El gas natural amenaza a la Comisión Europea

En marzo de 2018 la Fundación Renovables publicó un informe titulado Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. En él se incluían más de 300 medidas innovadoras y disruptivas enfocadas, por un lado, a fomentar el ahorro y la eficiencia energética y, por otro, a que las renovables fueran la base de la oferta de energía, erradicando el consumo de combustibles fósiles.

El informe fue presentado y analizado con la mayoría de los grupos políticos con el fin de trasladar que era posible, técnica y económicamente, que la transición energética se convirtiera en una oportunidad de desarrollo para España y que las medidas propuestas fueran la base para un modelo energético mucho más sostenible, inclusivo y justo.

Muchas de las medidas han ido, aunque no con la ambición deseada, incorporándose en el día a día dentro del ideario de política energética del gobierno, porque eran medidas lógicas que debían ser desarrolladas en el tiempo.

El pasado miércoles día 20, la Comisión Europea comunicó el objetivo de reducir en un 15% el consumo de gas natural de todos los Estados miembros con el fin de paliar los efectos de un potencial y previsible corte total de suministro desde Rusia, una reducción que debería llevarse a cabo desde agosto de este año a marzo de 2023. También, aunque ha pasado desapercibido, ha incluido la permisión de subvencionar con dinero público la reactivación de las centrales de carbón y fuel para generación eléctrica. La decisión de la Comisión es, ante todo, extraña porque es curioso como las medidas de ahorro y eficiencia han brillado por su ausencia en su política, dejando la decisión en manos de los gobiernos nacionales e, incluso, se han considerado como inversiones sostenibles el gas natural y la nuclear. El problema ha sido la exigua previsión y ahora se pretende una reducción drástica y sin considerar las particularidades de cada país, cuando se podía haber llegado de forma tranquila y sosegada a que Europa no dependa tanto del gas natural.

Esta situación está causada por la inexistencia de una “Política Energética Común”, que siempre hemos reclamado, por parte de la Comisión Europea, lo que ha supuesto que cada país tenga todos los grados de libertad para fijar su mix energético y sus relaciones contractuales de suministro. Poner en duda si esta medida debe ser atendida o no por los países miembros rompería la base de actuación de la Unión Europea del hoy por ti y mañana por mí, pero no cabe duda de que esta medida debería ser definida e incluida dentro del paquete “Fit for 55”, atendiendo a las particularidades de cada país y a su situación de independencia ya que hasta este momento es la propia Comisión la que ha da todos los grados de libertad para actuar.

En nuestro documento de 2018, actualizado en 2020 en base a la recuperación económica tras la pandemia y la movilización de más de 60. 000 M€ (con cargo a los Fondos Next Generation), planteábamos una política decidida y ambiciosa para electrificar la demanda y erradicar el consumo de combustibles, especialmente del gas natural, por su papel de vector energético clave de la transición energética. Se incluyeron medidas para reducir la presencia del gas natural sin poner en duda la transición y la gestionabilidad del sistema, entre las que podríamos destacar:

  • Objetivo de electrificación 100% del sector residencial, eliminando el suministro de gas mediante la incorporación de bombas de calor y fomentando el 100% eléctrico que, hubiera permitido eliminar uno de los dos contratos que suelen tener nuestras viviendas, contratos con una componente fijada políticamente y de forma desorbitada para cubrir los costes del sistema gasista y eléctrico fruto de inversiones que no se planificaron.
  • Eliminar la publicidad de los combustibles fósiles y evitar que quien vende electricidad venda también gas.
  • Imponer a las comercializadoras de gas objetivos de reducción del consumo por parte de sus clientes.
  • Iniciativas para la no renovación de calderas de gas y la obligación de cambiar a sistemas de bomba de calor.
  • Establecimiento de certificados energéticos a las viviendas según su comportamiento energético no dependiente.
  • Prohibición de venta de nuevas calderas de gas y gasóleo.
  • Compromiso de que los edificios de más de 1000m2 de superficie construida fueran de consumo casi nulo y siempre, independientemente de la superficie, 100% eléctricos.
  • Rehabilitación de 750.000 viviendas/año, de las que 250.000 fueran vulnerables y se realizara con fondos públicos.
  • Rehabilitación de un 3% de los edificios públicos al año con 100% de electricidad.
  • Eliminación de los vehículos de combustión interna con gas.
  • Implementar una consideración fiscal activa para la eliminación del gas natural, tanto en la reducción y gravamen del IBI, como en el tratamiento del gas y de la electricidad.

En el sistema eléctrico, al margen de la imperiosa eliminación del modelo marginalista, apostamos por la cogeneración frente a los ciclos combinados, situación que apoya a la industria y que permitiría que una unidad de gas se consumiera con el doble de rendimiento. De hecho, en la actualidad, el 11% de la electricidad generada es en plantas de cogeneración frente a una media del 17% en ciclos combinados, situación que debería hacer plantearse al gobierno si no sería lógico que una forma de reducir los consumos de gas en energía primaria fuera con un plan de fomento eficiente de la cogeneración.

Por otro lado, debemos reflexionar si como país hemos avanzado en la lucha contra la dependencia de los combustibles fósiles y la reducción del consumo de gas natural, tanto en el sector residencial como en el industrial, promoviendo la electrificación de la demanda. Y, sinceramente, creo que no hemos puesto encima de mesa los compromisos y el potencial que verdaderamente tenemos. A la vez, reclamamos, desde el plano individual al compromiso colectivo, nacido desde la regulación, la difusión de una nueva cultura de la energía en la que el ahorro energético y el consumo responsable sean la piedra angular.

Ahora nos acordamos de la emergencia climática por las sucesivas olas de calor y por sus devastadoras consecuencias en pérdidas de vidas y en catástrofes naturales. Solo mencionar que en septiembre de 2019 se votó su declaración en el Congreso y que no es suficiente con recordar cual es nuestra situación, sino que necesitamos pasar a la acción y poner medidas para combatirla y fijar presupuestos y objetivos acordes con la magnitud del problema.

Es una realidad que debemos dejar de consumir gas, tanto si viene de Rusia, por gaseoducto, como si viene de Estados Unidos, procedente del fracking., Pero este desacoplamiento del gas debe ser planificado y programado desde la racionalidad de los procesos y no desde la falta de sensibilidad de los gobernantes. Obviamente, pensar que en seis meses se puede sustituir el gas, salvo con un corte de suministro, con criterios no dramáticos es estar fuera del día a día, como desgraciadamente está demostrando la Comisión Europea.

Si la recuperación económica tras la pandemia se hubiera cimentado en las propuestas de la Fundación Renovables de hace más de cuatro años, no solo se hubiera conseguido ese 15% de reducción, sino que la factura energética de los hogares y de la industria sería mucho más reducida.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

La Comisión Europea deja en ridículo a Europa

Con el arsenal de instrumentos y medidas de eficiencia energética que la UE ha desplegado en las directivas de renovables, edificios, mercado interior de la electricidad y en la recomendación sobre la aplicación del principio de “primero, la eficiencia energética”, todo lo que se le ocurre a la Comisión Europea es regular los termostatos, un ahorro voluntario y uniforme del 15% del consumo de gas y relajar el control de las emisiones para volver al carbón, al petróleo y a más gas.

