La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

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La transición energética: un seguro de vida en 2018

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

En desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española que los consagra como  bienes de dominio público estatal, la Ley de Costas declara que tienen tal consideración la zona marítimo-terrestre, la ribera del mar y de las rías, el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, estableciendo que la actividad administrativa ha de ir dirigida a asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

Para un país como el nuestro, secularmente volcado al mar, y una realidad económica y social extraordinariamente dependiente de sus recursos en sectores estratégicos como son el turismo y la pesca, el mandato constitucional debería haberse mantenido por encima de cualesquiera otros intereses que, como hemos tenido dolorosa ocasión de constatar en varios momentos, hacen pagar en forma de desastres ambientales precios inasumibles a cambio de vacuas expectativas.

En aras de esa preservación no han sido pocas las iniciativas surgidas en los últimos años en demanda de compromisos legislativos efectivos, para prohibir determinadas actividades incompatibles con la defensa de la integridad ambiental de nuestros mares; la última de ellas en forma de una proposición de ley que el Parlamento Balear, en el marco de un gran consenso social cristalizado en la Alianza Mar Blava, decidió elevar a la consideración de las Cortes Generales, y que permanece varada en la mesa del Congreso, vetada su admisión a trámite por parte del Gobierno de la Nación.

A esa reivindicación social especialmente arraigada en los territorios que se encadenan en los casi seis mil kilómetros de costa de nuestro país, se ha venido a sumar el clamor internacional de una comunidad científica que anticipa consecuencias catastróficas para la Humanidad, si los gobiernos no asumen el compromiso de renunciar a la extracción de no menos de dos tercios de las reservas de hidrocarburos que aún reposan en las entrañas del Planeta.

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Tú dices transición suave, yo digo transición justa

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

energía eólica

Leo en un conocido medio especializado en información sobre energía el siguiente titular: “El Gobierno quiere convencer al PSOE de llevar a cabo una transición energética suave”; y en el cuerpo de la noticia algunas referencias entrecomilladas sobre la intervención del secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en una jornada organizada por Energía y Sociedad sobre el tema “Cuenta atrás para la transición energética en España”.

Al secretario de Estado se le atribuyen en el referido artículo algunas consideraciones sobre las cuales merece la pena apuntar determinados interrogantes al socaire de su intervención:

  • “Vivimos un cambio tecnológico permanente y a tal ritmo, que podría decirse que estamos en una fase de aceleración de las tecnologías”.
  • “Es evidente que vamos a ver un cambio radical en los usos de la energía, y esto afectará a la producción, la distribución y el consumo”.
  • “La transición energética tiene que ser al mejor coste, por eso preferimos una línea de orientación a largo plazo y gradualidad, que una transición agresiva que quiere ir por caminos cortos”.
  • “Venimos de una transición dramática del sector y por tanto, de cara al futuro, es necesario que tengamos una política lo más predecible posible”.

Y las preguntas que cabría hacerse serían tales que las siguientes:

  • ¿Es razonable detener el tiempo político, cuando el tecnológico y el social se aceleran?

En  mi opinión todo retraso que el país acumule en su adaptación a la nueva realidad energética global, supondría una irreparable pérdida de competitividad en relación con otros países y otros mercados, lo cual redundaría en un empobrecimiento del sistema productivo con nefastas consecuencias en el empleo.

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Garoña, la metamorfosis de una vieja cafetera nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

 central nuclear

Vasija del reactor de la central de Garoña en fase de recarga

Gracias a las maniobras de un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cada vez más vendido a los intereses de las grandes empresas eléctricas, la vieja cafetera nuclear que es la central atómica de Santa María de Garoña (Burgos) se ha convertido de facto en un activo financiero de primer orden.

Ya desde sus orígenes, surgido en 1980 de las cenizas de la entonces moribunda Junta de Energía Nuclear franquista, de la cual heredó todos sus vicios y defectos, el CSN ha sido un organismo volcado descaradamente en la defensa de los intereses económicos de los propietarios de las centrales nucleares. La seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente han quedado siempre en un segundo plano en la gestión del CSN. Su legendaria opacidad, obscurantismo y falta de transparencia hacia el público, ha sido objeto de numerosos editoriales y artículos a lo largo de sus más de 30 años de existencia.

Sonoros escándalos como el de la fuga de partículas radiactivas de Ascó en 2008, que la dirección de la central nuclear pudo ocultar durante meses gracias a la connivencia del CSN y que sólo pudo ser conocido por la opinión pública cuando Greenpeace lo destapó; o el de la degradación del sistema de aguas esenciales de la central nuclear de Vandellós-2, a la que el CSN permitió en 2004/2005 funcionar ocho meses sin las medidas preceptivas de seguridad hasta que, de nuevo, se dio a conocer públicamente por las denuncias de Greenpeace; son sólo algunos de los ejemplos más significativos de la actitud permisiva y condescendiente del CSN con los titulares de las instalaciones nucleares.

La decisión del CSN

La deriva del CSN a posturas cada vez menos independientes y neutrales se ha acrecentado en los últimos años y se ha evidenciado en asuntos tan importantes para la seguridad nuclear como el del proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (Almacén Temporal Centralizado, ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas – donde el CSN ha insistido en seguir adelante con la tramitación a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico-, o en el del alargamiento de vida de la central nuclear de Garoña.

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El PP propone un pacto de estado limitado para la luz

Por Ángel Calleja

debate sobre reforma eléctrica

Las líneas rojas serían el mantenimiento del sistema de fijación de precios y pago de las deudas acumuladas con las eléctricas

«Tenemos que sacar el modelo energético de la disputa política». Con esta frase, y frente al escepticismo de sus rivales, se descolgó el portavoz sectorial del PP, Guillermo Mariscal, en el debate sobre el futuro del modelo energético español que 20minutos y la Fundación Renovables organizaron el lunes en Madrid para analizar las posibles soluciones ante la escalada del precio de la electricidad que las familias han padecido a lo largo del mes de enero. «Este país necesita un pacto como el que se hizo con las pensiones, una mesa en la que discutamos, sin levantarnos, durante tres o cuatro días», insistió Mariscal, que intercambió opiniones, propuestas y reproches con la diputada socialista Pilar Lucio, el representante de Unidos Podemos Josep Vendrell y el diputado de Ciudadanos Vicente Ten.

La propuesta del parlamentario popular no implica someter a revisión todo el sistema de producción y retribución de la electricidad, que se materializa en la factura con la existencia de dos tipos de costes: los fijos, correspondientes a gastos estructurales que suponen el 60-65% en función del contrato; y los variables, que tienen que ver con el precio de la luz y que representan el 35-40% restante.

Así, la primera línea roja del PP es el criticado método de fijación de precios de mercado, conocido como ‘marginalista’ y que implica pagar toda la electricidad que se negocia en un día al precio que marque la tecnología más cara. Ello provoca que centrales amortizadas hace años y con un coste de producción muy bajo, como las nucleares o las hidroeléctricas, estén «sobrerretribuidas», como denunció Pilar Lucio (PSOE): «El precio que se establece es la punta del iceberg de un sistema que no funciona. Tenemos que aprovechar la situación actual para ir al fondo. Sube el precio porque el funcionamiento del mercado no es justo». La solución, según Josep Vendrell (UP), sería reducir el «oligopolio» actual, excluir a determinadas industrias del sistema de fijación de precios y compensar a las empresas productoras de acuerdo a sus costes operativos más un margen de beneficio «razonable». Mariscal, sin embargo, cerró la puerta a esta vía: «El marginalista es el sistema más eficaz. Tan mal no ha ido cuando el año pasado en estas fechas pagábamos el megavatio hora a 34 euros. Esto [el máximo de 91,9 euros alcanzado el 25 de enero] es coyuntural».

El precio de la luz en enero

Euros por Megavatio/Hora (OMIE)

La segunda cuestión sobre la que los de Génova se niegan a discutir son los alrededor de 10.000 millones de euros anuales que suman el déficit de tarifa (la indemnización que el Estado reconoció a las eléctricas por congelar la tarifa de la luz la pasada década) y las primas o ayudas a las empresas que producen mediante energías renovables. Este «lastre», según lo definió Mariscal, tiene que abonarse de una forma u otra hasta el año 2028. «Es el 1% del PIB. Da igual que se saque del término fijo [lo que abarataría la factura de los usuarios] y que se pase al presupuesto del Estado, porque hay que pagarlo igualmente», justificó.

La necesidad de sufragar esta ‘hipoteca’ derivada de las decisiones de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero es el argumento que los populares esgrimen para mantener el conocido como ‘impuesto al sol’. La eliminación de este peaje al autoconsumo significaría, a juicio del actual Ejecutivo, que el conjunto de los consumidores tendrían que repartirse los costes fijos correspondientes a aquellos clientes que generan su propia energía con paneles solares, pero que no contribuyen al mantenimiento de la red como al resto pese a hacer uso de ella, aunque sea de manera puntual.

La oferta del pacto de Estado de Guillermo Mariscal fue acogida con incredulidad por los portavoces de PSOE y Unidos Podemos, que criticaron que el ministro Álvaro Nadal no hiciese referencia a esta posibilidad durante su comparecencia de la semana pasada sobre la subida de la luz.

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Transición energética: de ésta, tampoco

Por Hugo Morán – Exdiputado

energía eólica

El enorme retraso que España va acumulando en su ineludible transición energética, hace que esta sea una de las áreas de gestión más afectadas por el actual desconcierto institucional en que se desenvuelve la política patria. Por razones harto conocidas la atención mediática, y por ende la ciudadana, se centran en estas fechas en las decisiones que ha de adoptar el PSOE en torno al posible desbloqueo de la investidura de quien haya de ostentar la Presidencia del Gobierno en la renuente próxima legislatura. Así pues me parecía oportuno aguardar a la resolución del Comité Federal que los socialistas celebraban ayer domingo, antes de encarar la redacción de estos párrafos que siguen. Me explico.

A nadie se le escapa, sea letrado en la materia o profano en ella, que la regulación del  sistema energético de un país reviste una complejidad técnica de la que dan cuenta las decenas de miles de páginas que ocupan los centenares de reglamentos y órdenes ministeriales dictadas en desarrollo de las leyes que son aprobadas por las Cortes, y que tienen su continuidad en los ámbitos competenciales de orden autonómico y local. Si ya de por sí resulta tarea harto difícil ahormar la voluntad del legislador al marco del interés general, como por desgracia constatamos, en tanto que son muchos, diversos y contrapuestos, los intereses territoriales, sectoriales, económicos y sociales (legítimos unos, espurios otros) que condicionan la conformación de las distintas posiciones políticas del arco parlamentario, cuando toca convertir la ley en herramienta de trabajo, quizás en el universo energético más que en ningún otro, se impone la pragmática sentencia atribuida al conde de Romanones: “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”.

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El día después

Por Juan Castro – Gil – Abogado y Secretario de ANPIER

Las pasadas semanas, después de ver el espectáculo que cierta agrupación política dio autoacuchillándose a sí misma “como si no hubiera un mañana”, dejando con tembleque a un segmento político de la población, que en algún momento llegó a ser mayoritario en nuestro país, me vino a la memoria una secuencia de aquella película de principios de los 80 que nos había dejado sobrecogidos a todos: “El día después”.

Para los más jovenzuelos que no la recuerden, ni tengan ánimo de ver lo mal que le ha pasado el tiempo por encima, transcurría el telefilme durante unos días antes y unos días después del inicio de una supuesta tercera guerra mundial, en la cual, el despipote nuclear nos acercaba a la aniquilación total de unos y otros.

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El día después del desastre, una vez fallecidos el 90% de la población mundial y con el otro 10% metido en túneles de los que no podrían salir hasta que muriesen de cáncer, un grupo de desgraciados se preguntaba: “Pero, ¿quién ha ganado? ¿Nosotros verdad?”.

Triste realidad es que la codicia de unos pocos no permita ver el camino del desastre.

En España contemplamos atónitos como nuestro gobierno en funciones no quiere ni oír hablar de ratificar el Acuerdo de París contra el cambio climático, al que ya se ha sumado hasta la Unión Europea, porque de alguna manera tiene que seguir dando cancha a aquellos codiciosos que les parece mejor pegar una tajada monumental a la ciudadanía cerrando acuerdos multimillonarios de compra de gas argelino, o manteniendo a dos o tres empresarios del carbón en su cúspide de oro, bajo mantras de que las cuencas mineras no pueden vivir de otra forma, prolongando plantas y cementerios nucleares por los siglos de los siglos, mientras se prohíbe y penaliza a toda aquel osado perroflauta que quiera defender la energía verde.

¿Tan limitada es su visión de la realidad que esta gente no es consciente de que ese camino está llevándose por delante el futuro de sus hijos? ¿Realmente creen que la herencia que les dejan, no les va a pasar factura? Cuánto tiempo pasará hasta que alguno de ellos, devorado por la contaminación que asola silenciosamente su ciudad, vuelva a decir: Hemos  ganado, ¿verdad?

La gestión de los residuos radiactivos, cuestión sin resolver

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de la Alianza Mar Blava

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En Extremadura ha surgido estos últimos días una acalorada polémica tras la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la solicitud del titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para la instalación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible nuclear gastado producido por los reactores I y II de esta instalación atómica. El ATI tendrá que estar operativo en 2018.

La Junta de Extremadura ha manifestado su contrariedad con el informe del CSN, aunque su verdadera posición con respecto al futuro de la central nuclear y su posible continuidad en el largo plazo ha sido siempre una especie de misterio insondable. Los ecologistas también han protestado porque consideran que esta instalación es parte de una estrategia para facilitar la prolongación de la vida operativa de la central más allá de los 40 años y llegar hasta los 60.

La central nuclear de Almaraz consta de dos unidades. Según datos oficiales del CSN, Almaraz-1 obtuvo la autorización de puesta en marcha el 13 de octubre de 1980 y Almaraz-2 logró la suya el 15 de junio de 1983. Ambos reactores fueron diseñados para una vida útil de 30 años, pero el 7 de junio de 2010, el CSN les otorgó un nuevo permiso de explotación provisional por 10 años más, esto es hasta junio de 2020. Llegada esa fecha, Almaraz-1 tendría casi 40 años de vida operativa y Almaraz-2, 37. Por lo tanto, ambas unidades han obtenido ya, de facto, una extensión de su vida útil más allá de su inicial vida de diseño.

A los ecologistas no les falta cierta razón al desconfiar, puesto que, según el CSN, en su reciente “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado”, correspondiente al año 2015, el año de saturación de las piscinas de combustible gastado, será el 2020 para Almaraz-1 y el 2022 para Almaraz-2.

Es decir, si los permisos de autorización vigentes para estas dos centrales acaba en junio de 2020, está claro que no necesitan construir ahora el ATI, para tenerlo listo en 2018, salvo para utilizarlo como argumento para lograr una ampliación de su vida operativa más allá de esa fecha. Es sabido que, dentro de unos meses, la empresa titular de Almaraz presentará ante el CSN una solicitud para la renovación de su permiso de explotación por 10 o más años, a contar desde junio de 2020.

Para justificar su informe favorable al ATI de Almaraz, el CSN argumenta que “en caso de que no estuviera disponible el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contempla la posibilidad de un ATI, como solución transitoria”. En este ATI se alojaría el combustible gastado por los reactores I y II de Almaraz hasta que fuera posible su traslado al ATC, cuya construcción está prevista en el municipio conquense de Villar de Cañas.

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Derecho al autoconsumo: ¿la posible “línea roja” de la nueva legislatura?

Por Joan Herrera – Abogado

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La semana pasada tuve la suerte de asistir a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Se discutía allí un informe sobre la política solar energética en la Unión Europea y sus estados miembros. En el informe del Instituto Fraunhofer, el Gobierno español no quedaba en muy buen lugar. Tras las peticiones presentadas por los peticionarios, la representante del PP salía en tromba a defender – a pesar de todas las evidencias en su contra- la política de su gobierno, con argumentos que ni el más conservador del Parlamento Europeo se atrevería a esgrimir.  A la salida, y en tono distendido, le pregunté a uno de los peticionarios cual era la perspectiva del sector y me respondió “veamos que pasa el domingo” –en referencia a las elecciones del pasado 26J.

La señal de lo que pasó el domingo, en lo que se refiere a lo energético, la tuvimos el lunes. Pasadas unas horas de las elecciones, tras el impacto del Brexit, pudimos ver como las empresas del IBEX continuaban bajando. ¿Todas las empresas? Todas no. Un grupito de empresas, con un denominador común, marcaban tendencia al alza. Estas empresas, todas ellas pertenecientes a un sector regulado como el eléctrico, marcaban un contrapunto a la tendencia mayoritaria del parqué español. Los inversores respondían bien a la noche electoral y entendían que el resultado permitía prever amplias ganancias. Fernando Ferrando, patrón de la Fundación Renovables lo resumía en un tuit dieciocho horas después de conocer los resultados del 26J:

“Post-elecciones el IBEX ha bajado 1,8% el sector energético regulado sube: Endesa más de un 5%, Iberdrola un 2,8%,  Gas Natural un 2,2%, Red Eléctrica un 3,5%,  ENAGAS un 3%”.

Los inversores, seguramente, sabían lo que hacían el primer lunes después de las elecciones.  En paralelo, el ministro de economía, también tras la campaña anunciaba la subida, a esos más de 12 millones de suministros que siguen acogidos al denominado “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC), y con efectos retroactivos. Una subida de la que ni se habló en las dos campañas electorales.

Setenta y dos horas después de la noche electoral conocíamos que el PP pondrá sobre la mesa  una estrategia energética a medio y largo plazo a la que pretende que se sumen los tres partidos con los que le gustaría formalizar gobierno en la próxima legislatura: PSOE, Ciudadanos y PNV.

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Incertidumbre legislativa en materia energética

Por Mª Concepción Cánovas – Experta en energías renovables

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Las dos votaciones celebradas a lo largo de la semana  pasada, a nivel europeo con el triunfo del Brexit  y, a nivel nacional, con los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo  determinan un panorama incierto en materia energética a lo largo de la próxima legislatura.

Así la salida de uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética del exterior y también uno de los mayores emisores de CO2 tendrá una serie de implicaciones en el diseño final del mercado de la energía de la Unión Europea difícil de evaluar en estos momentos. Según los expertos llevará unos dos años las negociaciones sobre la posible formula de salida; pero lo que no cabe duda es que la red de conexiones transfronterizas necesarias para garantizar una energía sostenible, segura y asequible a todos los ciudadanos de Unión Europea cambiará en su diseño final surgiendo la oportunidad, por la que tendremos que apostar, de reforzar y acelerar las conexiones  del sudoeste de Europa en detrimento del noroeste.

Respecto al panorama energético en nuestro país tras las elecciones generales, la lógica hace pensar que no pueda continuar la paralización, llegando incluso al retroceso, en el cambio de modelo energético sufrido en la pasada legislatura y ello por los siguientes motivos:

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La energía nuclear en los programas de los partidos

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

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¿Qué política energética tendremos después del 26J? En particular, ¿qué pasará con las centrales nucleares? Los sondeos de opinión con respecto a los resultados de las próximas elecciones generales no permiten, en estos momentos, hacerse una idea clara de qué podrá pasar al respecto. Los líderes de los cuatro principales partidos han manifestado públicamente que no habrá unas terceras elecciones, que es seguro que se alcanzará un acuerdo de gobierno tras los comicios, pero ¿cuál? Ahora mismo no parece que vaya a ser una tarea sencilla lograrlo. En cualquier caso, mientras tanto, lo único que podemos hacer es comparar la parte energética de los programas electorales de unos y otros y tratar de hacer cábalas sobre qué pasará al final en virtud de las diferentes combinaciones posibles para formar gobierno.

En algunos temas energéticos, como la fracturación hidráulica (fracking) o el autoconsumo eléctrico, todos los partidos relevantes, menos el Partido Popular, están prácticamente de acuerdo. A excepción del PP, todos las demás fuerzas políticas coinciden en que hay que reformar drásticamente la actual normativa sobre el autoconsumo eléctrico, que con la regulación impuesta (y aún vigente) por el ex ministro Soria queda totalmente impedida y maniatada. Así mismo, casi todos los demás coinciden en el rechazo, más o menos explícito, a la obtención de gas no convencional por la insostenible tecnología del fracking, o a las prospecciones de hidrocarburos en el mar.

Pero con la energía nuclear ya es otro cantar. Analizando los programas electorales es muy curioso comprobar cómo, a pesar de la importancia del tema y de lo candente que son asuntos como la reapertura o no de la central nuclear de Garoña (Burgos) o la continuidad del proyecto del cementerio nuclear de residuos nucleares de alta actividad (ATC), actualmente propuesto en Villar de Cañas (Cuenca), hay un número significativo de partidos que ni siquiera hacen mención de todo ello en sus programas electorales.

Es el caso de Ciudadanos: en su programa no hay ni una sola mención al tema nuclear. Es el único caso entre los cuatro partidos principales con aspiración formar parte del futuro gobierno. Si bien es verdad que, en el transcurso de la anterior campaña electoral, sus portavoces hicieron declaraciones diciendo que cerrarían las nucleares y, posteriormente, lo que es más significativo, en el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” alcanzado con el PSOE de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez, Ciudadanos se comprometió a un “Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”.

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