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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Archivo de la categoría ‘Política energética’

El Paquete de Energía Limpia: una década perdida para la energía y el clima

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Bandera con estrellas amarillas

“El Paquete de Energía Limpia propuesto por la Comisión Europea y actualmente en fase de discusión supone, más allá de una transición energética suave, un retraso para el cumplimiento del Acuerdo de Paris”, así lo manifestaba el eurodiputado Claude Turmes, uno de los principales impulsores de las renovables en Europa, en la presentación que realizó durante la pasada Asamblea General de Climate Action Network Europe (CAN Europe).

En su intervención abogó por establecer al 2030 unos objetivos más ambiciosos que los propuestos por la Comisión y vinculantes a nivel nacional. Una transición continua para poder alcanzar en 2050 una economía basada en energías renovables y completamente eficiente debería implicar al 2030 una reducción de nuestras emisiones contaminantes en al menos un 50% respecto a los niveles de 1990, frente al 40% actualmente propuesto, y unos objetivos de renovables del 45% y del 40% en eficiencia energética, muy superiores al 27% y 30% propuestos por la Comisión Europea.
Como se puede observar en el gráfico adjunto, trasladar a la siguiente década acciones que se deberían adoptar en el periodo 2020-30, supone de facto generar un volumen de emisiones superior al que correspondería a esa década a partir del “presupuesto de carbono” de la Unión Europea- cantidad de CO2 que se puede emitir al 2050 con el fin de permanecer por debajo de los 2 ºC respecto a los niveles pre-industriales establecido en el Acuerdo de París. Lo que obligaría a la siguiente década implantar actuaciones adicionales mucho más ambiciosas y acortar el horizonte temporal de reducción a poco más del 2040.

En estos momentos en que en España se acaba de cerrar el periodo de consultas para la elaboración de la tan necesaria y urgente Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que se establecerá la senda de descarbonización a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono, no dejan de sorprender las continuas declaraciones que se vienen realizando, precisamente desde el Departamento de Energía, orientadas a preservar el statu quo del modelo actual y proteger instalaciones obsoletas.

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Transición energética, ¡la decisión es política!

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Decisión

Estamos ante una opción estratégica de enorme trascendencia para el futuro de nuestra economía, medio ambiente, progreso y el bienestar de la sociedad española en general. Tenemos que conformar nuestro futuro energético y hacerlo de forma urgente ante la ausencia de planificación y política energética en general, sobre todo de la última década o, lo que es peor ante la existencia de una “contrapolítica” nefasta, iniciada ya en la segunda legislatura de Zapatero y perfeccionada con perversa eficiencia (decía Bill McDonaugh que “hay algo peor que un nazi, y es un nazi eficiente”) en las legislaturas de Rajoy con los hermanos Nadal como preclaros agentes.

Una reciente artículo de Javier San Pedro en El País, glosando al nuevo Nobel de Economía, Richard Thaler (quien ha demostrado que somos irracionales como agentes económicos, en contra de lo establecido), concluía con algo que viene a cuento y es que “la política puede ayudarnos a planificar mejor”. Para el Nobel de Economía las decisiones complejas requieren ciertamente el concurso de políticos, expertos y ciudadanos en democracias maduras participativas, aunque reservando un papel primordial a la política como gestora de los riesgos a asumir en estos casos. Política que, como bien se viene mostrando en el caso español, debería hacerse en el Congreso en casos como el de la transición energética y en base a propuestas del Gobierno o, en su ausencia, a iniciativa del Congreso si, como es el caso actual, puede haber una mayoría suficiente en la oposición.

Me meto en estas honduras para exigir que la respuesta al desafío del cambio climático y a la conformación de la necesaria y oportuna transición energética que se pretende instrumentar en una cacareada Ley venga de la política y ya, urgentemente. Y es que, con la habilidad y eficiencia que caracterizan al ministro Álvaro Nadal, se ha puesto en marcha un proceso por el que se hurta a la política, al Congreso y a la ciudadanía la conformación urgente de la transición energética.

En primer lugar, el Gobierno no ha dado unas mínimas referencias en cuanto a su propósito, visión y objetivos en el tiempo de la política energética que pretendería instrumentar con la citada Ley. Lo que sí ha hecho en cambio el Ministro Nadal recientemente es criticar la política y estrategias de descarbonización de la Unión Europea (Hoja de Ruta para una Europa  baja en Carbono, Hoja de Ruta de la Energía para 2050, Paquetes 2020 y 2030 y Unión Energética) contraponiéndolas a las medidas ahora iniciadas por EEUU con Donald Trump para reforzar la carbonización de su economía lo que, según Nadal, colocaría a la UE en desventaja en los mercados. Tal afirmación, además de irresponsable es falsa como bien han demostrado las ventajas competitivas de la UE por haber firmado y cumplido con el protocolo de Kioto.

En segundo lugar, en este contexto de falta de referencias políticas, o más bien equívocas, el Gobierno se tira el pegote de abrir una extensa consulta pública pidiendo aportaciones de colectivos, agentes socioeconómicos, ONGs …que, por supuesto serán, además de bien intencionadas, bien informadas, pero siempre sin saber muy bien para qué. Muchos parecen contentarse con la falsa esperanza de que les servirá para presentar alegaciones cuando se presente el Proyecto de Ley, lo que ya es un indicador de lo baldío del ejercicio.

En tercer lugar, el Gobierno, también humildemente, se ha sometido a atender el dictamen y propuestas en materia de transición energética de un grupo de 14 expertos identificados a propuesta de partidos políticos y agentes socioeconómicos. Aunque siempre sin someter cuál es la política a futuro a la que deben dar respuestas técnicas.

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Si llegamos tarde, perdemos

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

tiempo

Si el mercado eléctrico no estuviese revestido de unas características que lo distancian de forma notable de otros mercados al uso, el pulso que hoy se libra en nuestro país entre tecnologías renovables y tecnologías convencionales se habría producido ya diez años atrás. Más aún, el protagonismo de la administración en el proceso de transición no iría más allá de un limitado papel de vigilancia en evitación de abusos entre competidores y de defensa de los derechos del consumidor.

Así sucede en uno de los sectores que más reticente se ha venido demostrando a la hora de enfrentar su inevitable mutación, como es el que comparten los imperios del petróleo y del automóvil. Por más que la industria del motor se ha resistido a aceptar su destino, y los gobiernos han venido arrastrando los pies haciendo gala de una injustificable miopía, el vehículo eléctrico va ganando terreno a su predecesor cubriendo a velocidad anual etapas que los más optimistas habían calculado en lustros.

En uno de sus primeros discursos como presidente, Barack Obama asignaba a quienes más rápido avanzasen en la implantación de las energías renovables el papel de líderes económicos del futuro; siendo así que los países que antes culminen sus transiciones energéticas, estarán en condiciones de garantizar plataformas de certidumbre para la inversión en la práctica totalidad de sectores industriales.

Plantear en este escenario una propuesta de prolongación de la vida útil del parque nuclear, como el Gobierno acaba de hacer público en estas últimas semanas, equivale a ralentizar y encarecer nuestra transición energética como país y, en consecuencia, a renunciar en favor de terceros a toda expectativa de modernización industrial.

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Irresponsabilidad y falta de rigor en la política energética

Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Mercado bursátil

El pasado jueves la cotización bursátil de todo el sector eléctrico español sufrió un importante retroceso con una pérdida de valor en bolsa de 2.300M€ en una jornada en la que el resto de valores no tuvo prácticamente variación.

Las razones de dicho descalabro están asociadas a la publicación de un informe del banco de inversión Goldman Sachs en el que consideraba que el sector eléctrico español estaba sobrevalorado a tenor de las informaciones que analistas del banco habían recibido directamente, como previsiones, por parte del Secretario de Estado de Energía, David Navia.

De esta situación se pueden sacar al menos dos conclusiones: la primera es la capacidad de los bancos de inversión de alterar el valor de mercado de las empresas y la segunda la irresponsabilidad política y económica del equipo del Ministro de Energía, Alberto Nadal. Irresponsabilidad no solo por las consecuencias de crear una alarma gratuita y sin soporte real en los mercados y en los inversores al trasladarles como reales las consecuencias de una política energética de ficción, sino también por la continua banalización de la proyección de magnitudes a las que el ministro y su secretario de estado nos tienen acostumbrados.

La información trasladada a Goldman Sachs estaba centrada en dos previsiones fundamentales: la pérdida de retribución, a partir del 2020, del 40% de los negocios regulados (base de la cuenta de resultados del sector eléctrico español) y la reducción del 30% de la retribución a las renovables, como si no les hubieran infringido suficiente castigo en el pasado, situación que puede originar un nuevo agujero financiero en los bancos por la imposibilidad de pago de la deuda existente en sus balances al financiar inversiones en energías renovables.

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Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

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Energía. Entre la inseguridad jurídica y la levedad política

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante un acto público.

Cuando allá por el año 2009 el Gobierno por entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero refirmaba su intención de no prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña a la finalización de su vida útil de diseño de cuarenta años, el Partido Popular puso en marcha una intensa campaña político-mediática con la intención explícita de desacreditar, por ideológica y fuera de razón, una decisión que había estado presente en el amplísimo debate abierto en torno a la Ley de Economía Sostenible y que igualmente venía formando parte de la propuesta energética de los socialistas expresada en sus resoluciones congresuales y programas electorales.

Manifestaban los entonces portavoces en la oposición, con Mariano Rajoy al frente y el hoy ministro de energía como fiel escudero en el empeño, que era poco menos que una insensatez impropia de un Gobierno democrático la intervención política en un espacio, el de la energía, que debía dejarse mecer única y exclusivamente por las reglas del mercado. Y que cualquier intromisión del Ejecutivo con visos de planificación en el sector, implicaba poco menos que el retorno a los modos de hacer de la Rusia Soviética.

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El misterio de la comisión de expertos

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

interrogante

Cuando un gobierno o administración tiene que tomar una decisión difícil, monta una comisión de expertos para que le ilumine sobre qué es mejor decidir. Cuando un gobierno o administración quiere marear la perdiz y alargar un tema sin tomar ninguna decisión, monta una comisión de expertos para tener al personal entretenido mientras el gobierno en cuestión sigue haciendo lo que le venga en gana.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, cuyo objetivo será aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima.

¿Cuál es el verdadero motivo de esta comisión de expertos? ¿Iluminar al gobierno o marear la perdiz? Pronto lo sabremos, pero de momento hay indicios que no señalan nada bueno.

Para empezar, su composición: catorce integrantes, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Que el gobierno quiera designar expertos de su confianza es normal, siempre que no elija a aquellos que solo vayan a recibir instrucciones o solo digan aquello que el gobierno desea oír.

Que otros integrantes vengan marcados con color político ya huele un poco peor, porque ahí nos podemos temer que cada cual intente arrimar el ascua a su sardina, y los expertos reproduzcan el debate parlamentario, solo que con una mayoría que asegure al gobierno salirse con la suya. Habrá que estar muy atentos no solo a los argumentos (que serán los esperables según el color político) sino al fundamento que aporten para defenderlos.

Respecto a los expertos a designar por los agentes sociales, la cosa ya huele a naftalina. ¿Quiénes son los agentes sociales? ¿Por qué la patronal y los sindicatos mayoritarios pueden designar sus propios expertos, y el resto de la sociedad no? ¿Por qué una asociación ecologista o de consumidores no puede aportar expertos que defiendan su punto de vista? ¿Será que no tienen representatividad social, o será que pueden defender propuestas que no gusten al gobierno?

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Por fin las eléctricas abren el melón del escenario 2030

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Ha sido el Consejero Delegado de ENDESA quien lo ha hecho, quien por fin se ha atrevido a abrir el melón del escenario 2030 que venimos reclamando, aunque lo haya hecho a propósito o simplemente por intentar salvar los muebles en el tema de las centrales nucleares. 

Según informan los medios, recogiendo su intervención en la UIMP el pasado 21 de junio y en declaraciones posteriores, el Sr. Bogas, para justificar que se extienda de 40 a 50 años el periodo de vida útil de las centrales nucleares, nos ha dejado perlas que bien merecen ser engarzadas adecuadamente para responderle a ese pequeño órdago que ha echado al Gobierno y a la sociedad en general.

Es un buen comienzo el que haga suyas las palabras del Ministro Nadal de que “las políticas energéticas no pueden supeditarse solo a decisiones económicas”. Ya era hora de que lo descubrieran. Estamos ante un desafío fundamentalmente político y hay que responder con políticas a medio y largo plazo, no con parches y decisiones cortoplacistas y descontextualizadas, como es el caso español. En España no existe  política energética que no sea la de anteponer los intereses de las eléctricas y energéticas al interés general, además de responder tarde y mal a los compromisos de la Unión Europea, como muestra la desacertada subasta de renovables de mayo y la anunciada para junio con el objetivo de tratar de respetar el objetivo comunitario del 20% de participación de las renovables en la energía final en 2020.

También opina el Sr. Bogas que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en “un tema tan importante como este”. Se refiera ya sea a las centrales nucleares o a las políticas energéticas, no deja de tener cierta gracia porque es algo que no solo “se deja” sino que todos reclamamos al Gobierno. Efectivamente, queremos que se manifieste sobre cuál es su política energética a medio y largo plazo, su plan de transición energética a 2030-2050 como cualquier país que se precie e incluyendo su plan de cierre de centrales nucleares (lo tiene para no cerrarlas). Y queremos que lo someta todo a un debate político y público, en lugar de su política “por entregas”, con la cual va secuestrando y robándonos un futuro energético sostenible y deseable.

El caso más evidente de este reduccionismo es el debate abierto por el Gobierno utilizando Garoña como punta de lanza con el que quieren blindar las centrales nucleares para el escenario energético 2030 que ahora por fin tendrán que exponer después de haberlo prometido desde hace ya más de diez años.

Es una buena propuesta viniendo del Sr Bogas, que el Gobierno finalmente explicite su política, planes, escenarios… energéticos y los someta a debate público y consenso político porque no hacerlo podría calificarse de “prevaricación política”.

Finalmente entramos ya en materia cuando el Sr. Bogas se aventura en un escenario 2030 que inexorablemente implica una gran penetración de las  renovables, para lo cual no hacen falta enjundiosos estudios de prospectiva, ya que la UE con sus tres Hojas de Ruta 2050 y con el llamado paquete 2030 (pendiente de revisión al alza en el Parlamento Europeo) ha concretado los objetivos a los que España tendrá que contribuir. Objetivos que en el caso de las renovables va a ser como mínimo del 30% de participación en la energía final.

Como esto significaría como poco pasar de los 100 Twh actuales a 150 Twh, el Sr. Bogas anticipa que será necesaria  una potencia adicional  de generación con renovables unos 30.000 MW

El Sr. Bogas va más lejos al señalar que “si en esa transición (hacia el escenario 2030) eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios”, y que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería “físicamente imposible”. “Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares“, añadió.

Con esto y por primera vez alguien tan relevante de UNESA nos ha esbozado las dos alternativas básicas de generación eléctrica con renovables para el escenario 2030, ambas de mínimos (podrían tener que mayorarse por exigencias del esfuerzo compartido para alcanzar la reducción de emisiones de más del 40% en 2030 o simplemente por convenir a España). Una con centrales nucleares, que significaría cubrir un 60% de la generación eléctrica, y otra sin centrales nucleares en la que cubrirían el 80% que, no es por casualidad, se corresponde con las Propuestas de política energética de 2015 de la Fundación Renovables.

Este escenario sin centrales nucleares, con renovables a tope, con menor consumo de energía final y mayor electrificación es el escenario necesario deseable y oportuno para España. Necesario para contribuir responsablemente a mitigar el Cambio Climático, del que además somos víctimas preferentes, y librarnos de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Deseable aunque no hubiera Cambio Climático porque es un paso enorme hacia el futuro, hacia la “autosuficiencia energética conectada” considerando su alto potencial en renovables y es un escenario oportuno porque no solo nos liberaría de las importaciones de combustibles fósiles que suponen entre 25.000 y 40. 000 M€ al año sino porque potenciaría enormemente nuestra industria de renovables (líder incluso con el abandono actual de las renovables) y empleo de calidad.

Solo hace falta demostrar, en contraste con lo que dice el Sr. Bogas que este escenario de generación eléctrica 2030 es viable y gestionable en términos socioeconómicos si se plantea con firme propósito político.  Un escenario sin centrales nucleares ni de carbón y con hasta un 80% de generación con renovables, en gran parte distribuida y en autoconsumo, con el mix adecuado: eólica, fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, biogás, centrales hidráulicas, muchas reversibles… y gestionadas en parte por el operador (Red Eléctrica Española).

Lo mejor es que demostrar que es viable y gestionable no tiene un coste elevado considerando las inversiones involucradas y los beneficios derivados del mismo. Según las consultas que personalmente he hecho en nombre de la Fundación Renovables, la realización de un ejercicio simple de análisis de simulación realizado en abierto, mediante discusión en un foro permanente, tanto de las hipótesis de partida como de los escenarios alternativos a 2030 y 2050, tendría un coste aproximado del orden de los 80-90.000 €, una cifra que sí parece físicamente posible (menos de 2 ppm, o dos euros por millón de  inversión). Este análisis tendría en cuenta las obligaciones al respecto tanto de la Unión Europea, del Acuerdo de París y las que serían deseables con el objetivo de mostrar, esperemos,  la viabilidad física, en coste/eficiencia en generación-transmisión y gestionabilidad, de estos escenarios (o de un “proxi”) que el Sr. Bogas considera imposibles físicamente.

¿Quién está dispuesto a financiarlo? Para el sector eléctrico esto no sería un quebranto, tampoco para el de renovables y aún menos para el Ministerio ya que es su obligación y algún ejercicio tendrá que hacer. En último extremo y, dado que los ciudadanos parece que seriamos los más beneficiados del mismo, si los agentes anteriores no responden quizás deberíamos recurrir al “crowd funding”. Sería vergonzoso tener que hacerlo.

Gracias Sr Bogas por abrir el melón.

 

 

Menos subvenciones y más planificación en política energética

 Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

planificar

La ausencia de planificación energética en España está suponiendo la toma de decisiones de carácter puntual que están basadas en la aprobación de partidas presupuestarias para subvencionar actuaciones concretas.

La subvención como medida puntual carece de valor si no forma parte de un plan integral de actuación, y además está en el origen de muchos procesos especulativos y de corrupción motivados por la propia concepción de la iniciativa a subvencionar y por el proceso arbitrario de adjudicación, que en muchos casos ayuda a proyectos con el único fin de captar los recursos públicos ofertados en el plan de ayudas.

Si analizamos las medidas que el gobierno ha adoptado en las últimas semanas, podemos observar cómo éstas han estado basadas exclusivamente en aprobar partidas presupuestarias, en forma de subvención, en vez de enclavarlas dentro de planes de carácter más global. Veamos algunos ejemplos de actuaciones recientes.

– Plan Movea como apoyo a la incorporación del vehículo eléctrico. Su concepción como ha pasado en años anteriores se ha definido solamente a través de la aprobación de una línea de subvención. Los resultados para el Gobierno los podríamos considerar como buenos porque en un tiempo record se aplica a su finalidad dicha partida presupuestaria, pero en términos reales el resultado es claramente insuficiente sobre todo si constatamos que la penetración ha sido inferior al 2 por mil de todos los vehículos matriculados o si los comparamos con los resultados de los planes que han puesto en marcha otros países como Noruega, Holanda, Francia que lideran la penetración del Vehículo Eléctrico.

Trabajar por la movilidad sostenible exige un plan integral que incorpore una política fiscal activa que grave los vehículos más contaminantes y apoye a los que menos emisiones produzcan y especialmente a los vehículos eléctricos, planes de accesibilidad a infraestructuras y ciudades de carácter global y no dejar exclusivamente esta labor a los ayuntamientos sin que estos cuenten con medios y capacidades suficientes, medidas que faciliten los sistemas de carga tanto individual como de carácter público, sistemas de intercambio de energía bidireccional vehículo/red….

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