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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Rajoy, Obélix y la poción mágica

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Presidente del Gobierno

Cuando media España, al menos, se dispone a empezar sus vacaciones de verano en busca de un merecido descanso, llega la hora de hacer balance de un curso político, académico, que termina. Deformación profesional, seguramente. El balance de este último curso, en lo referente a energía y cambio climático, nos presenta una gran diferencia entre lo que está pasando en el mundo y lo que sucede en España.

En el mundo, las energías renovables y, sobre todo, la fotovoltaica, siguen un ritmo de crecimiento imparable. Solamente en China, se han instalado en el primer trimestre de 2017 24,4 GW, cinco veces más que toda la capacidad fotovoltaica española, y lo han hecho combinando grandes plantas (83%) con generación distribuida (17%). En California, a pesar de las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, la energía solar continúa desarrollándose y han empezado a incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico para permitir mayor penetración de la fotovoltaica, lo que está suponiendo un profundo cambio en una red eléctrica cada vez más descentralizada. Encontramos ejemplos similares en multitud de países que apuestan decididamente por las energías renovables, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la electrificación de la demanda como elementos claves de un nuevo modelo energético. Y no es precisamente que todos se hayan vuelto locos de repente.

Vivimos diariamente los efectos de un cambio climático global que nadie sensato se atreve ya  a discutir, con contundentes evidencias científicas sobre las causas del mismo y un consenso casi unánime sobre las urgentes medidas que hay que tomar. A nivel global, el efecto más visible -que no el único- es el aumento de las temperaturas, mientras que, a nivel local, es la contaminación del aire que respiramos su consecuencia más devastadora. La Organización Mundial de la Salud atribuye cada año siete millones de muertes a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el mayor riesgo medioambiental para la salud y que, según el Banco Mundial, tiene un coste del 3,5% del PIB mundial.

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No le digo que me lo supere, ¡iguálemelo! También en energía

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

vehículo eléctrico

Es “doctrina Mota”, del humorista, y tiene su aplicación al mundo de la energía con futuro, de la racionalización de la demanda energética con ahorro y eficiencia y de la optimización de la oferta energética con energía eléctrica como energía final, con renovables a tope, generación distribuida, autoconsumo…y alcanzando también al transporte.

¿Qué pasaría si España igualara a algunos países europeos en áreas tan determinantes como la generación eléctrica con renovables o la implantación del vehículo eléctrico? Pues ocurriría que podríamos alcanzar en 2030 – 2040 los objetivos que se proponen desde la Fundación Renovables u otras ONGs que, en general, se consideran utópicos.

Para conseguir en 2030 el objetivo de que el 80% de la generación eléctrica sea de fuentes renovables bastaría que España llegase al nivel actual (en 2016) de Alemania en potencia eólica y fotovoltaica instalada, unos 40 000 MW en cada caso.

Si Alemania puede con menos potencial y razones para hacerlo ¿por qué España no puede? No puede por una simple razón: porque las prioridades del Gobierno y de las empresas energéticas y eléctricas son otras ya que como repetía el exministro del ramo, ni los cambios regulatorios deben afectar a los “intereses del sistema” ni se necesita nueva potencia de generación ante el exceso que tenemos de potencia, aunque sea de la mala en términos ambientales y para el interés general

Y para conseguir que también en 2030 más del 60% (y en 2040 el 100%) de los vehículos nuevos sean eléctricos o en general “limpios”, o sea, emisiones cero, bastaría con comprometerse desde ya con el vehículo eléctrico como ha hecho Noruega, que va más allá ya y donde en 2025 solo se podrán comercializar dichos vehículos. Y lo mismo acaba de hacer Francia para el horizonte 2040.

Noruega, de hecho, ya va muy avanzada en alcanzar su objetivo ya que en este momento los coches eléctricos matriculados superan al resto y siguen creciendo anualmente. Ya hay casi 140.000 vehículos en circulación en el país, uno por cada 40 habitantes, mientras que en España con una población nueve veces mayor, no llegamos a los 20.000, uno cada 2.400 habitantes.

Si Noruega puede que es productor de petróleo, que no tiene industria del automóvil, que no tiene tan alta contaminación urbana, ¿por qué España, que tiene que importar los carburantes, que tiene una industria automovilística de las más potentes del mundo y una alta contaminación urbana no puede?

No puede porque el sector automovilístico español, aun siendo tan potente, es dependiente del exterior y las multinacionales del sector, por más que generen empleos aquí y contribuyan a nuestras exportaciones, que es todo lo que parece interesar al Gobierno, se siguen quedando con gran parte del valor añadido del negocio y rentabilizando sus inversiones en la “economía fósil” (como el oligopolio energético y eléctrico), incluso con ayudas públicas. Lo paradójico es que tanto Francia como Alemania (un millón de vehículos limpios ya en 2020), países en los que tienen su sede buena parte de las empresas que fabrican en España, ya se han subido al coche eléctrico. ¿Quién los fabricará? ¿Quién piensa en la industria automovilística española del futuro forzosamente productora de vehículos limpios? Este Gobierno parece que no.

Así que no pedimos nada más que igualarnos a otros países que con menos razones, capacidades y necesidades que nosotros están ya en la pomada mientras que nosotros, como suele repetir el Ministro del ramo, tenemos que esperar a que estas tecnologías (las renovables, los coches eléctricos…) “maduren” y que sean otros países los que corran el riesgo de liderar el cambio, la innovación, el mercado… que España ya lo corrió en su incursión en las renovables. ¿Será que están locos estos noruegos, franceses, alemanes, daneses, chinos, indios, californianos… de Guinea Papúa, Samoa o Cabo Verde?

Señor Ministro, no le pido que me lo supere, ¡iguálemelo!

 

 

Canibalismo energético

 Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Es imprescindible cambiar el modelo de fijación de precios mayoristas de electricidad y de diseño de las subastas para no canibalizar las decisiones de inversión

tendido eléctrico

Mañana, 26 de julio, se celebrará la tercera subasta de potencia renovable, la segunda en poco más de un mes, y todas las propuestas de inversión que resulten ganadoras, si es que se ejecutan, se pueden considerar sobrevaloradas.

James Tobin, premio Nobel de Economía en 1981, publicó en 1968 un indicador básico de rentabilidad, conocido como la “Q de Tobin”, que comparaba el valor de mercado de un activo, como suma de los flujos de caja descontados y el valor de reposición del mismo. Si el indicador era superior a la unidad la inversión en dicho activo podía considerarse como sobrevalorada y, por lo tanto, en un mercado futuro competitivo y abierto existirían otros activos con capacidad de generación del kWh a menor coste dejando constancia en libros del sobrevalor de dicho activo.

La incorporación de las fuentes de energía renovable, caracterizadas por ser altamente intensivas en capital, con una evolución en sus costes de inversión marginalmente decreciente en el tiempo, y con costes variables muy reducidos, requiere que su entrada en el mercado energético sea diferente a lo que hasta ahora estamos acostumbrados con inversiones en fuentes de energía, como el carbón y el gas, que se caracterizan por altos costes variables y por ser no tan intensivas en capital.

Necesitamos un sistema de fijación de precios de la electricidad en el mercado mayorista que permita por un lado aprovechar la progresión marginalmente decreciente de los costes de inversión de las tecnologías renovables y por otro que, dentro de una planificación energética nacional, hoy día inexistente, estas se vayan incorporando de forma competitiva según el crecimiento de la demanda de electricidad y el cierre programado de las centrales de carbón y nucleares.

Por la composición actual y futura del mix energético en España la fijación de precios en el mercado mayorista de forma marginalista no es la solución, dado que la propia evolución de los costes de las renovables canibaliza las inversiones ya realizadas, lo que exige no solo cambiar el modelo de fijación de precios y de diseño de las subastas sino proteger las decisiones de inversión anteriormente realizadas.

El Gobierno del PP, que no quiere reconocer el valor ni el papel que las energías renovables van a tener en el futuro, se ha empeñado en definir un modelo de entrada de las inversiones renovables mediante la subasta de potencia en función de costes de inversión y sin planificación de entrada según necesidades, sin darse cuenta que de esta forma han convertido a las inversiones futuras de generación de energía eléctrica en un producto financiero que nace sobrevalorado porque su entrada ni obedece a un criterio de necesidad ni a un criterio de fijación de precios de la energía casados para demandas ciertas.

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100% renovables no es suficiente

Carlos Esteban González – Jefe de Servicio de contratación de energía y eficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid

Ciudad sostenible

El Ayuntamiento de Madrid anunció a finales del año pasado que desde enero de 2017 la energía eléctrica consumida por los edificios municipales, lo que equivale al consumo de unos 52.000 hogares, será certificada como de origen renovable.

Con ello se pretendía mostrar el compromiso de la Ciudad de Madrid con la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Otras grandes ciudades y empresas se han sumado a este compromiso, con el que se pone de manifiesto que las ciudades y la sociedad civil están al frente de la transición energética.

De este modo se ha puesto encima de la mesa la necesidad de que más consumidores exijan a sus compañías eléctricas que le suministren exclusivamente energía de origen renovable. Sin embargo, hasta que no se llegue a una cifra muy significativa de exigencia de origen renovable, dichas certificaciones no supondrán un cambio en la oferta de generación renovable y por lo tanto no tendrán efecto en el mercado eléctrico.

Trataré de explicarlo:

Según el informe “El sistema eléctrico español 2016” publicado por Red Eléctrica hace unos días, el 40,8% de la generación eléctrica en España provino de fuentes renovables con el siguiente desglose: 19,3% eólica, 14,6% hidráulica, 3,1% fotovoltaica. Mientras que entre las no renovables sigue líder la nuclear con un 22,9% seguida del carbón con un 14,4%, tecnologías del siglo XX y XIX respectivamente que se reducirá drásticamente en los próximos años. Completan el panorama energético los ciclos de gas y la cogeneración con un 10% cada una.

En países de nuestro entorno mediterráneo los porcentajes de generación renovable no andan lejos, salvo Portugal que nos supera ampliamente con un 55,6% renovable. Muy lejos quedan los utópicos países nórdicos con Islandia y Suecia, que casi han alcanzado el 100% renovable, o Dinamarca con un 62,3% renovable.

Según datos de la CNMC correspondientes al año 2016, el 65% de la producción renovable estaba acogida el sistema de Garantías de Origen, emitiéndose certificados por 85.823 GWh. Solamente un tercio de dichos certificados son entregados a los consumidores finales (26.800 GWh). Esto supone aproximadamente 1 de cada 10 kilovatios generados en España y solo 1 de cada 4 kilovatios verdes.

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El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

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Energía. Entre la inseguridad jurídica y la levedad política

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante un acto público.

Cuando allá por el año 2009 el Gobierno por entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero refirmaba su intención de no prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña a la finalización de su vida útil de diseño de cuarenta años, el Partido Popular puso en marcha una intensa campaña político-mediática con la intención explícita de desacreditar, por ideológica y fuera de razón, una decisión que había estado presente en el amplísimo debate abierto en torno a la Ley de Economía Sostenible y que igualmente venía formando parte de la propuesta energética de los socialistas expresada en sus resoluciones congresuales y programas electorales.

Manifestaban los entonces portavoces en la oposición, con Mariano Rajoy al frente y el hoy ministro de energía como fiel escudero en el empeño, que era poco menos que una insensatez impropia de un Gobierno democrático la intervención política en un espacio, el de la energía, que debía dejarse mecer única y exclusivamente por las reglas del mercado. Y que cualquier intromisión del Ejecutivo con visos de planificación en el sector, implicaba poco menos que el retorno a los modos de hacer de la Rusia Soviética.

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El misterio de la comisión de expertos

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

interrogante

Cuando un gobierno o administración tiene que tomar una decisión difícil, monta una comisión de expertos para que le ilumine sobre qué es mejor decidir. Cuando un gobierno o administración quiere marear la perdiz y alargar un tema sin tomar ninguna decisión, monta una comisión de expertos para tener al personal entretenido mientras el gobierno en cuestión sigue haciendo lo que le venga en gana.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros decidió crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, cuyo objetivo será aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima.

¿Cuál es el verdadero motivo de esta comisión de expertos? ¿Iluminar al gobierno o marear la perdiz? Pronto lo sabremos, pero de momento hay indicios que no señalan nada bueno.

Para empezar, su composición: catorce integrantes, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

Que el gobierno quiera designar expertos de su confianza es normal, siempre que no elija a aquellos que solo vayan a recibir instrucciones o solo digan aquello que el gobierno desea oír.

Que otros integrantes vengan marcados con color político ya huele un poco peor, porque ahí nos podemos temer que cada cual intente arrimar el ascua a su sardina, y los expertos reproduzcan el debate parlamentario, solo que con una mayoría que asegure al gobierno salirse con la suya. Habrá que estar muy atentos no solo a los argumentos (que serán los esperables según el color político) sino al fundamento que aporten para defenderlos.

Respecto a los expertos a designar por los agentes sociales, la cosa ya huele a naftalina. ¿Quiénes son los agentes sociales? ¿Por qué la patronal y los sindicatos mayoritarios pueden designar sus propios expertos, y el resto de la sociedad no? ¿Por qué una asociación ecologista o de consumidores no puede aportar expertos que defiendan su punto de vista? ¿Será que no tienen representatividad social, o será que pueden defender propuestas que no gusten al gobierno?

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Por fin las eléctricas abren el melón del escenario 2030

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Ha sido el Consejero Delegado de ENDESA quien lo ha hecho, quien por fin se ha atrevido a abrir el melón del escenario 2030 que venimos reclamando, aunque lo haya hecho a propósito o simplemente por intentar salvar los muebles en el tema de las centrales nucleares. 

Según informan los medios, recogiendo su intervención en la UIMP el pasado 21 de junio y en declaraciones posteriores, el Sr. Bogas, para justificar que se extienda de 40 a 50 años el periodo de vida útil de las centrales nucleares, nos ha dejado perlas que bien merecen ser engarzadas adecuadamente para responderle a ese pequeño órdago que ha echado al Gobierno y a la sociedad en general.

Es un buen comienzo el que haga suyas las palabras del Ministro Nadal de que “las políticas energéticas no pueden supeditarse solo a decisiones económicas”. Ya era hora de que lo descubrieran. Estamos ante un desafío fundamentalmente político y hay que responder con políticas a medio y largo plazo, no con parches y decisiones cortoplacistas y descontextualizadas, como es el caso español. En España no existe  política energética que no sea la de anteponer los intereses de las eléctricas y energéticas al interés general, además de responder tarde y mal a los compromisos de la Unión Europea, como muestra la desacertada subasta de renovables de mayo y la anunciada para junio con el objetivo de tratar de respetar el objetivo comunitario del 20% de participación de las renovables en la energía final en 2020.

También opina el Sr. Bogas que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en “un tema tan importante como este”. Se refiera ya sea a las centrales nucleares o a las políticas energéticas, no deja de tener cierta gracia porque es algo que no solo “se deja” sino que todos reclamamos al Gobierno. Efectivamente, queremos que se manifieste sobre cuál es su política energética a medio y largo plazo, su plan de transición energética a 2030-2050 como cualquier país que se precie e incluyendo su plan de cierre de centrales nucleares (lo tiene para no cerrarlas). Y queremos que lo someta todo a un debate político y público, en lugar de su política “por entregas”, con la cual va secuestrando y robándonos un futuro energético sostenible y deseable.

El caso más evidente de este reduccionismo es el debate abierto por el Gobierno utilizando Garoña como punta de lanza con el que quieren blindar las centrales nucleares para el escenario energético 2030 que ahora por fin tendrán que exponer después de haberlo prometido desde hace ya más de diez años.

Es una buena propuesta viniendo del Sr Bogas, que el Gobierno finalmente explicite su política, planes, escenarios… energéticos y los someta a debate público y consenso político porque no hacerlo podría calificarse de “prevaricación política”.

Finalmente entramos ya en materia cuando el Sr. Bogas se aventura en un escenario 2030 que inexorablemente implica una gran penetración de las  renovables, para lo cual no hacen falta enjundiosos estudios de prospectiva, ya que la UE con sus tres Hojas de Ruta 2050 y con el llamado paquete 2030 (pendiente de revisión al alza en el Parlamento Europeo) ha concretado los objetivos a los que España tendrá que contribuir. Objetivos que en el caso de las renovables va a ser como mínimo del 30% de participación en la energía final.

Como esto significaría como poco pasar de los 100 Twh actuales a 150 Twh, el Sr. Bogas anticipa que será necesaria  una potencia adicional  de generación con renovables unos 30.000 MW

El Sr. Bogas va más lejos al señalar que “si en esa transición (hacia el escenario 2030) eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios”, y que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería “físicamente imposible”. “Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares“, añadió.

Con esto y por primera vez alguien tan relevante de UNESA nos ha esbozado las dos alternativas básicas de generación eléctrica con renovables para el escenario 2030, ambas de mínimos (podrían tener que mayorarse por exigencias del esfuerzo compartido para alcanzar la reducción de emisiones de más del 40% en 2030 o simplemente por convenir a España). Una con centrales nucleares, que significaría cubrir un 60% de la generación eléctrica, y otra sin centrales nucleares en la que cubrirían el 80% que, no es por casualidad, se corresponde con las Propuestas de política energética de 2015 de la Fundación Renovables.

Este escenario sin centrales nucleares, con renovables a tope, con menor consumo de energía final y mayor electrificación es el escenario necesario deseable y oportuno para España. Necesario para contribuir responsablemente a mitigar el Cambio Climático, del que además somos víctimas preferentes, y librarnos de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Deseable aunque no hubiera Cambio Climático porque es un paso enorme hacia el futuro, hacia la “autosuficiencia energética conectada” considerando su alto potencial en renovables y es un escenario oportuno porque no solo nos liberaría de las importaciones de combustibles fósiles que suponen entre 25.000 y 40. 000 M€ al año sino porque potenciaría enormemente nuestra industria de renovables (líder incluso con el abandono actual de las renovables) y empleo de calidad.

Solo hace falta demostrar, en contraste con lo que dice el Sr. Bogas que este escenario de generación eléctrica 2030 es viable y gestionable en términos socioeconómicos si se plantea con firme propósito político.  Un escenario sin centrales nucleares ni de carbón y con hasta un 80% de generación con renovables, en gran parte distribuida y en autoconsumo, con el mix adecuado: eólica, fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, biogás, centrales hidráulicas, muchas reversibles… y gestionadas en parte por el operador (Red Eléctrica Española).

Lo mejor es que demostrar que es viable y gestionable no tiene un coste elevado considerando las inversiones involucradas y los beneficios derivados del mismo. Según las consultas que personalmente he hecho en nombre de la Fundación Renovables, la realización de un ejercicio simple de análisis de simulación realizado en abierto, mediante discusión en un foro permanente, tanto de las hipótesis de partida como de los escenarios alternativos a 2030 y 2050, tendría un coste aproximado del orden de los 80-90.000 €, una cifra que sí parece físicamente posible (menos de 2 ppm, o dos euros por millón de  inversión). Este análisis tendría en cuenta las obligaciones al respecto tanto de la Unión Europea, del Acuerdo de París y las que serían deseables con el objetivo de mostrar, esperemos,  la viabilidad física, en coste/eficiencia en generación-transmisión y gestionabilidad, de estos escenarios (o de un “proxi”) que el Sr. Bogas considera imposibles físicamente.

¿Quién está dispuesto a financiarlo? Para el sector eléctrico esto no sería un quebranto, tampoco para el de renovables y aún menos para el Ministerio ya que es su obligación y algún ejercicio tendrá que hacer. En último extremo y, dado que los ciudadanos parece que seriamos los más beneficiados del mismo, si los agentes anteriores no responden quizás deberíamos recurrir al “crowd funding”. Sería vergonzoso tener que hacerlo.

Gracias Sr Bogas por abrir el melón.

 

 

Intuicionalismo

 Piet Holtrop – Abogado

Un compatriota mío, L.E.J Brouwer, matemático de principios del siglo pasado, es uno de los fundadores de la corriente del intuicionalismo. En su día fue revolucionario, porque trataba de explicar una matemática que podría incorporar secuencias numéricas infinitas que en algún momento en el futuro cambiarían su comportamiento. Siempre me ha interesado su pensamiento, y hace tiempo me compré un libro sobre él, titulado “Cómo está la matemática arraigada en la vida”.

Como dicen los alemanes, la matemática es la Geisteswissenschaft, humanidades en castellano, en su más pura forma. No necesita relacionarse con la realidad empírica para existir. Fascinante, ¿verdad?

El pasado fin de semana enviamos una denuncia a la Comisión Europea (CE), desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en colaboración con el Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente. ¿Qué tiene que ver esto con mi compatriota matemático?

Pues hay correlaciones curiosas entre la matemática y el sistema eléctrico español. En primer lugar, lo que hablaba antes de la relación empírica con la realidad: las eléctricas verticalmente integradas en este sistema año tras año han tenido beneficios inelásticos a la coyuntura. Significa que siempre ganan, pase lo que pase. Significa que sus beneficios no dependen de la realidad empírica en la que se mueven.

Saben generar enormes déficits y conseguir que otros paguen por ello. La Comisión Europea ya lo dijo antes de los primeros recortes a las energías renovables, que los llamados windfall profits, “beneficios caídos del cielo” en castellano, eran los responsables del déficit de tarifa en España. Son los beneficios que reciben estas empresas por activos que tenían previstos unos ingresos muy inferiores en el marco legal estable español que regía el sector eléctrico antes de la liberalización desde el año 1997.

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Celebramos el sol, fuente de energía limpia e inagotable

Por Elisa Noli – Responsable de Comunicación de UNEF

Sol y bombilla

En el Día Internacional del sol, que conmemoramos hoy, celebramos la estrella de nuestro sistema planetario, que es además fuente de energía limpia, renovable e inagotable, y que puede ser una grande aliada en la lucha contra el cambio climático.

Es muy desolador ver cómo, a pesar de disponer de un recurso abundante, nuestro país en los últimos años haya dado la espalda a esta fuente de energía. Y los datos lo demuestran: en España, en 2016, se instalaron solo 55 MW de nueva potencia fotovoltaica, mientras que en todo el mundo se instalaron 75 GW. Aún más llamativa es la comparación con países europeos más cercanos, como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia – algunos de los cuales no son conocidos por el buen tiempo o los altos niveles de irradiación – en los que se instalaron respectivamente 1.52 GW, 559 MW, 1.97 GW y 373 MW.

Además de contribuir a reducir la contaminación y a cumplir con los compromisos definidos en el Acuerdo de París, la energía solar aporta numerosos beneficios para España, entre los cuales destacan la reducción de las importaciones de combustibles fósiles, la generación de riqueza y empleo local y el desarrollo de aplicaciones para generar electricidad en forma distribuida.

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