Autoconsumo solar para la “Next Generation”

El autoconsumo solar esté de moda en España. Atrás quedó la época de los hermanos Nadal y su nefasto “impuesto al sol”, así como todos los impedimentos arbitrarios y malintencionados que impusieron al autoconsumo. El año pasado se conectaron 40.000 instalaciones solares en tejados, más que el acumulado histórico. Este 2021 no será menos y España alcanzará, con total seguridad, las 100.000 instalaciones acumuladas. Tampoco hay duda de que en los próximos años se alcanzará el millón de tejados solares en España (¿será en 2025? ¿en 2030?).

Teniendo en cuenta los niveles de radiación solar que tenemos en España y en un contexto de electricidad cara, no interponer una placa solar entre el sol y el tejado es un derroche energético y económico que no tiene sentido alguno. Los números salen (más aún con las bonificaciones municipales al IBI) y el compromiso ambiental de los españoles es cada vez mayor.

No obstante, dada la herencia del impuesto al sol, España ha perdido un precioso tiempo y está aún muy lejos del resto de países del entorno. Alemania ya superó a finales del año pasado los 2.000.000 millones de tejados solares, 20 veces más que España, con una población que no llega al doble de la española (y con menos sol). Ello justifica una intervención pública en España, que no sólo se limite a eliminar las trabas más perjudiciales para el autoconsumo solar, sino que también contribuya a acelerar la implantación mediante ayudas económicas de impulso directo a los techos solares.

Los Fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea (popularmente conocido como “Next Generation”) pueden suponer una buena inyección económica al autoconsumo. No obstante, cabe preguntarse, si ya hemos dicho que el autoconsumo “va solo” en España, especialmente en aquellos perfiles en los que la curva solar coincide con la de consumo, ¿qué necesidad hay de subvencionar esta actividad? Y más aún cuando ya sabemos que existen bonificaciones fiscales y que el mero anuncio de posibles subvenciones suele provocar una paralización inmediata del sector hasta que éstas son convocadas, varios meses después.

En un entorno de normalidad económica, acostumbro a defender la no necesidad de ayudas para el autoconsumo, como actividad que ya es rentable por sí misma. No obstante, en un contexto económico de expansión de la inversión pública y de transformación productiva profunda como el actual, tras la apuesta europea decidida por una salida keynesiana de la crisis de la covid-19, considero muy positivo que el Gobierno haya decidido dedicar 900 M€ (1,2% de las ayudas directas totales en España) al autoconsumo solar y eólico.

Ahora bien, sería bueno enfocar esas ayudas hacia aquellos supuestos en los que existe una mayor necesidad de intervención pública para subsanar algunas de las deficiencias de mercado. En concreto, quiero destacar tres situaciones en las que se justifica especialmente una intervención pública de carácter económico.

El primero de ellos es el empleo de materiales locales, o cuanto menos, europeos. La instalación mayoritaria de componentes asiáticos presenta algunos problemas que pueden generar vulnerabilidades evitables. Primero, un problema de suministro. Ante la escasez de materiales, durante este primer semestre he visto decenas de contratos incumplidos por parte de fabricantes, así como renegociaciones y subidas de precios a pesar de que los contratos ya estaban firmados (y en algunos casos, pagados). Segundo, por una cuestión ambiental y laboral, ya que transportar materiales desde el otro lado del mundo no resulta la manera más ecológica de generar energía verde, y ya que en los últimos meses han salido a la luz varios escándalos en fábricas solares chinas en relación con el empleo de mano de obra forzada de minorías étnicas. Y en tercer lugar, porque producir los materiales en España o en Europa genera empleo y riqueza local.

El segundo es el impulso de la energía solar en aquellos territorios con menor radiación solar, como es el norte de España, o con mayores costes de instalación, como podrían ser Canarias y Baleares. Son casos en los que la energía solar es menos rentable por lo que está justificada esa intervención pública para compensar los menores ingresos o los mayores costes.

Y el tercero es el fomento del autoconsumo solar en aquellos tejados de personas de menor renta, que quizás no dispongan del dinero necesario para la inversión inicial (unos 5.000€) pero sí que deberían poder beneficiarse de esa fuente de energía limpia, local y más barata. En este caso, puede servir tanto una fórmula de ayuda directa como otra de financiación, asumiendo un mayor riesgo que el sector privado para perfiles de consumidores que quizás no superen los ratios de solvencia exigidos por las entidades financieras para otorgar préstamos para este tipo de proyectos.

Además, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no va sólo de inversiones, sino también de reformas normativas que faciliten, en este caso, la transición energética. En materia de autoconsumo la reforma más urgente es la del autoconsumo compartido, y en concreto es preciso aprobar los coeficientes dinámicos de reparto para el autoconsumo compartido (como ya ha hecho Francia) y aclarar los esquemas eléctricos para este tipo de instalaciones, poniendo fin así a las disputas eternas con las compañías distribuidoras a este respecto. De esta forma, se maximizaría el aprovechamiento de la energía solar en los tejados, se podría ocupar cada m2 de tejado disponible y se permitiría que más personas disfruten de la energía solar distribuida.