Lejos de proteger a los consumidores, la presidenta de la Comisión, Ursula von der leyen, ha decidido proteger a los ávidos “frugales”, alemanes y neerlandeses, defensores de la dependencia de los combustibles fósiles y de su referencia en el precio de la electricidad, cuando lo que debería hacer es exigir a los gobiernos europeos el cumplimiento más riguroso de las directivas vigentes que establecen las políticas correctas de eficiencia energética para afrontar la crisis de suministro de gas ruso.

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó en febrero que la mejor forma que Europa tiene de afrontar la crisis de suministro para el invierno es un plan serio de eficiencia energética y ponía como ejemplo la rehabilitación energética de los edificios más antiguos de Europa para ahorrar la energía equivalente al gas que transporta el gasoducto Nord Stream I. Pero ni la rehabilitación ni la generación distribuida ni la fotovoltaica en los tejados está en la brújula de Bruselas.

La Comisión Europea vuelve a cumplir el “diktat” alemán, como hiciera en 2015 con el austericidio impuesto a los países del sur, para que todos paguen la nefasta política energética de Angela Merkel y su enorme dependencia del gas ruso. Con la ambigüedad de la Comisión y la caída del gobierno italiano de Mario Draghi, Putin sigue ahondando la debilidad de Europa.

La Unión Europea lanza un mensaje contradictorio y desmoralizador

Mientras la Unión Europea trate esta crisis del gas únicamente como una crisis de suministro y no como una crisis de modelo energético basado en la dependencia de las importaciones energéticas y en la falta de una política energética común, la insignificancia geopolítica de Europa irá en aumento por la poca credibilidad de sus propuestas energéticas y climáticas.

Hace un año que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Ribera, reclamó a Bruselas la modificación del mercado mayorista. El Consejo Europeo de marzo aprobó el tope al gas para España y Portugal y pidió a la Comisión un informe sobre la reforma del “pool” para desconectar el gas de los precios de la electricidad. Nada se sabe hasta hoy. Por el contrario, el gobierno de Reino Unido acaba de iniciar la reforma del mercado eléctrico para abaratar la luz y avanzar en un sistema eléctrico más limpio aprovechando los precios más bajos de las renovables, la participación en el mercado de las tecnologías flexibles sin emisiones y copiar el éxito de la “excepción ibérica” desvinculando el precio del gas de la electricidad.

Es desmoralizador pensar que una reforma parecida tardará años en acordarse en la Unión Europea por la resistencia de los monopolios eléctricos y los reguladores, pero aún peor es ver cómo en plena crisis energética, el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión para etiquetar el gas y la nuclear como energías verdes. El eje franco-alemán ha sometido a los consumidores a pagar el error de Alemania por su imprudente dependencia energética de Rusia y la quiebra de la industria nuclear de Francia por los defectos de fabricación en sus reactores. La consecuencia es terrible: encarecimiento de los precios del gas y de la luz, una grave crisis económica por la inflación, un castigo injusto a los consumidores, aumento de emisiones, freno a la lucha contra el cambio climático y una fiebre especulativa en nuevas infraestructuras gasistas con fondos europeos que acabarán como activos varados que también pagarán los consumidores.

Frente al enorme potencial de ahorro energético de Europa, superior al 50% del consumo actual, sorprende que la Comisión Europea no sepa distinguir entre ahorro y eficiencia energética. Pide a los consumidores un sacrificio de ahorro de gas, pero no propone un modelo para producir y consumir utilizando menos energía, más limpia y barata. El arsenal de medidas de eficiencia energética de las directivas europeas queda relegado ante el retorno del modelo energético convencional, el de los combustibles fósiles.

La paradoja que sitúa a España a la cabeza de Europa

España es el país europeo mejor situado ante la crisis de suministro energético de Rusia. El RDL 13/2012 suspendió las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas por el “déficit estructural del sistema gasista”, provocado por la sobrecapacidad e infrautilización de las centrales de gas, regasificadoras y gasoductos por falta de demanda. Hasta 2018 no se levantó la suspensión, pero la paradoja es que España rebajó la dependencia del gas argelino del 60% a casi el 20%, se ha diversificado el suministro y las siete regasificadoras proporcionan la mayor capacidad de almacenamiento de GNL. España hizo lo que ni Alemania ni nadie hizo.

Pero el coste de la sobreinversión hasta 2012 y los déficits del sistema gasista los han pagado en los peajes los consumidores de gas y electricidad. El coste ha sido tan elevado que resulta una imprudencia temeraria repetir el ciclo de más inversión en infraestructuras gasistas, sin conocer la evolución de la demanda, porque cuando entren en funcionamiento ya no serán necesarias, pero los consumidores las tendrán que seguir pagando. Y lo que sería en error aún mayor es recuperar la fantasía de 2015 de convertirnos en un “hub” de gas para Europa porque originaría nuevos déficits estructurales como los de 2012.

La alternativa es aprovechar la seguridad de suministro para invertir en tecnologías limpias y avanzar en la autosuficiencia de los centros de consumo, principalmente edificios y transporte, impulsando la gestión de la demanda y la generación distribuida.

Reducir la demanda energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones solo es posible integrando los recursos energéticos distribuidos en el mercado eléctrico para aumentar la capacidad de energía flexible desde el lado de la demanda y convertir la eficiencia energética en una fuente de energía que participe en el sistema eléctrico en igualdad de condiciones. En esto ha de consistir la reforma del mercado eléctrico, pensando antes en el derecho a elegir de los consumidores que en la rentabilidad de los activos energéticos.

Se trata de dar a los recursos energéticos distribuidos más importancia que a la energía centralizada por su mayor sostenibilidad, eficiencia, menores costes e inversiones. Se trata de impulsar la transformación del consumidor pasivo en consumidor activo. Se trata de alcanzar una regulación que realmente proteja a los consumidores.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

España necesita una nueva Ley de Autoconsumo

Sí, ya sé que la que tenemos es muy joven. Que la anterior, llamada “Impuesto al Sol” era mucho peor. Pero la actual norma ha heredado los valores microeconómicos de la anterior: Se fomenta el autoconsumo siempre que coincida la generación con el consumo, tanto en el sitio como en el momento que se genera. Y no estamos para seguir respetando esas reglas de juego a unas empresas que fuerzan las reglas de juego para multiplicar sus beneficios en estos momentos de precios desquiciados del gas, de la hidroelectricidad en el sistema marginalista de fijación de precios.

La prioridad ahora debería ser llenar los tejados de España de paneles fotovoltaicos que generen toda la electricidad que sea posible.

La Ley actual está bien pero, básicamente, solo para primeras viviendas. Hay millones de segundas viviendas o casas de campo que ni se plantean poner placas, pues no resulta rentable, aunque la vivienda se use 30-40 fines de semana y 30-40 días en verano. Pues estaría aprovechando una fracción de lo generado unos 120 días y vertiendo a la red lo generado los 250 días restantes (así como lo generado a horas sin consumo los 120 días anteriores). El exceso de consumo se paga a precio caro y el exceso de generación se vende a precio muy barato. No funciona.

Entiendo y comparto la explicación de tal mecanismo, de generar in situ y consumir según se genera, para justificar todos los beneficios de estas instalaciones. En su momento.

Pero ahora, la prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones. Sencillo: El que quiera poner placas en una segunda vivienda, en un polígono industrial, local comercial, casa de campo, donde que sea, que las ponga. Y que pueda asociar a la electricidad que genera en esas instalaciones (donde puede ponen paneles), la electricidad que consume en otras (donde tiene el consumo).

Veamos un ejemplo: Una persona pone 5 kWp en una casa de campo. Con unas 1.800 horas de sol al año, generaría unos 9.000 kWh. Si en esa localidad pasa 120 días y consume 10 kWh diarios, consumiría 1.200 kWh. Si carga allí su vehículo eléctrico 40 veces al año, en un Schucko de 3 kW, durante 12 horas, otros 1.500 kWh. Le quedaría un excedente de unos 6.300 kWh. Que debería poder gastar en su vivienda habitual, donde pasa 245 días, unos 3.000 kWh y carga su vehículo eléctrico, unas 50 veces al año, a 5,5 kW, durante 10 horas otros 3.000 kWh anuales.

La prioridad debería ser fomentar la inversión privada en este tipo de instalaciones de generación distribuida. Por supuesto, sin subvenciones.

Esto no debería ser gratis para estos ciudadanos. Para empezar, deberían invertir en la instalación fotovoltaica. Deberían mantener los contratos con la empresa comercializadora. Pagar los tramos de potencia contratada, un canon por los vertidos a la red y otro por los consumos de la red.

Hace años hubo sistemas parecidos en Massachussets, California y otros lugares: muchos inversores no tenían tejados y muchos con tejados no tenían dinero: Se las ingeniaron para que los primeros invirtieran el los tejados de los segundos y compartieran la electricidad generada… Debe hacerse de manera que no haya subsidio para los usuarios y que compensen, de alguna manera a las comercializadoras. Pero los beneficios para la sociedad podrían ser importantes, pues, posiblemente, habría cientos de miles de voluntarios dispuestos a invertir.  Un cálculo sencillo, aproximado, podría ser el siguiente:

Número de instalaciones = 1 millón
Potencia media = 5 kWp
Potencia total = 5 GWp (Alemania tiene el triple de FV en techo)
Inversión aproximada = 10.000 Millones €

Si se hace en 3 años a razón de 3.300 M€ anuales, si suponemos que el 50% del coste es mano de obra, necesitaríamos unos 80.000 empleos de montaje, que podrían llegar a ser permanentes si el programa se mantiene durante varios años.

Sí, ya sé que esto es el cuento de la lechera. Pero 5 GW de fotovoltaica de techo distribuida nos hubieran salvado de la mitad de esta crisis de precios (la mitad de las horas no hubiera hecho falta la entrada de gas). Facilitará la electrificación de la calefacción por bomba de calor en todas esas viviendas, que hoy queman gasoil o gas natural (ruso) y la penetración de los vehículos eléctricos, que consumirán electricidad solar en lugar del triple de energía fósil en forma de hidrocarburos importados del Golfo Pérsico. Y generando casi 100.000 empleos de calidad permanentes.

Por supuesto, las actuales instalaciones, si lo desean, podrían acogerse a esta nueva legislación: Que generen cuando haya sol y consuman cuando tengan que consumir. Los excesos de generación se vierten a la red y los excesos de consumo, se toman de la red. Una especie de balance neto, pagando un canon por los vertidos y otro por los consumos.

¿Quién pierde y se opondrá? El oligopolio eléctrico. Bueno, pues busquemos la forma de compensarles parcialmente. Pero no parece buen momento para que se quejen.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Un cuento de trenes, sostenibilidad y objetivos europeos

Los niveles de CO2 en la atmósfera y la temperatura media global no dejan de aumentar: la contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) causada por las actividades humanas atrapó un 49% más de calor en la atmósfera en 2021 que en 1990. A pesar de las buenas palabras y discursos, está claro que lo que nos hace falta son actos. Unos actos valientes, ambiciosos y decididos hacia un escenario en el que no tengamos que vivir episodios cada vez más extremos de sequías e incendios, como el reciente de Sierra Bermeja, o de asfixiantes olas de calor, como la que acabamos de padecer en la Península en una temporada inusual, y por la que la ONU ha advertido que se han superado en algunos territorios más de 10ºC la temperatura media para esta época. Ya estamos viviendo el cambio climático y son malas noticias, porque solo acaba de empezar.

Entre una de sus causas se encuentra el sector del transporte, responsable de un cuarto de las emisiones de GEI en Europa. Dentro del sector, casi el 90% de estas emisiones pertenecen al transporte por carretera. Si de verdad pretendemos disminuir un 90% nuestras emisiones para 2050 con respecto a 1990, este sector puede ser tanto un enorme aliado para lograr los objetivos europeos, como una fuente inagotable de gases contaminantes. Y en este punto, el transporte por ferrocarril en Europa puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos.

España cuenta con más de 15.000 km de vías férreas, con un 64,2% de la red ferroviaria electrificada, según el último informe del observatorio del Ferrocarril en España. Si nos fijamos en la densidad ferroviaria (longitud de la red/superficie del país), España tiene 32 metros de vía/km2, estando por detrás de la media europea (51,81 m/km2) y muy por detrás de otros países con los que, por sus dimensiones físicas y económicas, podríamos compararlo, como son Alemania (93,5 m/km2) o Italia (57,3 m/km2). Teniendo en cuenta que perseguimos tener un sistema eléctrico 100% renovable, las locomotoras que utilicen esas vías podrían transportar tanto pasajeros como mercancías sin emisiones asociadas. Con los objetivos que tenemos planteados en las diferentes hojas de ruta y el auge que está teniendo la generación de energías renovables en nuestro país, parece una inversión segura electrificar y aumentar la red ferroviaria y favorecer el transporte en ferrocarril, en detrimento de otros sectores como el de carretera.

Según el último informe anual del sector ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cuota modal del ferrocarril de mercancías volvió a bajar del 4,0% al 3,6% T.km netos en 2020, indicador que lleva más de 5 años bajando. Esto es debido, entre otras razones, a que comparte vías con los trenes de pasajeros (y estos gozan de prioridad); a que el sector industrial está menos desarrollado en España que en otros países del entorno y es un sector que genera una gran demanda de transporte o a la falta de estructura por donde poder circular, lo que dificulta, en muchos casos, ofrecer servicios a destino final sin la participación de otro sector.

El Plan Mercancías 30, con su versión definitiva recientemente publicada, pretende inyectar más de 8.000 M€ al sector del transporte de mercancías por ferrocarril, buscando llegar al 10% de la cuota para 2030. En las alegaciones que presentamos desde la Fundación Renovables a la Ley de Movilidad Sostenible, proponíamos que el plan estratégico del ferrocarril contemplase una completa electrificación de la red ferroviaria española para 2025 y alcanzar, al menos, un 20% del transporte de mercancías por ferrocarril. Sería un buen punto de partida para electrificar el transporte de mercancías, pero hay claroscuros en la propuesta de Ley que deben ser analizados para comprobar si todo el plan está enfocado en la sostenibilidad o se sigue optando por la dependencia de los combustibles fósiles.

Son grandes aciertos fomentar la intermodalidad en el sector del transporte de mercancías con los puertos y con terminales que permitan el traspaso de mercancías de unos actores a otros o las mejoras en las infraestructuras. Pero, lo cortés no quita lo valiente: incentivar la compra de locomotoras que funcionen con GNL o con GNC es un grave error si queremos llegar a una descarbonización completa del sector. Las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente y Economía del Parlamento Europeo han rechazado, hace unas semanas, considerar el gas como energía sostenible, dejándolo fuera de la taxonomía verde que promueve las inversiones sostenibles. En España deberíamos tener el mismo criterio. Fomentar el uso de hidrógeno como combustible para las locomotoras también es otro error: Estaríamos utilizando hidrógeno producido con electricidad para, posteriormente, producir electricidad con ese hidrógeno. Un acto completamente ineficiente. Esta apuesta solo tendría sentido si la red no estuviera electrificada.

Con una electrificación del 100% de las vías y una generación de esa electricidad con fuentes 100% renovables conseguiríamos reducir notablemente las emisiones de GEI, ser mucho más eficientes en el consumo de energía y tener un sector de transporte de mercancías independiente del mercado energético exterior.  

Tener la capacidad de transportar las mercancías en nuestro país sin depender de los aumentos de los costes derivados de situaciones geopolíticas o de fluctuaciones del mercado es algo que se debería tener muy en cuenta, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino, incluso, desde el de la seguridad nacional. Durante la peor época de la COVID-19 estuvo garantizada la disponibilidad de materias primas para nuestra industria o de alimentos gracias a la resiliencia del sector, que supo reaccionar y funcionó perfectamente. El sector del transporte de mercancías ya ha demostrado que, ante una crisis, es capaz de actuar y lograr encauzar los intereses de todos los ciudadanos. Lo que falta ahora es que le demos las herramientas para que nos ayude a luchar contra otra crisis, con peores consecuencias que la que acabamos de pasar, la emergencia climática.

Para que esto ocurra, además de poner a disposición del sector esos 8.000 M€, es necesario también que la administración disponga de los medios humanos y técnicos para poder asegurar que todas las ayudas llegan y que son bien utilizadas para los fines últimos del Plan Mercancías 30.

El futuro del transporte será 100% eléctrico, con el ferrocarril como eje vertebrador de la movilidad sostenible, tanto para mercancías como para pasajeros, y como herramienta para lograr los objetivos de descarbonización europeos.

Por Juan Fernando Martín– Técnico de proyectos de la Fundación Renovables

El Consejo de la Unión Europea debe apoyar que todas las furgonetas nuevas sean eléctricas a partir de 2035

El pasado 8 de junio, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría que todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan a partir del 1 de enero de 2035 sean eléctricos. De esta manera, se logrará una reducción del 100% en las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos que sean matriculados a partir de dicha fecha. Hay un objetivo intermedio para 2030 que consiste en un recorte de esas emisiones del 55% para los coches y del 50% para los vehículos comerciales.

Esta decisión del Parlamento Europeo es digna de encomio, como lo fue la propuesta presentada en ese mismo sentido por la Comisión Europea el pasado 14 de julio, dentro del paquete legislativo “Fit for 55”, cuyo objetivo es lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea en un 55% en 2030 (en comparación al nivel de emisiones de 1990) y situar a la UE en la senda de lograr la neutralidad climática en 2050. Se trata de uno de los conjuntos normativos más ambiciosos y significativos de la historia para avanzar en la transición ecológica hacia la descarbonización de la economía.

Sin duda, esa decisión es merecedora de elogios y alabanzas pues, como denunció Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) de la Eurocámara, los días previos a la citada crucial votación, el Parlamento tuvo que afrontar un ‘tsunami de lobby’ anticlimático por parte de algunas importantes empresas y asociaciones empresariales del sector de la automoción. Canfin precisó en un artículo de opinión publicado en Le Monde que, “En opinión de ciertas grandes compañías, la acción climática está bien…, pero sobre todo para los demás”.

El próximo 28 de junio, le toca al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptar una decisión sobre esta cuestión. Suponemos que esos mismos lobbies que tratan de obstaculizar la acción climática estarán ahora presionando a los responsables de los ministerios de medio ambiente de los Estados miembros de la UE, que son quienes componen el citado Consejo, pero sería una grave irresponsabilidad que los respectivos ministros y ministras no respaldaran la propuesta de la Comisión Europea de que todas las furgonetas y coches nuevos sean eléctricas en 2035.

Lamentablemente, parece que Italia, junto con Portugal, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, han caído en las redes del lobby anticlimático pues han hecho una propuesta de última hora para retrasar varios años la consecución del objetivo de la reducción del 100% de las emisiones de GEI de estos vehículos, especialmente significativa en el caso de las furgonetas (un retraso de 5 años), lo que rebajaría enormemente la ambición climática de la UE y pondría el riesgo de cumplir los objetivos de descarbonización de la UE recogidos en su Pacto Verde.

Ese retraso propuesto por Italia sería muy negativo para la industria española del automóvil ya que en España se fabrican ya 8 modelos de vehículos eléctricos ligeros. Ya hay varios grandes fabricantes ensamblando 8 modelos de furgonetas eléctricas en las fábricas de Vigo-Zaragoza (Stellantis: Citroën, Peugeot, Opel, Fiat y Toyota) y Vitoria (Mercedes), además de los planes del consorcio Volkswagen-Ford, para fabricar furgonetas eléctricas en Sagunto-Almussafes. Es decir, a España le interesa que se confirme la fecha de 2035 para marcar el final de ventas de vehículos de combustión interna incluyendo furgonetas, para poder vender los modelos puramente eléctricos a toda Europa (y al resto del mundo).

Esta pretensión de Italia, especialmente insistente en retrasar la descarbonización del sector de las furgonetas, es sumamente irresponsable desde el punto de vista de salud púbica y medioambiental y no se entiende en absoluto tampoco desde el punto de vista económico, pues las furgonetas eléctricas son ya hoy día, mayoritariamente, más baratas que los vehículos diésel, según un reciente análisis de Transport & Environment (T&E) sobre el coste total de propiedad (TCO) de estos vehículos.

En la Unión Europea, las emisiones de GEI de las furgonetas son un problema cada vez mayor. Con el auge de las entregas a domicilio, las ventas de furgonetas se han incrementado notablemente (un aumento del 57% entre 2012 y 2019), pero en los últimos años los avances en la reducción de sus emisiones se ha estancado de modo que en 2020 éstas seguían al mismo nivel que en 2017 (las emisiones medias de las furgonetas nuevas en 2017 y 2020 fueron de 156 gCO2/km según la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA).

Debido a ello, las furgonetas son, con diferencia, el tipo de vehículos cuya contribución al cambio climático ha crecido más dentro del sector del transporte por carretera (un aumento del 58% en comparación con 1990). Las furgonetas también contribuyen en gran medida a la contaminación atmosférica y representan el 14% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos en las ciudades, lo que afecta negativamente al 70% de los europeos que viven en zonas urbanas (según datos del International Council on Clean Transportation, ICCT, referidos a París y del Joint Research Center, JRC, de la UE).

No debemos olvidar tampoco las 307.000 muertes prematuras anuales debidas a las partículas finas en los 27 Estados miembros de la UE en 2019 (informe de la AEMA). Ésta calculó que en total se produjeron 400.000 muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica. Los ciudadanos tienen derecho a un aire limpio en toda Europa. La prohibición de los vehículos (motos, coches, furgonetas, autobuses y camiones) de combustión interna es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, la protección del medio ambiente y avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Según el estudio de T&E citado más arriba, que, además de la de España, analiza la situación de Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido (que en conjunto suman el 76% de las furgonetas nuevas vendidas en Europa), la furgoneta eléctrica media es ya un 25% más barata por kilómetro que su equivalente diésel.

A pesar de sus ventajas en coste, no hay suficiente oferta de furgonetas eléctricas para satisfacer la creciente demanda. Las ventas de furgonetas eléctricas están aumentando muy lentamente: solo el 3% de las ventas de furgonetas nuevas fueron eléctricas en 2021, lo que supone un ligero aumento con respecto al 2% de 2019. Muy por detrás de los coches eléctricos de batería, que ya suponen un 9%.

Ante esta realidad, además de adoptar la decisión de que todas furgonetas (y coches) nuevas que se vendan a partir de 2035 sean eléctricas, el Consejo debería aprobar una mejora de los objetivos intermedios propuestos por la Comisión en materia de emisiones de GEI, de modo que se exija una reducción del 25% de las emisiones medias de CO2 de las furgonetas en 2025, un nuevo objetivo intermedio del -45% en 2027 y del -80% en 2030, y, por supuesto, del -100% en 2035.

Por ejemplo, ese objetivo a 2027 permitiría ahorrar 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, el equivalente a la contaminación anual total de las furgonetas españolas. A su vez, unas normas más estrictas también reducirían el consumo anual de petróleo de las furgonetas europeas en un 7% en 2027, un paso importante para acabar con la dependencia de las importaciones rusas. Además, unos objetivos más ambiciosos ahorrarían a las empresas europeas 13.100 millones de euros en el periodo 2025-2030 gracias a los menores costes de funcionamiento de las furgonetas eléctricas.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

La transición energética, tan próxima y tan lejana

La dependencia europea de los combustibles fósiles está en el origen de la invasión de Ucrania por Rusia. Los europeos estamos pagando un precio elevado por los errores de la política energética de Alemania y la ambigüedad de las instituciones europeas que defienden una regulación diseñada para un modelo energético dominado por la energía fósil. En un momento en el que el planeta supera el récord histórico de concentración de emisiones, la exigencia de anteponer el principio de neutralidad climática al de neutralidad tecnológica es hoy mayor que nunca.

La transición energética se cuestiona en 2022

La agresión rusa ha devuelto al gas, al petróleo y al carbón un protagonismo que parecía perdido para siempre. Suben los precios, crecen la demanda, las importaciones, el valor en bolsa, los beneficios y dividendos de los combustibles fósiles a costa de una guerra injusta, la devastación de Ucrania, crímenes de guerra y millones de personas en riesgo de pobreza por la inflación y la crisis alimentaria.

Los que ganan con la guerra de Putin y su amenaza al resto de Europa han aprovechado la oportunidad para cuestionar la transición energética. El consejero delegado de REPSOL, Josu Jon Imaz, y su presidente, Antonio Brufau, advirtieron ante su junta general sobre las negativas consecuencias de la transición energética y de la normativa europea que limita el uso de los hidrocarburos y criticaron las energías renovables por “arbitrarias, que no responden al impulso humano”. El sector gasista vuelve a reclamar, sin estudios de demanda, nuevos gasoductos que conecten España con Francia e Italia, ocultando que deberán pagarlos los consumidores de gas por ser infraestructuras básicas. Hasta el gobernador del Banco de España ha alertado del daño que provocará la transición verde a las rentas bajas.

Acelerar la transición energética como consecuencia de la invasión de Ucrania lo consideran un “salto en el vacío”, una fantasía que solo servirá para transferir rentas de los pobres a los ricos. ¿Y no es eso lo que ocurre con el actual diseño del mercado? Detrás de los discursos que cuestionan la transición energética se oculta la oposición a que se modifique la conformación de precios de la electricidad en el mercado mayorista.

El gobierno de España pidió la modificación del “pool” y el Consejo Europeo de marzo acordó que la Comisión Europea estudiaría la desconexión del mercado eléctrico de los precios del gas y los beneficios extraordinarios de las eléctricas. El mercado mayorista funciona como un mecanismo de extracción de rentas en el que participan bancos, eléctricas y petroleras que especulan con un bien básico y universal para optimizar sus beneficios.

Una definición de la transición energética

Es muy importante saber lo que queremos decir cuando hablamos del concepto de transición referido a la energía. Es difícil encontrar una definición en las normas europeas y nacionales; sin embargo, la Ley 16/2017, del cambio climático, aprobada por el Parlamento de Cataluña, es pionera porque en su artículo 2 la define como la transición hacia una sociedad con consumo nulo de combustibles fósiles, descarbonizada y desnuclearizada, y un sistema energético descentralizado con energías 100% renovables, fundamentalmente de proximidad. El artículo 19 desarrolla este modelo de proximidad como de generación distribuida. Primero se define el modelo energético y, en segundo lugar, el mix energético. La neutralidad climática se antepone así a la neutralidad tecnológica.

Por el contrario, la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Congreso de los diputados, establece los objetivos sin definir el concepto de transición ni el modelo energético con el que se pretende avanzar en la descarbonización. Todo se deriva a futuros desarrollos normativos, dejando en el aire desde el cumplimiento del Acuerdo de París hasta la trasposición de las directivas europeas. La ley da amplio margen a una ambigüedad que retrasa el desarrollo de las energías limpias y permite alargar el uso de los combustibles fósiles sin reconocer los derechos de los consumidores activos.

Instrumentos regulatorios para un modelo de generación distribuida

La generación distribuida convierte cada centro de consumo en un centro de generación, capaz de ajustar la oferta y demanda de energía en tiempo real. El centro de un modelo energético distribuido lo ocupa el consumidor activo que genera, almacena, agrega, consume y vende su propia energía renovable en contraposición a la integración vertical de muy pocas empresas que controlan el modelo centralizado.

El desarrollo del modelo de generación distribuida se establece en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética desde el lado de la demanda:

-Reglamento (UE) 2018/1999 y Recomendación (UE) 2021/1749, que establecen el principio de “primero, la eficiencia energética”. Obliga a contemplar alternativas de eficiencia energética antes de autorizar nuevas instalaciones de generación. La energía más importante es la que no se produce porque no es necesario utilizarla.

-Directiva (UE) 2018/2001, de renovables, que regula los derechos de los autoconsumidores y las comunidades de energías renovables, el apoyo a la microgeneración renovable y a los pequeños actores para que participen en los mercados energéticos y la creación de entornos favorables al autoconsumo y las comunidades de energías renovables.

-Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética de edificios, que desarrolla el “edificio de consumo de energía casi nulo” como el edificio de muy alta eficiencia con autoconsumo, energías renovables en calefacción y refrigeración, microrredes, recarga de vehículos eléctricos y aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda.

-Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de electricidad, que desarrolla los instrumentos de eficiencia energética, como el cliente activo, las comunidades ciudadanas de energía, la agregación y agregadores de la demanda, el almacenamiento, los contadores inteligentes, los precios dinámicos, el vehículo eléctrico conectado a la red o las redes de distribución cerradas.

Los recursos desde el lado de la demanda han de formar parte de la “planificación integrada de los recursos energéticos” y su evaluación ha de ser anterior a los objetivos de oferta de generación, para que las inversiones sean coherentes con la evolución de la demanda.

Los recursos energéticos distribuidos (DER) permiten resolver el conflicto entre energía y territorio, asociado a las instalaciones energéticas a gran escala, y proteger a los consumidores de los elevados precios de la energía y de la inflación, asociada a la generación centralizada y la especulación de los mercados energéticos por la falta de competencia.

El retraso en el desarrollo de los instrumentos regulatorios de eficiencia energética que establecen las directivas europeas perjudica a la economía, por los elevados costes de la energía, y a los consumidores, por las barreras para acceder a los derechos que les otorgan como consumidores y clientes activos.

Los recientes expedientes abiertos por la Comisión Europea a España por incumplimiento de las directivas de eficiencia energética de edificios y del mercado interior de la electricidad y proyectos de ley tan decepcionantes, como el de calidad de la arquitectura o de movilidad sostenible, marcan la distancia entre los compromisos climáticos y la voluntad de avanzar en la transición energética.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

¿Por qué la Unión Europea no habla de eficiencia energética?

El informe del “Rastreador de recuperación sostenible” de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima en 710.000 millones de dólares el gasto global aprobado en energías limpias en lo que va de año, que representa un incremento del 50% en cinco meses. Sin embargo, la AIE señala que las medidas orientadas al consumidor, como la rehabilitación y la movilidad sostenible y eléctrica, no acaban de llegar a la ciudadanía por la burocracia y el insuficiente apoyo de los gobiernos.

El escenario de altos precios de la energía y la invasión rusa de Ucrania no ha suscitado más apoyo a medidas de reducción de la demanda energética sino la preocupación de los gobiernos europeos para sustituir los combustibles fósiles importados de Rusia por otros suministradores, sin abordar el origen del problema: la dependencia energética. Que el Consejo Europeo de marzo no haya acordado nada sobre gestión de la demanda y que la excepción haya sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidiendo bajar el termostato de la calefacción confirma que Europa carece de política común de energía.

La necesidad de importar más gas e invertir en infraestructuras gasistas desvela otros graves errores del “diktat” alemán que ha moldeado la Unión Europea durante las últimas décadas. La “Europa alemana” de Angela Merkel, que Tony Judt calificó como “una presencia inquietante para sus vecinos”, se aproximó tanto a Putin que ahora la dependencia de Rusia amenaza los cimientos de la UE por el suministro energético y la inflación. No solo la transición ecológica está amenazada sino la convivencia europea que, desde el “austericidio” impuesto por Alemania en la pasada década, ve ahora cómo el aumento explosivo de las desigualdades trae el ascenso de la extrema derecha rusófila y el euroescepticismo. Como ha expresado Paul Krugman, “Alemania, con su irresponsable política energética, se ha convertido en la principal facilitadora de Putin”.

Europa está presa de una crisis energética por falta de voluntad para crear una economía libre de combustibles fósiles y una crisis económica por la inflación derivada de la conformación de precios de la electricidad que tanto Alemania como los monopolios energéticos se oponen a cambiar. Alemania, como afirma Krugman, “seguirá siendo, para su vergüenza, el eslabón más débil de la respuesta del mundo democrático a la agresión rusa”.

El Consejo Europeo no ha tomado ninguna decisión frente a la crisis energética

El Consejo Europeo de marzo aplazó la decisión sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad y los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta que la Comisión Europea presente el estudio correspondiente. Tampoco ha decidido la suspensión de las importaciones de gas y crudo de Rusia por la oposición de Alemania. Las causas de la irresponsable inacción europea son varias:

1-No existe una política común sobre energía. Cada Estado miembro decide libremente sus fuentes de energía y suministro. El rigor sobre el cumplimiento de las directivas europeas y los objetivos climáticos sigue siendo laxo. Es la vía libre a la dependencia energética.

2-No existe un mercado energético común, sino 27 mercados distintos con una elevada dependencia de las importaciones energéticas y un nivel mínimo de autosuficiencia. Preocupa más garantizar la oferta de energía que la gestión de la demanda.

3-La existencia de oligopolios energéticos nacionales, con una conformación de precios que les garantiza los ingresos y el dividendo y un mercado mayorista sin reguladores independientes. El mayor consumo de energía interesa más que la eficiencia, que se identifica con menos ingresos del sistema eléctrico.

Estos tres factores dejan escaso margen de actuación a los gobiernos. No son ellos los que deciden la política energética, sino un mercado especulativo y sin competencia que funciona como sistema de extracción de rentas. La “excepción ibérica” aprobada por el Consejo se apoya en el incumplimiento del objetivo de interconexión eléctrica entre España y Francia, que solo llega al 2,8% de la potencia instalada, lejos del objetivo europeo del 15%.

La isla energética que define la situación de España ha permitido que la Comisión Europea reconozca que el mercado mayorista no funciona y que los “beneficios caídos del cielo” existen. Por ello se permite a España y Portugal limitar el precio del gas para que no encarezca el precio final de la electricidad. Es un reconocimiento tardío a la petición que realizó España seis meses antes y que aún deberá confirmar la Comisión Europea limitando el precio del gas, a lo que se oponen Alemania y las grandes eléctricas europeas, incluidas las españolas.

Bruselas no aplica sus propias directivas para reducir la dependencia energética

No solo han sido economistas e instituciones alemanas, como las universidades de Bonn y Colonia, las que han llegado a la conclusión de que el embargo del gas ruso es factible. El informe conjunto de los think tanks europeos Ember, E3G, RAP y Bellona confirma que las importaciones de gas ruso se pueden reducir a cero en 2025 si la UE disminuye la demanda de gas elevando en el paquete “Fit for 55” los objetivos de electrificación, energías renovables, eficiencia y rehabilitación energética, aprovechando el potencial de ahorro energético de la flexibilidad de la demanda.

En los decálogos que ha publicado la AIE el pasado mes de marzo para que Europa alcance la independencia energética de Rusia, la mayoría de las medidas insisten en la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, eliminando el gas de la calefacción, y en las estrategias de movilidad sostenible y eléctrica para reducir el consumo de petróleo. Estas soluciones están desarrolladas en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética.

La Directiva (UE) 2018/2001, de energías renovables, desarrolla los derechos del autoconsumidor y de las comunidades de energías renovables, el apoyo a las pequeñas instalaciones y pequeños actores, calefacción sin emisiones y la instauración de marcos facilitadores del autoconsumo y las comunidades de renovables como medidas de ahorro energético. La Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, establece como instrumentos de eficiencia energética las figuras del cliente activo, las comunidades locales de energía, los precios dinámicos, el agregador independiente de la demanda, la interoperabilidad de los contadores inteligentes y el almacenamiento. La Recomendación (UE) 2021/1749, sobre el principio de primero, la eficiencia energética, se basa en que debe ser preferible la reducción de la demanda antes que la generación de energía.

La Comisión y el Consejo europeos han prescindido en esta crisis de los principios de las directivas que ellos mismos aprobaron. Incluso España, en el RDL 6/2022, se ha olvidado de las políticas de eficiencia y flexibilidad energéticas. Ni siquiera ha desarrollado los conceptos de las directivas que se definieron en el RDL 23/2020.

Las directivas europeas establecen la transformación de un modelo energético centralizado basado en la rentabilidad de las grandes centrales de generación, incluso renovables, en otro basado en el consumidor activo, capaz de generar y consumir su propia energía renovable en cada centro de consumo.

El Consejo Europeo ha decidido sustituir el gas y el petróleo rusos por más gas y petróleo de otros países; pero olvidó que el origen de la actual crisis es la dependencia energética. Ha parecido más fácil seguir la senda de lo que piden los monopolios energéticos nacionales que modificar el modelo energético que origina las guerras, la inflación y las desigualdades.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

¿Cómo transformar la movilidad sin cambiarla?

El título del artículo es, sin lugar a duda, la reflexión final una vez leídas las 122 páginas del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Y es que la primera sensación es de inmovilismo y estancamiento de una de las leyes más esperadas de cara a la lucha contra el cambio climático en España.

Parece que hay que recordar todos los días el auténtico agujero negro de hidrocarburos y de recursos económicos que es el sector del transporte en España, por no hablar de la contaminación, con la emergencia climática llamando a la puerta y el impacto en la salud causando estragos (según la Agencia Europea de Medioambiente causó más de 31.000 muertes prematuras en 2018 en España). El 42% del consumo de energía final corresponde al transporte, del que un 95% corresponde al consumo de derivados del petróleo. Este hecho provoca que el 29,1% del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sean producidas por el transporte y, de estas, un 26,9% son ocasionadas por el transporte por carretera.

Si miramos con lupa y segmentamos los tipos de transporte, los vehículos ligeros (turismos, furgonetas y motocicletas) se llevan el oro al emitir 60 millones de toneladas de CO2 equivalente (Mt) en 2019. Le sigue el transporte por carretera, con 26 Mt y, de manera residual, el marítimo y el aéreo (ambos con 3 Mt). España no es un país productor de petróleo, con el agujero que conlleva en las cuentas; de enero a diciembre de 2021 España gastó en las arcas de otros países un total de 33.615 M€ por la importación de petróleo y derivados, según el Informe mensual de enero de 2022 de Comercio Exterior. Podríamos añadir también la financiación encubierta de los países de la UE a Rusia para su invasión de Ucrania, pero nos vamos a centrar en la importancia de avanzar cuanto antes hacia una movilidad sostenible.

Transporte, ¿Qué transporte?

Con esos datos de aperitivo encima de la mesa, es complicado entender parte del contenido del articulado y las ausencias del Anteproyecto. Me centraré en lo más grave. Esa sensación de desazón nace, en primera instancia, de la carencia absoluta de objetivos, tanto de reducción de emisiones de GEI como de electrificación, sin especificación de los segmentos en los que se deberían aplicar. De hecho, delega todo al PNIEC, que será revisado en 2023, esperemos que al alza, pero sin vinculación regulatoria. En el PNIEC se propone reducir en un 33% las emisiones del sector del transporte en 2030 respecto a las de 1990, lo que supondría, aproximadamente, dejar de emitir un total de 27 Mt de CO2.

Y de repente desaparecen del articulado de la Ley, cuando lo lógico hubiera sido darle el rango normativo de Ley a la consecución de esos objetivos también a 2040 y 2050, o incluso aumentarlos porque ese objetivo no cubre ni el 50% de las emisiones de los vehículos ligeros. Tampoco se entiende que se desvincule este Anteproyecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como si el transporte, de la noche a la mañana, no estuviera íntimamente relacionado y fuera el mayor causante del aumento de la crisis climática. Incluir una disposición adicional que vincule el cumplimiento de la norma y la supedite a los objetivos de la LCCyTE sería un paso acertado de cara a aunar esfuerzos normativos.

El teletrabajo también desaparece, pese a que la propia Agencia Internacional de la Energía, en su decálogo para reducir el consumo de petróleo, lo incluía como una medida básica por la que, si se aplicara 3 días a la semana, se podrían reducir 500.000 barriles de petróleo diarios. Es más, el propio Gobierno de España está estudiando la medida de implantarlo en los funcionarios, por lo que no es coherente no promocionar el teletrabajo, siempre y cuando el puesto lo permita.

Otra incomprensible carencia es la falta de intención y de las herramientas para avanzar en el desarrollo de la ciudad de proximidad, ya que “la ciudad se vive a pie”. Todo se enfoca a los vehículos y a los tipos de movilidad, pero no al escenario en el que se mueven. El contenido se puede intuir la necesidad de fomentar el concepto de ciudad de proximidad, en la que los servicios están próximos a los vecinos y se reduce la necesidad de una movilidad de media y larga distancia, pero no se propone de manera efectiva herramientas o líneas de actuación para conseguir su implementación.

Seguimos necesitando reorientar los desarrollos urbanos y los procesos de urbanización con criterios de sostenibilidad energética para aumentar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dadas las estrechas implicaciones territoriales que tiene la energía.

Sin ferrocarril electrificado, pero con gas en los buques

Ante la absoluta necesidad de disminuir nuestra dependencia gasista del exterior, sea de Rusia o de cualquier otro país, el Anteproyecto propone, sin ningún reparo, fomentar el gas natural como energía alternativa para el transporte marítimo. Es decir, lo que buscamos es erradicar el gas de nuestros hogares, sistema eléctrico e industrias, pero lo promovemos en los nuevos buques. El metano en su combustión emite CO2, pero, además, es un gas de efecto invernadero, 87 veces más potente que el CO2 en una perspectiva de 20 años. Y esto pese a disponer de alternativas sostenibles como el hidrógeno verde y sus derivados, por los que se debería apostar con un mínimo del 6% a 2030 para los buques.

También se olvidan de aumentar el uso del tren, por lo menos del eléctrico. El déficit estructural del uso del ferrocarril es flagrante en comparación con otros países europeos, sobre todo en mercancías; Alemania lo hace en un 19%, Francia en un 13% y España en un 5%. En ningún momento el articulado apuesta por sentar las bases, los recursos y las herramientas para convertir al ferrocarril en el eje de referencia de la movilidad de pasajeros y mercancías en España.

Tampoco apuesta por el 100% de la electrificación de las líneas férreas, lo que nos condena a seguir utilizando locomotoras diésel de hace 20 años y deja las rutas abiertas a la entrada de los trenes de hidrógeno (cuando ya se sabe que es mucho más eficiente el eléctrico).

No está todo perdido

Muchas de estas ideas han sido recogidas, tanto en las alegaciones particulares de la Fundación Renovables como en el comunicado enviado por un total de 12 organizaciones de la sociedad civil en el que exponen las principales carencias a enmendar tras el periodo de análisis y de alegaciones. No está todo perdido, aunque, tras casi dos años de elaboración y desarrollo del Anteproyecto, se hayan dejado en el tintero tantos pilares básicos.

Pero, no solo se han quedado en el tintero esos pilares básicos, sino que se ha rebautizado el título del Anteproyecto, ya que antes era la “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación al Transporte”. Hay que priorizar la financiación del transporte público y concretar las diferentes vías de financiación del Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad, además de incluir una fiscalidad activa y verde, no solo para dar señales correctas a los consumidores para la descarbonización, sino para que esté protegido de medidas coyunturales ante un cambio estructural.

Sí, por fin tendremos una Ley de Movilidad Sostenible, pero se aprobaría a mediados de 2023, con la mayoría de las herramientas disponibles en 2025. Habremos perdido casi tres años y todo por no fijar objetivos a corto plazo. Esperemos que en el periodo de enmiendas y tramitación se subsanen los aspectos comentados, porque de no ser así habremos perdido otra oportunidad más para disponer de otra herramienta para una política climática ambiciosa y de liderazgo en nuestro país.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

España gana la primera batalla para cambiar el mercado eléctrico europeo

No han pasado diez años desde que Alemania y Países Bajos impusieran al sur de Europa el “austericidio” y la dimisión del ministro griego de economía Yanis Varoufakis para afrontar la gran recesión con recortes sociales, desigualdad y pobreza, cargando a la sociedad el rescate de los bancos. El resultado fue la insignificancia geopolítica de la UE y el ascenso de la extrema derecha antieuropea y rusófila. El Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo era otra encerrona de alemanes y neerlandeses para pagar entre todos la dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. La diferencia entre lo sucedido en 2015 y 2022 es que España y Portugal han conseguido parar, de momento, la intención de los países ahora llamados “frugales”, pero derrochadores de combustibles fósiles. La alianza ibérica hace posible que la transición ecológica no sea la primera víctima colateral de la invasión rusa de Ucrania.

Esta primera victoria ha sido doblemente trabajada por la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propuesta que en 2021 presentó a la Comisión Europea su vicepresidenta Teresa Ribera para modificar el mercado eléctrico, desconectar el gas de los precios de la electricidad y gravar los “beneficios caídos del cielo” que perciben las eléctricas. La Comunicación de la Comisión Europea del 23 de marzo recogió las propuestas españolas y el Consejo ha aprobado un tratamiento especial para la península ibérica, pues su mínima capacidad de interconexión eléctrica la convierte en una isla energética. Se ha dado un plazo a la Comisión para que presente en mayo medidas de emergencia para el mercado eléctrico, desconectarlo de los precios de los combustibles fósiles y regular los “beneficios caídos del cielo”. La excepción ibérica permitirá proteger a los consumidores de los precios del gas en la tarifa eléctrica fijando un precio de referencia, que aprobará la Comisión, para limitar su influencia en el precio final de la luz.

Solo se ha ganado el primer asalto y habrá que esperar al estudio que realice la Comisión para avanzar en la reforma del mercado eléctrico europeo. Pero el paso dado es tan importante que las propias eléctricas han acudido a Bruselas a negar que existan “beneficios caídos del cielo” y defender lo bien que funciona el mercado mayorista; por su parte, la oposición política ha ridiculizado lo conseguido por Pedro Sánchez, como ya hizo con los 140.000 millones de los fondos del Next Generation UE.

La energía sigue sin ser una política común europea

El mayor fracaso del Consejo Europeo ha sido constatar que sigue sin considerar la energía como política común europea. Se intentó en el frustrado proyecto de tratado de la Constitución Europea de 2003, pero se eliminó del texto y cada Estado miembro decide libremente sobre energía, con lo que Europa cuenta con 27 mercados energéticos distintos. Este hecho ha tenido consecuencias negativas al tratarse de un mercado eléctrico europeo, a diferencia del de los EEUU, controlado por muy pocas empresas, sin competencia y con una conformación de precios diseñada para garantizar los ingresos de un sistema energético dominado por los combustibles fósiles. Es un mercado especulativo que solo beneficia a las eléctricas convencionales.

El mercado energético europeo es una falacia. No existe por el abuso de posición dominante de unas pocas empresas y la falta de reguladores independientes de la competencia. Es la razón por la que el Consejo Europeo no ha aprobado la modificación del mercado mayorista para que los consumidores se beneficien de la mayor generación renovable ni ha aprobado la mayor sanción a Rusia: cortar las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Si los ucranianos arriesgan la vida por su soberanía ¿por qué los europeos no arriesgan nada por su soberanía energética?

En el primer mes de la invasión rusa de Ucrania Europa ha pagado a Putin más de 17.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles. También Naturgy ha seguido importando gas ruso a través de buques metaneros. Mientras acoge refugiados ucranianos y sus parlamentos aplauden al presidente Zelenski, Europa llena las arcas del presidente ruso para financiar la invasión de su país. El mercado energético europeo es inmoral por naturaleza.

La Comisión Europea confirma todo lo que las eléctricas niegan

La Comunicación de la Comisión Europea, que se presentó un día antes del Consejo Europeo, confirmó los argumentos de Teresa Ribera sobre un mercado eléctrico roto. Por un lado, propone limitar los precios mayoristas de la electricidad y del gas estableciendo compensaciones o interviniendo con precios de referencia; por otro, propone gravar los beneficios excesivos de las eléctricas o establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación. Bruselas obligará a que la capacidad de almacenamiento de gas cubra un 80% de las necesidades, pero no propone nuevas interconexiones gasistas.

La respuesta de las eléctricas fue un artículo de los presidentes de Iberdrola, Enel (Endesa) y EDF negando que tengan beneficios extraordinarios y manifestándose en contra de intervenir el mecanismo de formación de precios para no destruir el mercado de la electricidad. Está claro que se refieren a los mercados nacionales donde cada una de ellas opera en condiciones privilegiadas y sin competencia, pero no a un mercado europeo abierto a la competencia de millones de consumidores que no existe porque ellos mismos lo impiden. La batalla continuará en los tribunales en cuanto España tome las primeras medidas que ha autorizado el Consejo Europeo. Frente a la necesidad de reformar el mercado eléctrico, las eléctricas proponen que el mercado está bien como está. Mientras Bruselas y el gobierno de España han priorizado la protección de los consumidores, al sector eléctrico solo le preocupa la protección de sus accionistas y sus operaciones corporativas.

La Agencia Internacional de la Energía propone lo que Europa ignora

El Consejo Europeo ha pasado por alto los principios de la Unión de la Energía y de las directivas de eficiencia energética, renovables y mercado interior de la electricidad. Ha perdido la oportunidad de plantear una iniciativa de reducción de la demanda energética, encaminada a consumir menos gas y petróleo, y acelerar el nuevo paquete “Fit for 55” para sustituir las importaciones rusas con renovables, eficiencia energética y electrificación, actuando sobre la demanda de energía y no, como se ha hecho, sobre la oferta.

Los días 3 y 23 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía hizo públicos sendos decálogos para que Europa logre la independencia energética de Rusia. Europa podría reducir una tercera parte de sus importaciones de gas ruso en un año y reducir 2,7 millones de barriles diarios de petróleo ruso impulsando políticas de movilidad sostenible y eléctrica, así como medidas de desarrollo de proyectos eólicos y solares, sustitución de calderas de gas y rehabilitación energética.

Según Fatih Birol, la rehabilitación energética de las viviendas más antiguas ahorraría el equivalente al gas que recibe Europa a través del Nord Stream I. Cuanta más eficiencia menos dependencia energética.

Las conclusiones del Consejo Europeo no van a cambiar un mercado energético que en realidad no es tal. Cada Estado miembro irá por su cuenta a resolver sus problemas de suministro frente a una Comisión Europea dominada por la voluntad alemana de no modificar la conformación de precios que tan bien les va a los monopolios energéticos. Lo que España deberá evitar a toda costa es que en este escenario europeo las medidas para abaratar la luz se conviertan en más costes reconocidos al sector eléctrico que se cargarán, como siempre ha sucedido, a los consumidores de luz y gas. Para eso habría que hacer otra ley del sector eléctrico y otra ley sobre el regulador independiente de la competencia.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables