La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

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Por fin las eléctricas abren el melón del escenario 2030

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

Ha sido el Consejero Delegado de ENDESA quien lo ha hecho, quien por fin se ha atrevido a abrir el melón del escenario 2030 que venimos reclamando, aunque lo haya hecho a propósito o simplemente por intentar salvar los muebles en el tema de las centrales nucleares. 

Según informan los medios, recogiendo su intervención en la UIMP el pasado 21 de junio y en declaraciones posteriores, el Sr. Bogas, para justificar que se extienda de 40 a 50 años el periodo de vida útil de las centrales nucleares, nos ha dejado perlas que bien merecen ser engarzadas adecuadamente para responderle a ese pequeño órdago que ha echado al Gobierno y a la sociedad en general.

Es un buen comienzo el que haga suyas las palabras del Ministro Nadal de que “las políticas energéticas no pueden supeditarse solo a decisiones económicas”. Ya era hora de que lo descubrieran. Estamos ante un desafío fundamentalmente político y hay que responder con políticas a medio y largo plazo, no con parches y decisiones cortoplacistas y descontextualizadas, como es el caso español. En España no existe  política energética que no sea la de anteponer los intereses de las eléctricas y energéticas al interés general, además de responder tarde y mal a los compromisos de la Unión Europea, como muestra la desacertada subasta de renovables de mayo y la anunciada para junio con el objetivo de tratar de respetar el objetivo comunitario del 20% de participación de las renovables en la energía final en 2020.

También opina el Sr. Bogas que debería alcanzarse un consenso sobre cómo hacer las cosas y dejar manifestarse al Gobierno en “un tema tan importante como este”. Se refiera ya sea a las centrales nucleares o a las políticas energéticas, no deja de tener cierta gracia porque es algo que no solo “se deja” sino que todos reclamamos al Gobierno. Efectivamente, queremos que se manifieste sobre cuál es su política energética a medio y largo plazo, su plan de transición energética a 2030-2050 como cualquier país que se precie e incluyendo su plan de cierre de centrales nucleares (lo tiene para no cerrarlas). Y queremos que lo someta todo a un debate político y público, en lugar de su política “por entregas”, con la cual va secuestrando y robándonos un futuro energético sostenible y deseable.

El caso más evidente de este reduccionismo es el debate abierto por el Gobierno utilizando Garoña como punta de lanza con el que quieren blindar las centrales nucleares para el escenario energético 2030 que ahora por fin tendrán que exponer después de haberlo prometido desde hace ya más de diez años.

Es una buena propuesta viniendo del Sr Bogas, que el Gobierno finalmente explicite su política, planes, escenarios… energéticos y los someta a debate público y consenso político porque no hacerlo podría calificarse de “prevaricación política”.

Finalmente entramos ya en materia cuando el Sr. Bogas se aventura en un escenario 2030 que inexorablemente implica una gran penetración de las  renovables, para lo cual no hacen falta enjundiosos estudios de prospectiva, ya que la UE con sus tres Hojas de Ruta 2050 y con el llamado paquete 2030 (pendiente de revisión al alza en el Parlamento Europeo) ha concretado los objetivos a los que España tendrá que contribuir. Objetivos que en el caso de las renovables va a ser como mínimo del 30% de participación en la energía final.

Como esto significaría como poco pasar de los 100 Twh actuales a 150 Twh, el Sr. Bogas anticipa que será necesaria  una potencia adicional  de generación con renovables unos 30.000 MW

El Sr. Bogas va más lejos al señalar que “si en esa transición (hacia el escenario 2030) eliminas las nucleares, eliminas 7.000 megavatios”, y que no es viable sustituirlos por ciclos combinados, que no permitirían cumplir con el objetivo de emisiones cero, ni por energía renovable, que sería “físicamente imposible”. “Nuestra opinión, por tanto, es que son necesarias las nucleares“, añadió.

Con esto y por primera vez alguien tan relevante de UNESA nos ha esbozado las dos alternativas básicas de generación eléctrica con renovables para el escenario 2030, ambas de mínimos (podrían tener que mayorarse por exigencias del esfuerzo compartido para alcanzar la reducción de emisiones de más del 40% en 2030 o simplemente por convenir a España). Una con centrales nucleares, que significaría cubrir un 60% de la generación eléctrica, y otra sin centrales nucleares en la que cubrirían el 80% que, no es por casualidad, se corresponde con las Propuestas de política energética de 2015 de la Fundación Renovables.

Este escenario sin centrales nucleares, con renovables a tope, con menor consumo de energía final y mayor electrificación es el escenario necesario deseable y oportuno para España. Necesario para contribuir responsablemente a mitigar el Cambio Climático, del que además somos víctimas preferentes, y librarnos de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Deseable aunque no hubiera Cambio Climático porque es un paso enorme hacia el futuro, hacia la “autosuficiencia energética conectada” considerando su alto potencial en renovables y es un escenario oportuno porque no solo nos liberaría de las importaciones de combustibles fósiles que suponen entre 25.000 y 40. 000 M€ al año sino porque potenciaría enormemente nuestra industria de renovables (líder incluso con el abandono actual de las renovables) y empleo de calidad.

Solo hace falta demostrar, en contraste con lo que dice el Sr. Bogas que este escenario de generación eléctrica 2030 es viable y gestionable en términos socioeconómicos si se plantea con firme propósito político.  Un escenario sin centrales nucleares ni de carbón y con hasta un 80% de generación con renovables, en gran parte distribuida y en autoconsumo, con el mix adecuado: eólica, fotovoltaica, solar de concentración, biomasa, biogás, centrales hidráulicas, muchas reversibles… y gestionadas en parte por el operador (Red Eléctrica Española).

Lo mejor es que demostrar que es viable y gestionable no tiene un coste elevado considerando las inversiones involucradas y los beneficios derivados del mismo. Según las consultas que personalmente he hecho en nombre de la Fundación Renovables, la realización de un ejercicio simple de análisis de simulación realizado en abierto, mediante discusión en un foro permanente, tanto de las hipótesis de partida como de los escenarios alternativos a 2030 y 2050, tendría un coste aproximado del orden de los 80-90.000 €, una cifra que sí parece físicamente posible (menos de 2 ppm, o dos euros por millón de  inversión). Este análisis tendría en cuenta las obligaciones al respecto tanto de la Unión Europea, del Acuerdo de París y las que serían deseables con el objetivo de mostrar, esperemos,  la viabilidad física, en coste/eficiencia en generación-transmisión y gestionabilidad, de estos escenarios (o de un “proxi”) que el Sr. Bogas considera imposibles físicamente.

¿Quién está dispuesto a financiarlo? Para el sector eléctrico esto no sería un quebranto, tampoco para el de renovables y aún menos para el Ministerio ya que es su obligación y algún ejercicio tendrá que hacer. En último extremo y, dado que los ciudadanos parece que seriamos los más beneficiados del mismo, si los agentes anteriores no responden quizás deberíamos recurrir al “crowd funding”. Sería vergonzoso tener que hacerlo.

Gracias Sr Bogas por abrir el melón.

 

 

Razones para el cierre de Garoña

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

Hace unas semanas recibí, con cierta sorpresa, un escrito de la Subdirección General de Energía Nuclear (SGEN) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) en el que, en resumidas cuentas, informaba que se había recibido en ese Ministerio el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña y que podíamos alegar al respecto. ¡Ojalá fuera la Administración siempre tan diligente y deseosa de fomentar la participación pública!

Ya sabemos que el pasado mes de febrero, el Pleno del CSN, con el único voto en contra de la consejera Cristina Narbona, emitió un informe positivo al alargamiento sine die de la vida de la central de Garoña. Este informe del CSN es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, que es quién tiene la decisión final sobre la renovación del permiso de explotación solicitado por el titular de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa y por Iberdrola). Aunque recientemente Iberdrola ha dejado claro que no quiere que Garoña vuelva a ponerse en marcha porque, dice ahora, que no le salen las cuentas y que la central no sería rentable si ésta volviera a funcionar.

El motivo de la SGEN para enviar de oficio dicho escrito era el cumplimiento del artículo 35.a) de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dice: “Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos. (…)”. Ello, sin perjuicio, seguía informando, del posterior trámite de audiencia que se ha de llevar a cabo en relación con este expediente.  

Pero, puesto que el MINETAD nos lo facilita tanto, démosle argumentos para que decidan no renovar el permiso de explotación de Garoña y ésta se cierre ya definitivamente. El 16 de diciembre de 2016 se cumplieron cuatro años desde que la central fuera desconectada de la red eléctrica por decisión de la compañía propietaria y ojalá no vuelva a producir ni un solo kilovatio-hora más.

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La transición energética española empieza en Garoña

Por Hugo Morán – Exdiputado

central nuclear

Aunque a rastras, y Fukushima mediante, en marzo de 2011 el gobierno alemán decidió incorporar a su proceso de transición energética una decisión de gran alcance, cual fue la anticipación de su apagón nuclear al año 2020. Sólo un año antes Angela Merkel había adoptado una decisión que iba justo en el sentido contrario, al prorrogar la vida de las 17 centrales alemanas hasta 2032. Y este cambio de rumbo político decretado en el olimpo de la racionalidad económica, no tardó en ser replicado en términos industriales con el anuncio por parte del gigante Siemens de su abandono del negocio nuclear pocos meses después.

Desde entonces ha venido aflorando, en forma de traspiés empresariales, la oscura verdad de un negocio medioambientalmente inaceptable, socialmente injustificable, técnicamente inestable y económicamente inviable. Y así supimos de la quiebra de Westinghouse, del repliegue de General Electric, o de las serias dificultades de Areva para sostener su actividad.

Ahora es Iberdrola quien emprende ese mismo camino en nuestro país, al dar cuerpo de anuncio oficial a una verdad que muchos habían venido argumentando durante años con escasa fortuna mediática. Ignacio Sánchez Galán, que viene a ser algo así como la energía hecha verbo en versión española, no ha dejado margen a concesión de ningún tipo: “La apertura de Garoña –que lleva cuatro años parada- es económicamente inviable, arrastrando ya varios ejercicios con pérdidas muy cuantiosas”. “En el resto de nuestras centrales nucleares la situación no es muy diferente; como se puede comprobar en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear se encuentra en pérdidas debido fundamentalmente a los impuestos y obligaciones que se han ido imponiendo sistemáticamente a esta tecnología en los últimos años”.

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Las eléctricas contaminan, tú pagas

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Ellos contaminan tu pagas

Escribo esto cuando las noticias nos abruman con las centenares de víctimas que las lluvias torrenciales están causando en Colombia y en Perú. Vidas humanas inocentes que sufren por un fenómeno, El Niño, que se hace cada vez más intenso en medio de un clima cambiante. Esas personas nos recuerdan que el cambio climático es más que un conjunto de datos amenazadores, porque catástrofes naturales ha habido siempre, pero cada vez son más y más fuertes. Cuando los científicos confirmen que esta catástrofe también es consecuencia del cambio climático, las víctimas habrán sido olvidadas y los responsables seguirán haciendo lo de siempre – la expresión en inglés es muy elocuente: “business as usual”, que literalmente significaría “negocio como siempre”.

Pero las víctimas están despertando, la sociedad se está levantando ante la evidencia de que los responsables de que tengamos un cambio climático que rompe todos los registros son los mismos que provocan que el aire de nuestras ciudades sea irrespirable, los mismos que provocan que cada vez más personas no puedan calentar o iluminar sus hogares por las insoportables subidas de la luz o el gas, los mismos que dejan sus residuos radiactivos para que las generaciones futuras se hagan cargo de ellos y, más indignante si cabe, los que tratan de frenar el desarrollo de las soluciones renovables apoyando medidas como el “impuesto al sol”. Y es así porque no solo se les permite sino que se les premia, pues paradójicamente “el que contamina, cobra”, y lo pagas tú.

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Energía nuclear, una hipoteca de por vida

Por Joan Herrera – Abogado

torres de refrigeración

¿Qué significa que no haya habido cambio en España? Entre otras cosas, la posibilidad que en lo energético se consoliden escenarios que nos hipotecan de por vida.

Hablo del debate energético, del caso concreto de la energía nuclear. En esta ocasión, quien se ha encargado de pulsar el botón para consolidar e incluso cristalizar la situación ha sido, ya no el Gobierno, sino el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una vez más, el CSN ha hecho gala de su tradición de órgano regulador captado por el regulado y, en una decisión sin precedente alguno, ha concedido a Garoña, la central nuclear más antigua y con la tecnología más obsoleta, la posibilidad de continuar operando. Pero no sólo eso, lo ha hecho con una extraordinaria originalidad tratándose de una central nuclear. Por primera vez lo hace sin límite temporal (hasta ahora los permisos se concedían por un periodo de 10 años) y jugando, lo que es a mi entender, un claro rol político – económico. El papel del CSN consiste en blindar jurídicamente a los titulares de la central, de tal manera que si hay un Gobierno que quiera cerrar la planta, esta decisión tenga que dar pie a una extraordinaria indemnización por lucro cesante. La decisión ha contado con un voto en contra, el de Cristina Narbona, como excepción a un CSN acostumbrado a tener entre sus miembros a expertos que siempre coincidían en su posición claramente pronuclear.

En julio del 2009 me atreví a escribir sobre la necesidad de cerrar la central nuclear de Garoña en un artículo titulado “la indecisión de Garoña”. No tenía sentido que prolongásemos la vida de la central, como finalmente haría el Gobierno Zapatero, dado que aportaba una escasa potencia al mix eléctrico y en cambio “gozaba” de la tecnología más obsoleta. Pero el Gobierno con un presidente –epidérmicamente- antinuclear así lo hizo, dio dos años más a la central de Garoña, traspasó el tema al siguiente Gobierno y volvió a no exigir nada a un parque nuclear que, tras amortizarse, continuaba vendiendo la electricidad a un precio muy superior a su coste de generación.

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Garoña, la metamorfosis de una vieja cafetera nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

 central nuclear

Vasija del reactor de la central de Garoña en fase de recarga

Gracias a las maniobras de un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cada vez más vendido a los intereses de las grandes empresas eléctricas, la vieja cafetera nuclear que es la central atómica de Santa María de Garoña (Burgos) se ha convertido de facto en un activo financiero de primer orden.

Ya desde sus orígenes, surgido en 1980 de las cenizas de la entonces moribunda Junta de Energía Nuclear franquista, de la cual heredó todos sus vicios y defectos, el CSN ha sido un organismo volcado descaradamente en la defensa de los intereses económicos de los propietarios de las centrales nucleares. La seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente han quedado siempre en un segundo plano en la gestión del CSN. Su legendaria opacidad, obscurantismo y falta de transparencia hacia el público, ha sido objeto de numerosos editoriales y artículos a lo largo de sus más de 30 años de existencia.

Sonoros escándalos como el de la fuga de partículas radiactivas de Ascó en 2008, que la dirección de la central nuclear pudo ocultar durante meses gracias a la connivencia del CSN y que sólo pudo ser conocido por la opinión pública cuando Greenpeace lo destapó; o el de la degradación del sistema de aguas esenciales de la central nuclear de Vandellós-2, a la que el CSN permitió en 2004/2005 funcionar ocho meses sin las medidas preceptivas de seguridad hasta que, de nuevo, se dio a conocer públicamente por las denuncias de Greenpeace; son sólo algunos de los ejemplos más significativos de la actitud permisiva y condescendiente del CSN con los titulares de las instalaciones nucleares.

La decisión del CSN

La deriva del CSN a posturas cada vez menos independientes y neutrales se ha acrecentado en los últimos años y se ha evidenciado en asuntos tan importantes para la seguridad nuclear como el del proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (Almacén Temporal Centralizado, ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas – donde el CSN ha insistido en seguir adelante con la tramitación a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico-, o en el del alargamiento de vida de la central nuclear de Garoña.

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Un trámite “normal” para Garoña

Por Juan Castro – Gil – Abogado

central nuclear

El Consejo de Inseguridad Nuclear ha decidido así como si tal cosa, que la Central Nuclear de Santa María de Garoña, de 40 años de edad y cerrada desde hace cuatro, pueda volver a abrir. Es gracioso ver en el orden del día del pleno del Consejo como su reapertura es un asunto de “trámite normal”. Sí, ya sé que seguramente sea la forma de hablar de los ilustres consejeros, pero no me pueden negar que semejante decisión es cualquier cosa menos “normal”.

Ahora que esta buena gente ha decidido sacarse el marrón de encima, deja a la siempre impecable voluntad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la decisión de reabrir la planta y, por extensión, permitir que sus peligrosas hermanas puedan prorrogar su actividad.

Por su parte, en la trama del vodevil, los dueños del establecimiento (Endesa e Iberdrola), cual canción de Pimpinela, distraen la atención del público con manifestaciones sobre el “sí quiero” y el “no quiero” a razón de pito pito gorgorito, mientras de trasfondo, como dueños de la central de Almaraz, operada por aquellas compañías junto con Gas Natural Fenosa, observan con una sonrisa macabra cómo pronto van a prorrogar la jubilación a sus peligrosos juguetitos un 50% más de tiempo del que les correspondía (verdadero quid de la cuestión).

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Nucleares, ideología y sentido común

Por Hugo Morán – Exdiputado

energía nuclear

Es costumbre inveterada en nuestro país que, tras el advenimiento de cada nuevo ministro de energía, todo sean cábalas respecto a los planes que el recién llegado pueda traer bajo el brazo en relación con la siempre polémica cuestión de la energía nuclear. Y aunque Garoña y su hipotética reconexión es hoy el árbol que nos impide ver el bosque de la prolongación de la  vida de todo el parque más allá de los 40 años, no es menos cierto que la central burgalesa condiciona en buena medida el calendario en la toma de decisiones por parte del Gobierno.

Estábamos así una vez más asistiendo al clásico despliegue argumental “técnico y académico” que precede invariablemente al subsiguiente mensaje político sobre las bondades de la tecnología atómica (económicas, ambientales y sociales): “la oposición a la energía nuclear no atiende a razones lógicas, sino que forma parte de una irracionalidad ideológica al servicio del mero oportunismo”, para a continuación dejar sentado que “el sentido común nos dice que España no puede permitirse el lujo de prescindir de ese 20% de electricidad que generan sus reactores nucleares, así que es imprescindible prolongar las licencias hasta los 60 años”. Cuando inopinadamente Fukushima vino a refrescarnos la memoria, para fastidio de unos y esperanza de otros.

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La oportunidad de cerrar las centrales nucleares

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España

Puede resultar chocante hablar de cerrar centrales nucleares justo cuando Mariano Rajoy vuelve a formar gobierno. Pero voy a hacerlo porque hay datos tan contundentes que cualquier gobierno que busque el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad económica del país debería tenerlos muy en cuenta.

Para decidirse a cerrar centrales nucleares no hace falta ser un apasionado ecologista. Hasta el país adalid de esta energía, Francia, acaba de aprobar un plan de transición energética en el que prevé cerrar hasta una docena de centrales para 2023.

Las centrales nucleares no son eternas (otra cosa son los residuos radiactivos que generan, cuya duración es tan larga que se asemeja más al concepto de eternidad), de manera que tendrán que cerrar tarde o temprano. La cuestión es, por tanto, cuándo es el mejor momento de hacerlo.

Cualquiera puede entender que una instalación de este tipo no se puede dejar que se muera de vieja, hay que planificar su cierre para antes de que el envejecimiento amenace la seguridad. Y tanto por seguridad como por economía, el mejor momento es aquel en que caduquen las licencias de operación que tiene cada central, lo que sucederá entre 2020 y 2024 para los siete reactores que aún funcionan en España (para el de Garoña se pasó ese plazo, y solo a un gobierno “descerebradamente” pronuclear se le puede ocurrir que vuelva a abrirse).

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La energía nuclear en los programas de los partidos

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

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¿Qué política energética tendremos después del 26J? En particular, ¿qué pasará con las centrales nucleares? Los sondeos de opinión con respecto a los resultados de las próximas elecciones generales no permiten, en estos momentos, hacerse una idea clara de qué podrá pasar al respecto. Los líderes de los cuatro principales partidos han manifestado públicamente que no habrá unas terceras elecciones, que es seguro que se alcanzará un acuerdo de gobierno tras los comicios, pero ¿cuál? Ahora mismo no parece que vaya a ser una tarea sencilla lograrlo. En cualquier caso, mientras tanto, lo único que podemos hacer es comparar la parte energética de los programas electorales de unos y otros y tratar de hacer cábalas sobre qué pasará al final en virtud de las diferentes combinaciones posibles para formar gobierno.

En algunos temas energéticos, como la fracturación hidráulica (fracking) o el autoconsumo eléctrico, todos los partidos relevantes, menos el Partido Popular, están prácticamente de acuerdo. A excepción del PP, todos las demás fuerzas políticas coinciden en que hay que reformar drásticamente la actual normativa sobre el autoconsumo eléctrico, que con la regulación impuesta (y aún vigente) por el ex ministro Soria queda totalmente impedida y maniatada. Así mismo, casi todos los demás coinciden en el rechazo, más o menos explícito, a la obtención de gas no convencional por la insostenible tecnología del fracking, o a las prospecciones de hidrocarburos en el mar.

Pero con la energía nuclear ya es otro cantar. Analizando los programas electorales es muy curioso comprobar cómo, a pesar de la importancia del tema y de lo candente que son asuntos como la reapertura o no de la central nuclear de Garoña (Burgos) o la continuidad del proyecto del cementerio nuclear de residuos nucleares de alta actividad (ATC), actualmente propuesto en Villar de Cañas (Cuenca), hay un número significativo de partidos que ni siquiera hacen mención de todo ello en sus programas electorales.

Es el caso de Ciudadanos: en su programa no hay ni una sola mención al tema nuclear. Es el único caso entre los cuatro partidos principales con aspiración formar parte del futuro gobierno. Si bien es verdad que, en el transcurso de la anterior campaña electoral, sus portavoces hicieron declaraciones diciendo que cerrarían las nucleares y, posteriormente, lo que es más significativo, en el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” alcanzado con el PSOE de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez, Ciudadanos se comprometió a un “Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”.

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