El futuro del autoconsumo solar está por escribir en España. Ahora que tenemos la hoja casi en blanco, es el momento de fijar un buen esquema que nos permita construir una historia de éxito. Y uno de los protagonistas de esa historia tiene que ser la fabricación local, de forma progresiva, pero decidida y dando seguridad jurídica a las inversiones en fábricas en España. Y es que los Fondos Next Generation no se llaman así porque los pagará la siguiente generación, sino sobre todo, porque deberán servir para transformar las estructuras del país para que la próxima generación disfrute de un país más próspero, verde y justo.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

La energía como derecho

La humanidad ha explotado los recursos energéticos a su alcance desde el principio de los tiempos y este hecho explica, en parte, la historia misma de nuestras sociedades. Incluso antes de la Revolución Industrial, momento en el que se populariza la máquina de vapor y demás artefactos que hoy asociamos con el inicio de la modernidad, recurríamos a los animales para aprovechar su fuerza y producir más alimentos o transportar cargas pesadas. Y más recientemente, el control de los yacimientos petrolíferos y otros recursos fósiles ha definido la geopolítica mundial y las dinámicas de poder durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, la energía es un factor clave para entender el devenir de la humanidad y estudiando su historia también podemos entrever algunas raíces de la desigualdad, ya que quien poseía un buey, por ejemplo, tenía más posibilidades de prosperar que aquel que solo contaba con la energía de su propio cuerpo.

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Necesitamos impulsar el autoconsumo colectivo

Mucho tiempo ha pasado ya desde que las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo son una realidad en España. El desarrollo de la tecnología fotovoltaica y, sobre todo, los bajos costes de generación alcanzados, han hecho de esta tecnología un actor cada vez más importante en la transición energética. El camino no ha sido fácil. Desde los tiempos del famoso “Impuesto al Sol”, un tiempo en el que se nos llamaba a los autoconsumidores depredadores del sector eléctrico, insolidarios y otras lindezas, muchas cosas han cambiado para mejor. Bien es cierto que aún persisten problemas que debemos corregir para que el autoconsumo tenga el desarrollo que debería tener, en un país con un recurso solar tan generoso como el nuestro. Uno de los más importantes es la simplificación de los trámites administrativos, sobre todo para las instalaciones domésticas, que a día de hoy sigue siendo demasiado largo y complejo. Las últimas estimaciones hablan de una media de 45 días y, aunque venimos de plazos de más de seis meses, siguen siendo plazos inasumibles para instalaciones con una complejidad técnica tan baja.

Una de las claves para el impulso del autoconsumo es potenciar el autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, es decir, cuando varios usuarios comparten una misma instalación fotovoltaica y se benefician conjuntamente de la energía producida. Sin duda, una gran idea que permite realizar instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Recordemos que en España la mayoría de la población vive en bloques y que disponemos de una gran cantidad de espacio en las cubiertas de los polígonos industriales.

Esta modalidad de autoconsumo tiene varias ventajas:

  • Desde un punto de vista energético, son más que evidentes y se traducen en que la energía autoconsumida, es decir la energía utilizada directamente de la generación fotovoltaica, aumenta, disminuyendo la energía vertida a la red e incrementando, por tanto, la rentabilidad de estas instalaciones.
  • La generalización de estas instalaciones en los edificios permite, además, incrementar la producción de energía eléctrica en las ciudades, generando electricidad cercana al consumo y disminuyendo la dependencia energética de estas.
  • Permite una democratización y descentralización de la producción de energía, enfrentando a los ciudadanos a su responsabilidad en un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Sin embargo, todavía tenemos problemas que resolver antes de que este tipo de autoconsumo tenga el desarrollo deseado. Si dejamos al margen los procedimientos administrativos de los que ya hemos hablado, hay dos barreras importantes para el desarrollo del autoconsumo compartido.

El primero es que para realizar una instalación de autoconsumo colectivo o compartido la distancia entre los puntos de generación y consumo no puede exceder de 500 m. Una distancia totalmente arbitraria y sin ninguna justificación técnica, habida cuenta de que los impuestos por utilización de las redes eléctricas no se aplican en función de la distancia entre generación y consumo. Además, los autoconsumidores pagamos en igualdad de condiciones con los demás productores por el uso de las redes eléctricas.

No hay, por tanto, ninguna justificación para limitar esta distancia. En última instancia, ¿por qué no es posible descontar de la factura eléctrica la generación FV que podríamos tener en una segunda residencia? Si la red eléctrica es la misma y no hay ninguna discriminación a ningún productor eléctrico por la distancia al punto de consumo, ¿por qué debe haber un límite de distancia para el autoconsumo compartido? ¿Y qué más da donde yo tenga los paneles fotovoltaicos? En estos casos, deberíamos pagar por el uso que hagamos de la red. Aquí el problema es que los propietarios de las redes no cobran por este uso, sino que cobran una rentabilidad fija por las inversiones que hicieron, las usemos o no.

Seguramente la solución pasa por una reforma integral del mercado eléctrico para adaptarlo a las nuevas formas de producir y consumir energía, más descentralizadas y con mayor participación de la ciudadanía.

La segunda barrera tiene que ver con la forma de compartir la energía producida. En una instalación de autoconsumo compartido los asociados establecerán los coeficientes horarios de reparto de la energía producida (Real Decreto 244/2019), pero estos coeficientes deben ser fijos. Tampoco tiene mucho sentido que no se puedan establecer coeficientes dinámicos, de forma que los excedentes de un vecino tengan la posibilidad de ser usados por otro antes de ser vertidos a la red.  Imaginemos en un caso extremo, el mes de vacaciones de un vecino. En este caso la mayor parte de la energía que le corresponde es vertida a la red y no puede ser aprovechada por los otros vecinos que comparten la misma instalación. Los coeficientes de reparto fijos van a suponer un freno al desarrollo del autoconsumo compartido, cuando las directivas europeas abren la posibilidad de contratos bilaterales de compra venta de energía entre distintos usuarios. Tenemos todavía un amplio margen de mejora en la legislación actual sobre autoconsumo y si de verdad queremos impulsarlo, estas barreras tendrían que desaparecer cuanto antes.

