en muchos países, alcanzado prácticamente los 2€ por litro. Y no debemos olvidarnos de que Rusia es el principal suministrador de uranio enriquecido de España con un 53,3%, uranio que utilizamos en las centrales nucleares y que, como ya propuso la Fundación Renovables en 2019, deberían estar programando su cierre para antes de 2024.

Por tanto, por un lado, desde occidente cada día seguimos comprando y empleando recursos rusos por cientos de millones, financiando indirectamente la invasión, al mismo tiempo que sufrimos, sobre todo, los hogares y las empresas, las consecuencias de esta. El sobrecoste en las facturas de gas y luz, que ya venían siendo muy altos en meses anteriores, está impactando directamente en los bolsillos de todas las familias y, por tanto, en el encarecimiento de los procesos productivos lo que provocará una subida del IPC (en diciembre de 2021 un 6,5%, del que 3,16 puntos se debe a la subida, un 72%, de la electricidad, el gas y los combustibles), el descenso en las previsiones del crecimiento del PIB, el deterioro de la confianza en los mercados y un decrecimiento de la economía. Todo esto teniendo en cuenta que aún no hemos salido del brutal shock económico provocado por la pandemia del Covid 19.

Desde la Fundación Renovables venimos reclamando desde hace tiempo la urgente revisión y reforma del modelo de fijación de los precios del mercado eléctrico, para que no sea el gas el que marque el precio final de la electricidad de todo el sistema, así como la necesidad de apostar claramente por el desarrollo de las renovables y la eficiencia energética para poder disminuir esa dependencia exterior. Ahora este relato se ha generalizado en la opinión pública, lo que es muy positivo, porque la presión social es necesaria también para cambiar la situación actual.

Lamentablemente, ha tenido que producirse un acto tan lamentable para que la Comisión Europea despierte de su letargo y se plantee una serie de medidas, muy necesarias, aunque sin una aplicación a corto plazo, a través del plan REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible, para dar solución a la dependencia del gas ruso antes de 2030 (por la inacción en este sentido de los últimos años) y a la escalada de precios que, en realidad, empezó mucho antes. En Versalles los líderes europeos han decidido tomar la sartén por el mango para llevar a cabo esa necesaria reforma de los mercados eléctricos para poder sacar el gas, pero habrá que esperar a finales de marzo y abril para que se materialice.

En palabras del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans: “Ha llegado el momento de resolver nuestros puntos vulnerables y de ser más independientes en nuestras opciones energéticas. Pasemos a las energías renovables a la velocidad del rayo. Las energías renovables son una fuente de energía barata, limpia y potencialmente infinita y, en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, crean empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición hacia una energía limpia”. Pero, el vicepresidente se olvida de que hace solo poco más de un mes, la Comisión Europea incluía en la taxonomía de inversiones sostenibles al gas natural. Necesitamos un poco más de rigor.

Ahora toca trabajar para conseguirlo, y no a la velocidad del rayo, sino a la que nuestras necesidades y experiencia nos aconsejan y que es mucho mayor de la que llevamos ahora.

Maribel Núñez – Gerente de la Fundación Renovables

La invasión de Ucrania dinamita la taxonomía “verde” de la Comisión Europea

Vaya por delante la oposición frontal y rotunda contra cualquier conflicto bélico, sea en Ucrania, en Yemen, en Siria o el genocidio étnico contra los Tigray en Etiopia. La distancia no es excusa para tachar de intolerable la pérdida de vidas humanas. La violación constante de los derechos humanos es una realidad en numerosos países, pero esta exaltación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece que solo se enarbola en tiempos de guerra y no de paz.

Centrándonos en Europa, lo cierto es que la taxonomía verde nació con respiración artificial, aquella que le proporcionaba tanto la nuclearizada Francia como el fuerte arraigo gasista alemán. Aguantó en el disparadero mediático en contra de una oposición con argumentos sobradamente razonables, pero ahora la han desconectado del respirador. La demencia de un maniaco como Putin al iniciar la invasión de Ucrania, totalmente injustificada y banalizando la propia vida humana, ha hecho saltar las débiles costuras de la propuesta de taxonomía verde que todavía debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Ya era evidente, y ahora lo es más, que era, es y será un error histórico para la ambición de Europa de liderar la lucha contra el cambio climático.

Las tensiones geopolíticas están demostrando la débil estructura de nuestro modelo energético actual. Las volátiles coyunturas internacionales juegan un papel decisivo en la política energética de cada país, en función de su dependencia energética, y las decisiones que se toman a miles de kilómetros tienen un impacto directo en los hogares, comercios, negocios e industrias de nuestro país.

Todos los factores, no lo olvidemos, se encuentran actualmente en un marco de grave emergencia climática y tenemos por delante el mayor reto de la sociedad: erradicar el uso de los combustibles fósiles y conseguir un desarrollo sostenible.

El conflicto tapa las conclusiones del IPCC

El lunes 28 de febrero saltaron las alarmas. Más allá de las antiaéreas en las ciudades ucranianas, también se escucharon las climáticas; aquellas que venimos desoyendo, incluso tapándonos los oídos, desde hace décadas. La emergencia climática es más urgente que nunca. El informe del 2º grupo de trabajo -de vulnerabilidad y adaptación- del sexto ciclo de revisión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue publicado el pasado lunes 28 de febrero. Las conclusiones no son nada halagüeñas.

Ya estamos viviendo impactos irreversibles en todos los ecosistemas del globo, que van mucho más allá de su capacidad de adaptación, y con las políticas actuales, vamos camino de un aumento de la temperatura media global de entre 2,3 y 2,7 grados centígrados. De hecho, según el informe, la mitad de las especies analizadas han desplazado su distribución, mientras que una gran cantidad se han extinguido localmente y otras, por desgracia, nunca volverán a pisar o a volar en nuestro planeta. Como biólogo, este hecho me parece extraordinariamente preocupante, ya que tras millones de años de interacciones entre los genomas y la adaptación a un ambiente cambiante, habían dado lugar a especies únicas e irrepetibles que el ser humano ha condenado a la desaparición absoluta. Una catástrofe silente.

El informe también pone énfasis en que entre 3.300 y 3.600 millones de personas se encuentran en un contexto altamente vulnerable frente al cambio climático; esto es, a ojo de buen cubero, la mitad de la población. ¿Dónde se encuentran? La mayoría en África occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur y pequeños estados insulares y el Ártico. Además, incide en los problemas de salud mental que ya acarrean los efectos del cambio climático, así como en el marginalismo ante unas tendencias de colonización, por parte de los más ricos, de las áreas menos afectadas. Estamos a tiempo de pararlo, pero cada vez tenemos que correr a mayor velocidad en una carrera en la que la distancia se acorta.

¿Reanimar una taxonomía verde fútil?

En un contexto de urgencia extrema no podemos pegarnos tiros en ambos pies. Los necesitamos para caminar, por tanto, no debemos incluir la nuclear y el gas fósil, porque el camino a la descarbonización solo se construye con más y más renovables y más y más almacenamiento. Todo lo demás son presiones lobistas y cesiones de gobiernos sepulcrales ante ellas. Europa no puede perder el tiempo para, no solo cerrar el grifo a nuevas inversiones, sino desprenderse totalmente de toda dependencia del gas (sea de Rusia, Omán, Qatar o Trinidad y Tobago), así como de los reactores nucleares y los sueños mesiánicos de unos pocos defensores dogmáticos. 

Los combates, tanto en las cercanías como en el propio recinto de la central de Zaporiyia, han despertado esta noche el pánico nuclear en Europa y el mundo entero. Por suerte, el incendio no fue a más y las tropas rusas controlan ahora el 25% de la generación eléctrica de toda Ucrania, pero los videos de ametralladoras impactando y el reguero de los socavones ante el impacto de las bombas en las cercanías de un reactor hielan la sangre por la grave situación que se podría haber generado. Todo este desalentador panorama se une a la ya de por sí incongruente intención de invertir en reactores que, como se ha visto, supone una amalgama de retrasos en los plazos de construcción y unos sobrecostes desorbitados, no olvidemos, financiados con dinero público.

El otro pie es el del gas. Como ya sabíamos, pero ha destacado la Agencia Internacional de la Energía, un aumento rápido y masivo de energías renovables es la solución para disminuir la dependencia de este combustible fósil. Su plan de 10 puntos propone, entre otras medidas:

gravar los beneficios inesperados que obtendrán las compañías eléctricas por el aumento de los precios de la electricidad, acelerar la sustitución de las calderas de gas por bombas de calor y la renovación de edificios e intensificar los esfuerzos en el almacenamiento de baterías, la mejora de las redes y la eficiencia energética para apoyar la seguridad eléctrica.

¿Qué tienen de innovadoras? Nada, ya las hemos demandado constantemente desde organizaciones como la Fundación Renovables. Es decir, dejemos de invertir en nuevas explotaciones gasistas que aletarguen nuestra dependencia, sea de Rusia o de cualquier otro país con dudosos sistemas democráticos y vulneraciones de los derechos humanos. La taxonomía verde deja arrinconada a la nuclear y al gas, por lo que lo lógico y razonable es eliminarlos cuando tenga lugar la votación en el Parlamento Europeo.

“All in” a las renovables

España carece de combustibles fósiles y está expuesto a los vaivenes y decisiones de terceros países, en muchos de los cuales la democracia no existe o está devaluada. Además, ante el cierre del gaseoducto de Marruecos y el riesgo de que Rusia cierre el grifo, en enero hemos importado un 34,6% de GNL procedente de Estados Unidos para garantizar el suministro y las coberturas de nuestras necesidades energéticas. Cabe destacar, a pesar de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE) prohíba las licencias para nuevas explotaciones de fracking en territorio español, que el shale gas que importamos procede del fracking, pero extraído en un suelo ajeno, por lo que parece que la venda medioambiental nos la ponemos solo cuando traspasamos nuestras fronteras.

No es descabellado, y así lo exigimos desde la Fundación Renovables, pedir un 90% de generación renovable para 2030, reduciendo las emisiones en un 55%, de cara a la revisión del PNIEC y la LCCyTE en 2023. Como tampoco lo es el simple hecho de incluir un objetivo de electrificación de la demanda de energía del 50% para aumentar la descarbonización de los consumos del transporte, residencial y sectores difusos.

La electrificación con renovables no solo significa una mejora de la calidad del aire de las ciudades, sino también avanzar en la consecución de un sistema eléctrico distribuido y descentralizado, que tenga la capacidad de aunar a nuevos actores y a la ciudadanía de manera activa.

Otro terreno de conflicto energético es el debate sobre las reglas del mercado eléctrico, reforma propuesta por España e ignorada por la Comisión Europea -aunque ahora parece que se lo están replanteando-. Y es que es una evidencia que el modelo marginalista no funciona al disponer de, aproximadamente, un 60% de tecnologías infra marginales, sustrayendo, de manera poco transparente con los costes reales de generación, rentas de los consumidores en momentos en los que la recuperación económica por el Covid 19 está todavía convaleciente.

La invasión de Ucrania es un límite que nos pone entre la espada y la pared, pero que deja invalidada la propuesta de la taxonomía verde de la Comisión Europea. Empecemos a aprovechar el potencial renovable del que disponemos sobre nuestros tejados y en nuestros montes, calentemos nuestros hogares con electricidad y pongamos como línea prioritaria la eficiencia energética. Es la mejor estrategia contra la tiranía energética que ahora mismo se impone en Europa. Tenemos la tecnología en la mano, solo falta que las decisiones sean coherentes y urgentes.  

 

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

La pobreza energética no es solo un adjetivo, es real y tiene solución

Detrás de la pobreza hay muchos y diversos motivos. Sin embargo, no sucede lo mismo con la pobreza energética. Las diferencias van más allá de un adjetivo añadido a un sustantivo. No todos los que sufren pobreza energética encajan en la imagen que tenemos de pobreza y, a diferencia de la pobreza en general, las causas de ésta son muy concretas y de sobra conocidas.

¿Cuándo lees “pobreza energética” piensas en la gente mayor calentándose con una estufa o una manta? ¿Una familia quemando cualquier cosa para intentar calentar a sus hijos? Estos son los casos más extremos, pero las personas afectadas por la pobreza energética están en todas partes y en cualquier rincón.  La “Estrategia Nacional contra la pobreza energética” cifra entre 3,5 y 8 millones las personas que se encuentran en situación de pobreza energética en España, según el indicador empleado.

Son aquellas personas que estudian o trabajan en bibliotecas y cafeterías durante horas y horas porque su casa está demasiado fría porque no se pueden permitir pagar el suministro de calefacción. Las familias que hacen vida solo en la cocina, aprovechando el calor residual que se pierde, porque no pueden calentar todas las habitaciones. Los que tienen que ajustar y limitar su cesta habitual de la compra para poder pagar las facturas de los suministros básicos, o que reducen, o incluso renuncian, al uso de la calefacción o del aire acondicionado a pesar de necesitarlo, por el temor a no poder pagar el importe de la factura a final de mes. Es una realidad que azota por igual a vecinos, familiares y amigos.

Hay tres motivos principales para sufrir pobreza energética en un país como España: el alto precio que pagamos por la energía, la mala calidad de la edificación y las rentas bajas de un sector demasiado amplio de la población.

Si consideramos legislativamente el acceso a los suministros básicos para el estado de bienestar como un derecho, y garantizamos el acceso universal a la electricidad para toda la sociedad, un recurso sin el cual es imposible vivir con los estándares de calidad de hoy en día, nos aseguraremos, empezando a trabajar cuanto antes, de que no queda nadie atrás. Ya no habrá más personas afectadas por la pobreza energética. No es una utopía.

El bono social es la única medida creada por la administración pública para apoyar a la población más afectada por pobreza energética. Se trata de la aplicación de un descuento en la factura, sin considerar ninguna medida que palíe en lo más mínimo las condiciones de la familia afectada para reducir su demanda energética. No ofrece medidas para mejorar la eficiencia de su hogar, ni para optimizar el contrato de suministro.

Es el afectado el que debe solicitar dicho bono, y el porcentaje de descuento a aplicar depende de sus niveles de renta.

Fuente: CNMC, boletín indicadores eléctricos

Por contra, proponemos una tarifa social, que permitiría el acceso de un mayor número de afectados, gracias a la ampliación de los criterios de renta y a la concesión automática conseguida al cruzar datos entre las distintas administraciones.

Al eliminar el aspecto asistencialista del bono social, y la obligación de pedir ayuda explícitamente, un mayor número de personas accedería a esta tarifa, que les correspondería por derecho, en lugar de serles concedida.

Esto es importante, primero, porque así lograríamos cubrir las necesidades reales de un mayor número de personas y se visibiliza a aquellos que hasta ahora han sido invisibles ante la administración pública porque desconocen el bono, no son capaces de tramitarlo o no pueden justificar su nivel de renta.

El acceso a los suministros básicos es un derecho que nuestras administraciones públicas deben garantizar. La electricidad y el agua son servicios esenciales a los que ni podemos ni debemos renunciar. Conocer las causas nos demuestra que la solución para acabar con la pobreza energética también está a nuestro alcance. No nos faltan recursos, ni derechos, si no voluntad política para garantizarlos.

Por Ana Mora, comunicación de CECU, y Soledad Montero de Ecologistas y Px1NME 

La alternativa al gas ruso (y argelino)

Desde hace cincuenta años la energía está en el origen de todas las crisis y conflictos en el mundo. Los altos precios de los combustibles fósiles y la dependencia energética provocan las subidas de tipos de interés, la inflación, las desigualdades y las tensiones geopolíticas. Con sus matices específicos, en 1973, 2008 y 2022 se repite el mismo guion. A pesar de ello, la dependencia de los combustibles fósiles apenas se ha corregido, ni siquiera en Europa que cuenta con una legislación que exige su reducción. La dependencia energética hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres al favorecer la falta de competencia y que la riqueza se concentre en unos pocos monopolios.

La herencia de Donald Trump

El conflicto en Ucrania, provocado por la ambición de Rusia para corregir sus propios errores tras la desaparición de la Unión Soviética, no se explica sin la presidencia de Donald Trump en los EEUU. Su mandato marcó el fin del multilateralismo y la colaboración en la política internacional, el coqueteo y apoyo del presidente ruso para ganar las elecciones a los demócratas, la defensa de los combustibles fósiles y el ataque a las energías limpias, el negacionismo climático y de la Covid, el interés por dividir a la Unión Europea y la OTAN, su apoyo al Brexit, a los euroescépticos y a la extrema derecha y el desprecio a la democracia. Nunca antes hubo tanta sintonía entre los presidentes de EEUU y Rusia, lo que ha facilitado que Rusia haya decidido que este sea su momento.

La herencia de Angela Merkel

La salida de Angela Merkel de la cancillería de Alemania con el reconocimiento general no debe olvidar que Europa aún permanece presa de su gestión de la gran recesión de 2008, que impuso el austericidio a la Europa del sur, creando la fractura con la Europa del norte a través de las decisiones  de los ministros de economía del Eurogrupo, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberían investigar por haber incumplido el principio de cohesión europea y haber dado alas a una ultraderecha antieuropea, irrelevante hasta entonces.

En la crisis de la Covid 19, Angela Merkel corrigió su gran error de 2008 y permitió que Alemania facilitara la creación de deuda comunitaria para afrontar la crisis económica a través del Next Generation UE; pero ha llegado tarde porque los países del sur todavía no se han recuperado de los impactos de la austeridad dictada en 2008 y porque la ambigüedad de la política energética de Alemania ha convertido la dependencia del gas ruso, el gasoducto Nord Stream II y las puertas giratorias con Gazprom en un problema global y una grave incoherencia.

Los errores de la política energética alemana se han trasladado a la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der leyen, que no ha dudado en etiquetar el gas fósil como energía verde, a través de una taxonomía que favorece su uso hasta 2050, y su negativa a reformar la formación de precios de la electricidad, como pidió el gobierno de España, para impedir que el precio del gas determine los precios de la luz y proteger a los consumidores europeos de los altos precios de la energía con más renovables. Mientras se consolida un modelo energético dominado por la dependencia del gas fósil, Francia exige el mismo trato a su industria nuclear para sacarla de la ruina económica, destapada tras la quiebra de Areva y su absorción por la eléctrica estatal EDF, para que sea también etiquetada como verde.

La contradicción con las directivas aprobadas en 2018 y 2019, que establecen el impulso a las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de la economía a través de la eficiencia energética y los recursos energéticos distribuidos, es tan evidente como la falta de liderazgo de la Unión Europea. La solución ahora es importar más gas esquisto desde EEUU, es decir, aumentar la dependencia energética, echando más leña al fuego.

La vulnerabilidad de Europa es su dependencia energética

Que la única solución adoptada sea la de diversificar el suministro de gas revela el caos europeo y la debilidad del discurso climático y energético. La Comisión Europea se encomienda a los intereses de Catar y EEUU por su incapacidad para tomar decisiones, para lo que necesitaría otros dos años de conversaciones entre los Estados miembros, divididos ante la tensión provocada por Rusia.

Según Eurostat, el esfuerzo de Europa desde 1990 por reducir su dependencia de los combustibles fósiles ha sido insuficiente, del 82% de toda la energía disponible se ha pasado solo al 71% en 2019. El esfuerzo de España aún ha sido menor al quedarse en el 74%. Según el Bank of América el impacto de la subida de los precios de la luz y el gas en Europa ha sido de 107.000 millones de euros, de los que 9.000 millones corresponderían a España y más de 23.000 millones a Alemania, 22.000 a Francia o 24.000 a Italia. La UE en su conjunto ha utilizado 21.000 millones de euros en ayudas para mitigar las subidas de precios.

Si a estas cantidades añadimos el coste de las importaciones energéticas, la extracción de rentas que los combustibles fósiles causan a la economía europea, y a los consumidores y contribuyentes, debería provocar una respuesta mucho más urgente y opuesta a combatir la dependencia del gas con más importaciones y mantener la referencia del gas en la formación de precios de la electricidad con ayudas públicas. ¿Por qué se confía más en el monopolio de las grandes compañías energéticas que en las medidas del “paquete de invierno” y del paquete “Fit for 55”?

Es el momento de ser valientes

Según Bloomberg NEF, en 2021 la inversión global en energías limpias creció un 27%, alcanzando la cifra récord de 755.000 millones de dólares, de los que 366.000 corresponderían a energías renovables y 273.000 a transporte electrificado. La inversión en Europa alcanzó los 150.000 millones. Para llegar al cero neto global en 2050 y 1,7 grados de calentamiento esta inversión debería triplicarse a un promedio de 2,1 billones entre 2022 y 2025 y duplicarse entre 2026 y 2030 a un promedio de 4,2 billones.

La Comisión Europea debería ratificarse en este camino que es el que establecen sus paquetes legislativos, que los Estados miembros incumplen, que proponen combatir precisamente los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles, que representan el flanco más débil de la economía europea, con más inversiones en energías limpias. Por eso son tan importantes los conceptos de descarbonización, electrificación y sostenibilidad, porque impulsan el liderazgo tecnológico e industrial que los combustibles fósiles impiden.

Es una situación similar a la de España que, a pesar de que en 2012 reconociera el déficit estructural de la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras gasistas, lanzó una estrategia para aumentar las inversiones y convertirse en proveedor de gas argelino a Europa. Diez años después la equivocada estrategia de España con el gas de Argelia se repite en Europa con el gas ruso.

Las instituciones europeas han de ser más valientes y ratificar el objetivo y las medidas que se ha dado para reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles o tendremos crisis y conflictos por muchos años. Con mayor motivo si esa dependencia viene de regímenes autocráticos o euroescépticos.

El liderazgo de Europa depende de la coherencia con las directivas que aprueba

Desde hace más de una década la UE ha diseñado su estrategia para desarrollar una política energética que asegure energía limpia, barata y segura a los europeos y ha elaborado su estrategia de descarbonización de la economía que se ha concretado en el conjunto de directivas y recomendaciones del “paquete de invierno”, que va a actualizarse con el anunciado paquete “Fit for 55” para avanzar hacia la reducción del 55% de las emisiones en 2030 mediante la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Esas medidas han dado a Europa un liderazgo global que ahora palidece ante el apoyo que se pretende dar al gas fósil y a la energía nuclear, fuentes de conflicto y de dependencia del exterior. Las instituciones europeas han de ser coherentes con el modelo energético que establecen sus directivas y adoptar nuevas decisiones para que el avance hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia energética sea más rápido.

Se debe acelerar el liderazgo climático y tecnológico europeo con mayores objetivos de reducción de las importaciones energéticas y de inversión en energías limpias, de descarbonización de los sectores económicos con estándares más exigentes de eficiencia energética, nuevos modelos de negocio como la agregación, el almacenamiento, comunidades energéticas, digitalización de los usos de la energía, autoconsumo, electrificación del transporte y la edificación.

Como las propias directivas europeas plantean, se trata de transformar un modelo energético hecho a la medida de los combustibles fósiles en otro diseñado para la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos. Ello exige aplicar mucho más rigor en el cumplimiento de las directivas que defienden la competencia frente al poder de los monopolios energéticos que impiden abrirla a nuevos actores.

Como ha escrito Andrea Rizzi, los desafíos planteados requieren unión y firmeza, pero la división y debilidad de Europa con respecto a sus propios principios revela su inadaptación a la realidad presente en el que el tiempo corre más rápido con el paso que marcan EEUU, China y Rusia.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

¿Problemas de suministro en el sistema energético?

Muchas son las dudas en la opinión pública acerca de los problemas de suministro en el sistema energético. ¿Habrá apagón general o no?

La respuesta es que no es nada probable que haya un apagón general en España por varias razones. Entre ellas, que contamos con una generación de electricidad abundante y muy diversificada (eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica, hidráulica, otras renovables, gas y nuclear) por lo que si falla una fuente como el gas, a causa de las tensiones internacionales, las demás pueden suplirla. Tenemos reservas energéticas suficientes ya que las energías renovables son recursos autóctonos y hay reservas de gas almacenadas para abastecer la demanda nacional durante más de 40 días. También contamos con mecanismos para reducir la demanda eléctrica industrial en caso de sobrecarga del sistema (servicio de interrumpibilidad) y así evitar apagones.

La cuestión probablemente no es si habrá un apagón en España, sino a qué precio pagamos nuestra dependencia del gas y de los combustibles fósiles. Las facturas de la luz están por las nubes justo cuando entra el invierno y las familias necesitan más energía para calentarse. Y la crisis climática está lejos de resolverse. Tenemos que salir de esta crisis energética con más energías renovables y menos combustibles fósiles.

¿Estamos aprendiendo? Si bien a nivel nacional las renovables están creciendo, poco a poco, después de un largo parón, es verdad que no se están planteando nuevas inversiones en plantas de generación de electricidad a partir de gas, carbón, nuclear o fuel oil. Y eso es bueno.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las inversiones que se realizan con dinero público en el extranjero. Entre 2018 y 2020 España destinó al menos 6.500 millones de euros a la industria de los combustibles fósiles, según una investigación de Oil Change International y el Overseas Development Institute. Por contraste, en energías limpias invirtió sólo 120 millones. Unas 50 veces menos.

Y no está sola: en el mismo periodo, la coalición Export Finance for Future (E3F), de la que España es parte junto con Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, dedicaron la friolera de 19.000 millones de euros de las arcas públicas a financiar proyectos de carbón, petróleo y gas en el extranjero. Se trata de inversiones tan disparatadas como los planes de Rusia para sacar gas en el Ártico.

Nos hacemos trampas al solitario.

Gracias a la presión social, veinte países entre los que está España acaban de prometer que dejarán de financiar proyectos ligados a los combustibles fósiles en el extranjero para finales del año que viene. Habrá que estar muy pendientes.

Por Sara Pizzinato – Patrona de Fundación Renovables "