Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava
El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.
Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.
Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.
El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.
El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).
La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.
En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo» la tramitación de esta PL.
Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.
Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.
De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.
Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.
Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Su disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo.
Como explicita el citado informe “Del contenido del artículo pudieran derivarse minoración de ingresos tales como los representados por los cánones de exploración, investigación y explotación sobre hidrocarburos y otras sustancias minerales al día de entrada en vigor del texto legislativo propuesto (el siguiente al de su publicación en el BOE), así como un eventual incremento de gastos derivados de las posibles indemnizaciones que el Estado habría de abonar a las empresas beneficiarias de las concesiones afectadas. Ahora bien, dichos efectos quedan automáticamente anulados por la virtualidad de su Disposición Adicional que mantiene el régimen concesional vigente hasta su extinción ordinaria”.
Es obvio, pues, que no hay motivos que pudieran justificar en modo alguno un posible veto del Gobierno a la tramitación de esta Proposición de Ley. Ante esa situación, el Gobierno ha tenido que optar por basar en mentiras su argumentación.
En primer lugar, hay que decir que ninguno de los falsos argumentos que se expresan en el informe del Gobierno Rajoy afecta al presupuesto corriente, que es precisamente el único requisito jurídico que permite la oposición gubernamental a las Proposiciones de Ley.
Por lo tanto, por ese motivo, los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular en la Mesa del Congreso no deberían haber tenido en cuenta la oposición del Gobierno a la tramitación de esta PL, con la simple consideración de que no afecta al presupuesto corriente y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario.
¿Qué argumentos emplea el Gobierno en su mendaz informe? Dos. El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016), la Proposición de Ley: «podría suponer un impacto presupuestario mínimo». El propio Gobierno reconoce que sería mínimo. No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros (4,7 M€), no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría ni en qué momento se devengarían, por lo que incluso la cantidad podría estar sobreestimada. En cualquier caso, insistimos, esa mínima minoración de ingresos no afectaría al presupuesto corriente, pues la PL plantea respetar las concesiones vigentes hasta su extinción ordinaria, dentro de unos años.
En cuanto al segundo y último argumento del Gobierno resulta contrario a la lealtad institucional por su carácter ficticio y contrario a la realidad. Argumenta el Gobierno que con la aplicación de esta Proposición de Ley no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones (eso es obvio) y que (y esto es totalmente falso) el Gobierno estaría obligado a darlas, al menos una, y que, por tanto, se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. Ese argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas. Las concesiones se otorgan a los concesionarios por treinta años y las prórrogas no son ni automáticas, ni obligatorias para la Administración Pública.
El informe tampoco señala ya la mayor parte de las concesiones citadas ya tienen una prórroga otorgada: Casablanca en el Real Decreto 237/2009, Montanazo D en el Real Decreto 1780/2009, Angula en el Real Decreto 1180/2015 y Rodaballo en el Real Decreto 1181/2015.
También omite la información relevante de que Lubina, que tiene otorgada la concesión por treinta años (apartado 2 del Real Decreto 1105/2012), no necesitará prórroga porque según la única operadora del pozo, Repsol, su vida de producción es de 7 años [Repsol, 01/07/2009].
No obstante, este veto del Gobierno aún puede ser levantado por la Mesa del Congreso. Actualmente hay dos escritos, uno del PSOE y otro conjunto de Unidos Podemos, ERC, PDECat, EH Bildu, Nueva Canarias y Compromís, en los que se solicita a la Mesa del Congreso la revisión de la decisión de veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.
Dado que la Mesa del Congreso debe reunirse para reconsiderar el asunto, Alianza Mar Blava exige a Ciudadanos y al Partido Popular respeto a la legalidad, además de coherencia, y por tanto, la retirada de su apoyo en la Mesa del Congreso al veto del Gobierno Rajoy a la tramitación de esta PL.
Esa lamentable decisión del Gobierno Rajoy demuestra su nulo interés por la protección medioambiental del Mediterráneo, su falta de apoyo al turismo, la hipocresía de su supuesto compromiso con la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, así como el enorme desprecio que ese veto supone hacia toda la sociedad balear y a todos sus representantes políticos, pues esta Proposición de Ley fue impulsada por la Alianza Mar Blava, y entregada al Parlament balear, donde obtuvo un respaldo unánime.
El veto del Gobierno Rajoy a la PL entra en plena contradicción con las declaraciones que el propio Presidente del Gobierno realizó el pasado 25 de mayo, en su intervención en la inauguración de las Jornadas “España, Juntos por el Clima”, que tuvieron lugar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cuando dijo que España estará a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y por la descarbonización de nuestra economía.
Curiosamente, mientras el Gobierno Rajoy se oponía a proteger las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, el Gobierno francés anunciaba para este próximo otoño la aprobación de una Ley para prohibir en toda Francia y en sus territorios de ultramar la exploración de hidrocarburos. Toda una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo galo, voluntad de la que carece el Gobierno Rajoy.