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Camiones eléctricos: ¿mito o realidad?

Las carreteras son las arterias a través de las cuales la sociedad actual se nutre de los bienes más básicos e indispensables para la vida. Agua, pasta, arroz, verduras, frutas, papel, absolutamente todo. En un mundo globalizado, en el que las dinámicas importadoras y exportadoras implican toneladas de productos y miles de kilómetros de rutas, a través de la transición ecológica también hay que electrificar estas arterias. Solo así, junto con la mejora del raquítico 4% de transporte de mercancías por ferrocarril y la potenciación de la producción local y estacional, consumir bienes no implicará un aumento de las emisiones de CO2 y, por tanto, podremos contribuir a mitigar los peores efectos de la crisis climática que padecemos.

En el sector de transporte de mercancías el modo predominante es el que se realiza por carretera y que absorbe casi el 94% del consumo final de energía del transporte (excluido el aéreo internacional) en la Unión Europea (UE). Este sector es, a día de hoy, lamentablemente, un sumidero de combustibles fósiles, en especial de los derivados del petróleo (gasolina y gasoil). Todos los combustibles alternativos, junto con la electricidad, utilizados en el transporte por carretera tienen una presencia marginal en forma de experiencias piloto o en pruebas.

Cada día podemos comprobar que las autovías están atestadas de camiones de mercancías. Si el transporte supone una quinta parte de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la UE, los camiones y autobuses de corta y larga distancia representan un 6% del total (un 25% de las emisiones sectoriales). Y es una tendencia que no decrece ni en Europa ni en España, sino que aumenta debido al incremento de la movilidad tras la pandemia.

Ahora bien, se ha iniciado una cuenta atrás para su transformación. La nueva Directiva de Camiones de la UE ha puesto coto a las emisiones de CO2, de manera que en enero de 2030 se habrán tenido que reducir un 45%, un 65% en 2035 y un 90% para 2040. Además, todas las flotas de autobuses adquiridas deberán ser eléctricas 100% para 2035. Más o menos ambicioso, la realidad es que supone una oportunidad histórica para comenzar a electrificar la cadena logística del transporte por carretera que la industria debe aprovechar.

Es cierto que se ha dejado un “buffet libre” de combustibles cero emisiones al permitir el uso de electro y biocombustibles en los vehículos pesados. Un coladero de pérdidas energéticas, ya que el proceso de síntesis de los electro combustibles tiene pérdidas del 70% de energía y los biocombustibles se generan gracias a productos alimenticios básicos, por lo que la electrificación directa de esos vehículos es la opción más factible y rentable en términos energéticos, laborales y medioambientales.

¿Qué aporta un camión eléctrico? Menos emisiones, más ahorro y más empleo. Sencillo, si se coge la delantera y se aprieta el acelerador cuanto antes. Según los propios cálculos de la Comisión Europea (CE), esta nueva norma reducirá 2.000 millones de barriles de petróleo durante el período 2031 – 2040. Además, una reducción de CO2 del 45 % para 2030 significa que más de 400.000 camiones cero emisiones tendrían que estar en las carreteras y al menos 100.000 nuevos matriculados anualmente. Según el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la electrificación del sector energético va a requerir de 47.000 a 53.000 nuevos empleos anuales hasta 2030.

A modo de ejemplo, un autobús que recorre una ruta de 900 km, necesitando alrededor de 790 euros en gasolina, solo precisará de 87 euros al recargar electricidad. Esto es extrapolable a los camiones, de forma que las empresas logísticas percibirán  una mejora en sus cuentas que que podrá repercutir en el precio de los productos y, por tanto, de forma favorable en el bolsillo de todas las familias. Es decir, electrificar las flotas puede llegar a reducir, teniendo en cuenta otros factores, el precio de la cesta de la compra.

Acompasando esta electrificación, el Gobierno de España ya viene impulsando la reconversión del sector gracias a algunos paquetes de ayudas. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene activada una transferencia de 400 M€ de los Fondos Europeos de Recuperación a las comunidades y ciudades autónomas. Un autónomo o una pequeña empresa puede lograr una ayuda máxima de 200.000 € por vehículo si adquiere un autobús o un camión cien por cien eléctrico o de hidrógeno de clase I de más de 15 metros. Para empresas medianas o grandes, la subvención unitaria se sitúa en los 175.000 y 150.000 €, respectivamente.

Por tanto, la nueva norma comunitaria supone la oportunidad de apretar el acelerador en la descarbonización del transporte pesado por carretera, aunque haya excepciones como ambulancias y vehículos o camiones de bomberos y de servicios públicos. No obstante, la ventaja de comenzar ex ante permitirá a algunas empresas una mejora en su posición en el mercado, siendo pioneras tanto en descarbonizar como en dar ejemplo a los consumidores para que tengan un rol activo para cambiar sus hábitos de consumo y de elección. El camión eléctrico dejará de ser un mito y convertirse en realidad y convertirse en parte del nuevo paisaje de las carreteras más pronto que tarde.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

 

Rehabilitación energética o cómo podemos ahorrar miles de millones de euros

La crisis energética europea de 2022, alimentada por la invasión de Rusia a Ucrania, aumentó enormemente el gasto económico que la ciudadanía y las empresas tienen que destinar a los costes energéticos, llegando a suponer una parte importante de sus ingresos. Durante los dos últimos  años, el gobierno español adoptó medidas inusuales para facilitar el pago de las facturas energéticas de los ciudadanos y ciudadanas y las empresas. Aunque estas soluciones, entre las que destacan la rebaja de impuestos de la electricidad y los descuentos del bono social eléctrico, fueron clave para paliar esta crisis, no dejan de ser medidas cortoplacistas que, probablemente, a partir del 1 de enero de 2024 dejen de estar vigentes.

En nuestro país, el 16,7% de los hogares no pueden afrontar el pago de las facturas y el 7,6% de la población no puede mantener sus viviendas a una temperatura adecuada y saludable durante el invierno, como indica el IDAE. Ambas son situaciones de pobreza energética, uno de los grandes problemas al que, tanto Europa como España, pueden hacer frente gracias a la rehabilitación energética del parque inmobiliario.

La mitad de nuestras viviendas tienen más de 45 años, por lo que no se consideró ninguna norma sobre la utilización eficaz de la energía y su ahorro, ya que la primera normativa sobre las condiciones térmicas en los edificios data de 1980 y hasta 1998 no se realiza ninguna regulación en torno a la eficiencia energética. Debido a esto, las construcciones son responsables del 30% del consumo energético y del 40% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España. Que hoy en día nuestros hogares no se encuentren preparados para protegernos de las inclemencias del tiempo es realmente preocupante y más teniendo en cuenta que si no frenamos el cambio climático, las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas.

La gran parte de la energía de una edificación se desprende por la envolvente, es decir, todo lo que separa nuestras viviendas del exterior. Por tanto, debemos focalizar la rehabilitación en proteger nuestras fachadas con un buen aislamiento térmico, sustituir las ventanas por otras con mejores prestaciones y evitar las humedades. Por otro lado, es imprescindible sustituir los sistemas de calefacción por unos cuya fuente de energía sea renovable, como son las bombas de calor, que, si además funcionan simultáneamente con una instalación de autoconsumo, nos permiten calentar y enfriar nuestros hogares de forma mucho más económica y sin depender de los combustibles fósiles.

Según una nueva investigación realizada por Öko-Institut, con la colaboración de la Fundación Renovables, el gobierno español debería asignar alrededor de 1.500 millones € anuales para ayudar a todos los hogares y, aun así, solo lograría cubrir el 30% de los precios de la energía durante el invierno.

Si seguimos poniendo parches con medidas puntuales y no estructurales, no sólo nos va a salir mucho más caro, sino que no solucionamos el problema de raíz que no es otro que el mal estado de nuestro parque inmobiliario y lo mal adaptado que se encuentra frente a las consecuencias del cambio climático.

En la Fundación Renovables consideramos que el destino eficaz de los recursos públicos, mediante los fondos europeos, no solo aliviará la pobreza energética, sino que también acelerará la descarbonización de los edificios y disminuirá las importaciones de energía. Con la implantación de medidas de rehabilitación energética en las viviendas de los hogares más vulnerables, solo sería necesario invertir del presupuesto nacional 150 millones €, llegando a ahorrar 8.700 millones € en gastos energéticos. Además, cada vivienda ahorraría 2.400 € al año o vería sus costes energéticos reducidos en un 15,3%. Estas soluciones de eficiencia energética en la rehabilitación incluyen tanto medidas de arquitectura pasiva como soluciones activas. Algunas de las soluciones propuestas se pueden encontrar en la siguiente imagen.

Fuente: elaboración propia. Fundación Renovables.

Los fondos europeos son una gran oportunidad para que todas y todos vivamos mejor, y por ello debemos exigir que se distribuyan correctamente poniendo el foco en las personas que más los necesitan. No debemos aplicar soluciones a corto plazo, sino realizar acciones transformadoras que nos ayuden a mitigar el cambio climático y a facilitar que la población viva en condiciones mucho más dignas.

Carmen Crespo – Analista energética de la Fundación Renovables

 

Un mercado de derechos de emisión para la edificación que excluye los edificios

La Directiva (UE) 2023/959, que modifica el Régimen para el Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), es la primera que se aprueba y publica del “Objetivo 55” que incluye la revisión de las directivas afectadas por el objetivo de reducción del 55% de las emisiones netas en 2030 con respecto a los niveles de 1990, en aplicación del Pacto Verde Europeo de 2020.

Para llevar a cabo las reducciones de emisiones es necesario ampliar las contribuciones a todos los sectores de la economía para que el RCDE sea coherente con los objetivos establecidos de neutralidad climática para 2030 y 2050. La nueva directiva amplia el mercado de derechos de emisión al sector del transporte marítimo y a los sectores de los edificios, transporte por carretera y otros, como la calefacción industrial.

Para los sectores que ya participan en el RCDE se establece un objetivo de reducción del 62% de emisiones en 2030 sobre la base de 2005 y para los sectores que ahora se incluyen el objetivo será del 43%. Se trata de dar una señal de precio del carbono para la economía y evitar impactos indebidos en los precios.

Se excluye del nuevo mercado de emisiones a los edificios y los vehículos

Debido al gran número de pequeños emisores en los edificios y en el transporte por carretera se ha considerado, “por razones de viabilidad técnica y eficiencia administrativa”, que el acto que obliga a los nuevos derechos de emisión sea el suministro de combustibles utilizados en los edificios y el transporte.

El nuevo mercado de derechos de emisión solo afectará a los suministradores de combustibles a estos sectores y no a los edificios y vehículos, propietarios o usuarios. El concepto de “entidad regulada” excluye expresamente a cualquier consumidor final. Más que de un nuevo mercado de derechos de emisión, paralelo al actual, se trata de una prolongación del ya existente.

La directiva excluye a los edificios y los vehículos que, sin embargo, son a los que se dirigen los objetivos de reducción de emisiones. Los grandes suministradores ya participan en el actual mercado, en el que a menudo han especulado con los derechos de emisión asignados gratuitamente. Lo que podría haber representado un importante incentivo para la descarbonización del parque edificatorio y automovilístico y una ayuda al esfuerzo inversor de sus propietarios y consumidores finales se ha convertido en un incentivo para las distribuidoras que podrán repercutir a los consumidores los costes en que incurran.

La huella de carbono de edificios y vehículos es la que se debería incorporar al mercado ampliado de derechos de emisión, considerando a sus propietarios y usuarios como sujetos de obligaciones. El RCDE debería ser un apoyo a la descarbonización a través de la participación de los consumidores finales en el mercado de CO2, que es lo que daría mayor velocidad al ritmo de reducción de emisiones.

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Los ingresos de las subastas de derechos de emisión no serán finalistas

El comercio de derechos de emisión en los edificios y transporte por carretera debe comenzar en 2025, fecha en la cual las entidades reguladas deberán disponer de un permiso válido de emisión para desarrollar su actividad. La cantidad de derechos de emisión se corresponderá con una trayectoria de reducción de emisiones del 43% en 2030 con respecto a 2005.

Los derechos de emisión se asignarán mediante subasta y sin asignación gratuita por tratarse de sectores sin presión competitiva ni riesgo de fuga de carbono. Como excepción, para incentivar la descarbonización de la calefacción urbana, los titulares podrán solicitar una asignación de derechos de emisión gratuita, transitoria y adicional, condicionada a inversiones que reduzcan las emisiones obtenidas.

Los ingresos procedentes de las subastas se destinarán a los Estados miembros como refuerzo de su capacidad para afrontar los impactos sociales de una señal de precio del carbono, sobre todo teniendo en cuenta los niveles existentes de pobreza energética.

Las entidades reguladas deben entregar derechos de emisión por sus emisiones verificadas en 2027 que se correspondan con las cantidades de combustible que hayan suministrado para su consumo con las mismas normas que se aplican al actual mercado.

Los suministradores repercutirán los costes del carbono a los consumidores

El nuevo RDCE será transparente en cuanto a los costes del carbono y la medida en que se repercuten en los consumidores, por lo que los suministradores de combustibles no deben obtener beneficios indebidos repercutiendo a los consumidores más costes que aquellos en los que incurren. La Comisión Europea realizará un seguimiento para “evitar beneficios inesperados”.

Se introducen medidas frente al riesgo de un aumento excesivo de los precios del CO2 mediante un mecanismo automático para retirar derechos de la reserva de estabilidad del mercado, con el objeto de asegurar que el precio del carbono no supere los 45 euros. Se establece la posibilidad de aplazar un año el comercio de derechos de emisión de los edificios y el transporte por carretera hasta 2028 en caso de precios elevados del gas o del petróleo.

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La paradoja de un mercado de derechos de emisión sin consumidores finales

Excluir a los consumidores finales anula la posibilidad de acelerar la reducción de emisiones al no contar con la participación de propietarios y usuarios de los sectores que más contribuyen al consumo de energía y las emisiones. Aplicar el nuevo RCDE exclusivamente a los suministradores es una medida que contribuirá poco a la descarbonización de la economía.

Las entidades reguladas en el nuevo mercado de emisiones serán las mismas que participan en el actual mercado. Al final, el RCDE seguirá funcionando como un subterfugio para seguir contaminando y no como un acelerador de la descarbonización. Esta realidad no supone incentivo alguno para que los consumidores finales reduzcan su huella de carbono porque seguirán dependiendo de los grandes suministradores.

La supervisión por parte de la Comisión Europea no es garantía suficiente con respecto a la transparencia del mercado para evitar una repercusión indebida a los consumidores de los costes del carbono y asegurar un uso coherente de los ingresos de las subastas. En definitiva, no se garantiza la protección de los consumidores.

La participación de los consumidores es la apuesta de las directivas europeas para el éxito de la transición energética, pero en esta directiva se ha excluido. La reducción de emisiones tiene mucho que ver con el comportamiento de los usuarios y propietarios en los sectores de los edificios y el transporte por carretera. El cumplimiento del “Objetivo 55” necesita actuaciones más orientadas al comportamiento y la participación activa de los consumidores.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Domingo

Creo que este blog, que acogió una decena de colaboraciones suyas, es el ámbito adecuado para hablar de Domingo. Quiero olvidarme ahora de términos y conceptos como “obituario”, “homenaje” o “glosar su figura”. Lo que quiero, lo que necesito, horas después de saber que nos ha dejado, es escribir sobre él, sobre la persona y sobre el personaje, que lo era y con letras mayúsculas. Y por ahí puedo empezar para comentar que pocas veces he visto tanta coherencia entre una y otro. Domingo Jiménez Beltrán era en su proyección pública el mismo maño terco, perseverante, entusiasta, recto e inagotable que podías encontrar en la intimidad.

Debajo del sombrero de ala ancha que lucía casi todo el año encontramos siempre a un hombre generoso hasta el extremo, cercano para todo el mundo, directo, entrañable, preocupado por los problemas de su entorno personal tanto como lo estaba por los que tenía y tiene este planeta.

Autor: Pedro Armestre

Aprender de él, colaborar con él ha sido un privilegio que hemos tenido un par de generaciones de los que nos preocupamos y ocupamos de “esto del medio ambiente”, un medio que para él abarcaba muchos más dominios que el estrictamente ambiental. Desde sus primeras responsabilidades en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que acogía en los años ochenta las competencias en materia ambiental, hasta su último proyecto —siempre pensé que sería el penúltimo—, la Fundación Castillo de Chuecos, son docenas las iniciativas relevantes que puso en marcha, sí, tan importantes como los cargos y responsabilidades asumidas.

El activismo era su forma de vivir, sabía responder al pesimismo de los diagnósticos con un entusiasmo contagioso. En la Fundación Renovables, de la que fue impulsor decisivo (abril de 2010: “Sergio, esta fundación la tenemos que poner en marcha”) y luego Presidente, le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas, en todas direcciones y todas con sentido, propuestas que éramos incapaces de seguir adecuadamente.

Le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas.

Sus conocimientos y méritos le llevaron a ser el primer Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con una brillante gestión que, posteriormente, le ha brindado la oportunidad de colaborar con diversas y prestigiosas entidades en varios países. Entre las múltiples iniciativas que puso en marcha, y que lamentablemente no se plasmaron por esa parálisis de la clase política que tanto ha denunciado, quiero destacar el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios que elaboró con Joaquín Nieto, todavía en CCOO como responsable de Medio Ambiente, y del arquitecto e inquieto ciudadano Carlos Hernández Pezzi. Lo tenía todo aquella propuesta: reducción de emisiones y de dependencia energética, confort para esos hogares y creación de empleo. Pero no lo vieron los que tenían que verlo. Era algo más que una propuesta coyuntural, era un primer pilar para ese proyecto país por el que clamó durante tanto tiempo y hasta el final, pues a ello se refería en la última entrevista que se le hizo para CONAMA 22 el pasado mes de noviembre.

Domingo tenía sus mantras en los que insistía una y otra vez en artículos, conferencias y entrevistas. “La edad de piedra no se acabó porque se acabarán las piedras” repetía cuando reclamaba poner punto final a la era de los combustibles fósiles. No era suyo, pero lo usaba tanto como la idea de que “el cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso deberíamos hacer”, que no es otra tarea que la de cambiar el modelo energético. En los últimos años escribió mucho sobre la “autosuficiencia conectada”, teoría bien desarrollada con la que dejaba claro que tenemos que actuar individualmente (el autoconsumo que tanto defendió), pero coordinados en una labor conjunta.

Fue coherente con sus ideas y transformó su casa en Águilas en un modelo de lo que predicaba logrando esa autosuficiencia energética que le permitía incluso, gracias a su propia planta de desalinización (una más de sus batallas), dotarse de agua para abastecer también su magnífica huerta. Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar —siempre amablemente— a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

El lenguaje de Domingo ha sido siempre muy directo, ha eludido los eufemismos, ha empleado los adjetivos gruesos que consideraba imprescindibles y en su vocabulario no faltaban términos contundentes como “disrupción” o “cambio radical” y recurría a expresiones coloquiales para concluir una brillante y sesuda exposición con un rotundo “y punto pelota”.

Su pérdida nos deja perplejos porque uno no podía concebir que ese torrente de vitalidad, esa inquietud permanente por hacer más razonable este mundo (“es sentido común, solo eso, sentido común”), esa voz clara, comprometida y generosa se pueda callar. Nos ocuparemos de que no sea así. Gracias Domingo.

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía y patrono de la Fundación Renovables

“BarMar” o por qué el gas no es la energía de transición

El gasoducto desde Barcelona a Marsella murió antes de nacer. La inconcreción del acuerdo entre España, Portugal y Francia generó tantas dudas sobre plazos, costes, financiación, sostenibilidad y colores (¿gas, hidrógeno verde o “bajo en carbono”?) que no ha resistido el más mínimo análisis.

La Cumbre Euro-Mediterránea de Alicante no ha aclarado la confusión ni las dudas sobre cómo BarMar será sustituido por H2Med, un tubo de hidrógeno renovable que genera tanta incertidumbre como el gasoducto ahora abandonado, porque Bruselas pretende calificar como renovable el hidrógeno producido con gas o nuclear, de acuerdo con su ambigua taxonomía sobre inversiones sostenibles.

El suministro de gas a Europa es el origen de la agresión de Putin a Ucrania y la crisis energética la consecuencia directa. La Comisión Europea, que preside Úrsula von der leyen, se ha preocupado más por afrontar la crisis de suministro con más gas, impulsando el mercado de GNL, que por regular los mercados energéticos que han elevado la inflación a dos dígitos.

El Banco Central Europeo (BCE), presidido por Christine Lagarde, ha respondido con la misma receta de subida de tipos y rigor fiscal de la recesión de 2008, originada por los precios del petróleo, y se ha opuesto a intervenir el mercado del gas.

“La inflación vino de la nada” (Christine Lagarde)

La contradictoria respuesta de las instituciones europeas para reformar los mercados energéticos y el hecho de que el BCE ignore la energía como origen de la inflación demuestran la imposibilidad de que nuevas infraestructuras gasistas, como el proyecto BarMar, resuelvan el problema de la dependencia energética y la inflación.

No encaja en la gobernanza sobre energía y clima de la Unión Europea, porque es una iniciativa impulsada hace diez años por el sector gasista español para rentabilizar sus activos ociosos.

Alemania va por libre, a pesar de que su política energética ha llevado al extremo la dependencia del gas ruso. Su gobierno ha decidido intervenir los precios con 200.000 millones de euros de deuda, promoviendo en su país lo que bloquea en la Unión Europea. El BCE ha retomado la política que el Bundesbank impuso en 2008, haciendo pagar a los consumidores la inflación que han generado sus cuantiosas ayudas a los bancos.

La modificación de un mercado diseñado para mantener la dependencia del gas no está en la agenda europea.

Las declaraciones del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al “Frankfurter Allgemeine Zeitung” y “El País” no dejan dudas de que el BCE se encamina a repetir los errores de 2008.

Mientras Nagel afirma que el objetivo no es conseguir condiciones de financiación favorables para los gobiernos sino garantizar la estabilidad de precios, Hernández de Cos confirma que un impulso fiscal generalizado agravaría las presiones inflacionistas y los fondos europeos son un gran estímulo fiscal que obliga a poner coherencia entre la política monetaria y la fiscal, sobre todo en los países más endeudados, como España.

Todos son halcones para reducir la inflación.

Christine Lagarde, ha avisado: “una recesión suave no será suficiente para domar la inflación”. “Estábamos luchando contra la inflación y la inflación vino de la nada”. La invasión rusa, la dependencia energética o la especulación de los mercados no es su problema. Las medidas del BCE condicionarán a la Eurozona para regresar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En este escenario, la financiación del gasoducto BarMar se cargaría a los consumidores, pero la del hidroducto H2Med podría igualmente trasladarse a los peajes.

Las interconexiones deberán demostrar su viabilidad coste-beneficio

Las condiciones para las interconexiones, con cualquier fuente de energía, las establece el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, que en sus artículos 3 y 4 especifica que las decisiones sobre inversión energética deberán tener en cuenta antes el principio de “primero, la eficiencia energética” y “toda nueva interconexión será objeto de un análisis del coste-beneficio socioeconómico y ambiental, y solo se construirá si los beneficios potenciales superan los costes”.

  • El “déficit estructural del sistema gasista”, definido en el RDL 13/2012 que paralizó el gasoducto MidCat, se debió a la sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas y la baja demanda. Esa situación se quiso paliar con más infraestructuras para exportar el gas argelino a Europa, pero todos los análisis coincidieron en que la falta de demanda provocaría un déficit de tarifa que pagarían los consumidores. La Comisión Europea sacó el MidCat del listado de Proyectos de Interés Común (PIC) por falta de demanda de gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aplicó el mismo criterio en 2017 para informar negativamente las regasificadoras en Canarias.
  • ¿Hasta qué punto la invasión rusa de Ucrania hará viables nuevas inversiones gasistas? Si se analizan las lecciones de la pandemia y de la actual crisis, el sector energético convencional se va a enfrentar a una caída de la demanda y a déficits que se trasladarán a los consumidores para financiar activos varados. Cualquier inversión requeriría un estudio de demanda previo porque esta crisis ha dado la puntilla al futuro del gas. Para la Agencia Internacional de la Energía, en su informe de 2022, el gas ya no es energía de transición. La irresponsabilidad  del MidCat, BarMar y H2Med es querer empezar la casa por el tejado, sin estudio previo de demanda que justifique su necesidad y viabilidad.

Los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan a los consumidores

Todo está atado en la regulación nacional para hacer rentable lo que en realidad no lo es. La Ley 24/2013, en su artículo 19, y la Ley 18/2014, en el artículo 61, establecen que los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladarán a los consumidores. Las órdenes de peajes cargan a los consumidores los desajustes entre ingresos y costes sin justificación de sus causas. Estos mecanismos deberían modificarse, a la luz del análisis de cobertura de la demanda y la auditoría de las inversiones, para proteger a los consumidores.

De lo contrario, cualquier nueva inversión energética repetirá el modelo del almacén de gas “Castor”, descrito en el RDL 13/2014. El marco regulatorio es el mismo y en cuanto la inversión se considere infraestructura básica del sistema serán los consumidores los únicos responsables de su financiación. El déficit de tarifa vuelve a amenazar a los consumidores y es urgente trasladar a la regulación nacional la exigencia del análisis coste-beneficio y del principio de “primero, la eficiencia energética” antes de decidir nuevas inversiones energéticas.

Para eso está la CNMC, para impedir que el nuevo ciclo inversor en una tecnología aún cara e inmadura como el hidrógeno acabe en un nuevo rescate por los consumidores de las eléctricas y gasistas para financiar los déficits de sus activos infrautilizados e innecesarios, como ya ocurrió con las nucleares y el gas.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

COP27: el halloween del cambio climático

La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) celebrada en Egipto pareció la prolongación de los disfraces de “Halloween” que ha finalizado en un trabajado triunfo de la industria de los combustibles fósiles y el freno a la lucha contra el cambio climático. A partir de ahora nada es lo que parece en el debate sobre el clima porque la OPEP ha tomado las riendas de las cumbres. La próxima será en Emiratos Árabes.

Sin compromisos de reducción de emisiones ni exigencias para que los gobiernos sean más rigurosos en sus contribuciones nacionales y sin acuerdos de adaptación y mitigación, la creación de un fondo de “pérdidas y daños”, dirigido a los países más vulnerables (Plan de implementación de Sharm el-Sheij), es un éxito efímero y podría ser un fracaso mayor que el del fondo de adaptación de 100.000 millones de dólares aprobado para estos mismos países en 2009. El enfrentamiento por los detalles se ha dejado para la COP28, siguiendo la costumbre de dejar para mañana lo que era para hoy.

COP 27, desafíos y retos pendientes en la cumbre del clima

Los dilemas climáticos entre la velocidad del cambio climático y el insuficiente crecimiento de las renovables, el lento ritmo de descarbonización y el crecimiento de las inversiones en combustibles fósiles, la incoherencia entre los objetivos de emisiones y renovables de las contribuciones y de los planes energéticos nacionales, la dependencia del gas y el petróleo y la transición energética, son conflictos que no han tenido respuesta y ante los que no han valido para nada las advertencias de la ONU sobre la velocidad catastrófica del cambio climático y las mentiras de gobiernos y empresas, ni la afirmación de la AIE de que la crisis energética y climática no se resolverá con más inversiones en combustibles fósiles sino triplicando la inversión en renovables.

Después de la COP27 el mundo está más lejos de cumplir el objetivo de reducción del 40% de emisiones en 2030 del Acuerdo de París de 2015. La guerra del gas iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania ha dado prioridad a los combustibles fósiles en el sistema energético mundial y el ritmo de descarbonización y de reducción de emisiones va tan retrasado que será difícil que se recupere el esfuerzo necesario para evitar que el aumento de la temperatura del planeta supere los 1,5ºC.

Después de la COP27 el mundo está más lejos de cumplir el objetivo de reducción del 40% de emisiones en 2030 del Acuerdo de París de 2015.

La Unión Europea, a pesar de sus esfuerzos para que se hubieran aprobado compromisos más ambiciosos, ha recibido una respuesta acorde con su ambigüedad. No se puede anunciar un aumento del objetivo de reducción de emisiones del 55% al 57% y a la vez apoyar el carbón durante tres años e impulsar la inversión gasista cuando la AIE ha manifestado en su WEO 2022 que no se puede seguir considerando al gas como energía de transición. Si en la COP26 de Glasgow ya anunció la taxonomía que ha convertido el gas y la nuclear en energías verdes, en la CO27 Europa ha perdido la credibilidad en el liderazgo climático.

Entre el optimismo del acuerdo sobre “pérdidas y daños”, cuya concreción se ha diferido a 2023, y la decepción por el freno a los compromisos del Acuerdo de París, la COP27 de Egipto ha supuesto un retroceso en la lucha contra el cambio climático. El éxito de petroleras y gasistas es el del nuevo negacionismo climático que defiende retardar el calendario de la transición energética. En España se ha definido como “resetear la transición energética” por el jefe de la oposición Alberto Núñez Feijóo, siguiendo las críticas de los máximos dirigentes de la petrolera REPSOL a la transición energética por sus negativas consecuencias.

De nada han servido los estudios de científicos y organismos internacionales para alertar de que el mundo se aproxima al punto de inflexión climática. La conclusión más dramática es que la lucha contra el cambio climático tiene vuelta atrás y en Egipto ha comenzado a visibilizarse en cuanto la industria fósil ha comprobado cómo el crecimiento de las emisiones de CO2 se desacelera por el mayor uso de las energías limpias.

Europa debe aprender de este hecho y modificar la gobernanza de energía y clima para dar alternativas a los dilemas a los que la COP27 no ha dado respuesta. Y la única respuesta es eliminar el uso y la dependencia del carbón, el gas y el petróleo.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Cuatro razones para acelerar la transición energética

El pensamiento ilustrado vincula el progreso con la felicidad y el conocimiento científico. Ser ilustrado y negacionista del cambio climático implica otorgar más valor a los prejuicios y supersticiones que a la ciencia; es lo opuesto a los valores de la ilustración que nacieron en la Europa del siglo XVIII y que hoy representa el europeísmo. La guerra del gas iniciada por Putin ha aflorado el negacionismo climático que subyace en los países europeos y encarna la ultraderecha que crece desde los países nórdicos hasta el sur de Europa, aupada por las noticias falsas y la inflación provocada por la energía fósil. ¿Se imaginan veintisiete Víktor Orbán gobernando en la Unión Europea?

A esta situación se ha llegado por los errores de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales en la gestión de la recesión de 2008, la pandemia de 2020 y la guerra de Putin en 2022. Europa ha dado pasos atrás en la cohesión social con la imposición de políticas de austeridad, la dependencia tecnológica e industrial y ahora retrocede en los objetivos climáticos aumentando su dependencia del gas. Mientras instituciones globales, como la ONU, la AIE o el IRENA, claman por acelerar la transición energética, en Europa avanza el caballo de Troya más reaccionario, precisamente cuando las razones para combatir el cambio climático se hacen más evidentes.

1-El planeta se aproxima al punto de inflexión climática

El último informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que cuatro indicadores que miden el cambio climático llegaron a su nivel récord en 2021: la concentración de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la acidificación de los mares. Los combustibles fósiles son los responsables del deterioro del clima que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica como “callejón sin salida desde el punto de vista ambiental y económico” del que es necesario desengancharse triplicando la inversión en renovables, en baterías de almacenamiento y cortando las ayudas que los gobiernos destinan a la energía fósil.

El estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido), publicado en la revista “Science” en septiembre, identifica cinco líneas rojas que, con el nivel de calentamiento actual, pueden superarse: el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y de la Antártida occidental, la pérdida de permafrost, la pérdida de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de Labrador, en el Atlántico. Estos puntos de inflexión son posibles ahora y se superarán incluso si se cumpliera el Acuerdo de París que limita el calentamiento entre 1,5ºC y 2ºC. “La evaluación del riesgo que representan ha aumentado dramáticamente” y exige una “acción urgente para mitigar el cambio climático” por los impactos irreversibles que tendrá para cientos de millones de personas.

La publicación “The Lancet” ha destacado que los muertos prematuros que provoca la polución ambiental ascienden a nueve millones cada año, más que los seis millones setecientos mil de la Covid en dos años y medio. Sin embargo, a pesar de que los informes del IPCC de la ONU tienen el respaldo de miles de científicos de todo el mundo, los mensajes sobre la gravedad del cambio climático no venden frente a la banalidad que exigen las cuotas de audiencia, convirtiendo la indiferencia en la mayor amenaza para nuestro modo de vida.

 2-El miedo invisibiliza el cambio climático

Según el informe “United in Science 2020”, coordinado por la OMM, la recuperación de las emisiones de CO2 a niveles precovid hace posible que la barrera de 1,5ºC de aumento del calentamiento global se supere puntualmente en 2024. La Cumbre del Clima de Madrid (COP25) en 2020 constató el alejamiento de los objetivos de reducción de emisiones y en la Cumbre de Glasgow (COP26) de 2021 la Unión Europea anunció su nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030, pero etiquetando el gas fósil y la energía nuclear como energías verdes, en contradicción con su gobernanza sobre energía y clima.

Mientras Putin ataca Ucrania, el “putinismo” invade la Unión Europea. La decisión de la derecha populista (PPE) de eliminar el cordón sanitario a la extrema derecha tendrá consecuencias en el modelo energético tal como lo definen las directivas europeas, como modelo descarbonizado y distribuido, con renovables y eficiencia energética, con el consumidor activo en el centro del sistema e independiente de las grandes energéticas.

La Comisión Europea afronta la crisis de suministro del gas ruso con sacrificios de ahorro, más importaciones de gas, carbón y petróleo, incluso de Rusia, y más inversiones en nuevas infraestructuras gasistas. Se ha olvidado hasta ahora de los instrumentos de eficiencia energética y gestión de la demanda para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.  Los planes de los gobiernos sobre producción y consumo de combustibles fósiles hacen imposible el cumplimiento del Acuerdo de París y frenan la transición energética.

El miedo y la incertidumbre determinan las decisiones con la inflación como amenaza al proyecto europeo. El medio ambiente y la sostenibilidad no preocupan a las empresas, ni a las instituciones, que se desentienden de la emergencia climática manteniendo el gas en la formación de precios. Se combate la inflación, originada por los precios del gas y el petróleo, con más gas y petróleo y más inequidad fiscal, es decir, desigualdad. Es el escenario de un retroceso en los objetivos climáticos y en la cohesión social a través de una estrategia en la que la percepción del cambio climático se ha diluido.

3-España en deuda ecológica

El informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre el “El Estado del clima de España 2020”, concluía que la temperatura media fue 1,7ºC superior en 2020 a la de la era preindustrial. En los últimos 60 años el incremento acumulado ha sido de 1,3ºC y a finales de siglo alcanzará los cinco grados. Es una evidencia que el calentamiento se acelera en España. Este verano se han sucedido los fenómenos climáticos extremos, incluyendo las máximas temperaturas del Mediterráneo y la sequía del humedal de Doñana, mientras las emisiones permanecen conectadas a la evolución del PIB, que no contabiliza la huella ecológica de la actividad humana.

El centro de investigación Global Footprint Network informó que el 12 de mayo España había consumido los recursos ambientales que los ecosistemas pueden regenerar en todo el año. La deuda ecológica de España aún se subestima, pero rebela la insostenibilidad del modelo de producción y consumo. El futuro de la agricultura, el turismo, la construcción, las ciudades y la energía está amenazado por fenómenos climáticos estructurales ante los que se sigue mirando hacia otro lado, con una planificación (PNIEC) plagada de gas hasta 2050. Según los trabajos del IPCC de la ONU, lograr la meta de los 1,5ºC de calentamiento global exigirá eliminar el uso del carbón en un 100%, el petróleo en un 60% y el gas en un 70%.

Por el contrario, la ofensiva contra la transición energética solo acaba de comenzar. Según la consultora Oliver Wyman, las empresas españolas, igual que las del conjunto del G7, incumplen el Acuerdo de París. Las grandes eléctricas, que con los fondos extranjeros están “vampirizando” el sector de las renovables, se oponen a reformar el mercado mayorista, cierran el paso a las renovables en la sociedad que gestiona el mercado eléctrico y presionan en Bruselas contra la propuesta española para modificarlo.

Cuestionar el calendario de los objetivos climáticos se generaliza hasta el extremo de plantear, como acaba de hacer el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, la suspensión temporal de los derechos de emisión de CO2, abrir el uso del fracking y las nucleares y “resetear la transición energética”. Se favorece a las grandes energéticas, sin estudio económico ni ambiental, para que el conjunto de la sociedad pague el despropósito con otra espiral de costes en la factura energética. Si en 2012 se aprobó la moratoria renovable, ahora estamos a las puertas de que se paralice la transición ecológica para rescatar otra vez al sector energético y alargar la vida de las fuentes de energía más caras y contaminantes. Alemania y Francia ya lo están haciendo.

4-Más transición energética o más “inflación fósil”

Según Bloomberg NEF, la generación eléctrica en el mundo ha seguido dominada en 2021 por la energía fósil hasta alcanzar el 61% del total y duplica la generación renovable. Se ha producido un aumento de las emisiones energéticas del 7%, marcando el máximo histórico. Aunque el 75% de la nueva potencia es renovable son necesarias acciones más audaces para acelerar la transición energética.

En 2021 los combustibles fósiles han regresado como principal fuente de energía en Europa. Ha aumentado el consumo interno de petróleo, carbón y gas casi un 9% de media, según Eurostat. La reacción europea al corte de suministro de gas ruso augura un crecimiento de la dependencia de los combustibles fósiles, cuando es la principal causa de la alta inflación. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado la ”Agenda Breakthrough” en la que se insiste que es la ciencia la que está reclamando acelerar la transición energética y propone multiplicar por cuatro las renovables en 2030 y el crecimiento de la movilidad eléctrica o la transición a cero emisiones “se retrasará décadas”.

La “inflación fósil” debería ser objeto de la acción del Banco Central Europeo (BCE), pero su presidenta, Christine Lagarde, afirmó el 8 de septiembre que ni podía reducir el precio de la energía, ni reformar el mercado eléctrico; sin embargo, el BCE ha subido los tipos de interés para acelerar la recesión y sigue comprando activos del sector de los combustibles fósiles. La inacción del BCE ha sido denunciada por la organización Reclaim Finance, así como el criterio que sobreestima la “inflación verde”, es decir, el coste de la transición a las energías limpias, cuando su impacto en el consumidor final es menor que el de la “inflación fósil”.

Los combustibles fósiles impulsan la crisis climática y la inflación; por el contrario, acelerar la transición energética será decisivo para afrontar la “inflación fósil” y estabilizar la economía europea con más autosuficiencia energética. El desarrollo de las energías limpias ha demostrado que su velocidad de maduración supera al resto de tecnologías, por lo que se debe priorizar la financiación de la transición ecológica y abandonar el principio de “neutralidad tecnológica” o “neutralidad de mercado” que utilizan tanto el BCE como la Comisión Europea en la taxonomía sobre inversiones sostenibles. Se debe reducir la demanda de CO2 con más demanda de economía verde.

La mejor política de ahorro es acelerar la transición energética. Subestimar el potencial de competitividad de las energías limpias ha sido una constante del modelo energético tradicional para frenar las políticas climáticas. Cuando hoy se comprueba que el coste de tecnologías, como la fotovoltaica, eólica, baterías de almacenamiento, autoconsumo o edificios cero emisiones, es más competitivo y eficiente que el de las energías convencionales, se demuestra que una transición rápida a las energías limpias producirá más felicidad a los consumidores y al planeta.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

También para el Derecho, el cambio climático es un hecho incuestionable

Uno de los efectos colaterales más dramáticos de la crisis energética que estamos sufriendo está siendo el tener que observar cómo crece, cual capullos de amapola en primavera, el número de políticos opinadores jubilados, pseudoperiodistas de chascarrillo, especialistas en todología y cuñadismo en general, asegurando que eso del cambio climático tampoco es para tanto, que no parece que sea un problema tan grave del que nos debamos preocupar de forma desmedida.

Ya adelanto que, habitualmente, no presto mucha atención a esta tipología de fuentes y no por la desazón que me causan, sino por mi firme propósito de dedicar el tiempo que presto a las redes sociales y medios de comunicación a aquellos con los que, esté o no de acuerdo, muestran algo más de vergüenza intelectual.

Sí me duele por tantos amigos especialistas que llevan toda su vida trabajando en ramas de la ciencia como la medicina o la salud, la climatología o la ecología, entre otras, y que tienen que escuchar tanta mendruguez de forma continuada, revestida de la pátina que impregna aquello de que todas las opiniones son igualmente válidas. Pues sí señor, estoy de acuerdo, a mi juicio, la opinión de los negacionistas del cambio climático (descafeinados o torrefactos), tienen la misma validez que la de los terraplanistas, creacionistas, antivacunas recalcitrantes, adoradores de los Iluminati o, incluso, existencialistas de Raticulín. A partir de ahí, que cada uno escoja su nicho de opinador.

Por la parte que me toca, me gustaría dar una pincelada breve sobre algo de lo que no se suele hablar en las tertulias de los programas televisivos de matiné y es la realidad jurídica del cambio climático. Por que sí, también para el Derecho, el cambio climático es un hecho. Y es una realidad incontestable no porque, como muchos se creen, algún político descerebrado haya tenido un exceso de celo normativo en defensa del ambiente en el que vivimos. No, el cambio climático es una certeza jurídica, por lo menos, desde el año 1992 (Convención Marco de las Naciones Unidas) y no se cuestiona prácticamente en ninguna regulación jurídica de los países desarrollados. En esa misma dirección, no solo a nivel global o nacional, sino también los legisladores locales y regionales constatan la realidad del cambio climático en sus pueblos y territorios y la incorporan a sus necesidades normativas para aminorar el impacto que, como comprueban cada día, está provocando en sus gentes.

En la doctrina académica, el tema tampoco se presta a mucho debate. Puede existir discusión sobre la regulación de los mecanismos de adaptación o de mitigación, sobre el desarrollo o ejecución de cada actuación, pero no sobre el hecho jurídico en sí mismo.

En este sentido, se refleja cada vez más en múltiples resoluciones judiciales de muy diferentes instancias, en las que, de una manera o de otra, se identifican realidades que jueces y magistrados, a la vista de las evidencias que se les muestran ante sus ojos, aceptan el cambio climático como un hecho incuestionable con consecuencias jurídicas.

De hecho, este último apunte me sirve para lanzar al aire una pregunta a modo de conclusión: si tuviésemos que decidir nuestro futuro inmediato ante la sala de un tribunal de justicia, en la que los magistrados precisasen una valoración pericial del tema que se estuviese enjuiciando, ¿quién les gustaría que evaluase su problema?, ¿los mejores científicos y especialistas del país sobre el objeto de debate o un grupo de tertulianos televisivos de la mano de un autobús de opinadores de Twitter?

Probablemente, la respuesta a esa pregunta defina bastante bien qué tipo de sociedad queremos ser o, incluso, en qué siglo nos gustaría vivir, el XII o el XXI.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

El gas natural amenaza a la Comisión Europea

En marzo de 2018 la Fundación Renovables publicó un informe titulado Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. En él se incluían más de 300 medidas innovadoras y disruptivas enfocadas, por un lado, a fomentar el ahorro y la eficiencia energética y, por otro, a que las renovables fueran la base de la oferta de energía, erradicando el consumo de combustibles fósiles.

El informe fue presentado y analizado con la mayoría de los grupos políticos con el fin de trasladar que era posible, técnica y económicamente, que la transición energética se convirtiera en una oportunidad de desarrollo para España y que las medidas propuestas fueran la base para un modelo energético mucho más sostenible, inclusivo y justo.

Muchas de las medidas han ido, aunque no con la ambición deseada, incorporándose en el día a día dentro del ideario de política energética del gobierno, porque eran medidas lógicas que debían ser desarrolladas en el tiempo.

El pasado miércoles día 20, la Comisión Europea comunicó el objetivo de reducir en un 15% el consumo de gas natural de todos los Estados miembros con el fin de paliar los efectos de un potencial y previsible corte total de suministro desde Rusia, una reducción que debería llevarse a cabo desde agosto de este año a marzo de 2023. También, aunque ha pasado desapercibido, ha incluido la permisión de subvencionar con dinero público la reactivación de las centrales de carbón y fuel para generación eléctrica. La decisión de la Comisión es, ante todo, extraña porque es curioso como las medidas de ahorro y eficiencia han brillado por su ausencia en su política, dejando la decisión en manos de los gobiernos nacionales e, incluso, se han considerado como inversiones sostenibles el gas natural y la nuclear. El problema ha sido la exigua previsión y ahora se pretende una reducción drástica y sin considerar las particularidades de cada país, cuando se podía haber llegado de forma tranquila y sosegada a que Europa no dependa tanto del gas natural.

Esta situación está causada por la inexistencia de una “Política Energética Común”, que siempre hemos reclamado, por parte de la Comisión Europea, lo que ha supuesto que cada país tenga todos los grados de libertad para fijar su mix energético y sus relaciones contractuales de suministro. Poner en duda si esta medida debe ser atendida o no por los países miembros rompería la base de actuación de la Unión Europea del hoy por ti y mañana por mí, pero no cabe duda de que esta medida debería ser definida e incluida dentro del paquete “Fit for 55”, atendiendo a las particularidades de cada país y a su situación de independencia ya que hasta este momento es la propia Comisión la que ha da todos los grados de libertad para actuar.

En nuestro documento de 2018, actualizado en 2020 en base a la recuperación económica tras la pandemia y la movilización de más de 60. 000 M€ (con cargo a los Fondos Next Generation), planteábamos una política decidida y ambiciosa para electrificar la demanda y erradicar el consumo de combustibles, especialmente del gas natural, por su papel de vector energético clave de la transición energética. Se incluyeron medidas para reducir la presencia del gas natural sin poner en duda la transición y la gestionabilidad del sistema, entre las que podríamos destacar:

  • Objetivo de electrificación 100% del sector residencial, eliminando el suministro de gas mediante la incorporación de bombas de calor y fomentando el 100% eléctrico que, hubiera permitido eliminar uno de los dos contratos que suelen tener nuestras viviendas, contratos con una componente fijada políticamente y de forma desorbitada para cubrir los costes del sistema gasista y eléctrico fruto de inversiones que no se planificaron.
  • Eliminar la publicidad de los combustibles fósiles y evitar que quien vende electricidad venda también gas.
  • Imponer a las comercializadoras de gas objetivos de reducción del consumo por parte de sus clientes.
  • Iniciativas para la no renovación de calderas de gas y la obligación de cambiar a sistemas de bomba de calor.
  • Establecimiento de certificados energéticos a las viviendas según su comportamiento energético no dependiente.
  • Prohibición de venta de nuevas calderas de gas y gasóleo.
  • Compromiso de que los edificios de más de 1000m2 de superficie construida fueran de consumo casi nulo y siempre, independientemente de la superficie, 100% eléctricos.
  • Rehabilitación de 750.000 viviendas/año, de las que 250.000 fueran vulnerables y se realizara con fondos públicos.
  • Rehabilitación de un 3% de los edificios públicos al año con 100% de electricidad.
  • Eliminación de los vehículos de combustión interna con gas.
  • Implementar una consideración fiscal activa para la eliminación del gas natural, tanto en la reducción y gravamen del IBI, como en el tratamiento del gas y de la electricidad.

En el sistema eléctrico, al margen de la imperiosa eliminación del modelo marginalista, apostamos por la cogeneración frente a los ciclos combinados, situación que apoya a la industria y que permitiría que una unidad de gas se consumiera con el doble de rendimiento. De hecho, en la actualidad, el 11% de la electricidad generada es en plantas de cogeneración frente a una media del 17% en ciclos combinados, situación que debería hacer plantearse al gobierno si no sería lógico que una forma de reducir los consumos de gas en energía primaria fuera con un plan de fomento eficiente de la cogeneración.

Por otro lado, debemos reflexionar si como país hemos avanzado en la lucha contra la dependencia de los combustibles fósiles y la reducción del consumo de gas natural, tanto en el sector residencial como en el industrial, promoviendo la electrificación de la demanda. Y, sinceramente, creo que no hemos puesto encima de mesa los compromisos y el potencial que verdaderamente tenemos. A la vez, reclamamos, desde el plano individual al compromiso colectivo, nacido desde la regulación, la difusión de una nueva cultura de la energía en la que el ahorro energético y el consumo responsable sean la piedra angular.

Ahora nos acordamos de la emergencia climática por las sucesivas olas de calor y por sus devastadoras consecuencias en pérdidas de vidas y en catástrofes naturales. Solo mencionar que en septiembre de 2019 se votó su declaración en el Congreso y que no es suficiente con recordar cual es nuestra situación, sino que necesitamos pasar a la acción y poner medidas para combatirla y fijar presupuestos y objetivos acordes con la magnitud del problema.

Es una realidad que debemos dejar de consumir gas, tanto si viene de Rusia, por gaseoducto, como si viene de Estados Unidos, procedente del fracking., Pero este desacoplamiento del gas debe ser planificado y programado desde la racionalidad de los procesos y no desde la falta de sensibilidad de los gobernantes. Obviamente, pensar que en seis meses se puede sustituir el gas, salvo con un corte de suministro, con criterios no dramáticos es estar fuera del día a día, como desgraciadamente está demostrando la Comisión Europea.

Si la recuperación económica tras la pandemia se hubiera cimentado en las propuestas de la Fundación Renovables de hace más de cuatro años, no solo se hubiera conseguido ese 15% de reducción, sino que la factura energética de los hogares y de la industria sería mucho más reducida.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La Comisión Europea deja en ridículo a Europa

Con el arsenal de instrumentos y medidas de eficiencia energética que la UE ha desplegado en las directivas de renovables, edificios, mercado interior de la electricidad y en la recomendación sobre la aplicación del principio de “primero, la eficiencia energética”, todo lo que se le ocurre a la Comisión Europea es regular los termostatos, un ahorro voluntario y uniforme del 15% del consumo de gas y relajar el control de las emisiones para volver al carbón, al petróleo y a más gas.

Lejos de proteger a los consumidores, la presidenta de la Comisión, Ursula von der leyen, ha decidido proteger a los ávidos “frugales”, alemanes y neerlandeses, defensores de la dependencia de los combustibles fósiles y de su referencia en el precio de la electricidad, cuando lo que debería hacer es exigir a los gobiernos europeos el cumplimiento más riguroso de las directivas vigentes que establecen las políticas correctas de eficiencia energética para afrontar la crisis de suministro de gas ruso.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó en febrero que la mejor forma que Europa tiene de afrontar la crisis de suministro para el invierno es un plan serio de eficiencia energética y ponía como ejemplo la rehabilitación energética de los edificios más antiguos de Europa para ahorrar la energía equivalente al gas que transporta el gasoducto Nord Stream I. Pero ni la rehabilitación ni la generación distribuida ni la fotovoltaica en los tejados está en la brújula de Bruselas.

La Comisión Europea vuelve a cumplir el “diktat” alemán, como hiciera en 2015 con el austericidio impuesto a los países del sur, para que todos paguen la nefasta política energética de Angela Merkel y su enorme dependencia del gas ruso. Con la ambigüedad de la Comisión y la caída del gobierno italiano de Mario Draghi, Putin sigue ahondando la debilidad de Europa.

La Unión Europea lanza un mensaje contradictorio y desmoralizador

Mientras la Unión Europea trate esta crisis del gas únicamente como una crisis de suministro y no como una crisis de modelo energético basado en la dependencia de las importaciones energéticas y en la falta de una política energética común, la insignificancia geopolítica de Europa irá en aumento por la poca credibilidad de sus propuestas energéticas y climáticas.

Hace un año que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Ribera, reclamó a Bruselas la modificación del mercado mayorista. El Consejo Europeo de marzo aprobó el tope al gas para España y Portugal y pidió a la Comisión un informe sobre la reforma del “pool” para desconectar el gas de los precios de la electricidad. Nada se sabe hasta hoy. Por el contrario, el gobierno de Reino Unido acaba de iniciar la reforma del mercado eléctrico para abaratar la luz y avanzar en un sistema eléctrico más limpio aprovechando los precios más bajos de las renovables, la participación en el mercado de las tecnologías flexibles sin emisiones y copiar el éxito de la “excepción ibérica” desvinculando el precio del gas de la electricidad.

Es desmoralizador pensar que una reforma parecida tardará años en acordarse en la Unión Europea por la resistencia de los monopolios eléctricos y los reguladores, pero aún peor es ver cómo en plena crisis energética, el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión para etiquetar el gas y la nuclear como energías verdes. El eje franco-alemán ha sometido a los consumidores a pagar el error de Alemania por su imprudente dependencia energética de Rusia y la quiebra de la industria nuclear de Francia por los defectos de fabricación en sus reactores. La consecuencia es terrible: encarecimiento de los precios del gas y de la luz, una grave crisis económica por la inflación, un castigo injusto a los consumidores, aumento de emisiones, freno a la lucha contra el cambio climático y una fiebre especulativa en nuevas infraestructuras gasistas con fondos europeos que acabarán como activos varados que también pagarán los consumidores.

Frente al enorme potencial de ahorro energético de Europa, superior al 50% del consumo actual, sorprende que la Comisión Europea no sepa distinguir entre ahorro y eficiencia energética. Pide a los consumidores un sacrificio de ahorro de gas, pero no propone un modelo para producir y consumir utilizando menos energía, más limpia y barata. El arsenal de medidas de eficiencia energética de las directivas europeas queda relegado ante el retorno del modelo energético convencional, el de los combustibles fósiles.

La paradoja que sitúa a España a la cabeza de Europa

España es el país europeo mejor situado ante la crisis de suministro energético de Rusia. El RDL 13/2012 suspendió las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas por el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de las centrales de gas, regasificadoras y gasoductos por falta de demanda. Hasta 2018 no se levantó la suspensión, pero la paradoja es que España rebajó la dependencia del gas argelino del 60% a casi el 20%, se ha diversificado el suministro y las siete regasificadoras proporcionan la mayor capacidad de almacenamiento de GNL. España hizo lo que ni Alemania ni nadie hizo.

Pero el coste de la sobreinversión hasta 2012 y los déficits del sistema gasista los han pagado en los peajes los consumidores de gas y electricidad. El coste ha sido tan elevado que resulta una imprudencia temeraria repetir el ciclo de más inversión en infraestructuras gasistas, sin conocer la evolución de la demanda, porque cuando entren en funcionamiento ya no serán necesarias, pero los consumidores las tendrán que seguir pagando. Y lo que sería en error aún mayor es recuperar la fantasía de 2015 de convertirnos en un “hub” de gas para Europa porque originaría nuevos déficits estructurales como los de 2012.

La alternativa es aprovechar la seguridad de suministro para invertir en tecnologías limpias y avanzar en la autosuficiencia de los centros de consumo, principalmente edificios y transporte, impulsando la gestión de la demanda y la generación distribuida.

Reducir la demanda energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones solo es posible integrando los recursos energéticos distribuidos en el mercado eléctrico para aumentar la capacidad de energía flexible desde el lado de la demanda y convertir la eficiencia energética en una fuente de energía que participe en el sistema eléctrico en igualdad de condiciones. En esto ha de consistir la reforma del mercado eléctrico, pensando antes en el derecho a elegir de los consumidores que en la rentabilidad de los activos energéticos.

Se trata de dar a los recursos energéticos distribuidos más importancia que a la energía centralizada por su mayor sostenibilidad, eficiencia, menores costes e inversiones. Se trata de impulsar la transformación del consumidor pasivo en consumidor activo. Se trata de alcanzar una regulación que realmente proteja a los consumidores.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables