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Las claves de un tema que nos afecta a todos

Archivo de la categoría ‘Cambio climático’

El cambio está en marcha, es la hora de acciones disruptivas que lo aceleren

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

El mantra de todos los sectores que tienen que cambiar (energético, eléctrico, automóvil, petroquímica, plásticos, construcción, agrario…) ante la inexorable descarbonización de la economía para mitigar el Cambio Climático y consiguiente desenergización y desmaterialización de la misma para conseguirlo es siempre el mismo: “Hay que hacer el cambio aunque de forma progresiva”.

No son solo los empresarios los que piden tiempo, también los sindicatos, aunque éstos cada vez aceptan más la transición entendida como “transición justa”, es decir, que se prevea el impacto en el mundo laboral para que el proceso de inevitable pérdida de puestos de trabajo en los sectores que tienen que cambiar se mitigue con el posible trasvase a empleos en los nuevos sectores o, en todo caso, con planes de adaptación y de medidas socioeconómicas para mitigar los impactos.

El desafío es que como decía el propio Papa Francisco en su encíclica “Laudato si”, el recurso más escaso frente al Cambio Climático es el tiempo. No hay tiempo que perder. No solo ambientalmente sino también desde el punto de vista socioeconómico, dados los enormes costes del fenómeno y los beneficios del nuevo orden económico, que permiten decir que esta Transición Ecológica de la economía es oportuna y urgente aunque no hubiera calentamiento global.

La historia ambiental reciente muestra que frente a los desafíos ambientales no tenemos más que lo que se conoce como “falsos negativos”, o lo que es lo mismo, que a base de negar la evidencia, de minimizarla o de ralentizar las respuestas acudiendo a una interesada cautela, siempre hemos llegado demasiado tarde.

emisiones

Quien no lo crea que repase los dos sesudos y bien documentados informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, AEMA, del año 2000 y 2013  “Lecciones tardías de alertas tempranas“ (1) donde se muestra y demuestra que llegamos demasiado  tarde en temas como el amianto (casi cien años tarde), la destrucción de la capa de ozono, el plomo en la gasolina, el mercurio (enfermedad de Minamata), el insecticida DDT o Dicloro difenil tricloroetano (50 años después de “La Primavera Silenciosa” de R. Carlson).

Actualmente estamos no solo repitiendo sino magnificando la historia en el caso del Cambio Climático (ya lo predijo, y con suficiente precisión, el Premio Nobel de Química en 1903 Svante A. Arrhenius hace más de cien años) que, además, a diferencia de casos anteriores, tiene ventajosas respuestas para su mitigación incluso desde el punto de vista socioeconómico.

Las partes interesadas se resisten y piden a que el cambio sea lento para que sus intereses no se vean afectados, sus activos no se devalúen y les dé tiempo a pasar a situaciones dominantes en el nuevo escenario.

Una vez más, estamos en un proceso de cambio urgente, inexorable y ventajoso. Una vez más, las partes interesadas se resisten y piden a que el cambio sea lento para que sus intereses no se vean afectados, sus activos no se devalúen y les dé tiempo a pasar a situaciones dominantes en el nuevo escenario.

Una vez más, y esta vez tasado en el tiempo, ya llegamos tarde. La temperatura media global no debe aumentar más de 1,5ºC al final del siglo, cuando ya hemos superado ampliamente el 1ºC en incremento y la tendencia es a superar los 3-3,5ºC al final del siglo, sabiendo que un incremento de 4ºC es equivalente a una glaciación a la inversa, o sea, estamos, como dicen un grupo de científicos de EEUU, ante una “big shit”.

Hace unos días pude apreciar en el aeropuerto de Bruselas la campaña que la gran empresa petrolera estatal noruega StatOil (principal aprovisionadora del mayor fondo soberano del mundo que curiosamente restringe fuertemente sus inversiones en activos fósiles) ha iniciado para reposicionarse frente a la inexorable mengua de la economía fósil y sus activos tóxicos.

Su anuncio en grandes letras en el túnel de embarque decía: ”Última llamada para StatOil. Equinor parte hacia el futuro. StatOil cambia su nombre a Equinor”. No requiere explicación de lo que claramente es un reposicionamiento hacia el futuro para el que solo pide un tiempo que no tenemos.

Tiempo que también piden muchos de los Estados Miembros de la UE, haciéndose eco de los intereses de las grandes empresas de la economía, al frenar las exigencias del Parlamento Europeo en cuanto a objetivos más ambiciosos para 2030 del llamado Paquete de Invierno en materia de Cambio Climático y Energía.

molinos eólicos

En Bruselas tuve ocasión de hablar recientemente con miembros del Parlamento Europeo y en particular con la que fuera ministra de Medio Ambiente Finlandesa, Sirpa PietikaInen, sobre estas situaciones de urgencia de cambio y el recurso a “medidas disruptivas”, que inexorablemente forman parte del cambio y que tiene la virtud de provocar el cambio de  forma rápida/rupturista, aunque exigen mucho coraje, responsabilidad política, pedagogía y el mayor apoyo social posible.

Para Pietikainen un caso ejemplar fue el del tabaco. Después de años de programa antitabaco, prohibición de la publicidad (que fue ya muy contestada por la prensa, incluyendo un gran medio español, que amenazaba en Bruselas con el fin de la prensa escrita debido a los ingresos que perderían si faltaba esta publicidad), etc. fue la prohibición generalizada de fumar en lugares públicos o incluso cerca de los mismos, en centros de trabajo o en los automóviles, la medida disruptiva que permitió un cambio relevante y sin ninguno de los efectos colaterales, que como el de la desaparición de la hostelería, se auspiciaban, sino todo lo contrario, ya que nunca había sido tan placentero ir a bares y restaurantes, ni tan buen negocio.

La lista de medidas rupturistas para acelerar obligadamente el cambio, para empezar a vivir y disfrutar ya de la Transición Ecológica de la economía sin tener que esperar a los grandes proyectos normativos de los que inexorablemente forman parte pero que no nos pueden retrasar es tan amplia como prometedora y solo requiere diálogo social y responsabilidad, propósito y coraje político.

La lista de medidas rupturistas para acelerar obligadamente el cambio, para empezar a vivir y disfrutar ya de la Transición Ecológica de la economía sin tener que esperar a los grandes proyectos normativos de los que inexorablemente forman parte pero que no nos pueden retrasar (llevamos diez años esperando el prometido  escenario energético 2030 y ya se hace larga la espera para la Ley de Cambio Climatico y Transición Energética, que puede reducirse por el obligado Plan integrado de Cambio Climático y Energía  para la Comisión a finales de año)  es tan amplia como prometedora y solo requiere diálogo social y responsabilidad, propósito y coraje político.

Mencionaré solo cuatro a modo de incentivo para establecer una lista abierta que acompañe, para acelerarla, a la Transición Ecológica de la economía española, conformando un verdadero “plan de choque” como propone la Ministra del ramo Teresa Ribera.

Para acelerar el cambio del modelo energético como vector de cambio de la Transición Ecológica:

A la espera de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que incluya objetivos más ambiciosos que los de la UE para 2030, que sería una medida disruptiva en sí misma:

 1.- Generalización del autoconsumo eléctrico con balance neto. Modificar la normativa española para maximizarlo y no limitarlo, como ahora, y promover la armonización a nivel UE, pudiendo llegar a 16 000 Mw instalados en 2030  (2) en España, lo que no solo contribuiría a generalizar rápidamente las renovables en generación distribuida sino también al empoderamiento de los ciudadanos y PYMEs que, además, no requerirían  incentivos, solo que no se pusieran obstáculos.

2- Comercialización solo de vehículos limpios, eléctricos fundamentalmente,  a partir de 2030 o incluso antes con objetivos intermedios. Con fuertes incentivos (que podrían provenir de impuestos a los carburantes fósiles y decreciendo con su desaparición) para los vehículos eléctricos y red de recarga siguiendo ejemplos como el de Noruega.

3- Un Plan ambicioso de rehabilitación de viviendas existentes en clave energética y de habitabilidad. Con incentivos sobre todo fiscales y financieros para rehabilitar anualmente, hasta 2030 y mas allá, más de un 2% del parque de viviendas existentes (como pedido por la Comisión en su Hoja de Ruta 2050 para uso eficiente de recursos (2)), más de  medio millón al año, priorizando las más deficitarias (3). Se potenciaría con una moratoria de diez años para nuevo suelo urbanizable.

Para la necesaria desmaterialización de la economía, hacia el “residuo cero”, clave para la Transición Ecológica:

4– Introducción de Sistema de Depósito en las cadenas de generación de residuos para asegurar su retorno a la cadena de producción y, cuando sea posible, su reutilización.

La sola introducción de un depósito cuando se adquiere un producto de cuyo uso se va a derivar un residuo al final de su vida útil o un residuo en consumo hace que el residuo, definido como algo que su poseedor destina  al abandono ya no lo sea al tener un precio y convertirse en un recurso.

Este sistema puede ir desde un depósito para los envases de bebidas hasta para los escombros de una obra pasando por los teléfonos móviles.

Con recuperación del depósito en el caso de los envases al devolver el casco, como hacíamos en su tiempo con “la casera” y  como ya se hace con gran éxito en reutilización y reciclado en muchos países  (hasta del 98% en Alemania) (4)

La sola aprobación de la reciente propuesta (28 de Mayo) de Directiva de la Comisión Europea para reducir el plástico en los envases alimentarios de un solo uso, con el objetivo de  superar  el 90% en su reciclado antes de 2025, no podría cumplirse en el caso de envases de bebidas sin recurrir a sistemas de depósito, lo que muestra la virtud y capacidad disruptiva de “obligaciones de medios” frente a obligaciones de resultados difíciles de controlar.

Ante la dilación en la acción forzada por los intereses sectoriales y  secundada por la lentitud de los grandes proyectos legislativos pidamos la disrupción

Depósito que cuando hay demoliciones en un edificio se paga al obtener la licencia de obra según el escombro que se prevé y que se recupera al entregarlo en los centros de reciclado previstos (caso de Dinamarca entre muchos otros).

En el caso  de los teléfonos móviles, de los que todos tenemos unos cuantos acumulados en casa, que son verdaderas minas de metales preciados y raros, se pueden depositar en máquinas sofisticadas que no solo devuelven el depósito sino algo más si el aparato se comprueba como reutilizable y no solo reciclable.

De hecho hay pocos residuos de productos de consumo no consumibles que no puedan ser sometidos a sistemas de depósito (5) y con ello hacer realidad el “residuo cero” y la economía circular auspiciada por la Comisión Europea (6).

Ante la dilación en la acción forzada por los intereses sectoriales y  secundada por la lentitud de los grandes proyectos legislativos pidamos la disrupción, pidamos ya desde la sociedad civil medidas que inexorablemente forman parte del futuro,  que son deseables y viables ya y aceleradoras de un  cambio ilusionante.

 

(1) https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

(2) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0571_/com_com(2011)0571_es.pdf

(3) https://fundacionrenovables.org/documento/hacia-una-transicion-energetica-sostenible/

(4) http://www.retorna.org/es/

(5) https://reloopplatform.eu/

(6) https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es

 

 

 

El necesario cambio de la acción climática de incremental a transformacional

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Cada día son más las voces que denuncian que la velocidad a la que nos adaptamos a un sistema energético sostenible es demasiado lenta y que no podemos permitirnos más retrasos en la intensidad de las medidas regulatorias y en la adaptación de los comportamientos de los consumidores.

En un contexto en el que tan solo para el 2030 se estima un crecimiento de la población a nivel mundial de unos 1.000 millones según Naciones Unidas, con el  consiguiente crecimiento en la demanda de bienes y servicios, se nos presenta el doble reto de atender este crecimiento de la demanda al mismo tiempo que tenemos que contribuir a ser más sostenibles. Lo que requiere acelerar la mejora en eficiencia energética y el cambio de nuestro mix energético global.

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat, además de los serios impactos causados por los desastres naturales que estamos sufriendo. Y sin embargo, seguimos pecando de falta de ambición, seguimos abordando el cuánto sin darnos cuenta que lo que subyace es un necesario e irreversible  cambio en nuestro estilo de vida. No solo con objetivos a largo plazo, sino también con compromisos más ambiciosos en el corto y medio, podremos abordar el problema al que nos enfrentamos en toda su dimensión.

Es precisamente bajo esta óptica desde la que hemos venido denunciando desde la Fundación Renovables el que no se hayan aprovechado las discusiones del paquete de invierno de la Unión Europea para consensuar esta necesaria mayor ambición para después de 2020 con unos objetivos nacionales vinculantes, tanto para la energía renovable como para la eficiencia energética.

Una  estrategia de la UE  capaz de ampliar la acción climática de incremental a transformacional para todos los sectores de nuestra economía,  capaz de identificar los  incentivos perversos que actualmente causan emisiones, es fundamental para descarbonizar nuestra sociedad a partir de la energía renovable combinada con el ahorro de energía.

Entre las numerosas ventajas  que conlleva esta descarbonización  de nuestra sociedad,  además de su reducción de CO2, se encuentran la reducción de la contaminación del agua, del suelo y del aire, la mayor independencia energética, la reducción de las importaciones y el impulso de la creación de trabajos locales en áreas urbanas y rurales.

Este cambio no puede basarse exclusivamente en la innovación tecnológica como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras. Necesitamos ser más proactivos en habilitar cambios en nuestro estilo de vida.

Necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras

En los últimos años en el contexto europeo han surgido iniciativas como el reciclaje, el car sharing,  la eliminación de bolsas en los supermercados,  etc.  que ya están demostrando su éxito a partir de enfoques que involucran la participación ciudadana y las comunidades locales para cambiar nuestros estilos de vida, promoviendo estilos más equitativos y sostenibles; acciones que deben abarcar desde el nivel político al cultural.

Son ya varios los países que como Holanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Portugal o Francia se han comprometido a establecer medidas para alcanzar emisiones netas cero, demostrando que es políticamente factible adoptar estos objetivos en un contexto en el que además la evolución de  los costos de la tecnología necesaria para abordarlos lleva años demostrándonos que evoluciona más favorablemente que nuestras propias estimaciones. Esperemos que nuestro país sepa estar a la altura del reto que tenemos planteado y sepamos utilizar las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano para contribuir con éxito a su necesaria transformación.

 

Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

La evolución de emisiones en España, radiografía de un fracaso

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Cambio Climático en ISTAS

El último informe de Comisiones Obreras sobre la evolución de las emisiones de gases de invernadero en España no trae buenas noticias. Hace 15 años que no aumentaban tanto las emisiones. El informe estima que en 2017 las emisiones de estos gases fueron 339,2 millones de toneladas de CO2 equi­valente y que aumentaron un 4,5% respecto al año anterior. Se trataría del crecimiento anual más alto de emisiones desde el año 2002, antes de que entrara en vigor el Protocolo de Kioto.

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Actualmente la mayor parte de las emisiones se generan en el consumo y procesado de los combustibles fósiles. El incremento de las emisiones en 2017 se explica principalmente por el aumento del uso de carbón para la generación eléctrica en un 21% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%. También subió el consumo de petróleo en un 0,5% y el de gas natural un 9,8%. En el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,4% ese año.

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España es una radiografía perfecta del fracaso en la acción climática.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario. La política energética española se ha caracterizado en las últimas décadas por desarrollar una política activa de oferta. Esto ha sido así en el sector eléctrico, con una sobrecapacidad del parque generador más que reconocida y unos gastos derivados injustamente soportados por los consumidores particulares y más vulnerables.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario.

Y de forma calcada ha ocurrido con las políticas públicas del transporte que se han basado en el crecimiento continuado de infraestructuras innecesarias que han depredado el medio ambiente y acaparado el gasto público. Así, tras una política expansiva en la construcción y el urbanismo, las emisiones en 2007 llegaron a estar por encima del 50% los niveles de 1990.

A partir de 2008, las reducciones en las emisiones se explican fundamentalmente por la crisis económica y la caída de la producción industrial.

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Más tarde con la estabilización y crecimiento de la economía las emisiones se vuelven a recuperar lo que demuestra la ineficacia e inconsistencia de las políticas climáticas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética en empresas y hogares y fomentar una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías, entre otras.

A pesar de que las energías renovables han sido hasta ahora el principal factor de reducción real de las emisiones en nuestra sociedad, en 2012 el actual Gobierno frenó drásticamente la instalación de nueva potencia y en los últimos años las emisiones españolas han fluctuado muy influenciadas por la hidraulicidad de cada año. Es decir, con menos lluvias se quema más carbón y gas.

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética. Y eso que los compromisos se establecen en base al segundo año más alto en emisiones en nuestra historia, el año 2005.

Los compromisos para España para 2030 son una disminución del 26% de las emisiones de los sectores difusos (transporte, residencial, comercial, agricultura y ganadería, residuos, ….) y una reducción del 43% para los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (sectores energéticos e industriales, ETS) respecto a 2005.

Según CCOO, en 2017 las emisiones totales fueron un 22,8% superiores a las de 2005, y con estas cifras no se llega.

Basta con mirar las previsiones que daba el Gobierno español de incumplimiento de los objetivos a 2030 en base a las emisiones de 2016 que fueron mejores que las de 2017.

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España, la peor evolución del top 10 en la Unión Europea

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el último cuarto de siglo ha sido positiva en Europa pero muy negativa en España. España es uno de los países más emisores de la UE-28 y de los que más ha aumentado sus emisiones.

El análisis de la evolución de las emisiones respecto a los niveles del año base de 1990, referencia del Protocolo de Kioto, refleja que las emisiones crecieron un 17,91% en 2017. Una foto que también nos deja mal en comparación con otros países que ya han publicado un avance provisional de sus emisiones en ese período. Alemania habría disminuido un 27,70%, Reino Unido un 43% y Finlandia un 21%.

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Los datos de 2017 consolidan el mal comportamiento en emisiones de España, uno de los países con mayor recurso solar y de los más vulnerables a los impactos climáticos en Europa. De los 10 de países europeos más emisores de gases de efecto invernadero en 1990, el nuestro es el que muestra peor balance. En el período 1990-2015 fue el único que aumentó sus emisiones, mientras que el resto del top 10 redujeron sus emisiones de media un 26%.

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España es un lastre para que el conjunto de la Unión Europea cumpla con el Acuerdo de París. Esperemos que el nuevo gobierno entienda la descarbonización de la economía como una estrategia propia, como una oportunidad inmejorable para el cambio del modelo energético y productivo, para impulsar políticas sectoriales de innovación, para poner en pie una industria intensiva en conocimiento, para rehabilitar nuestras ciudades y nuestros edificios y en definitiva para impulsar la creación de empleo de calidad no deslocalizable.

 

Energía y cambio climático: España no puede seguir siendo diferente

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Hay ahora mismo un debate abierto en la comunidad internacional sobre la necesidad de asumir compromisos mucho más ambiciosos que los adoptados hasta ahora, porque el cambio climático avanza cada vez más rápido y lo que tenemos decidido hacer sabemos que no es suficiente. Siete países se han aliado para pedir una revisión de los compromisos europeos, para hacerlos más ambiciosos y permitir alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (o sea, evitar un calentamiento global de más de 1,5 ºC). Esos 7 países son Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Finlandia, Portugal y Luxemburgo.

Escribíamos en este blog sobre el caso de Alemania, cuyo nuevo gobierno ha asumido el compromiso de adoptar un plan de abandono del carbón, en un país que ya decidió abandonar la energía nuclear. El ejemplo nos permitía concluir que acordar una política climática valiente es posible.

Y no es solo Alemania. Cada uno de esos países está dando pasos importantes en esa dirección. Por ejemplo, Holanda es de los países comprometidos a abandonar el carbón para 2030. Finlandia ha reafirmado ese mismo compromiso y lo ha adelantado a 2029. Pero claro, alguien pensará que todos son países ricos, que se pueden permitir hacer cosas que en la “pobre España” no son posibles.

Fijémonos entonces en Portugal. Este mes de marzo, nuestro vecino alcanzó un nuevo récord: por primera vez en este siglo, la producción de electricidad renovable en el territorio peninsular de Portugal ha sido superior a la electricidad consumida durante un mes completo. No quiere decir que en todo momento haya estado suministrándose con energía 100% renovable, en realidad la producción de electricidad renovable ha oscilado entre un 86% y un 143% del consumo, aunque los periodos de cobertura continua al 100% con renovables han llegado a las 70 horas seguidas. Este logro se ha basado en el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos que ya tenía y la energía eólica desarrollada en este siglo. Su gran potencial solar está casi todo aún por desarrollar.

Portugal no tiene ni ha tenido nunca energía nuclear, ni falta que le hace (aunque no está libre de los riesgos que las nucleares implican, las tiene muy cerca). Sus planes de futuro incluyen abandonar el carbón en 2030 y llegar a ser 100% renovable de forma permanente en 2040. Y claro, con esas políticas, está en el grupo de países que piden más compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Portugal no tiene ni ha tenido nunca energía nuclear, ni falta que le hace (aunque no está libre de los riesgos que las nucleares implican, las tiene muy cerca). Sus planes de futuro incluyen abandonar el carbón en 2030 y llegar a ser 100% renovable de forma permanente en 2040

Alguien dirá que todo eso es posible gracias a que está interconectado con España. Bueno, el beneficio de la interconexión es mutuo, la diferencia está en las políticas de uno y otro. Y si bien las interconexiones son una ayuda, no son el factor decisivo para adoptar una transición energética que permita prescindir de energía nuclear y carbón, como ha demostrado el “Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España” realizado por el IIT para Greenpeace.

Otros países de economía más similar a la española también tienen planes claros de transición energética:

  • Italia no tiene energía nuclear y tiene decidido abandonar el carbón en 2025.
  • Bélgica abandonó el carbón en 2016 y va a abandonar la nuclear en 2025.
  • Irlanda tampoco tiene energía nuclear y va a abandonar el carbón en 2025, prohibirá la venta de vehículos diesel y gasolina en 2030, y ya ha prohibido la exploración petrolífera.
  • El Reino Unido también tiene el compromiso de abandonar el carbón en 2025 y acaba de alcanzar 3 días seguidos sin quemar carbón.

Y no solo son los estados, también las ciudades se mueven en la transición energética. Este mapa muestra las más de 100 ciudades de distintos países del mundo que ya adquieren la mayor parte de su electricidad con fuentes renovables. Algo que las ciudades españolas pueden empezar a hacer tras la batalla legal ganada por el Ayuntamiento de Madrid a las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural.

¿Y qué hace el gobierno de España? España fue un país líder en energías renovables, pero cuando el crecimiento de estas empezó a amenazar los intereses de las viejas energías sucias, vino el frenazo y marcha atrás. En las coaliciones internacionales para asumir compromisos más ambiciosos a España ni se la ve ni se la espera. Es más, en las negociaciones europeas en curso, nuestro gobierno se opone a objetivos más ambiciosos a los actuales y a cualquier intento de restringir las subvenciones a los combustibles fósiles, mientras trata de asegurar la permanencia del vergonzoso “impuesto al sol”.

Pero las cosas se pueden hacer de otra manera, también en España. Greenpeace ha demostrado la viabilidad de cerrar todas las centrales nucleares y de carbón en 2025. La Fundación Renovables ha presentado una amplia batería de medidas para hacer viable la transición energética en nuestro país.

Ahora estamos a la espera de una prometida ley de cambio climático y transición energética que debería reconducirnos a la senda que nos lleve a un sistema 100% renovable. ¿Lo veremos o seguiremos sufriendo la lacra del “Spain is different”?

Imagen del mapa de CDP World Renewable Energy Cities

Oleada de países que deciden prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el mar

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava


En diciembre del año pasado contábamos en este blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Desde entonces otros países han dado pasos importantes en la misma dirección. Así, el pasado mes de febrero, el Parlamento irlandés aprobó una Proposición de Ley sobre “Medidas de Emergencia Climáticas” que incluye que el gobierno no podrá conceder nuevas autorizaciones para la exploración de petróleo y gas en el mar. Ya en 2017 Irlanda promulgó una ley que prohíbe el fraccionamiento hidráulico (fracking) en tierra firme.

Hace sólo unos días, el pasado 12 de abril, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país ha prohibido la realización de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción de alta mar (la Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta).

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050. Aunque la  medida no afectará a una serie de permisos de exploración de hidrocarburos ya concedidos, cuya vigencia se prolongará durante una década más, es un gran paso adelante, coherente con los objetivos del Acuerdo de París, que ha sido celebrado por amplios sectores de la ciudadanía del país y por los grupos medioambientalistas.

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050

Estos han recordado, por ejemplo, que la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o recorren las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta. La medida del gobierno reduce la amenaza a los cetáceos y al resto de fauna marina de sufrir los negativos efectos del ruido submarino provocado en las campañas de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos o de que se produzcan derrames de petróleo.

Poco a poco, el espíritu del Acuerdo de París va tomando forma en diversas normas legales, en países donde los compromisos internacionales se toman en serio. Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Es más, el Gobierno Rajoy se empeña en mantener abierta la puerta a las compañías del sector de hidrocarburos, para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (en aguas profundas; y mediante la tecnología del fracking).

Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Así, hay que recordar que en 2017 el Gobierno, amparándose en un informe del Ministerio de Energía plagado de falsedades y que nadie se atrevió a firmar, vetó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Proposición de Ley del Parlamento balear  (donde se aprobó por unanimidad),  promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, cuyo fin era que no se autorizasen nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo.

El veto salió adelante en la Mesa del Congreso, donde debía tomarse la decisión de aceptar o no el veto del Gobierno, gracias al apoyo de los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos en ese órgano, pese a que éste grupo previamente se había manifestado completamente a favor de su tramitación. Otras 62 proposiciones de ley presentadas a lo largo de la legislatura por los grupos parlamentarios de la oposición o por parlamentos autonómicos han sido bloqueadas siguiendo ese mismo mecanismo. Como aquella que perseguía la eliminación del “impuesto al Sol”, proposición de Ley que fue promovida por todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, aunque luego él mismo, incoherentemente, se vetó a sí mismo en la Mesa del Congreso.

El argumento de Ciudadanos era que no podían oponerse legalmente a los vetos del Gobierno, pese a informes de los letrados de la cámara que aducían lo contrario. Ahora una sentencia del Tribunal Constitucional certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si, por ejemplo, afectan a ejercicios presupuestarios futuros (y no al que está en vigor). Ahora Ciudadanos no podría escudarse en que no podía oponerse en la Mesa del Congreso a los vetos del Gobierno a las Proposiciones de Ley, como las ya citadas. Quizá ahora la situación cambie y se puedan levantar esos vetos.

El Gobierno y todos los partidos políticos deben entender que seguir apostando por la exploración y explotación de combustibles fósiles solo sirve para obstaculizar la inevitable transición hacia un modelo energético sostenible al tiempo que exacerba los conflictos, alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad, limpia el agua y el aire e infringe los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades vulnerables, como sostiene la Declaración de Lofoten.

¿De verdad es el gas la “alternativa eco”?

Miriam Zaitegui. Área de política y acción climática de ECODES

 

La contaminación en las ciudades y los problemas de salud que acarrea, así como el ya más que evidente cambio climático han acelerado procesos políticos para dar el adiós definitivo al petróleo y apostar por la descarbonización del transporte. Sin embargo, en este proceso de descarbonización llama la atención la apuesta por el mal llamado gas natural como combustible alternativo al petróleo, y decimos “mal llamado” porque el gas natural es en realidad un gas fósil, por lo tanto finito, y con grave impacto en el calentamiento global.

Es sorprendente que en un contexto donde 195 países han ratificado el Acuerdo de París y en el que el gobierno español se enorgullece de estar elaborando una Ley de cambio climático y transición energética se acepte y fomente el gas como combustible alternativo.

En 2016 y siguiendo con la Directiva 2014/94/UE para el “Desarrollo del Mercado de los Combustibles Alternativos y su Infraestructuras” España adoptó un marco de acción nacional con el objetivo de “minimizar la dependencia del petróleo en el sector del transporte y mitigar su impacto medioambiental”. En este marco el gas natural es concebido como una de las alternativas “eco” y es incentivado a través de medidas fiscales, etiquetado eco, etc. Este espejismo de sostenibilidad ha llegado hasta el punto de que SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras. Quizá esta publicidad engañosa sea uno de los motivos que explique el aumento de matriculaciones de vehículos a gas de hasta un 112% en un año.

SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras

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España se desenchufa del futuro

Hugo Morán Secretario para la Transición ecológica de la economía de la CEF-PSOE

 

“Nadal dice que la Ley de Cambio Climático no estará lista hasta que se apruebe la europea”

En el año 2017 China invirtió 133 mil millones de dólares en nuevas instalaciones de generación eléctrica con tecnologías renovables (Bloomberg New Energy Finance), que sólo en fotovoltaica supusieron la friolera de 53 gigavatios de nueva potencia añadida, lo que supone más de lamitad de la capacidad mundial. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes que se manejan, Alemania, que está siendo la locomotora europea en desarrollo renovable, se quedó el año pasado en el entorno de los 2 gigavatios de nueva fotovoltaica instalada. Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias, una vez que los EEUU de Donald Trump han renunciado de facto a disputarlo, enterrando el gran proyecto político de Barack Obama expresado en la frase: “el país que lidere una economía basada en las energías limpias, liderará el siglo XXI”.

Es evidente que China ha tomado el relevo a Europa en el liderazgo mundial de la transición hacia las energías limpias

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Ni el gas natural es ecológico ni la energía nuclear es sostenible

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Cuando empieza a haber un amplio consenso entre la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para actuar frente al cambio climático, los sectores energéticos tradicionales maniobran, poniendo en marcha toda su capacidad de influencia mediática, ofreciéndose como parte de la solución, confundiendo y engañando a los ciudadanos, con el único fin de seguir salvaguardando sus intereses y, por tanto, asegurarse durante más tiempo sus pingües beneficios. En este contexto, llama la atención el fuerte interés por apostar por el gas natural y la energía nuclear como energías válidas para la transición energética.

En una reciente visita a la hermosa ciudad de Salamanca, observo que muchos de los autobuses urbanos de esta ciudad funcionan con gas natural. Para mi sorpresa, en todos ellos pone “Soy ecológico: propulsado con gas natural”. Vayamos por partes. Según los conceptos ampliamente aceptados, un producto lleva la etiqueta de ecológico cuando no produce daños al medio ambiente. El gas natural es una fuente de energía fósil, formada por una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros. Su combustión produce gases de efecto invernadero, si bien es cierto que en menor medida que los derivados del petróleo y que el carbón. La razón por la que produce menos C02 es que su principal componente es el metano. Sin embargo este gas cuando se escapa, bien durante su extracción o en su distribución, supone un daño 23 veces mayor al efecto invernadero que el dióxido de carbono.

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Islas Baleares señala el camino con su Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Imagen: Wikipedia

La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear ha anunciado públicamente de forma reciente las líneas generales del Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está preparando.

Por lo que hemos podido conocer se trata de una ley con objetivos muy ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, actualmente inmensamente dependiente de los combustibles fósiles.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará. Para ello, se pretende avanzar hacia la soberanía energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el incremento de la eficiencia energética (un 20% para 2030 y un 40% para 2050) y de la generación eléctrica con energías renovables (que supondrían el 35% en 2030 y el 100% en 2050), hacer una gestión inteligente de la demanda de energía, impulsar su democratización y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará.

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