Archivo de la categoría ‘Cultura energética’

Continuamos con el legado de Domingo

Hablar de Domingo Jiménez Beltrán es hablar de la dedicación y de la devoción por mejorar, no solo el mundo y el medio ambiente, si no la sociedad al completo. Fue un visionario y trabajó para materializar el mundo que promovía, de eso no queda ninguna duda, pero la revolución energética por la que tanto luchó todavía no está completa; falta mucho camino por recorrer y necesitamos a cuanta más gente comprometida, mejor. 

Esta es una de las razones por la que La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Fundación Renovables han creado la convocatoria de la I Edición del Premio «Domingo Jiménez Beltrán». Este galardón, más que un simple reconocimiento, es un abrazo a la excelencia, la mejora en el desarrollo y al compromiso en el ámbito de las energías renovables. 

Imagina por un momento el mundo donde el ingenio, esfuerzo y la dedicación convergen para conseguir el futuro sostenible que todos anhelamos. Ese es precisamente el espíritu que impulsa este premio, destinado a destacar y premiar el excepcional trabajo de estudiantes en sus «Trabajos de Estudios Fin de Master» (TFM) en el Máster Universitario de Energías Renovables de la UPCT. La idea es apoyar a aquellos que se atreven a trabajar por construir un mañana más sostenible, en recuerdo a la extensa dedicación de Domingo durante toda su vida. 

Ahora, expliquemos en qué consiste el Premio «Domingo Jiménez Beltrán». Dotado con 2.000€, este premio no solo es un impulso financiero, sino un gesto simbólico que busca fomentar la excelencia y la creatividad laboral en el sector de las energías renovables. La convocatoria es para el periodo comprendido del 1 de mayo de 2023 al 20 de diciembre de 2024. 

Para los que no le conozcan, ¿Y quién fue Domingo Jiménez Beltrán? Pues bien, este premio rinde homenaje a un visionario dedicado, un ingeniero industrial y defensor apasionado del medio ambiente. Domingo no solo dejó una huella imborrable como patrono fundador de la Fundación Renovables y presidente entre 2014 y 2017, sino que también desempeñó un papel crucial a nivel europeo como el primer director ejecutivo de la Agencia Europea del Medio Ambiente. 

Su legado es un faro que guía a aquellos comprometidos con el desarrollo de un mundo más sostenible, justo y conectado. Domingo creía en la «autosuficiencia conectada», una visión de un mundo interconectado donde la autosuficiencia y la sostenibilidad se entrelazan para construir un futuro mejor.  

Pero lo más especial de Domingo no eran solo sus logros profesionales, sino su energía contagiosa, su entrega inquebrantable y su habilidad para motivar a otros con una sonrisa siempre presente. Su influencia perdura en aquellos que comparten su preocupación por el medio ambiente y buscan contribuir a un mundo más sostenible, siendo uno de los mentores de grandes figuras del ecologismo actual. 

Entonces, por concluir, si eres estudiante del Máster Universitario de Energías Renovables de la UPCT, este premio es más que un reconocimiento; es una invitación a destacar en vuestros trabajos finales y a seguir el ejemplo eterno de Domingo. Busquen soluciones innovadoras, abracen la sostenibilidad y construyan un futuro donde cada acción cuenta. En resumen, el Premio «Domingo Jiménez Beltrán» es un recordatorio de que, a través del conocimiento y la dedicación, cada uno de nosotros puede ser un eje del cambio que la sociedad reclama y el medio ambiente necesita. 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Rehabilitación energética o cómo podemos ahorrar miles de millones de euros

La crisis energética europea de 2022, alimentada por la invasión de Rusia a Ucrania, aumentó enormemente el gasto económico que la ciudadanía y las empresas tienen que destinar a los costes energéticos, llegando a suponer una parte importante de sus ingresos. Durante los dos últimos  años, el gobierno español adoptó medidas inusuales para facilitar el pago de las facturas energéticas de los ciudadanos y ciudadanas y las empresas. Aunque estas soluciones, entre las que destacan la rebaja de impuestos de la electricidad y los descuentos del bono social eléctrico, fueron clave para paliar esta crisis, no dejan de ser medidas cortoplacistas que, probablemente, a partir del 1 de enero de 2024 dejen de estar vigentes.

En nuestro país, el 16,7% de los hogares no pueden afrontar el pago de las facturas y el 7,6% de la población no puede mantener sus viviendas a una temperatura adecuada y saludable durante el invierno, como indica el IDAE. Ambas son situaciones de pobreza energética, uno de los grandes problemas al que, tanto Europa como España, pueden hacer frente gracias a la rehabilitación energética del parque inmobiliario.

La mitad de nuestras viviendas tienen más de 45 años, por lo que no se consideró ninguna norma sobre la utilización eficaz de la energía y su ahorro, ya que la primera normativa sobre las condiciones térmicas en los edificios data de 1980 y hasta 1998 no se realiza ninguna regulación en torno a la eficiencia energética. Debido a esto, las construcciones son responsables del 30% del consumo energético y del 40% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España. Que hoy en día nuestros hogares no se encuentren preparados para protegernos de las inclemencias del tiempo es realmente preocupante y más teniendo en cuenta que si no frenamos el cambio climático, las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas.

La gran parte de la energía de una edificación se desprende por la envolvente, es decir, todo lo que separa nuestras viviendas del exterior. Por tanto, debemos focalizar la rehabilitación en proteger nuestras fachadas con un buen aislamiento térmico, sustituir las ventanas por otras con mejores prestaciones y evitar las humedades. Por otro lado, es imprescindible sustituir los sistemas de calefacción por unos cuya fuente de energía sea renovable, como son las bombas de calor, que, si además funcionan simultáneamente con una instalación de autoconsumo, nos permiten calentar y enfriar nuestros hogares de forma mucho más económica y sin depender de los combustibles fósiles.

Según una nueva investigación realizada por Öko-Institut, con la colaboración de la Fundación Renovables, el gobierno español debería asignar alrededor de 1.500 millones € anuales para ayudar a todos los hogares y, aun así, solo lograría cubrir el 30% de los precios de la energía durante el invierno.

Si seguimos poniendo parches con medidas puntuales y no estructurales, no sólo nos va a salir mucho más caro, sino que no solucionamos el problema de raíz que no es otro que el mal estado de nuestro parque inmobiliario y lo mal adaptado que se encuentra frente a las consecuencias del cambio climático.

En la Fundación Renovables consideramos que el destino eficaz de los recursos públicos, mediante los fondos europeos, no solo aliviará la pobreza energética, sino que también acelerará la descarbonización de los edificios y disminuirá las importaciones de energía. Con la implantación de medidas de rehabilitación energética en las viviendas de los hogares más vulnerables, solo sería necesario invertir del presupuesto nacional 150 millones €, llegando a ahorrar 8.700 millones € en gastos energéticos. Además, cada vivienda ahorraría 2.400 € al año o vería sus costes energéticos reducidos en un 15,3%. Estas soluciones de eficiencia energética en la rehabilitación incluyen tanto medidas de arquitectura pasiva como soluciones activas. Algunas de las soluciones propuestas se pueden encontrar en la siguiente imagen.

Fuente: elaboración propia. Fundación Renovables.

Los fondos europeos son una gran oportunidad para que todas y todos vivamos mejor, y por ello debemos exigir que se distribuyan correctamente poniendo el foco en las personas que más los necesitan. No debemos aplicar soluciones a corto plazo, sino realizar acciones transformadoras que nos ayuden a mitigar el cambio climático y a facilitar que la población viva en condiciones mucho más dignas.

Carmen Crespo – Analista energética de la Fundación Renovables

 

¿Por qué no estamos volcados en conseguir una movilidad sostenible sin emisiones?

En el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos, son de vital importancia las acciones de reducción de emisiones en relación con el uso de combustibles fósiles que, en España, en 2020 fueron responsables del 73% de las emisiones brutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En particular, el sector del transporte y la movilidad urbana es el principal emisor de dichos contaminantes, siendo responsable, en el mismo año, de más del 36% del consumo energético final y del 27% de las emisiones brutas de GEI en España -muy por encima de sectores como el de la producción energética (15,9%), el de la industria de manufacturas y construcción (14,6%) o el de la agricultura (14%)[1].

Los datos concretos de las ciudades son incluso más preocupantes; en el caso de la ciudad de Málaga, por poner un ejemplo, las cifras por sectores que recoge la Agenda Urbana en 2020 reflejan que sólo el del transporte privado y comercial emitió 819.029 toneladas de CO2 equivalente, frente a las 238.735 toneladas de CO2 equivalente del sector residencial. Es, decir, que el desplazamiento en vehículos privados en Málaga supone un foco de emisiones 3,4 veces superior al de la vivienda.

Si el objetivo principal de las políticas de mitigación del cambio climático es la reducción de emisiones de GEI, es obvio que se tendría que priorizar el desarrollo de políticas para la movilidad descarbonizada. Pero esto no es así.

Es indiscutible que el uso masivo del automóvil en las ciudades provoca altos niveles de contaminación atmosférica y acústica, emisiones de GEI y los llamados efectos de islas de calor –además de otros efectos indirectos como la falta de actividad física de la ciudadanía y la escasez de espacios verdes en los entornos urbanos-. Si observamos el espacio público de nuestras ciudades veremos que, en su mayor parte, está reservado al tráfico rodado, incluso en los casos en los que este no es el modo predominante de transporte. Un ejemplo significativo es el caso de Barcelona, ciudad en la que el 60% del espacio público es para el tráfico motorizado, aunque en el reparto modal del transporte no ocupa más del 25% del total, según el estudio de Nieuwenhuijsen (2020)[2].

En España, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), introduce dos medidas que están íntimamente relacionadas con la descarbonización de las ciudades a través de acciones de movilidad. En concreto, el artículo 14 recoge que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deben adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que incluyan al menos los siguientes puntos:

  • Establecer zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023.
  • Facilitar los desplazamientos activos (a pie, bicicleta), así como corredores verdes intraurbanos que se conecten con grandes áreas verdes periurbanas.
  • Mejorar del uso de la red de transporte público, con medidas de integración multimodal.
  • Electrificar la red de transporte público e introducir otros combustibles sin emisiones de GEI.
  • Fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados.
  • Impulsar la movilidad eléctrica compartida.
  • Fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenibles.
  • Mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad.
  • Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales.

En muchos casos, los plazos de actuación exigidos por la ley han obligado a los municipios que no tenían una planificación de movilidad sostenible a actuar de manera precipitada, proceso que se ha visto a su vez acelerado más aún por el acceso a los fondos Next Generation destinados a financiar estas acciones. La consecuencia de esto es en muchos casos la delimitación de zonas de bajas emisiones de manera improvisada y sin una reflexión profunda sobre el funcionamiento global de la ciudad y sus repercusiones a largo plazo.

Ahora que el final de 2023 se ve cerca, cabría plantearse confeccionar un listado de Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que estén cumpliendo las exigencias del artículo 14 antes indicado. Desgraciadamente, la realidad es que son muy pocas las ciudades que están cumpliendo esta batería de medidas incluidas en la Ley de Cambio Climático e, incluso, en muchas de las ellas, lamentablemente, se están dando numerosos pasos atrás en materia de movilidad sostenible.

Curiosamente, todo el foco de atención mediática y social se ha centrado en la delimitación de Zonas de Bajas emisiones (ZBE), una sola de entre muchas de las medidas propuestas, como hemos visto. El esquema seguido por las autoridades locales para la delimitación de estas zonas se suele basar únicamente en la restricción de acceso al centro de las ciudades para determinadas clases de vehículos en una primera zona de poca superficie, con idea de que esta área se incrementará en sucesivos anillos en futuras fases con diferentes horizontes temporales. Este criterio provoca un primer nivel de desigualdad, ya que se interviene de manera parcial en áreas de las ciudades habitadas generalmente por ciudadanos de rentas altas o por no residentes –con frecuencia se trata de zonas sometidas a fuertes procesos de turistificación-.

Un segundo factor de desigualdad asociado a la creación de ZBEs deriva de la poca sensibilidad que, por lo general, muestran las políticas de implantación frente a las necesidades, las experiencias y los puntos de vista de los grupos vulnerables, puesto que este tipo de intervenciones se centran fundamentalmente en la restricción de la circulación de vehículos contaminantes. En las fases de trabajo previas a la implantación de las ZBEs los sujetos objeto de estudio suelen ser exclusivamente los relacionados con la tenencia o uso de vehículos motorizados, dejando al margen a grupos de población que en general no se desplazan mediante vehículo motorizado propio, como es el caso de personas mayores, niños y jóvenes.

Por todo ello, independientemente de los indiscutibles beneficios que se puedan obtener en cuanto a emisiones y contaminantes, existe un claro problema de exclusión al limitar las áreas de ZBE a zonas concretas de la ciudad, por lo general sin un criterio claro de calidad ambiental, de estudios sociales o de accesibilidad a los equipamientos, infraestructuras de ocio o centros de trabajo.

Pero, hemos llegado a un punto en el que, si no lo estábamos haciéndolo del todo bien en las delimitaciones de las ZBEs con criterios excesivamente “simplones”, peor aún lo estamos haciendo en la actualidad, cuando asistimos, sin que nadie se alarme, al desmantelamiento de carriles bicis en ciudades emblemáticas como Valladolid, a la “reconquista” de los centros de las ciudades por parte de los vehículos contaminantes, al incumplimiento generalizado de plazos de las ZBEs y a tantas medidas que parecen hacernos retroceder a los primeros años de la década de 1990.

Ahora más que nunca deberíamos preocuparnos por estos pasos atrás, porque está en grave riesgo la salud de quienes vivimos en las ciudades, porque la pérdida de calidad ambiental urbana es cada vez más evidente y por los graves desequilibrios sociales y económicos a los que nos enfrentamos.

Por eso, una planificación para la movilidad descarbonizada que sea capaz de incorporar factores medioambientales, de justicia social y de equidad, es imprescindible para afrontar la emergencia climática de manera eficaz. Todos los agentes que intervenimos en el desarrollo urbanístico deberíamos trabajar en la planificación que recupera el espacio público para las personas, plantea la renaturalización de los entornos urbanos y promueve el transporte público, compartido y activo. Todo esto sin olvidar la necesidad de concienciar y divulgar una idea que, por dramática que nos pueda parecer, resulta cada vez más obvia: que antes o después tenemos que comprender que el planeta ha sobrepasado sus límites y que el modelo actual de movilidad va a desaparecer. En especial, en las ciudades, se debe preparar este escenario futuro desde la planificación y la intervención en el espacio público y no dando pasos atrás que perpetúan un modelo que tiene sus días contados.

Volviendo a la pregunta que encabeza este texto, ¿por qué se hace poco en materia de movilidad? La respuesta es que la mayor parte de culpa es de las administraciones locales, que, con su falta de visión a largo plazo, sólo contemplan medidas que no les supongan problemas de aceptación popular, en parte porque la mayoría de la población no es consciente de la magnitud y gravedad del problema y en parte porque la ciudad actual solamente está preparada para que el vehículo privado siempre sea la primera opción.

[1] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2023). Inventario nacional de emisiones a la atmósfera. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/inventario-gases-efecto-invernadero/

[2] Nieuwenhuijsen, M.J., (2020). Urban and transport planning pathways to carbon neutral, liveable and healthy cities; A review of the current evidence. Environment International 140, 1-9.

Por María José Márquez Ballesteros – Doctora arquitecta. Patrona de la Fundación Renovables."

Descubre Rec4Ren, el repositorio de recursos educativos dirigido a docentes interesados en la transición energética y la lucha contra el cambio climático

El proyecto Rec4Ren pretende concienciar a la ciudadanía sobre cómo repercuten nuestras acciones diarias en el planeta. Para ello, se ha creado este espacio digital de concienciación ambiental en el que poder compartir recursos educativos dirigidos a niños y adolescentes sobre materias relacionadas con el uso responsable de la energía.

Los tres pilares que lo fundamentan son: Crear-Usar-Compartir.

La Fundación Renovables, en colaboración con la Universidad de Málaga, está llevando a cabo el proyecto educativo Rec4Ren con el objetivo de mentalizar didácticamente a niños y adolescentes sobre la necesidad de apostar por la energía renovable y todo lo relacionado con ella para combatir el cambio climático. Para que el impacto humano sobre el medio ambiente sea el menor posible es imprescindible aumentar y desarrollar el trabajo de concienciación en los colegios, ya que el desarrollo sostenible comienza desde la educación.

Rec4Ren consiste en la elaboración de un catálogo online de recursos educativos en abierto, cuya temática está relacionada con el consumo responsable de energía y sus efectos en los ecosistemas. En el repositorio se pueden encontrar materiales digitales multiformato, diseñados con una finalidad didáctica, como vídeos, presentaciones, cuentos, podcast, infografías, etc. Van dirigidos, principalmente, a las diferentes etapas educativas comprendidas entre Educación Infantil y Bachillerato, adaptándose a sus características y necesidades, y aparecen clasificados atendiendo a varios criterios: temática, nivel educativo, tipología y materia. El cuento infantil titulado “El sol verde”, que invita a reflexionar sobre el cambio climático; el Trivial, para aprender jugando; las flashcards, para acercar términos relacionados con las energías renovables a los más pequeños; o las infografías sobre movilidad sostenible son algunos ejemplos de los recursos que ofrece este proyecto.

Las temáticas abordadas en la web son las energías renovables, la movilidad y las ciudades sostenibles y el cambio climático, a través de las cuales se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de luchar para preservar el medio ambiente y asegurar el futuro de nuestras próximas generaciones en un planeta saludable. Rec4Ren pretende proporcionar información de una forma visual para despertar el interés y la motivación en el alumnado y, para ello, muchos de los recursos van acompañados de una propuesta de actividades complementarias, como reflexiones, debates, experimentos sencillos o, incluso, retos para practicar el ahorro de energía.

Rec4Ren busca ser un espacio cooperativo en el que especialistas de distintas materias relacionadas con el medio ambiente y docentes tengan la oportunidad de compartir sus propios recursos educativos, así como experiencias en el aula que puedan ser de utilidad para otros profesionales; sumar esfuerzos es la manera de generar un gran cambio. Expertos en el sector energético y distintas empresas ya han participado diseñando y compartiendo sus recursos educativos.

Para crear el repositorio, la Fundación Renovables se ha basado en los resultados de dos estudios realizados con anterioridad: “Las energías renovables y su relación con la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad en los currículos escolares” y “Análisis, viabilidad y definición de las características de un repositorio abierto y colaborativo de recursos para la enseñanza y aprendizaje de materias que interrelacionen el uso de energías renovables y la biodiversidad desde un enfoque multidisciplinar”, en los que se analizaron los contenidos de los currículos escolares de primaria y secundaria para saber cuál era la situación actual de la enseñanza de materias como las energías renovables, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la contaminación ambiental y el uso sostenible de recursos naturales. También se compararon los diferentes planes de estudio de las comunidades autónomas para detectar asimetrías lectivas y proponer mejoras de estos.

Rec4Ren surge con el objetivo de lograr entre todos un objetivo común: explicar y concienciar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de aprovechar las energías limpias para luchar contra el cambio climático y disminuir sus efectos más adversos.

Por Alba González Cruz – Coordinadora de Rec4Ren

Domingo

Creo que este blog, que acogió una decena de colaboraciones suyas, es el ámbito adecuado para hablar de Domingo. Quiero olvidarme ahora de términos y conceptos como “obituario”, “homenaje” o “glosar su figura”. Lo que quiero, lo que necesito, horas después de saber que nos ha dejado, es escribir sobre él, sobre la persona y sobre el personaje, que lo era y con letras mayúsculas. Y por ahí puedo empezar para comentar que pocas veces he visto tanta coherencia entre una y otro. Domingo Jiménez Beltrán era en su proyección pública el mismo maño terco, perseverante, entusiasta, recto e inagotable que podías encontrar en la intimidad.

Debajo del sombrero de ala ancha que lucía casi todo el año encontramos siempre a un hombre generoso hasta el extremo, cercano para todo el mundo, directo, entrañable, preocupado por los problemas de su entorno personal tanto como lo estaba por los que tenía y tiene este planeta.

Autor: Pedro Armestre

Aprender de él, colaborar con él ha sido un privilegio que hemos tenido un par de generaciones de los que nos preocupamos y ocupamos de “esto del medio ambiente”, un medio que para él abarcaba muchos más dominios que el estrictamente ambiental. Desde sus primeras responsabilidades en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, que acogía en los años ochenta las competencias en materia ambiental, hasta su último proyecto —siempre pensé que sería el penúltimo—, la Fundación Castillo de Chuecos, son docenas las iniciativas relevantes que puso en marcha, sí, tan importantes como los cargos y responsabilidades asumidas.

El activismo era su forma de vivir, sabía responder al pesimismo de los diagnósticos con un entusiasmo contagioso. En la Fundación Renovables, de la que fue impulsor decisivo (abril de 2010: “Sergio, esta fundación la tenemos que poner en marcha”) y luego Presidente, le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas, en todas direcciones y todas con sentido, propuestas que éramos incapaces de seguir adecuadamente.

Le comparábamos con una máquina de lanzar platos porque en una reunión de media hora era capaz de lanzar una docena de ideas.

Sus conocimientos y méritos le llevaron a ser el primer Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con una brillante gestión que, posteriormente, le ha brindado la oportunidad de colaborar con diversas y prestigiosas entidades en varios países. Entre las múltiples iniciativas que puso en marcha, y que lamentablemente no se plasmaron por esa parálisis de la clase política que tanto ha denunciado, quiero destacar el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios que elaboró con Joaquín Nieto, todavía en CCOO como responsable de Medio Ambiente, y del arquitecto e inquieto ciudadano Carlos Hernández Pezzi. Lo tenía todo aquella propuesta: reducción de emisiones y de dependencia energética, confort para esos hogares y creación de empleo. Pero no lo vieron los que tenían que verlo. Era algo más que una propuesta coyuntural, era un primer pilar para ese proyecto país por el que clamó durante tanto tiempo y hasta el final, pues a ello se refería en la última entrevista que se le hizo para CONAMA 22 el pasado mes de noviembre.

Domingo tenía sus mantras en los que insistía una y otra vez en artículos, conferencias y entrevistas. “La edad de piedra no se acabó porque se acabarán las piedras” repetía cuando reclamaba poner punto final a la era de los combustibles fósiles. No era suyo, pero lo usaba tanto como la idea de que “el cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso deberíamos hacer”, que no es otra tarea que la de cambiar el modelo energético. En los últimos años escribió mucho sobre la “autosuficiencia conectada”, teoría bien desarrollada con la que dejaba claro que tenemos que actuar individualmente (el autoconsumo que tanto defendió), pero coordinados en una labor conjunta.

Fue coherente con sus ideas y transformó su casa en Águilas en un modelo de lo que predicaba logrando esa autosuficiencia energética que le permitía incluso, gracias a su propia planta de desalinización (una más de sus batallas), dotarse de agua para abastecer también su magnífica huerta. Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar —siempre amablemente— a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

Esas placas solares y el pequeño aerogenerador le permitían contestar a los defensores de la energía nuclear con un irónico “haz como yo, pon en tu tejado eso que defiendes”.

El lenguaje de Domingo ha sido siempre muy directo, ha eludido los eufemismos, ha empleado los adjetivos gruesos que consideraba imprescindibles y en su vocabulario no faltaban términos contundentes como “disrupción” o “cambio radical” y recurría a expresiones coloquiales para concluir una brillante y sesuda exposición con un rotundo “y punto pelota”.

Su pérdida nos deja perplejos porque uno no podía concebir que ese torrente de vitalidad, esa inquietud permanente por hacer más razonable este mundo (“es sentido común, solo eso, sentido común”), esa voz clara, comprometida y generosa se pueda callar. Nos ocuparemos de que no sea así. Gracias Domingo.

Por Sergio de Otto – Periodista especializado en energía y patrono de la Fundación Renovables

Zonas de bajas emisiones y rehabilitación energética

El retraso de España en el desarrollo de la movilidad eléctrica se debe analizar desde la relación que existe entre el vehículo eléctrico, la recarga en edificios, viviendas y centros de trabajo y la regeneración del entorno urbano. Estos tres elementos se integran en la “la rehabilitación a escala de ciudad”, que es el reto europeo pendiente de aplicar por las administraciones que tienen las competencias exclusivas en urbanismo y vivienda, autonomías y ayuntamientos, y que explica en parte el retraso del vehículo eléctrico y la rehabilitación.

La ZBE como modelo de rehabilitación a escala de barrio y ciudad

El RD 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), es la excepción en la normativa urbanística desde que el Tribunal Constitucional anulara buena parte de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por invadir competencias autonómicas. Sin embargo, el reparto competencial no ha acelerado la eficiencia energética de los edificios, como reflejan la baja tasa de rehabilitación anual, la compleja aplicación de los fondos europeos, las dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga en edificios o las condenas de la justicia europea por la contaminación en Madrid y Barcelona.

Los requerimientos sobre cambio climático, cambio modal y eficiencia energética que el RD 1052/2022 establece para las ZBE incluyen los elementos de una rehabilitación a escala. Los entes locales definirán objetivos cuantificables y medibles para 2030 de reducción de emisiones, en particular las relacionadas con el uso del vehículo privado, facilitarán servicios y puntos de recarga para  impulsar el crecimiento del parque de vehículos eléctricos, introducirán medidas de sustitución de instalaciones de calefacción por sistemas sin emisiones en los edificios promoviendo la rehabilitación energética e intervenciones urbanas de adaptación al cambio climático para atenuar el efecto de “isla de calor”, aumento de zonas verdes urbanas, sistemas de drenaje y captación de aguas.

Para el seguimiento de los requerimientos que se exigen a las ZBE se establecen indicadores sobre la evolución de los contaminantes, reparto modal del automóvil particular y transporte público, porcentaje de vehículos cero emisiones, dotaciones de infraestructuras y puntos de recarga de vehículos eléctricos, reparto del viario, porcentaje de superficie transformada en zona verde, licencias de rehabilitación, porcentaje de edificios en cada tramo de calificación energética, huella de carbono estimada a través de los datos de movilidad y edificios y una evaluación del ahorro energético estimado por cada una de las medidas.

Simbiosis de la edificación y el transporte o los retos inalcanzados de España

La regulación de las ZBE constituye el mejor ejemplo de simbiosis entre la edificación y el transporte para descarbonizar y electrificar la economía elevando los objetivos de reducción de emisiones. Representa la oportunidad de diseñar un urbanismo sostenible desde el liderazgo local y la rehabilitación energética para alcanzar los objetivos de energía y clima que solo la iniciativa del Estado no puede conseguir en los sectores difusos.

Pero esa simbiosis lleva muchos años de retraso en España. Solo el 13% de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes activarán las ZBE a tiempo, la matriculación de vehículos eléctricos está un 35% por debajo de lo previsto en el PNIEC, lo mismo ocurre con los puntos de recarga públicos y hasta junio de 2022 el Código Técnico de la Edificación no ha incluido las dotaciones de infraestructuras y puntos de recarga en los edificios, incluidas en el RD 450/2022, cuatro años después de que entrara en vigor la obligación de la Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética de edificios.

Los cambios en la regulación eléctrica y en los códigos de construcción se hacen de forma parcial y con grandes retrasos sobre los plazos que marcan las directivas europeas de renovables, mercado interior de la electricidad y eficiencia energética de los edificios. La desconfianza sobre la generación renovable y distribuida (autoconsumo) en los edificios y el modelo V2G o V2H de carga bidireccional del vehículo eléctrico planea en algunas de las medidas adoptadas.

El modelo de movilidad eléctrica que proponen las directivas europeas es el de la carga bidireccional e inteligente donde las personas pasan más tiempo

La estrategia de rehabilitación (ERESEE 2020) establece los objetivos de descarbonización y electrificación de los edificios cubriendo a través de la red eléctrica todos los consumos, dando por supuesto que la energía de la red centralizada será toda renovable, cuando la directiva de eficiencia energética de edificios define el edificio de consumo casi nulo como el que genera la energía que requiere con renovables “in situ”, en el propio edificio o su entorno. La Ley 9/2022, de Calidad de la Arquitectura, no ha concretado la puesta al día de los objetivos de calidad de la edificación y del urbanismo y se ha centrado en un concepto profundamente endogámico como es la protección de la arquitectura.

El modelo de movilidad eléctrica que proponen las directivas europeas es el de la carga bidireccional e inteligente donde las personas pasan más tiempo, es decir, viviendas, centros de trabajo y aparcamientos. Ese modelo en España está por impulsar porque se ha dado prioridad a las redes de puntos de recarga públicos de grandes operadores, eléctricas, petroleras y constructoras.

Existe una disociación entre la conciencia política y la conciencia climática que el funcionamiento de las administraciones públicas, al separar en compartimentos estancos el urbanismo, la energía y el medio ambiente, permite que se gestionen con prioridades muy alejadas de los objetivos europeos de energía y clima.

La ZBE como ejemplo de adaptación al cambio climático

La regulación de las ZBE acierta al identificar el cambio modal, la recarga de vehículos eléctricos, la rehabilitación energética y una calefacción sin emisiones como determinantes para la huella de carbono de las áreas que las delimitan, estableciendo una relación entre el diseño urbano y el uso de la energía en los edificios y el transporte. Es una visión inédita en las normas urbanísticas.

Las ZBE son un ejemplo de adaptación al cambio climático en las ciudades y de cómo esa adaptación tiene un carácter distribuido al asumir los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar la sostenibilidad de la movilidad y la edificación en la ordenación del territorio y de comprometer a los ciudadanos en el cambio de comportamientos que el cambio climático impone. La adaptabilidad al clima obliga a anteponer las cadenas de valor locales y distribuidas a las cadenas de valor centralizadas y verticales.

La oportunidad de las ZBE coincide con una dotación histórica de fondos europeos a la rehabilitación energética que ya gestionan las autonomías, con la revisión de las directivas europeas para elevar el objetivo de reducción de emisiones al 55% en 2030 y un nuevo mercado de emisiones para los edificios y el transporte. Por eso no se debe desvirtuar el alcance del RD 1052/2022 reduciendo la ZBE a peatonalizaciones y restricciones al tráfico.

El Estado debe acelerar los cambios en la regulación eléctrica y edificatoria que exige Europa y las comunidades autónomas deberán trasladar ese marco normativo a las competencias exclusivas que ejercen en urbanismo y vivienda para facilitar a los ayuntamientos el nuevo diseño urbano coherente con los objetivos de reducción de emisiones.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

 

De abonados y propósitos

La idea de poner al ciudadano en el centro de la transición energética, desde su lanzamiento en el invierno del 2018, en el paquete “Energía limpia para todos los Europeos” de la Comisión Europea, ha supuesto un paso enorme para el consumidor eléctrico. Aun así, todavía la realidad está muy lejos de implementar esta idea en todas sus vertientes y, de manera generalizada, el ciudadano sigue recibiendo trato de consumidor y, lamentablemente, a menudo de abonado. Mientras tanto, están finalizando las negociaciones políticas de la COP 27, de momento sin los avances que necesitamos.

¿Win win?                                                                   

Os lo explico con un par de ejemplos para ilustrar la situación y para que veáis de qué estamos hablando. Seguidamente argumentaré porque no corresponde esta situación con los objetivos del vigente marco legal europeo, el famoso paquete de invierno, para terminar de demostrar que hacerlo bien no sólo es perfectamente viable económicamente, sino un win win para todos. Veréis que realmente es un sinsentido no erradicar esta fijación cultural del abonado en la transición energética.

Compensación simplificada

En el autoconsumo con compensación simplificada el ciudadano en España, en la práctica, sólo puede hacer de autoconsumidor, y no de prosumidor. ¿Cuál es la diferencia? El prosumidor tendría una vertiente de productor, más allá de su propio consumo. Podría vender sus excedentes. Para que pueda hacerlo con la normativa vigente en España tiene que nombrar un representante de mercado y participar de la misma manera que si fuera una central eléctrica. Esto no es lo que entiendo yo por empoderar al ciudadano, es simplemente permitirle convertirse en productor profesional.

Power for the ciudadano

Empoderarlo sería permitirle hacer sin perder su esencia de consumidor, dejarle compensar de manera simplificada con su comercializadora, recibiendo incluso una remuneración en metálico si fuera capaz de consumir menos de lo que generara. Con ello romperíamos la barrera mágica del flujo unidireccional de los beneficios en la transición energética.

Los winners son…

¿A que es muy raro pasar de un modelo de abonado que paga la factura entera a otro en el que un ciudadano puede obtener un rendimiento dinerario de su esfuerzo en mitigar la crisis climática en su calidad de consumidor? Puede que desde la percepción de los demás sujetos del sistema fuera poca cosa lo que pueda obtener el ciudadano como rendimiento, pero aun así la arquitectura de nuestro sistema eléctrico no debería evitarlo estructuralmente. Podría, por lo menos, facilitar la posibilidad de hacerlo y ya decidirá el ciudadano si le conviene una compensación simplificada que le permitiría tener algún mes una factura negativa, es decir, a cobrar, y mantener con su comercializadora un micro PPA de energía renovable.

Comunidades de Energías Renovables

En autoconsumo compartido funcionaría igual de bien, aunque aquí debería permitirse primero el coeficiente dinámico de reparto, porque sin ello no sólo le prohibimos ganar algo, sino obligamos a perder dinero al querido abonado. Una vez solventado, miramos que pasa si los ciudadanos quieren emanciparse más y constituir juntos un nuevo sujeto del sistema eléctrico: la Comunidad de Energías Renovables (CER). De entrada se solucionarían los problemas con la compensación simplificada y el reparto dinámico, porque según la definición de la CER podrían libremente compartir su energía entre. La CER, además, estaría habilitada para vender excedentes y pasar los beneficios económicos a sus miembros, como dice literalmente en su artículo 6, apartado 1, letra j, la Ley del Sector Eléctrico (LSE).

Sin ánimo de lucro

Pasa algo curioso: por mucho que la LSE diga que la finalidad primordial de la CER puede ser proporcionar beneficios económicos a sus socios o miembros en vez de obtener ganancias financieras, hay quien opina que esto significa que deberían ser organizaciones sin ánimo de lucro. Vamos, me suena a tratar al ciudadano como abonado. A nadie en la transición energética se le prescribe un orden en sus ingresos, ¿pero a las CER sí? Imaginémonos que las CER vayan a tener ganancias financieras, ¿será un despropósito? ¿Los ciudadanos no pueden obtener ganancias financieras con una CER?

Aun así, sin la finalidad primordialmente de ganancia financiera, con el objetivo de proporcionar beneficios económicos, queda claro que no existe ninguna obligación de no tener ánimo de lucro. Puede que los ciudadanos que constituyan una CER decidan que no lo quieren, pero no son necesarias las interpretaciones restrictivas para insistir en el mantra de que el ciudadano no puede llevarse nada de la transición energética.

Con ánimo de lucro

Entre los más de 1.900 socios de REScoop, la Federación Europea de cooperativas, que cuenta con más de 1.250.000 ciudadanos activos, sólo alrededor de un 3% son cooperativas sin ánimo de lucro. Las demás son con ánimo de lucro y me parece fenomenal. Está muy bien compartir las cosas, sobre todo los beneficios y ganancias financieras, pero no tenemos que olvidar que todo suma y los excedentes de energía renovable que se vende también será beneficiosos para sus compradores: win/win de nuevo.

Contestación social

Las CER pueden ser una buena respuesta a la contestación social, sobre todo una vez que tenemos claro que son perfectamente capaces de repartir beneficios económicos. El incentivo financiero es un gran vector de cambio y puede influir mucho en la perspectiva de los ciudadanos reacios a la transición energética por el impacto en su entorno directo. Un verdadero empoderamiento de los ciudadanos fuera de las CER, a través, por ejemplo de los que hacen autoconsumo, compartido o no, pero por su cuenta, con mayores posibilidades de monetizar su energía, en mi opinión también podría mitigar mucho la contestación social.

Todos necesitamos propósitos

Mitigar la crisis climática requiere un esfuerzo mucho más allá de lo que puede conseguirse con autoconsumo, con o sin CER, no tengo ninguna duda sobre ello. Necesitamos hacer un esfuerzo muy intenso para crear toda la capacidad de generación que podamos, ahora más que nunca. La próxima década será decisiva. En este contexto veo un lugar estrella para la empresa con propósito que, en el fondo, no es tan diferente de la CER. Según Rebecca Henderson, una de las 24 profesoras universitarias en Harvard, docente en el Harvard Business School MBA program, en su libro Reinventando el Capitalismo en un mundo en conflicto, las empresas con propósito están en auge. Estas empresas no tienen como propósito primordial obtener ganancias financieras, sino pasar beneficios medioambientales, sociales, económicos, etcétera a sus stakeholders. ¿Dónde hemos oído esto antes?

En su libro Henderson analiza empresas con propósito como Unilever o Wallmart, muy conocidas fuera de Estados Unidos, pero también estudia una multitud de ejemplos más, habla de su cambio arquitectural, de su licencia para operar y de sus beneficios.

Estas empresas también son consumidoras de electricidad, diría que como todas, y también es cierto que en el sector eléctrico español podemos encontrar muchas empresas con propósito, por no decir que son la mayoría.

Licencia para operar

No se trata de otro trámite administrativo, sino del visto bueno que necesitan las empresas de sus stakeholders y que viene a ser la otra cara de la moneda de la contestación social. Los stakeholders son tanto los ciudadanos y los consumidores, como las administraciones y la sociedad civil local. Esta licencia se obtiene mediante un propósito creíble por genuinidad y, por supuesto, sobre todo por llevarlo a la práctica. Podemos discernir aquellas empresas con propósito sobre el papel de las que lo reflejan en su actuación diaria.

Somos lo que hacemos

Es un lema de Aristóteles, que en nuestra firma hemos tomado prestado desde hace años para mentalizarnos del valor de nuestro propósito en nuestra praxis diaria. Una versión actualizada con humor inglés sería: “the proof of the cake is in eating it”, seguido por “you can’t have the cake and eat it”. Viene a significar en este contexto: la prueba de tener un propósito es consumarlo y no puedes tener un propósito y comértelo con patatas cuando te sea más conveniente.

Tope de gas

He vivido ejemplos de ello desde muy de cerca los últimos meses, con el tope al gas, un esquema de Ayuda de Estado a los participantes del mercado de producción, introducido por el Real Decreto – Ley 10/2022, y aprobado para España por la Comisión Europea en su expediente SA.102454 (2022/N). Este esquema obliga a estos participantes a financiarlo y a pasar su coste parcialmente a los consumidores (PVPC).

No obstante, el esquema deja a las comercializadoras la opción de pasar el coste, del precio más bajo obtenido por ellos, a los consumidores no PVPC, según las condiciones contractuales que tengan firmadas. Aquí está la prueba de comerse el pastel o no. Tenéis que imaginaros dos empresas con propósito y una de ellas trata a la otra como abonado, porque obviamente no todos estos contratos lo dejan tan claro. Puede que sea útil la reflexión de que los contratos siempre reflejan las voluntades de las partes y es curioso suponer que un consumidor, a la firma de un contrato de esta magnitud considera razonable aceptar un concepto indefinido, futurible y regulatoriamente opcional para él.

Más propósito y más beneficio

Hay casos concretos en los que el consumidor además ya ha hecho por su cuenta una cobertura, firmando un PPA financiero, y, por lo tanto, tampoco se beneficia del precio más bajo resultante del OMIE. Insistir en pasarle de todas formas estos costes, igualaría a tratar al consumidor como abonado y es más bien un despropósito. A esto me refiero con lo del pastel, no vale comérselo a la primera oportunidad, cuando no corresponde.

En la conclusión de Henderson, las empresas de sus ejemplos han reestructurado la arquitectura de sus negocios, han asumido costes muy importantes, contraintuitivos, hasta poder ser considerados irracionales sin ver el contexto completo, pero acabando con unas relaciones mucho más resilientes con prácticamente todos sus stakeholders y, consiguiendo unos beneficios más elevados también para sus accionistas.

Obliquity

El silver lining de estos beneficios es su visibilidad y viabilidad a largo plazo. Esto justamente es lo que según el título en inglés del libro de Henderson necesitamos “in a world on fire”. Tener un propósito no es un trade-off a beneficios, sino lo contrario, la mejor manera de obtener beneficios es perseguirlos de manera indirecta. John Kay, visiting professor en la London School of Economics lo llama “Obliquity”.

 

Estoy convencido de que todos los ejemplos que he repasado pueden enfocarse de una manera coherente con los intereses de todos los participantes en el sistema eléctrico, dentro del marco regulatorio europeo vigente, empujando de manera espectacular la transición energética, reforzando a la sociedad civil y el valor empresarial mano en mano y, a largo plazo generando beneficios para todos, primordialmente mitigando la crisis climática.

Por Piet Holtrop – Abogado y Amigo de la Fundación Renovables

¿Por qué la Unión Europea no habla de eficiencia energética?

El informe del “Rastreador de recuperación sostenible” de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima en 710.000 millones de dólares el gasto global aprobado en energías limpias en lo que va de año, que representa un incremento del 50% en cinco meses. Sin embargo, la AIE señala que las medidas orientadas al consumidor, como la rehabilitación y la movilidad sostenible y eléctrica, no acaban de llegar a la ciudadanía por la burocracia y el insuficiente apoyo de los gobiernos.

El escenario de altos precios de la energía y la invasión rusa de Ucrania no ha suscitado más apoyo a medidas de reducción de la demanda energética sino la preocupación de los gobiernos europeos para sustituir los combustibles fósiles importados de Rusia por otros suministradores, sin abordar el origen del problema: la dependencia energética. Que el Consejo Europeo de marzo no haya acordado nada sobre gestión de la demanda y que la excepción haya sido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidiendo bajar el termostato de la calefacción confirma que Europa carece de política común de energía.

La necesidad de importar más gas e invertir en infraestructuras gasistas desvela otros graves errores del “diktat” alemán que ha moldeado la Unión Europea durante las últimas décadas. La “Europa alemana” de Angela Merkel, que Tony Judt calificó como “una presencia inquietante para sus vecinos”, se aproximó tanto a Putin que ahora la dependencia de Rusia amenaza los cimientos de la UE por el suministro energético y la inflación. No solo la transición ecológica está amenazada sino la convivencia europea que, desde el “austericidio” impuesto por Alemania en la pasada década, ve ahora cómo el aumento explosivo de las desigualdades trae el ascenso de la extrema derecha rusófila y el euroescepticismo. Como ha expresado Paul Krugman, “Alemania, con su irresponsable política energética, se ha convertido en la principal facilitadora de Putin”.

Europa está presa de una crisis energética por falta de voluntad para crear una economía libre de combustibles fósiles y una crisis económica por la inflación derivada de la conformación de precios de la electricidad que tanto Alemania como los monopolios energéticos se oponen a cambiar. Alemania, como afirma Krugman, “seguirá siendo, para su vergüenza, el eslabón más débil de la respuesta del mundo democrático a la agresión rusa”.

El Consejo Europeo no ha tomado ninguna decisión frente a la crisis energética

El Consejo Europeo de marzo aplazó la decisión sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad y los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta que la Comisión Europea presente el estudio correspondiente. Tampoco ha decidido la suspensión de las importaciones de gas y crudo de Rusia por la oposición de Alemania. Las causas de la irresponsable inacción europea son varias:

1-No existe una política común sobre energía. Cada Estado miembro decide libremente sus fuentes de energía y suministro. El rigor sobre el cumplimiento de las directivas europeas y los objetivos climáticos sigue siendo laxo. Es la vía libre a la dependencia energética.

2-No existe un mercado energético común, sino 27 mercados distintos con una elevada dependencia de las importaciones energéticas y un nivel mínimo de autosuficiencia. Preocupa más garantizar la oferta de energía que la gestión de la demanda.

3-La existencia de oligopolios energéticos nacionales, con una conformación de precios que les garantiza los ingresos y el dividendo y un mercado mayorista sin reguladores independientes. El mayor consumo de energía interesa más que la eficiencia, que se identifica con menos ingresos del sistema eléctrico.

Estos tres factores dejan escaso margen de actuación a los gobiernos. No son ellos los que deciden la política energética, sino un mercado especulativo y sin competencia que funciona como sistema de extracción de rentas. La “excepción ibérica” aprobada por el Consejo se apoya en el incumplimiento del objetivo de interconexión eléctrica entre España y Francia, que solo llega al 2,8% de la potencia instalada, lejos del objetivo europeo del 15%.

La isla energética que define la situación de España ha permitido que la Comisión Europea reconozca que el mercado mayorista no funciona y que los “beneficios caídos del cielo” existen. Por ello se permite a España y Portugal limitar el precio del gas para que no encarezca el precio final de la electricidad. Es un reconocimiento tardío a la petición que realizó España seis meses antes y que aún deberá confirmar la Comisión Europea limitando el precio del gas, a lo que se oponen Alemania y las grandes eléctricas europeas, incluidas las españolas.

Bruselas no aplica sus propias directivas para reducir la dependencia energética

No solo han sido economistas e instituciones alemanas, como las universidades de Bonn y Colonia, las que han llegado a la conclusión de que el embargo del gas ruso es factible. El informe conjunto de los think tanks europeos Ember, E3G, RAP y Bellona confirma que las importaciones de gas ruso se pueden reducir a cero en 2025 si la UE disminuye la demanda de gas elevando en el paquete “Fit for 55” los objetivos de electrificación, energías renovables, eficiencia y rehabilitación energética, aprovechando el potencial de ahorro energético de la flexibilidad de la demanda.

En los decálogos que ha publicado la AIE el pasado mes de marzo para que Europa alcance la independencia energética de Rusia, la mayoría de las medidas insisten en la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, eliminando el gas de la calefacción, y en las estrategias de movilidad sostenible y eléctrica para reducir el consumo de petróleo. Estas soluciones están desarrolladas en las directivas europeas a través de los instrumentos de eficiencia energética.

La Directiva (UE) 2018/2001, de energías renovables, desarrolla los derechos del autoconsumidor y de las comunidades de energías renovables, el apoyo a las pequeñas instalaciones y pequeños actores, calefacción sin emisiones y la instauración de marcos facilitadores del autoconsumo y las comunidades de renovables como medidas de ahorro energético. La Directiva (UE) 2019/944, del mercado interior de la electricidad, establece como instrumentos de eficiencia energética las figuras del cliente activo, las comunidades locales de energía, los precios dinámicos, el agregador independiente de la demanda, la interoperabilidad de los contadores inteligentes y el almacenamiento. La Recomendación (UE) 2021/1749, sobre el principio de primero, la eficiencia energética, se basa en que debe ser preferible la reducción de la demanda antes que la generación de energía.

La Comisión y el Consejo europeos han prescindido en esta crisis de los principios de las directivas que ellos mismos aprobaron. Incluso España, en el RDL 6/2022, se ha olvidado de las políticas de eficiencia y flexibilidad energéticas. Ni siquiera ha desarrollado los conceptos de las directivas que se definieron en el RDL 23/2020.

Las directivas europeas establecen la transformación de un modelo energético centralizado basado en la rentabilidad de las grandes centrales de generación, incluso renovables, en otro basado en el consumidor activo, capaz de generar y consumir su propia energía renovable en cada centro de consumo.

El Consejo Europeo ha decidido sustituir el gas y el petróleo rusos por más gas y petróleo de otros países; pero olvidó que el origen de la actual crisis es la dependencia energética. Ha parecido más fácil seguir la senda de lo que piden los monopolios energéticos nacionales que modificar el modelo energético que origina las guerras, la inflación y las desigualdades.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La generación distribuida: una oportunidad para el mundo rural

El fuerte descenso de los precios de la industria fotovoltaica ha propiciado que los sistemas fotovoltaicos se hayan convertido en una herramienta importante en el proceso de descarbonización de la generación de energía. En España vivimos un boom de estas instalaciones y las perspectivas de crecimiento son cada vez mayores.

Sin embargo, el crecimiento desordenado de las grandes plantas fotovoltaicas está teniendo una importante respuesta social, que no es una oposición a la energía fotovoltaica en general, sino una oposición a la forma en la que se están desarrollando algunos de estos proyectos.

Si partimos de la base de que todas las actividades humanas tienen impacto en el medio ambiente, no es menos cierto que tal y como se están desarrollando, muchos de estos proyectos no son respetuosos ni con el medio ambiente, ni con el territorio, ni con sus gentes. Personas que sienten que se coloniza su territorio para suministrar energía a otras gentes y otros territorios y que condicionan sus posibilidades de desarrollo sin obtener nada o muy poco a cambio.

Es evidente que el factor de escala juega un papel importante. Cuanto mayor es la planta fotovoltaica, más terreno ocupa y más impacto medioambiental provoca. La única razón para hacer plantas fotovoltaicas cada vez más grandes es que cuanto mayor es la planta, más elevada es la rentabilidad de la inversión. Ante esta situación muchos ayuntamientos se están oponiendo a la instalación de grandes parques fotovoltaicos en su término municipal.

Si atendemos al carácter distribuido de la tecnología fotovoltaica, los sistemas de autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas y, en suma, la participación de todos en la producción y consumo de energía deben de ser prioritarios, implicando activamente a los ayuntamientos en la transición energética. Curiosamente, nadie se opone a este tipo de instalaciones.

Además, hay otras soluciones que apenas se han empezado a desarrollar en España. La agrovoltaica es una de ellas, entendida como el uso conjunto e inteligente de la tierra para la agricultura y la generación de electricidad con instalaciones de energía solar fotovoltaica, y que puede contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Los agricultores tienen la oportunidad de producir su propia energía y/o desarrollar nuevas fuentes de ingresos sin perder la productividad de sus tierras.

Esta tecnología también podría hacer que los cultivos agrícolas sean más resistentes frente al cambio climático. Los sistemas agrovoltaicos ofrecen protección contra la radiación solar excesiva, el calor, la sequía y el granizo. En veranos muy calurosos y secos, esto puede significar rendimientos de cultivos por encima de lo habitual, además de los beneficios de la generación con energía solar. Mediante esta tecnología podemos generar electricidad renovable sin quitar recursos de tierras de cultivo para la producción de alimentos y, lo que es más importante, con la participación activa de los territorios y sus gentes.

Esta tecnología se está desarrollando en otros países como Japón, Corea, China, EEUU, Francia o Alemania. Unos sistemas cuyo diseño debe tener en cuenta el tipo de cultivo y las condiciones climáticas de cada lugar, lo que exige un esfuerzo extra de investigación para conseguir resultados óptimos.

En España contamos con grandes recursos agrícolas y gran experiencia en tecnologías fotovoltaicas, por lo que deberíamos aprovechar las posibilidades del uso dual de la tierra, añadiendo a su uso tradicional la producción de energía eléctrica. Los sistemas agrovoltaicos pueden ayudar a integrar producción de energía y desarrollo local, con beneficios para todos. Estos sistemas han pasado, a nivel mundial, de 5 MW instalados en 2012 a alrededor de 2.800 MW en 2020.

La urgencia del cambio climático hace que tengamos que aumentar de forma exponencial la potencia fotovoltaica instalada y parece evidente que, al ritmo de instalación actual de sistemas de autoconsumo (en España en 2021 fue de 1.203 MW), las grandes plantas son necesarias. El problema es cómo desarrollarlas de manera que minimicemos su impacto y maximicemos el beneficio sobre los territorios, de forma que sean una oportunidad para el desarrollo local. Así, los tamaños de las plantas deben ser acordes a la realidad del territorio y no sólo a la capacidad de evacuación de la red eléctrica. De la misma forma hay que empezar ocupando terrenos poco valiosos desde un punto de vista agrícola y medioambiental y son los municipios afectados los que deben poder decidir sobre la idoneidad de estos. La elección de los terrenos está condicionada también por la proximidad a los puntos de evacuación de la red eléctrica, creando, además, un problema añadido por el efecto acumulativo de diferentes proyectos en el mismo territorio, con líneas de evacuación que se cruzan entre ellas.

El consumo eléctrico de los municipios pequeños puede ser cubierto utilizando un porcentaje pequeño de su territorio, con sistemas de autoconsumo individuales o con pequeñas plantas fotovoltaicas, creando sus propias comunidades energéticas para su autoabastecimiento de energía.

¿Cuánto territorio municipal se puede ocupar con plantas fotovoltaicas sin comprometer el desarrollo futuro del mismo? ¿Qué impacto tienen estas plantas en el desarrollo económico local? ¿Es razonable ocupar tierras productivas para este fin? ¿Que impacto es admisible sobre la biodiversidad? Todas estas cuestiones deben ser resueltas si queremos que la transición energética sea una transición justa y aceptada por todos.

De igual manera, los ayuntamientos deben potenciar y desarrollar iniciativas que fomenten el autoconsumo, el ahorro y que disminuyan su dependencia energética. Todos somos consumidores de energía y todos debemos responsabilizarnos tanto de su producción como de su consumo.

Hay que exigir también a nuestros responsables políticos leyes y normativas que favorezcan la generación distribuida en sus diferentes formas, simplificando al máximo los trámites administrativos y con políticas activas de incentivos. Los municipios, y en especial los pequeños, tienen pocas capacidades para emprender estas acciones y necesitan ayuda y asesoramiento.

En los sistemas democráticos las soluciones siempre pasan por más planificación, más diálogo, más transparencia, más participación activa de todos y más solidaridad. Nadie va a venir a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer entre todos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

 

Gobernabilidad global para alcanzar la sostenibilidad global

En anteriores artículos, publicados en este blog la semana pasada, analizaba tanto la posición de Europa ante la post pandemia como las condiciones en las que España afronta la salida de esta crisis, pero, en esta ocasión, quiero comentar el escenario en el ámbito más amplio, el del conjunto de nuestro planeta con sus carencias organizativas.

Estamos ante una globalización desgobernada, como ya denunció Kofi Anam al dejar, a finales de 2004, la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). Esta globalización es deficitaria en tres elementos básicos: a) estrategias globales comunes (lo más desarrollado son Convenios Globales, aunque insuficientes); b) capacidades comunes (lo más cercano a un Gobierno Global es ahora el G20 ); y, sobre todo, c) responsabilidades comunes, que se ejercerían, necesariamente, en una economía de mercado mediante impuestos  globales, como la tantas veces invocada Tasa Tobin a las transacciones financieras, el impuesto al  CO2 que parecía más cercano a hacerse realidad o, por último, el más restringido al keroseno de aviación que ni siquiera fue posible a nivel de la Unión Europea.

Estas anomalías se ponen de manifiesto en la crisis actual en la que un país como Estados Unidos se puede permitir no solo desautorizar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino, también, incapacitarla con solo retirarle su aportación económica. Si la capacidad de gestión e intervención de un organismo se mide finalmente por el tamaño de su presupuesto y la predictibilidad de este, la de Naciones Unidas, y con ella la de la OMS, no podría ser más limitada.

La Gobernabilidad global, clave para la Sostenibilidad del planeta, parece que solo tendrá visos de realidad si se plantean medidas disruptivas como los impuestos globales ya mencionados. A ellos habría que añadir, a la hora de reforzar los distintos nodos de la red global (en particular los de los países en vías de desarrollo), el de una renta global de subsistencia cubierta por las recaudaciones impositivas citadas, de tal forma que se destinara a cooperación internacional más del 0,7% de la riqueza global, del PIB mundial, de forma predecible, como se acordó en 1992 en la Cumbre de Río, porcentaje cada vez más lejano por pequeño que parezca.

Disponer de recursos predecibles facilitaría una recuperación de los nodos más débiles de la red global, diversificar su economía, especializada ahora en suministros baratos para países desarrollados, y gestionar sosteniblemente sus recursos con una mayor “autosuficiencia conectada” que, también, podría romper la dependencia de esos suministros baratos, en particular productos sanitarios clave, de los nodos más fuertes, aunque también vulnerables. La red se convertiría en una red de cooperación entre nodos más sostenibles y resilientes reforzados todos ellos por su “autosuficiencia conectada”, aunque “diferenciada”.

Y en este caso, el recurso a la energía sostenible como vector de cambio verdaderamente disruptivo, con la posibilidad de un progreso rápido hacia la autosuficiencia energética conectada a todos los niveles, al contar con recursos predecibles, acercaría sensiblemente el Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Este paso, además, facilitaría sustancialmente el resto de los ODS como señala la ONU:

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya que afecta directamente a la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, que mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático.

Esta sí que sería una nueva normalidad a nivel global, pasando de la mal llamada “aldea global” a reconocer, o poder recrear, “el globo en cada aldea”, manteniendo sus especificidades.