Archivo de diciembre, 2022

“BarMar” o por qué el gas no es la energía de transición

El gasoducto desde Barcelona a Marsella murió antes de nacer. La inconcreción del acuerdo entre España, Portugal y Francia generó tantas dudas sobre plazos, costes, financiación, sostenibilidad y colores (¿gas, hidrógeno verde o “bajo en carbono”?) que no ha resistido el más mínimo análisis.

La Cumbre Euro-Mediterránea de Alicante no ha aclarado la confusión ni las dudas sobre cómo BarMar será sustituido por H2Med, un tubo de hidrógeno renovable que genera tanta incertidumbre como el gasoducto ahora abandonado, porque Bruselas pretende calificar como renovable el hidrógeno producido con gas o nuclear, de acuerdo con su ambigua taxonomía sobre inversiones sostenibles.

El suministro de gas a Europa es el origen de la agresión de Putin a Ucrania y la crisis energética la consecuencia directa. La Comisión Europea, que preside Úrsula von der leyen, se ha preocupado más por afrontar la crisis de suministro con más gas, impulsando el mercado de GNL, que por regular los mercados energéticos que han elevado la inflación a dos dígitos.

El Banco Central Europeo (BCE), presidido por Christine Lagarde, ha respondido con la misma receta de subida de tipos y rigor fiscal de la recesión de 2008, originada por los precios del petróleo, y se ha opuesto a intervenir el mercado del gas.

“La inflación vino de la nada” (Christine Lagarde)

La contradictoria respuesta de las instituciones europeas para reformar los mercados energéticos y el hecho de que el BCE ignore la energía como origen de la inflación demuestran la imposibilidad de que nuevas infraestructuras gasistas, como el proyecto BarMar, resuelvan el problema de la dependencia energética y la inflación.

No encaja en la gobernanza sobre energía y clima de la Unión Europea, porque es una iniciativa impulsada hace diez años por el sector gasista español para rentabilizar sus activos ociosos.

Alemania va por libre, a pesar de que su política energética ha llevado al extremo la dependencia del gas ruso. Su gobierno ha decidido intervenir los precios con 200.000 millones de euros de deuda, promoviendo en su país lo que bloquea en la Unión Europea. El BCE ha retomado la política que el Bundesbank impuso en 2008, haciendo pagar a los consumidores la inflación que han generado sus cuantiosas ayudas a los bancos.

La modificación de un mercado diseñado para mantener la dependencia del gas no está en la agenda europea.

Las declaraciones del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al “Frankfurter Allgemeine Zeitung” y “El País” no dejan dudas de que el BCE se encamina a repetir los errores de 2008.

Mientras Nagel afirma que el objetivo no es conseguir condiciones de financiación favorables para los gobiernos sino garantizar la estabilidad de precios, Hernández de Cos confirma que un impulso fiscal generalizado agravaría las presiones inflacionistas y los fondos europeos son un gran estímulo fiscal que obliga a poner coherencia entre la política monetaria y la fiscal, sobre todo en los países más endeudados, como España.

Todos son halcones para reducir la inflación.

Christine Lagarde, ha avisado: “una recesión suave no será suficiente para domar la inflación”. “Estábamos luchando contra la inflación y la inflación vino de la nada”. La invasión rusa, la dependencia energética o la especulación de los mercados no es su problema. Las medidas del BCE condicionarán a la Eurozona para regresar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En este escenario, la financiación del gasoducto BarMar se cargaría a los consumidores, pero la del hidroducto H2Med podría igualmente trasladarse a los peajes.

Las interconexiones deberán demostrar su viabilidad coste-beneficio

Las condiciones para las interconexiones, con cualquier fuente de energía, las establece el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, que en sus artículos 3 y 4 especifica que las decisiones sobre inversión energética deberán tener en cuenta antes el principio de “primero, la eficiencia energética” y “toda nueva interconexión será objeto de un análisis del coste-beneficio socioeconómico y ambiental, y solo se construirá si los beneficios potenciales superan los costes”.

  • El “déficit estructural del sistema gasista”, definido en el RDL 13/2012 que paralizó el gasoducto MidCat, se debió a la sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas y la baja demanda. Esa situación se quiso paliar con más infraestructuras para exportar el gas argelino a Europa, pero todos los análisis coincidieron en que la falta de demanda provocaría un déficit de tarifa que pagarían los consumidores. La Comisión Europea sacó el MidCat del listado de Proyectos de Interés Común (PIC) por falta de demanda de gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aplicó el mismo criterio en 2017 para informar negativamente las regasificadoras en Canarias.
  • ¿Hasta qué punto la invasión rusa de Ucrania hará viables nuevas inversiones gasistas? Si se analizan las lecciones de la pandemia y de la actual crisis, el sector energético convencional se va a enfrentar a una caída de la demanda y a déficits que se trasladarán a los consumidores para financiar activos varados. Cualquier inversión requeriría un estudio de demanda previo porque esta crisis ha dado la puntilla al futuro del gas. Para la Agencia Internacional de la Energía, en su informe de 2022, el gas ya no es energía de transición. La irresponsabilidad  del MidCat, BarMar y H2Med es querer empezar la casa por el tejado, sin estudio previo de demanda que justifique su necesidad y viabilidad.

Los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan a los consumidores

Todo está atado en la regulación nacional para hacer rentable lo que en realidad no lo es. La Ley 24/2013, en su artículo 19, y la Ley 18/2014, en el artículo 61, establecen que los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladarán a los consumidores. Las órdenes de peajes cargan a los consumidores los desajustes entre ingresos y costes sin justificación de sus causas. Estos mecanismos deberían modificarse, a la luz del análisis de cobertura de la demanda y la auditoría de las inversiones, para proteger a los consumidores.

De lo contrario, cualquier nueva inversión energética repetirá el modelo del almacén de gas “Castor”, descrito en el RDL 13/2014. El marco regulatorio es el mismo y en cuanto la inversión se considere infraestructura básica del sistema serán los consumidores los únicos responsables de su financiación. El déficit de tarifa vuelve a amenazar a los consumidores y es urgente trasladar a la regulación nacional la exigencia del análisis coste-beneficio y del principio de “primero, la eficiencia energética” antes de decidir nuevas inversiones energéticas.

Para eso está la CNMC, para impedir que el nuevo ciclo inversor en una tecnología aún cara e inmadura como el hidrógeno acabe en un nuevo rescate por los consumidores de las eléctricas y gasistas para financiar los déficits de sus activos infrautilizados e innecesarios, como ya ocurrió con las nucleares y el gas.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables