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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

El impuesto al Sol y la parábola del colibrí

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Una de las primeras actuaciones de la nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha sido anunciar su intención de suprimir el llamado “Impuesto al Sol”. Un impuesto injusto que permite gravar la energía producida y autoconsumida por los propietarios de instalaciones de energías renovables, principalmente fotovoltaicas. Cuando esto ocurra, España dejará de tener la legislación más restrictiva que se conoce para estos sistemas y nos alinearemos con lo acordado por la Unión Europea, que considera que los ciudadanos tenemos derecho a producir, consumir e intercambiar energía sin trabas ni peajes.

Cada vez que se produce el debate sobre el desarrollo del autoconsumo, son algunas las voces que, siguiendo el argumentario de las empresas eléctricas, acusan a los autoconsumidores de depredadores del sistema, insolidarios y de querer ahorrase unas tasas y peajes que otros necesariamente tendrán que asumir, para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. Nos ha sorprendido el artículo de opinión de Jesús Mota publicado en El País el pasado 16/06/18 definiendo a los autoconsumidores como los nuevos gorrones del sistema eléctrico.

Obviamente, no estoy de acuerdo con el punto de vista de este artículo. El planteamiento que allí se hace olvida algunos aspectos fundamentales del autoconsumo que voy a tratar de explicar.

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía

La necesaria transición energética para pasar a una economía descarbonizada pasa inevitablemente por el uso masivo de las tecnologías renovables, pero pasa también por cambiar nuestra forma de consumir energía. El ahorro y la eficiencia energética deben convertirse en piedras angulares de la transición energética. Debemos pasar de un sistema de gestión de la oferta a un sistema de gestión de la demanda, donde los ciudadanos nos hagamos corresponsables de nuestro consumo energético.

impuesto al sol

El autoconsumo permite empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe de esta transición energética. Cuando un particular decide invertir en una planta de autoconsumo está produciendo beneficios económicos, ambientales y sociales. Económicos, porque, además de activar un sector que crea puestos de trabajo, produce energía limpia que tiene que dejar de producirse por otras fuentes, disminuyendo así la dependencia energética del país; ambientales, porque dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por último, también sociales, ya que permite tomar conciencia de la importancia de un buen uso de la energía.

Estas razones hacen que tanto la mayoría de los países, como lo recientemente aprobado por la Unión Europea para la nueva directiva de renovables, definan el autoconsumo como uno de los actores principales del nuevo modelo energético.

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general

Los autoconsumidores no queremos dejar de pagar las tasas que en justicia nos correspondan, pero no entendemos por qué debemos pagar un peaje a la energía que producimos y consumimos y que, en ningún caso, entra a la red eléctrica general. Tampoco entendemos por qué no podemos intercambiar la energía producida con otros usuarios y recibir una compensación económica por la misma, en igualdad de condiciones con cualquier otro productor de energía.

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda ¿Alguien en su sano juicio tacharía de gorrones del sistema eléctrico a aquellos que quieran rebajar su factura eléctrica mejorando la eficiencia de los elementos de consumo, mediante iluminación led, comprando electrodomésticos de alto rendimiento o gestionando su consumo para poder disminuir la potencia contratada y la energía consumida? Esto se llama eficiencia energética y bien haríamos en ir bajando nuestras altas necesidades energéticas. Sin embargo, si esto se hace instalando módulos fotovoltaicos, entonces eres un gorrón del sistema. O ¿deberíamos poner también una tasa a los elementos de consumo de alta eficiencia para compensar la insolidaridad que supone un menor consumo respecto a aquellos que aún no han cambiado los elementos más antiguos y que consumen más? ¿Por qué deberíamos pagar una tasa por la energía que no le compramos a la compañía eléctrica?

El único efecto real de tener un sistema de autoconsumo es que disminuye la energía que necesito comprar a la compañía eléctrica, exactamente igual que si adopto medidas de ahorro energético para disminuir el consumo de mi vivienda

Conviene recordar que los autoconsumidores pagamos exactamente las mismas tasas y peajes que el resto de los consumidores domésticos de energía eléctrica por la energía que consumimos, ya que tenemos nuestro contrato de suministro exactamente igual a los demás usuarios, con la particularidad de no recibir ninguna compensación si decidimos inyectar la energía sobrante a la red y, por tanto, regalarla al sistema, para que se la venda a nuestros vecinos.

Algunos piensan que esto del autoconsumo es sólo cosa de aquellos que teniendo poder económico quieren además ahorrarse dinero y cargar los costes del sistema a los demás.

Nada más lejos de la realidad, lo que pasa es que los que así piensan parten de una hipótesis errónea: “Los beneficios del sistema eléctrico deben ser garantizados y si disminuye el consumo de energía, otros tendrán que pagar más para que los beneficios del sistema no decaigan”.

Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

La transición energética debe ser ante todo justa y esto implica revisar toda la estructura de nuestro sistema energético y, en particular, la infame estructura actual del recibo eléctrico, así como la fijación de precios de la energía. En esta nueva fijación de precios deberíamos incluir los beneficios económicos, medioambientales y sociales de las mismas, y también los costes asociados a sus respectivos impactos.

Por último, el precio de los sistemas fotovoltaicos hace que una amplia mayoría de la sociedad pueda hacer frente a la inversión necesaria para autoabastecerse al menos de una pequeña parte de la energía que necesita.

Si para dar cabida a las nuevas formas de generación, distribución y uso de la energía, es necesario cambiar las reglas de juego del actual sistema eléctrico, tendremos que hacerlo. Necesitamos un sistema energético más justo, más democrático, donde todos los actores tengan derechos y obligaciones y cuyo principal objetivo sea el suministro de energía en condiciones  de equidad social.

impuesto al sol

Desde la Fundación Renovables pensamos que la Transición Energética sólo es posible hacerla actuando conjuntamente sobre toda la estructura energética del país y con la colaboración de todos. La hoja de ruta que proponemos la hemos recogido en nuestro último informe.

Esta Transición Energética va a llevarse a cabo electrificando la demanda y generando con energías renovables. Necesitamos un sistema eléctrico transparente y democrático. No demonicemos a aquellos que han empezado el camino para conseguir este cambio de modelo.

Así, nuestra actitud debería ser como la del colibrí que intentaba apagar el fuego del bosque mientras que el resto de los animales huían y le decían,” ¿acaso crees que puedes tú sólo apagar el incendio?”, a lo que el colibrí contestó, “yo sé que no puedo sólo, pero estoy haciendo mi parte”.

Los autoconsumidores solos no vamos a poder cambiar el sistema energético, pero estamos haciendo nuestra parte. Ojalá, pronto, los demás hagan la suya. Mientras tanto, bienvenidas las iniciativas para acabar con el “Impuesto al Sol. Que así sea.

El cambio está en marcha, es la hora de acciones disruptivas que lo aceleren

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

El mantra de todos los sectores que tienen que cambiar (energético, eléctrico, automóvil, petroquímica, plásticos, construcción, agrario…) ante la inexorable descarbonización de la economía para mitigar el Cambio Climático y consiguiente desenergización y desmaterialización de la misma para conseguirlo es siempre el mismo: “Hay que hacer el cambio aunque de forma progresiva”.

No son solo los empresarios los que piden tiempo, también los sindicatos, aunque éstos cada vez aceptan más la transición entendida como “transición justa”, es decir, que se prevea el impacto en el mundo laboral para que el proceso de inevitable pérdida de puestos de trabajo en los sectores que tienen que cambiar se mitigue con el posible trasvase a empleos en los nuevos sectores o, en todo caso, con planes de adaptación y de medidas socioeconómicas para mitigar los impactos.

El desafío es que como decía el propio Papa Francisco en su encíclica “Laudato si”, el recurso más escaso frente al Cambio Climático es el tiempo. No hay tiempo que perder. No solo ambientalmente sino también desde el punto de vista socioeconómico, dados los enormes costes del fenómeno y los beneficios del nuevo orden económico, que permiten decir que esta Transición Ecológica de la economía es oportuna y urgente aunque no hubiera calentamiento global.

La historia ambiental reciente muestra que frente a los desafíos ambientales no tenemos más que lo que se conoce como “falsos negativos”, o lo que es lo mismo, que a base de negar la evidencia, de minimizarla o de ralentizar las respuestas acudiendo a una interesada cautela, siempre hemos llegado demasiado tarde.

emisiones

Quien no lo crea que repase los dos sesudos y bien documentados informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, AEMA, del año 2000 y 2013  “Lecciones tardías de alertas tempranas“ (1) donde se muestra y demuestra que llegamos demasiado  tarde en temas como el amianto (casi cien años tarde), la destrucción de la capa de ozono, el plomo en la gasolina, el mercurio (enfermedad de Minamata), el insecticida DDT o Dicloro difenil tricloroetano (50 años después de “La Primavera Silenciosa” de R. Carlson).

Actualmente estamos no solo repitiendo sino magnificando la historia en el caso del Cambio Climático (ya lo predijo, y con suficiente precisión, el Premio Nobel de Química en 1903 Svante A. Arrhenius hace más de cien años) que, además, a diferencia de casos anteriores, tiene ventajosas respuestas para su mitigación incluso desde el punto de vista socioeconómico.

Las partes interesadas se resisten y piden a que el cambio sea lento para que sus intereses no se vean afectados, sus activos no se devalúen y les dé tiempo a pasar a situaciones dominantes en el nuevo escenario.

Una vez más, estamos en un proceso de cambio urgente, inexorable y ventajoso. Una vez más, las partes interesadas se resisten y piden a que el cambio sea lento para que sus intereses no se vean afectados, sus activos no se devalúen y les dé tiempo a pasar a situaciones dominantes en el nuevo escenario.

Una vez más, y esta vez tasado en el tiempo, ya llegamos tarde. La temperatura media global no debe aumentar más de 1,5ºC al final del siglo, cuando ya hemos superado ampliamente el 1ºC en incremento y la tendencia es a superar los 3-3,5ºC al final del siglo, sabiendo que un incremento de 4ºC es equivalente a una glaciación a la inversa, o sea, estamos, como dicen un grupo de científicos de EEUU, ante una “big shit”.

Hace unos días pude apreciar en el aeropuerto de Bruselas la campaña que la gran empresa petrolera estatal noruega StatOil (principal aprovisionadora del mayor fondo soberano del mundo que curiosamente restringe fuertemente sus inversiones en activos fósiles) ha iniciado para reposicionarse frente a la inexorable mengua de la economía fósil y sus activos tóxicos.

Su anuncio en grandes letras en el túnel de embarque decía: ”Última llamada para StatOil. Equinor parte hacia el futuro. StatOil cambia su nombre a Equinor”. No requiere explicación de lo que claramente es un reposicionamiento hacia el futuro para el que solo pide un tiempo que no tenemos.

Tiempo que también piden muchos de los Estados Miembros de la UE, haciéndose eco de los intereses de las grandes empresas de la economía, al frenar las exigencias del Parlamento Europeo en cuanto a objetivos más ambiciosos para 2030 del llamado Paquete de Invierno en materia de Cambio Climático y Energía.

molinos eólicos

En Bruselas tuve ocasión de hablar recientemente con miembros del Parlamento Europeo y en particular con la que fuera ministra de Medio Ambiente Finlandesa, Sirpa PietikaInen, sobre estas situaciones de urgencia de cambio y el recurso a “medidas disruptivas”, que inexorablemente forman parte del cambio y que tiene la virtud de provocar el cambio de  forma rápida/rupturista, aunque exigen mucho coraje, responsabilidad política, pedagogía y el mayor apoyo social posible.

Para Pietikainen un caso ejemplar fue el del tabaco. Después de años de programa antitabaco, prohibición de la publicidad (que fue ya muy contestada por la prensa, incluyendo un gran medio español, que amenazaba en Bruselas con el fin de la prensa escrita debido a los ingresos que perderían si faltaba esta publicidad), etc. fue la prohibición generalizada de fumar en lugares públicos o incluso cerca de los mismos, en centros de trabajo o en los automóviles, la medida disruptiva que permitió un cambio relevante y sin ninguno de los efectos colaterales, que como el de la desaparición de la hostelería, se auspiciaban, sino todo lo contrario, ya que nunca había sido tan placentero ir a bares y restaurantes, ni tan buen negocio.

La lista de medidas rupturistas para acelerar obligadamente el cambio, para empezar a vivir y disfrutar ya de la Transición Ecológica de la economía sin tener que esperar a los grandes proyectos normativos de los que inexorablemente forman parte pero que no nos pueden retrasar es tan amplia como prometedora y solo requiere diálogo social y responsabilidad, propósito y coraje político.

La lista de medidas rupturistas para acelerar obligadamente el cambio, para empezar a vivir y disfrutar ya de la Transición Ecológica de la economía sin tener que esperar a los grandes proyectos normativos de los que inexorablemente forman parte pero que no nos pueden retrasar (llevamos diez años esperando el prometido  escenario energético 2030 y ya se hace larga la espera para la Ley de Cambio Climatico y Transición Energética, que puede reducirse por el obligado Plan integrado de Cambio Climático y Energía  para la Comisión a finales de año)  es tan amplia como prometedora y solo requiere diálogo social y responsabilidad, propósito y coraje político.

Mencionaré solo cuatro a modo de incentivo para establecer una lista abierta que acompañe, para acelerarla, a la Transición Ecológica de la economía española, conformando un verdadero “plan de choque” como propone la Ministra del ramo Teresa Ribera.

Para acelerar el cambio del modelo energético como vector de cambio de la Transición Ecológica:

A la espera de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que incluya objetivos más ambiciosos que los de la UE para 2030, que sería una medida disruptiva en sí misma:

 1.- Generalización del autoconsumo eléctrico con balance neto. Modificar la normativa española para maximizarlo y no limitarlo, como ahora, y promover la armonización a nivel UE, pudiendo llegar a 16 000 Mw instalados en 2030  (2) en España, lo que no solo contribuiría a generalizar rápidamente las renovables en generación distribuida sino también al empoderamiento de los ciudadanos y PYMEs que, además, no requerirían  incentivos, solo que no se pusieran obstáculos.

2- Comercialización solo de vehículos limpios, eléctricos fundamentalmente,  a partir de 2030 o incluso antes con objetivos intermedios. Con fuertes incentivos (que podrían provenir de impuestos a los carburantes fósiles y decreciendo con su desaparición) para los vehículos eléctricos y red de recarga siguiendo ejemplos como el de Noruega.

3- Un Plan ambicioso de rehabilitación de viviendas existentes en clave energética y de habitabilidad. Con incentivos sobre todo fiscales y financieros para rehabilitar anualmente, hasta 2030 y mas allá, más de un 2% del parque de viviendas existentes (como pedido por la Comisión en su Hoja de Ruta 2050 para uso eficiente de recursos (2)), más de  medio millón al año, priorizando las más deficitarias (3). Se potenciaría con una moratoria de diez años para nuevo suelo urbanizable.

Para la necesaria desmaterialización de la economía, hacia el “residuo cero”, clave para la Transición Ecológica:

4– Introducción de Sistema de Depósito en las cadenas de generación de residuos para asegurar su retorno a la cadena de producción y, cuando sea posible, su reutilización.

La sola introducción de un depósito cuando se adquiere un producto de cuyo uso se va a derivar un residuo al final de su vida útil o un residuo en consumo hace que el residuo, definido como algo que su poseedor destina  al abandono ya no lo sea al tener un precio y convertirse en un recurso.

Este sistema puede ir desde un depósito para los envases de bebidas hasta para los escombros de una obra pasando por los teléfonos móviles.

Con recuperación del depósito en el caso de los envases al devolver el casco, como hacíamos en su tiempo con “la casera” y  como ya se hace con gran éxito en reutilización y reciclado en muchos países  (hasta del 98% en Alemania) (4)

La sola aprobación de la reciente propuesta (28 de Mayo) de Directiva de la Comisión Europea para reducir el plástico en los envases alimentarios de un solo uso, con el objetivo de  superar  el 90% en su reciclado antes de 2025, no podría cumplirse en el caso de envases de bebidas sin recurrir a sistemas de depósito, lo que muestra la virtud y capacidad disruptiva de “obligaciones de medios” frente a obligaciones de resultados difíciles de controlar.

Ante la dilación en la acción forzada por los intereses sectoriales y  secundada por la lentitud de los grandes proyectos legislativos pidamos la disrupción

Depósito que cuando hay demoliciones en un edificio se paga al obtener la licencia de obra según el escombro que se prevé y que se recupera al entregarlo en los centros de reciclado previstos (caso de Dinamarca entre muchos otros).

En el caso  de los teléfonos móviles, de los que todos tenemos unos cuantos acumulados en casa, que son verdaderas minas de metales preciados y raros, se pueden depositar en máquinas sofisticadas que no solo devuelven el depósito sino algo más si el aparato se comprueba como reutilizable y no solo reciclable.

De hecho hay pocos residuos de productos de consumo no consumibles que no puedan ser sometidos a sistemas de depósito (5) y con ello hacer realidad el “residuo cero” y la economía circular auspiciada por la Comisión Europea (6).

Ante la dilación en la acción forzada por los intereses sectoriales y  secundada por la lentitud de los grandes proyectos legislativos pidamos la disrupción, pidamos ya desde la sociedad civil medidas que inexorablemente forman parte del futuro,  que son deseables y viables ya y aceleradoras de un  cambio ilusionante.

 

(1) https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

(2) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0571_/com_com(2011)0571_es.pdf

(3) https://fundacionrenovables.org/documento/hacia-una-transicion-energetica-sostenible/

(4) http://www.retorna.org/es/

(5) https://reloopplatform.eu/

(6) https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es

 

 

 

Fiscalidad ecológica 4.0, veinte años después

Por Jordi Ortega – Experto en Energía jordi ortega

Fiscalidad ecológica 1.0 a la ley de renovables

Hace veinte años tenía lugar un interesante debate sobre la fiscalidad ecológica. Los Verdes alemanes proponían en su programa electoral incrementar a 5 DM el litro de gasolina (aún no había euros, equivale a 2,56 euros). Realizarlo en 8 años. En aquella época el precio del barril de petróleo estaba a 12 dólares ¿Se hizo Los Verdes un “harakiri”? Su lema en la campaña electoral de 1998 era: “0,30 marcos anuales”. Tenía un error táctico: la “baja elasticidad” de la demanda. Era preciso un incremento inicial de 15%, de 0,50 DM; para, después, mantener crecimiento lineal del 5%. Buscaba mejorar la eficiencia energética, impulsar la innovación tecnológica, crear empleo y  reducir un 25% las emisiones de carbono.

En abril de 1999 se aprobaba la reforma fiscal ecológica a los pocos meses del formarse un gobierno de SPD y verdes en octubre de 1998. No era un impuesto ecológico “finalista”. Servía para reducir cotizaciones sociales. El crecimiento económico hasta la crisis energética se basaba en disponer de recursos energéticos abundantes y baratos, y distribuir rentas con impuestos sobre ingresos. Se gravaba a bienes y desgravaba a males. En el año 2000, a iniciativa del parlamento, ante la pasividad y resistencia del gobierno, se aprobaba una tasa finalista sobre el kWh: servía para retribuir la energía renovable con un precio regulado (FiT). En 1999 se aprueba “programa de 100.000 techos solares” (siguiendo el exitosos modelo en Japón, en Alemania hasta 2004 se instalan 400 MW).

Freno a la transición energética

Lo primero que cayó fue ese programa. Fue abolido en 2004 con la excusa de que los mercados de carbono actuarían de forma más eficiente. La tasa para retribuir a la renovable sobrevivió, quizá porque los resultados vendrían después. Se intensificó la presión para abolir la tasa finalista al kWh que el SPD mantuvo hasta que 2009. Cuando salieron del gobierno y entraron los liberales la eólica deja de ser retribuida a precio regulado, la industria dejó de pagar dicha tasa y se cubrió con la tasa la diferencia del precio de pool, no el precio de mercado. Los dos céntimos pasaron a ser 6 céntimos kWh.

En 2013 INSM lanzó la campaña: “650 euros por segundo de subvenciones”; reciclada en “520.000 millones de subvenciones a la transición energética hasta 2025” (incluida todos peajes que nada tenían que ver con las energías renovables). La reforma de 2013 y 2015 supuso sustituir precios regulados por precios competitivos de “subastas”. Se puso techos a las renovables, con subastas desiertas, y se apartó a los ciudadanos de una papel activo en la transformación del modelo energético. Hay muchos mercados que funcionan muy eficazmente con “precios regulados”. Desde el 2013 la tasa al kWh se mantuvo en 6 céntimos, pero frente los 24 GW instalados en 2010-2012, en 2013-2017 se instalaron, a pesar de menor coste, menos renovable que en 2004. La transición energética (Energie-Wende) se convierte en Final energético (Energie-Ende).

Fiscalidad ecológica 4.0.

Claudia Kemfert del Instituto Económico Alemán (DIW) reclamaba la necesidad de una fiscalidad ecológica 4.0. Equiparar los impuestos del diésel y gasolina, equiparar fiscalidad sobre electricidad y combustibles líquidos, pero también dar una “finalidad” a la fiscalidad ecológica. Los gobiernos regionales en Alemania han reformulado el “programa de 100.000 techos solares” de 1999 para, como señala Claudia Kemfert, pasar a edificios de consumo cero.

energiewende

Gravar con 2 céntimos el kWh no logra que la factura eléctrica aparezcan los 26,300 millones de euros que es el coste que se calcula tiene la generación con carbón en el cambio climático y la salud. La fiscalidad 4.0 no se basa en el dolor de un elevado coste del carbono. Las retribuciones garantizadas fomentan una competencia entre fabricantes solares atroz. Incluso limitando el potencial al dejar fuera a los menos eficientes acelerando caídas de precios. Es el mercado el que estimula la investigación, no los subsidios. La electrificación térmica de edificios pasa por programas de 100.000 bombas de calor (automáticamente lleva a casas bien aisladas térmicamente). Falta sistemas de almacenamiento: baterías y enchufes para coches eléctricos.

En la factura eléctrica no quedan reflejados los 26.300 millones de euros que la generación con carbón tiene sobre el clima, medio ambiente y la salud. La fiscalidad 1.0 busca cubrir con impuesto ese coste, la fiscalidad 4.0 busca prescindir de la generación energética fósil. La pregunta del sigo XX es cómo generamos electricidad cuando no hay sol, ¿con gas? La pregunta del siglo XXI es cómo usamos la energía renovable: por un lado aprovechamos su multifuncionalidad en bombas de calor, coche eléctrico, baterías, etc., y, por otro lado, optimizamos la energía acumulada. No podemos seguir pensando en cargar el coche eléctrico en horario nocturno con tarifas “más baratas”.

La falacia del precio del carbono

Los mercados de carbono solo han servido para una preferencia por el gas frente al carbón cuando el precio es muy elevado. El coste para el consumidor se calculó en Alemania en 7.000 millones de euros. Supuso que el coste marginal del carbón llevara beneficios extra a hidráulica y nuclear. La renovable al hundir precios convirtió la nuclear y carbón en tecnologías ruinosas. Una tasa que hasta 2009 no supero 2 céntimos kWh, en cambio, generó 400.000 empleos, masivas inversiones en renovables, modificó el mix energético, una competencia entre fabricante provocó una caída de precios. Esta es la finalidad que debe de tener la fiscalidad ecológica 4.0: arrastrar las tecnologías complementarias a las renovables en edificios a que se desarrollen para multiplicar la productividad de la fotovoltaica. Buscar sumar en cadena aceleradores.

La energía solar tiene la ventaja, respecto a otras tecnologías renovables, que no necesita dar el rodeo improductivo y antieconómico de ser vertida a redes centralizadas. En cambio no vemos más allá de los mercados de carbono y el precio del CO2. El grupo de expertos en transición energética formado en España para informar sobre posibles escenarios proponían una fiscalidad ecológica que queda por detrás de los planteamiento de los años 90. El único resultado es recaudatorio. Los “programas” son políticas industriales ecológicas que dejan atrás todas las políticas desarrolladas que hasta ahora.

Barreras mentales

Son necesarios “mercados directos” entre particulares. La idea de un mercado europeo de electricidad que regule las cantidades de producción y de una señala precios sirve cuando existen pocos generadores. Para innumerables generadores solo en el papel suena convincente. La misma convicción con la que afirmaba que los ordenadores portátiles suponían sobrecapacidad y era algo tremendamente antieconómico. Tenemos ejemplo de empresas que desaparecen por ser incapaces de cambiar el ADN de su modelo de negocio. Nokia se deshizo en los 90 de todo lo que le apartaba de la telefonía móvil, se centró en una sola cosa. Pero en 2007 fue incapaz de ver que la tendencia era el Smartphone: desapareció. La industria del automóvil piensa que el motor diésel tiene recorrido. Aunque logre un 60% de eficiencia nunca alcanzará la eficiencia del motor eléctrico. Igual que una cámara digital siempre será más eficiente que otra con carrete. Si la fiscalidad 1.0 se pelea contra la realidad fósil, la fiscalidad 4.0 crear ese otro modelo que deja el modelo fósil obsoleto.

El desafío es poner a ciudadanos “programas” para acelerar el cambio. Las actuales subvenciones crean cuellos de botella, se acaban a las horas de salir publicadas. La fiscalidad ecológica 4.0 crea ese flujo de recursos ¿Qué hacen las empresas energéticas convencionales para adaptarse? Buscarlas rentas monopólicas de distribución cómodas y seguras pidiendo al gobierno ampliar redes. El gobierno alemán modifica la directiva para que a partir de 2026 la nueva fotovoltaica en autoconsumo garantice esos cómodos beneficios de las inversiones en redes. La negligencia del gobierno federal alemán lo compensan ciudades y regiones. Necesitamos aquí ese enfoque “finalista” e ir, directamente, a la fiscalidad ecológica 4.0. Acelerar, con programas, las tecnologías que respondan a las preguntas del siglo XXI.

El necesario cambio de la acción climática de incremental a transformacional

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Cada día son más las voces que denuncian que la velocidad a la que nos adaptamos a un sistema energético sostenible es demasiado lenta y que no podemos permitirnos más retrasos en la intensidad de las medidas regulatorias y en la adaptación de los comportamientos de los consumidores.

En un contexto en el que tan solo para el 2030 se estima un crecimiento de la población a nivel mundial de unos 1.000 millones según Naciones Unidas, con el  consiguiente crecimiento en la demanda de bienes y servicios, se nos presenta el doble reto de atender este crecimiento de la demanda al mismo tiempo que tenemos que contribuir a ser más sostenibles. Lo que requiere acelerar la mejora en eficiencia energética y el cambio de nuestro mix energético global.

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat, además de los serios impactos causados por los desastres naturales que estamos sufriendo. Y sin embargo, seguimos pecando de falta de ambición, seguimos abordando el cuánto sin darnos cuenta que lo que subyace es un necesario e irreversible  cambio en nuestro estilo de vida. No solo con objetivos a largo plazo, sino también con compromisos más ambiciosos en el corto y medio, podremos abordar el problema al que nos enfrentamos en toda su dimensión.

Es precisamente bajo esta óptica desde la que hemos venido denunciando desde la Fundación Renovables el que no se hayan aprovechado las discusiones del paquete de invierno de la Unión Europea para consensuar esta necesaria mayor ambición para después de 2020 con unos objetivos nacionales vinculantes, tanto para la energía renovable como para la eficiencia energética.

Una  estrategia de la UE  capaz de ampliar la acción climática de incremental a transformacional para todos los sectores de nuestra economía,  capaz de identificar los  incentivos perversos que actualmente causan emisiones, es fundamental para descarbonizar nuestra sociedad a partir de la energía renovable combinada con el ahorro de energía.

Entre las numerosas ventajas  que conlleva esta descarbonización  de nuestra sociedad,  además de su reducción de CO2, se encuentran la reducción de la contaminación del agua, del suelo y del aire, la mayor independencia energética, la reducción de las importaciones y el impulso de la creación de trabajos locales en áreas urbanas y rurales.

Este cambio no puede basarse exclusivamente en la innovación tecnológica como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras. Necesitamos ser más proactivos en habilitar cambios en nuestro estilo de vida.

Necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras

En los últimos años en el contexto europeo han surgido iniciativas como el reciclaje, el car sharing,  la eliminación de bolsas en los supermercados,  etc.  que ya están demostrando su éxito a partir de enfoques que involucran la participación ciudadana y las comunidades locales para cambiar nuestros estilos de vida, promoviendo estilos más equitativos y sostenibles; acciones que deben abarcar desde el nivel político al cultural.

Son ya varios los países que como Holanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Portugal o Francia se han comprometido a establecer medidas para alcanzar emisiones netas cero, demostrando que es políticamente factible adoptar estos objetivos en un contexto en el que además la evolución de  los costos de la tecnología necesaria para abordarlos lleva años demostrándonos que evoluciona más favorablemente que nuestras propias estimaciones. Esperemos que nuestro país sepa estar a la altura del reto que tenemos planteado y sepamos utilizar las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano para contribuir con éxito a su necesaria transformación.

 

Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

El final de una larga y oscura noche para las renovables en nuestro país

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Desde la toma de posesión del gobierno del PP a principios de esta década hasta la reciente moción de censura, las energías renovables han vivido una larga y terrible etapa que ha cercenado su desarrollo, desestabilizado las cuentas de empresas y familias, que habían realizado importantes inversiones confiadas en la seguridad jurídica de nuestro país, y limitado en gran medida la capacidad de proyección exterior de nuestras empresas, en un momento de expansión mundial de estas tecnologías.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Una de sus primeras medidas fue la moratoria renovable, mantenida hasta hace bien poco. Después vinieron recortes a la remuneración en cadena a todas las tecnologías, seguidos de una peculiar reforma. En 2013 se promulgó la ley del Sector Eléctrico, seguida en 2014 del Real Decreto que la desarrollaba y una Orden Ministerial que establecía unilateralmente las inversiones supuestamente realizadas en las instalaciones a las que se las iba a remunerar de acuerdo con una hipotética rentabilidad razonable, no confirmada en la realidad y que se  indexó arbitrariamente al nivel de la deuda española a largo plazo.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Con esta reforma, no solo se realizaron recortes adicionales en la mayor parte de las tecnologías, sino que se sumió al sector en una completa incertidumbre sobre su retribución, ya que la remuneración a las instalaciones realizadas y que tuvieron que financiarse a los tipos de hace casi 10 años, no iban a retribuirse de forma estable con esa supuesta rentabilidad razonable a las inversiones realizadas y financiadas entonces, sino que su retribución iba a depender en el futuro de la cotización del bono de deuda española.

nadal

El conjunto de los recortes practicados retroactivamente sobre las condiciones publicadas en su día en B.O.E y que motivaron las inversiones, incluida la reforma vigente en la actualidad, son percibidas como una enorme trampa en la que los inversores nacionales se encuentran en la más completa indefensión.

Evidentemente, de haberse tenido sospechas de los cambios regulatorios que iban a producirse, no se hubiera realizado ninguna de las inversiones. España se encontraría todavía más lejos de alcanzar su compromiso del 20% de energía renovable en 2020 y los costes generación hubieran sido mucho más elevados que los que hemos tenido, dada la deflación de costes que producen las energías renovables (mayores que las primas recibidas) y cuyo positivo impacto solo recientemente empezaba a ser reconocidas por el gobierno cuando, ante las subidas del recibo de la luz, argumentaban que era debido a que no había habido suficiente viento en nuestro país.

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía. Los laudos están reconociendo que son evidentes, imprevistos y desproporcionados los cambios en las reglas de juego producidos después de haber realizado las inversiones de acuerdo con las expectativas publicadas en un B.O.E. firmadas por el Rey de España. Sin embargo, los inversores nacionales no han encontrado ninguna sensibilidad en el Tribunal Supremo. Esperamos que puedan reconsiderar sus pasadas argumentaciones en futuras sentencias a la vista de las evidencias que los laudos internacionales están poniendo de manifiesto.

Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios

Las recientes subastas, diseñadas para tratar de acercarnos a los compromisos europeos en el horizonte 2020 con el mínimo coste, sin tener en cuenta mínimos criterios de planificación sobre el diseño del mix más adecuado para el futuro de nuestro país, fueron también un ejemplo de improvisación y malas prácticas. Su ejecución total en el plazo fijado parece asimismo bastante dudosa.

El último movimiento del pasado gobierno fue el anuncio de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático para la que nominaron un grupo de “expertos” cuyo informe, tras medio año de trabajo, resulta bastante sorprendente al llamar, en absoluta sintonía con el cesado ministro de energía, “transición energética” a mantener el carbón y las nucleares. Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios, con el argumento demagógico y amenazante de que si se clausuraban esas centrales subiría el precio de la luz, ocultando que, si se sustituían por instalaciones renovables, el coste de la electricidad no solo no subiría, sino que bajaría.

La moción de censura ha supuesto la luz al final del túnel de la persecución que el gobierno del PP ha hecho a las renovables en este país.

Con el antiguo gobierno teníamos en el horizonte otro drástico recorte a partir de 2020, mientras que tanto el partido que soporta al nuevo gobierno como el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PP, nos han demostrado fehacientemente su apoyo, o al menos su predisposición, a dejar establecida por ley la estabilidad retributiva para las instalaciones actuales.

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente respecto a la que hemos venido sufriendo en esta larga etapa pasada, que, además de perjudicar al sector, ha impedido aprovechar la transición energética como palanca para la mejora de la economía de nuestro país, la creación de empleo y la convergencia regional.

La transición energética debe realizarse de forma planificada, con un adecuado mix de generación teniendo en cuenta las características y complementariedad de las diferentes tecnologías renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica, termosolar y biomasa). Un mix basado, además de la hidráulica, exclusivamente en eólica y fotovoltaica tendría muchos vertidos y seguiría necesitando el respaldo de las tecnologías convencionales.

Incorporando una contribución significativa de centrales termosolares, para su funcionamiento complementario a la fotovoltaica a partir de la puesta de sol y de biomasa, se conseguiría, además de un mix más barato que con el respaldo del gas, avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de nuestro sistema eléctrico.

 

El dinero vira al verde

Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

La necesidad de un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energía limpia es más que evidente en este primer cuarto de siglo. Parece que ha llegado el momento en el que las empresas vayan más allá del “condimento” publicitario verde y empiecen a adaptar sus productos, sus servicios y, sobre todo, sus estrategias de negocio a una economía baja en carbono.

En un artículo del año pasado en el que me ocupé del anunciado colapso de la industria petrolera, conté que los grandes inversores como el fondo soberano de Noruega o la Fundación Rockefeller, cuyos patronos lograron su vasta fortuna con el petróleo, estaban retirando sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles. Otros grandes fondos de inversión ya se han unido a una tendencia que parece imparable, como es el caso del mayor fondo de pensiones sueco, AP7, y de su equivalente neozelandés NZSF, que han anunciado que retirarán paulatinamente todas sus inversiones en activos asociados a los combustibles fósiles. También lo han hecho algunos de los mayores bancos del mundo, como HSBC, que el pasado mes de abril anunció que no financiará más centrales eléctricas de carbón.

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables. A ello no es ajena la alta rentabilidad de las empresas del sector renovables. Por citar el caso español, los dos mejores valores de la bolsa en el primer tramo de este año son de ese sector. Tanto Solaria como Audax Renovables (antiguamente Fersa) acumulan subidas de tres dígitos (160% y 380%, respectivamente), mientras que Saeta Yield se dispara un 26%.

Otra señal muy positiva es que más de una treintena de compañías del Ibex-35 (Ferrovial, Acciona, Iberdrola, Enagás, Abertis, Endesa, Gas Natural Fenosa, Telefónica, Santander, Ineco, Ecoterrae, Ecoembes, Logista, y BBVA, entre otras) se han unido para buscar oportunidades de negocio, crecimiento y empleo en el que a todas luces será un nuevo escenario económico.

fondos

Esas y otras empresas han constituido el Grupo Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), cuyo presidente, Valentín Alfaya, reveló en una entrevista el principal objetivo del grupo: «[…] liderar en nuestro país la transición industrial que impone el Acuerdo de París (2015) y abordar junto a las administraciones públicas los grandes retos medioambientales».

En abril, GECV publicó un manifiesto reclamando al Gobierno la aprobación “urgente” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La declaración de intenciones del manifiesto estaba patente desde su enunciado: «Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia.  Si miramos hacia la mayor parte de los países de nuestro entorno, podremos contemplar una evolución inminente hacia una economía baja en carbono, un proceso iniciado a escala global que se traducirá necesariamente, en fuente de numerosas oportunidades. Las economías que se erijan como líderes de esa transición serán las primeras de la fila en aprovechar las bondades que la descarbonización ofrece. Y es que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles es la principal causa del temido cambio climático cuyos tentáculos ya han empezado a dejar graves huellas en el planeta».

Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

El GECV está en la línea de la reciente iniciativa Climate Action 100+, que ha conseguido la adhesión de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Estas empresas han adquirido el compromiso de reducir las emisiones en sus instalaciones y de ofrecer una información transparente sobre su exposición al cambio climático y al cumplimiento del Acuerdo de París, lo que incluye los riesgos de no poder utilizar todas las reservas fósiles incluidas en sus balances contables. Según la comunidad científica, el 35% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas y un 90% de las reservas de carbón deberán quedarse bajo tierra para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Siguen llegando señales de que el tiempo del cambio ya está aquí. Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables. Como ha señalado en un reciente artículo Mikel González-Eguino, la primera señal vino de la mano de una entrevista concedida a Financial Review por Jim Barry, director de inversiones e infraestructuras de Blackrock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, en la que alertaba de que los planes para invertir más dinero en centrales de carbón eran como «negar la ley de la gravedad», una temeridad financiera. Blackrock no se ha quedado ahí.

Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables.

En una carta enviada a los consejeros delegados (CEOs) de las empresas de las que es accionista, Larry Fink, presidente de la financiera, da la alerta de los riesgos que corren si no se adaptan al nuevo tiempo que nos toca vivir. Según Fink, las empresas «no solo deben ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad» y cómo «responden a desafíos sociales más amplios», porque de lo contrario podrían perder la «licencia social» para seguir operando. Fink advierte que los más ricos han cosechado ingentes beneficios tras la Gran Recesión, mientras que la gente común ha tenido que conformarse con salarios estancados. En la carta también advierte de los riesgos que supone el aumento de la desigualdad y de la «polarización», poniendo el dedo en la llaga del incremento de los gobiernos populistas y autoritarios en todo el mundo.

La segunda señal apareció en un monográfico de la revista The Economist, en el que se anunciaba el declive de los coches convencionales ante la expansión de los automóviles eléctricos. La tercera señal proviene de un informe publicado en noviembre de 2017 por Lazard, un banco de inversiones especializado en energía, cuyo último informe situaba el coste medio de la producción de electricidad de las centrales nucleares estadounidenses en 148 dólares por megavatio-hora, muy superior al coste de la producida por eólicas y solares fotovoltaicas, cifrada en 45 y 50 dólares, respectivamente.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta

La sinergia pública-privada también está ejerciendo un papel muy importante de liderazgo cuando los gobiernos fallan a la hora de dar certidumbre y establecer políticas claras para las inversiones en el largo plazo. Sin duda, este es el caso de Estados Unidos, donde el manifiesto We Are Still in (Nosotros seguimos todavía dentro), firmado por las principales empresas del país junto con 9 estados y 125 ciudades, reclama que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. Las ciudades y estados participantes representan 120 millones de estadounidenses y contribuyen con 6,2 billones de dólares a la economía americana, e incluyen a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Pittsburgh, Pennsilvania y Dubuque. Una mezcla de universidades, públicas y privadas, grandes y pequeñas, han incluido a su institución en la declaración. En total las empresas y los inversores signatarios tienen un ingreso anual de 1,4 billones de dólares e incluyen a más de 20 empresas de la lista Fortune 500, entre las que se encuentran Apple, eBay, Gap Inc., Google, Intel, Microsoft, y Nike, además de cientos de pequeñas empresas que también firmaron la declaración.

En definitiva, que la veta más granada del sector financiero ha llegado a la conclusión de que para que sus inversiones sean rentables deben ser respetuosas con el medio ambiente y con las sociedades en las que operan. Saben que durante demasiado tiempo la maximización de los beneficios a corto plazo ha primado sobre la sostenibilidad a largo y sobre la función social a que están obligadas, y son conscientes de que la vieja forma de rentabilizar sus inversiones no podrá continuar mucho más allá.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.

La evolución de emisiones en España, radiografía de un fracaso

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Cambio Climático en ISTAS

El último informe de Comisiones Obreras sobre la evolución de las emisiones de gases de invernadero en España no trae buenas noticias. Hace 15 años que no aumentaban tanto las emisiones. El informe estima que en 2017 las emisiones de estos gases fueron 339,2 millones de toneladas de CO2 equi­valente y que aumentaron un 4,5% respecto al año anterior. Se trataría del crecimiento anual más alto de emisiones desde el año 2002, antes de que entrara en vigor el Protocolo de Kioto.

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Actualmente la mayor parte de las emisiones se generan en el consumo y procesado de los combustibles fósiles. El incremento de las emisiones en 2017 se explica principalmente por el aumento del uso de carbón para la generación eléctrica en un 21% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%. También subió el consumo de petróleo en un 0,5% y el de gas natural un 9,8%. En el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,4% ese año.

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España es una radiografía perfecta del fracaso en la acción climática.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario. La política energética española se ha caracterizado en las últimas décadas por desarrollar una política activa de oferta. Esto ha sido así en el sector eléctrico, con una sobrecapacidad del parque generador más que reconocida y unos gastos derivados injustamente soportados por los consumidores particulares y más vulnerables.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario.

Y de forma calcada ha ocurrido con las políticas públicas del transporte que se han basado en el crecimiento continuado de infraestructuras innecesarias que han depredado el medio ambiente y acaparado el gasto público. Así, tras una política expansiva en la construcción y el urbanismo, las emisiones en 2007 llegaron a estar por encima del 50% los niveles de 1990.

A partir de 2008, las reducciones en las emisiones se explican fundamentalmente por la crisis económica y la caída de la producción industrial.

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Más tarde con la estabilización y crecimiento de la economía las emisiones se vuelven a recuperar lo que demuestra la ineficacia e inconsistencia de las políticas climáticas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética en empresas y hogares y fomentar una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías, entre otras.

A pesar de que las energías renovables han sido hasta ahora el principal factor de reducción real de las emisiones en nuestra sociedad, en 2012 el actual Gobierno frenó drásticamente la instalación de nueva potencia y en los últimos años las emisiones españolas han fluctuado muy influenciadas por la hidraulicidad de cada año. Es decir, con menos lluvias se quema más carbón y gas.

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética. Y eso que los compromisos se establecen en base al segundo año más alto en emisiones en nuestra historia, el año 2005.

Los compromisos para España para 2030 son una disminución del 26% de las emisiones de los sectores difusos (transporte, residencial, comercial, agricultura y ganadería, residuos, ….) y una reducción del 43% para los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (sectores energéticos e industriales, ETS) respecto a 2005.

Según CCOO, en 2017 las emisiones totales fueron un 22,8% superiores a las de 2005, y con estas cifras no se llega.

Basta con mirar las previsiones que daba el Gobierno español de incumplimiento de los objetivos a 2030 en base a las emisiones de 2016 que fueron mejores que las de 2017.

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España, la peor evolución del top 10 en la Unión Europea

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el último cuarto de siglo ha sido positiva en Europa pero muy negativa en España. España es uno de los países más emisores de la UE-28 y de los que más ha aumentado sus emisiones.

El análisis de la evolución de las emisiones respecto a los niveles del año base de 1990, referencia del Protocolo de Kioto, refleja que las emisiones crecieron un 17,91% en 2017. Una foto que también nos deja mal en comparación con otros países que ya han publicado un avance provisional de sus emisiones en ese período. Alemania habría disminuido un 27,70%, Reino Unido un 43% y Finlandia un 21%.

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Los datos de 2017 consolidan el mal comportamiento en emisiones de España, uno de los países con mayor recurso solar y de los más vulnerables a los impactos climáticos en Europa. De los 10 de países europeos más emisores de gases de efecto invernadero en 1990, el nuestro es el que muestra peor balance. En el período 1990-2015 fue el único que aumentó sus emisiones, mientras que el resto del top 10 redujeron sus emisiones de media un 26%.

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España es un lastre para que el conjunto de la Unión Europea cumpla con el Acuerdo de París. Esperemos que el nuevo gobierno entienda la descarbonización de la economía como una estrategia propia, como una oportunidad inmejorable para el cambio del modelo energético y productivo, para impulsar políticas sectoriales de innovación, para poner en pie una industria intensiva en conocimiento, para rehabilitar nuestras ciudades y nuestros edificios y en definitiva para impulsar la creación de empleo de calidad no deslocalizable.

 

Nadal ha elegido el tono, y ahora no le gusta la música que resulta

Piet Holtrop – Abogado

El ministro de Energía Álvaro Nadal, según el periódico ABC, destacó esta semana en el III Foro de Emprendedores y Autónomos de ATA que los recortes a las Energías Renovables según él les habían ahorrado a los Españoles 175.000 millones de Euros. Lo ha calculado él mismo, haciendo un ejercicio de sumar unos números fuera de su contexto, y sin tener en cuenta el efecto depresor que tienen estas tecnologías en el mercado mayorista, que según auditores expertos en la materia oscila en el 19% sobre el precio de este mercado.

Si miramos valores históricos, hasta el último día de vigencia del antiguo sistema retributivo este efecto causaba un equilibrio casi perfecto de la retribución a las Energías Renovables y el ahorro en costes que generaban en el mercado mayorista. Discrepo por lo tanto de la lectura parcial y tendenciosa que hace este Ministro de los hechos. Lo calificaría como verdad alternativa (lo que antaño se llamaba mentira).

Nunca es tarde para nuestro querido ministro para rectificar. Ha elegido el tono, y ahora no le gusta la música que resulta de ello. El tono es su regulación, y la música es la litigiosidad que provoca.

Al margen de otra conferencia que se celebró esta primavera en Barcelona, este ministro se ha hartado de que existieran tantos litigios contra su regulación eléctrica. No pasa a menudo, pero en esta sí que estoy completamente de acuerdo con él. Además puedo asegurarle que las personas que han decidido entablarlos hubieran preferido hacer muchas otras cosas en vez de esto. Nunca es tarde para nuestro querido ministro para rectificar. Ha elegido el tono, y ahora no le gusta la música que resulta de ello. El tono es su regulación, y la música es la litigiosidad que provoca.

Escuchamos algo nuevo

Acabamos de escuchar recientemente la decisión del 10 de noviembre 2017, C(2017) 7384 final, State aid SA.40348 (2015/NN) de la Comisión Europea, sobre los sistemas de apoyo a las Energías Renovables en España durante el periodo más esencial de la transición energética española, hablando en términos de potencia instalada en nuestro país. Hablamos del periodo de vigencia del Real Decreto 661/2007, y del Real Decreto 413/2014. Estos dos reales decretos eran y son, respectivamente, la transposición de las Directivas Europeas vigentes en cada momento, para garantizar que la transición energética en España fuese en línea con la proyectada en la Unión Europea.

Como implementación de políticas europeas que son, los sistemas de apoyo introducidos por estos reales decretos, tienen que cumplir su legalidad, concretamente su principio de la confianza legítima, como principio fundamental de su funcionamiento. Quedaba sobradamente acreditado en el derecho Europeo desde los casos C-195/12 – IBV & Cie y C-573/12 – Ålands Vindkraft, que en otras ocasiones ya he comentado más a fondo.

Una melodía conocida

En este principio fundamental de la confianza legítima, la Comisión Europea choca fundamentalmente con su decisión, aventurándose de una manera muy poco ortodoxa, abusando de los poderes confiados en ella en otro ámbito legal de la Unión Europea: las Ayudas de Estado. Lo hace en un curioso ejercicio de inconcreción, y de mover conceptos del estilo de “dónde está la bolita” que podría haber sido inventado por el regulador español. Sigue una melodía que conocemos muy bien aquí, de esquivar el derecho aplicable.

Nadal

Por lo tanto, y por mucho que no le guste al ministro Nadal, también he tenido que impugnar esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hice presentando demanda el día 14 de marzo de este año, y el número de referencia que se nos asignó el Tribunal General de Unión Europea es el T-186/18. El Tribunal General de Unión Europea (TGUE) forma parte de la institución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y es competente para conocer los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas para obtener la anulación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente.

Sin sintonía

Justo la semana  anterior, el 6 de marzo 2018 se había dictado sentencia en el asunto C-284/16, de la República Checa contra Achmea BV, y había voces que auguraban que los arbitrajes internacionales ya no tendrían sentido, por decir esta sentencia que los tratados bilaterales en los que se fundamentan categóricamente no eran compatibles con el derecho Europeo. Así, durante un breve instante parecía que la nuestra era la última batalla que se libraría sobre los recortes a las Energías Renovables en España.

La confianza legítima de estos inversores internacionales ha sido defraudada por el Reino de España por cambiar la retribución de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energías renovables, en un momento en el cual ya no era posible para estos inversores  adaptarse, es decir, evitar de invertir en ello

El 9 de abril 2018, no obstante, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, en el caso V 2015/063, NOVENERGIA II – ENERGY & ENVIRONMENT (SCA), SICAR (Luxemburgo) contra el Reino de España, en su orden de procedimiento número 17, valora contrariamente a aquellos que pensaban que Achmea afectaría a los laudos internacionales favorables a los inversores internacionales que obligan a España devolver sumas mil-millonarias por defraudar la confianza legítima de estos inversores.

No hay sintonía entre los tribunales arbitrales, y el TJUE. El 17 de mayo 2018 se publicó otro laudo favorable para un inversor internacional, esta vez en el CIADI, de caso ARB/14/1, de MASDAR SOLAR & WIND COOPERATIEF U.A. (Países Bajos) contra el Reino de España. Mientras tanto, el pasado 27 de abril 2018, el IDAE ha tenido que abrir una licitación que se cerrará el 18 de junio 2018, para proveer al Reino de España con la defensa jurídica necesaria para defenderse contra la última demanda internacional lanzada por la entidad TRIODOS SICAV II, interpuesta en diciembre del 2017.

Ritmo español

La confianza legítima de estos inversores internacionales ha sido defraudada por el Reino de España por cambiar la retribución de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energías renovables, en un momento en el cual ya no era posible para estos inversores  adaptarse, es decir, evitar de invertir en ello. Estas inversiones se caracterizan por tener un coste hundido, una vez efectuadas ya no pueden modificarse.

En este aspecto se encuentran  exactamente en la misma posición que los inversores nacionales, y precisamente la falta de respeto por esta confianza legítima, es lo que me ha hecho llegar a impugnar la decisión de Comisión Europea mencionada al principio de este artículo. En un inicio era sólo el Reino de España el que pisaba este principio, pero después de una lectura con el debido detalle de esta decisión, no se puede concluir otra cosa que la Comisión Europea se ha sumado a este pisoteo al ritmo de la melodía española.

La Comisión parece no saber leer las partituras del derecho Europeo, y parece sorda a la música: Se equivoca en derecho, y de hecho. Olvida  valorar si el sistema Español del Real Decreto 661/2007 era calificable como Ayuda de Estado, y en su caso afirmativo, si estaba sobre-compensado, o no

La confianza legítima ha sido clave en la demanda que presenté contra la decisión de la Comisión Europea, justamente porque en un intento de cambiar la letra de la canción, la Comisión dice que na hay confianza legítima aquí de nadie, por tratarse de un dossier de Ayudas de Estado. La Comisión parece no saber leer las partituras del derecho Europeo, y parece sorda a la música: Se equivoca en derecho, y de hecho. Olvida  valorar si el sistema Español del Real Decreto 661/2007 era calificable como Ayuda de Estado, y en su caso afirmativo, si estaba sobre-compensado, o no.

Pasa de sus obligaciones mínimas de diligencia administrativas, ignorando estas cuestiones fundamentales, y concluye simplemente que el nuevo sistema ha absorbido el anterior, y si se perdió algo por el camino, pues mala suerte. Es lógico que sólo puede haber limitación en la confianza legítima si se ha eliminado parte de la retribución que era sobre-compensada, y además únicamente sobre aquella proporción de ella que se consideraría sobre-compensada. Sin valoración previa de tratarse o no de una ayuda de estado, sobre-compensada o no, es imposible decir que toda la reducción causada por esta absorción sería un ajuste de algo sobre-compensado. Lo dicho, es de trileros.

La cacofonía

La decisión de la Comisión parece una colusión con el Reino de España para absorber otra cosa: la jurisdicción de los arbitrajes internacionales. En este ejercicio de sus poderes conferidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión pierde de perspectiva no solo  los hechos del caso, y la base legal de su propia actuación, olvidando su obligación de razonar, sino también infringe título V de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, poniendo por encima del interés de todos los afectados de los recortes llevados a cabo en España, el interés suyo y del Reino de España de absorber la jurisdicción arbitral. Sacrificando un derecho fundamental e individualizado, para un interés incidental.

La Comisión Europea sacrifica un derecho fundamental e individualizado, para su interés incidental en los arbitrajes internacionales, y únicamente lo consigue extraviándose de sus competencias en materia de Ayudas de Estado.

Irónicamente es justamente esta confianza legítima la que han invocado los productores españoles de energías renovables en los tribunales nacionales que ahora nos ha servido para acreditar que los demandantes españoles que represento tienen un interés individualizado y concreto, que es el cuello de botella para cualquier individuo que quiere impugnar este tipo de decisiones de la Comisión Europea.

Aquí la Comisión Europea sacrifica un derecho fundamental e individualizado, para su interés incidental en los arbitrajes internacionales, y únicamente lo consigue extraviándose de sus competencias en materia de Ayudas de Estado. Sólo lo consigue haciendo su trabajo en este ámbito testimonialmente, por no valorar si el RD661/2007 constituía Ayuda de Estado, y a medias, por no valorar en su caso sí era sobre-compensado, así creando una apariencia de cuasi legitimidad para suprimir la confianza legítima en los Arbitrajes internacionales, y de paso, atentando contra la misma en los procedimientos nacionales todavía en curso.

…y el metrónomo

Siempre he dicho que la jurisdicción de la Unión Europea es el tribunal competente para interpretar el principio de la confianza legítima en los recortes a las Energías Renovables, por fin se está acercando este momento. Es hora de que el TJUE ponga un metrónomo a toda esta cacofonía de estilo libre de la Comisión Europea y el Reino de España. Metrónomo viene del griego, y combina las palabras métron y nómos, que viene a significar medida y ley.

¿Tienen algo en común Nadal y el ministro de Energía de Suecia?

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

“Yo no puedo pensar igual que el ministro de energía de Suecia. Tendré que pensar como el ministro de Energía de España”, dijo la semana pasada Álvaro Nadal en el Senado. Para ser exactos (o exacta), primero llegó a decir “de Economía” pero rectificó enseguida. Sería porque estaba pensando en costes y en precios, en abaratar el recibo de la luz a los consumidores españoles que es lo que más le importa, al menos así lo dijo en varias ocasiones, aunque hay que señalar que no parece tener mucho éxito en la tarea.

Y se le vio realmente preocupado por esta cuestión, tanto que pintó la situación de la siguiente manera: “España no tiene acceso a fuentes de energía baratas, no tenemos la hidroeléctrica del norte de Europa, especialmente de los países nórdicos, ni tenemos al acceso al gas noruego ni al gas ruso. Tenemos que comprar el gas de Argelia y eso hace que de entrada todos los costes energéticos en España sean más caros que en otros países. Tampoco tenemos el mismo desarrollo de nivel industrial que otros países y todavía tenemos 3.700.000 parados”.

Así las cosas, nuestro ministro de Energía señaló que después de los objetivos medioambientales (¿de verdad?), la máxima prioridad en la política energética del Gobierno es siempre el abaratamiento de los costes.

En fin, todo sumas y restas. O más bien sólo restas y con resultado negativo porque ante este panorama Nadal dice que aunque nadie duda de que es positivo introducir Energías Renovables, hay que hacerlo cuando la tecnología esté suficientemente desarrollada para no incrementar los precios (Ignora, pues, que hoy ya son más baratas). Bueno, para eso es ministro de Economía. ¡Uy! Perdón, de Energía. Ahora he tenido un “lapsus” yo.

Precios, precios, precios. Hay dos cosas que no comprendo de sus argumentos. Y tengo que decir que intencionadamente voy a obviar la cuestión del gas. Quizás peco de ingenua, no sé, pero no entiendo por qué deberíamos envidiar la hidráulica de los nórdicos. Por un lado, ha sido precisamente esta energía la que encarecido la factura de abril, aunque parece que esto tiene que ver más con cómo tenemos organizado en España el mercado de la electricidad que con la fuente de energía en cuestión.

Nosotros sí tenemos, además de agua, otras energías autóctonas, un sol que sí que debe ser la envidia de Suecia, y cada vez más viento

Sea por esto o no, por otro lado, no debemos cansarnos de recordar que nosotros sí tenemos, además de agua, otras energías autóctonas, un sol que sí que debe ser la envidia de Suecia, y cada vez más viento. Así que ya tienen algo en común los ministros de energías sueco y español: ¡energía barata y propia!

A veces pareciera que el fin –abaratar el precio- justifica los medios –estancar el desarrollo de renovables-. Exigir lo contrario no es pedir imposibles y, además, es rentable. Desde la Fundación Renovables hemos presentado un documento con más de doscientas propuestas para una Transición Energética Sostenible “justa” tanto desde el punto de vista social como económico.

Por ejemplo, en el caso del carbón, es el mercado el que quiere cerrar las centrales porque no son rentables –mientras que las renovables cada vez más-, y, por otra parte, en 2016 sólo el 5% del que utilizamos en España para generar electricidad fue autóctono. Es decir que el carbón nacional no tiene futuro pero, insistimos, nosotros defendemos que las zonas mineras no deben ser abandonadas, que el cambio hacia un nuevo modelo se debe hacer de manera social y económicamente justa, lo que por otra parte de ningún modo debe significar instalarnos en el inmovilismo.

La Fundación aboga por una “transición”, con toda la carga que esta palabra implica, es decir, planificación, calendarios, voluntad, objetivos vinculantes. Como circula por redes, canal actual de la que fuera la sabiduría popular que antaño se difundía “de boca en boca”,: “Cuando escribes un deseo y le pones fecha, se convierte en un objetivo; cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan y un plan respaldado por acciones se convierte en realidad”. Necesitamos un plan, pero España no lo tiene.

Quiero decir, que aunque el Gobierno ignore los planteamientos de la Fundación porque que defiende, entre otras cosas, el cambio de estas tecnologías frente a las formas convencionales de obtener energía, o algunos puedan calificar sus propuestas de idealistas, éstas tienen bastante más sentido común y son bastante más realistas que la actitud de Nadal de anclarse en el pasado. Nosotros sí estamos en la senda de la Unión Europea y de los informes de solventes organizaciones internacionales que apoyan que una mayor penetración de renovables es posible.

Nosotros sí estamos en la senda de la Unión Europea y de los informes de solventes organizaciones internacionales que apoyan que una mayor penetración de renovables es posible.

Aquí es muy importante, y me congratulo de que Nadal llamara la atención sobre ello, que no centremos el tema solo en la electricidad, donde por cierto es fácil confundir al consumidor con un discurso que hable de precios y facturas, que a veces muy poco tienen que ver con la fuente que se ha utilizado. Quiero decir, tenemos una oportunidad de combatir el Cambio Climático y sus impactos a la hora de acometer un cambio de modelo en cosas tan importantes como por ejemplo cómo nos movemos y cómo nos calentamos. Es necesario aumentar la presencia de las renovables en estos dos ámbitos, además de electrificarlos. Y en este punto, sí quiero mencionar al gas. No es la solución. Seguiríamos liberando emisiones que contribuyen al Cambio Climático.

Sí lo es el autoconsumo compartido, pero eso prefiero dejarlo para otro artículo, en el que me gustaría hablar de cómo esta modalidad y las microredes contribuyen a paliar la pobreza energética. Es maravilloso lo que algunos países están haciendo al respecto para permitir el acceso de la energía a mucha gente que carece de ella. Los resultados los he podido comprobar en mis años de voluntaria en la Fundación Energía sin Fronteras.

Vale, no somos Suecia pero ¿Somos Europa? ¿Qué papel estamos desempeñando en los trílogos (diálogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento) que debaten los nuevos objetivos europeos de eficiencia y renovables estos días?

En todo caso, vale, no somos Suecia pero ¿Somos Europa? ¿Qué papel estamos desempeñando en los trílogos (diálogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento) que debaten los nuevos objetivos europeos de eficiencia y renovables estos días?

Nadal explicó en el Senado que todo el Consejo aprobó en su momento un objetivo de renovables del 27% para 2030 –que el Parlamento ha elevado después al 35%, no se nos olvide-. Añadió que “luego los países que estamos desarrollando nuestras estrategias, estamos manteniendo posturas con un cierto grado de flexibilidad y España es un país que está mostrando una flexibilidad en el objetivo de renovables pero, nuevamente, vinculándolo siempre a que también tiene que tener una presión el Parlamento y el Consejo por aumentar las interconexiones porque si no nos van a hacer la vida extraordinariamente difícil”.

Espero entender mal ¿No estaremos utilizando nuestro futuro climático como moneda de cambio, verdad? Eso Suecia sí que no lo haría, quizás esa es la principal diferencia y no las fuentes autóctonas. El problema, señor Nadal, es que en Europa empiezan a hablar de nosotros como la “Polonia del sur”. Y eso hablando de energía le aseguro que no es ningún piropo.