Por Manuel Peinado Lorca – Catedrático de la Universidad de Alcalá 

La necesidad de un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energía limpia es más que evidente en este primer cuarto de siglo. Parece que ha llegado el momento en el que las empresas vayan más allá del “condimento” publicitario verde y empiecen a adaptar sus productos, sus servicios y, sobre todo, sus estrategias de negocio a una economía baja en carbono.

En un artículo del año pasado en el que me ocupé del anunciado colapso de la industria petrolera, conté que los grandes inversores como el fondo soberano de Noruega o la Fundación Rockefeller, cuyos patronos lograron su vasta fortuna con el petróleo, estaban retirando sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles. Otros grandes fondos de inversión ya se han unido a una tendencia que parece imparable, como es el caso del mayor fondo de pensiones sueco, AP7, y de su equivalente neozelandés NZSF, que han anunciado que retirarán paulatinamente todas sus inversiones en activos asociados a los combustibles fósiles. También lo han hecho algunos de los mayores bancos del mundo, como HSBC, que el pasado mes de abril anunció que no financiará más centrales eléctricas de carbón.

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables

Ahora aparecen nuevos síntomas de que el dinero, tradicionalmente unido al pegajoso y contaminante negro de los combustibles fósiles, está virando hacia el verde de las renovables. A ello no es ajena la alta rentabilidad de las empresas del sector renovables. Por citar el caso español, los dos mejores valores de la bolsa en el primer tramo de este año son de ese sector. Tanto Solaria como Audax Renovables (antiguamente Fersa) acumulan subidas de tres dígitos (160% y 380%, respectivamente), mientras que Saeta Yield se dispara un 26%.

Otra señal muy positiva es que más de una treintena de compañías del Ibex-35 (Ferrovial, Acciona, Iberdrola, Enagás, Abertis, Endesa, Gas Natural Fenosa, Telefónica, Santander, Ineco, Ecoterrae, Ecoembes, Logista, y BBVA, entre otras) se han unido para buscar oportunidades de negocio, crecimiento y empleo en el que a todas luces será un nuevo escenario económico.

Esas y otras empresas han constituido el Grupo Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), cuyo presidente, Valentín Alfaya, reveló en una entrevista el principal objetivo del grupo: «[…] liderar en nuestro país la transición industrial que impone el Acuerdo de París (2015) y abordar junto a las administraciones públicas los grandes retos medioambientales».

En abril, GECV publicó un manifiesto reclamando al Gobierno la aprobación “urgente” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La declaración de intenciones del manifiesto estaba patente desde su enunciado: «Tenemos ante nuestros ojos uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia.  Si miramos hacia la mayor parte de los países de nuestro entorno, podremos contemplar una evolución inminente hacia una economía baja en carbono, un proceso iniciado a escala global que se traducirá necesariamente, en fuente de numerosas oportunidades. Las economías que se erijan como líderes de esa transición serán las primeras de la fila en aprovechar las bondades que la descarbonización ofrece. Y es que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles es la principal causa del temido cambio climático cuyos tentáculos ya han empezado a dejar graves huellas en el planeta».

Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

El GECV está en la línea de la reciente iniciativa Climate Action 100+, que ha conseguido la adhesión de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Estas empresas han adquirido el compromiso de reducir las emisiones en sus instalaciones y de ofrecer una información transparente sobre su exposición al cambio climático y al cumplimiento del Acuerdo de París, lo que incluye los riesgos de no poder utilizar todas las reservas fósiles incluidas en sus balances contables. Según la comunidad científica, el 35% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas y un 90% de las reservas de carbón deberán quedarse bajo tierra para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Siguen llegando señales de que el tiempo del cambio ya está aquí. Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables. Como ha señalado en un reciente artículo Mikel González-Eguino, la primera señal vino de la mano de una entrevista concedida a Financial Review por Jim Barry, director de inversiones e infraestructuras de Blackrock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, en la que alertaba de que los planes para invertir más dinero en centrales de carbón eran como «negar la ley de la gravedad», una temeridad financiera. Blackrock no se ha quedado ahí.

Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que las empresas en las que invierten sus fondos han de cumplir con su responsabilidad social y ser respetuosas con el medio ambiente para ser rentables.

En una carta enviada a los consejeros delegados (CEOs) de las empresas de las que es accionista, Larry Fink, presidente de la financiera, da la alerta de los riesgos que corren si no se adaptan al nuevo tiempo que nos toca vivir. Según Fink, las empresas «no solo deben ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad» y cómo «responden a desafíos sociales más amplios», porque de lo contrario podrían perder la «licencia social» para seguir operando. Fink advierte que los más ricos han cosechado ingentes beneficios tras la Gran Recesión, mientras que la gente común ha tenido que conformarse con salarios estancados. En la carta también advierte de los riesgos que supone el aumento de la desigualdad y de la «polarización», poniendo el dedo en la llaga del incremento de los gobiernos populistas y autoritarios en todo el mundo.

La segunda señal apareció en un monográfico de la revista The Economist, en el que se anunciaba el declive de los coches convencionales ante la expansión de los automóviles eléctricos. La tercera señal proviene de un informe publicado en noviembre de 2017 por Lazard, un banco de inversiones especializado en energía, cuyo último informe situaba el coste medio de la producción de electricidad de las centrales nucleares estadounidenses en 148 dólares por megavatio-hora, muy superior al coste de la producida por eólicas y solares fotovoltaicas, cifrada en 45 y 50 dólares, respectivamente.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta

La sinergia pública-privada también está ejerciendo un papel muy importante de liderazgo cuando los gobiernos fallan a la hora de dar certidumbre y establecer políticas claras para las inversiones en el largo plazo. Sin duda, este es el caso de Estados Unidos, donde el manifiesto We Are Still in (Nosotros seguimos todavía dentro), firmado por las principales empresas del país junto con 9 estados y 125 ciudades, reclama que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. Las ciudades y estados participantes representan 120 millones de estadounidenses y contribuyen con 6,2 billones de dólares a la economía americana, e incluyen a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Pittsburgh, Pennsilvania y Dubuque. Una mezcla de universidades, públicas y privadas, grandes y pequeñas, han incluido a su institución en la declaración. En total las empresas y los inversores signatarios tienen un ingreso anual de 1,4 billones de dólares e incluyen a más de 20 empresas de la lista Fortune 500, entre las que se encuentran Apple, eBay, Gap Inc., Google, Intel, Microsoft, y Nike, además de cientos de pequeñas empresas que también firmaron la declaración.

En definitiva, que la veta más granada del sector financiero ha llegado a la conclusión de que para que sus inversiones sean rentables deben ser respetuosas con el medio ambiente y con las sociedades en las que operan. Saben que durante demasiado tiempo la maximización de los beneficios a corto plazo ha primado sobre la sostenibilidad a largo y sobre la función social a que están obligadas, y son conscientes de que la vieja forma de rentabilizar sus inversiones no podrá continuar mucho más allá.

En pleno Antropoceno, por convicción o por conveniencia, los inversores saben que la rentabilidad de sus fondos no puede ser una variable independiente de los límites ecológicos y sociales del planeta. © Manuel Peinado Lorca. @mpeinadolorca.