La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Entradas etiquetadas como ‘Unión Europea’

Probabilidades y posibilidades

Piet Holtrop – Abogado

Probabilidades, posibilidades e historias paralelas.

El probabilismo es una vertiente intelectual que analiza historias alternativas y es muy útil para explicar qué realidad podría estar detrás de unos hechos. Todas las personas tendemos a tener una visión de túnel y solemos explicar los hechos en retrospectiva de una manera que nos glorifica un poco más de la cuenta. Los políticos suelen atribuirse sin parpadear toda mejora económica del país y, generalmente, dicen que los problemas que encuentran tienen sus causas en obstáculos estructurales que heredaron de sus antecesores.

Hace poco la Comisión Europea publicó su Decisión de declarar compatible el sistema de apoyo a las energías renovables en España con los criterios de Ayudas de Estado de la Unión Europea. Muy bien, bravo por la Comisión Europea.

O no tan bravo, depende de cómo miremos la historia.

El nuevo sistema retributivo, instaurado a raíz del Real Decreto – Ley 9/2013, del entonces ministro Soria, fue notificado tarde como Ayudas de Estado a la Comisión Europea y el Gobierno no paró su aplicación como es debido en estos casos y, por este motivo, de entrada, este sistema tenía que considerarse como una Ayuda de Estado ilegal. Si en el proceso de examinación por parte de la Comisión Europea esta ayuda además se hubiera considerado incompatible en su contenido, la Comisión Europea tendría que haber ordenado la devolución de las mismas por parte de los beneficiarios. Lo dicho: como la Comisión declaró el sistema español compatible y no sobrecompensado, no cabe devolución de ningún importe y, a partir de ahora, el esquema retributivo español es totalmente legal.

Visto así parece todo estupendo y el 30 de noviembre del 2017 entraría en la historia como un gran día para la seguridad jurídica en España.

No obstante, si miramos los detalles de esta historia, nos pueden sorprender algunas manifestaciones y modus operandi de la Comisión Europea. Podemos construir una historia alternativa, que hubiera conducido exactamente al mismo resultado en cuanto a la no devolución de estas ayudas, pero con una mayor concreción de la seguridad jurídica en España.

¿Cómo?  

Cuando se abrió el expediente, la Comisión Europea lo amplió y le pidió al Reino de España que le aportara también la información necesaria para investigar la legalidad de los sistemas de apoyo vigentes en España con anterioridad al sistema actual, que eran los sistemas basados en el Real Decreto 661/2007 y en el Real Decreto 1578/2009 (el antiguo régimen especial). La Comisión podía ir hasta 10 años atrás, estaba en su derecho. En la Decisión publicada, la Comisión sigue la argumentación realizada por el Reino de España, por la cual el actual sistema de retribución ha absorbido el sistema anterior. Acto seguido, la Comisión argumenta bajo su responsabilidad que, como sea que el antiguo sistema ha sido absorbido por el nuevo sistema, tampoco hace falta que lo examine. Sólo examina el nuevo sistema y lo hace utilizando las Guidelines vigentes en la actualidad. En mi opinión, la Comisión debería haber examinado la conformidad de los dos esquemas anteriores con las entonces vigentes Guidelines y, por supuesto, debería haber valorado si había sobrecompensación o no. Creo que la compensación de estos esquemas estaba en línea con lo que se hacía en otros países europeos y estoy convencido de que la Comisión tendría que haber declarado compatibles los dos esquemas retributivos anteriores al actual. De todas formas, en el hipotético caso de haber declarado que dichos sistemas estaban sobrecompensados, por el mismo motivo de ser absorbidos por su sistema sucesor, en ningún supuesto hubiéramos visto ninguna necesidad de devolución.

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El Paquete de Energía Limpia: una década perdida para la energía y el clima

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Bandera con estrellas amarillas

“El Paquete de Energía Limpia propuesto por la Comisión Europea y actualmente en fase de discusión supone, más allá de una transición energética suave, un retraso para el cumplimiento del Acuerdo de Paris”, así lo manifestaba el eurodiputado Claude Turmes, uno de los principales impulsores de las renovables en Europa, en la presentación que realizó durante la pasada Asamblea General de Climate Action Network Europe (CAN Europe).