Por último, me gustaría hacer mención a las normas de edificación. En los edificios ya construidos no es sencillo llevar un conductor eléctrico desde la salida del inversor, normalmente cercano a los módulos fotovoltaicos y por lo tanto en la azotea del edificio, hasta la entrada de la acometida de la red eléctrica, a nivel de calle. Debemos empezar a considerar en la normativa para viviendas de nueva construcción la importancia de una preinstalación para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, en la que además de una buena distribución del espacio en las azoteas, para evitar sombras posteriores en los generadores fotovoltaicos, se prevea la infraestructura necesaria para facilitar la posterior instalación de estos sistemas. Avanzaremos así hacia los edificios de consumo de energía cero, es decir, edificios en los que una parte importante de su consumo energético se genera en el propio edificio mediante fuentes renovables.

El autoconsumo compartido debe jugar un papel importante en la transición energética y es urgente una regulación que permita y facilite su rápido desarrollo.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

Las turbulencias del recibo de la luz impactan en un bien esencial

Este año post-pandémico no quiere dar ninguna tregua a los precios de la luz que, lejos de bajar, parece que mantendrán su tendencia al alza en el mercado mayorista. Es recurrente que cuando se producen este tipo de subidas prolongadas en el tiempo coincidan con una situación tensa entre el gobierno y las eléctricas; no es la primera vez que ocurre, solo hay que echar la vista atrás y recordar como, por ejemplo, en el año 2013 estas subidas llevaron a la anulación de las subastas CESUR y a una sanción a Iberdrola por manipulación en el precio de la energía eléctrica.

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¿A dónde van con tanto hidrógeno?

Hace casi veinte años se publicaba en el boletín APPAInfo, de la entonces Asociación de Productores de Energías Renovables y en la que yo trabajaba por aquel tiempo, un artículo que firmaba El Kilovatio Verde y que se titulaba “¿A dónde van con tanto gas?”. Salíamos al paso del aluvión de proyectos de ciclos combinados que las eléctricas y otros grandes agentes económicos ponían en marcha animados por un Plan de Infraestructuras Eléctricas y Gasitas del entonces Secretario de Estado de Energía, José Folgado, norma que, a título “indicativo”, marcaba una previsión de necesidades de esta tecnología que luego se demostró errónea. Llegaron a anunciarse proyectos que sumaban los 50.000 MW, aunque, finalmente, “solo” se instalaron 27.000 MW.

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Energía renovable y… ¿Por qué no, circular?

Con la reciente aprobación del I Plan de Economía Circular por parte del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), varias personas de mi entorno, que saben de mi continuo interés por este tema, me preguntaban sobre ello, así que veo este momento cómo una buena oportunidad para promover su divulgación e intentar aumentar la sensibilización y concienciación en la sociedad.

Entonces… ¿qué dices que es la Economía Verde y Circular (EC)?

Es un modelo alternativo y sostenible a la tradicional “Economía Lineal” que tenemos implantada en nuestro sistema socioeconómico desde la Revolución Industrial, basado en el concepto de “producir, usar y tirar”. Como principal objetivo, busca reducir e incluso eliminar, el impacto ambiental que se produce sobre la naturaleza en cada una de las diferentes etapas de un proceso o actividad.

Este nuevo tipo de diseño circular va más allá de la fase final de la vida útil a la que llega cualquier producto o sistema (como ocurre en la tradicional economía lineal). Ahora se trata de eliminar los residuos y la contaminación que se pueden generar desde la etapa inicial de diseño (denominado ecodiseño), promoviendo la reutilización y el reciclaje de materiales o componentes de gran valor. Con ello, se defiende la mínima extracción de recursos naturales y su uso más eficiente, la transición hacia fuentes de energías renovables, alargar la durabilidad y reparabilidad de materiales y productos en uso e impulsa la regeneración de ecosistemas naturales.

Según la Fundación , introducir la EC en Europa supondría un ahorro de 600 mil millones de euros y un aumento del PIB del 11% para el año 2030, con la paralela generación de nuevos puestos de trabajo. Así que, ¿por qué no apostar por ella? Además, se puede aplicar a cada uno de los sectores que tenemos en nuestro día a día y que son los motores de nuestra economía: construcción, textil, electrónica, transporte, alimentación, turismo, etc.

¿Y el sector de las energías renovables? En un principio se podría pensar que este tipo de energía ya es limpia, no contamina ni produce un gran impacto ambiental, pero nada más lejos de la realidad.

Economía Circular y energías renovables

Uno de los problemas actuales dentro del sector energético es el de que muchos parques eólicos están llegando al final de su vida útil, por lo que se propone un Plan de Desmantelamiento Circular del Parque, buscando dar una segunda vida a los equipos y materiales, con la posibilidad de venta a terceros.

El reciclaje de las palas de los aerogeneradores presenta un gran hándicap a resolver, en contraposición con el del resto de componentes. Las palas están fabricadas de materiales compuestos, formados por poliéster o resina epoxy, utilizando fibra de vidrio o de carbono como material de refuerzo, que son difíciles de separar para su reciclaje, y poder darles así un nuevo uso, además del gran coste económico que supone.

En cuanto a la reutilización, se puede optar por la reinstalación de los propios aerogeneradores en otros emplazamientos, o también por dar nuevos usos a parte de sus componentes, como los eléctricos y electrónicos, en otros aerogeneradores que se encuentren operativos. Otra aplicación, fuera de su uso habitual, es la utilización de palas de aerogeneradores como figuras arquitectónicas, como se ha hecho ya en algunas ciudades europeas.

Por desgracia, en la mayoría de los casos se procede a su reciclaje térmico o incineración, con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero, o a su almacenamiento en cementerios de palas de aerogeneradores, donde acaban enterradas, una vez troceadas y transportadas a vertederos de residuos no peligrosos.

Otra de las principales fases en las que se produce un gran impacto ambiental, al igual que ocurre en el sector fotovoltaico, es la de fabricación e instalación, en la que se genera una gran cantidad de residuos y emisiones contaminantes, además de un agotamiento de recursos abióticos.

La producción del acero reforzado que se utiliza mayoritariamente para la torre es la responsable de los gases contaminantes emitidos durante la etapa de fabricación, mientras que también cabe destacar la cantidad de recurso hídrico que se necesita para la fabricación de la resina epoxy y de la fibra de vidrio (principalmente para las palas, además del cono y la góndola), y la fabricación de los paneles FV, junto con el problema de las grandes cantidades de silicio que requieren.

energía eólica

Por lo tanto, podemos ver y concluir que no hay ninguna forma de generación de energía en la que exista un impacto ambiental nulo. Todas las actividades humanas tienen impacto ambiental.

Una legislación ambiciosa, la principal solución

Para solventar y buscar posibles soluciones, tenemos a nuestro favor el ya citado I Plan de Economía Circular, que presenta un total de 119 medidas que empezará a implementar la Administración General del Estado en el periodo 2021-2023, adjudicándole un presupuesto de 1.529 millones de euros. Estas medidas harán posible implementar acciones de EC en los 8 ejes de actuación: producción y consumo, materias primas secundarias, reutilización de agua y gestión de residuos, proponiendo también medidas en ejes transversales como son los de formación y empleo, sensibilización, participación e investigación, e innovación y competitividad.

Para implantar todas estas acciones y conseguir los objetivos europeos y establecidos en el PNIEC para 2030, se necesitan nuevas herramientas y una mejora en la legislación que incentive la aplicación de todas estas medidas. 

Estamos todavía a la espera de la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, actualmente en periodo de tramitación, en la que se pide que se desarrollen más medidas específicas que las presentadas en el anteproyecto de ley, ya que España es uno de los países que menor presión fiscal tiene sobre el medioambiente al tener únicamente dos figuras tributarias: sobre el depósito en vertedero e incineración y la fabricación de envases de plástico no reutilizable.

Por tanto, es imprescindible potenciar la creación de instrumentos jurídicos innovadores que permitan hacer posible el camino hacia una transición energética y un sistema productivo basado en la economía circular, al ser el medioambiente y la economía las principales preocupaciones de los ciudadanos; unos instrumentos muy necesarios y que tengan como fin contribuir a la lucha contra el principal problema que nos debería preocupar a todos tanto a nivel global como local: el CAMBIO CLIMÁTICO.

Por Melque de la Peña – Técnica de la Fundación RenovablesSoledad Montero

10 millones de kits fotovoltaicos para 2030 en España

En numerosos países europeos, como Suiza, Portugal, Francia, Holanda o Bélgica, los ciudadanos tienen derecho a realizar pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, en sus casas, sin necesidad de pedir permiso ni de recurrir a un instalador autorizado. La potencia máxima varía desde los 350 W en Portugal a los 3 kW en Francia y las normas que lo regulan tienen características propias en cada país.

Pero, en España la normativa de autoconsumo es la misma para cualquier instalación menor de  10 Kw; todas requieren una memoria técnica y diferentes trámites, dependiendo de cada ayuntamiento, que saturan a las administraciones y encarecen y obstaculizan su implantación en el país con más sol de Europa.

Proponemos imitar a nuestro vecinos y ajustar la legislación para facilitar, desde todas las administraciones, el   más rápido desarrollo de todas las formas de  autoconsumo que impliquen directamente a la ciudadanía.

Uno de los caminos pasa por facilitar las instalaciones de pequeños kits homologados, de hasta 1.200 W de potencia, con todos los componentes del circuito para ser conectados a una toma de corriente tipo schuko (con toma de tierra) de la casa.

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Una tarifa social como solución a la pobreza energética

Si empezamos a ser conscientes de que el uso de energía no es un lujo, sino un bien básico que nos permite alcanzar unas condiciones de vida dignas en la sociedad actual y que como suministro esencial debería ser considerado un derecho y un servicio público; si ya conocemos las dramáticas cifras de la pobreza energética -y, previsiblemente, irán en aumento debido a la crisis económica derivada de la pandemia y a la creciente brecha social-; si conocemos las graves consecuencias para la salud y entendemos que es una injusticia social supeditar la esperanza de vida a nuestras condiciones económicas; y si, además, conocemos de antemano las causas por las que se produce la pobreza energética, solo nos queda trabajar para erradicar esas causas, porque sí, la solución existe.

El objetivo de crear una tarifa social es facilitar y garantizar el acceso de todas las personas al suministro eléctrico, si entendemos la energía como un derecho: convertir un contrato de suministro básico en una herramienta que proporcione la dignidad que todas las personas necesitamos para sentirnos plenamente integradas y participar en la sociedad como ciudadanas de pleno derecho. Se evitaría así la necesidad de engancharse de manera ilegal a la red eléctrica, ya que se puede acceder a ella en la misma forma que cualquier usuario o usuaria, sin ningún tipo de discriminación. Lograr poner punto y final a esta práctica ilegal es un beneficio para la sociedad en su conjunto, por el grave peligro que supone para todos y todas y porque permite también acabar con la estigmatización de quienes son más vulnerables.

luz

Es necesario que actuemos cuanto antes y nos movilicemos en este sentido, favoreciendo y facilitando que el acceso a un suministro esencial, como es el eléctrico, sea equitativo (que no igual) para todas las personas. Si un vector de la pobreza energética es el alto precio de la energía, deberíamos actuar en este sentido. El bono social, que es la única herramienta pública de apoyo a los más vulnerables no es más que un mecanismo de descuento fijo, del 25% o del 40%, en el mejor de los casos. Una tarificación accesible para todas las personas garantizaría un consumo mínimo para unas condiciones de vida dignas y materializaría, de manera efectiva, el derecho a la energía. La necesaria reestructuración del sistema eléctrico para adecuarlo a la transición energética nos brinda una oportunidad única para introducir una tarifa social que nos permita reducir la creciente desigualdad de la población.

El concepto de bono social en sí mismo es una medida asistencialista y estigmatizante. Se aplica según unos mínimos niveles de renta y sobre una factura cuyos conceptos, opacos por un sinfín de regulaciones, ni siquiera están optimizados. No es ni será una solución, sino solo un mecanismo que sirve de justificación a la administración pública para acreditar que se está actuando frente al problema, pero con graves carencias que se irán parcheando de manera puntual. El concepto de tarifa social, por el contrario es inclusivo e integrador.

Una de las mayores deficiencias que encontramos en el mecanismo del bono social es precisamente su dificultad de acceso. El bono social no puede aplicarse de forma automática, sino que ha de ser solicitado por los propios afectados, precisamente por aquellas personas que tienen mayores dificultades a la hora de realizar trámites burocráticos y/o administrativos y a quienes la información les llega también con más dificultad. Como ejemplo, en el año 2017, antes de la modificación de las condiciones del bono social, el número de beneficiarios era de 2.336.185 hogares (puntos de suministro); en agosto de 2020 habían pasado a ser 1.305.019. Un mes después, en septiembre de 2020, finalizó la prórroga automática del bono social, una de las medidas aprobadas por el Gobierno dentro del llamado “escudo social” en el contexto de la pandemia. Ese mes el número de beneficiarios del bono social se redujo en 146.477 personas y la cifra continuó disminuyendo, de manera que en diciembre de 2020 llegó hasta 1.099.183 personas beneficiarias, lo que significa que han desaparecido otros 69.359 beneficiarios. Es decir, con el fin de la prórroga automática, de septiembre  a diciembre de 2020, en tan solo 4 meses, 215.836 beneficiarios del bono social no lo han prorrogado y no conocemos la causa. ¿Puede ser que la recuperación económica haya afectado a estos hogares? No podemos saberlo porque aún no hay una “explicación oficial” sobre los motivos de esta reducción.

Pero es más, si el bono social beneficia a 1.099.183 familias (puntos de suministro) según los últimos datos, ¿cubre esta cifra a todas las personas vulnerables de nuestro país? Sabemos que no. Y muchas son las causas por las que este descuento ni llega a todas y a todos ni soluciona el problema de raíz. Veamos por qué:

  • No contempla las necesidades de todas las personas, precisamente por esa burocracia que deja fuera a muchas personas, como, por ejemplo, a las personas que por su nivel de renta no están obligadas a presentar declaración, a quienes carecen de justificación de su renta, a quienes están en situación irregular, etc., por lo que se vuelven invisibles para la administración pública, pero existen y requieren una facilitación.
  • No es apoyada desde el sector privado a causa del esfuerzo del sector eléctrico por trasladar a las y los consumidores desde la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) al mercado liberalizado, con ofertas, en la mayoría de los casos, engañosas. Esto provoca que posteriormente no puedan acogerse al bono social y acaben sufriendo incrementos en la factura respecto a la tarifa PVPC.
  • La exclusión social no solo perjudica a quienes la padecen, sino que repercute en toda la sociedad en general. No actuar para erradicar estas afecciones, entre ellas, la pobreza energética, perjudica por muy diferentes vertientes al gasto público.
  • No soluciona el problema porque simplemente es una ayuda económica que no resuelve la situación de precariedad de los usuarios y usuarias, porque ni implementa medidas que ayuden a usar de la forma más eficiente los recursos ni optimiza las facturas.

Por eso, no solo consideramos necesaria la reestructuración del sistema eléctrico y del sistema tarifario, sino también la eliminación o transformación del concepto actual del bono social para introducir una nueva tarifa social que permita el acceso al suministro energético necesario para garantizar unas condiciones básicas para una vida digna y saludable a todas las personas, sin que el nivel de renta sea un condicionante para ello.

Sol y bombilla

Además, debemos tener en cuenta que la implantación de esta tarifa social no sería suficiente si las viviendas siguen siendo un sumidero por el que se va nuestra energía y nuestro dinero a cada instante, debido a un mal acondicionamiento. Por ese motivo, las distintas administraciones públicas deberán establecer conjuntamente programas de rehabilitación preferente a las viviendas con esta tarifa social contratada.

