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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Archivo de la categoría ‘Fuentes no renovables’

Interrumpibilidad, subvención industrial que pagan los consumidores eléctricos

Por Sergio de Otto – Vicepresidente de la Fundación Renovables 

luz

“¿Interrumpi…qué?” Interrumpibilidad, aunque el corrector de Word lo subraye en rojo indicando que no reconoce este término, es un mecanismo que supuestamente sirve para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, mecanismo por el que grandes consumidores de energía aceptan que se le interrumpa el suministro a cambio de una “indemnización” que se fija anualmente. Hasta ahí todo suena correcto. ¿Cuál es la realidad? Pues que en un país en el que la potencia instalada (es decir, la capacidad de generar kilovatios hora) es más del doble de la punta de consumo y tres veces la media del consumo medio, este mecanismo lleva casi doce años sin aplicarse —y se tardarán otros tantos en utilizarlo— más allá de cantidades insignificantes que no justifican los más de 500 millones de euros de media (525 M€ este año, 503 M€ el año pasado, 508 M€ en 2015) que cobran fundamentalmente media docena de empresas anualmente por… por no hacer nada más que cobrar.

La interrumpibilidad es, sencillamente, una subvención a unas cuantas empresas en las que el precio de la luz es un elemento clave, una variable decisiva. Una cantidad que el Gobierno podría dar como subvención industrial para que dichas empresas sean competitivas, pero ¡amigo!, en este caso serían ayudas de Estado que Bruselas no admite. La trampa que algún día sancionará la Unión Europea la pagamos los consumidores españoles.

El “fracking” sobrevive con respiración asistida

Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá

Mientras que los principales medios de comunicación continúan propagando que el avance tecnológico traerá consigo suministros de combustibles fósiles cada vez más abundantes, la industria se automedica para mantenerse viva. La disminución de las reservas de petróleo y de las inversiones en el sector, y el aumento de los costes financieros asociados a la explotación, son los factores que están diezmando la que parecía ser una inagotable mina de oro negro. La burbuja comenzó a desinflarse en 2014 y sigue haciéndolo.

El consumo mundial de petróleo en 2016 fue de 25,1 miles de millones de barriles (KMB; Figura 1). Ese año, la industria petrolífera mundial sólo descubrió 2,4 KMB de petróleo convencional, menos de la tercera parte de los descubrimientos medios en quince años (9 KMB). El petróleo convencional es el más rentable, y su tasa de retorno energético TRE es mucho mayor que la de los crudos “no convencionales” como los que se obtienen offshore, de las arenas asfálticas, del chapapote venezolano o mediante fracking. Hay una buena razón para el aprovechamiento reciente de estas fuentes. Por decirlo brevemente, estamos rebañando el fondo del tarro de miel: eso es todo lo que nos queda del barril global.

Figura 1: consumo y descubrimientos de petróleo convencional en 2016 (Agencia Internacional de la Energía (2017).

Ahora, para poner el gráfico anterior en perspectiva, en la Figura 2 aparecen los descubrimientos globales anuales de petróleo convencional desde 1947. Se puede observar que los 2,4 KMB descubiertos en 2016 son apenas una charca cuando se comparan con los años gloriosos de la industria, y más si consideramos que desde el año 2000 el mundo ha estado consumiendo anualmente unos 25,5 KMB de petróleo convencional.

Figura 2. Descubrimientos globales anuales de petróleo convencional desde 1947 ( Bloomberg, 2017)

Como podemos deducir de esa figura, durante bastante tiempo no reemplazamos lo que consumimos. Excepto en 2000 (cuando se produjeron 35 KMB), todos los años la producción ha sido inferior a los 25 KMB. Eso quiere decir, básicamente, que la industria petrolera global ha estado sobreviviendo gracias a su cartilla de ahorros, es decir, al petróleo encontrado en años anteriores.

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Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

 Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico en Alianza Mar Blava

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

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Política energética en clave de avestruz

Ana Barreira – Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente 

¿Por qué desde diversos sectores sociales, gubernamentales y económicos de España se insiste en seguir negando la urgente, inaplazable y necesaria transición energética?

Esta es la estrategia del Gobierno tras anunciar la italiana Enel, principal accionista de Endesa, el cierre en 2020 de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Mientras UGT ha calificado el cierre de “escándalo”, el gobierno de Aragón hizo una ronda de visitas en Madrid para evitar lo inevitable y, según los medios, el ministro de energía Álvaro Nadal parece que prepara un Real Decreto Ley para impedirlo. Por otro lado, el PSOE presentó una fracasada moción en el Senado, contraria a la legislación de la UE, para seguir incentivando el carbón nacional… ¿Estos son los planes de descarbonización para nuestra economía anunciados por el Gobierno la semana pasada en las jornadas preparatorias de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? En palabras de la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la apertura de esas jornadas “todos estamos llamados a garantizar una transformación ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”. ¿Responde esa actuación de representantes políticos y sociales a una transformación?

Está en riesgo nuestra salud. Según el último informe que hemos elaborado en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), a las 15 térmicas de carbón en España se les atribuyen, en 2014, la muerte prematura de 709 personas en España, 459 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, más de 10.500 nuevos episodios de asma en niños y pérdidas económicas de entre 800 y casi 1.700 millones de euros anuales, derivadas del gasto sanitario y la reducción de productividad causada por el absentismo laboral. Tenemos derecho a respirar aire no contaminado.

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Razones para el cierre de Garoña

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

Hace unas semanas recibí, con cierta sorpresa, un escrito de la Subdirección General de Energía Nuclear (SGEN) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) en el que, en resumidas cuentas, informaba que se había recibido en ese Ministerio el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña y que podíamos alegar al respecto. ¡Ojalá fuera la Administración siempre tan diligente y deseosa de fomentar la participación pública!

Ya sabemos que el pasado mes de febrero, el Pleno del CSN, con el único voto en contra de la consejera Cristina Narbona, emitió un informe positivo al alargamiento sine die de la vida de la central de Garoña. Este informe del CSN es preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno, que es quién tiene la decisión final sobre la renovación del permiso de explotación solicitado por el titular de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa y por Iberdrola). Aunque recientemente Iberdrola ha dejado claro que no quiere que Garoña vuelva a ponerse en marcha porque, dice ahora, que no le salen las cuentas y que la central no sería rentable si ésta volviera a funcionar.

El motivo de la SGEN para enviar de oficio dicho escrito era el cumplimiento del artículo 35.a) de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dice: “Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos. (…)”. Ello, sin perjuicio, seguía informando, del posterior trámite de audiencia que se ha de llevar a cabo en relación con este expediente.  

Pero, puesto que el MINETAD nos lo facilita tanto, démosle argumentos para que decidan no renovar el permiso de explotación de Garoña y ésta se cierre ya definitivamente. El 16 de diciembre de 2016 se cumplieron cuatro años desde que la central fuera desconectada de la red eléctrica por decisión de la compañía propietaria y ojalá no vuelva a producir ni un solo kilovatio-hora más.

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La transición energética española empieza en Garoña

Por Hugo Morán – Exdiputado

central nuclear

Aunque a rastras, y Fukushima mediante, en marzo de 2011 el gobierno alemán decidió incorporar a su proceso de transición energética una decisión de gran alcance, cual fue la anticipación de su apagón nuclear al año 2020. Sólo un año antes Angela Merkel había adoptado una decisión que iba justo en el sentido contrario, al prorrogar la vida de las 17 centrales alemanas hasta 2032. Y este cambio de rumbo político decretado en el olimpo de la racionalidad económica, no tardó en ser replicado en términos industriales con el anuncio por parte del gigante Siemens de su abandono del negocio nuclear pocos meses después.

Desde entonces ha venido aflorando, en forma de traspiés empresariales, la oscura verdad de un negocio medioambientalmente inaceptable, socialmente injustificable, técnicamente inestable y económicamente inviable. Y así supimos de la quiebra de Westinghouse, del repliegue de General Electric, o de las serias dificultades de Areva para sostener su actividad.

Ahora es Iberdrola quien emprende ese mismo camino en nuestro país, al dar cuerpo de anuncio oficial a una verdad que muchos habían venido argumentando durante años con escasa fortuna mediática. Ignacio Sánchez Galán, que viene a ser algo así como la energía hecha verbo en versión española, no ha dejado margen a concesión de ningún tipo: “La apertura de Garoña –que lleva cuatro años parada- es económicamente inviable, arrastrando ya varios ejercicios con pérdidas muy cuantiosas”. “En el resto de nuestras centrales nucleares la situación no es muy diferente; como se puede comprobar en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear se encuentra en pérdidas debido fundamentalmente a los impuestos y obligaciones que se han ido imponiendo sistemáticamente a esta tecnología en los últimos años”.

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España, un país resignado irresponsablemente a la dependencia energética

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

La semana pasada se presentó en el Club Español de la Energía, como en años anteriores, el Balance Energético Español del 2016 y las perspectivas para 2017.

En el balance del año pasado, que tanto el Gobierno como los representantes sectoriales presentaron, se constató como España sigue siendo un país altamente dependiente del exterior en materia energética, dato que tozudamente se repite sin que nadie dé una explicación ni por supuesto asuma la mínima responsabilidad para lograr una progresión positiva con la reducción del mismo.

Nuestra dependencia del exterior, según los datos presentados, supone que el 72,3% de la energía que consumimos la importamos, valor que comparado con la media de la Unión Europea mantiene una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Cifra que, además, no se corresponde con la realidad ya que en su cómputo se supone que el combustible nuclear tiene origen español cuando en realidad importamos la materia prima, aunque lo procesemos aquí. Si se considerara la nuclear como importada la cifra de nuestra dependencia se elevaría hasta casi un 80%.

Que en España importamos prácticamente el 100% del petróleo – 99,8% – y del gas natural, al carecer de yacimientos propios, que el carbón que tenemos no es rentable quemarlo sin ayudas y que por cada 10$/barril que sube el petróleo nuestra balanza comercial se deteriora 6.000 M€/año, lo sabemos todos, lo que quizás nunca nos hayamos planteado es que nuestra política energética y fiscal favorece su consumo y que tenemos por voluntad propia una economía ineficiente en cuanto a la relación PIB/energía consumida si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Es decir, para producir bienes y servicios, necesitamos consumir más energía, en este caso importada, que nuestros competidores.

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La quiebra del negocio nuclear de Toshiba, otra muestra del fracaso económico de la energía atómica

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

planta nuclear

Salvo en los medios económicos, apenas ha transcendido que recientemente la corporación japonesa Toshiba ha reconocido una pérdida de más de 6.200 millones de dólares en su negocio nuclear, principalmente en manos de su unidad estadounidense Westinghouse Electric Co. (WEC), que, según informa la prensa, está contemplando declararse en quiebra.

Toshiba está tratando de recaudar fondos para cubrir los miles de millones de dólares en pérdidas en su área nuclear. Los analistas financieros consideran que es muy improbable que Toshiba sea capaz de encontrar algún incauto inversor que quiera comprar una Westinghouse en bancarrota. Eso pone en serio riesgo la viabilidad de los proyectos de centrales nucleares que estaba construyendo en Estados Unidos y China. Tampoco parece factible que encuentre alguna empresa dispuesta a emprender la construcción de las docenas de nuevas centrales nucleares que WEC-Toshiba había planificado y negociado en países como India.

El fiasco económico de Toshiba en su aventura nuclear es de magnitudes históricas. En 2006, Toshiba pagó 5.400 millones de dólares por la compra de Westinghouse, en una apuesta decidida por el futuro de la energía nuclear. Sin embargo, Toshiba ha sido víctima de sus propias mentiras, de la gran mentira del “renacimiento nuclear” que en esos años propagó por todo el mundo, con gran despliegue de medios, la industria nuclear: un renacimiento que nunca llegó. Las declaraciones de su presidente ejecutivo, Sr. Tsunakawa: “Nuestra adquisición de Westinghouse en aquel entonces podría no haber sido la decisión correcta, si consideramos los números de hoy”, darían pie para hacer una crítica mordaz.

Ya en el año 2001, la empresa estatal francesa AREVA, hizo grandes promesas sobre el proyecto del reactor EPR que iba a construir en Finlandia, el llamado Olkiluoto-3. Se aseguró entonces que ese reactor iba a ser construido en un tiempo récord de cuatro años y con un coste de 2.500 M€, y que no se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de ningún tipo. Olkiluoto-3 sería el buque insignia del “renacimiento nuclear”. Su construcción empezó ya con retraso, en 2005, pero se afirmó que estaría terminada en 2009. Sin embargo, tan sólo dos años más tarde, en 2007, la propia AREVA anunciaba oficialmente que su terminación se retrasaría hasta 2011, dos años más con respecto a lo inicialmente previsto, por lo que tendría que pagar 2.200 M€ de penalización. En 2017, doce años después de iniciarse su construcción, todavía no está terminado, y se reconoce oficialmente un sobrecoste de más del 300% sobre lo inicialmente presupuestado. Parecida evolución en lo que se refiere a retrasos, sobrecostes y defectos de diseño que afectan a la seguridad, lleva el proyecto de Flamanville-3, en Francia, otro EPR, también de AREVA.

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Energía nuclear, una hipoteca de por vida

Por Joan Herrera – Abogado

torres de refrigeración

¿Qué significa que no haya habido cambio en España? Entre otras cosas, la posibilidad que en lo energético se consoliden escenarios que nos hipotecan de por vida.

Hablo del debate energético, del caso concreto de la energía nuclear. En esta ocasión, quien se ha encargado de pulsar el botón para consolidar e incluso cristalizar la situación ha sido, ya no el Gobierno, sino el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una vez más, el CSN ha hecho gala de su tradición de órgano regulador captado por el regulado y, en una decisión sin precedente alguno, ha concedido a Garoña, la central nuclear más antigua y con la tecnología más obsoleta, la posibilidad de continuar operando. Pero no sólo eso, lo ha hecho con una extraordinaria originalidad tratándose de una central nuclear. Por primera vez lo hace sin límite temporal (hasta ahora los permisos se concedían por un periodo de 10 años) y jugando, lo que es a mi entender, un claro rol político – económico. El papel del CSN consiste en blindar jurídicamente a los titulares de la central, de tal manera que si hay un Gobierno que quiera cerrar la planta, esta decisión tenga que dar pie a una extraordinaria indemnización por lucro cesante. La decisión ha contado con un voto en contra, el de Cristina Narbona, como excepción a un CSN acostumbrado a tener entre sus miembros a expertos que siempre coincidían en su posición claramente pronuclear.

En julio del 2009 me atreví a escribir sobre la necesidad de cerrar la central nuclear de Garoña en un artículo titulado “la indecisión de Garoña”. No tenía sentido que prolongásemos la vida de la central, como finalmente haría el Gobierno Zapatero, dado que aportaba una escasa potencia al mix eléctrico y en cambio “gozaba” de la tecnología más obsoleta. Pero el Gobierno con un presidente –epidérmicamente- antinuclear así lo hizo, dio dos años más a la central de Garoña, traspasó el tema al siguiente Gobierno y volvió a no exigir nada a un parque nuclear que, tras amortizarse, continuaba vendiendo la electricidad a un precio muy superior a su coste de generación.

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Garoña, la metamorfosis de una vieja cafetera nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

 central nuclear

Vasija del reactor de la central de Garoña en fase de recarga

Gracias a las maniobras de un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cada vez más vendido a los intereses de las grandes empresas eléctricas, la vieja cafetera nuclear que es la central atómica de Santa María de Garoña (Burgos) se ha convertido de facto en un activo financiero de primer orden.

Ya desde sus orígenes, surgido en 1980 de las cenizas de la entonces moribunda Junta de Energía Nuclear franquista, de la cual heredó todos sus vicios y defectos, el CSN ha sido un organismo volcado descaradamente en la defensa de los intereses económicos de los propietarios de las centrales nucleares. La seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente han quedado siempre en un segundo plano en la gestión del CSN. Su legendaria opacidad, obscurantismo y falta de transparencia hacia el público, ha sido objeto de numerosos editoriales y artículos a lo largo de sus más de 30 años de existencia.

Sonoros escándalos como el de la fuga de partículas radiactivas de Ascó en 2008, que la dirección de la central nuclear pudo ocultar durante meses gracias a la connivencia del CSN y que sólo pudo ser conocido por la opinión pública cuando Greenpeace lo destapó; o el de la degradación del sistema de aguas esenciales de la central nuclear de Vandellós-2, a la que el CSN permitió en 2004/2005 funcionar ocho meses sin las medidas preceptivas de seguridad hasta que, de nuevo, se dio a conocer públicamente por las denuncias de Greenpeace; son sólo algunos de los ejemplos más significativos de la actitud permisiva y condescendiente del CSN con los titulares de las instalaciones nucleares.

La decisión del CSN

La deriva del CSN a posturas cada vez menos independientes y neutrales se ha acrecentado en los últimos años y se ha evidenciado en asuntos tan importantes para la seguridad nuclear como el del proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (Almacén Temporal Centralizado, ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas – donde el CSN ha insistido en seguir adelante con la tramitación a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico-, o en el del alargamiento de vida de la central nuclear de Garoña.

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