Archivo de la categoría ‘Fuentes no renovables’

Disrupciones Tecnológicas, VTC y Coche Eléctrico

Está circulando un WhatsApp que voy a reproducir y editar. Que cada cual lo interprete a su gusto.

“Canon y Nikon empiezan movilizaciones en las principales ciudades. Sus reivindicaciones básicas:

(1) Que solo uno de cada 30 móviles tenga cámara de fotos.

(2) Que entre foto y foto tengan que pasar más de 15 minutos.

(3) Que los megapíxeles de las cámaras de los móviles no puedan superar los de las cámaras de usar y tirar.

(4) Y que para ver las fotos del móvil haya que ir a un laboratorio a descargarlas. Están dispuestos a romper los móviles con cámara que vean por la calle, agredir a sus dueños y ejercer todo tipo de violencia para que la sociedad comprenda la lógica de sus reivindicaciones”.

Ahora, la variante automotriz/petrolera:

“Las patronales del automóvil y del petróleo empiezan movilizaciones en las principales ciudades y Bruselas. Sus reivindicaciones básicas:

(1) Que se siga subvencionando la fiscalidad del gasoil, del gas y de la gasolina.

(2) Que no se instalen puntos de recarga en autopistas ni en sus gasolineras.

(3) Que se exija cambiar los transformadores en las viviendas donde algún vecino quiera poner un punto de carga vinculado a su contador.

 

(4) Que se siga subvencionando la compra de vehículos a combustibles alternativos, aunque emitan CO2, NOx y Partículas.

(5) Que no se internalice el coste de la contaminación que producen, ni los daños a la salud, ni los daños al clima.

(6) Y que no se invierta en la mejora y abaratamiento de las baterías.

Están dispuestos a romper los coches eléctricos que vean por la calle, aparcar en sus puntos de recarga y ejercer todo tipo de presión para que la sociedad comprenda que esto del cambio climático es una quimera, que la contaminación en las ciudades no procede del tráfico rodado, que más gente muere por malnutrición y que esto del coche eléctrico es cosa de ricos”.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Los vehículos con gas: ni eficientes ni ecológicos

Inauguramos el año con la noticia de que el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que regula las ayudas para la adquisición de vehículos de “energías alternativas” (PLAN MOVEA) -actualmente en proceso de consulta pública- incluye los vehículos que utilizan gas en las distintas formas en las que se comercializa.

Desde estas mismas páginas hemos analizado los problemas inherentes al uso de estos combustibles fósiles y las razones por las que no tienen cabida en la transición energética. Además de las obvias razones medioambientales, de que no somos un país productor de gas y de que más del 40% de las reservas mundiales están en países de Oriente Medio con fuerte inestabilidad política, hay una razón poderosa para no apostar por el gas: los motores de combustión son muy poco eficientes y la utilización de estos combustibles no mejora su eficiencia.

En condiciones ideales un motor de combustión interna tiene una eficiencia del 30%, mientras que en condiciones reales su eficiencia baja, dependiendo de las condiciones de uso, y su valor está entre un 10 y un 20%, mientras que un coche eléctrico tiene eficiencias reales del 90%.

¿En que se traducen estos datos en términos de eficiencia energética?

Pues en que por cada 10 kWh de energía que usemos un motor de combustión aprovecha 2 kWh mientras que un motor eléctrico aprovecha 9 kWh.

Esta brutal diferencia en eficiencia se puede visualizar mejor si comparamos los consumos energéticos de los vehículos en recorridos similares.

Hemos considerado el consumo medio estimado de combustible de diversos autos en estudios comparativos realizados en condiciones reales  de funcionamiento por el sector del automóvil. Estos estudios revelan que los consumos medios de combustible para recorrer 100 km son:

  • Gasolina 5,5 litros/100 km
  • Diésel 5,5 litros/100 km
  • Gas Natural Comprimido 3,7 kg/100 km + 0,17 litros gasolina/100 km
  • Gas Natural Licuado                 9,1 kg/100 km

Si tenemos en cuenta los poderes caloríficos de los distintos combustibles y las equivalencias de unidades y expresamos los consumos en kWh, nos encontramos que para recorrer 100 km la energía consumida por cada uno de los vehículos ha sido la siguiente:

  • Gasolina 51  kWh
  • Diésel 56  kWh
  • Gas Natural Comprimido 66 kWh
  • Gas Natural Licuado 138 kWh

Si comparamos estos consumos con que un coche eléctrico consume de media 15 kWh/100 km nos encontramos que, en términos energéticos, un vehículo eléctrico es 8 veces más eficiente que un vehículo con Gas Natural Licuado y 4,4 veces más eficiente que los que funcionen con Gas Natural Comprimido. Esto significa que con la misma energía, mientras que un vehículo eléctrico es capaz de recorrer 100 km, un vehículo de Gas Natural Comprimido recorre 23 km y uno de Gas Natural Licuado 12 km.

Un vehículo eléctrico es 8 veces más eficiente que un vehículo con Gas Natural Licuado y 4,4 veces más eficiente que los que funcionen con Gas Natural Comprimido. Esto significa que con la misma energía, mientras que un vehículo eléctrico es capaz de recorrer 100 km, un vehículo de Gas Natural Comprimido recorre 23 km y uno de Gas Natural Licuado 12 km.

En cuanto a costes, los precios actuales de los combustibles hacen que estas diferencias se compensen un poco. Así, el coste en euros para recorrer 100 km es el siguiente:

  • Gasolina 7,2 €
  • Diésel 7,2 €
  • Gas Natural Comprimido 3,2 €
  • Gas Natural Licuado 6 €
  • Eléctrico 2 €

El vehículo eléctrico es actualmente la opción energética más barata.

Comprobamos como la eficiencia de los motores de combustión es muy baja y esta razón, por sí misma, debería ser suficiente para abandonar los motores de combustión y apostar de forma decidida por el vehículo eléctrico.

La apuesta de los fabricantes por los motores de gas es un último intento de alargar la vida de una tecnología obsoleta, aprovechando la disminución de emisiones de estos vehículos para presentarlos como alternativa a los combustibles tradicionales.

Es bastante desolador observar cómo, además de las ayudas estatales a la compra de vehículos de gas, las Comunidades Autónomas también incentivan su compra mediante ayudas, incluso para la reconversión de motores de gasolina o diésel a motores de gas. La Dirección General de Tráfico concede, además, a estos vehículos el distintivo ECO, lo que les permite estar exentos de las restricciones de tráfico en episodios de alta contaminación en las ciudades o acceder a bonificaciones de aparcamiento, entre otras. Exactamente igual que los coches eléctricos.

Un último dato: en España existen 600 estaciones para repostar Gas Natural Licuado y sólo 55 para Gas Natural Comprimido, mientras que tenemos alrededor de 3000 puntos de recarga de vehículo eléctrico. Puestos a invertir para extender la cobertura de estas redes, la apuesta debería ser por ampliar significativamente los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La transición energética exige tanto el abandono de los combustibles fósiles como la apuesta decidida por las tecnologías más eficientes. Apostar por el gas sólo va a retrasar la transición energética y no será nunca una opción energética de futuro para España. No parece razonable, ni es coherente que queramos avanzar en la transición energética y que, al mismo tiempo, desde las administraciones públicas, se sigan subvencionando estas tecnologías fósiles.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

En el Plan MOVEA sobra el gas

Mal empezamos si el Plan se llama de Movilidad con “Energías Alternativas”… ¿Qué sentido tiene subvencionar unas tecnologías tres veces menos eficientes, casi igual de contaminantes y que deberán desaparecer en un par de décadas?

El Estado español debe concentrar todas las ayudas para fomentar la movilidad sostenible en las tecnologías que ya son de emisiones cero en uso y que serán de emisiones cero en ciclo de vida al finalizar la transición energética: vehículos eléctricos. Además, esta tecnología ya es tres veces más eficiente, con lo que ello implicará en el balance energético nacional. Y, además, toda la electricidad que consuma será de origen nacional, con un ahorro milmillonario en la balanza comercial y la posible creación de medio millón de empleos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sigue la estela del anterior ministro: que nada cambie. Parece que se comunica poco con el Ministerio para la Transición Ecológica. Este ha propuesto un borrador de Ley de CCyTE que implica la desaparición de los combustibles fósiles en el transporte en el horizonte de 2040 (matriculaciones) y 2050 (circulación). Y el Mincotur propone un Plan MOVEA 2019 que sigue subvencionando las “energías alternativas”: el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, con la pretensión de que son “menos contaminantes” que el gasóleo o la gasolina y que “la industria española del automóvil es muy importante y hay que proteger los empleos”. Como si la fabricación de vehículos a gas fuera algo más que testimonial de la industria…

El Mincotur propone un Plan MOVEA 2019 que sigue subvencionando las “energías alternativas”: el gas licuado del petróleo, el gas natural comprimido y el gas natural licuado, con la pretensión de que son “menos contaminantes” que el gasóleo o la gasolina

Al menos, han tenido el detalle de dejar opinar a la ciudadanía sobre el particular en esta consulta pública sobre el MOVEA 2019. Esperemos que no sea otra medida cosmética más.

Estas son mis 10 Razones

1.- Los vehículos propulsados por gases fósiles (GLP, GNC y GNL) emiten casi la misma contaminación que los nuevos modelos diésel o gasolina Euro6 (ver Gas fósil en transporte). No debe subvencionarse una tecnología casi igual de contaminante. Hacerlo sería un derroche de recursos públicos escasos, que tendrá tres efectos indeseables para la transición a una movilidad realmente sostenible:

  • Retrasará la penetración de la movilidad de emisiones CERO.
  • Fomentará la penetración de unas tecnologías que emiten casi el mismo CO2e, NOx y partículas.
  • Incentivará inversiones millonarias tanto de fabricantes de vehículos como de infraestructuras gasistas (red de gasineras), hoy casi inexistentes, lo que prolongará la existencia de unas tecnologías que deberán quedar abandonadas antes de acabar su vida útil.

2.- Vehículos eléctricos. Las emisiones en el tubo de escape de la movilidad eléctrica son CERO. Sus emisiones totales (del pozo a la rueda) son inferiores al 40%, considerando el mix español de electricidad. Además, el objetivo es que lleguen a emitir CERO en todo su ciclo de vida, cuando se cumplan los objetivos de la UE y del Gobierno de tener electricidad 100% sin emisiones, hacia 2050.

3.- Fabricación de automóviles. Si los vehículos viejos son más contaminantes, que se renueven por nuevos, de gasolina, gasóleo, GLP, GNC o GNL, Euro6 y posteriores. Pero sin subvenciones. La industria española del automóvil es muy importante y, si quiere seguir siéndolo, que haga lo imposible por fabricar modelos eléctricos y ser parte del futuro. Si se van a perder empleos en la fabricación de componentes innecesarios (tubos de escape, radiadores, cajas de cambios, etc. etc.)  deberán reinventarse y fabricar componentes necesarios en la movilidad del futuro, sobre todo, baterías. Y en la construcción, mantenimiento, operación y desmantelamiento de las infraestructuras de carga y de generación de electricidad sin emisiones. Analistas, multilaterales, bancos de inversiones y universidades de todo el mundo afirman que la creación de empleo en una economía descarbonizada será varias veces superior a la destrucción de empleo en las industrias fósiles. Apostemos por esos empleos. No apostemos por seguir fabricando tubos de escape.

4.- Eficiencia energética. El rendimiento de los vehículos eléctricos se acerca al 90%, mientras que con motor térmico no se llega al 30%. Si se desea fomentar la movilidad sostenible y llegar a una flota de más de 30 millones (los registrados en la DGT ya superan los 33M), esa flota deberá ser de rendimiento próximo al 90%. Subvencionar vehículos con rendimiento inferior al 30% es un derroche de recursos difícil de explicar.

5.- Coherencia interministerial. El Ministerio para la Transición Ecológica hizo público un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que proponía la transición hacia una economía descarbonizada. Las medidas relativas a movilidad incluían la prohibición de matricular, a partir de 2040, vehículos que emitan gases de efecto invernadero. Y prohibir su circulación a partir de 2050. En este contexto, no tiene sentido dedicar recursos públicos y fomentar el desarrollo de unas tecnologías con fecha de caducidad.

6.- Balanza comercial y factura energética. Hacia 2050 y una vez realizada la Transición, la generación de electricidad será próxima al 100% renovable. Quizá con algún respaldo nuclear o de gas. En tal escenario, España habrá sustituido las actuales importaciones de hidrocarburos del orden de 30.000 M€ anuales por una electricidad generada localmente, a base de eólica, solar, hidroeléctrica, bioenergías, etc., así como diferentes medidas de digitalización, gestión de la demanda, conexiones, almacenamiento (bombeo, baterías, otros). A coste marginal CERO.

7.- Creación de empleo. Todas las infraestructuras citadas, así como las necesarias para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, red de recarga pública y privada, su mantenimiento y operación, su desmantelamiento y sustitución supondrá la generación de cientos de miles de nuevos empleos.

8.- PIB. Todos esos nuevos empleos ocurrirán por la sustitución del gasto en hidrocarburos, con un impacto más que positivo en el PIB nacional, por menores importaciones y mayor renta disponible para el consumo en España, no en Arabia Saudita.

9.- Industrialización. Y en casi todas esas tecnologías, las empresas españolas son punteras en el mundo. Se pueden recuperar empleos industriales de calidad en unas décadas de pérdida de empleo por digitalización y automatización. La mayor parte de estos empleos no son deslocalizables.

10.- Fiscalidad ambiental. España no solo debe terminar con las subvenciones a los hidrocarburos, debe gravar todos los combustibles fósiles en proporción a sus emisiones reales totales del pozo a la rueda. Con datos de la OCU (noviembre 2018), en España, los impuestos a los carburantes eran: 45,70 céntimos/litro a la gasolina, 33,10 cént./l al gasóleo, 3 cént./l al LPG y 6 cént./kg al GNC. Recalculados por kilogramo (más parecido a su poder contaminante que por litro), quedaría: 67 cént./kg la gasolina, 40 cént./kg el gasóleo y 6 cént./kg GLP/GNC. No tiene ningún sentido que combustibles con poder contaminante y climático similar tengan semejantes ventajas fiscales. Debe armonizarse esta fiscalidad en proporción al poder contaminante total de cada hidrocarburo en 5-10 años.

España necesita plantearse la renovación de casi 30 millones de vehículos a motor como una herramienta más para llegar a un futuro eficiente, sin emisiones, sin importaciones de hidrocarburos, con generación de empleo industrial, en una economía sostenible.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia “cambios de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

planta

En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era “un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima”.

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: “El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: “El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes”.

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca“, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca”

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación “Casablanca” es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos”.

También añadió: “Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla”. En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Las falsas verdades del sector petrolero y la transición energética

El otro día tuvo lugar la reunión anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Las reseñas de prensa han sido “trending topic” en todos los medios. Traigo algunas de las perlas de la reunión y mi réplica:

1.- Luis Aires (BP) lamentó que “la intención del Gobierno socava los principios de libertad y progreso

NO, no hay libertad y progreso si una tecnología causa muertes prematuras evitables y daña el clima por acumulación de gases, con consecuencias devastadoras, según la comunidad científica global. Como sea, la intención del Gobierno es cumplir los objetivos de la UE de descarbonización en 2050.

2.-“Va en contra del progreso y la neutralidad tecnológica” Luis Aires (BP)

NO, no puede haber neutralidad tecnológica si unas tecnologías emiten CO2 y otros contaminantes y otras tecnologías no (Vehículo Eléctrico y H2 con electricidad renovable).

3.-Crea incertidumbre” en el sector automovilístico.” Luis Aires (BP)

SÍ. Pero les avisa con 22 años para que aceleren su transición. ¿Qué otra industria ha sido avisada con 22 años?

4.-“Esa medida restringe la libertad de desarrollo del sector, poniendo además en riesgo la competitividad y el empleo” Luis Aires (BP)

NO: (a) el sector de combustibles fósiles solo puede desarrollarse de manera sostenible inventando alguna tecnología segura y barata de captura y almacenamiento de los productos de la combustión: CO2, NOx, PM,…  lo que parece imposible con 1.300 Millones de vehículos a motor dispersos en todo el mundo. (b) La competitividad nacional debe mejorar pues las energías renovables ya son más baratas que las fósiles y siguen abaratándose. (c) El empleo debe mejorar si se reemplazan energías importadas intensivas en gasto variable (combustible) por energías nacionales intensivas en coste de capital (construcción y montaje) con costes marginales tendentes a cero (agua, sol y viento renovables).

 

5.-“Que las distintas tecnologías compitan entre sí en igualdad de condiciones” Luis Aires (BP)

Puede ser, pero eso exigiría la internalización, en los precios de los combustibles fósiles, del daño que causan a la sociedad, tanto por la mortalidad anticipada de sus contaminantes químicos como por el cambio climático que causan sus gases de efecto invernadero.  En todo caso, la exigencia de descarbonización impulsada por la UE será de obligado cumplimiento.

6.-Se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que preguntó qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico” Luis Aires (BP)

NO, esos impuestos apenas dan para el mantenimiento de las infraestructuras, las carreteras.  La fiscalidad de los carburantes, una vez contabilizado el uso de sus infraestructuras es casi nula, según Nera Consulting. En la transición, la fiscalidad de los combustibles fósiles debe subir y  la fiscalidad de la electricidad sin emisiones debe bajar. Toda la flota, sea eléctrica o fósil, deberá contribuir al mantenimiento de las carreteras. O sea, los 17.000 M€ deberán ser pagados por los coches eléctricos cuando sean el 100% de la flota. Entre 33 millones de vehículos (DGT- 2016), resulta una media de 500€ anuales.

 7.- “Esto es golpe en la línea de flotación de la economía y a las principales empresas exportadoras” Imaz (Repsol) 

NO. Esto es un golpe en la línea de flotación del sector de combustibles fósiles. Es verdad que exportan, pero una fracción de lo que importan. Si se refiere a la industria del automóvil, tienen 22 años para reinventarse y seguir exportando coches eléctricos. La economía española debería mejorar su balanza comercial y se generará empleo neto.

8.- Imaz (Repsol) pidió al regulador “humildad” y apostó por no ser “pretenciosos” y respaldar la “neutralidad tecnológica“. “No hipotequemos al ciudadano“.

Sin comentarios…

Es totalmente comprensible su reacción. Está en riesgo de desaparición todo su modelo de negocio. Pero la sociedad debe erradicar los gases de efecto invernadero. La UE se ha propuesto que en 2050, sus emisiones sean CERO o casi CERO. Tendremos que empezar en serio en algún momento.  En aquellos sectores de actividad donde ya tenemos las tecnologías y, además, son más baratas, no podemos perder ni un solo año más.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Un nuevo paso hacia un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos, pero hacen falta más

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

De las medidas urgentes para la protección del Mediterráneo que Alianza Mar Blava solicitó al nuevo Gobierno, una ya es realidad. Se trata de la aprobación, efectuada en el Consejo de Ministros del pasado 29 de junio, del Real Decreto 669/2018, de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, que establece además la adopción de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona, tal y como Mar Blava venía solicitando desde mediados de 2015.

Este nuevo espacio marino protegido tiene una superficie de 46.385,70 km2. Es una franja de aguas de unos 85 km de anchura media, que discurre entre la costa catalana y la valenciana, y el archipiélago balear. Se extiende por el norte dentro de las aguas de soberanía española a la altura del Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur; por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 km; y por el oeste, también paralela a las costas catalana y valenciana, se mantiene a unos 38 km de distancia media.

La zona protegida comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo y los recursos naturales existentes dentro de los límites establecidos por las coordenadas geográficas que marca el Real Decreto.

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España.

El citado corredor tiene un altísimo valor ecológico por albergar una gran diversidad de especies de cetáceos (incluyendo la segunda y tercera especies más grandes de la Tierra: los rorcuales y los cachalotes, así como el delfín mular y el delfín listado y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier) y, además, es de especial relevancia por ser utilizado como zona de paso migratorio por el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo. Todas estas especies han recibido ya estatus de protección por parte de varios regímenes de conservación tanto nacionales como  internacionales. Por no citar otras muchas especies de fauna marina (aves, tortugas, peces -incluidos los tiburones-, e invertebrados).

A mediados de 2015, Alianza Mar Blava incluyó entre sus objetivos la protección del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida (AMP) por el Gobierno español y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona. Y así lo decidió, no sólo por la relevancia de este espacio marino desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina del mar Mediterráneo, sino también para imposibilitar que se pudieran llevar a cabo diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos que distintas compañías petroleras habían solicitado en esta misma zona.

Algunos de éstos están aún en tramitación (ver más abajo) y otros cuyo archivo ya se ha logrado en los últimos años mediante otras estrategias. Así, en 2015 se consiguió el archivo de los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados (en 2010) en el golfo de Valencia a la petrolera Cairn Energy; en 2016, el archivo del proyecto de prospecciones de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León; y en 2017, el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.

Mediterraneo

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España. Entre los apoyos que logró sumar para consolidar esta iniciativa están los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, los Consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los Diputados y el Senado, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como numerosos expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Con el fin de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de las especies presentes en este espacio marino, en este Real Decreto se aprueba la aplicación de un régimen de protección preventiva que determina que quedará prohibido cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor” y también que no se permitirá el uso de sistemas activos destinados a la investigación geológica subterránea  (tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea), salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor”.

Sobre este espacio marino no hay actualmente ningún permiso de investigación o explotación en vigor. Pero lo que sí hay son varias solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, cuyas superficies de actuación prevista se solaparían con grandes áreas del citado Corredor. En concreto, los doce permisos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León y el denominado “Medusa”, solicitado por las petroleras Repsol, CEPSA, CNWL Oil España y POG, frente a las costas de Tarragona.

 Por lo tanto,Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto y especificado en su régimen de protección preventiva, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

La protección del Corredor de Migración de Cetáceos era una medida muy importante y urgente. En primer lugar, por la extraordinaria importancia ecológica que este Corredor tiene por sí mismo. En segundo lugar, para posibilitar la puesta en marcha de medidas de protección que impidan que puedan materializarse una serie de proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que amenazan seriamente sus valores naturales y su viabilidad. Y, por último, para poner actuar sobre procesos que ya están actuando negativamente sobre las especies que pueblan este corredor, como es el caso de la contaminación acústica submarina, para lo cual es fundamental que el Gobierno inicie de inmediato la elaboración de un eficaz Plan de Uso y Gestión de este nuevo espacio marino protegido.

Evidentemente con la declaración de esta nueva Área Marina Protegida no basta. Hacen falta nuevos pasos, que el Gobierno puede dar, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos minerales en las aguas bajo jurisdicción española.

El primero es decretar una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.

El segundo, el archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación fuera del Corredor de Migración de Cetáceos: el proyecto “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera; y el proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;

No tiene sentido seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos, ni en el mar ni en la tierra, si queremos ser coherentes con nuestros compromisos frente al desafío del cambio climático: #KeepItInTheGround.

Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

El dinero vira al verde

Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

La necesidad de un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energía limpia es más que evidente en este primer cuarto de siglo. Parece que ha llegado el momento en el que las empresas vayan más allá del “condimento” publicitario verde y empiecen a adaptar sus productos, sus servicios y, sobre todo, sus estrategias de negocio a una economía baja en carbono.

En un artículo del año pasado en el que me ocupé del anunciado colapso de la industria petrolera, conté que los grandes inversores como el fondo soberano de Noruega o la Fundación Rockefeller, cuyos patronos lograron su vasta fortuna con el petróleo, estaban retirando sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles. Otros grandes fondos de inversión ya se han unido a una tendencia que parece imparable, como es el caso del mayor fondo de pensiones sueco, AP7, y de su equivalente neozelandés NZSF, que han anunciado que retirarán paulatinamente todas sus inversiones en activos asociados a los combustibles fósiles. También lo han hecho algunos de los mayores bancos del mundo, como HSBC, que el pasado mes de abril anunció que no financiará más centrales eléctricas de carbón.

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables. A ello no es ajena la alta rentabilidad de las empresas del sector renovables. Por citar el caso español, los dos mejores valores de la bolsa en el primer tramo de este año son de ese sector. Tanto Solaria como Audax Renovables (antiguamente Fersa) acumulan subidas de tres dígitos (160% y 380%, respectivamente), mientras que Saeta Yield se dispara un 26%.

Otra señal muy positiva es que más de una treintena de compañías del Ibex-35 (Ferrovial, Acciona, Iberdrola, Enagás, Abertis, Endesa, Gas Natural Fenosa, Telefónica, Santander, Ineco, Ecoterrae, Ecoembes, Logista, y BBVA, entre otras) se han unido para buscar oportunidades de negocio, crecimiento y empleo en el que a todas luces será un nuevo escenario económico.

fondos

Esas y otras empresas han constituido el Grupo Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), cuyo presidente, Valentín Alfaya, reveló en una entrevista el principal objetivo del grupo: «[…] liderar en nuestro país la transición industrial que impone el Acuerdo de París (2015) y abordar junto a las administraciones públicas los grandes retos medioambientales».

En abril, GECV publicó un manifiesto reclamando al Gobierno la aprobación “urgente” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La declaración de intenciones del manifiesto estaba patente desde su enunciado: «Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia.  Si miramos hacia la mayor parte de los países de nuestro entorno, podremos contemplar una evolución inminente hacia una economía baja en carbono, un proceso iniciado a escala global que se traducirá necesariamente, en fuente de numerosas oportunidades. Las economías que se erijan como líderes de esa transición serán las primeras de la fila en aprovechar las bondades que la descarbonización ofrece. Y es que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles es la principal causa del temido cambio climático cuyos tentáculos ya han empezado a dejar graves huellas en el planeta».

Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

El GECV está en la línea de la reciente iniciativa Climate Action 100+, que ha conseguido la adhesión de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Estas empresas han adquirido el compromiso de reducir las emisiones en sus instalaciones y de ofrecer una información transparente sobre su exposición al cambio climático y al cumplimiento del Acuerdo de París, lo que incluye los riesgos de no poder utilizar todas las reservas fósiles incluidas en sus balances contables. Según la comunidad científica, el 35% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas y un 90% de las reservas de carbón deberán quedarse bajo tierra para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Siguen llegando señales de que el tiempo del cambio ya está aquí. Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables. Como ha señalado en un reciente artículo Mikel González-Eguino, la primera señal vino de la mano de una entrevista concedida a Financial Review por Jim Barry, director de inversiones e infraestructuras de Blackrock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, en la que alertaba de que los planes para invertir más dinero en centrales de carbón eran como «negar la ley de la gravedad», una temeridad financiera. Blackrock no se ha quedado ahí.

Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables.

En una carta enviada a los consejeros delegados (CEOs) de las empresas de las que es accionista, Larry Fink, presidente de la financiera, da la alerta de los riesgos que corren si no se adaptan al nuevo tiempo que nos toca vivir. Según Fink, las empresas «no solo deben ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad» y cómo «responden a desafíos sociales más amplios», porque de lo contrario podrían perder la «licencia social» para seguir operando. Fink advierte que los más ricos han cosechado ingentes beneficios tras la Gran Recesión, mientras que la gente común ha tenido que conformarse con salarios estancados. En la carta también advierte de los riesgos que supone el aumento de la desigualdad y de la «polarización», poniendo el dedo en la llaga del incremento de los gobiernos populistas y autoritarios en todo el mundo.

La segunda señal apareció en un monográfico de la revista The Economist, en el que se anunciaba el declive de los coches convencionales ante la expansión de los automóviles eléctricos. La tercera señal proviene de un informe publicado en noviembre de 2017 por Lazard, un banco de inversiones especializado en energía, cuyo último informe situaba el coste medio de la producción de electricidad de las centrales nucleares estadounidenses en 148 dólares por megavatio-hora, muy superior al coste de la producida por eólicas y solares fotovoltaicas, cifrada en 45 y 50 dólares, respectivamente.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta

La sinergia pública-privada también está ejerciendo un papel muy importante de liderazgo cuando los gobiernos fallan a la hora de dar certidumbre y establecer políticas claras para las inversiones en el largo plazo. Sin duda, este es el caso de Estados Unidos, donde el manifiesto We Are Still in (Nosotros seguimos todavía dentro), firmado por las principales empresas del país junto con 9 estados y 125 ciudades, reclama que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. Las ciudades y estados participantes representan 120 millones de estadounidenses y contribuyen con 6,2 billones de dólares a la economía americana, e incluyen a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Pittsburgh, Pennsilvania y Dubuque. Una mezcla de universidades, públicas y privadas, grandes y pequeñas, han incluido a su institución en la declaración. En total las empresas y los inversores signatarios tienen un ingreso anual de 1,4 billones de dólares e incluyen a más de 20 empresas de la lista Fortune 500, entre las que se encuentran Apple, eBay, Gap Inc., Google, Intel, Microsoft, y Nike, además de cientos de pequeñas empresas que también firmaron la declaración.

En definitiva, que la veta más granada del sector financiero ha llegado a la conclusión de que para que sus inversiones sean rentables deben ser respetuosas con el medio ambiente y con las sociedades en las que operan. Saben que durante demasiado tiempo la maximización de los beneficios a corto plazo ha primado sobre la sostenibilidad a largo y sobre la función social a que están obligadas, y son conscientes de que la vieja forma de rentabilizar sus inversiones no podrá continuar mucho más allá.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.

Un caballo de Troya de la industria petrolera

Por Carlos Bravo – Responsable del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

La industria del petróleo y del gas lleva años intentando obtener autorización para hacer prospecciones de hidrocarburos en las aguas que rodean a las islas Baleares. Pero, desde hace un lustro, se ha topado con una enorme oposición social, institucional y política a sus propósitos. Así, desde que en 2013 se creó la Alianza Mar Blava se ha logrado el archivo de los proyectos de la compañía Cairn Energy en el golfo de Valencia (en 2015), Schlumberger en el golfo de León (en 2016) y Spectrum en el mar Balear (en 2017).

Esa acción conjunta de la sociedad civil, el sector privado y la Administración pública que encarna la Alianza Mar Blava también consiguió en 2017 que el Gobierno central decidiese declarar el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida, lo que impedirá la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en  la zona, solicitados por varias empresas petroleras, cuya superficie de actuación se solaparía con la de este espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Mar Blava

En 2016 también se logró que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitiera una Resolución (publicada en el BOE del 17 de agosto de 2016) denegando la declaración de impacto ambiental simplificada solicitada por el Instituto Nazionale di Oceanografía e di Geofisica Sperimentale (INOGS) de Trieste (Italia) para su proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos con la peligrosa técnica de cañones de aire comprimido de alta presión (airguns), planteado en el área marina comprendida entre las islas de Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera, de gran importancia medioambiental. Esta Resolución ministerial motivaba esa denegación en que el proyecto MEDSALT-2 podría producir impactos adversos significativos en el medio ambiente.

Pese a ello, sorpresivamente, el pasado 21 de abril el Gobierno español reactivó la tramitación del proyecto MEDSALT-2, poniendo en marcha un proceso de participación pública, cuya duración, tras una corrección de errores publicada el 22 de mayo, establece un plazo de presentación de alegaciones hasta el 3 de julio. Desde el 21 de abril al 21 de mayo se han registrado legalmente al menos 25.678 alegaciones individuales contra la realización de este proyecto.

El impacto medioambiental de los sondeos acústicos con airguns es crítico e inasumible. Esta técnica es muy impactante para los seres vivos por el enorme nivel de contaminación acústica submarina que genera

El impacto medioambiental de los sondeos acústicos con airguns es crítico e inasumible. Esta técnica es muy impactante para los seres vivos por el enorme nivel de contaminación acústica submarina que genera, y que, como se ha demostrado científicamente, provoca efectos muy negativos para la fauna marina, especialmente a los cetáceos (incluyendo a los de buceo profundo como los cachalotes, zifios y calderones), pero también a tortugas, aves, invertebrados, así como especies de peces de interés comercial.

Así pues, la realización de este proyecto afectaría muy negativamente a la supervivencia de numerosas especies marinas de cetáceos, tortugas, peces, aves e invertebrados, muchas de ellas estrictamente protegidas por la legislación vigente. Las medidas correctoras y preventivas de cara a evitar o reducir afecciones no son eficaces ni, en muchos casos, realistas. El impacto ambiental de este proyecto sería crítico e inevitable.

Las medidas correctoras y preventivas de cara a evitar o reducir afecciones no son eficaces ni, en muchos casos, realistas. El impacto ambiental de este proyecto sería crítico e inevitable.

La supuesta finalidad de este proyecto, denominado “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, es adquirir datos geofísicos en el margen sur de las Islas Baleares, con el objetivo de comprender la formación, causas, cronología, mecanismos de desarrollo, y consecuencias del depósito salino gigante más joven de la Tierra: la capa de sal del Mioceno superior en la cuenca Mediterránea.

Pese a su apariencia científica, la Alianza Mar Blava es conocedora, y dispone de pruebas al efecto, de la vinculación del proyecto MEDSALT-2 con los intereses de la industria petrolera, por las posibilidades que les abre a corto plazo para la exploración de hidrocarburos en la zona.

La Alianza Mar Blava es conocedora, y dispone de pruebas al efecto, de la vinculación del proyecto MEDSALT-2 con los intereses de la industria petrolera

 Es de sobra conocido el interés de la industria del petróleo y el gas por estas formaciones geológicas salinas, por existir en ellos la posibilidad de encontrar importantes bolsas de hidrocarburos.

Esta vinculación queda evidenciada abundantemente en el documento “Memorandum of Understanding for the implementation of the COST Action “Uncovering the Mediterranean salt giant” (MEDSALT) CA15103”, que es la base del proyecto COST/MEDSALT (COST Action CA15103).

Así, en el punto 2.2.1 (pág. 9 del documento) se encuentran varias frases muy reveladoras:

«2.2.1. Plan para involucrar a los socios más relevantes.

 “(…) entre los usuarios finales de la Acción [COST/MEDSALT] se incluyen la industria del petróleo y el gas”.

 “(….) Siete compañías del sector del petróleo y del gas y de compañías de servicios petroleros activas en el Mediterráneo han expresado de forma escrita su interés en la Acción [COST/ MEDSALT]. (…)

Parece innegable que este proyecto es una especie de Caballo de Troya de la industria petrolera, una tapadera de aspecto científico para hacer disimuladamente los sondeos geofísicos

Más claro agua, pero hay muchas citas más. En su Introducción (página 3 del documento) se dice sobre el objetivo del proyecto (investigar los depósitos de sal profundos del Mediterráneo): “Es una oportunidad para que la comunidad científica comparta objetivos, datos, experiencia y herramientas con la industria ya que existe un considerable interés en la exploración de petróleo y gas (…), apuntando a los depósitos de sal profundos del Mediterráneo”.

Hay otras muchas referencias al respecto en ese documento. Otra, igualmente relevante, en el punto 2.1.1 (pág. 8 del documento), donde se puede leer: “En el corto plazo, la Acción [COST/MEDSALT] impulsará la exploración industrial de recursos de hidrocarburos en el sensible ambiente del mar Mediterráneo”.

Parece innegable que este proyecto es una especie de Caballo de Troya de la industria petrolera, una tapadera de aspecto científico para hacer disimuladamente los sondeos geofísicos que de momento las empresas del sector petrolero no han podido llevar a cabo directamente dada la oposición social e institucional surgida ante sus proyectos en las Islas Baleares y otras comunidades autónomas de la cuenca mediterránea.

Quizá no sea casual que la superficie a prospectar con este proyecto MEDSALT-2 se solape de forma significativa con la zona sur del área de prospecciones de hidrocarburos planteada por la compañía Spectrum en su campaña de adquisición sísmica, antes citada, en el mar Balear.

Ante las críticas surgidas hacia el proyecto MEDSALT-2, sus promotores han optado por adoptar una postura victimista, de científicos incomprendidos, alegando que su único objetivo es hacer “Ciencia”

Ante las críticas surgidas hacia el proyecto MEDSALT-2, sus promotores han optado por adoptar una postura victimista, de científicos incomprendidos, alegando que su único objetivo es hacer “Ciencia”, pero, por otra parte, han caído en claras contradicciones sobre la vinculación del proyecto con los objetivos e intereses de la industria petrolera. Lo que está claro, en base a lo que se puede ver en sus propios documentos, es que están haciendo un llamamiento a las empresas del petróleo y el gas para que éstas puedan servirse de sus datos para llevar a cabo sus propósitos.

En Alianza Mar Blava queremos que el mar Mediterráneo quede protegido por ley frente a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la utilización de tecnologías de sondeos acústicos lesivas para el medio marino. Eso es lo que ha manifestado de forma clara y unánime de forma reiterada toda la sociedad balear y sus representantes políticos. Por eso no podemos aceptar que, amparándose de forma subrepticia en la Ciencia, el proyecto MEDSALT-2 sirva de avanzadilla para las empresas del sector petrolero.

Así pues, además de solicitar el archivo del expediente del proyecto MEDSALT-2, sería necesario que el Gobierno ponga en marcha una moratoria de efectos inmediatos a la presentación de nuevos proyectos de sondeos acústicos con cañones de aire comprimido y de prospecciones de hidrocarburos, mientras se tramita una ley que prohíba definitivamente estas nocivas actividades.

 

¿De verdad es el gas la “alternativa eco”?

Miriam Zaitegui. Área de política y acción climática de ECODES

 

La contaminación en las ciudades y los problemas de salud que acarrea, así como el ya más que evidente cambio climático han acelerado procesos políticos para dar el adiós definitivo al petróleo y apostar por la descarbonización del transporte. Sin embargo, en este proceso de descarbonización llama la atención la apuesta por el mal llamado gas natural como combustible alternativo al petróleo, y decimos “mal llamado” porque el gas natural es en realidad un gas fósil, por lo tanto finito, y con grave impacto en el calentamiento global.

Es sorprendente que en un contexto donde 195 países han ratificado el Acuerdo de París y en el que el gobierno español se enorgullece de estar elaborando una Ley de cambio climático y transición energética se acepte y fomente el gas como combustible alternativo.

En 2016 y siguiendo con la Directiva 2014/94/UE para el “Desarrollo del Mercado de los Combustibles Alternativos y su Infraestructuras” España adoptó un marco de acción nacional con el objetivo de “minimizar la dependencia del petróleo en el sector del transporte y mitigar su impacto medioambiental”. En este marco el gas natural es concebido como una de las alternativas “eco” y es incentivado a través de medidas fiscales, etiquetado eco, etc. Este espejismo de sostenibilidad ha llegado hasta el punto de que SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras. Quizá esta publicidad engañosa sea uno de los motivos que explique el aumento de matriculaciones de vehículos a gas de hasta un 112% en un año.

SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras

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