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Renovables sí, pero póngalas aquí

Quien nos hubiera dicho que existirían movimientos sociales en contra de la principal solución para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): las energías renovables. Coexisten tendencias ciudadanas para acelerar la mitigación de las causas del cambio climático con otras contra esas mismas iniciativas. Toda una paradoja que nos puede salir cara.

Hay que reconocer que la raíz del problema está en que se ha dejado todo a la rentabilidad del terreno y al puro rédito financiero. No existen criterios de control u ordenación para definir dónde sí y dónde no. Ya lo analizamos en la Fundación Renovables y propusimos toda una batería de líneas de actuación en el informe Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad. La más urgente es revisar el PNIEC con urgencia-antes de la revisión fijada en 2023- para, entre otras cosas, que incluya una escala de priorización sobre el territorio para las instalaciones centralizadas y distribuidas y una zonificación ambiental y socioeconómica vinculante para los promotores, incluso en las subastas de renovables. Aunque suene mal, también hay que poner líneas rojas a algunos proyectos. No todo vale.

Esa urgencia nace del evidente rechazo social, pero tenemos herramientas legislativas y comunicativas para trabajar desde ya mismo; no podemos esperar a que “los aerogeneradores tengan pelo”.

Pero, la solución no es una moratoria, ni mucho menos. No podemos echar el freno de mano en la transición energética porque en ello nos va la conservación del planeta, nuestra salud y el futuro de nuestras generaciones. La moratoria per se generaliza un problema que es particular y localizado en determinadas comarcas; no todos lo hacen mal, hay iniciativas que cumplen con y por el territorio y la ciudadanía.

¿Son pocas? De momento. Ya serán más si aplicamos medidas, pero no paremos. Las renovables son imprescindibles y en eso no hay dudas. Hace 10 años también se realizaban instalaciones y mucha gente las miraba con orgullo, considerándolas como un avance hacia la modernidad que las energías limpias traían a los pueblos. Ahora se ha perdido esa visión, por lo que toca ordenar, priorizar y dar beneficios a los municipios para su propio desarrollo, considerando las instalaciones no como extractivas, sino como impulsoras de la economía local.

Si un promotor llega a un municipio, independientemente del tamaño, alejado de las grandes urbes, con la intención de instalar un parque fotovoltaico o eólico en suelo público, lo primero que debería pasar es que la administración, con la opinión de los vecinos, le diga: “vale, tiene usted estas zonas donde puede llevarlo a cabo. El resto están protegidas porque tienen un elevado valor ambiental y socioeconómico para muchas familias por años de tradición”. Una herramienta que deberían facilitar tanto el Gobierno central como los autonómicos.

Por otro lado, las recaudaciones impositivas o parte de los beneficios derivados de la ocupación de los terrenos, en el caso de que sean públicos, que se destinen a las arcas públicas para generar empleo de calidad en sectores con futuro, como la propia transición energética, o a mejorar la calidad de sus servicios públicos. ¿Por qué no se pueden destinar los beneficios obtenidos a acelerar la movilidad sostenible, instalando puntos de recarga y electrificando la flota de transporte público? El abanico de posibilidades es muy amplio.

Otra de las opciones es que el promotor ofrezca algo a cambio a la ciudadanía de la población en cuestión. Muchos empiezan a predicar con este ejemplo y debería replicarse si existe esa posibilidad. El proyecto Hybrex es un claro ejemplo de por dónde deben ir las soluciones, conjugadas con buenas ideas. En este caso, en la comarca de la Sierra de Montánchez, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Sentarse, hablar, debatir, escuchar, proponer y acordar. Así se construye el futuro de las renovables, evitando el “aquí no”.

El proyecto contempla 4 instalaciones fotovoltaicas que suman en total 120 MW (46,5 MW+22 MW+45 MW+6,5 MW), que generaran 202 GWh anuales y una capacidad de almacenamiento de 50 MWh. Paralelamente, contempla otros 4 parques eólicos que suman 110 MW, con una capacidad de 333,3 GWh de generación anual. Hasta ahí, todo bien, nada de grandes parques de 300 MW ni miles de hectáreas. Pero, la innovación y la idea disruptiva se vislumbra en lo que van a aportar de manera gratuita a los municipios.

Hybrex financiará instalaciones de autoconsumo en los municipios afectados y serán gestionadas por comunidades energéticas. Es decir, pretende otorgar a los ciudadanos de las localidades afectadas la oportunidad y las herramientas de ser partícipes activos de la transición energética, con el consecuente beneficio de una reducción de la factura. Además, exigirá a las empresas proveedoras que contraten a trabajadores de la comarca, con una formación previa si requiere de una fase de especialización. ¿Se pueden hacer bien las cosas? Por supuesto. No todo es negro o blanco.

Este ejemplo no exime al legislador de realizar su función de “regular” a escala nacional, regional y local y no dejar a la bondad de los promotores estas ideas. No podemos caer en dogmas irracionales como el de que las renovables son un peligro; al contrario, el peligro vendrá si no las instalamos con criterios racionales de ordenación, mejorando el bienestar y la economía de los municipios aledaños.

En algún momento, mejor cuanto antes, resonará el eco de esta frase en los consistorios de toda España al recibir la petición de un proyecto: “renovables sí, pero póngalas aquí”. Y habrá merecido la pena construir las soluciones desde el consenso.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

Las nuevas subastas de renovables

La semana pasada, en medio de este caluroso agosto, como si de los últimos coletazos de las lágrimas de San Lorenzo se tratase, el gobierno ha lanzado su segunda convocatoria de subastas para la instalación de nuevas plantas de generación renovable en nuestro país.

Parece previsible que dicha premura haya venido dada por los precios infames de la electricidad que estamos sufriendo los consumidores, necesitando de alguna medida que mostrase la perseverancia del legislador por hacer algo por evitar el infernal tormento. A lo mejor también es porque, simplemente, no quieren que tengamos vacaciones los que nos dedicamos a la energía y, persistentemente, salen normas de este estilo en agosto o en navidades.

Fuera como fuese, la considero una medida que va en la buena dirección. Parece aprender de errores pasados, y singulariza la posibilidad de que, por un lado, no todas las instalaciones tienen que ser iguales ni producir los mismos retornos, y por otro, no todos los sujetos pueden competir en igualdad de condiciones ni todos los participantes tienen que ser el mismo tipo de figurantes. La propuesta establece un nuevo cupo de 3.300 MW de potencia instalada, separando 600 MW para instalaciones fotovoltaicas y eólicas a los que llama de disponibilidad acelerada, 700 MW destinados a fotovoltaica (que entrarán a un ritmo más cadencioso), 1.500 MW destinados eólica y 300 MW destinados a fotovoltaica para instalaciones de generación distribuida con carácter local.

Al margen de lo singular del plazo exprés que se da a las instalaciones aceleradas, que seguramente nos traiga “tardes de gloria” a los abogados de la energía en el futuro, me gustaría hacer alguna reflexión en positivo sobre el cupo de 300 MW para instalaciones de menor dimensión que se fomentan en esta propuesta. Las mismas, como singularidades principales, deberán estar conectadas a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 kV, contar con una potencia instalada igual o inferior a 5 MW, contar en -al menos- el 25% de su capital con cuatro titulares con el domicilio fiscal en un radio de 25 kms a la redonda, no realizar divisiones artificiales que supongan una planta gigantesca partida en trocitos y su potencia límite no excederá del resultado de multiplicar la población censada de dicho entorno territorial por 0,5.

Estoy seguro de que habrá unos cuentos opinólogos que van a tildar de ocurrencia esta singularización tan particular de esta tipología de plantas. Cuántas veces habré oído eso de: “ya no os basta con las renovables, además queréis decidir a quién deben de pertenecer”. Pues claro que sí, debe de haber una discriminación positiva para este tipo de proyectos, ese es el camino. Los ciudadanos no van a poder competir con grandes centrales de generación, pero eso no les puede expulsar de un nuevo modelo distribuido del que tienen que formar parte.

Esta propuesta del legislador ha de ser el primer impulso a las nuevas comunidades ciudadanas de energía que nos ha traído la legislación comunitaria. Eso que ahora vemos como sorprendente, existe desde hace años en otros países europeos como Alemania, Portugal o Grecia. Nuevos sujetos generalmente alrededor de pequeños ayuntamientos, de cooperativas, de comunidades de regantes, de parques industriales, van a ser capaces de aunar esfuerzos para poder producir electricidad que ellos mismos podrán consumir o vender de forma colectiva.

Seguramente alguien entienda que 300 MW sobre un total de 3.300 MW es una insignificancia, pero el camino se demuestra andando y es necesario que se den los primeros pasos en esta dirección para que todas las decenas de miles de posibles nuevos operadores sean conscientes de la eficacia de esa actuación. No solo abarata el precio de sus consumos, sino que hace más eficiente la generación cerca de los puntos de consumo. Y lo que es más importante, les hace participar de forma más activa de un sector opaco, que como estamos viendo estas últimas semanas, aprovecha cualquier ocasión para exprimir al máximo una teta que en algún momento no podrá dar más leche, temerosos de cambios regulatorios relevantes en lo que afecta a la fijación de los precios y a la participación social de los ciudadanos en la energía.

Espero que la norma se ajuste un poco en el período de información pública, pues quizás la emergencia con la que ha visto la luz, la haga meritoria de alguna revisión, pero fuera como fuese, en lo referente a lo comentado, merece mi debido reconocimiento.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

Energía y comunicación clara

Entre todos hacemos sostenibles a las energías renovables

Todos los países, incluido España, han apostado por la necesidad de llevar a cabo una profunda modificación de nuestra relación con la energía, a través de lo que se ha venido llamando la Transición Energética, como camino para poder reducir las consecuencias del cambio climático originado, en su mayor parte, como causa antropogénica, por el consumo de combustibles fósiles. La Transición Energética está asumida a todos los niveles y de forma generalizada a través de la apuesta por la eficiencia, por las energías renovables y por la sustitución y disminución de la dependencia de los combustibles fósiles.

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¿No urge la emergencia?

Asistimos a una abrumadora aportación de informes desde la comunidad científica sobre la aceleración de los efectos del cambio climático, que propiciaron que en la 21 Conferencia de las Partes firmantes del Convenio sobre el Cambio Climático de la ONU (COP21), celebrada en 2015, se acordaran medidas voluntarias de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por cada país, con el objetivo de “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

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Un nuevo contrato social para la democratización de la energía en Terrassa

La ciudad de Terrassa, la tercera con más población de Cataluña, debe asumir un nuevo compromiso cívico y de acción de gobierno. Empezó el año con buen pie mediante una reforma de las ordenanzas fiscales energéticas para impulsar la compra colectiva de más de 100 instalaciones de captadores solares (Impuls Solar Vallès), promovida por Som Energía. Asimismo, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico municipal de la Economía Social y Solidaria.

