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Las claves de un tema que nos afecta a todos

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Fiscalidad ecológica 4.0, veinte años después

Por Jordi Ortega – Experto en Energía jordi ortega

Fiscalidad ecológica 1.0 a la ley de renovables

Hace veinte años tenía lugar un interesante debate sobre la fiscalidad ecológica. Los Verdes alemanes proponían en su programa electoral incrementar a 5 DM el litro de gasolina (aún no había euros, equivale a 2,56 euros). Realizarlo en 8 años. En aquella época el precio del barril de petróleo estaba a 12 dólares ¿Se hizo Los Verdes un “harakiri”? Su lema en la campaña electoral de 1998 era: “0,30 marcos anuales”. Tenía un error táctico: la “baja elasticidad” de la demanda. Era preciso un incremento inicial de 15%, de 0,50 DM; para, después, mantener crecimiento lineal del 5%. Buscaba mejorar la eficiencia energética, impulsar la innovación tecnológica, crear empleo y  reducir un 25% las emisiones de carbono.

En abril de 1999 se aprobaba la reforma fiscal ecológica a los pocos meses del formarse un gobierno de SPD y verdes en octubre de 1998. No era un impuesto ecológico “finalista”. Servía para reducir cotizaciones sociales. El crecimiento económico hasta la crisis energética se basaba en disponer de recursos energéticos abundantes y baratos, y distribuir rentas con impuestos sobre ingresos. Se gravaba a bienes y desgravaba a males. En el año 2000, a iniciativa del parlamento, ante la pasividad y resistencia del gobierno, se aprobaba una tasa finalista sobre el kWh: servía para retribuir la energía renovable con un precio regulado (FiT). En 1999 se aprueba “programa de 100.000 techos solares” (siguiendo el exitosos modelo en Japón, en Alemania hasta 2004 se instalan 400 MW).

Freno a la transición energética

Lo primero que cayó fue ese programa. Fue abolido en 2004 con la excusa de que los mercados de carbono actuarían de forma más eficiente. La tasa para retribuir a la renovable sobrevivió, quizá porque los resultados vendrían después. Se intensificó la presión para abolir la tasa finalista al kWh que el SPD mantuvo hasta que 2009. Cuando salieron del gobierno y entraron los liberales la eólica deja de ser retribuida a precio regulado, la industria dejó de pagar dicha tasa y se cubrió con la tasa la diferencia del precio de pool, no el precio de mercado. Los dos céntimos pasaron a ser 6 céntimos kWh.

En 2013 INSM lanzó la campaña: “650 euros por segundo de subvenciones”; reciclada en “520.000 millones de subvenciones a la transición energética hasta 2025” (incluida todos peajes que nada tenían que ver con las energías renovables). La reforma de 2013 y 2015 supuso sustituir precios regulados por precios competitivos de “subastas”. Se puso techos a las renovables, con subastas desiertas, y se apartó a los ciudadanos de una papel activo en la transformación del modelo energético. Hay muchos mercados que funcionan muy eficazmente con “precios regulados”. Desde el 2013 la tasa al kWh se mantuvo en 6 céntimos, pero frente los 24 GW instalados en 2010-2012, en 2013-2017 se instalaron, a pesar de menor coste, menos renovable que en 2004. La transición energética (Energie-Wende) se convierte en Final energético (Energie-Ende).

Fiscalidad ecológica 4.0.

Claudia Kemfert del Instituto Económico Alemán (DIW) reclamaba la necesidad de una fiscalidad ecológica 4.0. Equiparar los impuestos del diésel y gasolina, equiparar fiscalidad sobre electricidad y combustibles líquidos, pero también dar una “finalidad” a la fiscalidad ecológica. Los gobiernos regionales en Alemania han reformulado el “programa de 100.000 techos solares” de 1999 para, como señala Claudia Kemfert, pasar a edificios de consumo cero.

energiewende

Gravar con 2 céntimos el kWh no logra que la factura eléctrica aparezcan los 26,300 millones de euros que es el coste que se calcula tiene la generación con carbón en el cambio climático y la salud. La fiscalidad 4.0 no se basa en el dolor de un elevado coste del carbono. Las retribuciones garantizadas fomentan una competencia entre fabricantes solares atroz. Incluso limitando el potencial al dejar fuera a los menos eficientes acelerando caídas de precios. Es el mercado el que estimula la investigación, no los subsidios. La electrificación térmica de edificios pasa por programas de 100.000 bombas de calor (automáticamente lleva a casas bien aisladas térmicamente). Falta sistemas de almacenamiento: baterías y enchufes para coches eléctricos.

En la factura eléctrica no quedan reflejados los 26.300 millones de euros que la generación con carbón tiene sobre el clima, medio ambiente y la salud. La fiscalidad 1.0 busca cubrir con impuesto ese coste, la fiscalidad 4.0 busca prescindir de la generación energética fósil. La pregunta del sigo XX es cómo generamos electricidad cuando no hay sol, ¿con gas? La pregunta del siglo XXI es cómo usamos la energía renovable: por un lado aprovechamos su multifuncionalidad en bombas de calor, coche eléctrico, baterías, etc., y, por otro lado, optimizamos la energía acumulada. No podemos seguir pensando en cargar el coche eléctrico en horario nocturno con tarifas “más baratas”.

La falacia del precio del carbono

Los mercados de carbono solo han servido para una preferencia por el gas frente al carbón cuando el precio es muy elevado. El coste para el consumidor se calculó en Alemania en 7.000 millones de euros. Supuso que el coste marginal del carbón llevara beneficios extra a hidráulica y nuclear. La renovable al hundir precios convirtió la nuclear y carbón en tecnologías ruinosas. Una tasa que hasta 2009 no supero 2 céntimos kWh, en cambio, generó 400.000 empleos, masivas inversiones en renovables, modificó el mix energético, una competencia entre fabricante provocó una caída de precios. Esta es la finalidad que debe de tener la fiscalidad ecológica 4.0: arrastrar las tecnologías complementarias a las renovables en edificios a que se desarrollen para multiplicar la productividad de la fotovoltaica. Buscar sumar en cadena aceleradores.

La energía solar tiene la ventaja, respecto a otras tecnologías renovables, que no necesita dar el rodeo improductivo y antieconómico de ser vertida a redes centralizadas. En cambio no vemos más allá de los mercados de carbono y el precio del CO2. El grupo de expertos en transición energética formado en España para informar sobre posibles escenarios proponían una fiscalidad ecológica que queda por detrás de los planteamiento de los años 90. El único resultado es recaudatorio. Los “programas” son políticas industriales ecológicas que dejan atrás todas las políticas desarrolladas que hasta ahora.

Barreras mentales

Son necesarios “mercados directos” entre particulares. La idea de un mercado europeo de electricidad que regule las cantidades de producción y de una señala precios sirve cuando existen pocos generadores. Para innumerables generadores solo en el papel suena convincente. La misma convicción con la que afirmaba que los ordenadores portátiles suponían sobrecapacidad y era algo tremendamente antieconómico. Tenemos ejemplo de empresas que desaparecen por ser incapaces de cambiar el ADN de su modelo de negocio. Nokia se deshizo en los 90 de todo lo que le apartaba de la telefonía móvil, se centró en una sola cosa. Pero en 2007 fue incapaz de ver que la tendencia era el Smartphone: desapareció. La industria del automóvil piensa que el motor diésel tiene recorrido. Aunque logre un 60% de eficiencia nunca alcanzará la eficiencia del motor eléctrico. Igual que una cámara digital siempre será más eficiente que otra con carrete. Si la fiscalidad 1.0 se pelea contra la realidad fósil, la fiscalidad 4.0 crear ese otro modelo que deja el modelo fósil obsoleto.

El desafío es poner a ciudadanos “programas” para acelerar el cambio. Las actuales subvenciones crean cuellos de botella, se acaban a las horas de salir publicadas. La fiscalidad ecológica 4.0 crea ese flujo de recursos ¿Qué hacen las empresas energéticas convencionales para adaptarse? Buscarlas rentas monopólicas de distribución cómodas y seguras pidiendo al gobierno ampliar redes. El gobierno alemán modifica la directiva para que a partir de 2026 la nueva fotovoltaica en autoconsumo garantice esos cómodos beneficios de las inversiones en redes. La negligencia del gobierno federal alemán lo compensan ciudades y regiones. Necesitamos aquí ese enfoque “finalista” e ir, directamente, a la fiscalidad ecológica 4.0. Acelerar, con programas, las tecnologías que respondan a las preguntas del siglo XXI.

Nadal ha elegido el tono, y ahora no le gusta la música que resulta

Piet Holtrop – Abogado

El ministro de Energía Álvaro Nadal, según el periódico ABC, destacó esta semana en el III Foro de Emprendedores y Autónomos de ATA que los recortes a las Energías Renovables según él les habían ahorrado a los Españoles 175.000 millones de Euros. Lo ha calculado él mismo, haciendo un ejercicio de sumar unos números fuera de su contexto, y sin tener en cuenta el efecto depresor que tienen estas tecnologías en el mercado mayorista, que según auditores expertos en la materia oscila en el 19% sobre el precio de este mercado.

