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Alas de mariposa para el gas que financia la guerra

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es posible gracias a un arma muy poderosa con la que cuenta Putin: los combustibles fósiles con los que financia su maquinaria guerrera.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha vendido combustibles fósiles por valor de más de 52.000 millones de euros, según datos recopilados por CREA. Según la misma fuente, España se gastó 5.085 millones de euros en 2021 en combustibles fósiles de Rusia: 3.867 millones de euros en petróleo, 991 millones en gas y 228 millones en carbón.

En todo negocio es partícipe tanto quien vende como quien compra y, si el vendedor es un criminal, el comprador sabe que es cómplice del crimen. Es tan evidente que la propia Unión Europea (UE) finalmente se ha decidido a acometer el embargo al petróleo procedente de Rusia.

No obstante, el embargo al petróleo ruso en discusión en la UE entrará en vigor con demasiada lentitud, lo que permitirá a Putin encontrar otros clientes para su petróleo. La respuesta a la adicción de Europa al petróleo no puede ser simplemente encontrar nuevos proveedores, sino llegar a la raíz del problema reduciendo el consumo de petróleo y acelerando la transición hacia las energías renovables, con medidas inmediatas como prohibir los vuelos cortos, sustituir el transporte en carretera por el ferrocarril e impulsar el teletrabajo y el transporte público. Mientras la gente en Europa sufre los altísimos precios del combustible, las petroleras siguen beneficiándose de la guerra, los conflictos y la crisis climática.

Pero ¿Qué pasa con el gas? El gas es el mayor negocio de Rusia, con el que lleva ingresados más de 30.000 millones de euros desde que acometió la invasión de Ucrania.

El mayor comprador de gas ruso en España es Naturgy. El 10% del gas consumido en España es importado desde Rusia por esta empresa, que es la primera de España en distribución y comercialización de gas fósil y la tercera en generación, distribución y comercialización de electricidad. Tiene un contrato de compra de gas con Yamal LNG, consorcio propiedad al 80% de Novatec, una empresa pública rusa controlada por dos oligarcas cercanos a Putin, Gennady Timchenko y Leonid Mikhelson. El contrato importa anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Desde el inicio de la guerra han llegado a España seis buques, por un valor de unos 690 millones de euros. Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90.

Además, para mantener beneficios por la venta de esta electricidad, Naturgy y el resto de grandes empresas energéticas han estado presionando esta últimas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para intentar descarrilar el acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica. Aunque es un acuerdo insuficiente, esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

La crisis de precios de los últimos meses, incluso desde antes de la guerra, ha dejado a millones de hogares en situación de vulnerabilidad energética y económica, algo intolerable en un país en el que las energías renovables y la eficiencia tienen potencial suficiente para garantizar estabilidad en el suministro y precios asequibles para las personas y las empresas, como ya demostró Greenpeace con su informe “La recuperación económica con renovables”.

Por eso, es necesario que el Gobierno y la Comisión Europea vayan más allá del reciente acuerdo y aborden una reforma estructural del mercado eléctrico. Dicho acuerdo no aborda los problemas estructurales de este mercado, como nuestra dependencia del gas y la incapacidad tanto para expulsar a las energías contaminantes como para remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente en aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

Es el momento de cesar inmediatamente de importar combustibles fósiles y nucleares rusos y exigir cambios estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por las empresas del oligopolio energético, que han especulado, han abusado de beneficios políticos y legales y se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental.

Las empresas de combustibles fósiles están alimentando la crisis climática, así como las guerras en todo el mundo, a costa y con el sufrimiento de los más vulnerables. El conflicto de Ucrania demuestra que tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles muy rápidamente para garantizar la seguridad energética, la paz y hacer frente a la emergencia climática. La medida más rápida es ampliar las energías renovables procedentes del sol y del viento. El aumento de las importaciones de gas fósil, la construcción de nuevos gasoductos o la reactivación de regasificadoras sobredimensionadas e infrautilizadas, que no entrarían en funcionamiento hasta dentro de tres o cuatro años, todo para traer un gas que difícilmente tendría un origen “democrático” y en ningún caso sostenible, nos hundirían más en la crisis climática y no nos liberarían del estancamiento fósil. Ahora es el momento de liberarnos de las dependencias fósiles e invertir en una transición justa hacia las renovables y la eficiencia energética.

El dolor y la solidaridad con las víctimas de la guerra, especialmente civiles, en Ucrania y en el resto de los conflictos alrededor del mundo, se añaden a la emergencia climática para poner en evidencia la necesidad de terminar con la explotación de combustibles fósiles, que son incompatibles con la paz y con la sostenibilidad de la vida en el planeta.

José Luis García – Patrono de la Fundación Renovables y responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España

España gana la primera batalla para cambiar el mercado eléctrico europeo

No han pasado diez años desde que Alemania y Países Bajos impusieran al sur de Europa el “austericidio” y la dimisión del ministro griego de economía Yanis Varoufakis para afrontar la gran recesión con recortes sociales, desigualdad y pobreza, cargando a la sociedad el rescate de los bancos. El resultado fue la insignificancia geopolítica de la UE y el ascenso de la extrema derecha antieuropea y rusófila. El Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo era otra encerrona de alemanes y neerlandeses para pagar entre todos la dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. La diferencia entre lo sucedido en 2015 y 2022 es que España y Portugal han conseguido parar, de momento, la intención de los países ahora llamados “frugales”, pero derrochadores de combustibles fósiles. La alianza ibérica hace posible que la transición ecológica no sea la primera víctima colateral de la invasión rusa de Ucrania.

Esta primera victoria ha sido doblemente trabajada por la gira europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la propuesta que en 2021 presentó a la Comisión Europea su vicepresidenta Teresa Ribera para modificar el mercado eléctrico, desconectar el gas de los precios de la electricidad y gravar los “beneficios caídos del cielo” que perciben las eléctricas. La Comunicación de la Comisión Europea del 23 de marzo recogió las propuestas españolas y el Consejo ha aprobado un tratamiento especial para la península ibérica, pues su mínima capacidad de interconexión eléctrica la convierte en una isla energética. Se ha dado un plazo a la Comisión para que presente en mayo medidas de emergencia para el mercado eléctrico, desconectarlo de los precios de los combustibles fósiles y regular los “beneficios caídos del cielo”. La excepción ibérica permitirá proteger a los consumidores de los precios del gas en la tarifa eléctrica fijando un precio de referencia, que aprobará la Comisión, para limitar su influencia en el precio final de la luz.

Solo se ha ganado el primer asalto y habrá que esperar al estudio que realice la Comisión para avanzar en la reforma del mercado eléctrico europeo. Pero el paso dado es tan importante que las propias eléctricas han acudido a Bruselas a negar que existan “beneficios caídos del cielo” y defender lo bien que funciona el mercado mayorista; por su parte, la oposición política ha ridiculizado lo conseguido por Pedro Sánchez, como ya hizo con los 140.000 millones de los fondos del Next Generation UE.

La energía sigue sin ser una política común europea

El mayor fracaso del Consejo Europeo ha sido constatar que sigue sin considerar la energía como política común europea. Se intentó en el frustrado proyecto de tratado de la Constitución Europea de 2003, pero se eliminó del texto y cada Estado miembro decide libremente sobre energía, con lo que Europa cuenta con 27 mercados energéticos distintos. Este hecho ha tenido consecuencias negativas al tratarse de un mercado eléctrico europeo, a diferencia del de los EEUU, controlado por muy pocas empresas, sin competencia y con una conformación de precios diseñada para garantizar los ingresos de un sistema energético dominado por los combustibles fósiles. Es un mercado especulativo que solo beneficia a las eléctricas convencionales.

El mercado energético europeo es una falacia. No existe por el abuso de posición dominante de unas pocas empresas y la falta de reguladores independientes de la competencia. Es la razón por la que el Consejo Europeo no ha aprobado la modificación del mercado mayorista para que los consumidores se beneficien de la mayor generación renovable ni ha aprobado la mayor sanción a Rusia: cortar las importaciones europeas de gas y petróleo rusos. Si los ucranianos arriesgan la vida por su soberanía ¿por qué los europeos no arriesgan nada por su soberanía energética?

En el primer mes de la invasión rusa de Ucrania Europa ha pagado a Putin más de 17.000 millones de euros por las importaciones de combustibles fósiles. También Naturgy ha seguido importando gas ruso a través de buques metaneros. Mientras acoge refugiados ucranianos y sus parlamentos aplauden al presidente Zelenski, Europa llena las arcas del presidente ruso para financiar la invasión de su país. El mercado energético europeo es inmoral por naturaleza.

La Comisión Europea confirma todo lo que las eléctricas niegan

La Comunicación de la Comisión Europea, que se presentó un día antes del Consejo Europeo, confirmó los argumentos de Teresa Ribera sobre un mercado eléctrico roto. Por un lado, propone limitar los precios mayoristas de la electricidad y del gas estableciendo compensaciones o interviniendo con precios de referencia; por otro, propone gravar los beneficios excesivos de las eléctricas o establecer un precio máximo para ciertas tecnologías de generación. Bruselas obligará a que la capacidad de almacenamiento de gas cubra un 80% de las necesidades, pero no propone nuevas interconexiones gasistas.

La respuesta de las eléctricas fue un artículo de los presidentes de Iberdrola, Enel (Endesa) y EDF negando que tengan beneficios extraordinarios y manifestándose en contra de intervenir el mecanismo de formación de precios para no destruir el mercado de la electricidad. Está claro que se refieren a los mercados nacionales donde cada una de ellas opera en condiciones privilegiadas y sin competencia, pero no a un mercado europeo abierto a la competencia de millones de consumidores que no existe porque ellos mismos lo impiden. La batalla continuará en los tribunales en cuanto España tome las primeras medidas que ha autorizado el Consejo Europeo. Frente a la necesidad de reformar el mercado eléctrico, las eléctricas proponen que el mercado está bien como está. Mientras Bruselas y el gobierno de España han priorizado la protección de los consumidores, al sector eléctrico solo le preocupa la protección de sus accionistas y sus operaciones corporativas.

La Agencia Internacional de la Energía propone lo que Europa ignora

El Consejo Europeo ha pasado por alto los principios de la Unión de la Energía y de las directivas de eficiencia energética, renovables y mercado interior de la electricidad. Ha perdido la oportunidad de plantear una iniciativa de reducción de la demanda energética, encaminada a consumir menos gas y petróleo, y acelerar el nuevo paquete “Fit for 55” para sustituir las importaciones rusas con renovables, eficiencia energética y electrificación, actuando sobre la demanda de energía y no, como se ha hecho, sobre la oferta.

Los días 3 y 23 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía hizo públicos sendos decálogos para que Europa logre la independencia energética de Rusia. Europa podría reducir una tercera parte de sus importaciones de gas ruso en un año y reducir 2,7 millones de barriles diarios de petróleo ruso impulsando políticas de movilidad sostenible y eléctrica, así como medidas de desarrollo de proyectos eólicos y solares, sustitución de calderas de gas y rehabilitación energética.

Según Fatih Birol, la rehabilitación energética de las viviendas más antiguas ahorraría el equivalente al gas que recibe Europa a través del Nord Stream I. Cuanta más eficiencia menos dependencia energética.

Las conclusiones del Consejo Europeo no van a cambiar un mercado energético que en realidad no es tal. Cada Estado miembro irá por su cuenta a resolver sus problemas de suministro frente a una Comisión Europea dominada por la voluntad alemana de no modificar la conformación de precios que tan bien les va a los monopolios energéticos. Lo que España deberá evitar a toda costa es que en este escenario europeo las medidas para abaratar la luz se conviertan en más costes reconocidos al sector eléctrico que se cargarán, como siempre ha sucedido, a los consumidores de luz y gas. Para eso habría que hacer otra ley del sector eléctrico y otra ley sobre el regulador independiente de la competencia.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La doble “cuenta” de la invasión de Ucrania

Desde el día 24 de febrero estamos asistiendo horrorizados a uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea que nos recuerda, por desgracia, a otros de épocas pasadas que pensábamos, ilusos de nosotros, que jamás se volverían a repetir.

Ya lo dijo Napoleón Bonaparte, “para hacer la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero”. Es decir, las guerras son caras, muy caras. Sabemos que Rusia, el país más grande del mundo, aunque con una densidad de población muy baja (9 habitantes por Km2), por la vasta extensión de su territorio, dispone de una de las mayores reservas de materias primas del mundo, (níquel, 28,2%, paladio, 20,7%, platino, 19%, trigo, 18,4%, entre otras), es el tercer productor de petróleo del mundo, prácticamente a la altura del segundo que es Arabia Saudita, y el segundo de gas natural, por detrás de EEUU. De hecho, en 2022 ocupa el primer puesto a nivel mundial en cuanto a reservas de gas natural, con aproximadamente 47.805 km3, por delante de Irán con 33.721 km3.  Es un país autosuficiente cuya economía late al son de las exportaciones.

Extracción petrolífera

El gas es el punto fuerte, pero también el más débil de Rusia en una situación como la actual. Si bien, por un lado la dependencia de la Unión Europa del gas ruso es muy alta, en torno al 40%, por otro, es el principal mercado para sus exportaciones ya que Rusia vende el 85% de sus reservas de gas a la UE. En 2021, vendió a Europa petróleo y gas por valor de unos 100.000 millones de dólares, según estimaciones de William Jackson, economista de Capital Economics. En el corto plazo, esta dependencia actual de la UE del gas ruso supone una fortaleza para Rusia, pero en el medio y largo plazo la apuesta por otras fuentes de energía como las renovables, la eficiencia energética y el abandono de los combustibles fósiles harán que esa fortaleza se debilite.

Europa lleva mucho tiempo llenando las amplias arcas rusas con los ingresos procedentes de las compras del gas, lo que ahora le permite financiar la invasión en Ucrania. Es más, Putin ha utilizado el grifo del gas a su antojo y propio beneficio desde septiembre de 2021, gas fósil que, además, es el causante de los disparatados y elevadísimos precios que estamos pagando por la electricidad desde el año pasado y que, con las perspectivas futuras, vamos a seguir pagando si la Comisión Europea no da luz verde a la desvinculación del gas del modelo de fijación de precios marginalista. En 2021, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España importó productos energéticos por valor de 46.575 M€, que supone un 3,9% de nuestro PIB.

Pero, es más, desde que comenzó la invasión en Ucrania el precio del gas no ha parado de incrementarse, así los futuros del gas en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, crecieron un 79%, llegando a subir desde los 220 €/MWh hasta los 345 €/MWh, para situarse finalmente en los 229 €/MWh, por lo que, lejos de conseguir que esas arcas rusas se vean mermadas, ha sucedido lo contrario, las reservas de gas se están revalorizando.

Y respecto al petróleo, aunque se refugie en un segundo plano, ocurre más de lo mismo; hoy el barril de Brent se sitúa casi en los 104 dólares, debido en gran parte a que los países importadores (como ya ha anunciado el presidente Biden) están vetando las importaciones de petróleo de Rusia para no contribuir a financiar la guerra. Un ejemplo son las compañías GALP y Shell (ambas británicas que han seguido la dirección de EEUU), las últimas firmas que han anunciado que dejan de comprar productos petrolíferos rusos. Esta subida del precio del petróleo está suponiendo un incremento extraordinario en los precios de la gasolina en muchos países, alcanzado prácticamente los 2€ por litro. Y no debemos olvidarnos de que Rusia es el principal suministrador de uranio enriquecido de España con un 53,3%, uranio que utilizamos en las centrales nucleares y que, como ya propuso la Fundación Renovables en 2019, deberían estar programando su cierre para antes de 2024.

Por tanto, por un lado, desde occidente cada día seguimos comprando y empleando recursos rusos por cientos de millones, financiando indirectamente la invasión, al mismo tiempo que sufrimos, sobre todo, los hogares y las empresas, las consecuencias de esta. El sobrecoste en las facturas de gas y luz, que ya venían siendo muy altos en meses anteriores, está impactando directamente en los bolsillos de todas las familias y, por tanto, en el encarecimiento de los procesos productivos lo que provocará una subida del IPC (en diciembre de 2021 un 6,5%, del que 3,16 puntos se debe a la subida, un 72%, de la electricidad, el gas y los combustibles), el descenso en las previsiones del crecimiento del PIB, el deterioro de la confianza en los mercados y un decrecimiento de la economía. Todo esto teniendo en cuenta que aún no hemos salido del brutal shock económico provocado por la pandemia del Covid 19.

Desde la Fundación Renovables venimos reclamando desde hace tiempo la urgente revisión y reforma del modelo de fijación de los precios del mercado eléctrico, para que no sea el gas el que marque el precio final de la electricidad de todo el sistema, así como la necesidad de apostar claramente por el desarrollo de las renovables y la eficiencia energética para poder disminuir esa dependencia exterior. Ahora este relato se ha generalizado en la opinión pública, lo que es muy positivo, porque la presión social es necesaria también para cambiar la situación actual.

Lamentablemente, ha tenido que producirse un acto tan lamentable para que la Comisión Europea despierte de su letargo y se plantee una serie de medidas, muy necesarias, aunque sin una aplicación a corto plazo, a través del plan REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más asequible, segura y sostenible, para dar solución a la dependencia del gas ruso antes de 2030 (por la inacción en este sentido de los últimos años) y a la escalada de precios que, en realidad, empezó mucho antes. En Versalles los líderes europeos han decidido tomar la sartén por el mango para llevar a cabo esa necesaria reforma de los mercados eléctricos para poder sacar el gas, pero habrá que esperar a finales de marzo y abril para que se materialice.

En palabras del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans: “Ha llegado el momento de resolver nuestros puntos vulnerables y de ser más independientes en nuestras opciones energéticas. Pasemos a las energías renovables a la velocidad del rayo. Las energías renovables son una fuente de energía barata, limpia y potencialmente infinita y, en lugar de financiar la industria de los combustibles fósiles en otros lugares, crean empleo aquí. La guerra de Putin en Ucrania demuestra la urgencia de acelerar nuestra transición hacia una energía limpia”. Pero, el vicepresidente se olvida de que hace solo poco más de un mes, la Comisión Europea incluía en la taxonomía de inversiones sostenibles al gas natural. Necesitamos un poco más de rigor.

Ahora toca trabajar para conseguirlo, y no a la velocidad del rayo, sino a la que nuestras necesidades y experiencia nos aconsejan y que es mucho mayor de la que llevamos ahora.

Maribel Núñez – Gerente de la Fundación Renovables

Autosuficiencia energética y ciudadanía

Una vez más recibimos alertas sobre el grave problema del cambio climático. Esta vez la señal de alarma viene de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tras la publicación del nuevo informe IPCC (”Cambio climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”) ha apuntado claramente a los responsables: “Los grandes contaminantes son culpables”. Es un informe devastador y que deja poco lugar a la esperanza. La acción decidida no puede aplazarse más, es necesario actuar ya para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030, cualquier retraso significa muerte, según ha declarado.

Ya sabíamos que la utilización de combustibles fósiles es insostenible desde el punto de vista medioambiental y de supervivencia, ahora tenemos que añadir el hecho de que la situación geopolítica ha puesto claramente de manifiesto nuestra fuerte dependencia para el abastecimiento de estos combustibles que no tenemos, lo que nos hace ser vulnerables frente a situaciones como la actual; ya estamos notando las consecuencias en el importante incremento del precio de la electricidad.

Aunque la fuerte escalada de este precio en los últimos meses no sólo se debe a la necesidad de importar estos combustibles, sino también al sistema de fijación de precios. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana la Comisión Europea haya anunciado que propondrá que los países miembros establezcan un gravamen a las ganancias obtenidas por las empresas energéticas debido a los recientes aumentos en los precios del gas. También hay que aplaudir la propuesta enviada a la Unión Europea (UE) por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para modificar el sistema de formación de precios de la electricidad, de manera que no se incluya el coste del gas y a la que empiezan a unirse distintos países. Parece claro que tenemos que apostar decididamente por hacer una transición energética basada en las energías renovables. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables para generar electricidad contribuye de manera directa a la descarbonización y, por tanto, a mitigar los efectos del cambio climático y a reducir la depencia energética.

En el ámbito de la transición ecológica, en el paquete Fit for 55 de la UE se incluye el objetivo de suministrar un 40% del consumo final de energía mediante renovables para el año 2030. De entre las renovables, una de las tecnologías que está penetrando de manera rápida en los últimos años es la solar fotovoltaica. Según los datos de Red Eléctrica de España, desde el año 2017 hasta finales de 2021, casi toda la nueva potencia instalada, 15.731 MW, es solar fotovoltaica, 10.360 MW (65%), y 5.111 MW (32 %) eólica; el porcentaje restante corresponde a otras fuentes renovables. Esta potencia se ha instalado tanto en sistemas distribuidos de autoconsumo individual o compartido, aproximadamente un 25%, como centralizados, un 75%. A finales de 2021, la potencia total fotovoltaica era de más de 15.000 MW.

Es importante destacar, dentro de la fotovoltaica, el crecimiento de los sistemas de autoconsumo. En el año 2017 había unos 122 MW instalados mientras que a finales de 2021 ya había más de 2.616. Sólo entre 2020 y 2021 se multiplicó por dos la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo instalada.

¿Este tipo de instalaciones son buenas para el sistema eléctrico? En mi opinión sí. Por muchas razones. Según la propuesta que hace la Fundación Renovables en su informe “Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad”, el esquema óptimo de desarrollo de las energías renovables sería el que se muestra en la figura.

Según esta propuesta, en la parte alta de esta pirámide invertida están las instalaciones de autoconsumo individual o colectivo que son las que más deberían extenderse. Este tipo de instalaciones permiten a la ciudadanía tener sistemas de generación de electricidad en sus propias viviendas o en ubicaciones cercanas; facilitan la gestión de la demanda, minimizan las pérdidas del sistema por la cercanía entre generación y consumo y dan flexibilidad al sistema eléctrico. Además, ayudan de forma clara a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la necesaria y urgente descarbonización y sustitución de los combustibles fósiles.

En este sentido, la Directiva UE 2018/2001, en su Art. 21.2, establece que los Estados miembros deben garantizar que los autoconsumidores de energías renovables, de manera individual o mediante agregadores, tengan derecho a generar energía renovable, incluido para su propio consumo, y a almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares. También, según el artículo 21.4, para los autoconsumidores de energías renovables en el mismo edificio.

La Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2021), supuso la modificación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que se había establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. A partir de la publicación de esta Orden el reparto de la energía generada por estas instalaciones puede hacerse mediante el establecimiento ex ante de coeficientes de reparto horarios para cada día del año. Esto supone un avance respecto a los coeficientes fijos, pero sería interesante que se permitiera la posibilidad de un reparto realmente dinámico que tuviera en cuenta los consumos reales de cada miembro de la comunidad energética y se hicieran esos balances de generación-consumo ex post, como ya se apunta en la citada Orden, en la que se indica que es necesario hacer un análisis para esa implantación, ya que es de esperar que el autoconsumo colectivo experimente un importante incremento en los próximos años.

Unido al concepto de autoconsumo (individual o colectivo), que da nombre a estas instalaciones, está el de autoabastecimiento o autosuficiencia energética, con toda la carga de responsabilidad y oportunidad que ofrece a la ciudadanía. Muchas de estas instalaciones, especialmente las que se están haciendo en el sector residencial, están contribuyendo a que las viviendas generen a lo largo del año una energía igual o superior a la consumida, por lo que podrían considerarse viviendas de consumo cero.

También hay que avanzar en la creación de comunidades energéticas que son agrupaciones de consumidores que pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Algunas de las ventajas que supondrá participar en una Comunidad Energética es que proporcionan a la ciudadanía un acceso justo y fácil a recursos locales de energía y otros servicios energéticos o de movilidad, crean oportunidades de inversión, aumentan la aceptación del desarrollo de energías renovables locales, facilitan la integración de renovables en el sistema a través de la gestión de demanda, crean empleo local y fomentan la cohesión y equidad social.

Hay, sin embargo, algunos problemas sin resolver ya que falta un marco normativo con un grado suficiente de desarrollo, los procedimientos administrativos son complejos, no es fácil acceder a financiación por la falta de confianza de los inversores y el riesgo en cuanto a la percepción del inversor. Este tipo de iniciativas es fundamental para avanzar hacia un modelo descentralizado y participativo, por lo que es necesario que se avance y que se difundan todas las experiencias que se están llevando a cabo.

Respecto a las plantas centralizadas, que están en la base de la pirámide invertida, sería importante establecer condiciones que permitan limitar su tamaño, de manera que se desarrollen bajo criterios de economía productiva, favoreciendo el desarrollo económico local de los territorios en los que se hagan. También es necesario que los promotores propongan instalaciones que aporten beneficios sociales y medioambientales en la zona donde se ubiquen, de manera que se consiga un equilibrio entre la energía y el territorio. Y algo muy importante, conseguir una aceptación e inclusión social de su implantación en el territorio, como lo han conseguido los otros tipos de instalaciones fotovoltaicas.

Los acontecimientos de los últimos días nos obligan, todavía más, a repensar temas como el de la soberanía energética. Tenemos fuentes de energías renovables y tecnología; no perdamos la oportunidad de conseguir una transición energética justa basada en renovables y aceptada y apoyada por toda la ciudadanía.

 

Llanos Mora – Vicepresidenta de la Fundación Renovables

¿Y si, de repente, no pudiéramos pagar nuestra factura de la luz?

La energía es el motor fundamental e indispensable para el desarrollo de la vida en general porque facilita tanto el buen funcionamiento de nuestro organismo y el desempeño de acciones gracias a la ingesta de alimentos, hasta el desarrollo de muchas de nuestras actividades cotidianas como calentar el agua con la que nos duchamos. El acceso a la energía es, por tanto, un derecho que incide directamente en la calidad de vida de las personas y que está directamente vinculada a la inclusión social y la igualdad.

La energía debe ser, por tanto, considerada como un bien básico de primera necesidad y, como tal, su disponibilidad debe estar por encima del poder adquisitivo de las personas. Un derecho innato y de acceso universal (como la sanidad o la educación) que debería estar recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo este mismo interés social, nuestras necesidades energéticas deben ser cubiertas bajo criterios de equidad y justicia intergeneracional, de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente actual y futuro, algo que sólo puede conseguirse mediante la electrificación de la demanda y su cobertura con electricidad procedente de fuentes de energías renovables.

La realidad es que tenemos un sistema eléctrico que no garantiza el acceso universal a la energía y , por numerosas razones, la ciudadanía ha perdido absolutamente la confianza en él. Los que tenemos la suerte de poder pagar la factura de la luz, no solemos preguntarnos cómo sobreviviríamos un día sin electricidad, pero esto no nos puede servir de excusa para eludir una realidad y es que muchas personas en el mundo e incluso de nuestro entorno cercano, no disponen de renta suficiente para poder cubrir las necesidades básicas de suministro de energía, una situación que pone en riesgo el bienestar de las personas, al aumentar la probabilidad de padecer problemas de salud mental y física entre dos y cinco veces, según conclusiones de un reciente estudio elaborado en Barcelona.

Esta pobreza energética es una realidad en España y no sólo depende de la insuficiencia de ingresos, sino también del elevado precio de la energía y de las malas condiciones constructivas y de habitabilidad de las edificaciones. Según los últimos indicadores de pobreza energética publicados en España, la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha provocado que en 2020 la pobreza energética haya aumentado casi un 22%. El 16,8% de los hogares están en pobreza energética por tener un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos, un 10,3% de los hogares padecen pobreza energética por no cubrir sus necesidades mínimas de energía, el 10,9% de la población (5,2 millones de personas) no fueron capaces de mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el invierno y un 9,6% de la población (4,5 millones de personas) sufre retraso en el pago de las facturas.

La solución aplicada hasta ahora ha sido el llamado Bono Social (térmico y eléctrico). Respecto a este último, apenas se beneficiaron de media 1,2 millones de personas en 2020, según los boletines de indicadores eléctricos de la CNMC. Además, esta ayuda se basa en un descuento en la factura eléctrica total, en lugar de en una disminución del precio, tanto en potencia contratada como en energía consumida. Son cuantías insuficientes teniendo en cuenta que, según la OCU, un consumidor medio con tarifa PVPC ha pagado en 2021 un 41% más que en 2020 y un 18% más que en 2018 por el incremento de precios del mercado de la electricidad como consecuencia del precio del gas natural, de los derechos de emisión de CO2 y del obsceno modelo de fijación de precios marginalista.

Ante estas ineficiencias estructurales, existen otras alternativas como una Tarifa Social, propuesta ya hace años desde organizaciones como la Fundación Renovables o Ecologistas en Acción, con la que se pretende, mediante una potencia mínima  gratuita, cubrir el consumo mínimo vital de electricidad de aquellos colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social. Sin embargo, ambas organizaciones coinciden en que esta tarifa no sería suficiente si los edificios siguen siendo ineficientes energéticamente, principalmente por una mala envolvente térmica, factor que agrava la pobreza energética. Y, además, hay que tener en cuenta que el parque de vivienda español se caracteriza por ser viejo (media de 45 años) e ineficiente (certificado energético E) según un estudio realizado por idealista.

Una rehabilitación energética integral es la solución más eficiente ya que esta podría llegar a reducir la necesidad de calefacción de nuestras viviendas, extremadamente dependiente de los combustibles fósiles, hasta un 80% , según el GTR. Actualmente, existen más de 1,5 millones de viviendas de primera residencia que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y que requieren actuaciones de urgencia, para las que, desde la Fundación Renovables, proponen un programa de rehabilitación de 250.000 hogares al año, lo que supondría una inversión total pública de 15.000M€, como recogen en su documento “Lecciones aprendidas para salir de la crisis”.

En cuanto a los efectos del incremento del coste del gas fósil sobre el precio del mercado eléctrico, son un reflejo de que el modelo de fijación de precios no funciona adecuadamente en un sistema en el que las renovables tienen un coste marginal próximo a cero y requieren de un cambio profundo del sistema eléctrico hacia uno más transparente, justo y democrático para que paguemos al precio que cuesta realmente generar la electricidad. En 2019 este coste de la energía suponía el 40% de la tarifa eléctrica.

Por otro lado, están los costes regulados, los que se fijan vía BOE. Estos se encuentran principalmente en la parte fija de la tarifa por el término por potencia contratada y son una prioridad, pues dependen de la decisión política y no suponen alterar o modificar drásticamente el funcionamiento de un mercado como el marginalista, un proceso mucho más complejo, aunque necesario. Para reducir los principales costes regulados de la tarifa, la Fundación Renovables propone adelantar la retribución del RECORE a este año y repartir sus costes con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico – FNSSE entre todos los consumidores de energía (petróleo y gas) y no sólo de electricidad, repartir los peajes de transporte y distribución por energía gestionada (pago por uso), disminuir la anualidad del déficit de tarifa mediante la extensión de su amortización a 2034 e incluir la compensación extra peninsular en los Presupuesto Generales del Estado – PGE.

Al margen del funcionamiento del sistema eléctrico y de la estructura tarifaria, el autoconsumo fotovoltaico es el instrumento fundamental para empoderar al consumidor y convertirlo en un sujeto activo y central del sistema. Modalidades como el autoconsumo compartido y, en especial, las comunidades energéticas son también fantásticas herramientas para paliar la pobreza energética al poder compartir nuestra producción de electricidad, a pesar de la actual limitación de 500 metros como máximo entre puntos de generación y consumo, una barrera que se tendría que eliminar cuanto antes.

Sabemos a dónde queremos llegar y que se trata de un proceso muy complejo, dada la transversalidad del sector, pero también sabemos que cualquier esfuerzo merecerá la pena, pues la energía es el motor de un nuevo modelo social y económico y la implicación de la ciudadanía es indispensable para acelerar el cambio de modelo energético.

 

Manuel Abeledo – Técnico de la Fundación Renovables

Comunidades energéticas: de derrota en derrota hasta la victoria final

Que nuestra forma de cubrir las necesidades energéticas se lleve a cabo en comunidad no es una utopía: ni por cuestiones técnicas, resueltas por el desarrollo y la disponibilidad de las fuentes renovables; ni por temas de eficiencia, dado que la gestión de la demanda lleva implícita la minimización de las necesidades, tanto de energía como de infraestructuras, sobre todo si se utilizan de forma unidireccional; y ni en materia de legalidad, ya que la figura de la Comunidad Energética (CE) es la base de la Directiva UE 2019/944 sobre el Mercado Interior de la Electricidad.

En la directiva, todavía no transpuesta al orden jurídico español tras 2 años, a pesar del interés declarado por el Gobierno de España en apostar por las Comunidades Energéticas, se deja claro tanto el papel que deben tener en el modelo energético del futuro como la necesidad de que los gobiernos velen por que se cumplan los requisitos básicos para su funcionamiento y desarrollo.

Ya en el artículo 1 introduce que su estatus debe ser el de “una   entidad   jurídica   que:  se   basa   en   la   participación   voluntaria   y   abierta, … y  cuyo   objetivo   principal   consiste   en   ofrecer   beneficios   medioambientales,  económicos   o   sociales   a   sus   miembros   o   socios   o   a   la   localidad   en   la   que   desarrolla   su   actividad,   más   que   generar   una   rentabilidad   financiera,   y   participa   en   la   generación,  incluida   la   procedente   de   fuentes   renovables,…   así como, en la prestación de servicios relacionados con la energía”.

El marco de actuación de las CE es lo suficientemente amplio como para situarlas en el centro del modelo energético futuro y demandar un marco regulatorio que permita su desarrollo y replicabilidad. Quizás, señalar como única duda, respecto a la definición y alcance que se les da en la directiva, la sombra que se introduce al indicar que la rentabilidad financiera no debe estar entre sus objetivos, como si esta solo pudiera ser obtenida por los agentes que controlan y actúan desde el sector eléctrico tradicional. Es absurdo que a los procesos de inversión se les pretenda colocar la etiqueta “Non-profit” porque es la forma de condenarlos al fracaso o hacerlos depender, de forma continua, de un procedimiento de actuación artificial al amparo de las ayudas públicas.

Es fundamental destacar que en los artículos 16 y 18 se exige a los Estados miembros la creación de un marco jurídico favorable y que, además, logren que el gestor de la red de distribución coopere y ajuste los costes por el uso de la red a la realidad de dicho uso.

A nadie se le escapa que estas exigencias no solo no se cumplen, sino que, además, nuestro ordenamiento jurídico va en dirección contraria al mandato de la directiva en algunos elementos básicos para el desarrollo de las CE, como, por ejemplo:

  • Que no disponemos de un marco regulatorio adecuado, pese a la consulta pública de finales de 2020, ni sabemos todavía que personalidad jurídica van a tener las CE.
  • Que el autoconsumo colectivo, antesala de las CE, no está regulatoriamente desarrollado.
  • Que las distribuidoras no solo no ayudan, sino que son la mayor traba para cualquier instalación de autoconsumo que supere los 15 kW. La retribución definida como rentabilidad por inversión va en contra del establecimiento de peajes por uso real de la red, como exige la directiva, y su pertenencia a grupos eléctricos integrados hace que haya un permanente conflicto de intereses entre las funciones encomendadas para el desarrollo de las CE y el beneficio del grupo empresarial.

No nos engañemos; a pesar del interés mostrado por el Gobierno con la elaboración de guías, la participación en jornadas explicativas, el destino de líneas de ayudas financieras desde los fondos de los Next Generation EU, como los 100 M€, procedimiento que está en periodo de consulta pública hasta el próximo día 19 de noviembre, o la disponibilidad de un mapa interactivo en la web del IDAE en el que se pueden ver las iniciativas que están en marcha actualmente, ni hemos avanzado en el desarrollo de las CE ni en el del autoconsumo colectivo, que es la base de partida, al menos en cuanto a la generación de electricidad en las CE.

Vemos como la mayoría de las Comunidades Autónomas están haciendo verdaderos esfuerzos para apoyar el desarrollo de las primeras iniciativas de CE, pero no es suficiente y realizar un proyecto piloto tras otro, hechos, no me cabe ninguna duda, con el esfuerzo innovador de muchos para conseguir que sea fácil llevar a cabo estas iniciativas de forma natural, no es el camino que seguir.

Las CE necesitan, ante todo, que el autoconsumo colectivo se desarrolle regulatoriamente de forma adecuada:

  • Eliminando la exigencia de la distancia máxima de 500 metros entre generación y consumo.
  • Suprimiendo la exigencia de suma uno de los coeficientes de reparto de todos los participantes, con el fin de dotar de flexibilidad a la entrada y a la salida de los consumidores asociados.
  • Desarrollando el estatuto del consumidor asociado.
  • Regulando que el acceso a la red sea automático, porque somos una agrupación de consumidores que ya tenemos una potencia contratada muy superior a la que vamos a inyectar a la red como excedentes.
  • Cumpliendo la promesa de disponer de coeficientes dinámicos de reparto y que verdaderamente se pueda compartir la electricidad entre los miembros de la CE.

Obviamente, es difícil pensar que el autoconsumo colectivo va a ser una práctica habitual cuando todavía no disponemos de las pautas necesarias para eliminar las barreras existentes. No necesitamos ayudas económicas, ni pretendemos que las CE florezcan en base a su consideración como proyectos piloto para lucimiento público, solo queremos que su desarrollo sea replicable y normalizado.

Winston Churchill pensaba que la victoria era una consecuencia natural de las causas justas y del empeño en conseguirlas. Sabemos que en comunidad todos somos más fuertes y por eso nuestras peticiones deben estar centradas en conseguir los grados de libertad que necesitamos para ponerlas en marcha. Todo lo que retrasemos su desarrollo ocasionará derrotas absurdas que no necesitamos para lograr nuestro objetivo que no es otro que poder decidir en libertad cómo queremos cubrir nuestras necesidades energéticas.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Los inversores en renovables tienen en sus manos que el Presidente pueda cumplir su promesa

Es una realidad que, por la decisión de la Comisión Europea de mantener el sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista de electricidad, un combustible como el gas natural, con un aporte al mix de generación del 15% en lo que va de año, sea el que fije el precio para toda la generación de electricidad.

Si analizamos la composición del mix que cierra todos los días el mercado mayorista podremos observar que un porcentaje muy elevado de centrales no se benefician de estos precios desorbitados porque su retribución está fijada en función de la rentabilidad establecida de sus activos. Me refiero a todas las centrales que están inmersas en el RECORE, Retribución Cogeneración y Renovables.

Los inversores de estas plantas de forma arbitraria, indiscriminada y con efectos retroactivos, vieron reducidos, por parte de los gobiernos de España de 2010 a 2014, la retribución que regulatoriamente se había establecido y por la que invirtieron, estableciéndose a partir de 2014, una retribución a la inversión de un 7,39%, valor que todos podríamos considerar atractivo si no hubiera sido porque la inversión elegible no fue la que se había acometido, sino la que el Gobierno, de forma unilateral y ajena a la realidad, decidió fijar.

Estas centrales están retribuidas con el precio del pool más una cantidad fija por cada MW de potencia, denominado como coeficiente Rinv, en función de las características de cada central y está sujeto a regularización por periodos de 6 años; el primer periodo acabó el 31 de diciembre de 2019 y el actual finalizará en diciembre de 2025. Con el fin de flexibilizar la revisión, se estableció una regularización intermedia en periodos de 3 años por lo que en diciembre de 2022 se deberán revisar los ingresos percibidos y fijar la retribución adicional para el siguiente semiperiodo a finales de 2025.

La práctica del Gobierno nunca ha sido amigable con los propietarios de las inversiones porque siempre han establecido un precio de pool para el cómputo de la prima a percibir por inversión mayor que las previsiones más habituales; por ejemplo, para 2020 se fijó 54,42€/MWh cuando el precio del pool fue de 34 €; para 2021 el precio establecido fue de 52,12 €/MWh y para 2022 de 48,82 €/MWh, valores todos muy por encima de las previsiones que el mercado ofrecía y que, obviamente, suponen un menor pago fijo hasta su regularización.

La potencia sujeta al RECORE, en función de cada tipo de central, que figura en una Orden Ministerial, con nada más y nada menos que 1.761 páginas, asciende, incluida la cogeneración, a más de 44.000 MW, de los que, obviamente, la mayoría no cobran ingresos adicionales, bien porque han cumplido la edad para percibirlos o porque tienen un valor cero al ingreso establecido como Rinv.

Si nos fijamos en la situación de 2021 y en lo que ocurrirá, previsiblemente, en los primeros meses de 2022, podemos comprobar que con el precio del pool medio de 70 €/MWh hasta septiembre o con una previsión para todo el año en torno a los 110 €/MWh, los inversores renovables en 2021, de acuerdo con la formulación de su retribución, estarán percibiendo, con respecto al valor de pool fijado para este año de 52,12 €/MWh, un ingreso muy superior que deberá ser regularizado cuando finalice 2022. Si consideramos un exceso de 58 €/MWh, el importe a ajustar solo para las renovables, en grandes números, sería de unos 2.000 M€, a favor del sistema. A esta cantidad habría que descontarle lo no percibido en 2020, unos 250 M€, al fijar un precio de cómputo del pool de 20,4 €/MWh, por encima del realmente producido, sin incluir la eólica ya que su déficit estaría ya recuperado en el cálculo de 2021 al tener un ingreso previsto en el RECORE de 80,9 €/MWh. .La situación para 2022, si atendemos a los futuros previstos para el precio del mercado, lo podrían situar en 130 €/MWh, lo que supone todavía un incremento del ajuste de unos 1.200 M€ adicionales.

La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué no regularizamos en 2021 lo que corresponde a 2021? Es decir, por qué no regularizamos estos 2.000 M€ que se corresponden con un 11,1% de los costes fijos del sistema y que supondrían una importante rebaja del precio de la electricidad sobre todo para los consumidores domésticos,  al estar subvencionando estos la tarifa eléctrica de las empresas; los consumidores domésticos soportan por kWh un 60% más de costes fijos que una PYME o 4 veces más que la gran industria.

Esta media permitiría, por un lado, que el consumidor doméstico pueda ver reducida de forma importante su tarifa eléctrica y, por otro, y aquí mi esperanza de que pueda realizarse, que la medida resulte atractiva al permitir que la promesa del Presidente se cumpla.

Los inversores renovables están acostumbrados a tener que lidiar siempre con las consecuencias más desfavorables, pero tienen en sus manos, si así lo establecen con el Gobierno, aliviar la carga a los consumidores más desfavorecidos y evitar que el Gobierno tenga que actuar, como suele ser habitual en los últimos tiempos, de forma unilateral y sin contar con el acuerdo de los agentes del sector.

Una última consideración: si el incremento del precio de pool reduce el valor de la retribución por inversión del RECORE, esta reducción no debería disminuir el monto del futuro Fondo Nacional para la Sostenibilidad el Sistema Eléctrico (FNSSE), hoy en discusión en el Congreso. No sería lógico que el petróleo y el gas dicten la política energética y que, además, se beneficien de lo que ellos, con su volatilidad provocada, han generado.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Renovables sí, pero póngalas aquí

Quien nos hubiera dicho que existirían movimientos sociales en contra de la principal solución para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): las energías renovables. Coexisten tendencias ciudadanas para acelerar la mitigación de las causas del cambio climático con otras contra esas mismas iniciativas. Toda una paradoja que nos puede salir cara.

Hay que reconocer que la raíz del problema está en que se ha dejado todo a la rentabilidad del terreno y al puro rédito financiero. No existen criterios de control u ordenación para definir dónde sí y dónde no. Ya lo analizamos en la Fundación Renovables y propusimos toda una batería de líneas de actuación en el informe Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad. La más urgente es revisar el PNIEC con urgencia-antes de la revisión fijada en 2023- para, entre otras cosas, que incluya una escala de priorización sobre el territorio para las instalaciones centralizadas y distribuidas y una zonificación ambiental y socioeconómica vinculante para los promotores, incluso en las subastas de renovables. Aunque suene mal, también hay que poner líneas rojas a algunos proyectos. No todo vale.

Esa urgencia nace del evidente rechazo social, pero tenemos herramientas legislativas y comunicativas para trabajar desde ya mismo; no podemos esperar a que “los aerogeneradores tengan pelo”.

Pero, la solución no es una moratoria, ni mucho menos. No podemos echar el freno de mano en la transición energética porque en ello nos va la conservación del planeta, nuestra salud y el futuro de nuestras generaciones. La moratoria per se generaliza un problema que es particular y localizado en determinadas comarcas; no todos lo hacen mal, hay iniciativas que cumplen con y por el territorio y la ciudadanía.

¿Son pocas? De momento. Ya serán más si aplicamos medidas, pero no paremos. Las renovables son imprescindibles y en eso no hay dudas. Hace 10 años también se realizaban instalaciones y mucha gente las miraba con orgullo, considerándolas como un avance hacia la modernidad que las energías limpias traían a los pueblos. Ahora se ha perdido esa visión, por lo que toca ordenar, priorizar y dar beneficios a los municipios para su propio desarrollo, considerando las instalaciones no como extractivas, sino como impulsoras de la economía local.

Si un promotor llega a un municipio, independientemente del tamaño, alejado de las grandes urbes, con la intención de instalar un parque fotovoltaico o eólico en suelo público, lo primero que debería pasar es que la administración, con la opinión de los vecinos, le diga: “vale, tiene usted estas zonas donde puede llevarlo a cabo. El resto están protegidas porque tienen un elevado valor ambiental y socioeconómico para muchas familias por años de tradición”. Una herramienta que deberían facilitar tanto el Gobierno central como los autonómicos.

Por otro lado, las recaudaciones impositivas o parte de los beneficios derivados de la ocupación de los terrenos, en el caso de que sean públicos, que se destinen a las arcas públicas para generar empleo de calidad en sectores con futuro, como la propia transición energética, o a mejorar la calidad de sus servicios públicos. ¿Por qué no se pueden destinar los beneficios obtenidos a acelerar la movilidad sostenible, instalando puntos de recarga y electrificando la flota de transporte público? El abanico de posibilidades es muy amplio.

Otra de las opciones es que el promotor ofrezca algo a cambio a la ciudadanía de la población en cuestión. Muchos empiezan a predicar con este ejemplo y debería replicarse si existe esa posibilidad. El proyecto Hybrex es un claro ejemplo de por dónde deben ir las soluciones, conjugadas con buenas ideas. En este caso, en la comarca de la Sierra de Montánchez, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Sentarse, hablar, debatir, escuchar, proponer y acordar. Así se construye el futuro de las renovables, evitando el “aquí no”.

El proyecto contempla 4 instalaciones fotovoltaicas que suman en total 120 MW (46,5 MW+22 MW+45 MW+6,5 MW), que generaran 202 GWh anuales y una capacidad de almacenamiento de 50 MWh. Paralelamente, contempla otros 4 parques eólicos que suman 110 MW, con una capacidad de 333,3 GWh de generación anual. Hasta ahí, todo bien, nada de grandes parques de 300 MW ni miles de hectáreas. Pero, la innovación y la idea disruptiva se vislumbra en lo que van a aportar de manera gratuita a los municipios.

Hybrex financiará instalaciones de autoconsumo en los municipios afectados y serán gestionadas por comunidades energéticas. Es decir, pretende otorgar a los ciudadanos de las localidades afectadas la oportunidad y las herramientas de ser partícipes activos de la transición energética, con el consecuente beneficio de una reducción de la factura. Además, exigirá a las empresas proveedoras que contraten a trabajadores de la comarca, con una formación previa si requiere de una fase de especialización. ¿Se pueden hacer bien las cosas? Por supuesto. No todo es negro o blanco.

Este ejemplo no exime al legislador de realizar su función de “regular” a escala nacional, regional y local y no dejar a la bondad de los promotores estas ideas. No podemos caer en dogmas irracionales como el de que las renovables son un peligro; al contrario, el peligro vendrá si no las instalamos con criterios racionales de ordenación, mejorando el bienestar y la economía de los municipios aledaños.

En algún momento, mejor cuanto antes, resonará el eco de esta frase en los consistorios de toda España al recibir la petición de un proyecto: “renovables sí, pero póngalas aquí”. Y habrá merecido la pena construir las soluciones desde el consenso.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

El gas natural: un obstáculo para una verdadera descarbonización del transporte marítimo

El transporte marítimo es un sector con una creciente participación en la economía mundial que tiene un impacto medioambiental negativo muy significativo y, también, un constante aumento tanto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos (ya que actualmente depende prácticamente de forma absoluta del uso de combustibles fósiles, mayoritariamente fuelóleo pesado, como fuente de energía), como de generación de ruido submarino y colisiones con la fauna marina, entre otros.

Según el Cuarto Estudio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre los gases de efecto invernadero del transporte marítimo, las emisiones de GEI -incluyendo el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), expresadas en CO2-eq- del total del transporte marítimo (internacional, doméstico y pesquero) han aumentado de 977 millones de toneladas en 2012 a 1.076 millones de toneladas en 2018. En 2012, hubo 962 millones de toneladas de emisiones de CO2, mientras que en 2018 esta cantidad creció un 9,3% hasta los 1.056 millones de toneladas de emisiones de CO2. La proporción de las emisiones del transporte marítimo en las emisiones antropogénicas mundiales ha aumentado del 2,76% en 2012 al 2,89% en 2018.

Esta cifra de 1.076 millones de toneladas (1.000 millones de toneladas = 1 gigatonelada, GT) de emisiones anuales de GEI convierte al transporte marítimo internacional en su conjunto en el sexto mayor emisor del mundo, después de China (10,06 GT), Estados Unidos (5,41 GT), India (2,65 GT), la Federación Rusa (1,71 GT) y Japón (1,16 GT), que son los cinco primeros países emisores del mundo. Le sigue en el ranking Alemania (0,75 GT) [datos referidos a 2018].

Sin embargo, la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Si no se toman medidas, la evolución creciente del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros conducirá inevitablemente a un aumento de las emisiones de GEI en este sector. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático, el transporte marítimo internacional debe impulsar su transición hacia la descarbonización.

En un momento tan crucial como en el que nos encontramos, en plena emergencia climática, las inversiones y el desarrollo tienen que ir hacia un solo objetivo: la descarbonización; y alejarse de opciones falsas, como el gas natural licuado (GNL), que solo contribuirían a mantener a largo plazo la actual dependencia energética de combustibles fósiles.

El gas natural tiene un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos. Apostar por el gas natural conducirá a la generación de activos varados y también a exacerbar la gravedad del cambio climático.

El gas natural es un combustible fósil que se extrae del subsuelo. Está compuesto en su mayor parte por moléculas de metano (CH4), que produce CO2 cuando se quema. El metano es también un gas de efecto invernadero en sí mismo, 36 veces más potente como GEI que el CO2 en una perspectiva de 100 años (o 87 veces más potente en una de 20 años). Por lo tanto, su liberación a la atmósfera provoca más cambio climático que su combustión. El gas natural es «gaseoso» en condiciones normales de temperatura y presión atmosférica. Para facilitar su transporte y almacenamiento, se suele licuar a temperaturas de congelación (-160Cº), lo que da lugar al gas natural licuado (GNL).

Aunque el GNL es presentado interesadamente por la industria de los hidrocarburos como un combustible puente hacia la descarbonización, menos perjudicial para el clima que los combustibles fósiles convencionales, eso es una falacia. El engaño consiste en considerar únicamente las emisiones directas de CO2 de la combustión del GNL, pasando por alto el impacto de las fugas y filtraciones de metano a la atmósfera. El metano suele fugar desde los gasoductos de gas natural durante el transporte o se escapa de los motores cuando se produce una combustión incompleta. La combinación de las emisiones de CO2 y las filtraciones/escapes de metano a lo largo de todo el ciclo de vida del combustible, es decir, desde la producción hasta su combustión en el barco, hace que el gas natural/GNL sea más perjudicial en términos climáticos que el gasóleo fósil usado en el transporte marítimo.

Afortunadamente, existen muchas opciones operativas y tecnológicas que pueden aplicarse para reducir las emisiones de GEI de los buques. Así, el aumento de la eficiencia de los motores, de las hélices y del propio diseño de la embarcación tendrá un impacto significativo en la reducción de las emisiones y, sobre todo, en el recorte del crecimiento futuro de las mismas.

Otras medidas de eficiencia operativa, en especial la reducción de la velocidad de navegación, son muy importantes para reducir el consumo de energía y las emisiones y pueden adoptarse inmediatamente.

En cuanto a la reducción de velocidad, el citado estudio de la OMI reconoce que:

– La reducción de velocidad es considerada como la tecnología con un mayor potencial de reducción de CO2.

– El potencial de reducción de CO2 de la reducción de velocidad indica valores más altos que otras tecnologías.

– Los factores que impulsan la reducción de la intensidad de carbono de los buques incluyen principalmente la mejora de la eficiencia del diseño, la reducción de la velocidad y la optimización de la carga útil.

Es ampliamente reconocido que la reducción de la velocidad de los buques es, entre las diferentes medidas operativas disponibles, la que puede contribuir de forma más rentable a reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo. De hecho, esta medida permite reducir, de forma muy significativa y con efecto inmediato, las emisiones de CO2, los contaminantes atmosféricos como el SOx, el NOx y el carbono negro, así como el ruido submarino y el riesgo de colisión con la fauna marina, como señalan estudios recientes.

Con respecto a los combustibles cero emisiones, la solución más sostenible, especialmente para los barcos más grandes y los viajes transoceánicos, es el uso de hidrógeno verde y el e-amoniaco. Este último presenta la opción de e-combustible más barata para el transporte marítimo, con mejor rendimiento que el e-GNL.

Hay un creciente consenso entre los mayores astilleros del mundo de que el e-amoniaco podría ser la «alternativa más cercana a un combustible ideal» para el transporte marítimo. A pesar de que su densidad energética es inferior a la de los e-hidrocarburos y los e-alcoholes, como el e-diésel, el e-metanol o el e-metano, el coste total de operación de los buques oceánicos con e-amoníaco parece ser el más bajo, incluso si se tienen en cuenta los costes indirectos de la pérdida de espacio.

Por todo ello, apostar por el GNL para el transporte marítimo es absurdo desde el punto de vista climático y un grave error en la transición energética hacia la descarbonización. Incomprensiblemente, la Comisión Europea dentro de su paquete legislativo “Fit for 55” (presentado el pasado 14 de julio y cuyo objetivo es asegurar que la Unión Europea reducirá sus emisiones de GEI en al menos un 55% para 2030) decidió apoyar el GNL en lugar de proponer medidas para asegurar el necesario despliegue de combustibles cero emisiones. Esperemos que en la tramitación que tendrá lugar en los próximos meses entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, ese grave error sea subsanado.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

La energía como derecho

La humanidad ha explotado los recursos energéticos a su alcance desde el principio de los tiempos y este hecho explica, en parte, la historia misma de nuestras sociedades. Incluso antes de la Revolución Industrial, momento en el que se populariza la máquina de vapor y demás artefactos que hoy asociamos con el inicio de la modernidad, recurríamos a los animales para aprovechar su fuerza y producir más alimentos o transportar cargas pesadas. Y más recientemente, el control de los yacimientos petrolíferos y otros recursos fósiles ha definido la geopolítica mundial y las dinámicas de poder durante gran parte del siglo XX. Por lo tanto, la energía es un factor clave para entender el devenir de la humanidad y estudiando su historia también podemos entrever algunas raíces de la desigualdad, ya que quien poseía un buey, por ejemplo, tenía más posibilidades de prosperar que aquel que solo contaba con la energía de su propio cuerpo.

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