La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

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Compromiso y responsabilidad ante el nuevo reto energético

La celebración la semana pasada del II Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA puso de manifiesto el cambio de expectativas en el panorama energético en nuestro país.

Frente a la parálisis sufrida por el sector en los últimos años caracterizados por la improvisación e incertidumbre; el Congreso destacó por la ilusión y confianza del papel determinante que tiene que jugar este sector en el nuevo paradigma energético.

reto energético

 

Estamos ante un proceso clave, imparable e irreversible  de descarbonización de nuestra economía que en nuestro ordenamiento jurídico ya se ha iniciado con la aprobación del Real Decreto–ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores, como paso previo a la publicación en los próximos meses de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima  que vendrán a otorgar  la seguridad y planificación tan necesarias para un desarrollo armónico del sector.

En este mismo foro el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anunciaba el objetivo de alcanzar unos 50.000MW de energías renovables al 2030, a razón de 5.000 MW/año, lo que permitiría duplicar nuestra penetración de renovables y pasar del actual 17,5% al 35%. Este ambicioso ritmo de desarrollo es  imprescindible si queremos abordar la reforma energética con la intensidad y alcance al que nos hemos comprometido.

Señalar que no hay precedentes en nuestro país en la implantación de un ritmo de potencia renovable como el anunciado, nuestro máximo histórico fue de 3.500MW en el año 2007; lo que da idea de la complejidad de los retos tanto estructurales como operativos a los que nos enfrentamos y que van más allá de  los espectaculares desarrollos que se han venido produciendo en los últimos años tanto en tecnología, como en almacenamiento o sistemas  comunicación.

Partiendo de la confianza de que dispondremos de los mimbres necesarios para que este desarrollo se realice de la manera más beneficiosa para nuestra economía, a modo de ejemplo señalar que se prevé dedicar el 25% del presupuesto de la UE al cambio climático, según anunció en el citado Congreso el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete; debería ser motivo de reflexión las implicaciones que tendrá el cambio de cultura de este nuevo modelo energético y especialmente en lo que se refiere a acercar la generación al consumidor.

Si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible

Sin abordar el análisis en toda su extensión, si quería hacer un llamamiento al compromiso y responsabilidad para que todos los partícipes en el mercado contribuyan a que este cambio se realice de la manera más ordenada posible; debemos evitar efectos avalancha para los que el mercado no esté preparado, evitar que las prisas por ejecutar instalaciones o la falta de profesionales cualificados sea motivo de que las mismas no funcionen correctamente.

Tenemos que ser conscientes que los consumidores especialmente, no disponen de los conocimientos básicos para evaluar si su instalación de generación se ha diseñado y ejecutado correctamente y que una mala praxi  puede llevar al traste el despegue de esta tecnología en nuestro país. De ser así, podría suponer un cambio irreversible para el desarrollo de esta tecnología, como ya sucedió en los años 80 con la energía solar térmica, que consecuencia del encarecimiento de los combustibles fósiles por la crisis del petróleo sufrida en esa época, supuso una avalancha de solicitud de instalaciones para las que no estábamos preparados y tanto por la deficiencia de los equipos como por la falta de cualificación de los propios instaladores supuso un lastre para la penetración dicha tecnología en nuestro país que ha llegado hasta nuestros días.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

El VAR y los arbitrajes sobre la energía

Por Juan Castro – Gil – Abogado y secretario de ANPIER

Llegado a ese momento del verano en el que en las calles se cruzan los que se lamentan de que sus vacaciones hayan terminado, con los que alegremente nos disponemos a descansar unos días, justo en ese instante en el que pasan desapercibidas la práctica totalidad de las noticias que no lleven muertes o sexo en su titular, nos hemos encontrado con una historia que, pese a tratar el tema energético, hubiese sido mejor entendida hace unas semanas durante el Mundial de Fútbol.

El partido que se viene desarrollando en los últimos años entre los fondos de inversión extranjeros y España, debido a los innumerables incumplimientos del reglamento por parte de nuestro país con los inversores en energías renovables, venía desarrollándose más o menos conforme a lo que los aficionados a la cosa eléctrica esperábamos: goleada por parte de los fondos extranjeros.

España (como el resto de la UE) diseñó un procedimiento de ayudas a los inversores en energías renovables desde el año 2004 en adelante, que un buen día decidió cambiar retroactivamente de forma sangrante sin contar con ninguno de los afectados

Para los que no estén muy enchufados en esta historia, básicamente se trata de que España (como el resto de la UE) diseñó un procedimiento de ayudas a los inversores en energías renovables desde el año 2004 en adelante, que un buen día decidió cambiar retroactivamente de forma sangrante sin contar con ninguno de los afectados. Y claro, eso no está muy bien.

Los inversores españoles acudieron a los Tribunales de aquí, que con un ánimo exacerbado por mantener un supuesto interés general que podría resultar dañado si los españolitos incautos que se metieron en el negocio renovable fueran resarcidos por tanto agravio regulatorio, decidieron que un codazo en la cara dentro del área no era penalti.

Sin embargo, las selecciones inversoras no españolas no se fiaron mucho de ese reglamento, y decidieron acudir al del CIADI, que más o menos viene a ser la FIFA de este tipo de cosas. Y allí, como no podía ser de otra manera, estaban pitando penaltis a tutiplén, en forma de condenas millonarias contra España por saltarse a la torera las leyes existentes.

Pues bien, hace tan solo unos días, la Comisión Europea (a los efectos que nos ocupan lo que vendría a ser la UEFA), ha salido a medio del campo con una televisión de 52 pulgadas anunciando que a partir de ahora hay que aplicar el Vídeoarbitraje, o sea, el VAR. Que eso del CIADI/FIFA no mola nada y que los tratados internacionales no son reglamentos válidos y que la única reglamentación que vale es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¡Si hay que dejar de ir al Mundial no pasa nada, en la Comisión tenemos importantes representantes que de copas saben bastante!

Tuvimos que entender que la seguridad jurídica era un concepto difuso en el que cabía que la Ley pudiese destrozar los derechos de la gente sin aparente justificación

En fin, si a todos nos causó sonrojo ver cuántas miserias salieron en el mundo del fútbol en los últimos tiempos, a los que nos dedicamos al derecho, más nos está sorprendiendo ver aquellas actitudes en el mundo de la energía. Primero, tuvimos que entender que la seguridad jurídica era un concepto difuso en el que cabía que la Ley pudiese destrozar los derechos de la gente sin aparente justificación. Ahora, nos encontramos con que los tratados internacionales no son Ley entre las partes y que la decisión soberana de un Estado de suscribir un acuerdo de este tipo también es volátil si vemos que nos perjudica más de la cuenta ¿Cuántas veces nos quejábamos en el pasado de conductas sospechosas con nuestras empresas en países “populistas bolivarianos”?

Pues eso, que lo de rearbitrar los conflictos de la energía con el VAR, sintonizando el canal que más nos convenga, no va a traer nada bueno, pues por mucho que reinterpretemos, todos sabemos que el codazo que en su día dio Tassotti a Luis Enrique fue un penalti y una expulsión como la Catedral de Burgos.

Fiscalidad ecológica 4.0, veinte años después

Por Jordi Ortega – Experto en Energía jordi ortega

Fiscalidad ecológica 1.0 a la ley de renovables

Hace veinte años tenía lugar un interesante debate sobre la fiscalidad ecológica. Los Verdes alemanes proponían en su programa electoral incrementar a 5 DM el litro de gasolina (aún no había euros, equivale a 2,56 euros). Realizarlo en 8 años. En aquella época el precio del barril de petróleo estaba a 12 dólares ¿Se hizo Los Verdes un “harakiri”? Su lema en la campaña electoral de 1998 era: “0,30 marcos anuales”. Tenía un error táctico: la “baja elasticidad” de la demanda. Era preciso un incremento inicial de 15%, de 0,50 DM; para, después, mantener crecimiento lineal del 5%. Buscaba mejorar la eficiencia energética, impulsar la innovación tecnológica, crear empleo y  reducir un 25% las emisiones de carbono.

En abril de 1999 se aprobaba la reforma fiscal ecológica a los pocos meses del formarse un gobierno de SPD y verdes en octubre de 1998. No era un impuesto ecológico “finalista”. Servía para reducir cotizaciones sociales. El crecimiento económico hasta la crisis energética se basaba en disponer de recursos energéticos abundantes y baratos, y distribuir rentas con impuestos sobre ingresos. Se gravaba a bienes y desgravaba a males. En el año 2000, a iniciativa del parlamento, ante la pasividad y resistencia del gobierno, se aprobaba una tasa finalista sobre el kWh: servía para retribuir la energía renovable con un precio regulado (FiT). En 1999 se aprueba “programa de 100.000 techos solares” (siguiendo el exitosos modelo en Japón, en Alemania hasta 2004 se instalan 400 MW).

Freno a la transición energética

Lo primero que cayó fue ese programa. Fue abolido en 2004 con la excusa de que los mercados de carbono actuarían de forma más eficiente. La tasa para retribuir a la renovable sobrevivió, quizá porque los resultados vendrían después. Se intensificó la presión para abolir la tasa finalista al kWh que el SPD mantuvo hasta que 2009. Cuando salieron del gobierno y entraron los liberales la eólica deja de ser retribuida a precio regulado, la industria dejó de pagar dicha tasa y se cubrió con la tasa la diferencia del precio de pool, no el precio de mercado. Los dos céntimos pasaron a ser 6 céntimos kWh.

En 2013 INSM lanzó la campaña: “650 euros por segundo de subvenciones”; reciclada en “520.000 millones de subvenciones a la transición energética hasta 2025” (incluida todos peajes que nada tenían que ver con las energías renovables). La reforma de 2013 y 2015 supuso sustituir precios regulados por precios competitivos de “subastas”. Se puso techos a las renovables, con subastas desiertas, y se apartó a los ciudadanos de una papel activo en la transformación del modelo energético. Hay muchos mercados que funcionan muy eficazmente con “precios regulados”. Desde el 2013 la tasa al kWh se mantuvo en 6 céntimos, pero frente los 24 GW instalados en 2010-2012, en 2013-2017 se instalaron, a pesar de menor coste, menos renovable que en 2004. La transición energética (Energie-Wende) se convierte en Final energético (Energie-Ende).

Fiscalidad ecológica 4.0.

Claudia Kemfert del Instituto Económico Alemán (DIW) reclamaba la necesidad de una fiscalidad ecológica 4.0. Equiparar los impuestos del diésel y gasolina, equiparar fiscalidad sobre electricidad y combustibles líquidos, pero también dar una “finalidad” a la fiscalidad ecológica. Los gobiernos regionales en Alemania han reformulado el “programa de 100.000 techos solares” de 1999 para, como señala Claudia Kemfert, pasar a edificios de consumo cero.

energiewende

Gravar con 2 céntimos el kWh no logra que la factura eléctrica aparezcan los 26,300 millones de euros que es el coste que se calcula tiene la generación con carbón en el cambio climático y la salud. La fiscalidad 4.0 no se basa en el dolor de un elevado coste del carbono. Las retribuciones garantizadas fomentan una competencia entre fabricantes solares atroz. Incluso limitando el potencial al dejar fuera a los menos eficientes acelerando caídas de precios. Es el mercado el que estimula la investigación, no los subsidios. La electrificación térmica de edificios pasa por programas de 100.000 bombas de calor (automáticamente lleva a casas bien aisladas térmicamente). Falta sistemas de almacenamiento: baterías y enchufes para coches eléctricos.

En la factura eléctrica no quedan reflejados los 26.300 millones de euros que la generación con carbón tiene sobre el clima, medio ambiente y la salud. La fiscalidad 1.0 busca cubrir con impuesto ese coste, la fiscalidad 4.0 busca prescindir de la generación energética fósil. La pregunta del sigo XX es cómo generamos electricidad cuando no hay sol, ¿con gas? La pregunta del siglo XXI es cómo usamos la energía renovable: por un lado aprovechamos su multifuncionalidad en bombas de calor, coche eléctrico, baterías, etc., y, por otro lado, optimizamos la energía acumulada. No podemos seguir pensando en cargar el coche eléctrico en horario nocturno con tarifas “más baratas”.

La falacia del precio del carbono

Los mercados de carbono solo han servido para una preferencia por el gas frente al carbón cuando el precio es muy elevado. El coste para el consumidor se calculó en Alemania en 7.000 millones de euros. Supuso que el coste marginal del carbón llevara beneficios extra a hidráulica y nuclear. La renovable al hundir precios convirtió la nuclear y carbón en tecnologías ruinosas. Una tasa que hasta 2009 no supero 2 céntimos kWh, en cambio, generó 400.000 empleos, masivas inversiones en renovables, modificó el mix energético, una competencia entre fabricante provocó una caída de precios. Esta es la finalidad que debe de tener la fiscalidad ecológica 4.0: arrastrar las tecnologías complementarias a las renovables en edificios a que se desarrollen para multiplicar la productividad de la fotovoltaica. Buscar sumar en cadena aceleradores.

La energía solar tiene la ventaja, respecto a otras tecnologías renovables, que no necesita dar el rodeo improductivo y antieconómico de ser vertida a redes centralizadas. En cambio no vemos más allá de los mercados de carbono y el precio del CO2. El grupo de expertos en transición energética formado en España para informar sobre posibles escenarios proponían una fiscalidad ecológica que queda por detrás de los planteamiento de los años 90. El único resultado es recaudatorio. Los “programas” son políticas industriales ecológicas que dejan atrás todas las políticas desarrolladas que hasta ahora.

Barreras mentales

Son necesarios “mercados directos” entre particulares. La idea de un mercado europeo de electricidad que regule las cantidades de producción y de una señala precios sirve cuando existen pocos generadores. Para innumerables generadores solo en el papel suena convincente. La misma convicción con la que afirmaba que los ordenadores portátiles suponían sobrecapacidad y era algo tremendamente antieconómico. Tenemos ejemplo de empresas que desaparecen por ser incapaces de cambiar el ADN de su modelo de negocio. Nokia se deshizo en los 90 de todo lo que le apartaba de la telefonía móvil, se centró en una sola cosa. Pero en 2007 fue incapaz de ver que la tendencia era el Smartphone: desapareció. La industria del automóvil piensa que el motor diésel tiene recorrido. Aunque logre un 60% de eficiencia nunca alcanzará la eficiencia del motor eléctrico. Igual que una cámara digital siempre será más eficiente que otra con carrete. Si la fiscalidad 1.0 se pelea contra la realidad fósil, la fiscalidad 4.0 crear ese otro modelo que deja el modelo fósil obsoleto.

El desafío es poner a ciudadanos “programas” para acelerar el cambio. Las actuales subvenciones crean cuellos de botella, se acaban a las horas de salir publicadas. La fiscalidad ecológica 4.0 crea ese flujo de recursos ¿Qué hacen las empresas energéticas convencionales para adaptarse? Buscarlas rentas monopólicas de distribución cómodas y seguras pidiendo al gobierno ampliar redes. El gobierno alemán modifica la directiva para que a partir de 2026 la nueva fotovoltaica en autoconsumo garantice esos cómodos beneficios de las inversiones en redes. La negligencia del gobierno federal alemán lo compensan ciudades y regiones. Necesitamos aquí ese enfoque “finalista” e ir, directamente, a la fiscalidad ecológica 4.0. Acelerar, con programas, las tecnologías que respondan a las preguntas del siglo XXI.

Oleada de países que deciden prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el mar

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava


En diciembre del año pasado contábamos en este blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Desde entonces otros países han dado pasos importantes en la misma dirección. Así, el pasado mes de febrero, el Parlamento irlandés aprobó una Proposición de Ley sobre “Medidas de Emergencia Climáticas” que incluye que el gobierno no podrá conceder nuevas autorizaciones para la exploración de petróleo y gas en el mar. Ya en 2017 Irlanda promulgó una ley que prohíbe el fraccionamiento hidráulico (fracking) en tierra firme.

Hace sólo unos días, el pasado 12 de abril, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país ha prohibido la realización de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción de alta mar (la Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta).

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050. Aunque la  medida no afectará a una serie de permisos de exploración de hidrocarburos ya concedidos, cuya vigencia se prolongará durante una década más, es un gran paso adelante, coherente con los objetivos del Acuerdo de París, que ha sido celebrado por amplios sectores de la ciudadanía del país y por los grupos medioambientalistas.

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050

Estos han recordado, por ejemplo, que la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o recorren las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta. La medida del gobierno reduce la amenaza a los cetáceos y al resto de fauna marina de sufrir los negativos efectos del ruido submarino provocado en las campañas de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos o de que se produzcan derrames de petróleo.

Poco a poco, el espíritu del Acuerdo de París va tomando forma en diversas normas legales, en países donde los compromisos internacionales se toman en serio. Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Es más, el Gobierno Rajoy se empeña en mantener abierta la puerta a las compañías del sector de hidrocarburos, para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (en aguas profundas; y mediante la tecnología del fracking).

Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Así, hay que recordar que en 2017 el Gobierno, amparándose en un informe del Ministerio de Energía plagado de falsedades y que nadie se atrevió a firmar, vetó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Proposición de Ley del Parlamento balear  (donde se aprobó por unanimidad),  promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, cuyo fin era que no se autorizasen nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo.

El veto salió adelante en la Mesa del Congreso, donde debía tomarse la decisión de aceptar o no el veto del Gobierno, gracias al apoyo de los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos en ese órgano, pese a que éste grupo previamente se había manifestado completamente a favor de su tramitación. Otras 62 proposiciones de ley presentadas a lo largo de la legislatura por los grupos parlamentarios de la oposición o por parlamentos autonómicos han sido bloqueadas siguiendo ese mismo mecanismo. Como aquella que perseguía la eliminación del “impuesto al Sol”, proposición de Ley que fue promovida por todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, aunque luego él mismo, incoherentemente, se vetó a sí mismo en la Mesa del Congreso.

El argumento de Ciudadanos era que no podían oponerse legalmente a los vetos del Gobierno, pese a informes de los letrados de la cámara que aducían lo contrario. Ahora una sentencia del Tribunal Constitucional certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si, por ejemplo, afectan a ejercicios presupuestarios futuros (y no al que está en vigor). Ahora Ciudadanos no podría escudarse en que no podía oponerse en la Mesa del Congreso a los vetos del Gobierno a las Proposiciones de Ley, como las ya citadas. Quizá ahora la situación cambie y se puedan levantar esos vetos.

El Gobierno y todos los partidos políticos deben entender que seguir apostando por la exploración y explotación de combustibles fósiles solo sirve para obstaculizar la inevitable transición hacia un modelo energético sostenible al tiempo que exacerba los conflictos, alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad, limpia el agua y el aire e infringe los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades vulnerables, como sostiene la Declaración de Lofoten.

Ni el gas natural es ecológico ni la energía nuclear es sostenible

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Cuando empieza a haber un amplio consenso entre la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para actuar frente al cambio climático, los sectores energéticos tradicionales maniobran, poniendo en marcha toda su capacidad de influencia mediática, ofreciéndose como parte de la solución, confundiendo y engañando a los ciudadanos, con el único fin de seguir salvaguardando sus intereses y, por tanto, asegurarse durante más tiempo sus pingües beneficios. En este contexto, llama la atención el fuerte interés por apostar por el gas natural y la energía nuclear como energías válidas para la transición energética.

En una reciente visita a la hermosa ciudad de Salamanca, observo que muchos de los autobuses urbanos de esta ciudad funcionan con gas natural. Para mi sorpresa, en todos ellos pone “Soy ecológico: propulsado con gas natural”. Vayamos por partes. Según los conceptos ampliamente aceptados, un producto lleva la etiqueta de ecológico cuando no produce daños al medio ambiente. El gas natural es una fuente de energía fósil, formada por una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros. Su combustión produce gases de efecto invernadero, si bien es cierto que en menor medida que los derivados del petróleo y que el carbón. La razón por la que produce menos C02 es que su principal componente es el metano. Sin embargo este gas cuando se escapa, bien durante su extracción o en su distribución, supone un daño 23 veces mayor al efecto invernadero que el dióxido de carbono.

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El pequeño gran poder de los ciudadanos y de las ciudades en el ámbito energético

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

Ciudad sostenible
El futuro empieza a estar en nuestras manos si nos organizamos y empoderamos con energía.

Disponemos de tecnologías energéticas y a precios cada vez más asequibles  en un sistema energético  cada vez más electrificado. En España, según la reciente propuesta de la Fundación Renovables, para el escenario energético español en la próxima década, horizonte 2030, se puede duplicar la electrificación de la energía final consumida que en el caso de los hogares puede ser  del 100%. Podemos reducir nuestro consumo residencial de energía eléctrica y cubrir este menor consumo con electricidad de fuentes renovables implantadas en nuestro entorno cercano y funcionando en régimen de balance neto o autosuficiencia conectada. Disponemos de Instalaciones de renovables, solar fotovoltaica con o sin baterías, que se pueden implantar en nuestro hogar, edificios comunales o en el entorno cercano, barrio, ciudad, municipio y con múltiples variantes en cuanto a la propiedad: privada, compartida, mancomunada, municipal … o sea nuestras, como “prosumidores” o de alguna forma nuestras en común como “prosumidores” cooperativos.

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Hacia una Transición Energética Sostenible

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La Fundación Renovables ha presentado hoy a la sociedad española sus Propuestas de Política Energética como contribución al necesario debate nacional sobre la Transición Energética a la que estamos abocados. Hacia una Transición Energética Sostenible es la actualización y ampliación del documento presentado en octubre de 2015 ante la convocatoria electoral de diciembre de ese año, “La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía”, al que damos continuidad en ideas y planteamientos, pero con mucha más ambición.

Lamentablemente, hemos perdido treinta meses en la tarea de cambiar de forma drástica nuestro modelo energético como requiere, en primer lugar, la lucha contra el cambio climático, tarea en la que el Acuerdo de París de enero de 2016 —pese a sus limitaciones— marca claramente que la senda pasa por la transformación radical de la forma en la que hoy usamos la energía. Reclaman también esa transición diversos factores propios de nuestro país como lo son, entre otros, la altísima tasa de dependencia energética —un auténtico lastre para nuestra balanza comercial—, los desajustes del Sistema Eléctrico que desembocan en uno de los recibos de la luz más caros de Europa o la lacra de la pobreza energética que nos avergüenza o debería avergonzarnos como sociedad.

Hemos perdido treinta meses en la tarea de cambiar de forma drástica nuestro modelo energético como requiere, en primer lugar, la lucha contra el cambio climático

En este documento hacemos todavía más incidencia en la necesidad de actuar en la ciudad de forma global, como escenario principal de ese cambio de modelo energético, con propuestas que van desde la configuración urbanística, la recuperación del barrio como espacio de convivencia, la rehabilitación y, por supuesto, la transformación de la movilidad y la autosuficiencia energética.

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Acordar una política climática valiente es posible

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Francia en el mapa

Celso Flores / Flickr

No es ciencia ficción. Es posible llegar a un acuerdo entre fuerzas políticas en principio antagónicas para decidir acabar con el uso del carbón, forzar a las empresas a reducir sus emisiones e incluso exigirles responsabilidades por su papel en el cambio climático.

El ejemplo nos viene de Alemania, donde hace justo un mes (miércoles 7 de febrero) se cerró el acuerdo entre el partido de Angela Merkel (el conservador CDU), su socio bávaro CSU y el partido socialista SPD, para formar un gobierno de coalición, acuerdo que han ratificado las bases socialistas este mismo fin de semana. No debe haber sido tarea fácil, dado que las elecciones fueron en septiembre, pero la voluntad política ha sido capaz de sobreponerse a las dificultades.

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No mirar para otro lado, las renovables son la solución

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Los costes a los que las energías renovables pueden hoy en día generar electricidad son imbatibles comparados con los de las tecnologías convencionales como el carbón, el gas o la nuclear y seguirán bajando.

Tecnologías renovables fluyentes como el viento o la fotovoltaica están en condiciones de ofertar en nuestro país a 4 c€/kWh y las centrales termosolares con almacenamiento, que permitirían suministrar la electricidad a cualquier hora del día o de la noche a 6 c€/kWh.

En un país soleado como España una parte del mix de generación al 50% entre instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas en industrias y domicilios y centrales termosolares tendría unos costes de generación en torno a 5 c€/kWh. En términos de potencia instalada equivaldría a 2/3 fotovoltaica y 1/3 termosolar, ya que estas últimas, con un campo de espejos sobredimensionado y su correspondiente almacenamiento, operarían prácticamente el doble de horas nominales que las fotovoltaicas.

Estas dos tecnologías juntas podrían representar en 2030 más del 50% de la electricidad generada en España, ofreciendo costes inferiores al mantenimiento de las centrales de carbón y a los ciclos combinados y su instalación actuaría como una potente palanca para la dinamización de nuestra economía y la generación de empleo de calidad.

Estas dos tecnologías juntas podrían representar en 2030 más del 50% de la electricidad generada en España, ofreciendo costes inferiores al mantenimiento de las centrales de carbón y a los ciclos combinados.

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Islas Baleares señala el camino con su Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Imagen: Wikipedia

La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear ha anunciado públicamente de forma reciente las líneas generales del Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está preparando.

Por lo que hemos podido conocer se trata de una ley con objetivos muy ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, actualmente inmensamente dependiente de los combustibles fósiles.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará. Para ello, se pretende avanzar hacia la soberanía energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el incremento de la eficiencia energética (un 20% para 2030 y un 40% para 2050) y de la generación eléctrica con energías renovables (que supondrían el 35% en 2030 y el 100% en 2050), hacer una gestión inteligente de la demanda de energía, impulsar su democratización y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará.

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