Si miramos valores históricos, hasta el último día de vigencia del antiguo sistema retributivo este efecto causaba un equilibrio casi perfecto de la retribución a las Energías Renovables y el ahorro en costes que generaban en el mercado mayorista. Discrepo por lo tanto de la lectura parcial y tendenciosa que hace este Ministro de los hechos. Lo calificaría como verdad alternativa (lo que antaño se llamaba mentira).

Nunca es tarde para nuestro querido ministro para rectificar. Ha elegido el tono, y ahora no le gusta la música que resulta de ello. El tono es su regulación, y la música es la litigiosidad que provoca.

Al margen de otra conferencia que se celebró esta primavera en Barcelona, este ministro se ha hartado de que existieran tantos litigios contra su regulación eléctrica. No pasa a menudo, pero en esta sí que estoy completamente de acuerdo con él. Además puedo asegurarle que las personas que han decidido entablarlos hubieran preferido hacer muchas otras cosas en vez de esto. Nunca es tarde para nuestro querido ministro para rectificar. Ha elegido el tono, y ahora no le gusta la música que resulta de ello. El tono es su regulación, y la música es la litigiosidad que provoca.

Escuchamos algo nuevo

Acabamos de escuchar recientemente la decisión del 10 de noviembre 2017, C(2017) 7384 final, State aid SA.40348 (2015/NN) de la Comisión Europea, sobre los sistemas de apoyo a las Energías Renovables en España durante el periodo más esencial de la transición energética española, hablando en términos de potencia instalada en nuestro país. Hablamos del periodo de vigencia del Real Decreto 661/2007, y del Real Decreto 413/2014. Estos dos reales decretos eran y son, respectivamente, la transposición de las Directivas Europeas vigentes en cada momento, para garantizar que la transición energética en España fuese en línea con la proyectada en la Unión Europea.

Como implementación de políticas europeas que son, los sistemas de apoyo introducidos por estos reales decretos, tienen que cumplir su legalidad, concretamente su principio de la confianza legítima, como principio fundamental de su funcionamiento. Quedaba sobradamente acreditado en el derecho Europeo desde los casos C-195/12 – IBV & Cie y C-573/12 – Ålands Vindkraft, que en otras ocasiones ya he comentado más a fondo.

Una melodía conocida

En este principio fundamental de la confianza legítima, la Comisión Europea choca fundamentalmente con su decisión, aventurándose de una manera muy poco ortodoxa, abusando de los poderes confiados en ella en otro ámbito legal de la Unión Europea: las Ayudas de Estado. Lo hace en un curioso ejercicio de inconcreción, y de mover conceptos del estilo de “dónde está la bolita” que podría haber sido inventado por el regulador español. Sigue una melodía que conocemos muy bien aquí, de esquivar el derecho aplicable.

Nadal

Por lo tanto, y por mucho que no le guste al ministro Nadal, también he tenido que impugnar esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hice presentando demanda el día 14 de marzo de este año, y el número de referencia que se nos asignó el Tribunal General de Unión Europea es el T-186/18. El Tribunal General de Unión Europea (TGUE) forma parte de la institución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y es competente para conocer los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas para obtener la anulación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente.

Sin sintonía

Justo la semana  anterior, el 6 de marzo 2018 se había dictado sentencia en el asunto C-284/16, de la República Checa contra Achmea BV, y había voces que auguraban que los arbitrajes internacionales ya no tendrían sentido, por decir esta sentencia que los tratados bilaterales en los que se fundamentan categóricamente no eran compatibles con el derecho Europeo. Así, durante un breve instante parecía que la nuestra era la última batalla que se libraría sobre los recortes a las Energías Renovables en España.

La confianza legítima de estos inversores internacionales ha sido defraudada por el Reino de España por cambiar la retribución de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energías renovables, en un momento en el cual ya no era posible para estos inversores  adaptarse, es decir, evitar de invertir en ello

El 9 de abril 2018, no obstante, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, en el caso V 2015/063, NOVENERGIA II – ENERGY & ENVIRONMENT (SCA), SICAR (Luxemburgo) contra el Reino de España, en su orden de procedimiento número 17, valora contrariamente a aquellos que pensaban que Achmea afectaría a los laudos internacionales favorables a los inversores internacionales que obligan a España devolver sumas mil-millonarias por defraudar la confianza legítima de estos inversores.

