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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Archivo de la categoría ‘Política energética’

Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

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Energía. Entre la inseguridad jurídica y la levedad política

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante un acto público.

Cuando allá por el año 2009 el Gobierno por entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero refirmaba su intención de no prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña a la finalización de su vida útil de diseño de cuarenta años, el Partido Popular puso en marcha una intensa campaña político-mediática con la intención explícita de desacreditar, por ideológica y fuera de razón, una decisión que había estado presente en el amplísimo debate abierto en torno a la Ley de Economía Sostenible y que igualmente venía formando parte de la propuesta energética de los socialistas expresada en sus resoluciones congresuales y programas electorales.

Manifestaban los entonces portavoces en la oposición, con Mariano Rajoy al frente y el hoy ministro de energía como fiel escudero en el empeño, que era poco menos que una insensatez impropia de un Gobierno democrático la intervención política en un espacio, el de la energía, que debía dejarse mecer única y exclusivamente por las reglas del mercado. Y que cualquier intromisión del Ejecutivo con visos de planificación en el sector, implicaba poco menos que el retorno a los modos de hacer de la Rusia Soviética.

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El misterio de la comisión de expertos

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

interrogante

Cuando un gobierno o administración tiene que tomar una decisión difícil, monta una comisión de expertos para que le ilumine sobre qué es mejor decidir. Cuando un gobierno o administración quiere marear la perdiz y alargar un tema sin tomar ninguna decisión, monta una comisión de expertos para tener al personal entretenido mientras el gobierno en cuestión sigue haciendo lo que le venga en gana.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, cuyo objetivo será aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima.

¿Cuál es el verdadero motivo de esta comisión de expertos? ¿Iluminar al gobierno o marear la perdiz? Pronto lo sabremos, pero de momento hay indicios que no señalan nada bueno.

Para empezar, su composición: catorce integrantes, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Que el gobierno quiera designar expertos de su confianza es normal, siempre que no elija a aquellos que solo vayan a recibir instrucciones o solo digan aquello que el gobierno desea oír.

Que otros integrantes vengan marcados con color político ya huele un poco peor, porque ahí nos podemos temer que cada cual intente arrimar el ascua a su sardina, y los expertos reproduzcan el debate parlamentario, solo que con una mayoría que asegure al gobierno salirse con la suya. Habrá que estar muy atentos no solo a los argumentos (que serán los esperables según el color político) sino al fundamento que aporten para defenderlos.

Respecto a los expertos a designar por los agentes sociales, la cosa ya huele a naftalina. ¿Quiénes son los agentes sociales? ¿Por qué la patronal y los sindicatos mayoritarios pueden designar sus propios expertos, y el resto de la sociedad no? ¿Por qué una asociación ecologista o de consumidores no puede aportar expertos que defiendan su punto de vista? ¿Será que no tienen representatividad social, o será que pueden defender propuestas que no gusten al gobierno?

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Por fin las eléctricas abren el melón del escenario 2030

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Ha sido el Consejero Delegado de ENDESA quien lo ha hecho, quien por fin se ha atrevido a abrir el melón del escenario 2030 que venimos reclamando, aunque lo haya hecho a propósito o simplemente por intentar salvar los muebles en el tema de las centrales nucleares. 

Según informan los medios, recogiendo su intervención en la UIMP el pasado 21 de junio y en declaraciones posteriores, el Sr. Bogas, para justificar que se extienda de 40 a 50 años el periodo de vida útil de las centrales nucleares, nos ha dejado perlas que bien merecen ser engarzadas adecuadamente para responderle a ese pequeño órdago que ha echado al Gobierno y a la sociedad en general.

Es un buen comienzo el que haga suyas las palabras del Ministro Nadal de que “las políticas energéticas no pueden supeditarse solo a decisiones económicas”. Ya era hora de que lo descubrieran. Estamos ante un desafío fundamentalmente político y hay que responder con políticas a medio y largo plazo, no con parches y decisiones cortoplacistas y descontextualizadas, como es el caso español. En España no existe  política energética que no sea la de anteponer los intereses de las eléctricas y energéticas al interés general, además de responder tarde y mal a los compromisos de la Unión Europea, como muestra la desacertada subasta de renovables de mayo y la anunciada para junio con el objetivo de tratar de respetar el objetivo comunitario del 20% de participación de las renovables en la energía final en 2020.

También opina el Sr. Bogas que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en “un tema tan importante como este”. Se refiera ya sea a las centrales nucleares o a las políticas energéticas, no deja de tener cierta gracia porque es algo que no solo “se deja” sino que todos reclamamos al Gobierno. Efectivamente, queremos que se manifieste sobre cuál es su política energética a medio y largo plazo, su plan de transición energética a 2030-2050 como cualquier país que se precie e incluyendo su plan de cierre de centrales nucleares (lo tiene para no cerrarlas). Y queremos que lo someta todo a un debate político y público, en lugar de su política “por entregas”, con la cual va secuestrando y robándonos un futuro energético sostenible y deseable.

El caso más evidente de este reduccionismo es el debate abierto por el Gobierno utilizando Garoña como punta de lanza con el que quieren blindar las centrales nucleares para el escenario energético 2030 que ahora por fin tendrán que exponer después de haberlo prometido desde hace ya más de diez años.

Es una buena propuesta viniendo del Sr Bogas, que el Gobierno finalmente explicite su política, planes, escenarios… energéticos y los someta a debate público y consenso político porque no hacerlo podría calificarse de “prevaricación política”.

Finalmente entramos ya en materia cuando el Sr. Bogas se aventura en un escenario 2030 que inexorablemente implica una gran penetración de las  renovables, para lo cual no hacen falta enjundiosos estudios de prospectiva, ya que la UE con sus tres Hojas de Ruta 2050 y con el llamado paquete 2030 (pendiente de revisión al alza en el Parlamento Europeo) ha concretado los objetivos a los que España tendrá que contribuir. Objetivos que en el caso de las renovables va a ser como mínimo del 30% de participación en la energía final.

Como esto significaría como poco pasar de los 100 Twh actuales a 150 Twh, el Sr. Bogas anticipa que será necesaria  una potencia adicional  de generación con renovables unos 30.000 MW

El Sr. Bogas va más lejos al señalar que “si en esa transición (hacia el escenario 2030) eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios”, y que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería “físicamente imposible”. “Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares“, añadió.

Con esto y por primera vez alguien tan relevante de UNESA nos ha esbozado las dos alternativas básicas de generación eléctrica con renovables para el escenario 2030, ambas de mínimos (podrían tener que mayorarse por exigencias del esfuerzo compartido para alcanzar la reducción de emisiones de más del 40% en 2030 o simplemente por convenir a España). Una con centrales nucleares, que significaría cubrir un 60% de la generación eléctrica, y otra sin centrales nucleares en la que cubrirían el 80% que, no es por casualidad, se corresponde con las Propuestas de política energética de 2015 de la Fundación Renovables.

Este escenario sin centrales nucleares, con renovables a tope, con menor consumo de energía final y mayor electrificación es el escenario necesario deseable y oportuno para España. Necesario para contribuir responsablemente a mitigar el Cambio Climático, del que además somos víctimas preferentes, y librarnos de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Deseable aunque no hubiera Cambio Climático porque es un paso enorme hacia el futuro, hacia la “autosuficiencia energética conectada” considerando su alto potencial en renovables y es un escenario oportuno porque no solo nos liberaría de las importaciones de combustibles fósiles que suponen entre 25.000 y 40. 000 M€ al año sino porque potenciaría enormemente nuestra industria de renovables (líder incluso con el abandono actual de las renovables) y empleo de calidad.