En su intervención abogó por establecer al 2030 unos objetivos más ambiciosos que los propuestos por la Comisión y vinculantes a nivel nacional. Una transición continua para poder alcanzar en 2050 una economía basada en energías renovables y completamente eficiente debería implicar al 2030 una reducción de nuestras emisiones contaminantes en al menos un 50% respecto a los niveles de 1990, frente al 40% actualmente propuesto, y unos objetivos de renovables del 45% y del 40% en eficiencia energética, muy superiores al 27% y 30% propuestos por la Comisión Europea.
Como se puede observar en el gráfico adjunto, trasladar a la siguiente década acciones que se deberían adoptar en el periodo 2020-30, supone de facto generar un volumen de emisiones superior al que correspondería a esa década a partir del “presupuesto de carbono” de la Unión Europea- cantidad de CO2 que se puede emitir al 2050 con el fin de permanecer por debajo de los 2 ºC respecto a los niveles pre-industriales establecido en el Acuerdo de París. Lo que obligaría a la siguiente década implantar actuaciones adicionales mucho más ambiciosas y acortar el horizonte temporal de reducción a poco más del 2040.

En estos momentos en que en España se acaba de cerrar el periodo de consultas para la elaboración de la tan necesaria y urgente Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que se establecerá la senda de descarbonización a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono, no dejan de sorprender las continuas declaraciones que se vienen realizando, precisamente desde el Departamento de Energía, orientadas a preservar el statu quo del modelo actual y proteger instalaciones obsoletas.

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La absurda situación del autoconsumo en España

Mariano Sidrach de Cardona Ortín – Catedrático de la Universidad de Málaga

Autoconsumo

En un país que gasta 120 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y que tiene una alta dependencia energética del exterior, ya que importa más del 70% de la energía que se consume, parecería razonable que existiera una política energética clara enfocada al ahorro energético y al desarrollo sin trabas de las energías renovables. Una energía limpia que ha demostrado su viabilidad económica y que en España tenemos en abundancia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos una situación que, al menos, es paradójica.

Si alguien, por razones más que evidentes, decide invertir su dinero en disminuir su consumo energético tomando medidas tales como sustituir bombillas, mejorar el aislamiento de su vivienda, cambiar ventanas y cerramientos, comprar electrodomésticos más eficientes o incluso decidirse por un vehículo híbrido o eléctrico, no sólo estará haciendo caso a mucha de la propaganda institucional que el gobierno periódicamente nos pone en los medios de comunicación, sino que lejos de encontrar ninguna traba, accederá a diversas ayudas que existen para este fin y será considerado un ciudadano ejemplar, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el futuro del planeta.

Sin embargo si, dejándose llevar por esta euforia energética medioambientalista, con los mismos argumentos decide instalar en su domicilio una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de seguir ahorrando energía, este mismo ciudadano pasará a ser a ojos del gobierno un ciudadano insolidario, depredador del sistema y se enfrentará a un procedimiento administrativo largo y tedioso, y a una normativa que está pensada para desincentivar a aquellos que se atrevan a intentarlo. Para acabar de desmoralizar a los que lo intenten, en una sentencia de 13 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo asegura que las sanciones (de 600.000 a seis millones de euros) que contempla el RD de autoconsumo no son desorbitantes para una sanción grave a un autoconsumidor.

¿Qué daño podemos hacer al sistema eléctrico para merecer semejante castigo? Algo muy gordo sin lugar a dudas.

Veamos cuales son las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas y cuál es ese grave daño.

Una instalación FV domestica para autoconsumo puede costar alrededor de 1.5 €/Wp. Una instalación de 2.0 kWp debería ser suficiente para producir al cabo del año el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar en el Sur de España, lo que supone una inversión de 3.000 €. Una instalación de estas características es capaz de producir un ahorro anual del 40% de la energía que consume la vivienda.

Con esta decisión hemos conseguido ya las siguientes ventajas:

  • Invertir dinero en un sector económico que genera puestos de trabajo, activando la economía productiva.
  • Disminuir las necesidades nacionales de importación de combustibles fósiles.
  • Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico, al generar energía eléctrica en el lado del consumo, por lo que evitamos las pérdidas que se producen en las redes de distribución
  • Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.

El único inconveniente es que necesitamos estar conectados a la red eléctrica para enviar a la misma nuestros excedentes de energía. Este argumento lo utiliza el gobierno para poner impuestos adicionales, como el llamado impuesto al Sol, bajo el argumento de igualdad de trato y solidaridad con todos los usuarios del servicio eléctrico.  Argumentos que no comparto por las siguientes razones.

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El Derecho como un Derecho

Piet Holtrop – Abogado

sentencia

He dudado sobre el título de esta entrada en el blog “La energía como Derecho” de la Fundación Renovables, y todavía no lo tengo claro. Había pensado también en “la ventaja de la duda” como título, porque la duda es el tema central del mismo, aunque en el fondo versa sobre derechos fundamentales.

Este verano nos vencía un plazo para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, invocando una infracción muy grave de la tutela judicial efectiva en España, por parte del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional. Resulta que el primero de los dos pretende que ningún juez de la Unión Europea pueda albergar una duda sobre la interpretación del propio Derecho Europeo, cuando ni siquiera sus propios magistrados están de acuerdo entre ellos. Tres de los siete jueces tienen una opinión disidente, y por qué no decirlo, diametralmente opuesta a los cuatro de voto conformista con la ley retroactiva del Gobierno. Seguidamente os explicaré sobre qué asunto no estaban de acuerdo, y por qué es eso tan importante; pero primero termino de explicar qué hizo mal el Tribunal Constitucional: opina que nuestro problema no es lo suficientemente interesante para que lo consideren sus señorías. Después también os daré más explicaciones sobre la especial relevancia constitucional que uno tiene que acreditar para tener acceso al más alto Tribunal de nuestro país.

El Derecho Europeo tiene que aplicarse de manera unificada en toda la Unión Europea, es su razón de ser (o su conditio sine qua non). Para conseguirlo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a los jueces más altos de los tribunales nacionales de los estados miembros de la Unión Europea a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo tienen que hacer en el seno de un procedimiento ordinario o constitucional en su propia jurisdicción, cuando aprecian dudas sobre la interpretación del Derecho Europeo. Se suspende temporalmente el procedimiento nacional, se envía un documento con las dudas en cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que a su vez devuelve la interpretación necesaria y unificada para toda la Unión Europea. Tan nítido como simple.

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El grave error de utilizar a las renovables como moneda de cambio

Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

aerogeneradores

La estrategia energética española de supeditar el cumplimiento de nuestro compromiso europeo de alcanzar un 27% de la electricidad con renovables en 2030 a que consigamos fortalecer nuestras interconexiones eléctricas internacionales no puede calificarse más que de grave error.

Si bien nadie pone en duda las ventajas de un fortalecimiento de las interconexiones eléctricas por cuanto contribuyen a una mayor estabilidad del sistema y una mayor competencia en los mercados, reivindicación que, por otra parte, España viene exigiendo sistemáticamente desde nuestra entrada en la Unión Europea. La argumentación de que nuestro 17,3% de penetración renovable tiene un sobrecoste  de unos 1.200 millones de euros por tener un nivel de interconexión del 3% de la potencia instalada (menor que la establecida por el Consejo Europeo del  10%), suena más a justificación para seguir con una política anti renovables frente a la política que deberíamos emprender  de apostar con más fuerza por acelerar la inevitable y necesaria  electrificación de nuestro consumo energético a partir de renovables, y ello por los siguientes motivos :

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Menos subvenciones y más planificación en política energética

 Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

planificar

La ausencia de planificación energética en España está suponiendo la toma de decisiones de carácter puntual que están basadas en la aprobación de partidas presupuestarias para subvencionar actuaciones concretas.

La subvención como medida puntual carece de valor si no forma parte de un plan integral de actuación, y además está en el origen de muchos procesos especulativos y de corrupción motivados por la propia concepción de la iniciativa a subvencionar y por el proceso arbitrario de adjudicación, que en muchos casos ayuda a proyectos con el único fin de captar los recursos públicos ofertados en el plan de ayudas.

Si analizamos las medidas que el gobierno ha adoptado en las últimas semanas, podemos observar cómo éstas han estado basadas exclusivamente en aprobar partidas presupuestarias, en forma de subvención, en vez de enclavarlas dentro de planes de carácter más global. Veamos algunos ejemplos de actuaciones recientes.

– Plan Movea como apoyo a la incorporación del vehículo eléctrico. Su concepción como ha pasado en años anteriores se ha definido solamente a través de la aprobación de una línea de subvención. Los resultados para el Gobierno los podríamos considerar como buenos porque en un tiempo record se aplica a su finalidad dicha partida presupuestaria, pero en términos reales el resultado es claramente insuficiente sobre todo si constatamos que la penetración ha sido inferior al 2 por mil de todos los vehículos matriculados o si los comparamos con los resultados de los planes que han puesto en marcha otros países como Noruega, Holanda, Francia que lideran la penetración del Vehículo Eléctrico.

Trabajar por la movilidad sostenible exige un plan integral que incorpore una política fiscal activa que grave los vehículos más contaminantes y apoye a los que menos emisiones produzcan y especialmente a los vehículos eléctricos, planes de accesibilidad a infraestructuras y ciudades de carácter global y no dejar exclusivamente esta labor a los ayuntamientos sin que estos cuenten con medios y capacidades suficientes, medidas que faciliten los sistemas de carga tanto individual como de carácter público, sistemas de intercambio de energía bidireccional vehículo/red….

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#DíaMundialdelMedioAmbiente: La oportunidad de un futuro 100% renovable

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y “gracias” al Presidente Trump, el medio ambiente está en el máximo foco de la atención internacional, pues nadie antes había encarnado un ataque tan furibundo y sin sentido contra la sostenibilidad de la vida en este planeta.

planeta

Al anunciar oficialmente su intención de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, a Trump le ha salido el tiro por la culata. Desde China a la Unión Europea, desde Sudáfrica a Argentina, desde Japón a India o a Rusia, todos los líderes mundiales han reafirmado su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Hoy celebramos que, por mucho que se empeñen Trump y sus amigos fósiles, el futuro solo puede ser 100% renovable. Hace ahora diez años lo demostró, por primera vez, un estudio de Greenpeace que se tituló así: “Renovables 100%”.

Desde entonces las cosas han cambiado mucho y muy rápido. Y eso que los cambios de mentalidad no son inmediatos, se van produciendo progresivamente. “Renovables 100%” contribuyó decisivamente al cambio de paradigma y a asentar el convencimiento de que un sistema 100% renovable es posible en el horizonte 2050. Ahora que ese horizonte es comúnmente aceptado, la cuestión es cómo y a qué velocidad llegar a él.

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Política energética en clave de avestruz

Ana Barreira – Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente 

¿Por qué desde diversos sectores sociales, gubernamentales y económicos de España se insiste en seguir negando la urgente, inaplazable y necesaria transición energética?

Esta es la estrategia del Gobierno tras anunciar la italiana Enel, principal accionista de Endesa, el cierre en 2020 de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Mientras UGT ha calificado el cierre de “escándalo”, el gobierno de Aragón hizo una ronda de visitas en Madrid para evitar lo inevitable y, según los medios, el ministro de energía Álvaro Nadal parece que prepara un Real Decreto Ley para impedirlo. Por otro lado, el PSOE presentó una fracasada moción en el Senado, contraria a la legislación de la UE, para seguir incentivando el carbón nacional… ¿Estos son los planes de descarbonización para nuestra economía anunciados por el Gobierno la semana pasada en las jornadas preparatorias de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? En palabras de la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la apertura de esas jornadas “todos estamos llamados a garantizar una transformación ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”. ¿Responde esa actuación de representantes políticos y sociales a una transformación?

Está en riesgo nuestra salud. Según el último informe que hemos elaborado en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), a las 15 térmicas de carbón en España se les atribuyen, en 2014, la muerte prematura de 709 personas en España, 459 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, más de 10.500 nuevos episodios de asma en niños y pérdidas económicas de entre 800 y casi 1.700 millones de euros anuales, derivadas del gasto sanitario y la reducción de productividad causada por el absentismo laboral. Tenemos derecho a respirar aire no contaminado.

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Los dueños del fuego sagrado

Por Mariano Sicrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

energía

Es bien conocida la importancia de la energía para el desarrollo de las actividades humanas, de manera que el control de la energía ha sido, probablemente, la causa última de una gran cantidad de las guerras y conflictos que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Y ha sido así desde la prehistoria, cuando el hombre aprendió a controlar el fuego y lo convirtió en una energía que al usarla empezó a mejorar el bienestar humano, pero que se convirtió a su vez en una gran fuente de poder. Poseer el control del fuego, primero, y de las fuentes de energía, después, que hemos venido utilizando para nuestro desarrollo económico siempre ha asegurado grandes beneficios económicos y sobre todo mucho poder, con mayúsculas, poder de verdad, ya que toda la sociedad necesita de estos recursos para el desarrollo de sus actividades diarias.

Que este poder esté concentrado en unos pocos supone un grave problema social y económico y es por eso que en las sociedades democráticas se desarrollan mecanismos sociales y políticos que, en forma de contrapeso, permiten contrarrestar este poder y poner el acceso a la energía al servicio del interés general.

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El Gobierno español lucha solo y sin cuartel contra el autoconsumo

Por Laura Martín Murillo – Directora de la Fundación Renovables

Desde que se aprobó en España la ley más regresiva para el autoconsumo del mundo, los gobiernos sucesivos del Partido Popular han decidido librar en solitario una batalla contra la sociedad española, el resto de los grupos parlamentarios, el resto de países de la Unión Europea y ahora, incluso, contra la propia Comisión Europea liderada por Arias Cañete.

Que el gobierno del Partido Popular aprobara una ley pensando únicamente en las grandes eléctricas y contraviniendo los intereses de la ciudadanía no es de extrañar, pero que su actitud beligerante se mantenga en el tiempo, contra todos los demás, tanto a nivel nacional como internacional, es difícilmente explicable.

España ya es una excepción. A diferencia de lo que ocurre en Europa y en el mundo, aquí el autoconsumo, acosado por las trabas, no termina de despegar. Hemos pasado de ser un país relativamente pionero en energías renovables a convertirnos en el único país del mundo en el que existe el ‘Impuesto al Sol’.

El estudio que desde la Fundación Renovables acabamos de publicar resume la situación del autoconsumo en 10 países europeos y da buena cuenta de la excepción que se vive en España: mayores trabas administrativas sobre las que ya ha alertado la Comisión Europea, falta de un marco retributivo adecuado para la energía vertida a red, prohibición del autoconsumo compartido y existencia de tasas absolutamente injustificables, como la que se aplica a la energía autoconsumida en el domicilio o la empresa. La legislación española es la peor de Europa y no está tampoco en línea con las propuestas de la Comisión.

Por ello, después de haber vetado en el Parlamento la propuesta de todos los grupos parlamentarios sin excepción para un cambio en la regulación de autoconsumo, con un informe económico torticero, el Gobierno traslada su batalla a Europa. Mientras la Comisión Europea presenta un Paquete de Invierno que se propone situar al ciudadano y al consumidor europeo en el centro del sistema, dotando de derechos al autoconsumidor, el Gobierno español (un gobierno en minoría, no olvidemos) presentó la semana pasada como contribuciones a este paquete una batería de comentarios contra el autoconsumo: contra el autoconsumo en comunidades, pidiendo que se reconozca el hecho de que el autoconsumo es oneroso para el sistema, en contra de los sistemas de apoyo al mismo… en fin, propuestas muy ideologizadas y en completa minoría y, otra vez, en contra de la ciudadanía de su país.

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