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Reducir la contaminación de los barcos

Es tan escandaloso que parece mentira, pero es verdad: a día de hoy, a los barcos se les permite contaminar el aire 3.500 veces más que a los vehículos de transporte terrestre. En efecto, en la actualidad, el límite máximo de contenido de azufre en los combustibles para el transporte marítimo, establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI), es de 35.000 ppm frente a los 10 ppm permitidos en la Unión Europea en los carburantes para el transporte por carretera. Cierto es también que la OMI impondrá, a partir del 1 de enero de 2020, un nuevo límite máximo de 5.000 ppm en el contenido de azufre para los combustibles de barcos, pero incluso así este tope seguirá siendo 500 veces superior que el permitido para el diésel en carretera (ver figura 1).

Comparativa de contenido de azufre en combustibles marinos versus combustibles terrestres, (fuente: The Danish Ecological Council).

En las Áreas de Control de Emisiones (ECA, en sus siglas en inglés), que se crean bajo la cobertura legal del Anexo VI del Convenio Marpol de la OMI a instancias de los países que lo soliciten, el 1 de enero de 2015 entró en vigor el requisito que limita a 1.000 ppm el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en las Áreas de Control de Emisiones para los óxidos de azufre (SECA). Sin embargo, los niveles de óxidos de nitrógeno se reducen muy poco en la regulación genérica de la OMI, de modo que solo hay una reducción apreciable dentro de las Áreas de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA).

Sin duda, la regulación ECA es una manera muy efectiva de reducir las emisiones contaminantes procedentes del sector marítimo y limitar sus negativos efectos a la salud pública y al medio ambiente. La demostración palpable más cercana está en el Norte de Europa donde, tras la creación de una ECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha (es SECA desde 2015 y desde 2021 será también NECA), la calidad del aire ha mejorado un 80% desde el año 2015 y los beneficios socioeconómicos asociados se valoran en muchos miles de millones de euros. Las ECA suponen un gran avance, pero aún así 1.000 ppm de azufre en el combustible de los barcos sigue siendo 100 veces más que el nivel permitido para el transporte por tierra.

Se pueden hacer más cosas. Y se deben hacer porque en virtud de diversos estudios, se estima que las emisiones de los barcos causan anualmente en la Unión Europea 50.000 muertes prematuras y 60.000 millones de euros en costes sanitarios. Ello es debido a que el combustible mayoritariamente utilizado para la navegación es el fuelóleo pesado, un producto derivado del petróleo que contiene altas cantidades de azufre, cenizas, metales pesados ​​y otros residuos tóxicos y es responsable de importantes emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM), cuyos efectos negativos a la salud están ampliamente demostrados. Cuando las personas respiran este aire contaminado, su salud se resiente, lo cual se traduce en un aumento de las enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, incluso cáncer), hospitalizaciones e incluso muertes prematuras, además de las consiguientes pérdidas en productividad.

La industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce

En el caso concreto de Dinamarca, uno de los países que integran la ECA del Norte de Europa antes citada, se ha calculado que la sociedad se está ahorrando 18,5 millones de dólares en costes sanitarios por cada 3,8 millones de dólares invertidos en combustible para barcos con un contenido de 0,1% en azufre (en lugar de usar un combustible promedio de contenido de 2,7% en azufre). Es decir, una inversión con una tasa de retorno positiva del 387%. En el caso de los NOx la tasa de retorno resultante es del 1.333%. Estos datos hablan por sí solos.

Así pues, en comparación con las preocupantes y nada desdeñables emisiones que tienen su origen en tierra, las emisiones de los buques son mucho más elevadas, dado que al sector naviero no se le exige utilizar combustibles más limpios ni utilizar técnicas de tratamiento posterior de los gases de escape como obliga la normativa en tierra desde hace décadas en sectores como el del automóvil y otras industrias.

A nivel global, la estimación oficial más reciente de las emisiones de contaminantes atmosféricos generadas por el transporte marítimo internacional proceden del Tercer Estudio de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la OMI. Este estudio, publicado en 2014, proporcionó un análisis de las emisiones durante el período 2007-2012, así como las proyecciones hasta 2050. La OMI está trabajando en el Cuarto Estudio de GEI, el cual se prevé esté finalizado en otoño de 2020. Según el Tercer Estudio, el tráfico marítimo ocasionó en el periodo citado (que coincidió con la crisis económica), en promedio anual, el 13% de las emisiones globales de origen antropogénico de NOx, el 12% de las de SOx y el 3,1% de las de CO2. Con respecto a las previsiones a futuro, la OMI concluyó que, en diversos escenarios de tipo Business As Usual (BAU), las emisiones de CO2 del transporte marítimo aumentarán entre un 50% y un 250% desde 2012 hasta 2050, a pesar de las mejoras en eficiencia de la flota (esperadas con un valor de alrededor del 40% en promedio), debido al crecimiento esperado en la actividad del sector.

En virtud de esos escenarios, la OMI concluye que las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, aumentarán rápidamente en el futuro (aunque desde una base de partida baja) a medida que aumente la utilización de gas natural licuado (GNL) como combustible de los barcos. Lo que viene a indicar que la sustitución de los fuelóleos pesados por GNL no va a significar ninguna ventaja apreciable en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Asimismo,  las emisiones de NOx aumentarán a un ritmo menor que las emisiones de CO2 como resultado de los motores de Nivel II y Nivel III que se incorporarán en los próximos años a la flota mundial. Las emisiones de los SOx continúan disminuyendo hasta 2050, principalmente debido a los requisitos del Anexo VI de MARPOL sobre el contenido de azufre de los combustibles antes citado.

En resumen, por un lado, es un hecho incontestable que la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de la contaminación atmosférica que produce.

En segundo lugar, se reconoce oficialmente que el gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto.

Afortunadamente hay ya suficientes soluciones tecnológicamente maduras que permitirían que los barcos navegasen sin contaminar, pero la experiencia nos demuestra que el sector naviero no parece estar dispuesto voluntariamente a hacer los cambios necesarios para reducir sus emisiones de GEI y otros contaminantes atmosféricos por lo que la única manera eficaz de que estas medidas se implementen realmente es a través de la aprobación y estricta aplicación de normas legales al respecto.

En un informe recientemente publicado por la organización Transport&Environment (T&E, organización cuya finalidad es lograr la sostenibilidad en el ámbito del transporte) sobre la contaminación atmosférica provocada por los cruceros turísticos en Europa en 2017 ((ver figuras 2 y 3), se llega a esa misma conclusión y se hacen una serie de recomendaciones regulatorias y técnicas para conseguirlo.

Niveles de intensidad de las emisiones de SOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). Nótese la diferencia entre la Zona de Control de Emisiones para el azufre (SECA) establecida desde 2015 en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico con el resto de las zonas marinas de Europa.

 

Niveles de intensidad de las emisiones de NOx producida por los cruceros en 2017 en la Unión Europea (fuente: T&E). En 2021 entrará en funcionamiento la Zona de Control de Emisiones para el nitrógeno (NECA) en el Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico.

Para empezar, en dicho informe se recomienda ampliar las Áreas de Control de Emisiones que actualmente existen en el mar Báltico, mar del Norte y Canal de la Mancha al resto de mares europeos y reducir el límite de emisiones de las SECA europeas hasta situarlo en 10 ppm, cantidad equivalente a la del combustible empleado en el transporte por carretera.

Además, debería implantarse una normativa de cero emisiones en los muelles de toda Europa. Muy especialmente para los cruceros turísticos, ya que este tipo de embarcaciones suele navegar cerca de las costas y pasa gran cantidad de tiempo en los puertos de pasajeros de los principales destinos turísticos, por lo que afecta a la calidad del aire de forma desproporcionada, como demuestra claramente el referido informe de T&E.

A ese respecto, las navieras que fleten cruceros, puesto que representan el segmento de ocio del sector del transporte marítimo de cara al público, deberían considerarse empresas pioneras en las normativas concebidas para descarbonizar el sector. Por lo tanto, además de implantar una normativa de cero emisiones en los puertos, los cruceros son las primeras embarcaciones a las que se debe obligar a utilizar sistemas de propulsión de emisión cero en las aguas territoriales de la UE.

Para facilitar las emisiones cero en los muelles cabe destacar la posibilidad de que los barcos atracados se conecten a la red eléctrica para cargar los equipos que llevan a bordo (lo que se conoce en inglés por Shore-Side Electricity, SSE). Se trata de una tecnología ya consolidada y que ha demostrado que funciona pudiendo reducir enormemente la contaminación atmosférica que generan los buques atracados en los puertos. La Directiva europea relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos exige que los principales puertos del continente cuenten con tecnología SSE, aunque solo -y ahí está el problema- si ello resulta beneficioso en relación con su coste, por lo que su uso no está muy extendido ni entre los buques ni entre los puertos.

La generalización de esta tecnología se enfrenta a dos escollos principales. Por una parte, los propietarios de los buques no invierten en adaptarlos a la tecnología SSE porque hay pocos puntos de conexión disponibles en los puertos y los puertos, a su vez, no invierten en la instalación de conexiones SSE porque no las utilizan muchos barcos. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Al mismo tiempo, la fiscalidad provoca una distorsión del mercado. La electricidad en tierra está sujeta a impuestos en el marco de la Directiva sobre la imposición de la energía (DIE) de 2003. Sin embargo, los combustibles fósiles para uso marítimo están exentos de impuestos. Esta desigualdad tan flagrante desincentiva a los dueños de las embarcaciones a la hora de recurrir a la SSE en los puertos en los que está disponible. La situación desincentiva también a aquellos puertos interesados en instalar puntos de SSE.

El gran incremento previsto del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros de aquí al 2050 conllevará inevitablemente a un aumento de las emisiones contaminantes de este sector en nuestro entorno, salvo que se tomen una serie de medidas al respecto

Si queremos que todos jueguen con las mismas reglas, la UE debería eximir de impuestos la electricidad de la tecnología SSE durante un periodo transitorio y/o gravar los combustibles fósiles de uso marítimo con un tipo equivalente.

La UE debería imponer una normativa de cero emisiones en los muelles de los puertos europeos, exigiendo a los barcos el uso de la SSE o el recurso a medidas alternativas para lograr un resultado equivalente. Esto ayudaría a los puertos que han invertido en SSE a no tener activos sin uso.

Finalmente, puesto que las emisiones de NOX  tanto de los barcos que ya circulan como de los nuevos es un asunto enormemente preocupante y dado que las próximas NECA en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha solo cubrirán las emisiones de los buques que se construyan a partir de 2021, existe una necesidad de reducir las emisiones de NOX que generan los actuales barcos en la totalidad de las aguas europeas. Por ello, la UE debe tomar medidas específicas en este asunto, entre ellas quizás un mecanismo económico similar al Fondo de NOX de Noruega. Los barcos podrían además utilizar sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, en sus siglas en inglés) o filtros de partículas para el diésel (DPF) para disminuir sus emisiones de NOX y PM.

Por Carlos Bravo – Consultor en Salvia EDM y socio protector de la Fundación Renovables

Por Isabell Büschel – Coordinadora para Transport&Environment en España

Por Faig Abbasov – Coordinador de políticas de transporte marítimo en Transport&Environment

Nueva Iniciativa Ciudadana Europea: “Quien contamina, paga”

Algunos amigos ecologistas me dicen que eso acaba en: “El que paga, contamina”. Y yo replico: “Hoy, el que contamina, no paga, y el que no contamina, pagará las consecuencias, en gasto sanitario y en un planeta incompatible con una sociedad humana organizada…”. O sea, hagamos que el que contamina, pague cada vez más. Y repartamos la recaudación entre los ciudadanos.

El cambio climático es, sobre todo, un problema de injusticia: norte-sur, ricos-pobres y generación actual- generaciones futuras. Las cuestiones de justicia y responsabilidad se evitan en el debate. Y cuando se mencionan, se hace recaer esa responsabilidad sobre los consumidores, cuando la responsabilidad máxima recae en los gobernantes que son los que realmente tienen capacidad para cambiar las cosas. O dejarlas como están, que es lo que llevan haciendo décadas. En los últimos 25 años poco o nada se ha hecho para corregir esta injusticia y las emisiones de CO2 siguen subiendo año tras año.

Las empresas de combustibles fósiles ganan miles de millones cada año, mientras sus negocios destruyen las condiciones de vida en el planeta. “Satisfacemos la demanda energética”, dicen. Ciertamente. Pero ya hay alternativas que pueden satisfacer esa demanda, sin destruir el clima. El caso es que no pagan por los daños que sus productos causan a la salud y al clima. Es la gente la que sufre las consecuencias de la mala calidad del aire y de un clima cada vez más dañino. Es la gente la que YA paga esos daños, en forma de mayor gasto sanitario y devastadores daños causados por el cambio climático: precios crecientes de los alimentos; daños a edificios e infraestructuras por tormentas, huracanes, lluvias torrenciales y eventos climáticos extremos; muertes por olas de calor; extinción de la biodiversidad; mayores y más devastadores incendios forestales; daños en ciudades costeras por la subida del nivel del mar; sequías, migraciones y un larguísimo etcétera.

Esta injusticia continúa solo para hacer aún más ricos a un puñado que ya son multimillonarios. Es la mayor transferencia de riqueza de miles de millones hacia unos pocos billonarios.

Hay una propuesta de acción climática que puede poner fin a esta transferencia masiva de riqueza: se la conoce como Cargo al Carbono con Devolución o Renta Climática. Consiste en hacer que los que contaminan paguen por el daño que causan y devolver el 100% de lo recaudado a los ciudadanos, a todos igual, por tarifa plana. Poco a poco, año tras año, para dar tiempo a empresas y consumidores a ir cambiando a productos y servicios sin CO2 en su proceso de fabricación. En varias décadas podríamos haber acabado con la adicción a los combustibles fósiles y frenar la emergencia climática hacia la que nos dirigimos.

El cargo al CO2 debe ser creciente. Empezar bajo para no causar un shock a la economía, pero subir año tras año de manera irreversible.

Los que apoyamos esta Iniciativa podríamos estar equivocados. O no haber tenido en cuenta posibles consecuencias indeseadas. Pero hay más de 3.500 economistas del máximo prestigio internacional, profesores en cientos de universidades, 27 premios Nobel, varios ex Secretarios del Tesoro de los EEUU y un sinfín de empresas, analistas y ONGs que afirman que un sistema de Precio al CO2 con Devolución es esencial para reducir las emisiones a CERO en varias décadas y frenar el cambio climático.

Se han firmado declaraciones de apoyo a este proyecto en los EEUU, Bélgica, Holanda y otros países. Recientemente, un grupo de ciudadanos europeos ha presentado una Iniciativa Ciudadana para que la Unión Europea estudie la viabilidad de una política de Cargo al CO2 con Devolución en los Estados Miembros.

Será un largo proceso pues se necesita un millón de firmas de ciudadanos europeos que respalden la Iniciativa para que pueda ser defendida ante el Parlamento Europeo.

El cargo al CO2 debe ser creciente. Empezar bajo para no causar un shock a la economía, pero subir año tras año de manera irreversible. La contaminación no debe ser gratis nunca más. El sistema propuesto de gravar el CO2 y repartir la recaudación es justo y transparente. Y devuelve el dinero recaudado en cada país a los ciudadanos de ese país, a todos por igual.

Por favor, ayuda a combatir tanto el cambio climático como la injusticia empleando un minuto en  apoyar esta Iniciativa urgente y justa ante la Comisión Europea. Y comparte este mensaje con tus contactos. Necesitamos un millón de firmas. Tus hijos te lo agradecerán.

La Iniciativa:

https://eci.ec.europa.eu/007/public/#/initiative

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Lo que nos cuesta el cambio climático

Nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático. Según el informe que acaba de publicar la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre las pérdidas económicas por fenómenos relacionados con clima extremo en el espacio económico europeo, el cambio climático nos ha costado  889 euros en el periodo 1980-2017 a cada ciudadano español, más de 37.000 millones en total, ¡similar a un rescate bancario! Solo el 12% de las pérdidas están respaldadas por seguros. Y 14.611 personas pierden la vida por ese tipo de fenómenos, aunque otras fuentes dan cifras aún mayores.

El coste no es solo económico. Hay otros muchos impactos del cambio climático que ya estamos sintiendo, que tienen difícil cuantificación económica, y que por el camino que vamos irán cada vez a peor. Veranos cinco semanas más largos, aumento de las noches tropicales, olas de calor más largas e intensas, incremento de la temperatura del agua del Mediterráneo y avance de la desertificación. Estas son algunas de las conclusiones de la Agencia Estatal de Meteorología en su último informe, perfectamente ilustrado por la propia Agencia.

Más de 32 millones de españoles, es decir, el 70% de la población, ya se están viendo afectados por los impactos del cambio climático, según estos datos. Quienes peor salen parados son los habitantes de las zonas costeras y las grandes ciudades, las zonas más vulnerables al cambio climático.

Según los datos científicos de Naciones Unidas, puede que nos queden solo 11 años para evitar que el cambio climático supere un punto de no retorno. Si no reducimos a la mitad las emisiones de CO2 actuales, el peligroso límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura media mundial podría superarse en la próxima década. Por eso somos la última generación que puede hacer frente al desafío para evitar los peores impactos del cambio climático, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad.

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado

La excusa para no actuar siempre era económica. Hasta ahora se decía que luchar contra el cambio climático supone un gran esfuerzo económico. Pero afortunadamente, los datos muestran que la realidad ha cambiado para bien: luchar contra el cambio climático no solo es una cuestión de supervivencia y justicia, es que además es lo más sensato desde el punto de vista económico.

Hasta ahora, la mayoría de estudios comparaban los costes energéticos en igualdad de condiciones: nueva instalación de renovables frente a nueva instalación de carbón, y en esa comparación ya hace años que el balance de costes y beneficios favorece a las renovables. La dificultad estaba en que instalar nuevas renovables para reemplazar el carbón existente  aún se consideraba más caro que dejar que las centrales funcionen hasta el final de su vida útil, ya que la mayoría de las inversiones de capital no se habían amortizado.

Reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil

Pero el avance de las renovables permite ahora vencer incluso al carbón ya instalado. El último estudio que avala esta tesis se ha publicado en Estados Unidos. En ese país, las energías renovables más desarrolladas (solar y eólica) ya están preparadas para cruzar el “Rubicón económico”, pues según dicho estudio reemplazar el carbón existente con nueva generación solar y eólica es ya más barato, para unas tres cuartas partes de la potencia instalada de carbón en EEUU, que dejar esas centrales de carbón funcionando hasta el final de su vida útil. Esta conclusión viene de una comparación de lo que cuesta producir una unidad de electricidad con cada tecnología a lo largo de su vida útil, en términos de economía convencional, es decir, sin ni siquiera contar los enormes costes ambientales del carbón.

El efecto potencial de abandonar el carbón en EEUU no es trivial. Recordemos que el sector estadounidense del carbón, a pesar de que se ha ido reduciendo significativamente en los últimos años, aún emite (datos de 2016) tanto CO2 como el total de España, Turquía, Polonia, Reino Unido  y República Checa juntas.

Si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya

Obviamente, la situación política en EEUU no hace esperar que esta nueva lógica  económica se imponga a corto plazo, pero imaginemos lo que pasaría si cada país decidiese ahora que su política energética y climática se rija por criterios puramente económicos: se tendría que cerrar todo el carbón y sustituirlo por renovables ya. Y habría que preguntarse cuáles serían los datos aplicados al resto de combustibles fósiles, porque seguramente muy pronto estemos en esa misma situación.

Pero aunque los datos hablan por sí solos, los gobiernos siguen ignorándolos. El Gobierno español tiene que aumentar mucho la ambición: para 2030 deberíamos tener un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable y en 2025 las centrales de carbón y nucleares deberían estar todas cerradas.

Ante la emergencia climática actual, los partidos políticos tienen que poner la salud de las personas y el planeta por encima de los intereses económicos de las compañías eléctricas y las grandes empresas. Es lo que están pidiendo los millones de jóvenes que el pasado 15 de marzo salieron a las calles de todo el mundo reclamando acción climática urgente.

Este periodo electoral es un momento clave para que los candidatos expliquen sus propuestas concretas y ambiciosas en la lucha contra el cambio climático. ¿A qué esperan? ¿Estarán a la altura del reto que enfrentamos?

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

Fridays for Future, cargados de razón

La juventud siempre mira para adelante y por eso siempre ha sido visionaria. Les preocupa su futuro y, sin embargo, no tienen acceso a las instituciones y en muchos casos ni siquiera la edad para votar. De ahí viene su fuerza, de su frustración de no poder actuar, cuando los jóvenes de ahora, nacidos en plena era digital, son las generaciones más informadas de la historia. Pero han encontrado los medios para hacer valer sus preocupaciones: las redes sociales para multiplicarse y contagiarse, y la huelga estudiantil, en este caso con el apellido de climática.

La rebeldía de Greta Thumberg, la niña sueca de 15 años que conocemos a raíz de su intervención a finales de enero en el Foro de Davos, ha alumbrado un movimiento global, organizado, histórico y esperanzador y le ha valido ser nominada al Nobel de la Paz, tal y como se ha conocido hoy mismo.  La iniciativa de Greta de no presentarse a clase los viernes para denunciar ante el Parlamento de Estocolmo que el mundo financiero, empresarial y político no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde en la lucha contra el cambio climático ha sido secundada con el apoyo de muchos jóvenes a lo largo del planeta que se han movilizado para hacer lo propio en sus ciudades.

Hay especialmente una frase de Thumberg, que pronunció a finales de febrero ante el Consejo Económico y Social Europeo, que resume el espíritu de este movimiento: «Nos dicen que somos jóvenes, pero no hay tiempo para esperar a que crezcamos y nos hagamos cargo«. Tanta pasión nunca estuvo respaldada por tanta razón. De ahí que, desde todas las esferas de la política, de la empresa y de la sociedad civil, sean pocos los que no animen a los estudiantes a secundar la huelga que el movimiento -conocido como #FridaysforFuture, el hashtag que usan en Twitter- ha convocado para hoy.

El espíritu de este movimiento: «Nos dicen que somos jóvenes, pero no hay tiempo para esperar a que crezcamos y nos hagamos cargo«

Argumentos no les faltan. Esta misma semana hemos conocido en España el primero de tres informes sobre «Descarbonización en España», elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, que afirma que la temperatura media de nuestro país ha subido 1,57 grados centígrados desde 1965. El gran acelerón ha sido entre 1988 y 2018 cuando aumentó 0,87 grados. Las previsiones que recoge el documento para el año 2050 apuntan a que podríamos alcanzar 2,61 grados centígrados de subida media de las temperaturas si no somos más ambiciosos tanto en la reducción de emisiones como en la aplicación de medidas de mitigación.

Fuente: Observatorio de la Energía

Todo ello, unido al cambio en los patrones de las lluvias hará que se resienta nuestra economía, y nuestra salud. La reducción de emisiones y partículas contaminantes -que conduce a un único camino que es el de la descarbonización en todos los sectores- no sólo encuentra justificación, por otra parte más que suficiente, en la lucha contra el cambio climático: nuestra salud, en sí misma, está en juego. Lo estamos viendo continuamente en los medios de comunicación.

«En el caso de España, la principal fuente de contaminación atmosférica se encuentra en la quema de combustibles fósiles por los sectores energético, del transporte y de la industria«, afirmaba la semana pasada el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) con motivo de la presentación de su informe “Un oscuro panorama: las secuelas del carbón” que vincula las emisiones de las centrales térmicas de carbón con 1,529 muertes prematuras.

Esta misma semana el European Heart Journal ha publicado los resultados de un estudio realizado por investigadores del Instituto Max-Plank de Química y la Universidad Médica de Mainz que afirma que la tasa de mortalidad mundial debida a la contaminación del aire es de alrededor de 8,8 millones por año, cuando hasta ahora se asumía que ascendía a la mitad, 4,5 millones de personas al año.

La investigación afirma que la mala calidad del aire se encuentra entre los riesgos de salud más graves (hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo). Especialmente asocia las partículas finas con un alto riesgo de mortalidad y advierte de que puede conducir a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Greta suele aludir en sus intervenciones el «Informe Especial sobre un 1,5ºC de calentamiento global» que dio a conocer el  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) el pasado mes de octubre, un documento tajante y taxativo: con los objetivos climáticos actuales a partir de 2030 ya será imposible lograr contener durante este siglo la subida de la temperatura media del planeta a 1.5°C respecto a los niveles preindustriales, como aconseja. Es decir, quedarían doce años. Parece que la urgencia es necesaria y no retórica fácil del discurso ecologista.   

Con los objetivos climáticos actuales a partir de 2030 ya será imposible lograr contener durante este siglo la subida de la temperatura media del planeta a 1.5°C respecto a los niveles preindustriales, según el IPCC

El informe destaca que si en vez de limitar el calentamiento global a 2ºC nos comprometemos a limitarlo a 1.5°C (el compromiso del Acuerdo de París es mantener el aumento por debajo de los 2˚C y proseguir con los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5˚C) conseguiríamos: que para 2100 el aumento del nivel del mar global fuera 10 cm más bajo; que la probabilidad de ver el Océano Ártico libre de hielo marino en verano se diera una vez por siglo y no una vez por década, como poco, o que los arrecifes de coral disminuyesen en un 70-90 por ciento y no que desaparezcan prácticamente todos (> 99 por ciento).

Además, como recuerda Greenpeace en su documento «El momento de la verdad. Las principales conclusiones del informe especial del IPCC sobre 1,5°C de calentamiento«, si aspiramos a un escenario de 1,5°C en lugar de a uno con un incremento de la temperatura media del planeta de 2ºC conseguiríamos:

-Salvar a 420 millones de personas de la exposición a olas de calor extremas frecuentes

-Reducir en un 50% el porcentaje de población mundial expuesta a un aumento de escasez de agua por el clima

-Evitar exponer a 10 millones de personas a riesgos relacionados con la subida del nivel del mar

-Disminuir en un 50% el número de especies de plantas y vertebrados proyectadas a perder más de la mitad de su diversidad.

También lograríamos reducir cuatro veces el número de personas expuestas a riesgos climáticos multisectoriales y vulnerables a la pobreza. Los jóvenes lo saben. Y nosotros. Y cómo combatirlo también. Ahí lo dejo.

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

Las lecciones climáticas de nuestros jóvenes

Si los titulares de las noticias o las conversaciones en las redes sociales fueran un reflejo de la realidad, uno podría pensar que lo que más preocupa a nuestra sociedad estos días son las elecciones que vienen, o el juicio del procés, o si me apuras, la crisis de Venezuela.

Pero lo cierto es que hay otras noticias, que tienen más difícil acaparar titulares, que nos deberían preocupar mucho más. Por ejemplo, que estemos viviendo una primavera en pleno mes de febrero. Algo que si fuera un hecho aislado no tendría mayor importancia, y es incluso agradable, pero que sucede en el marco de una tendencia de ascenso global de las temperaturas sobre la que la ciencia nos está llamando insistentemente la atención. De hecho, los cuatro últimos años han sido los más calurosos desde que tenemos registros, corroborando los datos científicos que muestran el cambio climático ya está aquí.

Pero esto no ha hecho más que empezar, y el mismo cambio climático que provocamos puede a su vez provocar más cambio climático, entrando en una espiral imparable. Así lo ilustra una simulación hecha con superordenadores que indica que uno esos efectos de retroalimentación se puede producir cuando, a partir de cierto nivel de calentamiento, se dejen de formar nubes, lo que a su vez dejaría entrar más radiación solar y aceleraría el calentamiento. El punto de no retorno se podría alcanzar este mismo siglo.

Afortunadamente (?), se supone que nuestros políticos y gobiernos tienen toda la información que necesitan para evitar que el problema se nos vaya de las manos. El Gobierno español acaba de presentar un amplio paquete de medidas, que han llamado Marco Estratégico de Energía y Clima, que incluye tres elementos muy importantes: un plan (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) que marca los objetivos que tendrá que alcanzar nuestro país para reducir las emisiones causantes del cambio climático; una ley (proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética) que establece el marco normativo para saber cómo aplicar el plan; y una Estrategia de Transición Justa, fundamental para asegurar la cohesión social y que ningún colectivo ni comarca quede relegado por la imprescindible transición, que permita construir alternativas sostenibles para quienes se vean afectados por el cierre del carbón, la energía nuclear o la electrificación de la industria automovilística.

Lamentablemente, la ley ha llegado tan tarde que se queda fuera de ninguna posibilidad de ser debatida en esta legislatura, por lo que habrá que esperar a que pasen las elecciones para que se retome, esperemos que como prioridad número uno.

El Plan, sin embargo, no se puede detener por el proceso electoral, ya que su presentación es una obligación europea. Ese plan recoge objetivos y medidas que pueden transformar profundamente nuestro sistema energético, que es lo que más contribuye al cambio climático. Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad, como señalamos desde Greenpeace. Una vez se apruebe este paquete de medidas, España dejará de ser el único país de Europa occidental sin fechas de abandono del carbón.

La transformación de todo el sistema energético debe adelantarse acorde con alcanzar emisiones netas cero en 2040 y no se debe retrasar el cierre de las viejas centrales de carbón y nucleares más allá de 2025.

En cuanto a las emisiones, el Plan fija un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990. Pero, ¿es esto suficiente? Desde el gobierno se dice que es lo máximo que podemos hacer, porque España ha estado durante décadas aumentando sus emisiones y ahora es muy difícil hacer que bajen más rápido. Pero tanto Greenpeace como la Fundación Renovables coinciden en señalar que se trata de un objetivo claramente insuficiente. El gran debate ambiental actualmente en la Unión Europea es cuánto elevar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 para hacer posible cumplir con el Acuerdo de París. El objetivo actual de la Unión Europea es del 40%. La Comisión Europea se plantea pasar al 45%. El Parlamento Europeo pide elevar el objetivo al menos al 55%. De manera que no puede ser que España pretenda quedarse solo en un 20%, que no es ni la mitad de lo que pide el Parlamento Europeo.

No solo es solo cuestión de cifras y porcentajes, el hecho es que, para contribuir en la medida necesaria y proporcional a nuestra responsabilidad de evitar un cambio climático que supere el peligroso umbral de 1,5 ºC de calentamiento, la transformación de todo el sistema energético debe adelantarse acorde con alcanzar emisiones netas cero en 2040 y no se debe retrasar el cierre de las viejas centrales de carbón y nucleares más allá de 2025.

Los científicos advierten de la brecha que separa los compromisos actuales de todos los países y lo que se necesita hacer para evitar un cambio climático desastroso. Al ritmo actual de emisiones, se espera que el calentamiento global supere los 1,5°C entre 2030 y 2052. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2018 del PNUMA revela que las naciones deben aumentar sus ambiciones climáticas en 5 veces para alcanzar la meta de 1,5°C.

El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2018 del PNUMA revela que las naciones deben aumentar sus ambiciones climáticas en 5 veces para alcanzar la meta de 1,5°C.

Pero quienes son más conscientes de esa brecha no son los políticos, son nuestros propios hijos e hijas. Hartos de la falta de respuesta por parte gobiernos, políticos y empresas, estudiantes de todo el mundo están saliendo a la calle en un movimiento espontáneo que está promoviendo marchas y huelgas escolares. Muchas de esas acciones suceden los viernes, y lo están haciendo con el paraguas común de #FridaysforFuture. Extendiéndose como una balsa de aceite, las movilizaciones ya están llegando a nuestro país.

Estas personas son las que han aprendido lo del cambio climático en su escuela o instituto, y no pueden entender, ni aceptar, que no se esté haciendo nada para evitarlo. El movimiento no para de crecer y su próxima movilización será el 15 de marzo, en que han convocado la primera huelga mundial de jóvenes por el clima. Saldrán a enarbolar la única bandera que es de todos y que necesita que la defendamos, la bandera del planeta. Aprendamos la lección nos están dando.

José Luis García – Responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

Las falsas verdades del sector petrolero y la transición energética

El otro día tuvo lugar la reunión anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Las reseñas de prensa han sido “trending topic” en todos los medios. Traigo algunas de las perlas de la reunión y mi réplica:

1.- Luis Aires (BP) lamentó que “la intención del Gobierno socava los principios de libertad y progreso»

NO, no hay libertad y progreso si una tecnología causa muertes prematuras evitables y daña el clima por acumulación de gases, con consecuencias devastadoras, según la comunidad científica global. Como sea, la intención del Gobierno es cumplir los objetivos de la UE de descarbonización en 2050.

2.-“Va en contra del progreso y la neutralidad tecnológica» Luis Aires (BP)

NO, no puede haber neutralidad tecnológica si unas tecnologías emiten CO2 y otros contaminantes y otras tecnologías no (Vehículo Eléctrico y H2 con electricidad renovable).

3.-Crea incertidumbre» en el sector automovilístico.” Luis Aires (BP)

SÍ. Pero les avisa con 22 años para que aceleren su transición. ¿Qué otra industria ha sido avisada con 22 años?

4.-“Esa medida restringe la libertad de desarrollo del sector, poniendo además en riesgo la competitividad y el empleo» Luis Aires (BP)

NO: (a) el sector de combustibles fósiles solo puede desarrollarse de manera sostenible inventando alguna tecnología segura y barata de captura y almacenamiento de los productos de la combustión: CO2, NOx, PM,…  lo que parece imposible con 1.300 Millones de vehículos a motor dispersos en todo el mundo. (b) La competitividad nacional debe mejorar pues las energías renovables ya son más baratas que las fósiles y siguen abaratándose. (c) El empleo debe mejorar si se reemplazan energías importadas intensivas en gasto variable (combustible) por energías nacionales intensivas en coste de capital (construcción y montaje) con costes marginales tendentes a cero (agua, sol y viento renovables).

 

5.-“Que las distintas tecnologías compitan entre sí en igualdad de condiciones” Luis Aires (BP)

Puede ser, pero eso exigiría la internalización, en los precios de los combustibles fósiles, del daño que causan a la sociedad, tanto por la mortalidad anticipada de sus contaminantes químicos como por el cambio climático que causan sus gases de efecto invernadero.  En todo caso, la exigencia de descarbonización impulsada por la UE será de obligado cumplimiento.

6.-«Se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que preguntó qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico» Luis Aires (BP)

NO, esos impuestos apenas dan para el mantenimiento de las infraestructuras, las carreteras.  La fiscalidad de los carburantes, una vez contabilizado el uso de sus infraestructuras es casi nula, según Nera Consulting. En la transición, la fiscalidad de los combustibles fósiles debe subir y  la fiscalidad de la electricidad sin emisiones debe bajar. Toda la flota, sea eléctrica o fósil, deberá contribuir al mantenimiento de las carreteras. O sea, los 17.000 M€ deberán ser pagados por los coches eléctricos cuando sean el 100% de la flota. Entre 33 millones de vehículos (DGT- 2016), resulta una media de 500€ anuales.

 7.- «Esto es golpe en la línea de flotación de la economía y a las principales empresas exportadoras» Imaz (Repsol) 

NO. Esto es un golpe en la línea de flotación del sector de combustibles fósiles. Es verdad que exportan, pero una fracción de lo que importan. Si se refiere a la industria del automóvil, tienen 22 años para reinventarse y seguir exportando coches eléctricos. La economía española debería mejorar su balanza comercial y se generará empleo neto.

8.- Imaz (Repsol) pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica«. «No hipotequemos al ciudadano«.

Sin comentarios…

Es totalmente comprensible su reacción. Está en riesgo de desaparición todo su modelo de negocio. Pero la sociedad debe erradicar los gases de efecto invernadero. La UE se ha propuesto que en 2050, sus emisiones sean CERO o casi CERO. Tendremos que empezar en serio en algún momento.  En aquellos sectores de actividad donde ya tenemos las tecnologías y, además, son más baratas, no podemos perder ni un solo año más.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Fijar un suelo para el precio del CO2

La Unión Europea (UE) tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en 2020, un 40% en 2030 y entre un 80 y 95% en 2050, siempre con respecto a los niveles de 1990. Para España estos compromisos se concretan en objetivos de reducción de emisiones diferentes, vinculantes a nivel estatal en algunos horizontes temporales y no vinculantes en otros. Estos objetivos requieren una transformación radical de nuestro modelo energético y pueden parecernos muy ambiciosos, pero en realidad ni siquiera llegan a ser suficientes.

El reciente informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) titulado El cambio climático de 1,5°C alerta de que, para evitar que el aumento de la temperatura media del planeta supere 1,5°C, es necesario descarbonizar nuestra economía de una manera más acelerada y profunda de lo que se estimaba hasta ahora, alcanzando un sistema global con emisiones netas nulas en 2050. De acuerdo con este informe, limitar el aumento de temperatura a 1,5°C en lugar de 2°C disminuye muy significativamente la probabilidad de fenómenos extremos asociados al cambio climático y reduce el riesgo de cambios de larga duración o irreversibles.

La UE también tiene unos compromisos relativos al porcentaje de energía de origen renovable y aumento de eficiencia que, además de contribuir a los objetivos de reducción de emisiones, tienen otras ventajas asociadas como la reducción de la contaminación local, por ejemplo, los episodios de contaminación del aire en grandes ciudades como Madrid, un menor consumo de combustibles fósiles y otros materiales o la generación de empleos asociados.

Además de estos compromisos, el principal mecanismo que la UE ha implementado para conseguir los objetivos de reducción de emisiones es el mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (conocido como ETS, siglas en inglés de European Trade System). Así, las actividades incluidas en los sectores ETS, que representan aproximadamente la mitad de las emisiones de la UE y entre las que se incluyen la generación de electricidad y los grandes consumos industriales, deberán adquirir en el mercado tantos derechos como emisiones de gases de efecto invernadero resulten de su actividad.

Los sectores no ETS (agricultura, edificación, residuos y transporte excluyendo la aviación), responsables de la otra mitad de las emisiones, no están obligados a adquirir derechos de emisión. Las estrategias para reducir las emisiones de los sectores no ETS se centran en el ahorro, la eficiencia, y el uso de energías renovables, así como en incentivos fiscales que propicien tanto la selección de tecnologías menos contaminantes como cambios de comportamiento.

Figura 1. Distribución por sectores de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en 2016. Fuente: European Environment Agency.

Pero volvamos al mercado de derechos de emisión. La justificación conceptual de esta herramienta es sencilla: el pago por el derecho de emisión es un mecanismo para internalizar los costes ambientales asociados a dicha emisión. Uno de los principales defensores de la tasación de las emisiones de gases de efecto invernadero es William D. Nordhaus, premio Nobel de economía de este mismo año. El comité de los Premios Nobel destacó que el profesor Nordhaus había demostrado que «el remedio más eficiente para los problemas causados por gases de efecto invernadero es un esquema global mediante el cual se impone una tasa de carbono universal».

El párrafo anterior requiere varios comentarios adicionales. En primer lugar, no está demostrado que remedios alternativos, tales como una fuerte regulación para reducir, a tiempo y en cantidad suficiente, las emisiones de CO2 no sean más efectivos. En segundo lugar, el propio concepto de internalización presenta muchos inconvenientes pues ¿cómo se traduce a un precio de CO2 la pérdida de biodiversidad asociada con la desaparición de un ecosistema, la extinción de una especie o las muertes humanas causadas por fenómenos extremos asociados al cambio climático?

Además de estas salvedades, el problema es que el mercado de derechos de emisión europeo lleva varios años siendo prácticamente inútil, puesto que el precio que ha estado fijando el mercado para los derechos de emisión es tan bajo que no supone en realidad ningún estímulo ni siquiera para, por ejemplo, dejar de utilizar fuentes de generación de electricidad altamente emisoras como las centrales de carbón.

Figura 2. Evolución del precio de los derechos de emisión de CO2 en €/tCO2. Fuente: sandbag.

Después de más de seis años por debajo de 10 €/tCO2, el precio de los derechos de emisión ha comenzado a subir en los últimos meses, llegando a superar 20 €/tCO2 entre los últimos días de agosto y los primeros de octubre de 2018. En España, algunos han asociado la progresiva subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista que comenzó en mayo de 2018 con el aumento del precio del CO2. Sin embargo, existen varias causas adicionales que influyen directamente en esta escalada de precios. Una es el aumento del precio de las materias primas que utilizan algunas centrales, carbón y gas natural. La otra, es el carácter oligopólico del mercado mayorista: esto permite que, cuando el coste de una determinada tecnología aumenta (bien por un aumento del coste de la materia prima, bien por un aumento del precio del CO2), el precio al que ofertan el resto (incluida la hidroeléctrica) también lo hace, de manera que los impuestos ambientales, en lugar de alterar el orden de entrada al mercado y desplazar las tecnologías más contaminantes, se traduce en un aumento del precio que fija el mercado. Como resultado de este funcionamiento deficiente, en septiembre de 2018 el precio medio del mercado eléctrico no solo ha sido un 45% más alto que el valor medio para el mismo mes del año anterior, sino que las emisiones de CO2 han resultado un 18% superiores.

¿Cómo podemos garantizar que el precio del CO2 sea el suficiente para cumplir su cometido, es decir, reducir las emisiones asociadas a los sectores ETS tan rápido como es necesario para limitar las consecuencias del cambio climático?

Así pues, ¿cómo podemos garantizar que el precio del CO2 sea el suficiente para cumplir su cometido, es decir, reducir las emisiones asociadas a los sectores ETS tan rápido como es necesario para limitar las consecuencias del cambio climático? Podríamos resignarnos a pensar que debemos esperar a que Europa diseñe un mecanismo más efectivo, pero la realidad es que no tenemos tiempo, como nos recuerda el último informe del IPCC, el cambio climático avanza ya demasiado rápido para eso. Por ello, la experiencia de Reino Unido, todavía ejecutada en un contexto de pertenencia a la Unión Europea, puede servirnos de ejemplo a imitar.

Reino Unido introdujo en 2013 la política de apoyo al precio del carbono (Carbon Price Support) mediante la cual se establece un suelo para el precio de los derechos de emisión. En caso de que el precio de los derechos de emisión en el mercado resulte inferior a este suelo, aquellas actividades emisoras deben pagar una tasa por sus emisiones igual a la diferencia entre el precio que fije el mercado y el valor del suelo.  Además, el valor del suelo va aumentando con el tiempo, lo cual ha permitido a Reino Unido incentivar una descarbonización acelerada dentro del mecanismo vigente del mercado de derechos de emisión. El valor actual del suelo es de 18 £/tCO2 (21,6 €/tCO2) y permanecerá fijo hasta 2020. Los efectos de esta medida, que se concretan en el cierre de algunas centrales de carbón y la sustitución de generación basada en carbón por gas, has sido muy positivos. Las emisiones asociadas al sector eléctrico en Reino Unido se redujeron a la mitad en cuatro años,  desde 159 MtCO2 en 2012 hasta 78 MtCO2 en 2016. Como consecuencia, el país ha alcanzado niveles de emisión de CO2 tan reducidos que no se veían desde finales del siglo XIX.

 

Figura 3. Evolución del uso de distintos combustibles en Reino Unido y del precio del CO2. Fuente:  Wilson & Staffell, Nature Energy 3, 2018.

 

Figura 4. Evolución de las emisiones de CO2 en Reino Unido entre 1860 y 2016. Fuente: Carbon Brief.

Fijar un suelo para el precio de las emisiones de CO2 en nuestro país daría una señal estable en el largo plazo que podría servir para acelerar la descarbonización del sistema eléctrico y del resto de actividades incluidas en los sectores ETS. Si esta medida se acompaña de la necesaria reforma del mercado eléctrico que permita que cada tecnología cobre según su coste de generación, el precio del CO2 servirá como una herramienta efectiva para alterar el orden de entrada al mercado, expulsando del sistema a las tecnologías más contaminantes. Aun teniendo claro que no podemos limitarnos a establecer mecanismos de mercado para alcanzar una economía compatible con un aumento de temperatura medio del planeta inferior a 1,5°C y que esta no es la única herramienta que necesitamos, es una de las que podrían resultar más efectivas a corto plazo.

Por Marta Victoria – Observatorio Crítico de la Energía marta victoria

Gas fósil en transporte. Nuevo informe de T&E ¿Estamos locos?

La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones entre el 80% y el 95% en 2050. La mayor parte de las emisiones corresponden a la generación de electricidad, el transporte y la calefacción. Pero una tercera parte están repartidas entre agricultura, ganadería, procesos industriales, bosques, residuos y otros. Para descarbonizar algunos de estos procesos (ganadería, industria) o bien carecemos por el momento de la tecnología o bien es demasiado cara. Simultáneamente, la demanda de bienes y servicios, incluida la energía, seguirá subiendo en la UE y en el resto del mundo. Por lo tanto, para poder cumplir sus objetivos, la UE deberá apostar por programas ambiciosos de Eficiencia, Electricidad Renovable y Electrificación del Transporte y la Calefacción. Por lo tanto, en 2050 las emisiones por Electricidad, Transporte y Calefacción deberán ser CERO o Casi-CERO.

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Fuente: www.transportenvironment.org

Hay un intento por parte de las grandes empresas de Oil&Gas de realizar esa transición con gas fósil. Con la pretensión de que el gas es limpio y el complemento necesario para la generación renovable y el camino hacia el gas renovable: biometano e hidrógeno.

El gas natural no es limpio. Al quemarlo produce el 85-90% del CO2 que producen la gasolina o el gasóleo (del tanque a la rueda, Tank-to-Wheels, TTW). Pero al extraerlo, licuarlo, transportarlo, regasificarlo y distribuirlo, se producen fugas de metano. Y el metano es entre 28 y 86 veces más potente que el CO2 atrapando calor (dependiendo de que repartamos su efecto en 100 o en 20 años, respectivamente). Aceptando un valor intermedio, digamos 50, bastaría con fugas acumuladas del 1% para que el efecto invernadero del Pozo al Tanque fuera el 50%, (Well to Tank, WTT). Es decir, el efecto invernadero TOTAL del gas natural es comparable al de los demás hidrocarburos, gasolina o gasóleo. “Es mejor para la calidad del aire”, dicen. Bueno, es casi lo mismo, según veremos.

En conclusión, utilizar el gas para una transición hacia la descarbonización es como beber brandy (38º) en lugar de vodka (41º) en el camino hacia la desalcoholización.

Transport & Environment ha publicado hoy este informe-tesis de 80 páginas, titulado Vehículos y buques propulsados por gas natural: Los hechos, donde analizan los impactos ambientales del uso masivo del gas fósil en transporte terrestre y marítimo. Y estas son sus conclusiones:

1.- Efecto climático

Las emisiones del pozo a la rueda (o a la hélice) de los vehículos a gas son entre el 88% y el 109% de las emisiones con diésel.

Para turismos, ese rango está entre el 93% y el 106% comparado con turismos equivalentes a gasóleo. Para camiones, estiman que el rango es entre el 98% y el 105% comparando con el mejor camión a gasóleo y dependiendo de la tecnología. Para el transporte marítimo, ese rango es entre el 88% y el 109% comparando con el gasóleo marino (MGO).

Los datos definitivos dependen de las fugas de metano. Y estas son muy difíciles de medir. En algunos procesos, como el fracking, las fugas son inmensas e imposibles de medir. En otros procesos, como extracción, licuefacción, transporte, regasificación y distribución… depende de muchos factores, de los países en los que están esas infraestructuras y de su estado de conservación. En 2010, el metano representó el 20% de las emisiones mundiales de gases invernadero. Alcanzaron las 550 Mt y crecen cada año en unas 25 Mt, de las cuales, 17 Mt se atribuyen a la extracción de Oil&Gas.

2.- Efecto en la calidad del aire

Los turismos a gas emiten NOx y partículas a niveles parecidos a los equivalentes a gasolina y algo menos que sus equivalentes a gasóleo que cumplen con los límites RDE. Pero los gasóleo Euro 7 serán comparables al gas o la gasolina en este apartado.

Para camiones, ni el GNL ni el GNC ofrecen mejoras significativas  con respecto a los Euro VI.

Para buques, la ventaja del GNL es clara, solo si la comparamos con el fuel oil pesado (HFO), pero se pueden conseguir emisiones similares equipando los buques con sistemas de postratamiento SCR y DPF y utilizando el gasóleo marino (MGO) de bajo contenido en azufre.

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Fuente: https://www.transportenvironment.org

3.- Biometano

Sin duda, el metano de origen en vertederos, granjas, residuos, etc. puede considerarse sin emisiones NETAS, pues ese metano ya existe. Por lo que lo mejor que podemos hacer es quemarlo. Por desgracia, el potencial de este combustible lo calculan entre un 6,2% y un 9,5% de las necesidades del transporte… Hay mejores usos de este gas, por ejemplo, descarbonizar la calefacción o la electricidad en el sitio donde se produzca. Sin tener que transportarlo a las gasineras.

4.- Fiscalidad

Hoy el gas fósil apenas contribuye a los impuestos de hidrocarburos en la UE. Su única posibilidad de expansión desde el punto de vista comercial es que esas exenciones fiscales se mantengan. De media, en la UE, el gas paga 9,51€/GJ menos que el gasóleo y 16,21€/GJ menos que la gasolina. En España, el gas natural de movilidad ni siquiera contribuye al mantenimiento de las carreteras. Esto no tiene ningún sentido.

5.- La transición hacia el futuro utilizando GAS

La transición masiva hacia el gas requeriría inversiones billonarias en infraestructuras, en vehículos y redes de distribución. Y mantener el apoyo fiscal permanente a un combustible casi tan nocivo como lo que se quiere erradicar. En una región, la UE, que apenas produce gas fósil y que debería multiplicar sus importaciones de Rusia, Norte de África y EEUU (LNG) ¿Estamos locos?

Lo que la UE debe hacer es apostar con ambición por la movilidad de emisiones CERO.

 Anexo:

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Fuente: https://www.transportenvironment.org

La Tabla 6 del informe (arriba) muestra las emisiones de cinco modelos “iguales”, de prestaciones similares, con los datos oficiales del fabricante. Y sus emisiones desglosadas, del tanque a la rueda (TTW, emisiones en uso) + del pozo al tanque (WTT, de la cadena de suministro). Los resultados son inapelables: el coche a gas-gasolina emite entre 123 y 149 gramos/km, lo mismo o más que el de gasolina (130) o el de gasóleo (132). Solo el eléctrico a baterías emite 36 g/km, según el mix de generación UE 2017. Además, ese mix será tendente a CERO en 2050.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

La evolución de emisiones en España, radiografía de un fracaso

emisionesPor Begoña María Tomé – Gil – Responsable de Cambio Climático en ISTAS

El último informe de Comisiones Obreras sobre la evolución de las emisiones de gases de invernadero en España no trae buenas noticias. Hace 15 años que no aumentaban tanto las emisiones. El informe estima que en 2017 las emisiones de estos gases fueron 339,2 millones de toneladas de CO2 equi­valente y que aumentaron un 4,5% respecto al año anterior. Se trataría del crecimiento anual más alto de emisiones desde el año 2002, antes de que entrara en vigor el Protocolo de Kioto.

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Actualmente la mayor parte de las emisiones se generan en el consumo y procesado de los combustibles fósiles. El incremento de las emisiones en 2017 se explica principalmente por el aumento del uso de carbón para la generación eléctrica en un 21% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 31,8%. También subió el consumo de petróleo en un 0,5% y el de gas natural un 9,8%. En el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,4% ese año.

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España es una radiografía perfecta del fracaso en la acción climática.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario. La política energética española se ha caracterizado en las últimas décadas por desarrollar una política activa de oferta. Esto ha sido así en el sector eléctrico, con una sobrecapacidad del parque generador más que reconocida y unos gastos derivados injustamente soportados por los consumidores particulares y más vulnerables.

Hasta el momento no se han tomado medidas contundentes para la reducción y gestión de la demanda de energía. Más bien lo contrario.

Y de forma calcada ha ocurrido con las políticas públicas del transporte que se han basado en el crecimiento continuado de infraestructuras innecesarias que han depredado el medio ambiente y acaparado el gasto público. Así, tras una política expansiva en la construcción y el urbanismo, las emisiones en 2007 llegaron a estar por encima del 50% los niveles de 1990.

A partir de 2008, las reducciones en las emisiones se explican fundamentalmente por la crisis económica y la caída de la producción industrial.

emisiones

Más tarde con la estabilización y crecimiento de la economía las emisiones se vuelven a recuperar lo que demuestra la ineficacia e inconsistencia de las políticas climáticas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética en empresas y hogares y fomentar una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías, entre otras.

A pesar de que las energías renovables han sido hasta ahora el principal factor de reducción real de las emisiones en nuestra sociedad, en 2012 el actual Gobierno frenó drásticamente la instalación de nueva potencia y en los últimos años las emisiones españolas han fluctuado muy influenciadas por la hidraulicidad de cada año. Es decir, con menos lluvias se quema más carbón y gas.

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética

España previsiblemente cumplirá con los objetivos climáticos a 2020 gracias al efecto de la crisis en la reducción de emisiones, pero va a tener muy difícil alcanzar los objetivos europeos a 2030 sino acelera el ritmo de la transición energética. Y eso que los compromisos se establecen en base al segundo año más alto en emisiones en nuestra historia, el año 2005.

Los compromisos para España para 2030 son una disminución del 26% de las emisiones de los sectores difusos (transporte, residencial, comercial, agricultura y ganadería, residuos, ….) y una reducción del 43% para los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión (sectores energéticos e industriales, ETS) respecto a 2005.

Según CCOO, en 2017 las emisiones totales fueron un 22,8% superiores a las de 2005, y con estas cifras no se llega.

Basta con mirar las previsiones que daba el Gobierno español de incumplimiento de los objetivos a 2030 en base a las emisiones de 2016 que fueron mejores que las de 2017.

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España, la peor evolución del top 10 en la Unión Europea

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el último cuarto de siglo ha sido positiva en Europa pero muy negativa en España. España es uno de los países más emisores de la UE-28 y de los que más ha aumentado sus emisiones.

El análisis de la evolución de las emisiones respecto a los niveles del año base de 1990, referencia del Protocolo de Kioto, refleja que las emisiones crecieron un 17,91% en 2017. Una foto que también nos deja mal en comparación con otros países que ya han publicado un avance provisional de sus emisiones en ese período. Alemania habría disminuido un 27,70%, Reino Unido un 43% y Finlandia un 21%.

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Los datos de 2017 consolidan el mal comportamiento en emisiones de España, uno de los países con mayor recurso solar y de los más vulnerables a los impactos climáticos en Europa. De los 10 de países europeos más emisores de gases de efecto invernadero en 1990, el nuestro es el que muestra peor balance. En el período 1990-2015 fue el único que aumentó sus emisiones, mientras que el resto del top 10 redujeron sus emisiones de media un 26%.

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España es un lastre para que el conjunto de la Unión Europea cumpla con el Acuerdo de París. Esperemos que el nuevo gobierno entienda la descarbonización de la economía como una estrategia propia, como una oportunidad inmejorable para el cambio del modelo energético y productivo, para impulsar políticas sectoriales de innovación, para poner en pie una industria intensiva en conocimiento, para rehabilitar nuestras ciudades y nuestros edificios y en definitiva para impulsar la creación de empleo de calidad no deslocalizable.

 

Renovables y ferrocarril: ¡Vivan los novios!

Por Santos Núñez de Campo – Gerente de Sostenibilidad en Renfe Operadora

Este amor viene de lejos. Finalizada la guerra Franco-prusiana, en 1879, el primer tren eléctrico moderno fue presentado por Werner von Siemens en Berlín en un circuito de 300 metros, más parecido al tren de la bruja que al Tren de Alta Velocidad.  

A lo largo del pasado siglo el ferrocarril eléctrico se asentó en las metrópolis del mundo en forma de funiculares, tranvías, metros y cercanías, así como en las duras rampas de los tendidos ferroviarios tradicionales gracias al acceso directo a recursos energéticos hidráulicos adosados al ferrocarril.

La crisis del petróleo de los ’70 sirvió para electrificar las principales rutas de viajeros y mercancías, preparando el salto disruptivo que significa la Alta Velocidad desde 1964  en Japón. Al día de hoy, estamos ante nuevas oportunidades para reforzar la electrificación de las cadenas logísticas de mercancías y  de las ofertas multimodales de viajeros.

Olvidamos, a veces, que los trenes eléctricos son vehículos eléctricos. Y si no existieran, habría que inventarlos: el ferrocarril es el modo de transporte de viajeros y de mercancías que presenta un menor impacto ambiental en su conjunto.

Es el modo que menos energía consume por unidad transportada, que presenta unos menores niveles de emisiones de CO2, que menos contribuye a la contaminación local en las áreas urbanas, y que genera un menor impacto acústico. La ocupación del terreno realizada por las infraestructuras ferroviarias es también, en términos relativos,  menor que el espacio ocupado por las carreteras.

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