Y, por supuesto, para que esta tarifa social pueda ser aplicable de manera efectiva, hay que actuar sobre el sistema eléctrico:

  • Modificando el sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista de electricidad, porque no resulta eficiente debido al mix tan diverso de producción que hay en España y para evitar que las empresas, verticalmente integradas, puedan actuar manipulando la oferta y la demanda de sus centrales de producción en beneficio propio. Es imprescindible una actuación eficaz de los mecanismos de supervisión y control existentes en la CNMC que impidan manipulaciones de precios.
  • Por sentido de equidad, trasladando algunas de las partidas de los peajes de acceso (cargos) a los Presupuestos Generales del Estado, principalmente, aquellos conceptos que se consideran “medidas políticas”, para que no se apliquen de forma alícuota a consumidores y consumidoras, sino en relación a la renta.

Muchas vidas dependen de cómo entendamos la energía como sociedad. Es momento de actuar.

Por Maitane Arri y  Soledad Montero – Área de energía de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Soledad Montero

¿Por qué es tan difícil hacer autoconsumo en España?

La semana pasada, después de recibir diferentes muestras de preocupación por parte de personas que habían apostado por el autoconsumo, decidí trasladar a las redes sociales las distintas quejas y mi sorpresa fue que la respuesta, al margen de multitudinaria, incorporaba más elementos de las disfunciones que existen a la hora de llevar a cabo una instalación de autoconsumo.

Estamos hablando de una práctica en la que todos los expertos han puesto el acento, no solo para abaratar el suministro de electricidad, sino para que los consumidores se conviertan en lo que deberían ser: sujetos activos del modelo energético para que este funcione de forma económicamente sostenible, no sobredimensionado, y bajo las normas que requiere la responsabilidad del consumo de un bien escaso y de primera necesidad como es la energía.

El Gobierno de España ha apostado política y mediáticamente por el autoconsumo, pero no lo está trasladando a la práctica real, es decir, como en muchas ocasiones, tenemos buenas ideas, pero no ponemos en marcha la operativa necesaria para que llevarlas a cabo de forma ambiciosa.

Partimos de la base de que en ningún momento estamos pidiendo ni tratos de favor ni ayudas económicas para su desarrollo, sino simplemente exigimos que se eliminen las barreras, muchas de ellas administrativas, existentes para facilitar el autoconsumo como práctica responsable y que su desarrollo no esté en manos de empresas cuyos intereses económicos y de influencia van en sentido contrario.

Todos peleamos por la derogación del Real Decreto 900/2015 en el que se establecía un régimen perverso de persecución soterrada al autoconsumo, incluyendo, como elementos de freno, las incertidumbres sobre el marco del futuro y la negación del autoconsumo compartido o de las baterías. En abril de 2019 se aprobó el Real Decreto 244 que redirigía la consideración del autoconsumo como una práctica abierta y recomendable. Pero allí nos quedamos, no hemos avanzado y ahora estamos enfrentados al desamparo de la realidad burocrática de los ayuntamientos, las distribuidoras, las comercializadoras y al olvido de los compromisos que el MITECO había asumido en su política energética.

A raíz de las reacciones que he ido recibiendo, he querido dejar constancia de las barreras existentes para hacer autoconsumo en España, aunque todos los políticos, estén en el gobierno o en la oposición, reconozcan que estamos hablando de la práctica más recomendable para que la cobertura de nuestras necesidades se lleve a cabo de forma responsable, sostenible y entre todos. Estas son, resumidas, las dificultades:

  1. Para instalaciones de más de 100 kW con excedentes, es necesario pedir punto de conexión a la red. Es una situación anómala porque, en la mayoría de los casos, el consumidor tiene una potencia contratada muy superior para cubrir sus necesidades y, en teoría, el flujo contracorriente de los excedentes debería provocar una liberación en las líneas de suministro.
  2. Las distribuidoras tardan meses en responder. Necesitamos un silencio positivo. Cuando un procedimiento no está reglado y quien tiene que llevarlo a cabo considera que la iniciativa solo le da trabajo y no está remunerada, aunque lo esté con creces de forma directa e indirecta, y que además, cree reduce el negocio del resto de empresas del mismo grupo eléctrico integrado, tenemos claramente un problema difícil de resolver salvo que el tiempo corra a favor del peticionario y eliminemos los conflictos de interés que tienen las distribuidoras con el resto de empresas del grupo eléctrico al que pertenecen. El papel de las empresas de distribución no solo supone un freno a la hora de la concesión de puntos de conexión, sino que son pieza clave en la operativa del autoconsumo compartido o en ganar grados de libertad entre consumidores para el intercambio de electricidad, al ser las encargadas de medir los consumos en los contadores. Nadie niega su capacidad para llevar a cabo estas funciones, pero lo que si está en entredicho es si disponen de la voluntad de ofrecer un servicio esencial y de asumir las correspondientes responsabilidades.
  1. En España, la tramitación de una instalación residencial tarda, de media, 45 días. En Portugal, por poner un ejemplo cercano, menos de 5. Esta realidad viene provocada porque a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas ni se les han dictado las normas básicas reducidas de actuación administrativa ni se les ha dotado de la capacidad necesaria para responder administrativamente a las tramitaciones existentes.

Las facilidades se producen si consideramos que el autoconsumo solo funciona aguas abajo del contador, perdiendo los excedentes y provocando un diseño minimizado, en caso contrario por muy pequeña que sea la instalación parece que estuviéramos tramitando una central de generación con todas las consecuencias. Administrativamente, no parece que hablemos de kW, sino de MW.

  1. En Portugal, llevar a cabo una instalación de menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un electrodoméstico. En España, en cambio, es un calvario tedioso para familias y empresas. Esta realidad nos debería hacer reflexionar sobre por qué comprar un electrodoméstico o instalar un equipo de climatización es tan sencillo y poner una instalación de autoconsumo, con una potencia muy inferior, es un acto industrial. ¿A quiénes se está protegiendo? ¿A quiénes se les están limitando los derechos? Lo que ocurre en Portugal o Alemania es un claro ejemplo de que cuando se quieren desarrollar las iniciativas, puede lograrse solamente quitando las trabas existentes.
  2. Para realizar un autoconsumo colectivo o compartido hay que estar a menos de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. El autoconsumo colectivo o compartido es la práctica normal en un país en el que más de dos terceras partes de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos y no disponemos de tejados propios en los que podemos habilitar sistemas de generación. Cuando se diseñó el RD 244/2019, el miedo a su proliferación supuso la necesidad de ponerle un límite y no bastaba que este fuera el propio de la evolución del mercado, sino que debía ser artificial para que no creciera en exceso. De esta forma apareció la limitación de los 500 m entre consumo y generación. ¿Por qué 500 m y no 1.000 m o 5.000m? Magnífica pregunta para reconocer la arbitrariedad y aleatoriedad de quiénes desarrollaron la norma.

Siempre hemos defendido que se pague por uso y que cada instalación pague por el uso de la red que existe entre ambos puntos, generación y consumo. Esto va en contra de que los propietarios de las redes cobren en función de una rentabilidad garantizada a la inversión en vez de hacerlo por la energía que transportan y por el servicio que prestan y quizás por aquí se empiezan a entender de nuevo el problema.

  1. A día de hoy, es imposible mantener una relación de intercambio energético entre los consumidores y los productores, porque nadie está dispuesto, políticamente, a que el sector eléctrico integrado pierda su posición de negocio. Este desarrollo, a pesar de estar contenido en los mandatos de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, todavía está pendiente de ser transpuesto.
  2. Las instalaciones son consideradas como bienes de lujo aplicándoles un IVA del 21%. Necesitamos un IVA del 10%, al menos, para el sector residencial. Aunque muchas ocasiones a las instalaciones se las considera como una rehabilitación, en la que si la mano de obra supera el 60% del importe total se tiene derecho a un IVA del 10%, la realidad es que se incumplen el resto de los condicionantes que exige la ley con el consiguiente riesgo de revisión a posteriori de la liquidación impositiva. Para un sujeto pasivo de IVA, como somos la inmensa mayoría de los consumidores, disponer del tipo del 10% supondría no solo una reducción de la inversión efectiva, sino también apostar por una actividad que es capaz de generar y adelantar valor al presente desde el futuro. En España, el IVA, como impuesto indirecto en términos generales, solo tiene una función recaudatoria y no se utiliza como elemento de modificación de usos de consumo.
  1. Hace más de dos años que se aprobó el RD 244/2019 y seguimos sin poder compartir los excedentes con nuestros vecinos. El desarrollo de procedimientos administrativos y los cambios necesarios en el Reglamento de Baja Tensión son elementos que deberían favorecer su desarrollo, pero parece que están a expensas del análisis que se está llevando a cabo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Demasiado tiempo para recuperar el retraso que llevamos.
  2. Algunas ciudades y pueblos no disponen de rebajas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación. Otras, en cambio, realizan deducciones para fomentarlas. No se puede poner en duda el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los ayuntamientos, pero este esfuerzo no puede ser provocado por el compromiso individual sino que tiene que ser fruto de una modificación del Real Decreto Ley 2/2004 que regula el IBI, incluyendo la reducción con carácter general y habilitando líneas adicionales de compensación económica para que los ayuntamientos cubran lo que dejan de recaudar por la reducción de  los ingresos procedentes del IBI. La realidad es que las Corporaciones Locales van por delante de las Administraciones Autonómica y Central y en compensación y apoyo a estas iniciativas. Se debe hacer un esfuerzo para dotarles de medios técnicos y económicos con el objetivo de mantener e incrementar este apoyo.
  1. No se permite la conexión en media tensión, lo que supondría grandes posibilidades para las instalaciones en polígonos industriales, las comunidades de energías renovables, las instalaciones en el ámbito rural, etc. Las normas de generación deberían ser simétricas con las de consumo. Curiosamente, se facilita todo lo que suponga aportar negocio al sector eléctrico, mientras que se utilizan otros raseros para lo que pueda ir en su decremento por una mayor competencia.
  2. No disponemos de una ventanilla única para centralizar y agilizar los trámites necesarios que, al mismo tiempo, deben ser reducidos. Si el problema del autoconsumo es la dificultad en la tramitación, reduzcámosla y apoyemos iniciativas que carezcan de esta exigencia. Es importante distinguir entre conseguir una autorización para hacer una instalación o legalizar la iniciativa, según los requisitos que la ley establezca. En el primer caso, se trata de aumentar el papeleo y, en el segundo, es comprobar que las normas se han cumplido. En este sentido, la homologación de equipamiento es fundamental.
  3. La oferta de las comercializadoras obedece, en muchos casos, más al interés en la captación de clientes que a la consolidación de prácticas que perduren en el tiempo. La línea de dependencia de las comercializadoras con las medidas de las distribuidoras es de dudosa agilidad y necesitamos que el acceso a los datos de quien tiene nuestro contrato de suministro sea más ágil y menos tedioso. Todas las generalizaciones son erróneas porque ponen en duda las buenas prácticas, pero hay ofertas en el mercado que no responden al fomento de usos responsables o a la realidad económica que no coincide con lo prometido.
  4. Analizando las nuevas tarifas, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 15 kW tendrán la nueva tarifa 2.0 TD, la que, aunque consideramos que supone una mejora, sigue siendo insuficiente e inconclusa. La rentabilidad de una instalación de autoconsumo viene definida por la sustitución de electricidad procedente de la red por la producida por la instalación, por lo que todas las modificaciones en la fijación y en la definición de los precios horarios, suponen un elemento de incertidumbre a la hora de decidir si se realiza la instalación o no.

La realidad es que no tenemos objetivos de potencia instalada de autoconsumo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo difícil de entender. La Fundación Renovables incluye en su propuesta de política energética un objetivo del 10% de electricidad generada con autoconsumo, valor factible de alcanzar y que permitiría dar una señal de que disponemos de un sistema abierto y participativo. Lo que no tiene objetivos que cumplir, no existe, y esta es la causa de que el autoconsumo se haya quedado en un mero y vacío deseo político. En la misma línea, seguimos esperando el marco normativo para desarrollar las tan esperadas comunidades ciudadanas de energía, otra de las asignaturas pendientes y que solo fue introducida a modo de concepto en el RDL 23/2020.

El autoconsumo reúne todos los elementos que nos deben hacer cambiar como sociedad desde un modelo centralizado, ineficiente y sobredimensionado a otro basado en la descentralización y en que el consumidor asuma los deberes y derechos que implican un sistema energético sostenible. No desarrollar plenamente el autoconsumo no solo va contra la racionalidad, sino contra el derecho y los grados de libertad que debemos tener para cubrir nuestras necesidades básicas.

Quizás llevamos demasiado tiempo esperando la elaboración de marcos globales, de estrategias de largo plazo y de planes nacionales que nos estamos olvidando del día a día. Seguimos confiando y esperando que la Estrategia Nacional de Autoconsumo que el MITECO publicará a lo largo de este 2021 recoja soluciones prácticas y técnicas a las muchas dificultades expuestas.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Réplica a la conferencia del Sr. Imaz: En realidad, ¿quién hace el canelo?

Esta declaración del Consejero Delegado de REPSOL recuerda a los fabricantes de carruajes de caballos en 1910, a los responsables de correos cuando apareció el email, a Kodak con la fotografía digital o a Nokia cuando apareció el smartphone: nostalgia ante la disrupción. ¿Dónde están todos esos unos años después?

Imaz (Repsol) pide una reflexión sobre el vehículo eléctrico para «no hacer el canelo»

Hasta cierto punto, que el consejero delegado de una petrolera diga eso tiene toda la lógica, pues la descarbonización hará desaparecer su modelo de negocio. Por tanto, frenémosla mientras sea posible.

Pero la electrificación ha llegado y en breve va a desplazar a la combustión: consume la cuarta parte de energía, será 100% sin emisiones, incluido el ciclo de fabricación, ya es más barata en ciclo de vida y será más barata incluso en precio de compra en pocos años (Bloomberg NEF). Además, evitará millones de muertes prematuras por la mala calidad del aire y generará millones de empleos en los países en los que esos coches circulen consumiendo electricidad renovable local en vez de petróleo importado. Obviamente, habrá unos pocos perdedores: los países exportadores de hidrocarburos y empresas de oil&gas.

Hasta la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su Net Zero by 2050 , donde prevén que las ventas de vehículos térmicos deberán desaparecer en 2035. Quizá, el que hace el canelo es el que insiste en seguir fabricando forraje para los caballos, cabinas de teléfono fijo o máquinas de telefax. Claro que hay sectores difíciles de descarbonizar, pero lo harán de esta manera (o parecida): camiones, con una combinación de electricidad embarcada en baterías, carga por catenaria o hidrógeno/amoníaco renovable; barcos, mediante pila de combustible a hidrógeno o amoníaco renovable; aviones, con hidrógeno renovable, biocombustibles avanzados o electrocombustibles y los procesos industriales de elevada temperatura con biocombustibles e hidrógeno renovable.

Como país más nos vale apostar decididamente por las tecnologías que van a existir en 2040 y 2050 que seguir fabricando forraje para unos carruajes que no se van a poder ni matricular. Además, la electricidad que alimente esos vehículos será producida por sol, agua y viento locales, generando empleo y ahorrando miles de millones en importaciones de hidrocarburos, de países mucho más dudosos que los que cita, y evitando miles de muertes prematuras por contaminación.

Lo siento Sr. Imaz, la descarbonización global es imparable. Puede que no se alcance el 100% en 2050…, pero será más de un 90% electrificación directa (baterías, catenaria, inducción) y el resto indirecta (gases renovables y electrocombustibles sintetizados con hidrógeno renovable). Por lo tanto, bienvenidas sean todas las medidas fiscales que internalicen el coste de los daños que los hidrocarburos causan a la sociedad (a la salud y al clima) y que descarguen la fiscalidad de la electricidad producida sin emisiones.

El futuro será eléctrico sin emisiones. Y más nos vale trabajar para adelantar ese futuro.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "