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Claves para entender las directivas del Pacto Verde Europeo

Al calor de la COP25 de Madrid, el Consejo Europeo aprobó el Pacto Verde en 2019. Abrió también la puerta a que el gas fósil y la energía nuclear pudieran considerarse actividades sostenibles, con una ambigüedad premeditada en la que nada es lo que parece, para reducir el 55% de las emisiones en 2030. En 2020 se publicó el Reglamento (UE) 2020/852, sobre el marco para facilitar las inversiones sostenibles. Supone una corrección de las directivas del “paquete de invierno”, que Francia y Alemania confirmaron en la COP26 de Glasgow de 2021.Bandera con estrellas amarillas

Según el reglamento sobre inversiones sostenibles, las actividades que emitan gases de efecto invernadero o contaminen podrán etiquetarse como verdes si contribuyen a algún objetivo de sostenibilidad. Las directivas del paquete “Fit for 55” deberán atenerse a la taxonomía de Bruselas, lo que permitirá inversiones sostenibles para seguir contaminando. La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, justificó la etiqueta verde al gas y la nuclear “a falta de otras alternativas viables”.

Esta incoherencia es posible por el Reglamento (UE) 2020/852, sobre el marco para facilitar las inversiones sostenibles, que entró en vigor el 12 de julio de 2020. Establece los criterios para determinar qué actividad económica se considera sostenible a efectos de determinar la sostenibilidad de una inversión. Sin una comprensión de lo que significa esta nueva taxonomía es difícil entender las directivas de eficiencia energética y renovables de 2023 y 2024 y cómo sus avances y mejoras se mezclan con la ambigüedad y la confusión climática para alargar el uso de los combustibles fósiles y la energía nuclear.

La taxonomía europea prioriza la neutralidad tecnológica

La nueva taxonomía europea ha sustituido la prioridad del principio de “neutralidad en carbono” o neutralidad climática, que permite avanzar en la descarbonización excluyendo las actividades que utilicen combustibles fósiles o que dañen la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de las personas, por la prioridad del principio de “neutralidad tecnológica, por el que todas las actividades sirven para luchar contra el cambio climático y habrán de ser tratadas en igualdad de condiciones, aunque emitan gases de efecto invernadero.

Este cambio es el que exigían los lobbies gasistas, petroleros, nucleares, del automóvil o los países más carboneros de la UE. Por eso el Reglamento no excluye ninguna actividad y hace que la ambigüedad se extienda por todo su articulado. El artículo 9 establece los seis objetivos para calificar el grado de sostenibilidad medioambiental: mitigación, adaptación, recursos hídricos y marinos, economía circular, control de la contaminación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

La etiqueta verde se obtendrá solo con contribuir sustancialmente a uno de los seis objetivos, si no se perjudica significativamente a alguno del resto o si se trata de actividades sin otra alternativa viable, aunque emitan gases de efecto invernadero. El coladero para las actividades insostenibles medioambientalmente, como el gas, el petróleo y hasta el carbón o la nuclear, se abre a todas las tecnologías.

El artículo 10 concreta cómo una actividad económica contribuye sustancialmente a mitigar el cambio climático y a “estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero” mediante una relación de medios, renovables y eficiencia energética principalmente, sin ninguna excepción para los combustibles fósiles y la energía nuclear. Sin embargo, para las actividades que no dispongan de alternativa de bajas emisiones, tecnológica y económicamente viable para limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC, la Comisión deberá evaluar “todas las tecnologías actuales pertinentes”, denominadas “actividades de transición” en el artículo 19.

El artículo 16 define las “actividades facilitadoras” como aquellas actividades económicas que permitan a otras actividades distintas realizar una contribución sustancial a uno o varios de los objetivos, teniendo en cuenta el ciclo de vida. Es la mejor descripción de a qué conduce el principio de neutralidad tecnológica y cómo lo insostenible puede convertirse en sostenible.

La mención al ciclo de vida es el mismo argumento utilizado hace décadas contra las energías renovables y hoy contra el vehículo eléctrico para acusarlos de ser actividades más contaminantes que las fuentes fósiles. Es como dar credibilidad a los informes pagados por los monopolios de los combustibles fósiles contra las tecnologías limpias de carbono o a la actividad consultora de parte sin ninguna transparencia.

El artículo 19 establece los criterios técnicos para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad contribuye de forma sustancial a cada uno de los objetivos. Entre los criterios destacan el de respetar la neutralidad tecnológica, basarse en pruebas científicas concluyentes (sin expresar por quién serán elaboradas), el principio de precaución, tener en cuenta el ciclo de vida, si se trata de una actividad facilitadora, si son coherentes con un plan para limitar la temperatura a 1,5ºC o su impacto en el mercado. Los criterios garantizarán que la generación de electricidad con combustibles fósiles sólidos no se considere actividad sostenible.

Son criterios tan ambiguos y contradictorios entre sí que abren el paso a todo tipo de actividades que retrasarán la transición energética, la descarbonización de la economía y los objetivos climáticos de la UE.

Un reglamento climático de 350 páginas

El Reglamento delegado (UE) 2021/2139, sobre criterios técnicos de selección de actividades sostenibles, publicado en diciembre de 2021, desarrolló el citado artículo 19 para cada una de las actividades económicas. Los criterios están determinados por los conceptos de “actividades facilitadoras” y “actividades de transición”, pero no citan actividades relacionadas con el gas fósil ni la energía nuclear. Sin embargo, estas actividades se citan en los considerandos como “energía sin efectos sobre el clima”.

Con respecto a las “actividades de transición”, de elevadas emisiones y con potencial para reducirlas, pero sin alternativa técnica y económica viable de bajas emisiones, deben considerarse por su aportación a la mitigación del cambio climático sobre pruebas científicas, incluyendo expresamente en los considerandos (27) y (28) las actividades de energía nuclear y de gas natural.

Cómo afecta a las directivas del paquete “Fit for 55”

Las sutilezas de estos dos reglamentos climáticos se han trasladado a las directivas del paquete “Fit for 55”.

La Directiva (UE) 2023/2413, de energías renovables, establece que se considerarán renovables los combustibles renovables de origen no biológico y de carbono reciclado si reducen las emisiones al menos un 70%, impulsa la combinación del uso de “energías no fósiles” en circunstancias nacionales específicas, combustibles renovables de origen no biológico o hidrógeno producido con combustibles fósiles y normaliza la relajación de la evaluación ambiental que con carácter “temporal y extraordinario” aprobó el Reglamento (UE) 2022/2577.

La Directiva (UE) 2023/1791, de eficiencia energética, establece para los sistemas de calefacción y refrigeración la eliminación del uso de los combustibles fósiles “a excepción del gas natural”.

La Directiva (UE) 2024/1275, de eficiencia energética de edificios, traslada el criterio del Reglamento delegado (UE) 2021/2139, que considera la renovación de edificios como actividad sostenible si logra un ahorro de energía del 30% como mínimo.

Existe la posibilidad de que el mercado sea más inteligente

La importancia del Reglamento (UE) 2020/852 es que la etiqueta verde para una inversión que se califique como sostenible dará acceso a fondos europeos, créditos del Banco Europeo de Inversiones y ayudas nacionales. Los recursos destinados a actividades dudosamente sostenibles, como el gas fósil, el autogas, la nuclear o captura de CO2, se detraerán de los apoyos a las inversiones en eficiencia energética, renovables, almacenamiento, vehículo eléctrico, generación distribuida o gestión de la demanda. La confusión generada servirá para justificar inversiones contaminantes o que emitan gases de efecto invernadero, alargando así el consumo de combustibles fósiles.

Si el Reglamento se aplicara al pie de la letra, todas las actividades de combustibles fósiles, fracking, energía nuclear, captura de CO2 o cualquier energía alternativa quedarían excluidas. Pero su ambigüedad y sus contradicciones permitirán que los gobiernos lo conviertan en el Reglamento europeo del “greenwashing” para dar un paso atrás en la transición energética, apoyando una recuperación más gris que verde de la economía europea.

Existe la posibilidad de que el mercado sea más inteligente e imponga la mayor demanda de inversiones limpias sobre las que ensucian el planeta, por su mayor competitividad y accesibilidad; pero el Reglamento de la taxonomía va a facilitar a la vez las inversiones sostenibles y las insostenibles, lo que es una incoherencia continental, una falta de liderazgo y una decepción.

El Pacto Verde Europeo nació mal y empeora con su desarrollo porque no ha dejado de ser desde el inicio un ejercicio de engaño climático para tapar las trampas de la regla de la unanimidad en las instituciones europeas.

 

*Artículo original publicado Energías Renovables

Por Javier García Breva– Patrono de la Fundación Renovables

¿Cómo revolucionar la rehabilitación en España? La clave es unir la fotovoltaica a la bomba de calor

Europa se encuentra en la encrucijada de un cambio climático acelerado, experimentando un calentamiento que duplica la tasa global, con una temperatura media que ha aumentado en 2,2°C desde inicios del siglo pasado. España, debido a su ubicación geográfica, se sitúa entre los países más vulnerables a estos cambios, enfrentándose a olas de calor, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y mega-incendios de manera cada vez más frecuente. 

En este contexto adverso, nuestras viviendas se convierten en refugios climáticos, pero la realidad actual en España es que muchas no están preparadas para afrontar estos desafíos. El parque edificatorio, en su mayoría antiguo e ineficiente, contribuye al 30% del consumo energético y al 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. El objetivo que nos han marcado desde Europa es ambicioso, pero muy necesario: tener un parque de edificios plenamente rehabilitado en 2050, aspirando a que todos estén totalmente descarbonizados, a que el consumo de energía que demanden sea muy bajo y a que esa pequeña demanda pueda ser suplida generando su propia energía. Para dar una perspectiva de la magnitud, en 2030 debemos rehabilitar en España casi 1.400.000 viviendas.  

Pero es que, gracias a la rehabilitación, además de conseguir adaptar nuestros edificios a la problemática del cambio climático, es la herramienta clave para eliminar la pobreza energética en nuestro país, una “enfermedad” que impide vivir a muchas familias con un confort térmico adecuado dentro de sus casas, pasando frío en invierno y calor en verano. Al disminuir las necesidades de calefacción y refrigeración de nuestros edificios con medidas de rehabilitación, y electrificar nuestros consumos, nuestro bolsillo también se beneficiará de facturas mucho más baratas. 

En este contexto, la Fundación Renovables ha publicado hoy un estudio que identifica cuáles son las medidas y tecnologías con un mejor balance entre el coste que suponen y el impacto en la reducción de consumos y emisiones. La implementación de estas medidas se ha analizado para un mismo edificio plurifamiliar en los tres tipos de climas más comunes de España (Atlántico, Continental y Mediterráneo). Las medidas analizadas incluyen las aplicadas en la envolvente (fachadas SATE, vegetales y ventiladas, sustitución de ventanas, trasdosado por el interior, ruptura de puentes térmicos y revoco de mortero y cal), la protección solar (toldos y lamas), la climatización (bomba de calor) y el autoconsumo fotovoltaico. 

Tras realizar el análisis costo-eficiente, el informe concluye que la bomba de calor es la medida que consigue una mayor eficacia respecto a la inversión económica necesaria en todos los climas. La segunda más eficiente es la ruptura de puentes térmicos, una medida pasiva de fácil y rápida implantación en todos los edificios españoles. El tercer lugar lo ocupa la hibridación entre autoconsumo y bomba de calor que, además, consigue reducir las emisiones de la vivienda un 90% respecto al valor inicial, pudiendo convertir un edificio con una calificación energética “E” en los 3 climas analizados en un edificio “A” 

Ante el desafío climático en el que ya nos encontramos, y la necesidad apremiante de abordar la eficiencia energética en la edificación, desde la Fundación Renovables al Gobierno y a la administración, tanto a nivel nacional como regional, que tomen medidas concretas con urgencia. Es imperativo implementar políticas y programas que fomenten la rehabilitación energética de los edificios, priorizando soluciones costo-eficientes como la bomba de calor, la ruptura de puentes térmicos o el autoconsumo fotovoltaico. La inversión en estas medidas no solo mitigará los impactos del cambio climático, sino que también generará empleo a escala local, disminuirá la pobreza energética de familias vulnerables y adaptará nuestros edificios al aumento de la temperatura y la frecuencia de olas de calor. La acción decisiva de los gobiernos hoy marcará la diferencia en la construcción de un futuro sostenible y resiliente al cambio climático. 

Puedes encontrar el informe aquí.

Por Juan Fernando Martín– Responsable de cambio climático de la Fundación Renovables

Domingo

Creo que este blog, que acogió una decena de colaboraciones suyas, es el ámbito adecuado para hablar de Domingo. Quiero olvidarme ahora de términos y conceptos como “obituario”, “homenaje” o “glosar su figura”. Lo que quiero, lo que necesito, horas después de saber que nos ha dejado, es escribir sobre él, sobre la persona y sobre el personaje, que lo era y con letras mayúsculas. Y por ahí puedo empezar para comentar que pocas veces he visto tanta coherencia entre una y otro. Domingo Jiménez Beltrán era en su proyección pública el mismo maño terco, perseverante, entusiasta, recto e inagotable que podías encontrar en la intimidad.

Debajo del sombrero de ala ancha que lucía casi todo el año encontramos siempre a un hombre generoso hasta el extremo, cercano para todo el mundo, directo, entrañable, preocupado por los problemas de su entorno personal tanto como lo estaba por los que tenía y tiene este planeta.

Autor: Pedro Armestre

Aprender de él, colaborar con él ha sido un privilegio que hemos tenido un par de generaciones de los que nos preocupamos y ocupamos de “esto del medio ambiente”, un medio que para él abarcaba muchos más dominios que el estrictamente ambiental. Desde sus primeras responsabilidades en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que acogía en los años ochenta las competencias en materia ambiental, hasta su último proyecto —siempre pensé que sería el penúltimo—, la Fundación Castillo de Chuecos, son docenas las iniciativas relevantes que puso en marcha, sí, tan importantes como los cargos y responsabilidades asumidas.