Se abre ahora (con nuevas legislaciones y renovadas garantías de futuro) una gran ventana de oportunidad para hacer crecer la energía solar (térmica y fotovoltaica), eólica, geotermia, etc. y, de este modo, producir y consumir energía renovable, tanto de forma individual como mancomunada. Esto puede hacerse bien con instalaciones asequibles en las viviendas que dispongan de condiciones para captar energía o bien mediante la participación en una gran diversidad de proyectos de generación de energía renovable de titularidad colectiva y cooperativa que promueven, entre otros, Som Energia, ECOOO oleada solar, o Viure de l’aire del cel. Con todo, es necesario avanzar con mayor decisión. Es imprescindible actuar y hacerlo de manera multidisciplinar.

Tal y como defiende la Fundación Renovables en su último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, se requiere una nueva exigencia (derechos y obligaciones) para cambiar el orden moral del sistema actual, donde se defina el uso social de la energía como un servicio público y como un bien de interés general, cuyo acceso universal debe quedar garantizado, al menos, en su formato eléctrico a partir de fuentes renovables. Es la única vía para lograr un futuro sostenible bajo criterios de eficiencia, equidad, justicia social y compromiso con el medio ambiente.

Ello debe hacerse innovando, de manera disruptiva, desde el Gobierno central, pero también las ciudades deben jugar un rol importante mediante un nuevo sistema descentralizado y multidireccional que haga partícipe a la ciudadanía, tanto para comprar como para generar electricidad.

Hay que poner a trabajar el Observatorio de la Contratación Pública de Terrassa, indispensable para fortalecer la compra y contratación pública responsable. Se deben establecer compromisos inmediatos para desarrollar una apuesta industrial y estratégica para un cambio de modelo a favor de las energías renovables. Se precisa asimismo una pedagogía activa para avanzar en el nuevo contrato social y la nueva cultura de la energía en todas las escuelas. También en el ámbito profesional, en las universidades, institutos, colegios, barrios, comercios y empresas, mediante la implicación de los sindicatos y los distintos sectores profesionales. Promovamos una gran plataforma de experimentación que genere empleo de calidad, impulse nuevas iniciativas empresariales y haga crecer la economía cooperativa, social y solidaria. Se trata de democratizar y transformar las actuales estructuras para que impulsen y aceleren una transición energética, ética y social.

Para ello sería muy oportuna una auténtica Agencia Energética de Terrassa. Así lo hemos planteado al responsable de la nueva concejalía de Economía Social y Solidaria. Le instamos a promover, sin mayor dilación, un Plan de instalación urgente de equipos de generación eléctrica (fotovoltaica, eólica…) en todos los equipamientos, edificios y locales de titularidad pública. El ahorro y el aprovechamiento permite asumir su inversión en un tiempo razonable. Un Plan de aprovechamiento solar de todos los tejados y cubiertas de las naves de los polígonos industriales es también muy necesario, pues se debe facilitar a toda la ciudadanía la contratación de su energía de origen renovable, facilitando la conexión en red de todas las viviendas que tengan posibilidades de producir energía en su tejado o terraza.Ello permite multiplicar exponencialmente el número de tejados solares, la producción energética descentralizada y su conexión en red, ajustando, además, la energía producida con las necesidades ciudadanas a partir de criterios de responsabilidad social para resolver eficientemente y con equidad las situaciones de pobreza energética. De esta manera se procura el acceso universal de la energía con precios justos y garantías de suministro.

La mencionada Agencia Energética debe ser fruto de un esfuerzo mancomunado: Ayuntamiento de Terrassa, redes tecnológicas universitarias y profesionales, empresas y cooperativas productoras y comercializadoras de energía renovable, de la economía social y de la banca y los fondos éticos. Una buena base que permita edificar una sólida estructura energética y permita hacer realidad un nuevo contrato social para la democratización de la energía.

Se trata de establecer una gran alianza social, un pacto de ciudad (más allá de las urgencias, modas y etiquetas electorales) para hacer realidad un compromiso colectivo con respecto a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los retos de la Cumbre del Clima COP25 que se celebrará los próximos días en Madrid. Así deberían entenderlo los alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades. Asumamos un rol activo y responsable con su presencia institucional, conscientes de que sus decisiones nos interpelan y comprometen a todos y a todas.  Nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones y no hay margen de error y nuevas oportunidades.

Por Domènec Martinez – Socio de Fundación Renovables y Representante del Grupo Local Som Energia 

El doble fondo de un modelo energético obsoleto

El cambio climático se ha convertido en un hecho más que demostrado. Los múltiples informes del IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y de científicos de todo el mundo se acumulan, uno tras otro, demostrando el camino al que estamos abocados si no se hace nada por evitarlo. España, por su situación geográfica y por su climatología, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Las consecuencias ya se empiezan a materializar y visualizar: los embalses se encuentran en mínimos históricos por el descenso de las precipitaciones, la intensidad y frecuencia de las olas de calor e incendios no dejan de aumentar, las lluvias torrenciales o DANAs que estamos sufriendo este año, etc. Esos daños medioambientales, junto con los graves problemas de dependencia energética que tenemos, llevan asociados grandes problemas económicos que irán a más en los próximos años.

En España, la dependencia energética del exterior no ha descendido del 70% en los últimos años, alcanzando en 2018 alrededor de un 76%. Como es obvio, la mayor parte se debe a la importación de hidrocarburos desde países productores y exportadores. Hay que tener en cuenta que, aunque la energía nuclear se considere autóctona en nuestro país, el uranio se importa del exterior, por lo que la dependencia real asciende a algo más del 80%. Si echamos un vistazo al pasado, la mayor tasa de dependencia energética se alcanzó en los años 2005-2006 y descendió en los años posteriores, durante la crisis económica, debido a un descenso del consumo energético y no por la puesta en marcha de medidas para reducirla. Como consecuencia, una vez pasada la recesión económica, la dependencia energética ha vuelto a ascender a un ritmo acelerado.

En el año 2017 el déficit de la balanza comercial fue de 22.700 millones de euros, de los que el 85% se debió a la compra de combustibles fósiles; en 2018 la cifra ascendió a 33.840 millones y, en este caso, la compra de combustibles fósiles supuso más de 25.000 millones del total, debido a que el precio del petróleo experimentó una subida del 50% respecto a 2017. Esta dependencia ha provocado que nuestra economía sea altamente vulnerable a los movimientos internacionales del precio del petróleo.

La mayoría del consumo de estos combustibles fósiles se concentra en el sector transporte, con un 70%, siendo el sector que más energía consume y alcanzando más del 40% del consumo total. Además, el transporte es el que más contribuye al aumento de la contaminación en las ciudades, dónde se concentran el 75% de las emisiones a nivel nacional. Ante esto, el Ayuntamiento de Madrid redujo, meses atrás, las restricciones de Madrid Central y, en los últimos días, ha comenzado a desmantelar los carriles bici para dejar más espacio a los coches en las calles, tomando justo la dirección contraria que la que están siguiendo todas las grandes ciudades de Europa.

Dejando de lado el transporte, otro de los problemas del modelo energético tradicional basado en combustibles fósiles es que no asume los costes de las externalidades negativas que genera. Una externalidad negativa es la que se produce cuando la acción de un agente financiero, de manera directa o indirecta, acaba afectando económicamente a otro. Un ejemplo de externalidad negativa del uso de combustibles fósiles sería el coste en sanidad. Según la Alianza Europea de Salud Pública, la contaminación atmosférica le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año en sanidad, cantidad que acabamos pagando todos. Es decir, que el coste que la producción de energía con combustibles fósiles tiene para la sociedad (como consumidora) es mayor que el coste que tiene para las empresas productoras.

La ciudadanía paga tanto el coste privado de producción como el coste generado por la contaminación que provocan la combustión de gas, de carbón y de petróleo. Estas externalidades ocasionan ineficiencias y desajustes en el mercado financiero, por lo que debemos exigir, como sociedad, que las empresas que se lucran con la quema de combustibles fósiles internalicen todos los costes derivados.

Solo cabe una solución viable a este cúmulo de problemas: la acción eficaz de un gobierno comprometido con el cambio de modelo energético y políticas fiscales activas. El próximo domingo viviremos unas nuevas elecciones, cuatro en cuatro años, una broma pesada que nos brinda la oportunidad de votar teniendo en cuenta la emergencia climática que vivimos. Si buscamos las propuestas en materia energética de los programas electorales de los principales partidos políticos, observamos que todos ellos tienen alguna mención sobre el cambio de modelo energético. Sin embargo, la mayoría no contienen medidas claras y transversales, con objetivos poco ambiciosos, por lo que parecen más palabras vacías que acciones efectivas. Aún así, la cuestión no es quién hace mejores o peores propuestas en este sentido, ya que todas ellas son insuficientes, sino, precisamente, que la acción energética y medio ambiental no debe depender de un partido u otro.

El cambio hacia un modelo energético limpio, sostenible y justo no es una cuestión ideológica, sino un cambio urgente y necesario que beneficia a toda la ciudadanía y que todos deberían asumir. Por todo ello, es necesario crear una legislación integral asumida por todos los partidos políticos bajo un Pacto de Estado de Energía.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

Autoconsumo, pilar de la descentralización del sistema

El autoconsumo ha llegado, tras muchas batallas, para quedarse en el sistema energético de nuestro país. Una realidad que ha cambiado los paradigmas establecidos hasta ahora al modificar las reglas y jugadores del tablero energético, un juego en el que, hasta la implantación del Real Decreto 244/2019, solo participaban unos pocos. A partir de ahora asistiremos a una diversificación de los agentes del sector energético: tendremos un gran número de pequeñas “centrales” de generación fotovoltaica que estarán gestionadas digitalmente, de manera individual, o bien de manera compartida por un grupo de personas. Este cambio en las reglas del juego nos llevará a un punto disruptivo: el empoderamiento del consumidor y su posicionamiento central en el nuevo modelo energético del siglo XXI, que tiene en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables sus bases fundamentales.

Sucede además que el coste de producción de energía fotovoltaica ha sufrido una caída del precio de hasta el 80% durante la última década, situándose en 0,027 €/kWh, y seguirá disminuyendo. Si lo comparamos con el precio de generación de energía con combustibles fósiles, no hay discusión, puesto que el rango de coste de estas últimas oscila entre los 0,045 y 0,15 €/kWh, siendo innegable que en el futuro estos costes irán aumentando conforme disminuyan las reservas naturales de petróleo y gas.

Al unificar los puntos de generación con los de consumo, el autoconsumo ha roto por completo con la lógica dominante en el sistema energético actual, sumamente centralizado, en el que la energía se transporta largas distancias entre los puntos de generación y los de consumo, lo que repercute en aproximadamente en un 11% de pérdidas, en 2018 se perdieron 3.147 GWh.

Además de barato y respetuoso con el medio ambiente, el autoconsumo constituye una democratización energética en toda regla, al considerarse como derechos básicos para los ciudadanos la compra, venta, generación y almacenamiento de energía eléctrica, como ya establece la Unión Europea. Esto genera un flujo bidireccional de energía entre los diferentes consumidores y productores de la red, que provoca una diversificación en los agentes del sector energético.

El funcionamiento de un sistema de autoconsumo no es nada complejo, las placas fotovoltaicas transforman los rayos de sol que les llegan en energía eléctrica, que consumiremos en nuestros hogares y oficinas. Gracias a que el precio de la energía que procede de la instalación de autoconsumo es más bajo que el que compramos a la red, conseguimos que la amortización de la inversión se sitúe entre los 6 y los 10 años, a partir de ese momento la energía que consumamos proveniente del autoconsumo nos costará 0 €. Con una instalación de autoconsumo obtenemos un ahorro mensual de entre un 30% y un 60% del precio total de nuestra factura de la luz. Por este motivo, cuanta más energía consumamos procedente de la instalación de autoconsumo antes amortizaremos la inversión y más ahorraremos en la factura de la luz.

Al mismo tiempo, actualmente podemos verter a la red y compensar económicamente los “excedentes energéticos” que tengamos, aunque el precio al cual nos pagan este excedente será menor que el que compramos a nuestra comercializadora. A este sistema se le llama tarifa neta, y como máximo se nos puede compensar la cantidad que hemos consumido de la red. Es decir, como máximo el termino de energía de nuestra factura será 0 €. Por tanto, el “negocio” a nivel individual o grupal no estará en la compensación, sino en el aprovechamiento de la energía que generamos evitando así comprarla a la red. Sin embargo, la venta de energía entre vecinos, a día de hoy, no está regulada.

Para maximizar el consumo de la energía autogenerada tenemos varias opciones. En primer lugar, se puede desplazar nuestro consumo a las horas de generación (las horas de mayor insolación), poniendo o programando los electrodomésticos de mayor consumo como la lavadora o el lavavajillas. Por otro lado, también se puede instalar un sistema de almacenamiento (baterías) dónde acumular la energía generada sobrante para consumirla en las horas nocturnas.

El autoconsumo ha venido para quedarse, pero todavía quedan cosas por limar en la última normativa. El gobierno ha tenido 3 meses para detallar cómo iba a compensar a los autoconsumidores en la factura por la electricidad sobrante que se vertiese a la red. Sin embargo, aún no lo ha hecho, por lo que se le debe alentar a que lo haga cuanto antes. Pero a pesar de este retraso, las organizaciones del sector no creen que esta demora suponga un freno para el desarrollo del autoconsumo. De hecho, UNEF ha estimado que a finales de 2019 se alcancen los 400 MW instalados, frente a los 236 MW que había cuando acabó 2018.

Otro cabo por atar en la regulación, bastante destacable, es la posibilidad del abastecimiento dinámico de varios consumidores de una misma instalación de autoconsumo. A modo explicativo, hoy en día, en una instalación colectiva (aquella que está en un bloque de viviendas), el reparto de energía se lleva a cabo utilizando unos coeficientes fijos, que han sido pactados entre todos, pero que son siempre los mismos, independientemente de las horas del día, los días de la semana o del año. Sin embargo, sería más eficiente hacerlo asignando coeficientes dinámicos a cada participante, minimizando los excedentes a red de forma notable.

De esta manera, en un bloque de, por ejemplo, 4 vecinos que comparten unos paneles fotovoltaicos, si hay dos viviendas que no tienen consumo a unas horas y otras dos que si lo tienen, el total de energía generada lo consumirán entre las dos que la demandan, evitando así que el 50% se vierta a  red, como sucedería en caso de que utilizaran los coeficientes fijos.

Para dar un impulso y fomentar de manera concisa el autoconsumo, como Fundación Renovables hemos exigido, en nuestro último informe, que el actual Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) establezca unos objetivos vinculantes en este sentido. Nuestra propuesta es clara: el autoconsumo debe suponer el 10% del consumo en 2030, 20% en 2040 y 30% en 2050. Entre todos los consumidores, los agentes del mercado y la administración; tenemos un reto ineludible como sociedad, no solo para recuperar el tiempo perdido, sino para poder desarrollar el aprovechamiento de los recursos energéticos a los que tenemos acceso.

Ismael Morales – Departamento de Comunicación de Fundación Renovables

Luis Morales – Responsable de Relaciones institucionales y Comunicación de Fundación Renovables

Ciudades energéticamente sostenibles a partir de barrios sin emisiones

Llevamos casi 10 años volcando las esperanzas de renovación de la ciudad en la necesidad urgente de abordar la actualización de muchos de los barrios construidos en las décadas de 1960 a 1980. Esto se debe, en gran parte, a la propia exigencia de actuación frente a la obsolescencia técnica y medioambiental de los mismos, pero también a que se ha entendido la rehabilitación como una oportunidad de reconversión y reactivación del sector de la construcción tras la crisis económica mundial de 2008, agravada en nuestro país por las importantes repercusiones del estallido de la llamada burbuja inmobiliaria.

A partir de 2011, se empiezan a redactar informes y documentos que apoyan la teoría de que la rehabilitación de edificios puede ser una de las medidas clave para superar la recesión económica y ser un motor para la reactivación del sector de la construcción. En concreto, en España, la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas -conocida popularmente como la ley de las tres erres- intenta constituirse como una herramienta legal para propiciar estas operaciones. En los Planes Estatales de vivienda (2013-2016 y 2018-2021), aparecen programas específicos para la renovación integral de barrios, llamados Fomento de la regeneración y renovación urbanas. También aparecen incentivos que intentan fomentar la rehabilitación de viviendas, en especial en los aspectos relacionados con la eficiencia energética: subvenciones, campañas publicitarias, publicaciones divulgativas, proyectos de investigación …

En paralelo, frente al reto del cambio climático, nos encontramos sujetos a varios objetivos europeos para distintos horizontes temporales -2020,2030 y 2050- que se estructuran en tres pilares fundamentales: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la disminución de la demanda energética, fundamentalmente asociada al aumento de la eficiencia energética.

En este contexto parecía que la rehabilitación de los barrios podría ser una vía que consiguiera incrementar la eficiencia energética de las ciudades, incorporar energías renovables y en definitiva mejorar la vida de los vecinos, ofreciendo a la vez oportunidades de negocio para muchas empresas del sector de la construcción.

Sin embargo, esto no ha sido así. Tras un prometedor inicio lleno de buenas ideas e intenciones, la progresiva recuperación del mercado inmobiliario ha hecho que prácticamente todo el sector vuelva la vista de nuevo hacia la construcción de nuevos inmuebles, dejando de lado una vez más la necesidad -y la oportunidad- de intervenir sobre el parque inmobiliario existente tan necesitado de renovación.

La mayoría de los edificios que integran las periferias de las ciudades, y que responden en su mayor parte a la edificación masiva de barrios entre las décadas de 1960 y 1980, se construyeron atendiendo a unas normas técnicas que no exigían aislamiento térmico ni acústico, por lo que es evidente que su obsolescencia frente a los estándares actuales de eficiencia energética, calidad constructiva y confort es enorme.

Sin embargo, esta parte importante del proceso rehabilitador no debe ser la principal, ni mucho menos la única. Cuando se habla de regeneración o revitalización de barrios, se están incluyendo algunos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los mismos que van más allá de la rehabilitación de edificios, y que tienen que ver más con un modelo de ciudad más sostenible y eficiente. En el centro de todas estas medidas, está la recuperación de la ciudad como espacio público y convivencial.

La mayoría de los barrios a los que nos referimos carecen de espacios públicos de calidad -en su lugar contienen áreas residuales entre edificios que en la mayor parte de los casos se convierten en aparcamientos improvisados, por lo que los espacios libres se encuentran masivamente ocupados por el vehículo privado- y en su mayoría no cuentan con equipamientos suficientes.

Pero ¿realmente podríamos mejorar una ciudad a través de la revitalización progresiva de sus barrios? La respuesta es sí, pero sólo desde un proceso de cambio radical, en el que los ciudadanos sean conscientes del gran potencial del cambio que supone la adopción de hábitos sostenibles, que no sólo mejoran el espacio doméstico propio sino el espacio común de todos, sobre el que se sustenta la existencia verdadera de la ciudad.

Frente a la mera rehabilitación de edificios, el desarrollo de proyectos integrales de regeneración de barrios ofrece las mayores oportunidades para la mejora de la sostenibilidad energética global de una ciudad. Evidentemente la gestión de estas actuaciones es compleja, ya que requiere la participación de muchos y muy diversos agentes, desde las administraciones hasta las empresas, por supuesto otorgando el protagonismo absoluto de aquellos que viven en los barrios, es decir, sus vecinas y vecinos.

Este es el punto de partida del proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018), que trata de establecer las bases para conseguir ciudades en las que la calidad del aire que respiramos sea saludable, y en las que la repercusión de nuestros consumos energéticos (edificios, infraestructuras y movilidad) no tenga excesivas consecuencias negativas para el medioambiente.

Fig. 1. Consumos energéticos y emisiones equivalente de CO2 por sectores del barrio Sixto-Cortijo Vallejo, Málaga. Proyecto Barrios Zero como germen de ciudades sin emisiones. (Fundación Renovables-Universidad de Málaga, 2018. Autora Infografía, Laura Montiel Vega).

La mejora de la eficiencia en edificios y la incorporación de energías renovables es un proceso complejo pero factible, los datos así nos lo han confirmado. La electrificación de los edificios es casi total (prácticamente al 100% en terciario y al 70% en residencial). Si la energía eléctrica que abastece a edificios e infraestructuras tuviera origen renovable, con producción en consumo y con comercializadoras 100% renovables, se podría conseguir un barrio cero emisiones en estos sectores. Sin embargo, la mayor parte de las emisiones de CO2 equivalentes de la ciudad se debe a las asociadas al transporte privado. Mención aparte merecen las graves consecuencias para la salud que tiene la exposición a altos niveles de contaminantes como las partículas PM10 y PM2.5, NOx y SO2, asociados a los combustibles del transporte. Por ello, tras un año trabajando con este proyecto en un barrio de Málaga, podemos afirmar que el gran reto para la ciudad sigue siendo la movilidad.

A día de hoy, la necesaria recuperación de los espacios públicos para las personas -desplazando al vehículo privado de ellos- es en realidad una entelequia. Por eso nunca deberíamos abandonar el modelo de ciudad en la que los servicios y comercios son de cercanía, en la que los desplazamientos diarios puedan hacerse andando o en bicicleta, y en la que prime el uso del transporte colectivo frente al privado.

En resumen, solamente podremos conseguir barrios y ciudades sin emisiones si , además de mejorar la eficiencia de edificios e infraestructuras e introducir las energías renovables en el espacio urbano, abandonamos el modelo de movilidad actual, favoreciendo el uso peatonal de la ciudad y los desplazamientos en bicicleta o transporte público y fomentando el uso compartido de vehículos. Todo esto implica un cambio radical del modelo de ciudad insostenible en el que estamos viviendo, por lo que supone un reto tan complejo como necesario de acometer de manera cada vez más apremiante.

 

Por Maria José Márquez Ballesteros – , Doctora arquitecta. Miembro del Instituto de Investigación Hábitat Turismo y Territorio de la Universidad de Málaga. Socia Protectora Fundación Renovables "

El autoconsumo nos hará cambiar muchos hábitos, para bien.

Todos tenemos metido en la cabeza algunos hábitos relacionados con el mejor momento para usar algunos equipos en nuestras casas en función de las tarifas empleadas: el lavavajillas, los acumuladores eléctricos y los equipos que consumen mucha energía, mejor por la noche y aprovechamos la tarifa nocturna. Tiene su sentido en el modelo actual. La producción energética que se realiza por la noche, dado que no pueden desconectarse algunas energías como la nuclear, eólica nocturna,.. no tiene una demanda de consumo igual que durante el día. La industria y la actividad en general demanda más por el día. Hay más oferta que demanda por la noche y se abarata el precio para facilitar su consumo. Por eso, por ejemplo, es muy adecuado apostar por el transporte ferroviario electrificado de mercancías por la noche.

Pero esto era y es así cuando producen otros y respondemos a la ley de oferta y demanda. Ahora empieza a ser distinto. Ahora yo paso de ser “solamente” cliente del mercado eléctrico a formar parte del sistema energético. Suena mejor y lo es.

El denominado autoconsumo, que por fin ha sido, no solamente permitido, sino que comienza a ser promovido y apoyado claramente por la administración española, significa un proceso de democratización de la energía. Yo puedo comprar y producir, el proceso es bidireccional. Y puedo producir para mi consumo, para vender o para las dos situaciones. Es similar a si tuviese un huerto en casa, podría usarlo para mi propio consumo, para vender mis productos y las dos cosas a la vez; nadie entendería que estuviese prohibido y que fuese obligatorio comprar solamente en grandes superficies.

La tecnología nos está dando buenas noticias y seguro que seguirá igual. Los paneles fotovoltaicos son cada vez más eficientes y mucho más baratos, los sistemas de acumulación son igualmente mejores y más asequibles, otras formas de reducir energía de forma limpia se están incorporando: geotermia, mini eólica, etc. El futuro nos indica que además podremos producir energía con nuestros coches eléctricos, no solo consumen, sino que producen y recargan electricidad aprovechando el movimiento, son acumuladores energéticos. El mundo cambia, yo ya podré comprar, producir y acumular de forma eficiente y asequible cada vez más. Y por consiguiente, mis hábitos de vida cambiarán.

El precio al que yo pueda “colocar” la energía que genero con mis sistemas de autoconsumo siempre será inferior al precio que pagaré por comprar energía a un suministrador, aunque sea solamente por el coste o el pago por la gestión de la red. Dicho de otra forma, el “negocio” a nivel particular no estará en la venta sino en el aprovechamiento eficaz de la energía que generamos y en al ahorro energético de la no necesitemos. Esto suena además bien para el planeta: eficiencia, ahorro energético y auto producción.

En el plano práctico, varios ejemplos.

Cambiaremos nuestros horarios de poner la lavadora, lavavajillas y similares de la noche a los momentos de máxima insolación, es decir pasaremos a ponerlo o programarlo entre las 12 y las 17 horas. Mejor consumir nuestra energía que comprarla.

En breve, cuando vayamos con nuestro vehículo eléctrico a una gran superficie, un centro público o un parking, podremos lógicamente cargar estos coches usando para ello cargadores que usarán la energía solar (en La Granja de San Ildefonso, por ejemplo, ya se puede hacer), pero también podremos en breve “vender” la energía que hemos generado al conducir en esos mismos cargadores.

Y finalmente, algo que ya está haciendo en Madrid y Barcelona, que es el aprovechar las plazas de aparcamiento de comunidades de vecinos, empresas, hoteles, parking en las hora en las que los propietarios no ocupan sus plazas para cargar los vehículos de carsharing que se mueven por la ciudad.

Se trata de optimizar recursos, coordinar y cooperar. Gracias a la energía, vienen buenos tiempos.

 

Por Miguel Aguado – Director de B Leaf y divulgador ambiental "

Las energías renovables, un valor seguro para Asturias

Una de las características de la economía asturiana es la relevancia de sus sectores energético e industrial en términos de empleo, de contribución al Valor Añadido Bruto de la región y número de empresas. Ambos sectores emplean a casi 48.000 personas en más de 3.500 empresas que  concentran su actividad en tres subsectores principales: un 30% de industria extractiva, energía, agua y residuos; un 42% de metalurgia, siderurgia y fabricación de productos metálicos y un 10% de alimentación, bebida y tabaco.

El carbón ha sido protagonista en la producción de energía y un elemento fundamental para el desarrollo y prosperidad de la región como consecuencia de la disponibilidad local de este combustible, la actividad de las centrales térmicas y la aplicación siderúrgica del coque.

El cierre de las explotaciones mineras no competitivas el pasado 31 de diciembre y el anuncio de clausura de las centrales termoeléctricas, ha imprimido un nuevo golpe a una región que muestra otras fragilidades. Asturias ha sido la última Comunidad Autónoma en recuperar su PIB previo a la crisis. Demográficamente tiene una población muy envejecida que lleva casi una década decreciendo. Y desde un punto de vista territorial existen muchas desigualdades de equipamiento, servicios y actividad económica entre el triángulo industrial y área central metropolitana respecto a otras comarcas de carácter más rural.

La reconversión de las cuencas mineras y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo son urgentes, no hay mucho margen para el error. Hoy más que nunca una transición energética justa tiene que representar una oportunidad sólida para la industria asturiana y generar alternativas económicas creíbles. Y en este contexto las energías renovables son un valor seguro.

En 2018 trabajaron 5.300 personas de forma directa en el sector de las energías renovables en Asturias, según el último informe de ISTAS presentado el 10 de julio. Por tecnologías, se estiman unos 1.800 empleos en fotovoltaica, 1.400 en la energía eólica offshore y terrestre, 1.200 en biomasa, 200 en biogás, 400 en solar termoeléctrica y 300 en energía solar térmica.

El nuevo informe de ISTAS “El potencial de las energías renovables y su industria asociada en Asturias”

El potencial de crecimiento del sector renovable en Asturias se basa en dos estrategias, el mayor aprovechamiento de sus recursos renovables y, en segundo lugar, en sacar partido a su fuerte sector industrial como soporte para la fabricación de estructuras, equipos y componentes en el mercado nacional y global de las tecnologías renovables.

Entre las medidas más apropiadas para el desarrollo renovable se proponen (por tecnología):

  • Lanzar un plan de repotenciación de eólica terrestre que aproveche las zonas de mayor recurso y minimice el impacto ambiental. El 20% de los parques eólicos asturianos cumplirá más de 15 años en 2020 y el 75% de los aerogeneradores tienen menos de 2MW de potencia.
  • Apoyo público a la generación distribuida y al autoconsumo fotovoltaico (y no sólo a las instalaciones aisladas) que compensen el mayor plazo de amortización de las inversiones por una menor disponibilidad de recuso solar.
  • Promover el uso térmico de biomasa en el ámbito rural, en detrimento de poblaciones urbanas donde puede haber un impacto negativo en la calidad del aire.
  • Planificar la política forestal para el aprovechamiento de la biomasa residual y fomentar el uso de la biomasa y el biogás en la industria agroalimentaria.
  • Activar la recogida de residuos ganaderos, su valorización energética y la inyección a red para solucionar un problema ambiental relevante dado el tamaño de la cabaña ganadera asturiana.
  • Ampliar los proyectos de aprovechamiento geotérmico del agua de pozos mineros clausurados para redes de calor urbanas. El potencial energético del agua de mina de Hunosa es el equivalente al consumido en calefacción por 21.900 viviendas y 87.600 habitantes.
  • En energías marinas, se debe procurar mantener o expandir la actividad actual en base a la participación en proyectos internacionales. Los encargos de energía offshore son una fuente muy importante de empleo para diversificar la actividad de los astilleros y puertos asturianos. En el medio plazo el desarrollo y comercialización de estructuras flotantes de eólica offshore, permitirá poder hablar de proyectos de eólica marina adecuados a las características de la plataforma continental de la costa española.
  • Procurar que los nuevos proyectos de energía termosolar para 2030 en España -en el PNIEC se prevén 5.000 MW adicionales- se provean en base a la cadena de suministro industrial asturiana, capaz de construir al completo una central termosolar, y que ya proporcionó las estructuras para una parte importante de las centrales construidas en el resto de España (cuya máxima actividad fue en 2011-2013).

Para lograr maximizar las oportunidades de crecimiento del sector renovable será crucial la adopción de un Plan Regional de Energías Renovables -con un análisis de empleo adhoc- que explore y explote todos los recursos y capacidades locales; la celebración de subastas de renovables específicas por tecnologías y por nodos, y la implementación de una buena política industrial que deje los mayores beneficios para la industria autóctona.

Mariano Sanz, Joan Herrera y Begoña María-Tomé en la presentación pública del informe el pasado 10 de julio en el IDAE

Otras de las medidas importantes es la de fomentar las comunidades energéticas en el ámbito urbano e industrial.

  • El ámbito municipal las Administraciones Públicas deben jugar un papel activo y ejemplarizante en la integración de energías renovables en edificios públicos y en el espacio urbano. Además el desarrollo renovable es imprescindible para dar coherencia a otras de las estrategias del Principado de Asturias, en el campo de la rehabilitación energética, con un entramado empresarial de referencia y una elevada financiación pública, y en el campo de la electromovilidad, con 70 puntos de recarga ya instalados.
  • La incorporación de renovables en los entornos industriales y centros de alta actividad (comerciales y/o de ocio), mediante el autoconsumo compartido, agregadores de demanda y las redes inteligentes, son muy útiles para fomentar la colaboración entre empresas y estrechan lazos con la comunidad. De hecho contribuyen a la puesta en práctica de la economía circular en los polígonos industriales o áreas empresariales, y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos mediante el intercambio y uso compartido de materiales, energía, medios logísticos y de transporte.

Por último, para la cualificación y reempleabilidad de la fuerza trabajadora en el sector de las energías renovables habrá que reforzar la formación ocupacional, profesional y universitaria. La inversión en conocimiento y educación condicionará el futuro de Asturias.

Para más información se puede consultar el informe “El potencial de las energías renovables y su industria asociada en Asturias”, publicado por ISTAS con el apoyo de la Fundación Europea del Clima.

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Experta en Cambio Climático y en Energía en ISTAS