No hay sintonía entre los tribunales arbitrales, y el TJUE. El 17 de mayo 2018 se publicó otro laudo favorable para un inversor internacional, esta vez en el CIADI, de caso ARB/14/1, de MASDAR SOLAR & WIND COOPERATIEF U.A. (Países Bajos) contra el Reino de España. Mientras tanto, el pasado 27 de abril 2018, el IDAE ha tenido que abrir una licitación que se cerrará el 18 de junio 2018, para proveer al Reino de España con la defensa jurídica necesaria para defenderse contra la última demanda internacional lanzada por la entidad TRIODOS SICAV II, interpuesta en diciembre del 2017.

Ritmo español

La confianza legítima de estos inversores internacionales ha sido defraudada por el Reino de España por cambiar la retribución de las instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energías renovables, en un momento en el cual ya no era posible para estos inversores  adaptarse, es decir, evitar de invertir en ello. Estas inversiones se caracterizan por tener un coste hundido, una vez efectuadas ya no pueden modificarse.

En este aspecto se encuentran  exactamente en la misma posición que los inversores nacionales, y precisamente la falta de respeto por esta confianza legítima, es lo que me ha hecho llegar a impugnar la decisión de Comisión Europea mencionada al principio de este artículo. En un inicio era sólo el Reino de España el que pisaba este principio, pero después de una lectura con el debido detalle de esta decisión, no se puede concluir otra cosa que la Comisión Europea se ha sumado a este pisoteo al ritmo de la melodía española.

La Comisión parece no saber leer las partituras del derecho Europeo, y parece sorda a la música: Se equivoca en derecho, y de hecho. Olvida  valorar si el sistema Español del Real Decreto 661/2007 era calificable como Ayuda de Estado, y en su caso afirmativo, si estaba sobre-compensado, o no

La confianza legítima ha sido clave en la demanda que presenté contra la decisión de la Comisión Europea, justamente porque en un intento de cambiar la letra de la canción, la Comisión dice que na hay confianza legítima aquí de nadie, por tratarse de un dossier de Ayudas de Estado. La Comisión parece no saber leer las partituras del derecho Europeo, y parece sorda a la música: Se equivoca en derecho, y de hecho. Olvida  valorar si el sistema Español del Real Decreto 661/2007 era calificable como Ayuda de Estado, y en su caso afirmativo, si estaba sobre-compensado, o no.

Pasa de sus obligaciones mínimas de diligencia administrativas, ignorando estas cuestiones fundamentales, y concluye simplemente que el nuevo sistema ha absorbido el anterior, y si se perdió algo por el camino, pues mala suerte. Es lógico que sólo puede haber limitación en la confianza legítima si se ha eliminado parte de la retribución que era sobre-compensada, y además únicamente sobre aquella proporción de ella que se consideraría sobre-compensada. Sin valoración previa de tratarse o no de una ayuda de estado, sobre-compensada o no, es imposible decir que toda la reducción causada por esta absorción sería un ajuste de algo sobre-compensado. Lo dicho, es de trileros.

La cacofonía

La decisión de la Comisión parece una colusión con el Reino de España para absorber otra cosa: la jurisdicción de los arbitrajes internacionales. En este ejercicio de sus poderes conferidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión pierde de perspectiva no solo  los hechos del caso, y la base legal de su propia actuación, olvidando su obligación de razonar, sino también infringe título V de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, poniendo por encima del interés de todos los afectados de los recortes llevados a cabo en España, el interés suyo y del Reino de España de absorber la jurisdicción arbitral. Sacrificando un derecho fundamental e individualizado, para un interés incidental.

La Comisión Europea sacrifica un derecho fundamental e individualizado, para su interés incidental en los arbitrajes internacionales, y únicamente lo consigue extraviándose de sus competencias en materia de Ayudas de Estado.

Irónicamente es justamente esta confianza legítima la que han invocado los productores españoles de energías renovables en los tribunales nacionales que ahora nos ha servido para acreditar que los demandantes españoles que represento tienen un interés individualizado y concreto, que es el cuello de botella para cualquier individuo que quiere impugnar este tipo de decisiones de la Comisión Europea.

Aquí la Comisión Europea sacrifica un derecho fundamental e individualizado, para su interés incidental en los arbitrajes internacionales, y únicamente lo consigue extraviándose de sus competencias en materia de Ayudas de Estado. Sólo lo consigue haciendo su trabajo en este ámbito testimonialmente, por no valorar si el RD661/2007 constituía Ayuda de Estado, y a medias, por no valorar en su caso sí era sobre-compensado, así creando una apariencia de cuasi legitimidad para suprimir la confianza legítima en los Arbitrajes internacionales, y de paso, atentando contra la misma en los procedimientos nacionales todavía en curso.

…y el metrónomo

Siempre he dicho que la jurisdicción de la Unión Europea es el tribunal competente para interpretar el principio de la confianza legítima en los recortes a las Energías Renovables, por fin se está acercando este momento. Es hora de que el TJUE ponga un metrónomo a toda esta cacofonía de estilo libre de la Comisión Europea y el Reino de España. Metrónomo viene del griego, y combina las palabras métron y nómos, que viene a significar medida y ley.

¿Tienen algo en común Nadal y el ministro de Energía de Suecia?

Elena Alonso Asensio – Responsable de Comunicación de Fundación Renovables

“Yo no puedo pensar igual que el ministro de energía de Suecia. Tendré que pensar como el ministro de Energía de España”, dijo la semana pasada Álvaro Nadal en el Senado. Para ser exactos (o exacta), primero llegó a decir “de Economía” pero rectificó enseguida. Sería porque estaba pensando en costes y en precios, en abaratar el recibo de la luz a los consumidores españoles que es lo que más le importa, al menos así lo dijo en varias ocasiones, aunque hay que señalar que no parece tener mucho éxito en la tarea.

Y se le vio realmente preocupado por esta cuestión, tanto que pintó la situación de la siguiente manera: “España no tiene acceso a fuentes de energía baratas, no tenemos la hidroeléctrica del norte de Europa, especialmente de los países nórdicos, ni tenemos al acceso al gas noruego ni al gas ruso. Tenemos que comprar el gas de Argelia y eso hace que de entrada todos los costes energéticos en España sean más caros que en otros países. Tampoco tenemos el mismo desarrollo de nivel industrial que otros países y todavía tenemos 3.700.000 parados”.

Así las cosas, nuestro ministro de Energía señaló que después de los objetivos medioambientales (¿de verdad?), la máxima prioridad en la política energética del Gobierno es siempre el abaratamiento de los costes.

En fin, todo sumas y restas. O más bien sólo restas y con resultado negativo porque ante este panorama Nadal dice que aunque nadie duda de que es positivo introducir Energías Renovables, hay que hacerlo cuando la tecnología esté suficientemente desarrollada para no incrementar los precios (Ignora, pues, que hoy ya son más baratas). Bueno, para eso es ministro de Economía. ¡Uy! Perdón, de Energía. Ahora he tenido un “lapsus” yo.

Precios, precios, precios. Hay dos cosas que no comprendo de sus argumentos. Y tengo que decir que intencionadamente voy a obviar la cuestión del gas. Quizás peco de ingenua, no sé, pero no entiendo por qué deberíamos envidiar la hidráulica de los nórdicos. Por un lado, ha sido precisamente esta energía la que encarecido la factura de abril, aunque parece que esto tiene que ver más con cómo tenemos organizado en España el mercado de la electricidad que con la fuente de energía en cuestión.

Nosotros sí tenemos, además de agua, otras energías autóctonas, un sol que sí que debe ser la envidia de Suecia, y cada vez más viento

Sea por esto o no, por otro lado, no debemos cansarnos de recordar que nosotros sí tenemos, además de agua, otras energías autóctonas, un sol que sí que debe ser la envidia de Suecia, y cada vez más viento. Así que ya tienen algo en común los ministros de energías sueco y español: ¡energía barata y propia!

A veces pareciera que el fin –abaratar el precio- justifica los medios –estancar el desarrollo de renovables-. Exigir lo contrario no es pedir imposibles y, además, es rentable. Desde la Fundación Renovables hemos presentado un documento con más de doscientas propuestas para una Transición Energética Sostenible “justa” tanto desde el punto de vista social como económico.

Por ejemplo, en el caso del carbón, es el mercado el que quiere cerrar las centrales porque no son rentables –mientras que las renovables cada vez más-, y, por otra parte, en 2016 sólo el 5% del que utilizamos en España para generar electricidad fue autóctono. Es decir que el carbón nacional no tiene futuro pero, insistimos, nosotros defendemos que las zonas mineras no deben ser abandonadas, que el cambio hacia un nuevo modelo se debe hacer de manera social y económicamente justa, lo que por otra parte de ningún modo debe significar instalarnos en el inmovilismo.

La Fundación aboga por una “transición”, con toda la carga que esta palabra implica, es decir, planificación, calendarios, voluntad, objetivos vinculantes. Como circula por redes, canal actual de la que fuera la sabiduría popular que antaño se difundía “de boca en boca”,: “Cuando escribes un deseo y le pones fecha, se convierte en un objetivo; cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan y un plan respaldado por acciones se convierte en realidad”. Necesitamos un plan, pero España no lo tiene.

Quiero decir, que aunque el Gobierno ignore los planteamientos de la Fundación porque que defiende, entre otras cosas, el cambio de estas tecnologías frente a las formas convencionales de obtener energía, o algunos puedan calificar sus propuestas de idealistas, éstas tienen bastante más sentido común y son bastante más realistas que la actitud de Nadal de anclarse en el pasado. Nosotros sí estamos en la senda de la Unión Europea y de los informes de solventes organizaciones internacionales que apoyan que una mayor penetración de renovables es posible.

Nosotros sí estamos en la senda de la Unión Europea y de los informes de solventes organizaciones internacionales que apoyan que una mayor penetración de renovables es posible.

Aquí es muy importante, y me congratulo de que Nadal llamara la atención sobre ello, que no centremos el tema solo en la electricidad, donde por cierto es fácil confundir al consumidor con un discurso que hable de precios y facturas, que a veces muy poco tienen que ver con la fuente que se ha utilizado. Quiero decir, tenemos una oportunidad de combatir el Cambio Climático y sus impactos a la hora de acometer un cambio de modelo en cosas tan importantes como por ejemplo cómo nos movemos y cómo nos calentamos. Es necesario aumentar la presencia de las renovables en estos dos ámbitos, además de electrificarlos. Y en este punto, sí quiero mencionar al gas. No es la solución. Seguiríamos liberando emisiones que contribuyen al Cambio Climático.

Sí lo es el autoconsumo compartido, pero eso prefiero dejarlo para otro artículo, en el que me gustaría hablar de cómo esta modalidad y las microredes contribuyen a paliar la pobreza energética. Es maravilloso lo que algunos países están haciendo al respecto para permitir el acceso de la energía a mucha gente que carece de ella. Los resultados los he podido comprobar en mis años de voluntaria en la Fundación Energía sin Fronteras.

Vale, no somos Suecia pero ¿Somos Europa? ¿Qué papel estamos desempeñando en los trílogos (diálogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento) que debaten los nuevos objetivos europeos de eficiencia y renovables estos días?

En todo caso, vale, no somos Suecia pero ¿Somos Europa? ¿Qué papel estamos desempeñando en los trílogos (diálogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento) que debaten los nuevos objetivos europeos de eficiencia y renovables estos días?

Nadal explicó en el Senado que todo el Consejo aprobó en su momento un objetivo de renovables del 27% para 2030 –que el Parlamento ha elevado después al 35%, no se nos olvide-. Añadió que “luego los países que estamos desarrollando nuestras estrategias, estamos manteniendo posturas con un cierto grado de flexibilidad y España es un país que está mostrando una flexibilidad en el objetivo de renovables pero, nuevamente, vinculándolo siempre a que también tiene que tener una presión el Parlamento y el Consejo por aumentar las interconexiones porque si no nos van a hacer la vida extraordinariamente difícil”.

Espero entender mal ¿No estaremos utilizando nuestro futuro climático como moneda de cambio, verdad? Eso Suecia sí que no lo haría, quizás esa es la principal diferencia y no las fuentes autóctonas. El problema, señor Nadal, es que en Europa empiezan a hablar de nosotros como la “Polonia del sur”. Y eso hablando de energía le aseguro que no es ningún piropo.

 

 

Una primera batalla ganada en defensa de la energía limpia y sostenible

Carlos Esteban González – Jefe de Servicio de contratación de energía y eficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid va a ser la primera ciudad que opere exclusivamente con comercializadoras renovables a partir del próximo 1 de julio

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid recibía el respaldo de los tribunales y ganaba el recurso presentado por las tres principales eléctricas españolas –Gas Natural, Iberdrola y Endesa– por la exigencia de que la energía suministrada en los contratos municipales proceda de empresas que sólo comercialicen 100% renovables.

En estas líneas pretendo explicar el origen de dicho recurso y las razones por las que el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid exige dichas cláusulas.

A modo de introducción, tal y como explicaba en mi primera entrada en este blog el 21 de julio de 2017, titulado “100% renovables no es suficiente”, detallaba los principales tipos de exigencias ambientales a la hora de contratar energía eléctrica. Básicamente son los siguientes:

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Oleada de países que deciden prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el mar

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava


En diciembre del año pasado contábamos en este blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Desde entonces otros países han dado pasos importantes en la misma dirección. Así, el pasado mes de febrero, el Parlamento irlandés aprobó una Proposición de Ley sobre “Medidas de Emergencia Climáticas” que incluye que el gobierno no podrá conceder nuevas autorizaciones para la exploración de petróleo y gas en el mar. Ya en 2017 Irlanda promulgó una ley que prohíbe el fraccionamiento hidráulico (fracking) en tierra firme.

Hace sólo unos días, el pasado 12 de abril, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país ha prohibido la realización de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción de alta mar (la Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta).

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050. Aunque la  medida no afectará a una serie de permisos de exploración de hidrocarburos ya concedidos, cuya vigencia se prolongará durante una década más, es un gran paso adelante, coherente con los objetivos del Acuerdo de París, que ha sido celebrado por amplios sectores de la ciudadanía del país y por los grupos medioambientalistas.

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050

Estos han recordado, por ejemplo, que la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o recorren las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta. La medida del gobierno reduce la amenaza a los cetáceos y al resto de fauna marina de sufrir los negativos efectos del ruido submarino provocado en las campañas de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos o de que se produzcan derrames de petróleo.

Poco a poco, el espíritu del Acuerdo de París va tomando forma en diversas normas legales, en países donde los compromisos internacionales se toman en serio. Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Es más, el Gobierno Rajoy se empeña en mantener abierta la puerta a las compañías del sector de hidrocarburos, para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (en aguas profundas; y mediante la tecnología del fracking).

Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Así, hay que recordar que en 2017 el Gobierno, amparándose en un informe del Ministerio de Energía plagado de falsedades y que nadie se atrevió a firmar, vetó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Proposición de Ley del Parlamento balear  (donde se aprobó por unanimidad),  promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, cuyo fin era que no se autorizasen nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo.

El veto salió adelante en la Mesa del Congreso, donde debía tomarse la decisión de aceptar o no el veto del Gobierno, gracias al apoyo de los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos en ese órgano, pese a que éste grupo previamente se había manifestado completamente a favor de su tramitación. Otras 62 proposiciones de ley presentadas a lo largo de la legislatura por los grupos parlamentarios de la oposición o por parlamentos autonómicos han sido bloqueadas siguiendo ese mismo mecanismo. Como aquella que perseguía la eliminación del “impuesto al Sol”, proposición de Ley que fue promovida por todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, aunque luego él mismo, incoherentemente, se vetó a sí mismo en la Mesa del Congreso.

El argumento de Ciudadanos era que no podían oponerse legalmente a los vetos del Gobierno, pese a informes de los letrados de la cámara que aducían lo contrario. Ahora una sentencia del Tribunal Constitucional certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si, por ejemplo, afectan a ejercicios presupuestarios futuros (y no al que está en vigor). Ahora Ciudadanos no podría escudarse en que no podía oponerse en la Mesa del Congreso a los vetos del Gobierno a las Proposiciones de Ley, como las ya citadas. Quizá ahora la situación cambie y se puedan levantar esos vetos.

El Gobierno y todos los partidos políticos deben entender que seguir apostando por la exploración y explotación de combustibles fósiles solo sirve para obstaculizar la inevitable transición hacia un modelo energético sostenible al tiempo que exacerba los conflictos, alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad, limpia el agua y el aire e infringe los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades vulnerables, como sostiene la Declaración de Lofoten.

Ni el gas natural es ecológico ni la energía nuclear es sostenible

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

Cuando empieza a haber un amplio consenso entre la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para actuar frente al cambio climático, los sectores energéticos tradicionales maniobran, poniendo en marcha toda su capacidad de influencia mediática, ofreciéndose como parte de la solución, confundiendo y engañando a los ciudadanos, con el único fin de seguir salvaguardando sus intereses y, por tanto, asegurarse durante más tiempo sus pingües beneficios. En este contexto, llama la atención el fuerte interés por apostar por el gas natural y la energía nuclear como energías válidas para la transición energética.

En una reciente visita a la hermosa ciudad de Salamanca, observo que muchos de los autobuses urbanos de esta ciudad funcionan con gas natural. Para mi sorpresa, en todos ellos pone “Soy ecológico: propulsado con gas natural”. Vayamos por partes. Según los conceptos ampliamente aceptados, un producto lleva la etiqueta de ecológico cuando no produce daños al medio ambiente. El gas natural es una fuente de energía fósil, formada por una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros. Su combustión produce gases de efecto invernadero, si bien es cierto que en menor medida que los derivados del petróleo y que el carbón. La razón por la que produce menos C02 es que su principal componente es el metano. Sin embargo este gas cuando se escapa, bien durante su extracción o en su distribución, supone un daño 23 veces mayor al efecto invernadero que el dióxido de carbono.

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Acordar una política climática valiente es posible

José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace

Francia en el mapa

Celso Flores / Flickr

No es ciencia ficción. Es posible llegar a un acuerdo entre fuerzas políticas en principio antagónicas para decidir acabar con el uso del carbón, forzar a las empresas a reducir sus emisiones e incluso exigirles responsabilidades por su papel en el cambio climático.

El ejemplo nos viene de Alemania, donde hace justo un mes (miércoles 7 de febrero) se cerró el acuerdo entre el partido de Angela Merkel (el conservador CDU), su socio bávaro CSU y el partido socialista SPD, para formar un gobierno de coalición, acuerdo que han ratificado las bases socialistas este mismo fin de semana. No debe haber sido tarea fácil, dado que las elecciones fueron en septiembre, pero la voluntad política ha sido capaz de sobreponerse a las dificultades.

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No mirar para otro lado, las renovables son la solución

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Los costes a los que las energías renovables pueden hoy en día generar electricidad son imbatibles comparados con los de las tecnologías convencionales como el carbón, el gas o la nuclear y seguirán bajando.

Tecnologías renovables fluyentes como el viento o la fotovoltaica están en condiciones de ofertar en nuestro país a 4 c€/kWh y las centrales termosolares con almacenamiento, que permitirían suministrar la electricidad a cualquier hora del día o de la noche a 6 c€/kWh.

En un país soleado como España una parte del mix de generación al 50% entre instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas en industrias y domicilios y centrales termosolares tendría unos costes de generación en torno a 5 c€/kWh. En términos de potencia instalada equivaldría a 2/3 fotovoltaica y 1/3 termosolar, ya que estas últimas, con un campo de espejos sobredimensionado y su correspondiente almacenamiento, operarían prácticamente el doble de horas nominales que las fotovoltaicas.

Estas dos tecnologías juntas podrían representar en 2030 más del 50% de la electricidad generada en España, ofreciendo costes inferiores al mantenimiento de las centrales de carbón y a los ciclos combinados y su instalación actuaría como una potente palanca para la dinamización de nuestra economía y la generación de empleo de calidad.

Estas dos tecnologías juntas podrían representar en 2030 más del 50% de la electricidad generada en España, ofreciendo costes inferiores al mantenimiento de las centrales de carbón y a los ciclos combinados.

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Islas Baleares señala el camino con su Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Imagen: Wikipedia

La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear ha anunciado públicamente de forma reciente las líneas generales del Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está preparando.

Por lo que hemos podido conocer se trata de una ley con objetivos muy ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, actualmente inmensamente dependiente de los combustibles fósiles.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará. Para ello, se pretende avanzar hacia la soberanía energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles y el incremento de la eficiencia energética (un 20% para 2030 y un 40% para 2050) y de la generación eléctrica con energías renovables (que supondrían el 35% en 2030 y el 100% en 2050), hacer una gestión inteligente de la demanda de energía, impulsar su democratización y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Los objetivos generales de esta ley son la mitigación de las causas del cambio climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará.

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Autoconsumo en España: ¿para cuándo una ley justa?

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

 

Girasol y placa solar

Como todos los años por estas fechas, los ciudadanos que tenemos una instalación fotovoltaica de autoconsumo recibimos una factura de la compañía distribuidora de electricidad por la que nos cobran los peajes de generación del año 2017.

Este peaje que nada tiene que ver con el llamado “impuesto al Sol”, está regulado por el Real Decreto 1544/2011 que el gobierno aprobó a finales del año 2011. Un peaje de acceso a las redes de transporte y distribución que pagan todas las instalaciones de generación eléctrica desde el 1 de enero de 2011 y que tiene un valor de 0,5€/MWh + iva (21%). Por cierto, valor máximo aplicable según la normativa europea.

Este peaje que nada tiene que ver con el llamado “impuesto al Sol”, está regulado por el Real Decreto 1544/2011 que el gobierno aprobó a finales del año 2011.

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