Solo hace falta demostrar, en contraste con lo que dice el Sr. Bogas que este escenario de generación eléctrica 2030 es viable y gestionable en términos socioeconómicos si se plantea con firme propósito político.  Un escenario sin centrales nucleares ni de carbón y con hasta un 80% de generación con renovables, en gran parte distribuida y en autoconsumo, con el mix adecuado: eólica, fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, biogás, centrales hidráulicas, muchas reversibles… y gestionadas en parte por el operador (Red Eléctrica Española).

Lo mejor es que demostrar que es viable y gestionable no tiene un coste elevado considerando las inversiones involucradas y los beneficios derivados del mismo. Según las consultas que personalmente he hecho en nombre de la Fundación Renovables, la realización de un ejercicio simple de análisis de simulación realizado en abierto, mediante discusión en un foro permanente, tanto de las hipótesis de partida como de los escenarios alternativos a 2030 y 2050, tendría un coste aproximado del orden de los 80-90.000 €, una cifra que sí parece físicamente posible (menos de 2 ppm, o dos euros por millón de  inversión). Este análisis tendría en cuenta las obligaciones al respecto tanto de la Unión Europea, del Acuerdo de París y las que serían deseables con el objetivo de mostrar, esperemos,  la viabilidad física, en coste/eficiencia en generación-transmisión y gestionabilidad, de estos escenarios (o de un “proxi”) que el Sr. Bogas considera imposibles físicamente.

¿Quién está dispuesto a financiarlo? Para el sector eléctrico esto no sería un quebranto, tampoco para el de renovables y aún menos para el Ministerio ya que es su obligación y algún ejercicio tendrá que hacer. En último extremo y, dado que los ciudadanos parece que seriamos los más beneficiados del mismo, si los agentes anteriores no responden quizás deberíamos recurrir al “crowd funding”. Sería vergonzoso tener que hacerlo.

Gracias Sr Bogas por abrir el melón.

 

 

Menos subvenciones y más planificación en política energética

 Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

planificar

La ausencia de planificación energética en España está suponiendo la toma de decisiones de carácter puntual que están basadas en la aprobación de partidas presupuestarias para subvencionar actuaciones concretas.

La subvención como medida puntual carece de valor si no forma parte de un plan integral de actuación, y además está en el origen de muchos procesos especulativos y de corrupción motivados por la propia concepción de la iniciativa a subvencionar y por el proceso arbitrario de adjudicación, que en muchos casos ayuda a proyectos con el único fin de captar los recursos públicos ofertados en el plan de ayudas.

Si analizamos las medidas que el gobierno ha adoptado en las últimas semanas, podemos observar cómo éstas han estado basadas exclusivamente en aprobar partidas presupuestarias, en forma de subvención, en vez de enclavarlas dentro de planes de carácter más global. Veamos algunos ejemplos de actuaciones recientes.

– Plan Movea como apoyo a la incorporación del vehículo eléctrico. Su concepción como ha pasado en años anteriores se ha definido solamente a través de la aprobación de una línea de subvención. Los resultados para el Gobierno los podríamos considerar como buenos porque en un tiempo record se aplica a su finalidad dicha partida presupuestaria, pero en términos reales el resultado es claramente insuficiente sobre todo si constatamos que la penetración ha sido inferior al 2 por mil de todos los vehículos matriculados o si los comparamos con los resultados de los planes que han puesto en marcha otros países como Noruega, Holanda, Francia que lideran la penetración del Vehículo Eléctrico.

Trabajar por la movilidad sostenible exige un plan integral que incorpore una política fiscal activa que grave los vehículos más contaminantes y apoye a los que menos emisiones produzcan y especialmente a los vehículos eléctricos, planes de accesibilidad a infraestructuras y ciudades de carácter global y no dejar exclusivamente esta labor a los ayuntamientos sin que estos cuenten con medios y capacidades suficientes, medidas que faciliten los sistemas de carga tanto individual como de carácter público, sistemas de intercambio de energía bidireccional vehículo/red….

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Un laudo que deslegitima los recortes a las renovables

Por Luis Crespo – Secretario General de Protermosolar

sentencia

El laudo del tribunal arbitral internacional del CIADI en relación a la demanda de EISER Infrastructure por las inversiones en las tres centrales termosolares que comparte con ELECNOR, constituye un auténtico torpedo por debajo de la línea de flotación de los argumentos del Ministerio para justificar los recortes efectuados en la retribución de las centrales termosolares y, en definitiva, de la reforma sobre la retribución de las renovables.

El tribunal desmonta uno por uno los intentos del Gobierno español de aferrarse a aspectos formales para evitar que se juzgue el fondo de la cuestión y emite un laudo que deslegitima los recortes de una tercera parte de su retribución que sufrieron las centrales termosolares y también, de facto, toda la ficción que representa la reforma eléctrica ya que, hasta los peritos del gobierno reconocen que la rentabilidad de las centrales objeto de la demanda se ha quedado muy por debajo de la rentabilidad razonable establecida por la Ley 24/2013.

Este hecho objetivo no debería ser ninguna sorpresa para el gobierno ya que el Ministerio es copropietario de una central termosolar que, a pesar de habérsele reconocido el mayor CAPEX (siendo la planta más pequeña de su categoría) y de tener una financiación con intereses bajísimos del otro accionista, además de un contrato directo de venta, tiene pérdidas acumuladas desde su entrada en operación en 2009.

Los recortes al sector termosolar fueron establecidos por la Ley de 15/2012 de diciembre y por el RDL 2/2013 de febrero. En menos de dos meses se aplicó un brutal recorte de 1/3 en la remuneración a centrales que acababan de ponerse en marcha, extensible a las que estaban todavía en fase final de construcción, con la indefensión de no poder reclamar ante los tribunales por tratarse de Leyes y no de Reales Decretos.

Pero además, estos recortes se establecieron poco tiempo después de que el sector termosolar hubiera alcanzado un acuerdo con el gobierno para mantener estable la remuneración. En dicho acuerdo, que fue posteriormente llevado al BOE en el RD 1614/2010, el sector, además de admitir un tope de horas de operación, asumía durante 1 año la fórmula de “tarifa” en lugar de la más favorable de “pool + prima”, y aceptaba un calendario de entrada en operación de las centrales con retrasos sobre el inicialmente autorizado. Todo ello supuso una renuncia de ingresos y, correspondientemente, un ahorro global para el sistema de unos 1400 M€ entre 2011 y 2013.

El argumento principal en el que se apoya el Gobierno en la defensa de sus recortes es que los empresarios deberían haber sabido que las leyes pueden cambiarse. Efectivamente, “eso” todos lo sabían, pero el CIADI le ha dicho al Gobierno que “eso” no puede hacerse de cualquier manera. Además, y como señalamos repetidamente desde los diferentes sectores renovables, para reducir el déficit había otras muchas alternativas.

Precisamente los empresarios españoles que decidieron construir las centrales termosolares tenían referencias de cómo pueden cambiarse las reglas del juego respetando las inversiones previas. La anterior Ley del Sector Eléctrico transformó la forma de remunerar la generación, pasando del Régimen Estable a un sistema de Mercado, pero dotando a los activos existentes del paraguas de los Costes de Transición a la Competencia, los famosos CTCs, que no solo dieron confort a las eléctricas con el cambio de modelo, sino que incluso les supuso un superávit de 4000 M€ que ninguno de los pasados gobiernos les exigió y que hubieran podido aliviar significativamente el déficit tarifario.

Reconociendo que el gobierno tiene la potestad de promover reformas legislativas, el sector termosolar negoció, al máximo nivel, precisamente con quien podía promover los cambios, un acuerdo que cumplió escrupulosamente, dejando de percibir 1400 M€. El Gobierno, en cambio, no cumplió su parte.

El Ministerio dice en su nota de prensa respecto al laudo del CIADI que cada arbitraje es diferente, y tiene razón, pero el común denominador de los arbitrajes del sector termosolar, de los que quedan todavía cerca de 20 pendientes, son estos dos hechos incontrovertibles: una retroactividad salvaje y el incumplimiento manifiesto de un acuerdo con el sector que realizó un gran sacrificio fiándose de la seriedad del Gobierno.

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La desgracia de ser español en España

Por Hugo Morán – Exdiputado

“El Demandado violó el Artículo 10 (1) del Tratado de la Carta de la Energía al no otorgar un trato justo y equitativo a las Demandantes”. “Dada la violación del TCE por parte del Demandado, se otorga a las Demandantes la suma de EUR 128 millones por concepto de daños, que el Demandado debe pagar”. He aquí la sustancia del Laudo dictado por el CIADI en la demanda interpuesta por Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg S.A.R.I. contra el Reino de España, y enviado a las partes el pasado 4 de mayo.

Lo que el “Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones” deja definitivamente sentenciado en su arbitraje, es que los Reales Decretos Ley 2/2013, 9/2013, 413/2014, Ley 24/2013 y Orden Ministerial IET/1045/2014, constituyeron una flagrante vulneración de los derechos internacionalmente reconocidos en el Tratado de la Carta de la Energía.

Pero no es mi intención entrar en el análisis de un Laudo que ha sido sobradamente estudiado y difundido desde el instante en que fue hecho público. Quiero detenerme de forma somera en las consecuencias de orden interno que habrían de derivarse del mismo, en tanto que resultaría políticamente inexplicable, y socialmente inasumible, que los ciudadanos españoles acabasen siendo discriminados por su propio Gobierno precisamente por el hecho de invertir y contribuir al desarrollo de su país.

Ni el Gobierno puede escudarse en las sucesivas sentencias recaídas para justificar el desamparo en el que se encuentran decenas de miles de familias afectadas por sus descabellados (e ilegales) recortes, ni el Parlamento puede ignorar la trascendencia de un Laudo Arbitral al que muy probablemente seguirán bastantes más.

Cierto que ha de implementarse sin mayor demora una transición energética que deje atrás los desatinos de las sucesivas reformas torpemente encadenadas en estos últimos años, pero no debe obviarse en ningún momento que dicha transición ha de ser justa, lo cual implica no dejar en el olvido a los damnificados. Han de ser rescatadas del desahucio energético todas las familias que fueron traicionadas por el Estado de Derecho, y ello conlleva hacer inclusivo a los inversores españoles el reconocimiento de reparación que el CIADI aplica a los extranjeros.

Apelo a la responsabilidad de las Cortes Generales en su deber primero de amparar a la ciudadanía a la cual representan, promulgando sin mayor demora las medidas legislativas necesarias para reparar el daño ilegítimo causado, derogando en primer término las reformas en su día aprobadas en flagrante vulneración del Tratado de la Carta de la Energía suscrito por el Reino de España, y habilitando subsidiariamente las medidas económicas indemnizatorias equivalentes a las arbitradas para quienes, por no ser españoles, no precisaron del Parlamento para recabar la salvaguarda de sus derechos.

Claves para salir de la crisis, orientados hacia la sostenibilidad energética y en general

Por Domingo J. Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

brujula

Hace unos días me pidieron intervenir en un evento sobre el tema que reza el titular, el cual me pareció no solo desafiante sino oportunísimo. La idea era hacer algo imitando a Iniesta o Isco que, cuando reciben el balón, su primer toque es para salir ya orientados hacia la meta o, en cualquier caso, para dar salida al balón. Esto es precisamente lo que necesitamos ahora en España, que las acciones inmediatas que se emprenden para responder a la crisis formen parte de un proyecto de futuro que nos permita no volver a ella o, lo que es más deseable, que inicien el proceso hacia un “progreso sostenible” que, actualizando la definición original de la Comisión Brundtland, significa: “progreso ahora y en el futuro y para una mayoría creciente y tendente al pleno empleo”. Es decir, un progreso justo y duradero como piden algunos políticos más avezados, ¿alguien puede dudar de que esto es lo deseable para España?

Se me ocurría que, dada la situación de insostenibilidad de la desnortada socioeconomía española, minada por el cortoplacismo y el desgobierno, debíamos abordar dos procesos paralelos, aunque coincidentes en su tramo inicial:

  • Un proceso a largo plazo. Poner las luces largas para, con “propósito, visión y sentido de la dirección”, establecer la hoja de ruta hacia el progreso sostenible de aquí hasta 2050 (por poner un hito en el que se nos ha emplazado con el desafío del cambio climático) que implicaría, tanto para la Unión Europea como para España, la descarbonización, y por ende desenergización y desmaterialización de la economía a través de la innovación. Estamos hablando de un cambio del modelo de producción y consumo al que bastaría añadir la dimensión de cohesión, justicia social y pleno empleo para poder hablar de un escenario de progreso sostenible. Se trata simplemente de tener un “proyecto de país”, como reivindicaba hace poco, como gran carencia de España, Iñaki Gabilondo en una entrevista del Gran Wyoming.
  • Otro proceso, o más bien acción, a corto y medio plazo. Un plan de choque que implicaría simplemente reorientar las prioridades actuales de nuestra economía para, simplemente con los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles, avanzar en sectores que forman inexorablemente parte de ese escenario de progreso sostenible. Como repite Naciones Unidas la crisis no es de recursos, no faltan recursos, la crisis es simplemente de gestión.

En este artículo me centraré en el plan de choque. Se trataría de un proceso que identifico como “destetar la economía para energizarla”: destetarla de las 3 tes para energizarla con 3 ees.

Destetarla de las tres tes, reduciendo su adición al abuso del turismo (sobre todo de masas y residencial), del Territorio (urbanización a tope, sobre todo para el turismo y uso residencial y agricultura intensiva) y consiguientemente del Tráfico y transporte sobre todo por carretera. Las tres tes, que, aunque fueron las que nos llevaron a mayorar en España la crisis global de 2008, siguen siendo el recurso que ahora se vuelve a utilizar para salir de la crisis y por tanto nos condenan a repetirla. Curioso, ¿no?

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“Los pájaros disparan a las escopetas”

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Llevo 40 años trabajando en temas energéticos y nunca pensé que la realidad del día a día superaría con creces la ficción más delirante. En las dos últimas semanas hemos podido escuchar posicionamientos de políticos y empresas del sector energético que rompen con la lógica de cuáles deberían ser las actuaciones de cada uno de ellos. Veamos algunos ejemplos del pasado reciente:

  • En la cumbre COP22 de noviembre de 2016 en Marrakech, el ministro Nadal explicó, no sin sorpresa de los presentes, que las centrales de carbón en España las cerraría el mercado. El pasado día 4 de mayo, en la Junta General de accionistas del Grupo Enel, accionista mayoritario de Endesa, se anunció que en 2020 cerrará las centrales de Andorra y Compostilla por su compromiso con el medioambiente y la descarbonización y por su no rentabilidad. A este anuncio, esperado por todos y que asume los compromisos europeos para el sector minero, responde, no solo el ministro Nadal oponiéndose al cierre, sino que le siguen el presidente de Aragón, Javier Lambán, que gobierna con los votos de Podemos, y Susana Díaz, candidata a la secretaria General del PSOE, quien ha manifestado que iría hasta Bruselas para luchar contra su cierre.
  • En la presentación de cuentas de Iberdrola Generación Nuclear se anuncia que desde su constitución en 2012 ha estado perdiendo dinero todos los años, con un quebranto que supera con creces los 1.000 millones de euros (M€). La noticia ha venido acompañada por una campaña mediática y de presión al Gobierno para cambiar la ya posición de ventaja que las centrales nucleares tienen en el funcionamiento del Sistema Eléctrico español. La cuestión es que si nadie quiere o se fía de la energía nuclear y ahora resulta que no es rentable para los propietarios, ¿por qué el Gobierno se empeña en mantener abiertas estas instalaciones y sin fecha de cierre?

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