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Las claves de un tema que nos afecta a todos

Entradas etiquetadas como ‘Emisiones’

La evolución de emisiones en España, radiografía de un fracaso

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Cambio Climático en ISTAS

El último informe de Comisiones Obreras sobre la evolución de las emisiones de gases de invernadero en España no trae buenas noticias. Hace 15 años que no aumentaban tanto las emisiones. El informe estima que en 2017 las emisiones de estos gases fueron 339,2 millones de toneladas de CO2 equi­valente y que aumentaron un 4,5% respecto al año anterior. Se trataría del crecimiento anual más alto de emisiones desde el año 2002, antes de que entrara en vigor el Protocolo de Kioto.

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Actualmente la mayor parte de las emisiones se generan en el consumo y procesado de los combustibles fósiles. El incremento de las emisiones en 2017 se explica principalmente por el aumento del uso de carbón para la generación eléctrica en un 21% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%. También subió el consumo de petróleo en un 0,5% y el de gas natural un 9,8%. En el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,4% ese año.

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España es una radiografía perfecta del fracaso en la acción climática.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario. La política energética española se ha caracterizado en las últimas décadas por desarrollar una política activa de oferta. Esto ha sido así en el sector eléctrico, con una sobrecapacidad del parque generador más que reconocida y unos gastos derivados injustamente soportados por los consumidores particulares y más vulnerables.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario.

Y de forma calcada ha ocurrido con las políticas públicas del transporte que se han basado en el crecimiento continuado de infraestructuras innecesarias que han depredado el medio ambiente y acaparado el gasto público. Así, tras una política expansiva en la construcción y el urbanismo, las emisiones en 2007 llegaron a estar por encima del 50% los niveles de 1990.

A partir de 2008, las reducciones en las emisiones se explican fundamentalmente por la crisis económica y la caída de la producción industrial.

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Más tarde con la estabilización y crecimiento de la economía las emisiones se vuelven a recuperar lo que demuestra la ineficacia e inconsistencia de las políticas climáticas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética en empresas y hogares y fomentar una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías, entre otras.

A pesar de que las energías renovables han sido hasta ahora el principal factor de reducción real de las emisiones en nuestra sociedad, en 2012 el actual Gobierno frenó drásticamente la instalación de nueva potencia y en los últimos años las emisiones españolas han fluctuado muy influenciadas por la hidraulicidad de cada año. Es decir, con menos lluvias se quema más carbón y gas.

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética. Y eso que los compromisos se establecen en base al segundo año más alto en emisiones en nuestra historia, el año 2005.

Los compromisos para España para 2030 son una disminución del 26% de las emisiones de los sectores difusos (transporte, residencial, comercial, agricultura y ganadería, residuos, ….) y una reducción del 43% para los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (sectores energéticos e industriales, ETS) respecto a 2005.

Según CCOO, en 2017 las emisiones totales fueron un 22,8% superiores a las de 2005, y con estas cifras no se llega.

Basta con mirar las previsiones que daba el Gobierno español de incumplimiento de los objetivos a 2030 en base a las emisiones de 2016 que fueron mejores que las de 2017.

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España, la peor evolución del top 10 en la Unión Europea

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el último cuarto de siglo ha sido positiva en Europa pero muy negativa en España. España es uno de los países más emisores de la UE-28 y de los que más ha aumentado sus emisiones.

El análisis de la evolución de las emisiones respecto a los niveles del año base de 1990, referencia del Protocolo de Kioto, refleja que las emisiones crecieron un 17,91% en 2017. Una foto que también nos deja mal en comparación con otros países que ya han publicado un avance provisional de sus emisiones en ese período. Alemania habría disminuido un 27,70%, Reino Unido un 43% y Finlandia un 21%.

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Los datos de 2017 consolidan el mal comportamiento en emisiones de España, uno de los países con mayor recurso solar y de los más vulnerables a los impactos climáticos en Europa. De los 10 de países europeos más emisores de gases de efecto invernadero en 1990, el nuestro es el que muestra peor balance. En el período 1990-2015 fue el único que aumentó sus emisiones, mientras que el resto del top 10 redujeron sus emisiones de media un 26%.

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España es un lastre para que el conjunto de la Unión Europea cumpla con el Acuerdo de París. Esperemos que el nuevo gobierno entienda la descarbonización de la economía como una estrategia propia, como una oportunidad inmejorable para el cambio del modelo energético y productivo, para impulsar políticas sectoriales de innovación, para poner en pie una industria intensiva en conocimiento, para rehabilitar nuestras ciudades y nuestros edificios y en definitiva para impulsar la creación de empleo de calidad no deslocalizable.

 

Renovables y ferrocarril: ¡Vivan los novios!

Por Santos Núñez de Campo – Gerente de Sostenibilidad en Renfe Operadora

Este amor viene de lejos. Finalizada la guerra Franco-prusiana, en 1879, el primer tren eléctrico moderno fue presentado por Werner von Siemens en Berlín en un circuito de 300 metros, más parecido al tren de la bruja que al Tren de Alta Velocidad.  

A lo largo del pasado siglo el ferrocarril eléctrico se asentó en las metrópolis del mundo en forma de funiculares, tranvías, metros y cercanías, así como en las duras rampas de los tendidos ferroviarios tradicionales gracias al acceso directo a recursos energéticos hidráulicos adosados al ferrocarril.

La crisis del petróleo de los ’70 sirvió para electrificar las principales rutas de viajeros y mercancías, preparando el salto disruptivo que significa la Alta Velocidad desde 1964  en Japón. Al día de hoy, estamos ante nuevas oportunidades para reforzar la electrificación de las cadenas logísticas de mercancías y  de las ofertas multimodales de viajeros.

Olvidamos, a veces, que los trenes eléctricos son vehículos eléctricos. Y si no existieran, habría que inventarlos: el ferrocarril es el modo de transporte de viajeros y de mercancías que presenta un menor impacto ambiental en su conjunto.

Es el modo que menos energía consume por unidad transportada, que presenta unos menores niveles de emisiones de CO2, que menos contribuye a la contaminación local en las áreas urbanas, y que genera un menor impacto acústico. La ocupación del terreno realizada por las infraestructuras ferroviarias es también, en términos relativos,  menor que el espacio ocupado por las carreteras.

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#DíaMundialDeLaEnergía: Una energía para todos

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

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Posiblemente no es el mejor día para hablar de energía. La coincidencia con el día de los enamorados y toda la propaganda comercial asociada, que nos incita, una vez más, a celebrarlo desde una perspectiva consumista, no ayuda nada a visibilizar que hoy celebramos el día mundial de la energía. Una energía que es un derecho básico, a la que se debería acceder en condiciones de igualdad y justicia social y que debería, sobre todo, consumirse con responsabilidad.

Una fecha importante debido a la fuerte dependencia existente entre desarrollo económico, consumo de energía y cambio climático. Si analizamos los datos disponibles a nivel global, veremos que el consumo de energía en el mundo es profundamente desigual. En grandes números, los países desarrollados, que representan el 25% de la población mundial, consumen aproximadamente el 75% de toda la energía y por lo tanto somos los máximos responsables del cambio climático. Una población mundial que ha alcanzado los 7400 millones de habitantes, de los que todavía un 17% no tiene acceso a la electricidad y un 38% depende de usos tradicionales de la biomasa para cocinar.

Es razonable pensar que la deseable mejora de las condiciones de vida de esta población va a facilitar su legítimo derecho al uso de energía y, por lo tanto, el consumo de energía a nivel mundial va a seguir aumentando en las próximas décadas. Esta encrucijada, motivada por tener que aumentar la producción de energía y a la vez mitigar el cambio climático, sólo se puede resolver si abandonamos el uso de los combustibles fósiles, que son actualmente la principal fuente de energía del planeta y el principal responsable del cambio climático. Los primeros en hacerlo debemos ser los países desarrollados, ya que disponemos de tecnología y recursos económicos suficientes para llevar a cabo la transición a una energía baja en carbono.

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2016: otra oportunidad perdida

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

2016

Se acaba el año 2016 y como es costumbre por estas fechas hacemos balance de lo que ha sido este periodo de tiempo.

En lo referente a la energía, 2016 ha dejado, a nivel internacional, algunas certezas y, también, algunas incertidumbres. Ha sido el año de la cumbre sobre el cambio climático de París, con esperanzadores resultados sobre los compromisos adquiridos en la necesaria reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático. Podemos decir que, por primera vez, la comunidad internacional parece tomarse en serio la amenaza que supone el cambio climático y sus consecuencias para la vida del planeta.

Este año, las inversiones en energías renovables en el mundo han seguido a buen ritmo, si bien van a acabar siendo probablemente menores que en 2015, un año que fue realmente excepcional respecto a estas inversiones.

De acuerdo con Bloomberg New Energy Finance, “la reducción de costes en el mercado solar es una de las razones determinantes de esta trayectoria a la baja en inversión. Los paneles fotovoltaicos y la construcción de los proyectos se han abaratado en muchos países, y también ha habido un cambio desde los proyectos a pequeña escala (relativamente caros en términos de dólares por MW) hacia proyectos más grandes, que son más baratos en gasto de capital por MW”.

Todo parece indicar que los precios bajos de las energías renovables y la necesidad de reducir las emisiones van a seguir siendo los principales motores del cambio de modelo energético que se está produciendo a nivel mundial.

Para terminar con las buenas noticias, la Comisión Europea presentó el pasado 30 de noviembre el “paquete de energía limpia” para el periodo 2021-30 con la finalidad de que ”la Unión Europea vuelva a dirigir la transición de energía limpia a nivel internacional”. Este paquete será objeto de un amplio debate a nivel europeo cuyo periodo de tramitación se prevé que finalice en 2019. Si bien hay que lamentar que no se contemplen compromisos vinculantes de los estados miembros, lo que puede minimizar su alcance y comprometer seriamente los objetivos propuestos.

La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y su escepticismo sobre el cambio climático es sin duda la mayor incertidumbre que nos deja este año 2016.

En España

A nivel nacional, las cosas son bien diferentes. Seguimos anclados en una política energética más propia de otros tiempos y lo que es peor, no se vislumbra a nivel político una clara voluntad de cambio en las políticas energéticas que se llevan a cabo. Como si estas cosas no fueran con nosotros, seguimos sin modificar un ápice las directrices que marcan las grandes empresas energéticas, que lógicamente defienden sus intereses particulares y no los de los ciudadanos.

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Derecho a usar el automóvil sí, a contaminar el aire de todos no

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

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Cuando se cumple un año desde que se conociera el escándalo de las emisiones de los vehículos VW, la Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente ha publicado un informe realmente sobrecogedor sobre las emisiones de los vehículos diésel que circulan por las carreteras europeas. Según este informe, en Europa están en uso 29 millones de automóviles diésel extremadamente contaminantes. Más de cuatro de cada cinco coches que cumplen con la norma Euro 5 de emisiones de NOx en el laboratorio (180 g / 1000 kilómetros), y que se vendieron entre 2010 y 2014, emiten más de tres veces este nivel cuando circulan. Si nos fijamos en la norma Euro 6 en vigor desde el 2015, dos tercios de los autos que se vendieron desde 2015 y que cumplen esta norma en el laboratorio, siguen emitiendo más de tres veces  el límite de  80 g/ 1000 kilómetros, cuando circulan por las carreteras. El 69% de estos automóviles diésel llamados “sucios” se vendieron en Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. En España circulan 1.9 millones de estos vehículos.

Llama poderosamente la atención en este informe, que este problema no es sólo de VW sino que es común, en mayor o menor medida, a casi todos los fabricantes de automóviles. Así, los fabricantes responsables de estos vehículos son, por orden de importancia, VW, Renault, Citroën, Mercedes y Audi.

Se apuntan varios motivos para haber llegado a esta situación.  En primer lugar, que el sistema de tratamiento de los gases de escape de los autos diésel sucios está fallando la mayoría del tiempo que circulan, por una parte, para mejorar las cifras oficiales de consumo de combustible, y, por otra, debido a las dudas sobre la durabilidad de los sistemas de tratamiento de las emisiones que los fabricantes de automóviles han optado por utilizar.  En segundo lugar, a esta situación ha contribuido el que las autoridades de homologación nacionales estén ignorando la utilización de los dispositivos de desactivación que conducen a tales impactos ambientales y de salud.

Conviene recordar que las emisiones de óxidos de nitrógeno de los automóviles son la causa principal de los altos niveles de dióxido de nitrógeno en las ciudades y que conducen a la muerte prematura de 72.000 ciudadanos de la UE cada año. Sin embargo, mientras que en los EE.UU., tras la revelación de que VW había engañado en las pruebas de emisiones, la justicia ha actuado con rapidez y eficacia, en Europa, VW afirma que no actuó de manera ilegal, por lo que no se han aplicado sanciones ni se ha proporcionado compensación alguna a los clientes. Una vez más, las autoridades nacionales y la UE se han centrado más en la protección de los intereses comerciales y de los de los fabricantes de automóviles, que en los intereses generales de sus ciudadanos.

Entre las soluciones que se proponen en este informe destacan:

  • En primer lugar, mejorar el sistema de certificaciones de emisiones: En la actualidad tiene muchas debilidades, entre ellas, que una vez el vehículo ha sido aprobado prácticamente no hay controles independientes en carretera para verificar su funcionamiento en uso, debido a la falta de voluntad y/o recursos.
  • En segundo lugar, la retirada de vehículos con dispositivos de desactivación ilegales, lo que mejoraría significativamente la contaminación del aire en las ciudades.
  • En tercer lugar, mejorar las normas de regulación y supervisión, y que trabajen de forma independiente los organismos encargados de cada una de ellas.
  • Por último, lo más importante es que Europa debe poner fin a su adicción al diésel. Para hacer esto, los límites de las emisiones de vehículos diésel y de gasolina deben ser equivalentes, y los estados miembros deben igualar los impuestos sobre ambos tipos de vehículos. Los sesgos en favor de diésel deben terminar. La movilidad eléctrica es, en última instancia, la solución para resolver la crisis de contaminación del aire en nuestras ciudades.

No parece que estemos cerca de estas soluciones. Según denuncian los autores de este informe, los fabricantes europeos de automóviles se resisten a contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes adaptando sus modelos y hacen caso omiso de las normas de vehículos rentables que permiten reducir el consumo de combustible.

Y mientras tanto en España seguimos a lo nuestro. El número de turismos eléctricos matriculados en España en 2015 incluyendo todas las tecnologías ha sido de sólo 2342, frente a los más de un millón de vehículos matriculados. En el mismo periodo en Noruega se han matriculado 39632, lo que supone el 27% de todos los matriculados en ese año. Si quisiéramos cumplir los objetivos de emisiones de la UE para 2020 el 25% de las matriculaciones de cada año deberían ser de eléctricos o híbridos. Además sólo disponemos de 160 puntos de recarga rápida y 761 de recarga normal.

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Nos morimos principalmente de cambio climático

Hugo Moran – Ex diputado

Ganar tiempo al tiempo

Somos pasivos en la lucha climática porque hemos de combatir contra nosotros mismos, contra nuestra forma de vida, contra un patrón económico que se ha blindado frente a la amenaza de cualquier cambio, registrando a su nombre la patente del crecimiento como única receta válida para la creación de empleo y la generación de prosperidad.

El paradigma capitalista ha jugado históricamente con una ventaja que hasta la fecha ningún otro modelo ha sido capaz de cuestionar con éxito: las personas, intuitivamente, tendemos a equiparar mayor capacidad de consumo con mejor nivel de desarrollo, de tal manera que una tendencia creciente del primero conlleva una curva ascendente en el ranking del segundo.

Ahora bien, el indicador que determina con mayor precisión la escala de desarrollo social es el que establece los índices de calidad de vida y, dentro de éstos, la salud ocupa el lugar preeminente entre los vectores convencionalmente aceptados para establecer la distinción entre países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados.

A cualquier gobierno, de cualquier país, se le presupone una trayectoria que habrá de aportar a los ciudadanos crecientes cotas de longevidad, acompañadas de mejores condiciones de salud. Y así había venido siendo hasta nuestros días: la mortalidad infantil decrece década a década, las epidemias son atacadas con logros cada vez más tempranos merced a los avances médicos, el ser humano va ganando tiempo al tiempo…

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¿Una política energética continuista? ¿De quién depende?

Por Mª Concepción Cánovas – Experta en energías renovables

CongresoA diferencia de la pasada legislatura, en caso de que finalmente se constituya un nuevo Gobierno, el Parlamento estaría llamado a tener un papel importante en el avance hacia un modelo energético sostenible, tal y como ha referido en este espacio el presidente de la Fundación Renovables. Esta institución sería la única capaz de contrarrestar una política continuista en este ámbito, a la vista de manifestaciones y posicionamientos hechos públicos recientemente y que difícilmente hacen prever que se vayan a producir las modificaciones sustanciales en el ámbito energético que desde diferentes entornos de la sociedad se están demandando.

Por una parte, el secretario de Estado de Energía en funciones se postula para ser elegido ministro y con tal fin solicitó en Cataluña los apoyos de los presidentes de los principales grupos energéticos, entre los que se encontraban Gas Natural Fenosa, Cepsa y Repsol. Tal y como han recogido los medios de comunicación, reconoció “lo bien que les ha ido a los empresarios con él” y que “les seguiría yendo bien si él siguiera en el Gobierno”. La noticia no puede ser más explícita sobre lo que ha supuesto esta legislatura para el sector energético convencional, al mismo tiempo que se han demonizado sectores como el de las renovables, recibiendo las empresas que lo representan un trato de absoluta ignorancia por parte de la Administración sin precedentes en la historia de este sector.

Consecuentemente la producción de electricidad con carbón y ciclo combinado han crecido en 2015 un 23,8% y un 18,7% respectivamente, y nuestras emisiones de CO2 en este año han aumentado por segundo año consecutivo hasta alcanzar un 5%.

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Un Brexit negacionista

Por Hugo Morán – Ex diputado

brexit-1497067_640Aún queda mucho por escribir respecto a la decisión mayoritaria de los súbditos de Su Graciosa Majestad –por los pelos, pero mayoritaria, al fin y al cabo– de abandonar la casa común europea en la que convivían con todos nosotros. A regañadientes y de aquella manera, pero después de todo convivíamos.

Cierto que prácticamente todos los análisis argumentados hasta ahora se han centrado básicamente en las consecuencias económicas del Brexit: afectación a las primas de riesgo y al crecimiento, equilibrios presupuestarios, financiación y reprogramación de fondos europeos, movimientos en inversiones y posibles deslocalizaciones empresariales, nuevos marcos fiscales…; en las sociales: la situación en que quedan los ciudadanos europeos que viven y trabajan en el Reino Unido, la de los británicos que residen y votan en municipios españoles, las restricciones fronterizas frente al fenómeno de la inmigración…; y en las geopolíticas: el futuro incierto de la Unión Europea, el posible contagio a otros países como el caso de Holanda, las discrepancias territoriales internas en el caso de Escocia, Irlanda del Norte, Londres o Gibraltar, la relación con terceros países…

Pero poco hemos leído al respecto desde el punto de vista medioambiental, por no decir casi nada, salvo honrosas y acrisoladas opiniones, como por ejemplo la de David Attenborough, junto con la de las organizaciones ecologistas, advirtiendo del riesgo que supone para la conservación de la naturaleza en el Reino Unido el perder el paraguas de las directivas ambientales, recogidas en algunos medios especialmente sensibles en la materia.

Frente al análisis inicial de destacadas personalidades, como es el caso de Christiana Figueres, o la carta abierta del propio embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, intentando dejar sentado que el nuevo Gobierno Británico no modificaría ni un ápice su compromiso en la lucha contra el cambio climático en este nuevo escenario, la tozuda realidad ha terminado por imponerse. Y es que durante toda la campaña que precedió al Brexit, si en algo destacaron los más visibles líderes que hicieron campaña en favor del mismo es en sus posiciones marcadamente anti-ambientales, hasta tal punto que buena parte de ellos han mantenido históricamente tesis indisimuladamente negacionistas en relación con el cambio climático.

De esta forma, hemos podido comprobar como entre las primeras decisiones de la nueva primera ministra británica Theresa May ha estado la supresión del Ministerio de Cambio Climático, pese a que el Reino Unido había sido uno de los primeros países en contar con una ley pionera y específica en la materia, o que entre los primeros nombramientos aparezca el de Andrea Leadsom como secretaria de Medio Ambiente, cuando ha sido una de las voces que se ha destacado como “climaescéptica”.

Las consecuencias en el campo de la energía no se demorarán largo tiempo. Desaparecido el problema del cambio climático en el Reino Unido merced a la “benéfica” decisión del Brexit, desaparecen también las urgencias de transitar hacia un patrón económico neutro en emisiones en aquel país, lo que conllevará una revisión estratégica de las empresas concernidas para acomodarse al nuevo escenario político y no se nos escapa que las hay que desarrollan su actividad más allá de sus fronteras y más acá de las nuestras.

Confiemos en que no se cumpla la sentencia de que todo aquello que va mal es susceptible de empeorar. Me refiero al resultado que vayan a arrojar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

El reto de la movilidad sostenible

José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Bicicletas

¿Cuál es la ciudad que mejor gestiona el transporte urbano en nuestro país? Antes de responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que las ciudades no son entes aislados, y menos en lo que al transporte se refiere. Para hablar de transporte urbano, la referencia son las áreas metropolitanas de las ciudades. Un dato: las principales seis áreas metropolitanas del país representan prácticamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la movilidad urbana.

Este y otros interesantes datos aparecen en el informe que acaba de publicar Greenpeace “El transporte en la ciudades: Un motor sin freno del cambio climático”. Lo primero que  destaca es la relevancia que la movilidad urbana tiene en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, representando un 10% sobre el total de España, y un 40% de las emisiones debidas al sector transporte.

Las exigencias climáticas son una razón clara para actuar en la movilidad urbana/metropolitana de nuestros municipios, aunque no son los únicos motivos para avanzar hacia una movilidad más sostenible. Otras problemáticas como la contaminación del aire, el ruido o la siniestralidad, entre otras, son también razones de peso para actuar cuanto antes en nuestros sistemas de movilidad. Y ambas problemáticas, la climática y las que afectan a la calidad de vida de nuestras ciudades, tienen una misma solución: lograr sistemas de movilidad más sostenibles.

Así, en el informe se detalla cómo reducir a la mitad las emisiones en la movilidad urbana de España podría lograrse con estas claves: reduciendo en un 35% los desplazamientos que actualmente se realizan en automóviles y derivándolos al transporte público y los modos no motorizados, mejorando la eficiencia de los automóviles en un 35% -en parte por la introducción del vehículo eléctrico-, aumentando en un 15% la ocupación media actual de los automóviles y los medios ferroviarios, y en un 30% la de los autobuses. Tratar de lograr estos objetivos en 2030, es decir en un periodo de tiempo superior a los 10 años, parece un objetivo razonable si los municipios españoles pusieran en marcha planes coherentes con estos objetivos.

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Los estados ya no compiten por la nuclear sino por las renovables

 

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Joan Herrera – Abogado

Treinta años desde el accidente de Chernóbil, cinco desde el de Fukushima, y aún hoy podemos escuchar aquello de “temer la energía nuclear es como temer un eclipse de sol, no se puede encarar el debate sin apriorismo, el debate nuclear se tiene que hacer sin ideología de por medio”. Frases como estas se han dicho desde todos los rincones, especialmente antes de prorrogar la vida útil de las centrales.

Pero Fukushima, como Harrisburg en 1979, como Chernóbil en 1986 o Tokaimura en 1999, demuestran que un imprevisto puede alterar todas las previsiones. A punto estuvo de pasar en Vandellós en 1989 cuando estuvimos a muy poco de sufrir un grave accidente nuclear. En todos los casos, un imprevisto, en forma de error humano o de circunstancia extraordinaria y no prevista, hizo que la delgada línea roja decidiese entre rozar la tragedia o tocarla con la palma de las manos.

Central nuclear

Y así, por un escenario no previsto, se ha dejado todo un territorio y miles de vidas hipotecadas para centenares de años. Este es el problema de la energía nuclear. Una energía cara –no explican que los costes sólo son asumidos por un privado cuando la administración paga la construcción, el desmantelamiento de la planta, se hace cargo del seguro o se encarga de la gestión de los residuos–; una tecnología que no sabe qué hacer con los residuos peligrosísimos que genera; y, lo que es más grave, una opción que supone asumir riesgos extraordinarios, riesgos absolutos en caso de accidente.

Pero la seguridad es un coste que nadie parece querer tener en cuenta y que no está internalizado en los costes de generación nuclear: costes de los planes e infraestructuras de emergencias, costes de desmantelamiento, costes de gestión de residuos, costes de cultura de seguridad. Frente a ello, la política de los propietarios de las centrales ha sido la optimización de la producción ahorrando costes de gestión, porque las centrales nucleares, una vez amortizadas, como es el caso de España, son una hucha de hacer dinero. En nuestro país, las nucleares se amortizaron ya hace años, primero gracias al mecanismo del Marco Legal Estable antes de la liberalización del sector eléctrico y luego gracias a diversas ayudas del Estado –como los costes de transición a la competencia (CTC)-  y a unos beneficios desorbitados por el perverso sistema de formación marginalista de precios en el pool.

Más allá de incidentes, accidentes e historias para no dormir, hay que decir que la energía nuclear lleva tiempo en situación de freno y marcha atrás. En EEUU, desde 1979 (accidente de Harrisburg) no se ha construido ninguna nueva central y en España, desde 1991, año en el que el Ministro Claudio Aranzadi terminó con la moratoria nuclear, nadie ha querido hacer ninguna otra nueva. Esta tendencia también se constata en el análisis de los 15 últimos años. En este período, el 56,2% de la nueva capacidad eléctrica instalada corresponde a las fuentes renovables (y el 29,4% a la eólica). A lo largo de estos 15 años, desde el 2000, el balance de incrementos y descensos de capacidad arroja este saldo: la eólica gana 116.759 MW; el gas 101.277 MW y la fotovoltaica 86.926 MW. Por el contrario, en el furgón de cola están el fuel oil (que pierde 25.293 MW), el carbón (se reduce en 24.745 MW) y la energía nuclear (baja 13.190 MW). Y cuando se pregunta por qué Estados Unidos lleva tres décadas sin nueva inversión nuclear, la respuesta que dan los economistas americanos es su elevado coste y la necesidad de fuertes ayudas públicas para las nuevas centrales.

Los estados no compiten por la nuclear sino por las renovables y esa es la clave de fondo en la competencia económica entre EEUU y China que, no por casualidad, son ya las primeras potencias del mundo en tecnologías limpias, después de haber desbancado a la Unión Europea en ese liderazgo.

El modelo energético mundial está cambiando hacia lo que Jeremy Rifkin define como “Tercera Revolución Industrial” a través de las energías renovables. Y la clave que determina que el modelo sea nuevo o reproduzca los errores de los modelos existentes es si es un modelo de generación distribuida, en manos de más gente, más democrático y con menos pérdidas.

Y mientras esto pasa, en España no somos capaces de encarar un debate sobre el futuro de la energía nuclear, mientras la industria va ganando sus absurdos pulsos a la sociedad. Entre ellos las prórrogas a la central de Garoña, una central ruinosa y cuyas mejoras no le van a salir nada a cuenta al propietario, pero que sirven al conjunto de las centrales nucleares para mantener la expectativa de que plantas que deberían cerrar continúen en funcionamiento.

Lejos de esa realidad, encarar el debate de cómo afrontar el cierre de las plantas abriría la oportunidad de afrontar también el debate energético. Para España las consecuencias de un parón nuclear pueden ser positivas debido al exceso de generación en el sistema, muy superior a los 7.000 MW nucleares. Esa sobrecapacidad permitiría elevar mucho más los objetivos de renovables en generación distribuida para mejorar los malos ratios de dependencia energética y de eficiencia energética. Se trata de hacer lo que han hecho otros. Una vez las plantas están amortizadas, lo que ganan de más debe servir no para repartir dividendos entre accionistas, sino para invertir en renovables, eficiencia y alternativas económicas en los entornos de las plantas. Se trata pues de hacer de un problema, el cierre de las plantas, una oportunidad: la oportunidad de avanzar hacia un sistema energético menos dependiente del exterior, que incentive el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO2.

Las renovables constituyen el cambio tecnológico más importante del siglo XXI por su rápida maduración, por ser la fuente de aplicación más rápida y más eficaz para reducir las importaciones de petróleo y las emisiones de CO2 y porque son un instrumento de innovación tecnológica imprescindible para cambiar nuestro patrón de crecimiento y crear empleo.

Tenemos de nuevo nuevas elecciones y estas serían una magnífica oportunidad para que cada uno de los actores políticos se comprometiese con un horizonte sin nucleares. Deberíamos romper la hucha que representan las nucleares para las eléctricas y con ello aplicar la ética de la energía que consiste, sencillamente, en no derivar los problemas a las futuras generaciones.

  • Imagen: Blatant World