Por Luis Mª de la Maza – Socio Protector de la Fundación Renovables
El sistema energético español, empezando por el eléctrico, se mueve lentamente, pero se mueve. La estructura de grandes empresas que lo dominan todo está mostrando sus primeras grietas. Cooperativas energéticas, generación distribuida, autoconsumo, movilidad eléctrica, etc., empiezan a provocar los primeros cambios en las reglas del sistema, en un movimiento imparable en el que los ciudadanos quieren ser los protagonistas del nuevo modelo naciente.
Todavía hoy, España es un país en el que, a pesar de sufrir la peor crisis de la historia, con una demanda energética hundida desde hace varios años, las empresas energéticas acumulan beneficios de miles de millones de euros. Tarifas con una componente fija incrementada (desincentivando la eficiencia) y con otros componentes regulados no sometidos a control o auditorías públicas, llevan al país a una absoluta falta de competitividad y a que muchos ciudadanos, brutalmente impactados por la crisis, no puedan pagarse un mínimo confort energético.
No es tolerable que España siga por una senda que conduce a una economía más carbonizada: ley de hidrocarburos, ayudas al carbón, retroactividad y moratoria renovable, restricciones al autoconsumo, etc. Ni tampoco que la planificación energética no contemple el CO2 como factor a considerar. Ni que la ley establezca el principio de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico como principal objetivo, sólo para garantizar los ingresos del sector eléctrico.
Ya es más barato en España poner placas y baterías que conectarse a la red, siempre que no entren en los cálculos las trabas fiscales, técnicas y administrativas planteadas para dificultar el autoconsumo. En otros países, como Dinamarca o Alemania, el autoconsumo se incentiva mientras que aquí se frena cualquier posibilidad de mejora de la eficiencia energética. La última regulación del Gobierno del PP antes de las elecciones de diciembre de 2015 lo corrobora al introducir peajes (Impuesto al sol) que gravan la energía que se produce con paneles fotovoltaicos y no entrar a considerar, ni por lo más remoto, soluciones como la del balance neto (entre la energía entregada a la red y la consumida en un período determinado).
Es imprescindible un cambio social para, por ejemplo, tratar de alcanzar lo acordado en la Cumbre del Clima de París. La política energética del país debe estar en manos de los ciudadanos, a título individual o agrupados voluntariamente en cooperativas o grupos diversos, para desarrollar por sí mismos soluciones a sus necesidades energéticas. Entre todos podemos transformar el modelo energético y económico: desde nuestras conciencias, nuestras casas, nuestras escuelas, desde los gobiernos locales, cambiando hábitos, informándonos y tomando posiciones de poder desde nuestra forma de consumir, de participar, de convivir, de trabajar y de vivir.
Hay que dejar atrás un sistema eléctrico antidiluviano que nos considera meros consumidores, obligados, además, a consumir como si nos fuera la vida en ello, a los que cada mes se pasa una factura difícilmente inteligible y pasar a un sistema en manos de «la gente» basado en energía autóctona, prácticamente ilimitada, limpia y barata. Hay que hacer desaparecer la desproporcionada dependencia de los combustibles fósiles, una energía sucia e injusta a nivel planetario, en beneficio de las personas, de los ecosistemas y del clima.
Malas noticias para el PP: si van mal lo oligopólios eléctricos peligran las puertas giratorias.
14 julio 2016 | 10:18