El activismo era su forma de vivir, sabía responder al pesimismo de los diagnósticos con un entusiasmo contagioso. En la Fundación Renovables, de la que fue impulsor decisivo (abril de 2010: “Sergio, esta fundación la tenemos que poner en marcha”) y luego Presidente, le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas, en todas direcciones y todas con sentido, propuestas que éramos incapaces de seguir adecuadamente.

Le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas.

Sus conocimientos y méritos le llevaron a ser el primer Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con una brillante gestión que, posteriormente, le ha brindado la oportunidad de colaborar con diversas y prestigiosas entidades en varios países. Entre las múltiples iniciativas que puso en marcha, y que lamentablemente no se plasmaron por esa parálisis de la clase política que tanto ha denunciado, quiero destacar el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios que elaboró con Joaquín Nieto, todavía en CCOO como responsable de Medio Ambiente, y del arquitecto e inquieto ciudadano Carlos Hernández Pezzi. Lo tenía todo aquella propuesta: reducción de emisiones y de dependencia energética, confort para esos hogares y creación de empleo. Pero no lo vieron los que tenían que verlo. Era algo más que una propuesta coyuntural, era un primer pilar para ese proyecto país por el que clamó durante tanto tiempo y hasta el final, pues a ello se refería en la última entrevista que se le hizo para CONAMA 22 el pasado mes de noviembre.

Domingo tenía sus mantras en los que insistía una y otra vez en artículos, conferencias y entrevistas. “La edad de piedra no se acabó porque se acabarán las piedras” repetía cuando reclamaba poner punto final a la era de los combustibles fósiles. No era suyo, pero lo usaba tanto como la idea de que “el cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso deberíamos hacer”, que no es otra tarea que la de cambiar el modelo energético. En los últimos años escribió mucho sobre la “autosuficiencia conectada”, teoría bien desarrollada con la que dejaba claro que tenemos que actuar individualmente (el autoconsumo que tanto defendió), pero coordinados en una labor conjunta.

Fue coherente con sus ideas y transformó su casa en Águilas en un modelo de lo que predicaba logrando esa autosuficiencia energética que le permitía incluso, gracias a su propia planta de desalinización (una más de sus batallas), dotarse de agua para abastecer también su magnífica huerta. Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar —siempre amablemente— a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

El lenguaje de Domingo ha sido siempre muy directo, ha eludido los eufemismos, ha empleado los adjetivos gruesos que consideraba imprescindibles y en su vocabulario no faltaban términos contundentes como “disrupción” o “cambio radical” y recurría a expresiones coloquiales para concluir una brillante y sesuda exposición con un rotundo “y punto pelota”.

Su pérdida nos deja perplejos porque uno no podía concebir que ese torrente de vitalidad, esa inquietud permanente por hacer más razonable este mundo (“es sentido común, solo eso, sentido común”), esa voz clara, comprometida y generosa se pueda callar. Nos ocuparemos de que no sea así. Gracias Domingo.

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía y patrono de la Fundación Renovables

Zonas de bajas emisiones y rehabilitación energética

El retraso de España en el desarrollo de la movilidad eléctrica se debe analizar desde la relación que existe entre el vehículo eléctrico, la recarga en edificios, viviendas y centros de trabajo y la regeneración del entorno urbano. Estos tres elementos se integran en la “la rehabilitación a escala de ciudad”, que es el reto europeo pendiente de aplicar por las administraciones que tienen las competencias exclusivas en urbanismo y vivienda, autonomías y ayuntamientos, y que explica en parte el retraso del vehículo eléctrico y la rehabilitación.

La ZBE como modelo de rehabilitación a escala de barrio y ciudad

El RD 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), es la excepción en la normativa urbanística desde que el Tribunal Constitucional anulara buena parte de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por invadir competencias autonómicas. Sin embargo, el reparto competencial no ha acelerado la eficiencia energética de los edificios, como reflejan la baja tasa de rehabilitación anual, la compleja aplicación de los fondos europeos, las dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga en edificios o las condenas de la justicia europea por la contaminación en Madrid y Barcelona.

Los requerimientos sobre cambio climático, cambio modal y eficiencia energética que el RD 1052/2022 establece para las ZBE incluyen los elementos de una rehabilitación a escala. Los entes locales definirán objetivos cuantificables y medibles para 2030 de reducción de emisiones, en particular las relacionadas con el uso del vehículo privado, facilitarán servicios y puntos de recarga para  impulsar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos, introducirán medidas de sustitución de instalaciones de calefacción por sistemas sin emisiones en los edificios promoviendo la rehabilitación energética e intervenciones urbanas de adaptación al cambio climático para atenuar el efecto de “isla de calor”, aumento de zonas verdes urbanas, sistemas de drenaje y captación de aguas.

Para el seguimiento de los requerimientos que se exigen a las ZBE se establecen indicadores sobre la evolución de los contaminantes, reparto modal del automóvil particular y transporte público, porcentaje de vehículos cero emisiones, dotaciones de infraestructuras y puntos de recarga de vehículos eléctricos, reparto del viario, porcentaje de superficie transformada en zona verde, licencias de rehabilitación, porcentaje de edificios en cada tramo de calificación energética, huella de carbono estimada a través de los datos de movilidad y edificios y una evaluación del ahorro energético estimado por cada una de las medidas.

Simbiosis de la edificación y el transporte o los retos inalcanzados de España

La regulación de las ZBE constituye el mejor ejemplo de simbiosis entre la edificación y el transporte para descarbonizar y electrificar la economía elevando los objetivos de reducción de emisiones. Representa la oportunidad de diseñar un urbanismo sostenible desde el liderazgo local y la rehabilitación energética para alcanzar los objetivos de energía y clima que solo la iniciativa del Estado no puede conseguir en los sectores difusos.

Pero esa simbiosis lleva muchos años de retraso en España. Solo el 13% de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes activarán las ZBE a tiempo, la matriculación de vehículos eléctricos está un 35% por debajo de lo previsto en el PNIEC, lo mismo ocurre con los puntos de recarga públicos y hasta junio de 2022 el Código Técnico de la Edificación no ha incluido las dotaciones de infraestructuras y puntos de recarga en los edificios, incluidas en el RD 450/2022, cuatro años después de que entrara en vigor la obligación de la Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética de edificios.

Los cambios en la regulación eléctrica y en los códigos de construcción se hacen de forma parcial y con grandes retrasos sobre los plazos que marcan las directivas europeas de renovables, mercado interior de la electricidad y eficiencia energética de los edificios. La desconfianza sobre la generación renovable y distribuida (autoconsumo) en los edificios y el modelo V2G o V2H de carga bidireccional del vehículo eléctrico planea en algunas de las medidas adoptadas.

El modelo de movilidad eléctrica que proponen las directivas europeas es el de la carga bidireccional e inteligente donde las personas pasan más tiempo

La estrategia de rehabilitación (ERESEE 2020) establece los objetivos de descarbonización y electrificación de los edificios cubriendo a través de la red eléctrica todos los consumos, dando por supuesto que la energía de la red centralizada será toda renovable, cuando la directiva de eficiencia energética de edificios define el edificio de consumo casi nulo como el que genera la energía que requiere con renovables “in situ”, en el propio edificio o su entorno. La Ley 9/2022, de Calidad de la Arquitectura, no ha concretado la puesta al día de los objetivos de calidad de la edificación y del urbanismo y se ha centrado en un concepto profundamente endogámico como es la protección de la arquitectura.

El modelo de movilidad eléctrica que proponen las directivas europeas es el de la carga bidireccional e inteligente donde las personas pasan más tiempo, es decir, viviendas, centros de trabajo y aparcamientos. Ese modelo en España está por impulsar porque se ha dado prioridad a las redes de puntos de recarga públicos de grandes operadores, eléctricas, petroleras y constructoras.

Existe una disociación entre la conciencia política y la conciencia climática que el funcionamiento de las administraciones públicas, al separar en compartimentos estancos el urbanismo, la energía y el medio ambiente, permite que se gestionen con prioridades muy alejadas de los objetivos europeos de energía y clima.

La ZBE como ejemplo de adaptación al cambio climático

La regulación de las ZBE acierta al identificar el cambio modal, la recarga de vehículos eléctricos, la rehabilitación energética y una calefacción sin emisiones como determinantes para la huella de carbono de las áreas que las delimitan, estableciendo una relación entre el diseño urbano y el uso de la energía en los edificios y el transporte. Es una visión inédita en las normas urbanísticas.

Las ZBE son un ejemplo de adaptación al cambio climático en las ciudades y de cómo esa adaptación tiene un carácter distribuido al asumir los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar la sostenibilidad de la movilidad y la edificación en la ordenación del territorio y de comprometer a los ciudadanos en el cambio de comportamientos que el cambio climático impone. La adaptabilidad al clima obliga a anteponer las cadenas de valor locales y distribuidas a las cadenas de valor centralizadas y verticales.

La oportunidad de las ZBE coincide con una dotación histórica de fondos europeos a la rehabilitación energética que ya gestionan las autonomías, con la revisión de las directivas europeas para elevar el objetivo de reducción de emisiones al 55% en 2030 y un nuevo mercado de emisiones para los edificios y el transporte. Por eso no se debe desvirtuar el alcance del RD 1052/2022 reduciendo la ZBE a peatonalizaciones y restricciones al tráfico.

El Estado debe acelerar los cambios en la regulación eléctrica y edificatoria que exige Europa y las comunidades autónomas deberán trasladar ese marco normativo a las competencias exclusivas que ejercen en urbanismo y vivienda para facilitar a los ayuntamientos el nuevo diseño urbano coherente con los objetivos de reducción de emisiones.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

 

El derecho a compartir excedentes de autoconsumo

Hace cinco años, cuando se hablaba de autoconsumo, se hablaba del (nefasto) impuesto al sol. Por suerte, el debate actual en torno al autoconsumo gira sobre la distancia del autoconsumo colectivo de proximidad y se debate sobre si la distancia adecuada es 1, 2 o 5 km (mucho mejor 5 que 1, por cierto). No estamos tan mal. No obstante, hay un elemento adicional que considero clave para el desarrollo del autoconsumo y sobre el que me gustaría poner hoy el foco: el derecho a compartir excedentes.

Antes de nada, hay que recordar la importancia de desarrollar masivamente el autoconsumo colectivo por los numerosos impactos positivos que tiene. Para empezar, el autoconsumo colectivo entra de lleno en el debate campo-ciudad, siendo la herramienta básica para llenar de paneles solares los tejados de las ciudades, de forma que la contribución urbana a la generación renovable sea lo más alta posible. El autoconsumo colectivo permite dimensionar las instalaciones de forma que ocupen todo el tejado posible, ya que lo que no autoconsuma el prosumidor se podrá asignar a consumidores próximos. Por el contrario, sin autoconsumo colectivo, los tejados quedarán a medias, limitados por el consumo del prosumidor. Cuanto más utilicemos los tejados, menos metros cuadrados de terreno necesitaremos emplear para generar energía solar y desplazar al gas ruso. Además, la propiedad de la generación eléctrica se repartirá entre más participantes y, además, con la ventaja de que las instalaciones de autoconsumo generan más empleo por potencia instalada que las plantas sobre terreno. Ojo, con eso no quiero decir que no haya que hacer plantas sobre terreno, sino que, en el reparto entre terreno y tejado, cuanto más tejado, mejor. Pero, para la transición energética necesitamos todo tipo de plantas y cuanto antes, mejor.

El autoconsumo colectivo también juega un rol clave en el debate sobre la redistribución. Gracias a compartir autoconsumo, la energía solar podrá llegar más allá de las viviendas unifamiliares, beneficiando también a personas que vivan en bloques de viviendas.

Sin duda que la ampliación de la distancia debe realizarse para poder compartir más. Mínimo, mínimo, igual que nuestros vecinos. Es necesaria, pero seguramente no suficiente. No sólo hay que compartir con más gente, sino que también es preciso compartir de una manera más sencilla, ágil y generalizable. En otras palabras, hay que aclarar de una vez por todas la forma de repartir la energía en autoconsumos colectivos.

La situación ahora es dramática para el autoconsumo colectivo. Si bien el Real Decreto 244/2019 habilita la posibilidad de compartir, en la práctica, la mayoría de las distribuidoras ponen todas las trabas imaginables y retrasan, en el mejor de los casos, e impiden compartir, en el peor y más frecuente. Es preciso pulir algunos detalles, pues si hay certeza normativa, habrá menos espacio para el abuso.

Uno de esos detalles es la figura del gestor de autoconsumo, una entidad que pueda, en nombre del consumidor, realizar el alta o la baja del autoconsumo colectivo, así como modificar los coeficientes de reparto. Otro es el reparto dinámico del autoconsumo colectivo, de forma que se pueda maximizar la asignación de energía a los consumidores. Además, esta última se trata de una medida que ya la CNMC le ha pedido, por ahora sin éxito, al Gobierno. También hay que modificar la normativa fiscal para permitir que los ingresos derivados del autoconsumo no tributen como actividad económica recurrente a efectos de IVA, sino que se pague IRPF (seguramente supondría una mayor contribución, pero mucho menos papeleo).

Pero, además, es preciso ampliar el concepto del autoconsumo colectivo, de forma que se pueda escoger entre compartir un porcentaje de la energía producida o compartir solo los excedentes. Parece banal, pero no lo es. Actualmente el modelo de autoconsumo colectivo contempla que cada participante tenga un porcentaje sobre la energía producida, independientemente de si se trata del dueño del tejado o de un consumidor próximo. Este modelo funciona para comunidades energéticas en las que los consumidores coinvierten, pero no tiene demasiado sentido para un prosumidor que quiera compartir la energía sobrante con un vecino. Acudiendo al símil de los tomates: si yo tengo un huerto, no quiero venderle a mi vecino un 25% de la cosecha, sino un 25% de los tomates que yo no consuma. Si tengo mala cosecha y solo hay tomates para mi propio consumo, no quiero estar obligado a entregarle el 25%. Por el contrario, si me sobran, porque produzco más o porque consumo menos, estaré encantado de darle una cantidad mayor. SI tengo que dar un porcentaje fijo del total al vecino, seguramente optaré por la solución de vender los tomates sobrantes (si los hubiera) en el mercado.

Por tanto, debería modificarse la normativa para regular la posibilidad de compartir los excedentes energéticos con consumidores próximos, de forma que se incentive esta práctica. Si bien un autoconsumidor puede vender a mercado solamente los excedentes, poder vender esos mismos excedentes a consumidores próximos, facilitaría esta posibilidad enormemente y aumentaría el número de instalaciones colectivas, que actualmente no llega ni al 1%. Además, este modelo se podría realizar con la configuración actual del contador, sin necesidad de añadir nuevos dispositivos (y nuevos costes).

En definitiva, si bien celebro enormemente el nuevo rumbo de la política energética, superando el periodo del impuesto al sol y favoreciendo el autoconsumo colectivo, es preciso ahora concretar la regulación para facilitar el reparto de la energía entre clientes próximos en la práctica. Y para ello, es preciso consagrar el derecho a compartir excedentes.

Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables

Un cuento de trenes, sostenibilidad y objetivos europeos

Los niveles de CO2 en la atmósfera y la temperatura media global no dejan de aumentar: la contaminación por Gases de Efecto Invernadero (GEI) causada por las actividades humanas atrapó un 49% más de calor en la atmósfera en 2021 que en 1990. A pesar de las buenas palabras y discursos, está claro que lo que nos hace falta son actos. Unos actos valientes, ambiciosos y decididos hacia un escenario en el que no tengamos que vivir episodios cada vez más extremos de sequías e incendios, como el reciente de Sierra Bermeja, o de asfixiantes olas de calor, como la que acabamos de padecer en la Península en una temporada inusual, y por la que la ONU ha advertido que se han superado en algunos territorios más de 10ºC la temperatura media para esta época. Ya estamos viviendo el cambio climático y son malas noticias, porque solo acaba de empezar.

Entre una de sus causas se encuentra el sector del transporte, responsable de un cuarto de las emisiones de GEI en Europa. Dentro del sector, casi el 90% de estas emisiones pertenecen al transporte por carretera. Si de verdad pretendemos disminuir un 90% nuestras emisiones para 2050 con respecto a 1990, este sector puede ser tanto un enorme aliado para lograr los objetivos europeos, como una fuente inagotable de gases contaminantes. Y en este punto, el transporte por ferrocarril en Europa puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos.

España cuenta con más de 15.000 km de vías férreas, con un 64,2% de la red ferroviaria electrificada, según el último informe del observatorio del Ferrocarril en España. Si nos fijamos en la densidad ferroviaria (longitud de la red/superficie del país), España tiene 32 metros de vía/km2, estando por detrás de la media europea (51,81 m/km2) y muy por detrás de otros países con los que, por sus dimensiones físicas y económicas, podríamos compararlo, como son Alemania (93,5 m/km2) o Italia (57,3 m/km2). Teniendo en cuenta que perseguimos tener un sistema eléctrico 100% renovable, las locomotoras que utilicen esas vías podrían transportar tanto pasajeros como mercancías sin emisiones asociadas. Con los objetivos que tenemos planteados en las diferentes hojas de ruta y el auge que está teniendo la generación de energías renovables en nuestro país, parece una inversión segura electrificar y aumentar la red ferroviaria y favorecer el transporte en ferrocarril, en detrimento de otros sectores como el de carretera.

Según el último informe anual del sector ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cuota modal del ferrocarril de mercancías volvió a bajar del 4,0% al 3,6% T.km netos en 2020, indicador que lleva más de 5 años bajando. Esto es debido, entre otras razones, a que comparte vías con los trenes de pasajeros (y estos gozan de prioridad); a que el sector industrial está menos desarrollado en España que en otros países del entorno y es un sector que genera una gran demanda de transporte o a la falta de estructura por donde poder circular, lo que dificulta, en muchos casos, ofrecer servicios a destino final sin la participación de otro sector.

El Plan Mercancías 30, con su versión definitiva recientemente publicada, pretende inyectar más de 8.000 M€ al sector del transporte de mercancías por ferrocarril, buscando llegar al 10% de la cuota para 2030. En las alegaciones que presentamos desde la Fundación Renovables a la Ley de Movilidad Sostenible, proponíamos que el plan estratégico del ferrocarril contemplase una completa electrificación de la red ferroviaria española para 2025 y alcanzar, al menos, un 20% del transporte de mercancías por ferrocarril. Sería un buen punto de partida para electrificar el transporte de mercancías, pero hay claroscuros en la propuesta de Ley que deben ser analizados para comprobar si todo el plan está enfocado en la sostenibilidad o se sigue optando por la dependencia de los combustibles fósiles.

Son grandes aciertos fomentar la intermodalidad en el sector del transporte de mercancías con los puertos y con terminales que permitan el traspaso de mercancías de unos actores a otros o las mejoras en las infraestructuras. Pero, lo cortés no quita lo valiente: incentivar la compra de locomotoras que funcionen con GNL o con GNC es un grave error si queremos llegar a una descarbonización completa del sector. Las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente y Economía del Parlamento Europeo han rechazado, hace unas semanas, considerar el gas como energía sostenible, dejándolo fuera de la taxonomía verde que promueve las inversiones sostenibles. En España deberíamos tener el mismo criterio. Fomentar el uso de hidrógeno como combustible para las locomotoras también es otro error: Estaríamos utilizando hidrógeno producido con electricidad para, posteriormente, producir electricidad con ese hidrógeno. Un acto completamente ineficiente. Esta apuesta solo tendría sentido si la red no estuviera electrificada.

Con una electrificación del 100% de las vías y una generación de esa electricidad con fuentes 100% renovables conseguiríamos reducir notablemente las emisiones de GEI, ser mucho más eficientes en el consumo de energía y tener un sector de transporte de mercancías independiente del mercado energético exterior.  

Tener la capacidad de transportar las mercancías en nuestro país sin depender de los aumentos de los costes derivados de situaciones geopolíticas o de fluctuaciones del mercado es algo que se debería tener muy en cuenta, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino, incluso, desde el de la seguridad nacional. Durante la peor época de la COVID-19 estuvo garantizada la disponibilidad de materias primas para nuestra industria o de alimentos gracias a la resiliencia del sector, que supo reaccionar y funcionó perfectamente. El sector del transporte de mercancías ya ha demostrado que, ante una crisis, es capaz de actuar y lograr encauzar los intereses de todos los ciudadanos. Lo que falta ahora es que le demos las herramientas para que nos ayude a luchar contra otra crisis, con peores consecuencias que la que acabamos de pasar, la emergencia climática.

Para que esto ocurra, además de poner a disposición del sector esos 8.000 M€, es necesario también que la administración disponga de los medios humanos y técnicos para poder asegurar que todas las ayudas llegan y que son bien utilizadas para los fines últimos del Plan Mercancías 30.

El futuro del transporte será 100% eléctrico, con el ferrocarril como eje vertebrador de la movilidad sostenible, tanto para mercancías como para pasajeros, y como herramienta para lograr los objetivos de descarbonización europeos.

Por Juan Fernando Martín– Técnico de proyectos de la Fundación Renovables

El Consejo de la Unión Europea debe apoyar que todas las furgonetas nuevas sean eléctricas a partir de 2035

El pasado 8 de junio, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría que todos los coches y furgonetas nuevos que se vendan a partir del 1 de enero de 2035 sean eléctricos. De esta manera, se logrará una reducción del 100% en las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos que sean matriculados a partir de dicha fecha. Hay un objetivo intermedio para 2030 que consiste en un recorte de esas emisiones del 55% para los coches y del 50% para los vehículos comerciales.

Esta decisión del Parlamento Europeo es digna de encomio, como lo fue la propuesta presentada en ese mismo sentido por la Comisión Europea el pasado 14 de julio, dentro del paquete legislativo “Fit for 55”, cuyo objetivo es lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea en un 55% en 2030 (en comparación al nivel de emisiones de 1990) y situar a la UE en la senda de lograr la neutralidad climática en 2050. Se trata de uno de los conjuntos normativos más ambiciosos y significativos de la historia para avanzar en la transición ecológica hacia la descarbonización de la economía.

Sin duda, esa decisión es merecedora de elogios y alabanzas pues, como denunció Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) de la Eurocámara, los días previos a la citada crucial votación, el Parlamento tuvo que afrontar un ‘tsunami de lobby’ anticlimático por parte de algunas importantes empresas y asociaciones empresariales del sector de la automoción. Canfin precisó en un artículo de opinión publicado en Le Monde que, “En opinión de ciertas grandes compañías, la acción climática está bien…, pero sobre todo para los demás”.

El próximo 28 de junio, le toca al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptar una decisión sobre esta cuestión. Suponemos que esos mismos lobbies que tratan de obstaculizar la acción climática estarán ahora presionando a los responsables de los ministerios de medio ambiente de los Estados miembros de la UE, que son quienes componen el citado Consejo, pero sería una grave irresponsabilidad que los respectivos ministros y ministras no respaldaran la propuesta de la Comisión Europea de que todas las furgonetas y coches nuevos sean eléctricas en 2035.

Lamentablemente, parece que Italia, junto con Portugal, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, han caído en las redes del lobby anticlimático pues han hecho una propuesta de última hora para retrasar varios años la consecución del objetivo de la reducción del 100% de las emisiones de GEI de estos vehículos, especialmente significativa en el caso de las furgonetas (un retraso de 5 años), lo que rebajaría enormemente la ambición climática de la UE y pondría el riesgo de cumplir los objetivos de descarbonización de la UE recogidos en su Pacto Verde.

Ese retraso propuesto por Italia sería muy negativo para la industria española del automóvil ya que en España se fabrican ya 8 modelos de vehículos eléctricos ligeros. Ya hay varios grandes fabricantes ensamblando 8 modelos de furgonetas eléctricas en las fábricas de Vigo-Zaragoza (Stellantis: Citroën, Peugeot, Opel, Fiat y Toyota) y Vitoria (Mercedes), además de los planes del consorcio Volkswagen-Ford, para fabricar furgonetas eléctricas en Sagunto-Almussafes. Es decir, a España le interesa que se confirme la fecha de 2035 para marcar el final de ventas de vehículos de combustión interna incluyendo furgonetas, para poder vender los modelos puramente eléctricos a toda Europa (y al resto del mundo).

Esta pretensión de Italia, especialmente insistente en retrasar la descarbonización del sector de las furgonetas, es sumamente irresponsable desde el punto de vista de salud púbica y medioambiental y no se entiende en absoluto tampoco desde el punto de vista económico, pues las furgonetas eléctricas son ya hoy día, mayoritariamente, más baratas que los vehículos diésel, según un reciente análisis de Transport & Environment (T&E) sobre el coste total de propiedad (TCO) de estos vehículos.

En la Unión Europea, las emisiones de GEI de las furgonetas son un problema cada vez mayor. Con el auge de las entregas a domicilio, las ventas de furgonetas se han incrementado notablemente (un aumento del 57% entre 2012 y 2019), pero en los últimos años los avances en la reducción de sus emisiones se ha estancado de modo que en 2020 éstas seguían al mismo nivel que en 2017 (las emisiones medias de las furgonetas nuevas en 2017 y 2020 fueron de 156 gCO2/km según la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA).

Debido a ello, las furgonetas son, con diferencia, el tipo de vehículos cuya contribución al cambio climático ha crecido más dentro del sector del transporte por carretera (un aumento del 58% en comparación con 1990). Las furgonetas también contribuyen en gran medida a la contaminación atmosférica y representan el 14% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos en las ciudades, lo que afecta negativamente al 70% de los europeos que viven en zonas urbanas (según datos del International Council on Clean Transportation, ICCT, referidos a París y del Joint Research Center, JRC, de la UE).

No debemos olvidar tampoco las 307.000 muertes prematuras anuales debidas a las partículas finas en los 27 Estados miembros de la UE en 2019 (informe de la AEMA). Ésta calculó que en total se produjeron 400.000 muertes prematuras causadas por la contaminación atmosférica. Los ciudadanos tienen derecho a un aire limpio en toda Europa. La prohibición de los vehículos (motos, coches, furgonetas, autobuses y camiones) de combustión interna es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, la protección del medio ambiente y avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Según el estudio de T&E citado más arriba, que, además de la de España, analiza la situación de Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido (que en conjunto suman el 76% de las furgonetas nuevas vendidas en Europa), la furgoneta eléctrica media es ya un 25% más barata por kilómetro que su equivalente diésel.

A pesar de sus ventajas en coste, no hay suficiente oferta de furgonetas eléctricas para satisfacer la creciente demanda. Las ventas de furgonetas eléctricas están aumentando muy lentamente: solo el 3% de las ventas de furgonetas nuevas fueron eléctricas en 2021, lo que supone un ligero aumento con respecto al 2% de 2019. Muy por detrás de los coches eléctricos de batería, que ya suponen un 9%.

Ante esta realidad, además de adoptar la decisión de que todas furgonetas (y coches) nuevas que se vendan a partir de 2035 sean eléctricas, el Consejo debería aprobar una mejora de los objetivos intermedios propuestos por la Comisión en materia de emisiones de GEI, de modo que se exija una reducción del 25% de las emisiones medias de CO2 de las furgonetas en 2025, un nuevo objetivo intermedio del -45% en 2027 y del -80% en 2030, y, por supuesto, del -100% en 2035.

Por ejemplo, ese objetivo a 2027 permitiría ahorrar 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, el equivalente a la contaminación anual total de las furgonetas españolas. A su vez, unas normas más estrictas también reducirían el consumo anual de petróleo de las furgonetas europeas en un 7% en 2027, un paso importante para acabar con la dependencia de las importaciones rusas. Además, unos objetivos más ambiciosos ahorrarían a las empresas europeas 13.100 millones de euros en el periodo 2025-2030 gracias a los menores costes de funcionamiento de las furgonetas eléctricas.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

La transición energética, tan próxima y tan lejana

La dependencia europea de los combustibles fósiles está en el origen de la invasión de Ucrania por Rusia. Los europeos estamos pagando un precio elevado por los errores de la política energética de Alemania y la ambigüedad de las instituciones europeas que defienden una regulación diseñada para un modelo energético dominado por la energía fósil. En un momento en el que el planeta supera el récord histórico de concentración de emisiones, la exigencia de anteponer el principio de neutralidad climática al de neutralidad tecnológica es hoy mayor que nunca.

La transición energética se cuestiona en 2022

La agresión rusa ha devuelto al gas, al petróleo y al carbón un protagonismo que parecía perdido para siempre. Suben los precios, crecen la demanda, las importaciones, el valor en bolsa, los beneficios y dividendos de los combustibles fósiles a costa de una guerra injusta, la devastación de Ucrania, crímenes de guerra y millones de personas en riesgo de pobreza por la inflación y la crisis alimentaria.

Los que ganan con la guerra de Putin y su amenaza al resto de Europa han aprovechado la oportunidad para cuestionar la transición energética. El consejero delegado de REPSOL, Josu Jon Imaz, y su presidente, Antonio Brufau, advirtieron ante su junta general sobre las negativas consecuencias de la transición energética y de la normativa europea que limita el uso de los hidrocarburos y criticaron las energías renovables por “arbitrarias, que no responden al impulso humano”. El sector gasista vuelve a reclamar, sin estudios de demanda, nuevos gasoductos que conecten España con Francia e Italia, ocultando que deberán pagarlos los consumidores de gas por ser infraestructuras básicas. Hasta el gobernador del Banco de España ha alertado del daño que provocará la transición verde a las rentas bajas.

Acelerar la transición energética como consecuencia de la invasión de Ucrania lo consideran un “salto en el vacío”, una fantasía que solo servirá para transferir rentas de los pobres a los ricos. ¿Y no es eso lo que ocurre con el actual diseño del mercado? Detrás de los discursos que cuestionan la transición energética se oculta la oposición a que se modifique la conformación de precios de la electricidad en el mercado mayorista.

El gobierno de España pidió la modificación del “pool” y el Consejo Europeo de marzo acordó que la Comisión Europea estudiaría la desconexión del mercado eléctrico de los precios del gas y los beneficios extraordinarios de las eléctricas. El mercado mayorista funciona como un mecanismo de extracción de rentas en el que participan bancos, eléctricas y petroleras que especulan con un bien básico y universal para optimizar sus beneficios.

Una definición de la transición energética

Es muy importante saber lo que queremos decir cuando hablamos del concepto de transición referido a la energía. Es difícil encontrar una definición en las normas europeas y nacionales; sin embargo, la Ley 16/2017, del cambio climático, aprobada por el Parlamento de Cataluña, es pionera porque en su artículo 2 la define como la transición hacia una sociedad con consumo nulo de combustibles fósiles, descarbonizada y desnuclearizada, y un sistema energético descentralizado con energías 100% renovables, fundamentalmente de proximidad. El artículo 19 desarrolla este modelo de proximidad como de generación distribuida. Primero se define el modelo energético y, en segundo lugar, el mix energético. La neutralidad climática se antepone así a la neutralidad tecnológica.

Por el contrario, la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Congreso de los diputados, establece los objetivos sin definir el concepto de transición ni el modelo energético con el que se pretende avanzar en la descarbonización. Todo se deriva a futuros desarrollos normativos, dejando en el aire desde el cumplimiento del Acuerdo de París hasta la trasposición de las directivas europeas. La ley da amplio margen a una ambigüedad que retrasa el desarrollo de las energías limpias y permite alargar el uso de los combustibles fósiles sin reconocer los derechos de los consumidores activos.

Instrumentos regulatorios para un modelo de generación distribuida

La generación distribuida convierte cada centro de consumo en un centro de generación, capaz de ajustar la oferta y demanda de energía en tiempo real. El centro de un modelo energético distribuido lo ocupa el consumidor activo que genera, almacena, agrega, consume y vende su propia energía renovable en contraposición a la integración vertical de muy pocas empresas que controlan el modelo centralizado.

El desarrollo del modelo de generación distribuida se establece en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética desde el lado de la demanda:

-Reglamento (UE) 2018/1999 y Recomendación (UE) 2021/1749, que establecen el principio de “primero, la eficiencia energética”. Obliga a contemplar alternativas de eficiencia energética antes de autorizar nuevas instalaciones de generación. La energía más importante es la que no se produce porque no es necesario utilizarla.

-Directiva (UE) 2018/2001, de renovables, que regula los derechos de los autoconsumidores y las comunidades de energías renovables, el apoyo a la microgeneración renovable y a los pequeños actores para que participen en los mercados energéticos y la creación de entornos favorables al autoconsumo y las comunidades de energías renovables.

-Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética de edificios, que desarrolla el “edificio de consumo de energía casi nulo” como el edificio de muy alta eficiencia con autoconsumo, energías renovables en calefacción y refrigeración, microrredes, recarga de vehículos eléctricos y aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda.

-Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de electricidad, que desarrolla los instrumentos de eficiencia energética, como el cliente activo, las comunidades ciudadanas de energía, la agregación y agregadores de la demanda, el almacenamiento, los contadores inteligentes, los precios dinámicos, el vehículo eléctrico conectado a la red o las redes de distribución cerradas.

Los recursos desde el lado de la demanda han de formar parte de la “planificación integrada de los recursos energéticos” y su evaluación ha de ser anterior a los objetivos de oferta de generación, para que las inversiones sean coherentes con la evolución de la demanda.

Los recursos energéticos distribuidos (DER) permiten resolver el conflicto entre energía y territorio, asociado a las instalaciones energéticas a gran escala, y proteger a los consumidores de los elevados precios de la energía y de la inflación, asociada a la generación centralizada y la especulación de los mercados energéticos por la falta de competencia.

El retraso en el desarrollo de los instrumentos regulatorios de eficiencia energética que establecen las directivas europeas perjudica a la economía, por los elevados costes de la energía, y a los consumidores, por las barreras para acceder a los derechos que les otorgan como consumidores y clientes activos.

Los recientes expedientes abiertos por la Comisión Europea a España por incumplimiento de las directivas de eficiencia energética de edificios y del mercado interior de la electricidad y proyectos de ley tan decepcionantes, como el de calidad de la arquitectura o de movilidad sostenible, marcan la distancia entre los compromisos climáticos y la voluntad de avanzar en la transición energética.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

España gana la primera batalla para cambiar el mercado eléctrico europeo

No han pasado diez años desde que Alemania y Países Bajos impusieran al sur de Europa el “austericidio” y la dimisión del ministro griego de economía Yanis Varoufakis para afrontar la gran recesión con recortes sociales, desigualdad y pobreza, cargando a la sociedad el rescate de los bancos. El resultado fue la insignificancia geopolítica de la UE y el ascenso de la extrema derecha antieuropea y rusófila. El Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo era otra encerrona de alemanes y neerlandeses para pagar entre todos la dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. La diferencia entre lo sucedido en 2015 y 2022 es que España y Portugal han conseguido parar, de momento, la intención de los países ahora llamados “frugales”, pero derrochadores de combustibles fósiles. La alianza ibérica hace posible que la transición ecológica no sea la primera víctima colateral de la invasión rusa de Ucrania.

Esta primera victoria ha sido doblemente trabajada por la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propuesta que en 2021 presentó a la Comisión Europea su vicepresidenta Teresa Ribera para modificar el mercado eléctrico, desconectar el gas de los precios de la electricidad y gravar los “beneficios caídos del cielo” que perciben las eléctricas. La Comunicación de la Comisión Europea del 23 de marzo recogió las propuestas españolas y el Consejo ha aprobado un tratamiento especial para la península ibérica, pues su mínima capacidad de interconexión eléctrica la convierte en una isla energética. Se ha dado un plazo a la Comisión para que presente en mayo medidas de emergencia para el mercado eléctrico, desconectarlo de los precios de los combustibles fósiles y regular los “beneficios caídos del cielo”. La excepción ibérica permitirá proteger a los consumidores de los precios del gas en la tarifa eléctrica fijando un precio de referencia, que aprobará la Comisión, para limitar su influencia en el precio final de la luz.

Solo se ha ganado el primer asalto y habrá que esperar al estudio que realice la Comisión para avanzar en la reforma del mercado eléctrico europeo. Pero el paso dado es tan importante que las propias eléctricas han acudido a Bruselas a negar que existan “beneficios caídos del cielo” y defender lo bien que funciona el mercado mayorista; por su parte, la oposición política ha ridiculizado lo conseguido por Pedro Sánchez, como ya hizo con los 140.000 millones de los fondos del Next Generation UE.

La energía sigue sin ser una política común europea

El mayor fracaso del Consejo Europeo ha sido constatar que sigue sin considerar la energía como política común europea. Se intentó en el frustrado proyecto de tratado de la Constitución Europea de 2003, pero se eliminó del texto y cada Estado miembro decide libremente sobre energía, con lo que Europa cuenta con 27 mercados energéticos distintos. Este hecho ha tenido consecuencias negativas al tratarse de un mercado eléctrico europeo, a diferencia del de los EEUU, controlado por muy pocas empresas, sin competencia y con una conformación de precios diseñada para garantizar los ingresos de un sistema energético dominado por los combustibles fósiles. Es un mercado especulativo que solo beneficia a las eléctricas convencionales.

El mercado energético europeo es una falacia. No existe por el abuso de posición dominante de unas pocas empresas y la falta de reguladores independientes de la competencia. Es la razón por la que el Consejo Europeo no ha aprobado la modificación del mercado mayorista para que los consumidores se beneficien de la mayor generación renovable ni ha aprobado la mayor sanción a Rusia: cortar las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Si los ucranianos arriesgan la vida por su soberanía ¿por qué los europeos no arriesgan nada por su soberanía energética?

En el primer mes de la invasión rusa de Ucrania Europa ha pagado a Putin más de 17.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles. También Naturgy ha seguido importando gas ruso a través de buques metaneros. Mientras acoge refugiados ucranianos y sus parlamentos aplauden al presidente Zelenski, Europa llena las arcas del presidente ruso para financiar la invasión de su país. El mercado energético europeo es inmoral por naturaleza.

La Comisión Europea confirma todo lo que las eléctricas niegan

La Comunicación de la Comisión Europea, que se presentó un día antes del Consejo Europeo, confirmó los argumentos de Teresa Ribera sobre un mercado eléctrico roto. Por un lado, propone limitar los precios mayoristas de la electricidad y del gas estableciendo compensaciones o interviniendo con precios de referencia; por otro, propone gravar los beneficios excesivos de las eléctricas o establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación. Bruselas obligará a que la capacidad de almacenamiento de gas cubra un 80% de las necesidades, pero no propone nuevas interconexiones gasistas.

La respuesta de las eléctricas fue un artículo de los presidentes de Iberdrola, Enel (Endesa) y EDF negando que tengan beneficios extraordinarios y manifestándose en contra de intervenir el mecanismo de formación de precios para no destruir el mercado de la electricidad. Está claro que se refieren a los mercados nacionales donde cada una de ellas opera en condiciones privilegiadas y sin competencia, pero no a un mercado europeo abierto a la competencia de millones de consumidores que no existe porque ellos mismos lo impiden. La batalla continuará en los tribunales en cuanto España tome las primeras medidas que ha autorizado el Consejo Europeo. Frente a la necesidad de reformar el mercado eléctrico, las eléctricas proponen que el mercado está bien como está. Mientras Bruselas y el gobierno de España han priorizado la protección de los consumidores, al sector eléctrico solo le preocupa la protección de sus accionistas y sus operaciones corporativas.

La Agencia Internacional de la Energía propone lo que Europa ignora

El Consejo Europeo ha pasado por alto los principios de la Unión de la Energía y de las directivas de eficiencia energética, renovables y mercado interior de la electricidad. Ha perdido la oportunidad de plantear una iniciativa de reducción de la demanda energética, encaminada a consumir menos gas y petróleo, y acelerar el nuevo paquete “Fit for 55” para sustituir las importaciones rusas con renovables, eficiencia energética y electrificación, actuando sobre la demanda de energía y no, como se ha hecho, sobre la oferta.

Los días 3 y 23 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía hizo públicos sendos decálogos para que Europa logre la independencia energética de Rusia. Europa podría reducir una tercera parte de sus importaciones de gas ruso en un año y reducir 2,7 millones de barriles diarios de petróleo ruso impulsando políticas de movilidad sostenible y eléctrica, así como medidas de desarrollo de proyectos eólicos y solares, sustitución de calderas de gas y rehabilitación energética.

Según Fatih Birol, la rehabilitación energética de las viviendas más antiguas ahorraría el equivalente al gas que recibe Europa a través del Nord Stream I. Cuanta más eficiencia menos dependencia energética.

Las conclusiones del Consejo Europeo no van a cambiar un mercado energético que en realidad no es tal. Cada Estado miembro irá por su cuenta a resolver sus problemas de suministro frente a una Comisión Europea dominada por la voluntad alemana de no modificar la conformación de precios que tan bien les va a los monopolios energéticos. Lo que España deberá evitar a toda costa es que en este escenario europeo las medidas para abaratar la luz se conviertan en más costes reconocidos al sector eléctrico que se cargarán, como siempre ha sucedido, a los consumidores de luz y gas. Para eso habría que hacer otra ley del sector eléctrico y otra ley sobre el regulador independiente de la competencia.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables